Sentencia TC/0263/16

• Páginas: 469-473
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0263/16

Referencia: Expediente núm. TC-05-20140227, relativo

al recurso de revisión constitucional en materia de amparo

interpuesto por la Policía Nacional contra la Sentencia núm.

354-2013, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior

Administrativo el dieciocho (18) de septiembre de dos mil

trece (2013).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo

Domingo, República Dominicana, a los veintisiete (27) días del

mes de junio del año dos mil dieciséis (2016).

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADOS

MILTON RAY GUEVARA, RAFAEL DIAZ

FILPO Y WILSON S. GOMEZ RAMIREZ

Concurrimos al criterio mayoritario reflejado en la sen-

tencia, pero de acuerdo con la opinión que mantuvimos en

la deliberación del presente caso, tenemos a bien ejercitar la

facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución y 30 de

la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de

los Procedimientos Constitucionales, para hacer constar en este

voto salvado algunas consideraciones sustantivas que, a nuestro

juicio, deberían ser tomadas en cuenta para resolver el fondo de

controversias como las de la especie, en las que miembros de la

Policía Nacional o las Fuerzas Armadas alegan haber sido can-

celados, separados o puestos en retiro en violación a los cánones

constitucionales y legales que rigen la función policial o militar.

La decisión de consenso inadmite el recurso de revisión de

la Policía Nacional por haber sido interpuesto fuera de plazo. La

extemporaneidad de la decisión es causa suficiente para declarar

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inadmisible el recurso y por ello votamos a favor de la decisión.

Ahora bien, consideramos que es necesario reflexionar sobre

algunos aspectos relativos a los procesos judiciales que se han in-

coado a partir de la cancelación, separación o la puesta en retiro

de miembros de la Policía Nacional – que es aplicable mutatis

mutandis a las Fuerzas Armadas–, pues hasta ahora las decisiones

de este tribunal no han visualizado la correcta aplicación del ar-

tículo 256 de la Constitución –253 en el caso militar– como un

presupuesto previo al ejercicio de cualquier acción jurisdiccional.

El referido artículo 256 de la Constitución establece la carre-

ra policial en los siguientes términos: “El ingreso, nombramiento,

ascenso, retiro y demás aspectos del régimen de carrera policial de

los miembros de la Policía Nacional se efectuará sin discriminación

alguna, conforme a su ley orgánica y leyes complementarias. Se

prohíbe el reintegro de sus miembros, con excepción de los casos en

los cuales el retiro o separación haya sido realizado en violación a la

ley orgánica de la Policía Nacional, previa investigación y recomen-

dación del ministerio correspondiente, de conformidad con la ley”.

Este tribunal estableció en la Sentencia TC/0051/14 que

“[e]n cuanto al alegato del recurrente relativo a que el artículo 256

de la Constitución prohíbe el reintegro de sus miembros una vez

estos han sido cancelados, el Tribunal Constitucional considera que

no es aplicable a la especie, en razón de que la cancelación ocurrió en

franca violación a derechos fundamentales, especialmente, el derecho

al trabajo y al honor del señor Guillermo Roja Ureña, además,

porque la referida cancelación constituye una decisión arbitraria”.

Tal criterio ha sido ratificado en la Sentencia TC/0375/14, al

insistirse en que “el mencionado texto constitucional no es aplicable

cuando la cancelación adolece de irregularidad y es arbitraria”.

Los suscritos consideramos que el Pleno de este tribunal debe

avocarse a revisar el criterio anterior, disponiendo que policías y

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

militares, previo a incoar una acción jurisdiccional en procura de

obtener el reintegro a las filas de la Policía Nacional o las Fuerzas

Armadas, sin distinción de la naturaleza de la lesión invocada,

agoten la vía administrativa ante el ministro competente –el del

Interior y Policía en el caso que nos ocupa–, para que éste realice

la investigación y recomendación correspondiente que mandan

los artículos 253 y 256 de la Constitución de conformidad con

lo establecido en las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas y la

Policía Nacional.

Esto implica que si el agente cancelado o puesto en situa-

ción de retiro estima que esto ocurrió en violación a la ley, debe

incoar una instancia ante el ministerio competente, según se

trate de miembros de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas,

indicando los motivos por los cuales considera que su desvincu-

lación fue realizada al margen de lo estipulado en la Constitución

y la ley orgánica respectiva. Una vez apoderado, el ministerio

deberá investigar la alegación del presunto afectado y realizará

la correspondiente recomendación sobre el reintegro solicitado.

Se trata, entonces, de un trámite administrativo obligatorio

que encuentra su sustento en la propia Constitución y en cuya

ausencia toda acción intentada en la vía jurisdiccional resulta

inadmisible, al operar como una excepción al no agotamiento de

vía administrativa previa tanto en la acción de amparo como en

el recurso contencioso administrativo.

Dado que la actuación del ministerio correspondiente deberá

efectuarse de conformidad con la ley, conviene aplicar el criterio

establecido por este tribunal en la Sentencia TC/0373/14 en el

sentido siguiente: “La determinación legislativa debe ser efectuada

dentro de los parámetros fijados por la propia Carta Fundamental,

esto es, cumplir con el requisito esencial de la habilitación constitu-

cional, lo cual reafirma el principio de supremacía constitucional

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(Art. 6) que consagra que “todos los poderes públicos están sujetos a

la Constitución, norma suprema y ordenamiento jurídico del Esta-

do”. De ahí, que no resulte válido suplantar al poder constituyente

(poder originario) mediante la desconstitucionalización de lo que

este poder constitucionalizó mediante su inclusión expresa en el texto

constitucional, quedando así el poder constituido (poder creado por

el constituyente) limitado por la Constitución”.

Acorde a lo anterior y en consonancia con el precedente

establecido por este tribunal en la Sentencia TC/0189/15,

ha de concluirse que este trámite no puede ser anulado por la

inercia del legislador, quien debe regular los plazos, condiciones

y procedimientos para su adecuado ejercicio. Por ello, procede

exhortar al Congreso Nacional para que en el ejercicio de la fun-

ción legislativa que le es propia, subsane lo antes posible el vacío

normativo que existe en la materia con una reforma de las leyes

orgánicas respectivas. Esta regulación, para ser conforme con la

Constitución, no puede diluir la autoridad que la Constitución

asigna al ministro del ramo competente.

La ausencia de una regulación específica en las respectivas

leyes orgánicas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas,

impone aplicar de forma supletoria la regulación contenida en la

Ley núm. 107-13, en lo relativo a la interposición y resolución

de los recursos administrativos. Ello encuentra sustento en lo es-

tablecido en el artículo 1, párrafo I, de la propia ley, al disponer

lo siguiente: “Los órganos y entes administrativos de las Fuerzas

Armadas y de la Policía Nacional estarán regidos por los principios y

reglas previstos en esta Ley Orgánica, siempre que sean compatibles

con la especificidad de las funciones que les asigna la Constitución y

sus respectivas Leyes Orgánicas”.

Acorde con el artículo 54 de la normativa legal precitada

y de acuerdo con la especificidad de la vía ministerial prevista

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

en los artículos 253 (para los militares) y 256 (para los policías)

de la Constitución, consideramos que hasta tanto el Congreso

Nacional adopte una regulación específica para esta materia en

las respectivas leyes orgánicas de la Policía Nacional y las Fuerzas

Armadas, el miembro que haya sido presuntamente lesionado en

sus derechos por una cancelación, separación o retiro contraria

a los cánones constitucionales y legales que rigen la materia,

deberá solicitar al ministerio correspondiente la revisión de su

caso en el plazo de que disponen las personas para interponer el

recurso contencioso administrativo.

El no agotamiento de la vía anterior impedirá la interpo-

sición de cualquier acción o recurso jurisdiccional. El reque-

rimiento del agraviado deberá ser en todo caso resuelto por el

ministerio correspondiente en un plazo no mayor de treinta (30)

días, vencido éste se reputará denegada tácitamente la solicitud

de reintegro, pudiendo interponerse a partir de entonces y dentro

de los plazos legales correspondientes, la acción o el recurso que

corresponda por ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Firmado: Milton Ray Guevara, Juez presidente; Rafael Díaz

Filpo, Juez y Wilson S. Gómez Ramírez, Juez