Sentencia TC/0270/13

• Páginas: 269-278
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0270/13

Referencia: Expediente núm. TC-011998-0002, relativo a

la acción directa de inconstitucionalidad incoada por Basola

Corporation, contra los artículos 482 y 641 del Código de

Trabajo de la República Dominicana.

En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de

Santo Domingo, República Dominicana; a los veinte (20) días

del mes de diciembre de dos mil trece (2013).

VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS LINO

VÁSQUEZ SÁMUEL Y RAFAEL DÍAZ FILPO

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y legales,

y específicamente las previstas en el artículo 30 de la Ley Orgánica

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constituciona-

les, núm. 137-11, de fecha trece (13) de junio del año dos mil once

(2011); y respetando la opinión de la mayoría del Pleno, formulamos

el presente voto salvado, pues nuestra discrepancia se sustenta en la

posición que defendimos en las deliberaciones del Pleno en relación

al uso de un precedente de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos dictado en un contexto contrario al que resuelve esta

Sentencia y que resumidamente exponemos a continuación:

VOTO SALVADO:

I. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO

1. Mediante instancia depositada en la secretaría de la Supre-

ma Corte de Justicia en fecha 19 de mayo del 1998, Basola Cor-

poration interpuso una acción directa de inconstitucionalidad

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contra los artículos 482 y 641 del Código de Trabajo, por

presunta vulneración del artículo 67, numeral 2 de la Constitu-

ción dominicana del 1994, en virtud de que el primero de dicho

texto limita la competencia de la Suprema Corte de Justicia

para conocer las decisiones rendidas en última instancia por los

tribunales del orden judicial; y en cuanto al segundo, porque

exige para ser admisible el recurso de casación que la condena sea

superior a veinte (20) salarios mínimos.

2. La mayoría de los jueces que integran este Tribunal han

concurrido en rechazar la acción directa de inconstitucionalidad

y declarar conforme con la Constitución los artículos 482 y 641

del Código de Trabajo, por no resultar violatorios de la facultad

constitucional de la Suprema Corte de Justicia para conocer de

los recursos de casación. Para justificar la decisión el Tribunal

sostiene que el legislador goza de un poder de regulación de

los procedimientos judiciales, incluyendo el sistema de recur-

sos; tesis esta que se apoya en los argumentos expuestos por

la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decidir el

caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, que reconoce a los Estados

parte de la Convención un margen de discrecionalidad para la

regulación del derecho al recurso. Sin embargo, para quienes

salvamos voto estamos ante supuestos distintos, pues mientras

el caso debatido ante la referida Corte Interamericana alude a la

inexistencia en el sistema jurídico de ese país [Costa Rica], de un

recurso que reúna los requisitos del doble examen previsto tanto

en dicha Convención como en el Pacto de los Derechos Civiles

y Políticos, en este caso está previsto el recurso [de apelación y

casación, inclusive] pero limitado por la cuantía de la sentencia.

En nuestra opinión, los parámetros establecidos por la Corte

Interamericana en el citado precedente no pueden ser aplicados

al caso decidido por esta Sentencia.

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

II. ALCANCE DEL VOTO: LA FUNDAMENTACIÓN

DE LA SENTENCIA NO PUEDE APOYARSE EN UN

PRECEDENTE CONTRARIO A LA LIMITACIÓN DEL

DERECHO DE RECURRIR

3. Para rechazar la acción directa de inconstitucionalidad

de los referidos textos legales, la Sentencia se fundamentó, entre

otras, en las siguientes motivaciones:

En cuanto a la inconstitucionalidad o no de la limita-

ción legal al ejercicio del recurso de casación tomando en

cuenta la cuantía de la condenación pecuniaria de la sen-

tencia recurrida, el Tribunal es de criterio, que el legislador

goza de un poder de configuración de los procedimientos

judiciales, lo que le permite regular todos los aspectos re-

lativos al proceso jurisdiccional incluyendo el sistema de

recursos, teniendo como límites los valores, principios y

reglas de la Constitución de la República y de los Tratados

Internacionales en materia de derechos humanos, así como

el contenido esencial de los derechos fundamentales. Este

criterio ha sido reconocido por la jurisprudencia interame-

ricana, cuando admite que los Estados partes de la Conven-

ción Interamericana de Derechos Humanos, gozan de un

margen de discrecionalidad para la regulación del derecho

al recurso. (Ver acápite 161 de la Sentencia de fecha 2 de julio

del 2004 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica)

4. Como veremos más adelante, el acápite 161 de la refe-

rida Sentencia de la Corte Interamericana, citado en el párrafo

que precede, se construye en el marco del análisis realizado en

el acápite 147 de la misma decisión sobre el derecho de recurrir

como garantía judicial prevista en el artículo 8 de la Convención,

la cual se satisface cuando se observen todos los requisitos que

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sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el

ejercicio de un derecho45.

5. Luego de analizar el artículo 8 de la citada Convención,

la Sentencia de la Corte somete a un estricto escrutinio el recur-

so disponible en el sistema procesal penal de Costa Rica, para

determinar si cumple con las condiciones señaladas en el citado

acápite 147 de la decisión. Esto se advierte cuando la Corte

señala que “De conformidad con la legislación costarricense, contra

una sentencia condenatoria emitida en el proceso penal solamente se

puede interponer el recurso de casación. Dicho recurso se encuentra

regulado en los artículos 443 a 451 del Código Procesal Penal de

Costa Rica”; para concluir en el acápite 167 de la referida Sen-

tencia “[…] que los recursos de casación interpuestos por los señores

Fernán Vargas Rohrmoser y Mauricio Herrera

Ulloa, y por el defensor de éste último y apoderado especial del

periódico “La Nación”, respectivamente (supra párr. 95. w), contra

la sentencia condenatoria, no satisficieron los requisitos del artículo

8.2 h. de la Convención Americana en cuanto no permitieron un

examen integral sino limitado”.

6. Conviene destacar en este aspecto, que el acápite 161 de

la decisión de la Corte citado por la Sentencia en la que ahora

salvamos voto, fue elaborado en el contexto del artículo 31.1

de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,

recordando a los Estados que un tratado deberá interpretarse de

45 En el acápite 147 de la citada Sentencia relativa al caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica,

se establece lo siguiente: 147. En relación con el proceso penal, es menester señalar

que la Corte, al referirse a las garantías judiciales, también conocidas como garantías

procesales, ha establecido que para que en un proceso existan verdaderamente dichas

garantías, conforme a las disposiciones del artículo 8 de la Convención, es preciso

que se observen todos los requisitos que “sirv[a]n para proteger, asegurar o hacer

valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”»112, es decir, las “condiciones que

deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u

obligaciones están bajo consideración judicial”».

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse

a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo

en cuenta su objeto y fin46. En efecto, el referido acápite de la

Sentencia de la Corte citado textualmente señala que:

De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana,

cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe

entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de di-

cho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual

un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones

jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen

un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no

pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia

misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha

establecido que “no basta con la existencia formal de los recursos

sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados

o respuestas al fin para el cual fueron concebidos3. [Cursivas

agregadas].

7. Cabe advertir, que el argumento de la Corte utilizado

para apoyar esta decisión, no ha sido citado en el contexto en

el que ha sido redactado. En ese sentido, esta Sentencia expresa

que “Este criterio ha sido reconocido por la jurisprudencia intera-

mericana, cuando admite que los Estados partes de la Convención

Interamericana de Derechos Humanos, gozan de un margen de

discrecionalidad para la regulación del derecho al recurso”, mientras

que el argumento completo de la Sentencia Corte Interameri-

cana dispone que: “Si bien los Estados tienen un margen de apre-

ciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer

restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho

de recurrir del fallo”.

46 Ver acápite 160 de la indicada Sentencia relativa al caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica.

3 Ver acápite 161 de la indicada Sentencia.

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8. De la redacción de este párrafo se infiere que la afir-

mación de la Corte parte de un supuesto que está supeditado

a una condición sin la cual quedaría vaciado de contenido

lógico. En el primer enunciado se dispone que “Si bien los

Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio

de ese recurso”, lo que en modo alguno constituye un ele-

mento controvertido puesto que tanto esta Sentencia como

la Corte y, quien salva voto, lo compartimos; el problema se

presenta cuando en la cita del acápite 161 de la Sentencia de

la Corte no se incluye el segundo enunciado que condiciona

la primera formulación, el cual señala: “no pueden establecer

restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del de-

recho de recurrir del fallo”. Es precisamente este aspecto donde

queda configurada la limitación a los Estados para regular el

derecho al recurso respetando su contenido esencial y que la

Sentencia eludió abordar.

9. Conviene recordar, como bien lo ha expresado el Tribu-

nal en otras oportunidades, que la motivación de la sentencia

se entiende satisfecha cuando se sostiene en motivos suficientes

que la justifiquen y consecuentemente, legitimen47 su facultad

para decidir la controversia; la debida motivación es una de las

garantías del derecho fundamental al debido proceso y la tutela

judicial efectiva, consagrados en las disposiciones de los artícu-

los 68 y 69 de la Constitución, e implica la existencia de una

correlación entre el motivo invocado, la fundamentación y la

propuesta de solución48.

10. Constituye una práctica aceptada hoy en los tribuna-

les constitucionales, que la fundamentación de las decisiones

47 Sentencia TC/0009/13 del 11 de febrero de 2013, literales “d”» y “e”», respectiva-

mente, página 13.

48 Sentencia TC/0017/13 del 20 de febrero de 2013, literal “a”», páginas 10-11.

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Memoria de gestión y votos particulares

puede apoyarse además en argumentos desarrollados por otras

jurisdicciones comparadas, para la solución de controversias que

giran en torno a iguales supuestos; sin embargo, es necesario que

entre la solución dada por la jurisdicción comparada al supuesto

que se aplica para robustecerlo haya una conexión lógica que

armonice la sentencia.

11. La interpretación sistematizada supone abordar íntegra-

mente los elementos controvertidos del caso concreto, evitando

arribar a conclusiones fragmentadas de la cuestión planteada.

Como ha dicho GUASTINI49 al referirse al referido método de

interpretación: con él se deduce el significado de una disposi-

ción de su colocación en el sistema jurídico, en el conjunto de

disposiciones que disciplinan una materia. O sea, hay que ir al

contexto determinado en que fue creada la norma.

12. En ese sentido, aunque la regulación del recurso es una

materia reservada a la ley, el análisis no debe limitarse a este as-

pecto del debate, pues hoy nadie duda que es al legislador a quien

corresponde regular el ejercicio de los derechos fundamentales; el

problema que no resuelve la Sentencia es si la limitación basada

en la cuantía resulta razonable a los fines perseguidos.

13. De manera que en el caso traído desde la Corte In-

teramericana, aunque constituye un ícono para la dimensión

del derecho a un recurso que debe existir en todos los sistemas

jurídicos, no puede servir en la especie para fundamentar, preci-

samente, una limitación a ese derecho, pues tal como lo dijo la

misma Corte en el segundo enunciado que esta Sentencia obvió

citar, los Estados tienen derecho a regular el ejercicio de ese

49 GUASTINI, RICARDO. Teoría e Ideología de la Interpretación Constitucional. Para

este autor el contexto puede ser más o menos amplio: los demás apartados de un

mismo artículo, el resto de los artículos de una misma ley, hasta llegar incluso a la

totalidad de las disposiciones que componen un sistema jurídico”».

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recurso, pero no pueden establecer restricciones o requisitos que

infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir el fallo.

14. En ese sentido, una norma es válida, cuando además de

su conformidad formal en el Bloque de Constitucionalidad está

razonablemente fundado y justificado dentro de los principios

de la norma superior, que para garantizar en principio el artículo

6 parte in fine de la Constitución dispone: “son nulo de pleno

derecho toda ley, decreto resolución reglamentación o acto contrario

a esta Constitución”.

15. El artículo 69 establece el derecho que tiene toda per-

sona en el ejercicio de sus derechos e intereses a obtener la tutela

judicial efectiva y el debido proceso. Que si por el monto del

litigio no se puede acceder a la casación resulta que, la garantía

del beneficio al derecho a una correcta aplicación de la ley podría

convertirse en un privilegio, ya que una determinada clase social,

por no tener la posibilidad de abordar un litigio de mayor monto

no hará uso de dicho recurso, lo que deviene en atentatorio a lo

dispuesto por el mismo constituyente en el Titulo II, Capítulo

I, Sección I, artículo 39, numeral 1, que prohíbe todo privilegio

fundamentado en razones económicas y sociales.

16. Al limitar el recurso de casación, conforme al monto

de la cuantía fallada, se atenta contra el derecho a la igualdad

de todas las clases sociales ante la ley, contra el principio cons-

titucional del derecho de defensa, y contra la protección de las

disposiciones constitucionales establecidas como garantías míni-

mas, recogidas en los artículos 68 y 69 de nuestra Carta Magna.

17. Al imponerle a un demandante de menor cuantía

conformarse con una sentencia fallada en un tribunal ordinario,

sin darle la oportunidad a que pueda acceder al recurso que ha

de examinar la correcta aplicación o no del derecho, constituye

un obstáculo a armonizar con lo dispuesto por el artículo 40,

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

numeral 15, que limita la actuación del legislador ordinario,

imponiéndole legislar sujeto a que la ley no puede ordenar más

que lo que es justo y útil a la comunidad ni puede prohibir más

que lo que le perjudica.

18. La naturaleza misma del recurso de casación sugiere

que no procede su anulación ni prohibición en los procesos de

menor cuantía, ya que en el mismo, ni siquiera se conoce del

fondo de la contestación, sino únicamente si la ley ha sido bien

o mal aplicada, y este es un derecho fundamental irrenunciable.

19. Finalmente hay que precisar, que si bien en nuestro caso

el recurso de casación es una vía extraordinaria de impugnación

no siempre accesible a la generalidad de los justiciables50 y que

limita la competencia de la Suprema

Corte de Justicia a observar que en los procesos cono-

cidos en los tribunales inferiores se haya cumplido con una

correcta aplicación de la ley para mantener la uniformidad

de la jurisprudencia, los límites para acceder a este recurso

deben pasar por el filtro del principio de razonabilidad y para

50 Al referirse a las características de este recurso en el voto concurrente razonado del

juez Sergio García Ramírez, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la

Sentencia en el caso HERERERA ULLOA VS. COSTA RICA, acápite 34, expresa

que: “En el presente caso se hizo uso del recurso de casación, único que contiene el

sistema procesal del Estado, por cuanto fue suprimido el recurso de apelación, con

el que se integra la segunda instancia. De ninguna manera pretende la Corte desco-

nocer el papel que ha cumplido, en una extensa tradición procesal, y la eficacia que

ha tenido y tiene el recurso de casación --no obstante tratarse, generalmente, de un

medio impugnativo excesivamente complejo y no siempre accesible a la generalidad

de los justiciables--, sino ha tomado en cuenta el ámbito de las cuestiones que, con-

forme al Derecho positivo, se hallan abarcadas por un régimen concreto de casación

y están sujetas, por lo mismo, a la competencia material del tribunal superior. En

la especie, la casación no posee el alcance que he descrito supra, sub 30, y al que se

refirió la Sentencia de la Corte Interamericana para establecer el alcance del artículo

8.2 h) del Pacto de San José. Es posible que en otras construcciones nacionales el

recurso de casación --que también presenta diferentes desarrollos-- abarque puntos

que regularmente corresponden a una apelación, además de la revisión de legalidad

inherente a aquél”».

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ello es necesario recurrir al test comúnmente utilizado en las

jurisdicciones comparadas, que determine si la limitación

del derecho de recurrir fundado en la cuantía de la sentencia

supera dicho examen.

20. Este es el ejercicio argumentativo que requería deter-

minar la cuestión planteada en esta Sentencia y que constituye

una terea pendiente que el Tribunal Constitucional habrá de

desarrollar en el futuro.

III. EN CONCLUSIÓN

21. Como bien ha quedado demostrado, el precedente

sentado en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica utilizado para

apoyar la argumentación de esta Sentencia, ha sido citado de

forma fraccionada y en un contexto, a nuestro juicio, contrario

al que fue decidido por esa jurisdicción, por tanto, más que

justificar una limitación de ese derecho, lo que hace la Corte

Interamericana es advertir a los Estados miembros contra esa

práctica.

Firmado: Lino Vásquez Sámuel, juez segundo sustituto;

Rafael Díaz Filpo, juez.