Sentencia TC/0286/17

• Páginas: 497-505
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0286/17

Referencia: Expediente núm. TC-01-2016-0016, relativo

a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el

señor Luis Darío Silvestre de la Cruz Consuegra contra el

Decreto núm. 387-07, dictado por el Poder Ejecutivo el

diecisiete (17) de agosto de dos mil siete (2007).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo

Domingo, República Dominicana, a los veintinueve (29) días

del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017).

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO

RAFAEL DÍAZ FILPO

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y

legales, y específicamente las previstas en los artículos 186 de

la Constitución de la República y 30 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once

(2011), emitimos el siguiente:

VOTO DISIDENTE:

Consideraciones previas:

Mediante la presente acción directa en inconstitucionalidad

interpuesta en fecha cinco (5) de abril de dos mil dieciséis (2016),

el señor Luis Darío Silvestre de la Cruz Consuegra solicita la de-

claratoria de inconstitucionalidad del Decreto núm. 387-2007,

emitido por el Poder Ejecutivo, en fecha diecisiete (17) de agosto

de dos mil siete (2007), en virtud del cual se dispone lo que a

continuación se transcribe:

RAFAEL DÍAZ FILPO

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ARTICULO 1.- Los Generales de Brigada, Policía Nacional,

Luis R. De la Cruz Consuegra, Francisco Antonio Pérez Vásquez

y Simón Antonio Del Rosario Díaz, quedan colocados en situa-

ción de retiro, con disfrute de la pensión correspondiente.

ARTICULO 2.- Envíese a la Secretaría de Estado de Interior y

Policía y a la Policía Nacional, para los fines correspondientes.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,

Capital de la República Dominicana, a los diecisiete (17) días

del mes de agosto de dos mil seis (sic) (2007); años 164 de la

Independencia y 145 de la Restauración.

A criterio de la accionante, el citado decreto viola los artí-

culos 6, 38, 39, 43, 62, 68, 69, 145 y 256 de la Constitución

dominicana, los cuales transcribimos a continuación:

Artículo 6.- Supremacía de la Constitución. Todas las perso-

nas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la

Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento

jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto,

resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.

Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta

en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la

protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le

son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e

inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabili-

dad esencial de los poderes públicos.

Artículo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas

nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y

trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan

de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna

discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad,

nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión po-

lítica o filosófica, condición social o personal. En consecuencia:

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

1) La República condena todo privilegio y situación que tienda

a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos,

entre quienes no deben existir otras diferencias que las que

resulten de sus talentos o de sus virtudes;

2) Ninguna entidad de la República puede conceder títulos de

nobleza ni distinciones hereditarias;

3) El Estado debe promover las condiciones jurídicas y admi-

nistrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara

medidas para prevenir y combatir la discriminación, la margi-

nalidad, la vulnerabilidad y la exclusión;

4) La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe

cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de

igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se

promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradica-

ción de las desigualdades y la discriminación de género;

5) El Estado debe promover y garantizar la participación equi-

librada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos

de elección popular para las instancias de dirección y decisión

en el ámbito público, en la administración de justicia y en los

organismos de control del Estado.

Artículo 62.- Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho,

un deber y una función social que se ejerce con la protección y

asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar

el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán

el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el

Estado. En consecuencia:

1) El Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y

hombres en el ejercicio del derecho al trabajo;

2) Nadie puede impedir el trabajo de los demás ni obligarles a

trabajar contra su voluntad;

RAFAEL DÍAZ FILPO

500

3) Son derechos básicos de trabajadores y trabajadoras, entre

otros: la libertad sindical, la seguridad social, la negociación

colectiva, la capacitación profesional, el respeto a su capacidad

física e intelectual, a su intimidad y a su dignidad personal;

4) La organización sindical es libre y democrática, debe ajustarse

a sus estatutos y ser compatible con los principios consagrados en

esta Constitución y las leyes;

5) Se prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo

o durante la prestación del servicio, salvo las excepciones previstas

por la ley con fines de proteger al trabajador o trabajadora;

6) Para resolver conflictos laborales y pacíficos se reconoce el

derecho de trabajadores a la huelga y de empleadores al paro de

las empresas privadas, siempre que se ejerzan con arreglo a la ley,

la cual dispondrá las medidas para garantizar el mantenimiento

de los servicios públicos o los de utilidad pública;

7) La ley dispondrá, según lo requiera el interés general, las jor-

nadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, los salarios

mínimos y sus formas de pago, la participación de los nacionales

en todo trabajo, la participación de las y los trabajadores en los

beneficios de la empresa y, en general, todas las medidas mínimas

que se consideren necesarias a favor de los trabajadores, incluyen-

do regulaciones especiales para el trabajo informal, a domicilio y

cualquier otra modalidad del trabajo humano. El Estado facilita-

ra los medios a su alcance para que las y los trabajadores puedan

adquirir los útiles e instrumentos indispensables a su labor;

8) Es obligación de todo empleador garantizar a sus trabajadores

condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ambiente de tra-

bajo adecuados. El Estado adoptara medidas para promover la

creación de instancias integradas por empleadores y trabajadores

para la consecución de estos fines;

9) Todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente

que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garan-

tiza el pago de igual salario por trabajo de igual valor, sin dis-

criminación de género o de otra índole y en idénticas condiciones

de capacidad, eficiencia y antigüedad;

10) Es de alto interés la aplicación de las normas laborales

relativas a la nacionalización del trabajo. La ley determinara el

porcentaje de extranjeros que pueden prestar sus servicios a una

empresa como trabajadores asalariados.

Artículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales.

La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fun-

damentales, a través de los mecanismos de tutela y protección,

que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfac-

ción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores

de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos

los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad

en los términos establecidos por la presente Constitución y por

la ley.

Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso.

Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,

tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del

debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas

que se establecen a continuación:

1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;

2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una

jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida

con anterioridad por la ley;

3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como

tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia

irrevocable;

4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena

igualdad y con respeto al derecho de defensa;

RAFAEL DÍAZ FILPO

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5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma

causa;

6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;

7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes

preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal

competente y con observancia de la plenitud de las formalidades

propias da cada juicio;

8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley;

9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la

ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta

cuando solo la persona condenada recurra la sentencia;

10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de

actuaciones judiciales y administrativas.

Artículo 145.- Protección de la Función Pública. La sepa-

ració n de se rvidore s pú blicos que per tenezc an a la Car rera Ad-

ministrativa en violación al régimen de la Función Pública, será

considerada como un acto contrario a la Constitución y a la ley.

Artículo 256.- Carrera policial. El ingreso, nombramiento,

ascenso, retiro y demás aspectos del régimen de carrera policial de

los miembros de la Policía Nacional se efectuará sin discrimina-

ción alguna, conforme a su ley orgánica y leyes complementarias.

Se prohíbe el reintegro de sus miembros, con excepción de los

casos en los cuales el retiro o separación haya sido realizado

en violación a la ley orgánica de la Policía Nacional, previa

investigación y recomendación del ministerio correspondiente,

de conformidad con la ley.

Fundamento del voto:

La mayoría de los honorables jueces que componen este

tribunal constitucional, han concurrido con el voto mayoritario

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

en la dirección de declarar inadmisible la acción directa en in-

constitucionalidad contra el indicado decreto núm. 387-2007,

por tratarse de un acto administrativo de efecto particular. En

ese sentido, no constituye una norma estatal con fuerza de ley, ni

alcance general y, por ende, no es susceptible de ser impugnado

mediante la acción directa en inconstitucionalidad, conforme el

criterio sentado en numerosas sentencias dictadas por este órgano.

Por consiguiente, nos permitimos exponer con el debido

respeto a la mayoría, las razones por las que, en el presente caso,

este despacho vota apartándose del citado criterio, siendo cohe-

rente con la posición que hemos reiterado en torno al asunto en

cuestión, cuando se trata de acciones directas de inconstitucio-

nalidad contra actos de alcance particular:

A partir de la reforma constitucional de dos mil diez (2010),

el objeto del control concentrado de constitucionalidad no se

circunscribe a la conformidad de las leyes con la Carta Magna,

ya que el mismo se ha ampliado para proteger y garantizar la

vigencia de los derechos fundamentales.

Conforme lo previsto en el artículo 185.1 de la Cons-

titución: “El Tribunal Constitucional será competente para

conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de in-

constitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos,

resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la

República, de una tercera parte de los miembros del Senado

o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con

interés legítimo y jurídicamente protegido”. De ahí que

conjuntamente con los actos propiamente normativos (leyes,

reglamentos y ordenanzas), la indicada disposición incluye,

sin hacer ninguna distinción sobre sus efectos, a los decretos

y resoluciones, que constituyen instrumentos en que los se

exteriorizan actos administrativos.

RAFAEL DÍAZ FILPO

504

En atención a la referida ampliación del objeto de la acción

en inconstitucionalidad, el constituyente de dos mil diez (2010)

incorporó la condición del interés legítimo y jurídicamente

protegido que debe tener el accionante.

Acorde con lo anterior y coincidiendo con lo expresado por

Brewer Carías, el sistema dominicano de control concentrado

de constitucionalidad “abarca materialmente todos los actos del

Estado”173; tal como sucede en Costa Rica, Chile, Bolivia, Perú

y Ecuador, donde la Constitución permite impugnar ante la ju-

risdicción constitucional especializada los actos administrativos.

Como bien señala el profesor chileno Luis Alejandro Silva

Irarrázaval174: “El control de la juridicidad de los actos admi-

nistrativos no puede omitir la Constitución como parámetro

de control, porque su adecuación a esta norma es precisamente

condición de su validez. Sin embargo, el sistema de control de

juridicidad de los actos administrativos aplica deficientemente

la Constitución, prefiriendo aplicar la ley como criterio último

de validez, dado ciertos supuestos. Esta situación es causa de los

siguientes efectos: i. La fuerza normativa de la Constitución es

puesta en entredicho, y con ella el Estado constitucional de De-

recho; ii. La protección eficaz de los derechos garantizados por

la Constitución queda subordinada a la ley; iii. Las posibilidades

de un control eficaz de la actividad de la Administración por

parte de los órganos competentes disminuyen.”

173 Allan R. Brewer-Carías, “El sistema de justicia constitucional en la República Domi-

nicana y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Cons-

titucionales (2011)”, En Nestor Pedro Sagües y Lino Vásquez Sámuel (Coords), VII

Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional (Santo Domingo:

Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia-Instituto Ibe-

roamericano de Derecho Procesal Constitucional, 2011, 307.

174 Luis Alejandro Silva Irarrázaval, “Insuficiencia del Principio de Supremacía Consti-

tucional en el Control de Constitucionalidad de los Actos Administrativos”, Ponen-

cia XXXVI Jornadas Chilenas de Derecho Público.

505

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

En virtud de todo lo expresado precedentemente, cabe

destacar que este tribunal constitucional anteriormente ha ad-

mitido la acción directa de inconstitucionalidad contra un acto

de efectos particulares, estableciendo en el párrafo 8.5, página

10, de la Sentencia TC/0127/13, del dos (2) de agosto de dos

mil trece (2013), lo siguiente:

“…entendemos que en presencia de una acción directa de in-

constitucionalidad contra un acto estatal de efectos particula-

res, cada vez que esté comprobado o exista la presunción grave

de que ha sido producido con dolo, es decir, con el propósito

deliberado de violar la Constitución, dicha acción debe ser

admitida…”.

En definitiva, contrario al criterio mayoritario, entendemos

que los actos administrativos de alcance particular pueden ser

atacados mediante acción directa, conforme al artículo 36 de

la Ley núm. 137-11 y el artículo 185 de la Constitución. En el

sentido de que ni la ley, ni la Constitución, hacen una distinción

entre actos de alcance general y actos de alcance particular. Por

lo que, en la especie, procede admitir la acción directa de incons-

titucionalidad contra el referido decreto.

Posible solución procesal:

En atención a las consideraciones antes expuestas, entende-

mos que este tribunal debió admitir la presente acción directa en

inconstitucionalidad, y conocer el fondo de la misma a fin de de-

terminar la procedencia o no de las pretensiones del accionante.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez