Sentencia TC/0288/13

• Páginas: 279-284
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0288/13

Referencia: Expediente núm. TC-012012-0095, relativo

a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por

la Fundación ELPAS, Capítulo República Dominicana,

contra la Ley núm. 253-12, para el Fortalecimiento de la

Capacidad Recaudatoria del Estado, la Sostenibilidad Fiscal

y el Desarrollo Sostenible, de fecha diez (10) de noviembre

del año dos mil doce (2012).

En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de

Santo Domingo, República Dominicana; a los treinta (30) días

del mes de diciembre de dos mil trece (2013).

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO

RAFAEL DÍAZ FILPO

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales

y legales, específicamente las previstas en los artículos 186 de

la Constitución de la República y 30 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, de fecha trece (13) de junio del año dos mil

once (2011), emitimos el siguiente:

VOTO SALVADO:

La Fundación ELPAS, Capítulo de la República Dominica,

mediante instancia recibida, en fecha veinte (20) diciembre de

dos mil doce (2012), interpuso, ante este tribunal, una acción

directa de inconstitucionalidad contra la Ley núm. 253-12, para

el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado, la

Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, de fecha diez

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(10) de noviembre del año dos mil doce (2012). La parte ac-

cionante alega que la referida disposición legislativa vulnera los

artículos 68, 217, 218, 222, 238, 246 y 251 de la Constitución

de la República Dominicana.

La mayoría de los honorables jueces que componen este

tribunal constitucional han concurrido con el voto mayoritario

en la dirección de declarar inadmisible la acción directa de in-

constitucionalidad de referencia, en virtud de la imposibilidad

por parte de este tribunal de realizar una valoración objetiva

de la acción, por carecer de presupuestos argumentativos que

fundamente jurídicamente la alegada inconstitucionalidad.

Es por ello que nos permitimos exponer, con el debido

respeto a la mayoría, las razones por las que a nuestro juicio,

la decisión sobre el fondo debió pronunciarse con relación a la

legitimación activa.

Legitimación activa del accionante

Es preciso señalar que este voto se origina porque la

presente sentencia no aborda el aspecto del interés legítimo y

jurídicamente protegido, consagrado en el artículo 185.1 de la

Constitución de la República y el artículo 37 de la Ley núm.

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedi-

mientos Constitucionales.

La parte accionante ha solicitado en su escrito de acción

directa de inconstitucionalidad lo siguiente:

PRIMERO: Comprobar y declarar que el Accionante

tiene calidad para la presente instancia en Acción directa de

Inconstitucionalidad, por tener interés legítimo y jurídicamente

protegido, por lo que la Acción debe ser admitida.

Haciendo uso del artículo 39 de la Ley núm. 137-11, el

cual copiado a la letra expresa lo siguiente: Notificación de la

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

acción. Si el Presidente del Tribunal Constitucional considerare que

se han cumplido los requisitos precedentemente indicados, notificará

el escrito al Procurador General de la República y a la autoridad

de la que emane la norma o acto cuestionado, para que en el plazo

de treinta días, a partir de su recepción, manifiesten su opinión,

el Procurador General de la República produjo su opinión en

relación a la presente acción, mediante la cual se persigue la

inadmisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad in-

terpuesta contra la Ley núm. 253-12, para el Fortalecimiento de

la Capacidad Recaudatoria del Estado, la Sostenibilidad Fiscal y

el Desarrollo Sostenible, de fecha diez (10) de noviembre del año

dos mil doce (2012), bajo los argumentos de que:

En la especie, visto que el objeto de la acción directa a que se

refiere la presente opinión es una disposición normativa de

carácter general, está fuera de toda duda lo concerniente a la

competencia del Tribunal Constitucional para conocer de la

misma, como la procedencia de la acción directa como meca-

nismo procesal adecuado a tales fines tal y como ha establecido

esta alta corte constitucional en relación a lo dispuesto por el art.

185.1 de la Constitución.

No así en cuanto a lo concerniente a la legitimación activa

de la entidad accionante, toda vez que en su instancia que no se

parecía ningún elemento que permita determinar el perjuicio ni

la violación a sus derechos que le haya sido causado a la entidad

accionante por la norma impugnada, requisito para reconocer

a su favor un derecho legítimo jurídicamente protegido, acorde

con el criterio establecido en el párrafo 6.2, página 5 de la sen-

tencia TC/0047/2012.

De ahí que, a juicio del Ministerio Público, resulte inne-

cesario analizar los argumentos en que se fundamenta la acción

a que se contrae la presente opinión, con total independencia

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de la consideración que nos merecen sus fundamentos y

propósitos.

La razón por la cual quien suscribe considera que la pre-

sente acción directa de inconstitucionalidad debe abordar la

legitimación activa es que la parte accionante cumple con los re-

querimientos de admisibilidad descrito en el artículo 185.1 de la

Constitución de la República, el cual establece lo siguiente: Atri-

buciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer

en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad

contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a

instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los

miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier

persona con interés legítimo y jurídicamente protegido, así como

en el artículo 37 de la Ley núm. 137-11, el cual establece que:

Calidad para accionar. La acción directa en inconstitucionalidad

podrá ser interpuesta a instancia del Presidente de la República, de

una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de

Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídica-

mente protegido, ya que la parte accionante, Fundación ELPAS,

Capítulo República Dominicana tiene interés legítimo y jurí-

dicamente protegido para accionar en inconstitucionalidad por

ser una entidad incorporada de conformidad con la Ley núm.

122-05, sobre Asociaciones Sin Fines de Lucro en la República

Dominicana, que vela por la ejecutoriedad de la política fiscal y

presupuestaria del Estado.

Sobre la pronunciación del Tribunal Constitucional con

relación a la legitimidad del accionante ante la acción directa

de inconstitucionalidad planteada

Entendemos que la parte accionante pretende y exige

que este tribunal constitucional garantice la supremacía de la

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

Constitución y la protección de los derechos fundamentales con-

sagrados en ella. En la presente decisión, el tribunal no aborda

si la parte accionante tiene o no legitimidad para accionar ante

este colegiado, razón por la cual presentamos el presente voto

salvado para abordar esa parte tan importante para el sistema

constitucional y sus garantías, como lo es el pronunciamiento

de si un accionante es legítimo o no ante el tribunal, si tiene

legitimidad o no para accionar y así darle fiel cumplimiento a lo

estipulado en el artículo 185.1 de la Constitución. Para poder

entender nuestra posición, debemos establecer el significado de

legitimación activa o calidad de un accionante que es: la facultad

que ostentan las personas físicas o jurídicas para poder interponer

una acción directa en inconstitucionalidad referido en el mismo

artículo antes mencionado, que confiere dicha condición a toda per-

sona revestida de un interés legítimo y jurídicamente protegido, por

lo que entendemos que este tribunal debió de referirse y abordar

sobre la legitimidad o no de la Fundación ELPAS, Capítulo

República Dominicana.

En consecuencia somos de opinión, respetando la decisión

asumida por la mayoría del pleno y justificados en los artículos

185.1 de la Constitución de la República y 37 de la Ley núm.

137-11, de manera que sobre la base de dicha interpretación

debió ingresar a la legitimidad de la parte accionante para actuar

por ante este colegiado en acción directa de inconstitucionalidad.

Entendemos que la parte accionante tiene legitimidad o interés

jurídico protegido en virtud de que es una entidad incorporada

de conformidad con la Ley núm. 122-05, sobre Asociaciones

Sin Fines de Lucro en la República Dominicana, que vela por

la ejecutoriedad de la política fiscal y presupuestaria del Estado,

cumpliendo de esta manera con los requerimientos de los referi-

dos artículos que abordan la legitimidad activa o interés jurídico

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protegido. Posteriormente, el Tribunal Constitucional debería

abordar la inadmisibilidad de la misma, fundamentándose tal

como se encuentra consignado en la sentencia, en que la misma

resulta inadmisible toda vez que la parte accionante no realiza

una ponderación pormenorizada que ponga en capacidad a este

tribunal de constatar la existencia de una colisión entre las dispo-

siciones constitucionales indicadas en su instancia y los articulados

establecidos en la Ley núm. 25312.

Posible solución procesal

En atención a las consideraciones antes expuestas, entendemos

que el tribunal debió, en este caso y en las acciones directas

de inconstitucionalidad que se susciten en lo adelante,

pronunciarse para determinar la legitimidad procesal activa

o capacidad para accionar que tiene un accionante, en virtud

de las disposiciones contenidas en el artículo 185.1 de la

Constitución y la Ley núm. 137-11, sobre la materia.

De igual manera, compartimos el criterio asumido por la

mayoría de los magistrados que componen este tribunal cons-

titucional, al declarar inadmisible la acción directa de incons-

titucionalidad, esencialmente, por que la “parte accionante no

realiza una ponderación pormenorizada que ponga en capacidad

a este tribunal de constatar la existencia de una colisión entre

las disposiciones constitucionales indicadas en su instancia y los

articulados establecidos en la Ley núm. 253-12”.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez.