Sentencia TC/0309/18

• Páginas: 681-691
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0309/18

Referencia: Expediente núm. TC-042017-0101, relativo al

recurso de revisión de decisión jurisdiccional interpuesto por la

Policía Nacional contra la Sentencia núm. 272-2005062, dictada

el primero (1°) de noviembre de dos mil cinco (2005) por el

Cuarto Tribunal Liquidador de la Cámara Penal del Juzgado de

Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata.

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo

Domingo, República Dominicana, a los treintaiuno (31) días

del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018).

VOTO SALVADO CONJUNTO DE LOS MAGISTRADOS

MILTON RAY GUEVARA, RAFAEL DÍAZ FILPO, VÍCTOR

GÓMEZ BERGÉS Y WILSON GÓMEZ RAMÍREZ

En ejercicio de las prerrogativas que nos confiere el artículo

186318 de la Constitución y 30319 de la Ley Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales 137-

11 del trece (13) de junio de dos mil once (2011), modificada

por la Ley No. 145-11 de fecha veintinueve (29) de junio de

dos mil once (2011), de acuerdo con nuestra posición adoptada

durante las votaciones de la presente sentencia y con el debido

respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en esta decisión,

tenemos a bien señalar los siguientes argumentos que sostienen

nuestro voto salvado.

318 Integración y decisiones. El Tribunal Constitucional estará integrado por trece

miembros y sus decisiones se adoptarán con una mayoría calificada de nueve o más

de sus miembros. Los jueces que hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer

sus motivaciones en la decisión adoptada.

319 Obligación de Votar. Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor

o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y

disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido.

RAFAEL DÍAZ FILPO

682

I. ANTECEDENTES

Los suscritos magistrados han expresado su opinión,

fundamentada en la decisión adoptada en la presente senten-

cia constitucional, por lo que han emitido voto salvado en la

aprobación de la misma. En consecuencia, en ejercicio de los

referidos artículos 186 de la Constitución y 30 de la Ley No.

137-11 del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, dejamos constancia de las motivaciones de

nuestra decisión.

La Policía Nacional mediante instancia de fecha catorce

(14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), interpuso un

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional,

depositado en la Secretaría General de la Jurisdicción Penal

de Puerto Plata, en contra de la Sentencia Criminal No.

272-2005-062 dictada el primero (1) de noviembre de dos

mil cinco (2005) por el Cuarto Tribunal Liquidador de la

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito

Judicial de Puerto Plata, cuyo fallo fue dictado en la forma

en que sigue:

PRIMERO: El Tribunal declara al Prevenido ALBERTO AL-

MONTE DE LOS SANTOS, no culpable de violar los artículos

177, 178 del Código Penal y el artículo 71 de la Ley 50-88

en Consecuencia de descarga de toda responsabilidad penal por

Insuficiencia de prueba. (sic)

SEGUNDO: Se Ordena a la Jefatura de la Policía Nacional el

reintegro a la fila policial al señor ALBERTO ALMONTE DE

LOS SANTOS con el rango correspondiente.

TERCERO: Se Declara de oficio las costas del procedimiento.

CUARTO: Se fija la lectura integra de la presente sentencia

para el día vienes 4/11/2005 a las 9:00 A.M.

683

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

Alegato de la parte recurrente en revisión constitucional, Policía

Nacional:

El ahora recurrente en revisión constitucional, alega en su

escrito contentivo del referido recurso que, la sentencia objeto

del mismo –Sentencia Criminal No. 2722005-062 dictada

el primero (1) de noviembre de dos mil cinco (2005) por el

Cuarto Tribunal Liquidador de la Cámara Penal del Juzgado

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata-,

que le violenta el derecho a ser odio, ya que, no fue citada, por

lo que, le conculca su derecho a la tutela judicial efectiva y al

debido proceso, establecido en el numeral 2 del artículo 69320 de

la Constitución de la República Dominicana, en consecuencia,

no puede ser condenada.

Medio de defensa presentado por la parte recurrida en revisión

constitucional, señor Alberto Almonte de los Santos:

En tal sentido, la parte hoy recurrida en revisión constitucional

alega como medio de defensa que, el presente recurso de revi-

sión constitucional de decisión jurisdiccional se debe declarar

inadmisible por haberse interpuesto pasado un (1) año de la

notificación de la sentencia objeto de dicho recurso, en conse-

cuencia, no cumple con lo establecido en el artículo 54.1321 de

la Ley 137-11.

320 Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus de-

rechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con

respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se

establecen a continuación:

2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción com-

petente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley;

321 Procedimiento de Revisión. El procedimiento a seguir en materia de revisión cons-

titucional de las decisiones jurisdiccionales será el siguiente:

1) El recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaría

del Tribunal que dictó la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a

partir de la notificación de la sentencia.

RAFAEL DÍAZ FILPO

684

Asimismo, continúa alegando que, en caso de ser cierto el

planteamiento de la Policía Nacional, en cuanto a que, nunca

ha forma parte del proceso, la acción constitucional incoada,

denominada Recurso de Revisión de Decisiones Jurisdiccionales

se torna improcedente, toda vez que la misma solo puede ser

incoada por las partes que protagonizan un proceso judicial.

II. SINTESIS DEL CONFLICTO

La génesis del conflicto que nos ocupa, conforme a los alega-

tos de las partes y los documentos anexos, se origina al momento

en que, al señor Alberto Almonte de los Santos lo declaran no

culpable de violar los artículos 177322, 178323 del Código Penal y

el artículo 71324 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Con-

troladas y ordenan su reintegro dentro de las filas de la Policía

Nacional, mediante el dictamen de la Sentencia Criminal No.

272-2005-062, en fecha uno (1) de noviembre de dos mil cinco

322 El funcionario o empleado público del orden administrativo, municipal o judicial

que, por dádiva o promesa, prestare su ministerio para efectuar un acto que, aunque

justo, no esté sujeto a salario, será castigado con la degradación cívica y condenado

a una multa del duplo de las dádivas, recompensas o promesas remuneratorias, sin

que, en ningún caso, pueda esa multa bajar de cincuenta pesos, ni ser inferior a seis

meses el “encarcelamiento” que establece el artículo 33 de este mismo Código, cuyo

pronunciamiento será siempre obligatorio.

En las mismas penas i ncurrirá el funcionario, empleado u oficial público que, por dá-

divas o promesas, omitiere ejecutar cualquier acto lícito, o debido, propio de su cargo.

Se castigará con las mismas penas a todo árbitro o experto nombrado, sea por el tri-

bunal, sea por las partes, que hubiere aceptado ofertas o promesas, o recibido dádivas

o regalos, para dar una decisión o emitir una opinión favorable a una de las partes.

323 Si el cohecho o soborno tuviere por objeto una acción criminal, que tenga señaladas

penas superiores a las establecidas en el artículo anterior, las penas más graves se

impondrán siempre a los culpables

324 Quien después de cometido un delito relacionado con, drogas controladas, sin ha-

ber participado en él, ayude a asegurar su provecho, eludir las investigaciones de la

autoridad, substraerse a la acción de ésta o del cumplimiento de la condena, será

sancionado como encubridor, con prisión de dos (2) a cinco (5) años, y multa de dos

mil (RD$2,000.00) a diez mil pesos (RD$10,000.00).

685

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

(2005) por el Cuarto Tribunal Liquidador de la Cámara Penal

del Juzgado de primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto

Plata, y al notificarle dicha sentencia a la Policía Nacional, en

fecha quince (15) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), y no

estar de acuerdo con la misma, procedió a interponer el recurso

de revisión constitucional que ahora nos ocupa.

III. PRECISIÓN SOBRE EL ALCANCE DE LA MAYORIA

DE LOS VOTOS ADOPTADOS

Es preciso señalar que este voto se origina, en cuanto a

que, la generalidad de los Honorables Jueces que componen este

Tribunal, han concurrido con el voto mayoritario en el entiendo

de que la sentencia en cuestión, decide declarar inadmisible el

presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdic-

cional, en razón de que:

“b) (…), y a su vez el artículo 53.3.b de la Ley núm. 137-

11325 pone como condición el agotamiento de todos los

recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional corres-

pondiente; presupuesto que no se satisface en la especie en

la medida en que el Tribunal Constitucional comprueba

que ha sido apoderado de un recurso incoado contra una

decisión dictada en primer grado, respecto de la cual

existía la posibilidad de recurrir por la vía jurisdiccional

ordinaria en apelación, lo cual no ocurrió en la especie326.

(…)

325 Artículo 53.- Revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales. El Tribunal Cons-

titucional tendrá la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan ad-

quirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de

enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en

los siguientes casos: […] 3. Cuando se haya producido una violación de un derecho

fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes

requisitos: […] b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía

jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.

326 Negrita y subrayado nuestro

RAFAEL DÍAZ FILPO

686

IV. FUNDAMENTOS DEL PRESENTE VOTO SALVADO

A. Nuestro voto se sustenta en el desarrollo que se realiza

en la motivación que sustenta la decisión adoptada en esta

sentencia. En tal sentido, el recurso de revisión de decisión

jurisdiccional esta condicionada al cumplimiento de las dis-

posiciones establecidas, específicamente en el artículo 277 de

la Constitución de la República Dominicana327, y el artículo

53 de la Ley 137-11328 sobre el Tribunal Constitucional y los

Procedimientos Constitucionales.

B. El mandato constitucional establecido en el referido

artículo 277, dispone que:

“Artículo 277.- Decisiones con autoridad de la cosa irrevoca-

blemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan

adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada,

especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la

constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el

momento de la proclamación de la presente Constitución, no

podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las

posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley

que rija la materia.”

C. Así como también, consideramos oportuno señalar lo

dispuesto en la parte capital del referido artículo 53 de la Ley

137-11 sobre el Tribunal Constitucional y los Procedimientos

Constitucionales, tal como sigue:

“Artículo 53.- Revisión Constitucional de Decisiones Jurisdiccio-

nales. El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar

las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad

327 Del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010) modificada en el trece (13) de

junio de dos mil quince (2015)

328 De fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011)

687

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de

enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia de

la Constitución, (…)”

D. En este sentido, es preciso indicar que la referido Ley

137-11, tiene como objeto y alcance, conforme a su artículo 2,

lo que siguiente:

“Esta ley tiene por finalidad regular la organización del Tri-

bunal Constitucional y el ejercicio de la justicia constitucional

para garantizar la supremacía y defensa de las normas y

principios constitucionales y del Derecho Internacional vigente

en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así

como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la

Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos

humanos aplicables.”

E. En consecuencia, es evidente que el Tribunal Consti-

tucional tiene como uno de sus fines principales, conforme a

la referida Ley 137-11 regular el ejercicio de la justicia cons-

titucional, por lo que, únicamente puede pronunciarse sobre

los procesos que cumpla con los requisitos establecidos por la

Constitución de la República y el procedimiento configurado

en su ley, para así garantizar la supremacía constitucional329, la

defensa del orden constitucional y la protección de los derechos

fundamentales.

F. En este orden, el Tribunal Constitucional en su Sentencia

TC/012/13330 ha fijado el siguiente criterio:

329 Constitución de la Republica Dominicana. Artículo 6.- Supremacía de la Cons-

titución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están

sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico

del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o

acto contrarios a esta Constitución.

330 De fecha cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013)

RAFAEL DÍAZ FILPO

688

a) Cuando el Tribunal Constitucional es apoderado de un

recurso de revisión de una decisión con la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada, al amparo de los artículos 53 (más

adelante transcrito) y siguientes de la Ley núm. 137- 11331,

se encuentra única y directamente vinculado al acto emitido por

la última vía jurisdiccional habilitada y agotada con ocasión de

un proceso. En efecto, el presupuesto del agotamiento de todos

los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional corres-

pondiente (sin que la violación alegada haya sido subsanada)

pretende salvaguardar el carácter extraordinario de la revisión

constitucional, pues el sistema de recursos establecido en las leyes

de procedimiento ordinario cumple una función de garantía

que impide al Tribunal Constitucional considerar la presunta

violación de derechos fundamentales sin que el justiciable haya

agotado antes todos los recursos pertinentes en la vía judicial.

Esta regla se fundamenta en que, dentro del ámbito de revisión

de sentencias firmes, el Tribunal Constitucional no ha sido

instituido como una instancia ordinaria de protección de los

derechos fundamentales, motivo por el cual no procede acudir

directamente a él sin que previamente los órganos jurisdicciona-

les hayan tenido la oportunidad de subsanar o reparar la lesión

por vía del sistema de recursos. El indicado presupuesto de agota-

miento de todos los recursos disponibles impide, en consecuencia,

que el justiciable pueda acceder per saltum (de un salto) a la

revisión constitucional.”

G. Además, este Tribunal en su Sentencia TC/0052/12332,

establecido el siguiente precedente:

“(…) es válido afirmar que el control constitucional de las deci-

siones jurisdiccionales se realiza mediante el recurso de revisión

constitucional, instituido, por mandato expreso del artículo

277 de la Constitución de la República, así como por el

331 Negrita y subrayado nuestro

332 De fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil doce (2012)

689

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

artículo 53 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-

cional y de los Procedimientos Constitucionales333. Dicho

recurso de revisión constitucional está sujeto a las condiciones

exigidas en la precitada ley, entre las cuales resaltamos el que se

interponga contra sentencias que hayan adquirido la autoridad

de la cosa irrevocablemente juzgada”.

H. Asimismo, el Tribunal Constitucional en recurso de re-

visión constitucional de decisión jurisdiccional contra una sen-

tencia con idéntica condición, en su sentencia TC/0365/14334,

estableció el precedente que sigue:

“10.1. En cuanto a la interposición del presente recurso de

revisión Constitucional de decisión jurisdiccional de sentencias

que no han adquirido la autoridad de lo irrevocablemente

juzgada, ha establecido en sus sentencias Nos.TC/0174/2013,

TC/0121/13, TC/090/12 y TC/0052/12 que [...] es válido

afirmar que el control constitucional de las decisiones jurisdic-

cionales se realiza mediante el recurso de revisión constitucional

[...]. Dicho recurso de revisión constitucional está sujeto a las

condiciones exigidas en la precitada ley, entre las cuales resalta-

mos el que se interponga contra sentencias que hayan adquirido

la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.”

I. En tal sentido, al evidenciar el incumplimiento del pre-

supuesto condicionado en el referido artículo 277 de la Consti-

tución y la parte capital del artículo 53 de la Ley 137-11 sobre

el Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucional,

en razón de que la decisión adoptada en la sentencia objeto

del presente recurso de revisión constitucional no pone fin al

conflicto en cuestión, ya que se trata de una decisión dictada

333 Negrita y subrayado nuestro

334 De fecha veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014)

RAFAEL DÍAZ FILPO

690

en primer grado335, teniendo abierto el recurso de apelación por

la vía jurisdiccional ordinaria, no es necesario continuar con el

desarrollo de la admisibilidad o no del recurso de revisión cons-

titucional, por lo que, dicha comprobación del incumplimiento

de la no firmeza de la decisión recurrida en la presente revisión

constitucional, hace irrelevante continuar comprobando los

demás presupuestos requeridos a la luz en el señalado artículo

53336, de la ya referida Ley 137-11.

J. Mantenemos nuestro voto salvado, en relación a la

equivocada motivación del incumplimiento del artículo

53.3 literal b) de la señala Ley 137-11, en cuanto a que se

haya agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía

jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido

subsanada, condición esta, antes de ser verificada su satisfac-

ción o no, previamente se debe evidenciar si el recurso cumple

con los anteriores presupuestos requerido en el mismo artículo

53, situación esta que no se da en este recurso de revisión

335 Cuarto Tribunal Liquidador de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia

del Distrito Judicial de Puerto Plata

336 1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, re-

glamento, resolución u ordenanza.

2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional.

3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental, siempre

que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el pro-

ceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma.

b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccio-

nal correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y

directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los

hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el

Tribunal Constitucional no podrá revisar.

Párrafo. - La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo sólo

será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en razón

de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de

revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado. El Tribunal

siempre deberá motivar sus decisiones.

691

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

constitucional, ya que, se evidencia que no es una sentencia

firme, por lo que, el Tribunal Constitucional se encuentra

limitado de continuar desarrollando el test de admisibilidad

establecido en la antes referida ley 137-11.

V. POSIBLE SOLUCIÓN

Después del análisis previamente desarrollado, entendemos

conforme a nuestro razonamiento a la cuestión planteada, man-

teniendo nuestra posición y criterio en el caso que ahora nos

ha tocado conocer, en cuanto a que estamos de acuerdo con la

decisión adoptada por la mayoría de los jueces del Tribunal, en

que declara inadmisible el recurso de revisión constitucional de

decisión jurisdiccional, contra la Sentencia Criminal No. 272-

2005-062 dictada el primero (1) de noviembre de dos mil cinco

(2005) por el Cuarto Tribunal Liquidador de la Cámara Penal

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto

Plata, interpuesto por la Policía Nacional, en tanto, que salvamos

nuestro voto, en cuanto a que la referida inadmisibilidad solo

deviene por la insatisfacción de lo dispuesto en el artículo 277 de

la Constitución de la Republica y la parte capital del artículo 53

de la Ley 137-11 sobre el Tribunal Constitucional y los Procedi-

mientos Constitucionales, ya que, dicha verificación –sentencia

que no ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada-, imposibilita al Tribunal Constitucional seguir desarro-

llando la satisfacción o no de los demás presupuestos requeridos

a la luz de la antes

Firmado: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Rafael

Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez

Ramírez, Juez.