Sentencia TC/0319/15

• Páginas: 381-389
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0319/15

Referencia: Expediente núm. TC-052014-0188, relativo

al recurso de revisión de sentencia de amparo interpuesto

por el Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes contra la

Sentencia núm. 14-00241, dictada por la Primera Sala de

la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de

Primera Instancia del distrito judicial de Barahona, el cuatro

(4) de agosto de dos mil catorce (2014).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo

Domingo, República Dominicana, a los treinta (30) días del

mes de septiembre del año dos mil quince (2015).

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO

RAFAEL DÍAZ FILPO

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y

legales, y específicamente las previstas en el artículo 186 de la

Constitución dominicana y en el artículo 30 de la Ley núm.

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Proce-

dimientos Constitucionales, del trece (13) de junio del año dos

mil once (2011), emitimos el siguiente:

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

1. En fecha once (11) de agosto de dos mil catorce (2014), el

recurrente Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes, interpuso un

recurso de revisión constitucional contra la sentencia de amparo

núm. 14-00241 dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil,

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del

distrito judicial de Barahona, el cuatro (4) de agosto de dos mil

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catorce (2014), mediante la cual se acogió la acción de amparo

interpuesta por el Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble y la

Junta del Distrito Municipal de Canoa, ordenando la paralización

de los trabajos de explotación y extracción de la mina de sal de

Puert o Aleja ndro po r ser d e la pr opiedad de los ahora recurridos.

2. En este sentido, la mayoría de los honorables jueces

que componen el Tribunal Constitucional, han concurrido su

voto en la dirección de admitir el recurso, revocar la sentencia

recurrida y declarar inadmisible la acción de amparo objeto del

recurso que nos ocupa de conformidad con el principio de “cosa

juzgada constitucional”, de conformidad con las disposiciones

establecidas en el artículo 45110 de la Ley núm. 137-11, del trece

(13) de junio de dos mil once (2011), al tratase de un asunto

juzgado por el Tribunal.

3. La cosa juzgada por el Tribunal Constitucional se basó

en la decisión adoptada en su sentencia TC/0020/14 del veinte

(20) de enero dos mil catorce (2014), en la cual decidieron DE-

CLARAR que las salinas marinas ubicadas en el paraje Puerto

Alejandro estarán bajo el control y administración del Ayunta-

miento municipal de Jaquimeyes, conforme lo establece la Ley

núm.192/04, del siete (7) de julio de dos mil cuatro (2004).

II. VOTO DISIDENTE

En ese sentido, y con el debido respeto al criterio mayo-

ritario expresado en esta Sentencia y en virtud de la posición

110 Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitu-

cionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011), modificada por la Ley

No. 145-11. Artículo 45.- Acogimiento de la Acción. Las sentencias que declaren

la inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de la norma o los

actos impugnados, producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del orde-

namiento. Esa eliminación regirá a partir de la publicación de la sentencia.

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

adoptada en la deliberación de la misma, procedemos a emitir

un voto disidente sustentando en la discrepancia reiterada en el

precedente fijado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia

núm. TC/0020/14, del veinte (20) de enero de dos mil catorce

(2014), en relación al expediente núm. TC-05- 2012-0043, re-

lativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo

incoado por el Ayuntamiento municipal de Barahona, contra

la Sentencia núm.2012-00138, del veintiuno (21) de mayo de

dos mil doce (2012), dictada por la Segunda Sala de la Cámara

Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia

del distrito judicial de Barahona, a favor del Ayuntamiento

municipal de Jaquimeyes, en el cual concluimos, basándonos

en los argumentos expuesto en el voto disidente en la sentencia

anteriormente referida, que nuestro criterio externado en torno

a la solución a la cuestión planteada, en cuanto al fondo es que

se debió ordenar que continué la mina salina de Puerto Ale-

jandro bajo la administración del Ayuntamiento municipal de

Barahona.

En ese sentido, nos basamos en los argumentos que siguen:

III. DESARROLLO DE LA LEGALIDAD DE

ADMINISTRAR BIENES PATRIMONIALES A CARGO

DE UN MUNICIPIO

Es por ello que nos permitimos exponer con el debido res-

peto, las razones por las que, a nuestro juicio, la decisión sobre

el fondo debió no acoger la acción de amparo sometida por el

Ayuntamiento municipal de Jaquimeyes, por las razones que a

continuación nos permitimos exponer como sigue:

Al momento de abordar las motivaciones que han dado

origen al presente conflicto, en cuanto a cargo de quién está la

administración de la mina salina, ubicada en el paraje Puerto

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Alejandro, en el hecho de que la referida mina salina, al mo-

mento de segregarse el Ayuntamiento municipal de Barahona

y crearse el Ayuntamiento municipal de Jaquimeyes, el paraje

Puerto Alejandro había quedado territorialmente ubicado den-

tro del distrito municipal de Jamiqueyes, pero legalmente quedó

establecido que dicha mina continuaba bajo la administración

del Ayuntamiento municipal de Barahona.

Haciendo un recuento cronológico de las leyes y normas que

incidieron en torno al presente caso podemos citar lo siguiente:

1. En 1959, se promulgó la Ley núm. 5220, con la cual se

realiza la división municipal de la República Dominicana, donde

se ratifica el municipio de Barahona que databa desde antes del

censo nacional de población realizado en mil novecientos veinte

(1920);

2. En 1961, se promulgó la Ley núm. 5775, con la cual dis-

pone que todas las salinas marítimas actualmente en operación

y otras que pudieran establecerse en el futuro, sean explotadas

y administradas por los municipios y establece las condiciones

para administrar la mina salinas en la República Dominicana;

3. En 1997, se promulga la Ley núm. 91, con la cual se eleva

a distrito municipal a la sección de Jaquimeyes, teniendo como

uno de sus parajes a Puerto Alejandro, lugar donde se encuentra

ubicada la mina salina, objeto de la presente litis, estableciéndose

en dicha ley, que la referida mina quedaba bajo la administración

del municipio de Barahona;

4. En el 1998, se promulga la Ley núm. 286 que instituía

el Consejo de Administración Salinera, donde en su artículo 1,

párrafo I, dispone quienes integran el referido consejo, siendo

formados por los diferentes municipios que producen sal en

grano, tales como: Baní, Montecristi, Barahona, Azua y Oviedo.

5. En el 2004, se promulga la Ley núm. 192, en la cual se

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

dispone únicamente que se eleva a municipio el distrito municipal

de Jaquimeyes y sus parajes, a distritos municipales, no dejando

sin efecto lo establecido en la ley núm. 91 de mil novecientos

noventa y siete (1997), en cuanto a que, la administración de

la mina salina ubicada en Puerto Alejandro, continuaba bajo el

control del Ayuntamiento municipal de Barahona, por lo que,

si los congresistas hubieran querido que la administración de la

mina salina de Puerto Alejandro debía estar bajo el control del

municipio de Jaquimeyes, lo hubieran establecido mediante otra

ley, lo que quiere decir, que la intención sabía de los congresistas

es que la administración de dicha mina se mantenga bajo el

control del municipio de Barahona, que data desde su creación

antes de mil novecientos veinte (1920).

6. En el 2007, con la necesidad de normar y organizar

los ayuntamientos municipales creados en la República Domi-

nicana, se promulga la Ley núm. 176; que entre otros puntos

dispone y clasifica los bienes que administran los municipios, en

su artículo 29 establece las condiciones a regir en cuanto a los

bienes de dominio público y bienes patrimoniales existentes, al

momento de segregarse, agregarse o dividirse un municipio y/o

distrito municipal, normas estas que deben ser cumplidas por

todos los municipios existentes, distritos municipales, secciones

y parajes existentes y los que posteriormente se puedan crear.

De todo lo anteriormente citado, claramente se puede

deducir que la Ley núm. 176, del dos mil siete (2007), norma

ésta que regulariza, delimita y establece las disposiciones a seguir

por las autoridades municipales a la hora de surgir conflictos,

tal como es el caso que nos ocupa, dirimir sobre quién recae la

administración de la mina salina ubicada en el paraje de Puerto

Alejandro, previamente establecida por la Ley núm. 91 de mil

novecientos noventa y siete (1997) que había dispuesto que dicha

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administración se mantendría bajo el control del Ayuntamiento

del municipio de Barahona.

Dando continuidad con el apoyo de nuestro voto disidente,

nos vamos a permitir citar integralmente el artículo 29 de la

antes referida ley núm. 176-07, el cual dispone que:

Distribución de los Bienes, Derechos y Acciones. En cual-

quiera de los casos de modificación del territorio municipal,

se procederá simultáneamente a la distribución de los bienes,

derechos, acciones, deudas, cargas y obligaciones existentes

entre los municipios que resulten afectados. A tales efectos,

el ayuntamiento cuyo territorio municipal ha sido segregado

estará en la obligación de suministrar al municipio recién

creado o al que se haya agregado el territorio, todas las

informaciones financieras, registro de bienes y las relaciones

bases de contribuyentes de la parte afectada. Para efectuar la

distribución se considerará el número de habitantes, los re-

cursos del territorio que se trata de segregar y las inversiones y

gastos de capital efectuados en el mismo que estén pendientes

de pago al producirse la alteración.

Párrafo I.-Cuando parte del territorio de un municipio sea

incorporado a otro, pasarán a pertenecer a éste todos los bie-

nes del dominio público municipal que pertenecían a aquél

sobre la porción segregada, así como, todos los activos y pasivos

correspondientes.

Párrafo II.-Esta disposición no es aplicable a los bienes

patrimoniales del municipio segregado, manteniendo

éste su derecho de propiedad, salvo disposición legal en

contrario.” (Letras en negritas y subrayado nuestro)

Para mayor sustento del criterio de nuestro voto particular,

vamos a esclarecer los conceptos, en cuanto a qué y cuales son

bienes del dominio público y bienes patrimoniales, muy bien

delimitado en la Ley núm. 176-07, a partir de sus articulados

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

177111 y siguientes; específicamente su artículo 179, establece

como bien de dominio público a los destinados por el ayunta-

miento a un uso o servicio público, clasificados como: 1.-bienes

de uso público local, 2.-bienes de servicios públicos y 3.-bienes

de dominio público, tales como caminos, carreteras, plazas,

parques entre otros para los primeros, para los segundos palacios

municipales, mercados, hospitales y demás edificaciones y para

los últimos los espacios destinados para áereas verdes en los

proyectos urbanizados; y el artículo 180 establece como bienes

patrimoniales los que no están destinados a uso público y pueden

ser fuentes de ingresos.

Además, debemos de señalar que el bien correspondiente a

una mina, a la luz de la Constitución dominicana es considerado

como un recurso natural, con ello consagrado como parte del

patrimonio de la nación dominicana. En el artículo 17112 de la

Constitución dispone únicamente en torno a las concesiones

de contratos, licencias, permisos o cuotas para operar sobre los

recursos naturales, en cuanto a que dichos contratos, licencias,

permisos o cuotas, sean conforme a como lo determine la ley,

por lo que, en cuanto a la administración de un bien patrimo-

nial que se encuentre dentro de los bienes correspondientes a

111 Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipio, de fecha diecisiete (17) de

julio de dos mil siete (2007). Artículo 177.- Patrimonio Municipal. El Patrimo-

nio de los municipios, está constituido por el conjunto de bienes, derechos y accio-

nes que les pertenezcan.

Artículo 178.- Clase de Bienes. Los bienes de los municipios son de dominio pú-

blico o patrimoniales.

112 Constitución dominicana, 26/enero/2010. Artículo 17.- Aprovechamiento de los

recursos naturales. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos y, en general, los

recursos naturales no renovables, sólo pueden ser explorados y explotados por par-

ticulares, bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, con-

tratos, licencias, permisos o cuotas, en las condiciones que determine la ley. Los

particulares pueden aprovechar los recursos naturales renovables de manera nacional

con las condiciones, obligaciones y limitaciones que disponga la ley…

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los recursos naturales de una nación, a cargo de un municipio

o particular, debe ser establecido conforme a las disposiciones

establecidas por la ley en ese sentido.

Conforme a las consagraciones de la Constitución domini-

cana, especialmente a la precedentemente referida, ha quedado

claramente evidenciado, que lo establecido en la sentencia objeto

del presente recurso de revisión constitucional de sentencia de

amparo, en cuanto a que el Ayuntamiento municipal de Jaqui-

meyes es propiedad de dicho Ayuntamiento, no está conforme

con nuestra Constitución, ya que, todo bien que esté dentro de

los recursos naturales, constitucionalmente es propiedad de la

nación, por lo que se debió de conocer era lo relacionado con,

a qué Ayuntamiento recaía la administración de la mina salina

ubicada en Puerto Alejandro, conforme a las leyes que rigen la

materia, no sobre la propiedad de la misma, tal como lo falló la

sentencia núm. 201200138, dicta el veintiuno (21) de mayo de

dos mil doce (2012), por la Segunda Sala de la Cámara Civil,

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del

distrito judicial de Barahona.

En consecuencia, las leyes precedentemente señaladas, son

las que han establecido las disposiciones que han de imperar

al momento de determinar a cargo de cuál Ayuntamiento

Municipal recae la administración de una mina, por lo que,

quedó claramente delimitado que por ley se instituyó que, al

momento de segregarse un municipio, queda a cargo de esté, la

administración de los bienes patrimoniales que estaban dentro

de sus límites y solamente con una ley posterior que disponga

el traspaso de dicha administración podría efectuarse el cambio

de la administración de ese bien patrimonial al nuevo munici-

pio, situación que a la fecha no se ha concretizado en el caso

que nos ocupa, por lo que, la mina salina ubicada en el paraje

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

Puerto Alejandro, localidad que quedo ubicada dentro del nuevo

municipio de Jaquimeyes, segregado al municipio Barahona,

legítimamente debe continuar bajo la administración del Ayun-

tamiento municipal de Barahona.

Asimismo, debemos de considerar que el ahora recurrido

municipio de Jaquimeyes, realmente fue a través de una resolu-

ción administrativa, dictada por ese mismo municipio, que re-

quirió la entrega de la administración de la mima salina ubicada

en Puerto Alejandro y no por una ley que lo establezca, quedando

así evidenciado que la legalidad de la administración de dicha

mina salina, la sigue ostentando el municipio Barahona, por lo

que somos de opinión que hasta tanto no se elabore, apruebe y

promulgue una ley que establezca el traspaso de administración,

la mina salina de Puerto Alejandro debió continuar bajo la ad-

ministración del municipio Barahona.

IV. POSIBLE SOLUCIÓN

Después de desarrollar todo lo antes señalado, conforme a

nuestro razonamiento y a la cuestión planteada, manteniendo

nuestra posición y criterio en el caso que ahora nos ocupa, en

cuanto a que ratificamos la solución ya dada, de que se debió

mantener la mina salina de Jaquimeyes bajo la administración

del Ayuntamiento municipal de Barahona.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez