Sentencia TC/0330/18

• Páginas: 693-703
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0330/18

Referencia: Expediente núm. TC-042017-0202, relativo

al recurso de revisión de decisión jurisdiccional interpuesto

por el señor Juan Andrés de la Cruz contra la Resolución

núm. 152, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia el veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete

(2017).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo

Domingo, República Dominicana, a los cuatro (4) días del mes

de septiembre del año dos mil dieciocho (2018).

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO

RAFAEL DÍAZ FILPO

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y

legales, y específicamente las previstas en los artículos 186 de

la Constitución de la República y 30 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, de fecha trece (13) de junio del año dos mil

once (2011), emitimos el siguiente:

1. Consideraciones previas:

1.1. El conflicto tiene su origen en la demanda en rescisión

de contrato de alquiler, cobro de alquileres y desalojo por falta

de pago iniciada por los señores Rosaura Lara Tejeda, Manecia

Rosaura Lara Tejeda, Cristóbal Lara Tejeda, Pura Concepción

Lara Galán, Juana Altagracia Lara Galán, Rafaela Lara Galán,

Esperanza Lara Aponte, Delfina Milagros Altagracia Lara

Castillo, Marcia Ivelisse Lara Espinal y Marilyn Altagracia Lara

Severino, contra el señor Juan Andrés de la Cruz.

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1.2. Dicha demanda fue acogida mediante la Sentencia No.

068-14-00280, dictada por el Juzgado de Paz de la Cuarta Cir-

cunscripción del Distrito Nacional, en fecha siete (7) de abril de

dos mil catorce (2014), ordenando la rescisión del contrato, el

pago de los montos dejados de pagar y el desalojo de las personas

que se encontraren ocupando el inmueble.

1.3. La supra indicada decisión fue objeto de un recurso

de apelación interpuesto por el señor Juan Andrés de la Cruz,

que fue decidido por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Co-

mercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional,

mediante la Sentencia No. 0716/2015, de fecha dos (2) de julio

de dos mil quince (2015), que pronuncia el defecto por parte

de concluir de la parte recurrente y, en consecuencia, ordenó el

descargo puro y simple.

1.4. No conforme con lo decidido en grado de apelación, el

señor Juan Andrés de la Cruz interpuso un recurso de casación

que fue declarado inadmisible por la Sala Civil y Comercial

de la Suprema Corte de Justicia, mediante la Resolución núm.

152, dictada en fecha veinticinco (25) de enero de dos mil die-

cisiete (2017), la cual es objeto del presente recurso de decisión

jurisdiccional.

2. Fundamento del Voto:

2.1. La mayoría de los Honorables Jueces que componen

este Tribunal Constitucional, han concurrido con el voto mayo-

ritario en la dirección de declarar inadmisible el presente recurso

por no satisfacer el requisito previsto en el artículo 53.3.c, argu-

mentando que: “…de la lectura de los alegatos que se articulan en

el escrito contentivo del presente recurso de revisión, se advierte que

el recurrente se limita a colocar un título con la indicada violación

para, posteriormente, citar textualmente los artículos 68 y 69 de la

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Constitución sin explicar en qué consistieron dichas violacio-

nes”; criterio que no compartimos, en base a los señalamientos

que exponemos a continuación:

a. En primer lugar, cabe destacar que conforme se verifica

en la instancia introductiva del presente recurso, el señor Juan

Andrés de la Cruz invocó la violación al debido proceso, como

consecuencia de la falta de motivación de la sentencia recurrida;

cuestión que impone examinar la misma, a fin de determinar la

veracidad o no de sus alegatos.

En apoyo a sus pretensiones, el recurrente detalladamente

sostiene que: ““la Suprema Corte de Justicia en su examen del

Recurso, lo declara INAMISIBLE, solo se limita a decir que es de

criterio Jurisprudencial de que las sentencias que contienen descargo

no son susceptibles de ningún Recurso, de lo que estamos totalmente

de acuerdo, pero en este caso el Recurso viene porque la sentencia,

notificada ya había perdido su carácter de fuerza de toda sentencia

ya estaba o caduca, por lo que a toda luz no puede producir efectos,

y el articulo 156 Art. 156.- (Mod. por la Ley No. 845 del 15 de

julio de 1978), no indica ante qué tribunal deba solicitarse la

caducidad”».

b. Sustentando su argumento, sobre la invalidez de la

sentencia recurrida en casación, el recurrente señala la inob-

servancia del artículo 156 del Código de Procedimiento Civil,

cuyo contenido dispone: “Toda sentencia por defecto, lo mismo

que toda sentencia reputada contradictoria por aplicación de la

ley, será notificada por un alguacil comisionado a este efecto, sea

en la sentencia, sea por un auto del presidente del tribunal que ha

dictado la sentencia. La notificación deberá hacerse en los seis meses

de haberse obtenido la sentencia, a falta de lo cual la sentencia se re-

putará como no pronunciada. Dicha notificación deberá, a pena de

nulidad, hacer mención del plazo de oposición fijado por el artículo

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157 o del plazo de apelación previsto en el artículo 443, según sea el

caso. En caso de perención de la sentencia, el procedimiento no podrá

ser renovado sino por una nueva notificación del emplazamiento

primitivo. El demandado será descargado de las costas del primer

procedimiento.

2.2. Del contenido de la instancia introductiva del presente

recurso, transcrito precedentemente, se evidencia que, contrario

a lo sostenido en la sentencia que motiva el presente voto, el

recurrente explicó, según su criterio, en que consistieron las

alegadas violaciones, lo cual imponía el análisis de todos los

requisitos de admisibilidad del recurso y luego, si procedía, el

conocimiento del fondo del asunto, en la forma que será esbo-

zada a continuación:

3. En cuanto a la admisibilidad del presente recurso de

revisión constitucional de decisión jurisdiccional.

3.1. Conforme al artículo 277 de la Constitución y el 53

de la Ley No. 137-11, las sentencias que hayan adquirido la

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad

a la Constitución del 26 de enero de 2010 son susceptibles del

recurso de revisión constitucional. En el presente caso se cumple

el indicado requisito, en razón de que la Resolución núm. 152,

fue dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia,

en fecha veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017),

por lo que adquirió el carácter definitivo, poniendo fin al indi-

cado proceso.

3.2. En cuanto al procedimiento de revisión, el artículo 54.

1 de la Ley No. 137-11 dispone que: “El recurso se interpondrá

mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del Tribunal

que dictó la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta

días a partir de la notificación de la sentencia.”»

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3.3. Conforme fue precisado en la Sentencia

TC/0143/15337, “el criterio sobre el plazo para la revisión consti-

tucional de decisión jurisdiccional será franco y calendario”». Este

plazo debe ser computado de conformidad con lo establecido

en el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, lo cual

aplica en este caso, en virtud del principio de supletoriedad,

por lo que el día de la notificación y el del vencimiento no se

contarán en el término general fijado por los emplazamientos,

las citaciones, intimaciones y otros actos hechos a persona o

domicilio. Si fuere feriado el último día de plazo, éste será

prorrogado hasta el siguiente.

3.4. En la especie, la referida Resolución núm. 152, fue

notificada al recurrente mediante el Acto No. 167/17338, de

fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil diecisiete (2017), y

el recurso de revisión fue interpuesto al dial siguiente, en fecha

veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete (2017), lo que

permite concluir que ha sido interpuesto en tiempo hábil.

3.5. De acuerdo con el referido artículo 53 de la Ley No.

137-11, el recurso de revisión constitucional contra decisiones

jurisdiccionales procede en tres casos: “1) cuando la decisión

declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, regla-

mento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un

precedente del Tribunal Constitucional; y 3) cuando se haya

producido una violación de un derecho fundamental”».

3.6. En la especie, se plantea la violación a la tutela judicial

efectiva por falta de motivación de la decisión, es decir, que se está

invocando la tercera causal indicada en el párrafo del numeral 3

337 Dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en fecha pri-

mero (1ro.) de julio del año dos mil quince (2015).

338 Instrumentado por el ministerial Juan Rafael Rodríguez, Alguacil Ordinario de la

Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Na-

cional

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del artículo 53, en cuyo supuesto el recurso procederá cuando se

cumplan los siguientes requisitos:

a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado for-

malmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación

haya tomado conocimiento de la misma.

b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de

la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya

sido subsanada.

c. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de

modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano

jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron

lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales e1

Tribunal Constitucional no podrá revisar.

3.7. Del contenido de la instancia introductiva del presente

recurso, se verifica que satisface el requisito previsto en el literal

(a) del artículo 53.3 de la Ley No. 137-11, puesto que la parte

recurrente ha invocado la vulneración antes señalada, con moti-

vo de la decisión objeto del presente recurso, por lo que no podía

ser invocada previamente.

3.8. De igual forma, satisface el requisito del literal b) del

artículo 53.3 de la Ley No. 137-11, toda vez que no existen

recursos ordinarios posibles contra la referida sentencia, ya que

el asunto recorrió los dos grados de jurisdicción (Juzgado de Paz

de la Cuarta Circunscripción del Distrito Nacional y Cuarta

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera

Instancia del Distrito Nacional) hasta llegar a la Suprema Corte

de Justicia, con motivo del recurso extraordinario de casación,

del cual resultó la decisión objeto del presente recurso.

3.9. En cuanto al requisito contenido en el literal c) del

artículo 53.3 de la indicada ley, este tribunal ha verificado que

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también se satisface en la especie, toda vez que la supuesta

violación la tutela judicial efectiva, ha sido imputada de modo

inmediato y directo a la Sala Civil y Comercial de la Suprema

Corte de Justicia, al no motivar la sentencia recurrida.

3.10. Resuelto lo anterior, es necesario ponderar lo previs-

to en el párrafo del artículo 53 de la Ley No. 137-11, el cual

prescribe que: “La revisión por la causa prevista en e1 numeral 3)

de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional

cuando éste considere que, en razón de su especial trascendencia o

relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifi-

que un examen y una decisión sobre el asunto planteado. El tribunal

siempre deberá motivar sus decisiones”».

3.11. La referida noción, de naturaleza abierta e inde-

terminada, fue definida por este Tribunal en su Sentencia

TC/0007/12, de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil doce

(2012), en la que estableció que “tal condición sólo se encuen-

tra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen

conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tri-

bunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan

su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o nor-

mativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental,

modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que

permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir inter-

pretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que

vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a

estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política

o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la

supremacía constitucional.”»

3.12. Luego de haber estudiado y ponderado los documen-

tos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, se

verifica el cuestionamiento de la tutela judicial efectiva, por lo

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que se concluye que el presente recurso de revisión tiene especial

trascendencia o relevancia constitucional, en razón de que su

conocimiento permitiría continuar profundizando y afianzando

la posición del Tribunal con respecto al derecho a obtener una

decisión bien motivada como elemento sustancial de la tutela

judicial efectiva y el debido proceso.

4. En cuanto al fondo del presente recurso de revisión

constitucional de decisión jurisdiccional.

4.1. El presente recurso de revisión es interpuesto contra la

Resolución núm. 152, dictada por la Sala Civil y Comercial de

la Suprema Corte de Justicia, en fecha veinticinco (25) de enero

de dos mil diecisiete (2017), en virtud de la cual se declara la

inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por el señor

Juan Andrés de la Cruz, contra la Sentencia No. 0716/2015,

dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha dos

(2) de julio de dos mil quince (2015).

4.2. En primer término, el recurrente invoca la falta de

motivación de la sentencia recurrida, cuestión que amerita la

realización del test propuesto en la Sentencia TC/0009/13,

del once (11) de febrero del año dos mil trece (2013), en la

que, refiriéndose al deber de los tribunales del orden judicial

de motivar adecuadamente sus decisiones, señala los siguientes

criterios:

a) Desarrollar de forma sistemática los medios en que funda-

mentan sus decisiones. En la especie fue realizada por el indicado

tribunal una correlación lógica entre lo invocado por la recurrente,

lo refutado por la parte recurrida y el contenido de la decisión

apelada, a los fines de determinar la procedencia o no de sus

pretensiones.

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b) Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la

valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde

aplicar. Este aspecto también fue observado por dicha Alta

Corte, realizando una minuciosa descripción del proceso, desde

la presentación de la demanda en rescisión de contrato, cobro

de alquileres y desalojo por falta de pago, hasta lo decidido en

primer y segundo grado; así como de los argumentos que sus-

tentaban los medios promovidos por el recurrente en su recurso

de casación.

c) Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan

determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión

adoptada. Con relación a este punto, vale destacar que luego de

verificar la incomparecencia del recurrente, no obstante haber

sido debidamente citado, a la audiencia fijada para conocer el

recurso de apelación el dos (2) de julio de dos mil quince (2015),

la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia cons-

tató que: … ante tal situación jurídica, la corte a qua, como es de

derecho, procedió a acoger las conclusiones de la parte recurrida y

pronunció el descargo puro y simple del recurso.

d) Evitar la mera enunciación genérica de principios o la in-

dicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que

establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción. Este

requisito fue cumplido por el indicado tribunal, vinculando la

normativa aplicable, la doctrina y su jurisprudencia constante,

al caso concreto, lo cual le permitió concluir lo siguiente: “…

que conforme a la doctrina mantenida de manera arraigada por

esta Suprema Corte de Justicia, sobre la solución que debe imperar

en estos casos, en el cual el abogado del apelante no concluye sobre

las pretensiones de su recurso, es que el abogado de la recurrida

puede, a su elección, solicitar que sea pronunciado el defecto y

el descargo puro y simple de la apelación, o que sea examinado

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y fallado el fondo del recurso; siempre que se cumplan, en la pri-

mera hipótesis, los requisitos antes señalados, a saber: a) que el

recurrente haya sido correctamente citado a la audiencia y no se

vulnere ningún aspecto de relieve constitucional que pueda causar

alguna merma lesiva al derecho de defensa y al debido proceso,

b) que incurra en defecto por falta de concluir y c) que la parte

recurrida solicite el pronunciamiento del descargo puro y simple

de la apelación , el tribunal puede, interpretando el defecto del

apelante como un desistimiento tácito de su recurso, pronunciar

el descargo puro y simple de dicha acción recursiva, sin proceder

al examen del fondo del proceso». En ese tenor sostuvo que, “…

en el caso planteado, existían las condiciones establecidas para que

el tribunal procediera, como lo hizo, acogiendo las conclusiones

de la parte recurrida orientada a pronunciar el descargo puro y

simple; que, de igual manera ha sido criterio constante de esta

Suprema Corte de Justicia, que las sentencias que se limitan a

pronunciar el descargo puro y simple no son susceptibles de ningún

recurso en razón de que no acogen ni rechazan las conclusiones de

las partes, ni resuelven en su dispositivo ningún punto de derecho,

sino que se limitan, como quedó dicho, a pronunciar el defecto por

falta de concluir del apelante y a descargar de la apelación pura y

simplemente a la parte recurrida;”

e) Como consecuencia de lo anterior, lo decidido por el

indicado tribunal también cumple con el deber de “asegurar,

finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función

de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a

la que va dirigida a la actividad jurisdiccional.”

4.3. En atención a las citadas comprobaciones, se verifica

que la citada Resolución núm. 152, ha sido precisa y suficien-

temente motivada, por lo que no se evidencia la violación a la

tutela judicial efectiva, promovida por el recurrente.

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5. Posible solución procesal

Los señalamientos que anteceden justifican nuestra posi-

ción de que, contrario a lo decidido en el voto mayoritario, el

presente recurso se debió admitir y rechazar en cuanto al fondo,

a fin de confirmar la decisión recurrida.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez