Sentencia TC/0340/17

• Páginas: 507-521
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0340/17

Referencia: Expediente núm. TC-04-2016-0084, relativo al

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

incoado por los señores Timoteo Frías García y Nuris Matos

Morel contra la Sentencia núm. 979, dictada por la Sala

Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el treinta

(30) de septiembre de dos mil quince (2015).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo

Domingo, República Dominicana, a los veintisiete (27) días del

mes de junio del año dos mil diecisiete (2017).

VOTO SALVADO CONJUNTO DE LOS MAGISTRADOS

MILTON RAY GUEVARA, VÍCTOR JOAQUÍN

CASTELLANOS PIZANO Y RAFAEL DÍAZ FÍLPO

En ejercicio de las prerrogativas que nos confiere el artículo

186175 de la Constitución y 30176 de la Ley núm. 137-11,Or-

gánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011),

modificada por la Ley núm. 145-11 del veintinueve (29) de

junio de dos mil once (2011), de acuerdo con nuestra posición

adoptada durante las votaciones de la presente sentencia y con

el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en esta

decisión, tenemos a bien señalar los siguientes argumentos que

sostienen nuestro voto salvado.

175 Integración y decisiones. El Tribunal Constitucional estará integrado por trece

miembros y sus decisiones se adoptarán con una mayoría calificada de nueve o más

de sus miembros. Los jueces que hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer

sus motivaciones en la decisión adoptada.

176 Obligación de Votar. Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor

o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y

disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido.

RAFAEL DÍAZ FILPO

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Expediente núm. TC-04-2016-0084, relativo al recurso de

revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por

los señores Timoteo Frías García y Nuris Matos Morel contra la

Sentencia núm. 979, dictada por la Sala Civil y Comercial de la

Suprema Corte de Justicia, el treinta (30) de septiembre de dos

mil quince (2015).

I. ANTECEDENTES

Los suscritos magistrados han expresado su opinión, funda-

mentada en la decisión adoptada en la presente sentencia consti-

tucional, por lo que han emitido voto salvado en la aprobación de

la misma. En consecuencia, en ejercicio de los referidos artículos

186 de la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11 del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, dejamos

constancia de las motivaciones de nuestra decisión.

Los señores Timoteo Frías García y Nuris Matos Morel

mediante instancia del primero (1) de junio de dos mil dieciséis

(2016), interpusieron un recurso de revisión constitucional de

decisión jurisdiccional, depositado en la Secretaría de la Su-

prema Corte de Justicia, en contra de la Sentencia núm. 979,

dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de

Justicia, el treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015),

cuya decisión fue la declaratoria de inadmisibilidad del recurso

de casación interpuesto, cuyo fallo es en la forma en que sigue:

“Primero: Declara inadmisible por caduco, el recurso de casación

interpuesto por los señores Timoteo Frías García y Nuris Matos Mo-

rel, contra la sentencia civil núm. 190-14, de fecha 10 de septiembre

de 2014, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de

Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís,

cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo;

Segundo: Compensa las costas.”

509

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

Los ahora recurrentes en revisión constitucional, alegan

en su escrito contentivo del presente recurso que la sentencia

objeto de este recurso de revisión constitucional – núm. 979,

dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de

Justicia el treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015)–,

carece de motivos, tanto de hecho como de derecho, en virtud

de que solo se limitó a decidir el caso con una legislación no

aplicable a la materia, por lo que, alegan que se les han vulnerado

las garantías de los derechos fundamentales177, la tutela judicial

efectiva y el debido proceso178, consagrados en la Constitución

de la República.

II. SINTESIS DEL CONFLICTO

La génesis del conflicto que nos ocupa, conforme a los

alegatos de las partes y los documentos anexos, se origina al

momento en que el señor Gean Franco Rizzi, ahora recurrido

constitucional, interpone un procedimiento de embargo in-

mobiliario sobre un inmueble propiedad de los hoy recurrentes

constitucionales, señores Timoteo Frías García y Nuris Matos

Morel, por ante la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sama-

ná, el cual, dentro de dicho procedimiento, demandaron la

177 Constitución dominicana. Artículo 68.- Garantías de los derechos fundamenta-

les. La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través

de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de

obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de

los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los

cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente

Constitución y por la ley.

178 Constitución dominicana. Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso.

Toda Persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a

obtener la tutela judicial efectiva, con respecto del debido proceso que estará confor-

mado por las garantías mínimas que se establecen a continuación

RAFAEL DÍAZ FILPO

510

nulidad del Pliego de Cargas, Cláusulas y Condiciones, lo cual

fue rechazado.

Ante la inconformidad con la antes señalada decisión,

presentaron un recurso de apelación, el cual fue rechazado

por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, fallo este

que motiva la interposición del recurso de casación por ante la

Suprema Corte de Justicia, siendo declarado inadmisible por su

Sala Civil y Comercial. Al no estar de acuerdo con dicha sentencia

presentaron el recurso de revisión constitucional que ahora nos

ocupa, a fin de que sean restaurados sus derechos alegadamente

vulnerados.

III. PRECISIÓN SOBRE EL ALCANCE DE LA MAYORIA

DE LOS VOTOS ADOPTADOS

Es preciso señalar que este voto se origina, en cuanto a que,

la generalidad de los Honorables Jueces que componen este Tri-

bunal han concurrido con el voto mayoritario en el entendido

de que la sentencia en cuestión, decide declarar inadmisible el

presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdic-

cional, en razón de que:

l) El Tribunal Constitucional considera que en el presente

caso no existe especial trascendencia o relevancia constitucional,

por lo que resulta inadmisible dicho recurso y el Tribunal Cons-

titucional no debe entrar a conocer su fondo, en razón de que la

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia se limitó

a declarar el recurso de casación inadmisible por caduco.

IV. FUNDAMENTOS DEL PRESENTE VOTO SALVADO

A. Nuest ro voto se s ustenta en la m otivación que funda men-

ta la decisión de esta sentencia, en cuanto a que determina que el

511

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional179 no

cumple con lo dispuesto en el párrafo del artículo 53 de la referida

ley núm. 137-11 sobre el Tribunal Constitucional y los Procedi-

mientos constitucionales, el cual dispone que: “La revisión por la

causa prevista en el Numeral 3) de este artículo sólo será admisible

por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en razón de

su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del

recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto

planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.”

B. Mantenemos nuestro voto salvado, en relación a la

equivocada interpretación dada en esta sentencia, en torno a lo

dispuesto en el literal c) del artículo 53.3 de la antes señalada

ley núm. 137-11, el cual expresa que: “c) Que la violación al

derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a

una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia

de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se

produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.”.

En ese sentido, esta sentencia argumenta, entre otros puntos

que: “i) El tercero de los requisitos se cumple, igualmente, ya que

en la especie se alega la violación a la tutela judicial efectiva y el

debido proceso de ley, como consecuencia de la declaratoria de

inadmisibilidad por caducidad del recurso de casación hecha

por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia,

vulneración que, en la eventualidad de que existiere, le es

imputable al referido tribunal.180”

C. En tal sentido es oportuno, consignar y desarrollar el an-

tes señalado artículo 53 de la Ley núm. 137-11 sobre el Tribunal

179 Conforme a lo establecido en el artículo 53 de la Ley 137-11 sobre el Tribunal Cons-

titucional y los procedimientos constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil

once (2011).

180 Subrayado y negrita nuestro

RAFAEL DÍAZ FILPO

512

Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, del trece

(13) de junio de dos mil once (2011), tal como sigue:

D. La presente sentencia, motivo de este voto salvado,

dejó claramente delimitado que el recuso que nos ocupa

cumple con la parte capital del antes indicado artículo, en

cuanto a que la sentencia ahora recurrida fue dictada con

posterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil diez

(2010), fecha de proclamación de nuestra Carta Magna;

específicamente, el treinta (30) de septiembre del dos mil

quince (2015).

E. Comprobado este presupuesto, corresponde pasar a

verificar los requerimientos exigidos por los tres numerales de

dicho articulado, tales como:

1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional

una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza.

2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Cons-

titucional. 3) Cuando se haya producido una violación de un

derecho fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos

y cada uno de los siguientes requisitos:

F. Vistos estos presupuestos y conforme a los alegatos pre-

sentados por la parte recurrente, señores Timoteo Frías García

y Nuris Matos Morel en cuanto a que, se le han vulnerado

derechos fundamentales, tales como la garantía de los derechos

fundamentales y el debido proceso. En tal sentido, queda evi-

denciado que en principio cumple con el numeral 3) del referido

artículo 53 de la Ley núm. 137-11.

G. Conforme al desarrollo del fondo de esta sentencia y

a lo establecido en la referida Ley núm. 137-11, en la parte in

fine del numeral 3) del artículo 53, siempre que concurran y se

cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

513

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado for-

malmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación

haya tomado conocimiento de la misma.

b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de

la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya

sido subsanada.

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de

modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano ju-

risdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al

proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal

Constitucional no podrá revisar.

H. Así también, esta sentencia desarrolla y expresa que el

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional,

que ahora nos ocupa, pronuncia que se cumple el primero y el

segundo de dichos requerimientos, en cuanto a que se ha in-

vocado la alegada vulneración de los derechos fundamentales,

ya que, para una mejor sustentación del tema, agregamos que,

basta con que los recurrentes aleguen vulneración de derecho

fundamental, para que se cumpla con dicho requisito, sin la

necesidad de prejuzgar el fondo de dichas alegaciones, siendo

suficiente que se evidencie una clara apariencia de buen dere-

cho y además, que en el caso de la especie, esta sentencia señala

que, se han agotado todos los recursos disponibles dentro de la

vía jurisdiccional, ahora, en relación a lo expresado por la ma-

yoría de los jueces que componen este Tribunal Constitucional,

en torno a que se cumple este tercer presupuesto de que, son

imputables a la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de

Justicia las alegadas conculcaciones de los referidos derechos

fundamentales al declarar inadmisible el recurso de casación

RAFAEL DÍAZ FILPO

514

por haber operado la caducidad del mismo181, motivación esta

que genera el voto que nos ocupa.

I. En este orden, hemos mantenido un criterio constante,

en torno a que, al decidir la solución de un conflicto, con la

aplicación de normas legales, esto no puede constituir una falta

imputable al tribunal que dictó la sentencia cuestionada en este

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional.

J. En tal sentido, somos de criterio que la aplicación de una

ley por parte de los tribunales de la República no puede asumirse

como una acción violatoria de algún derecho fundamental182, tal

como lo es en la especie, en tanto la Sala Civil y Comercial de

la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible por caduco, el

recurso de casación interpuesto por los señores Timoteo Frías

García y Nuris Matos Morel, bajo el argumento que sigue:

… del examen del expediente formado en ocasión del presente

recurso de casación, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema

Corte de Justicia ha advertido del acto núm. 1532/2014, de

fecha 3 de diciembre de 2014, instrumentado por Neftalí En-

carnación Calcaño, alguacil de estrado de la Cámara Penal del

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná,

que los recurrentes señores Timoteo Frías García y Nuris Matos

Morel, han incurrido en una inobservancia insalvable, pues en

dicho acto el ministerial actuante se limita a notificar al recu-

rrido una copia del memorial de casación depositado y del auto

del Presidente de la Suprema Corte de Justicia autorizándolos

181 Subrayado nuestro

182 Precedente este fijado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia TC/0057/12,

de fecha dos (2) de noviembre de dos mil doce (2012) y ratificado en las Sentencias

TC/0039/15, de fecha nueve (9) de marzo de dos mil quince (2015), TC/0508/16,

de fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil dieciséis (2016), el cual estableció

que: “la aplicación, en la especie, de la norma precedentemente descrita ha sido apegada

a lo dispuesto por el legislador y, en consecuencia, no es imputable a la Suprema Corte de

Justicia la comisión de una acción o una omisión cuya consecuencia haya sido la viola-

ción de un derecho fundamental”,

515

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

a emplazar, sin embargo, el referido acto no contiene empla-

zamiento en casación en la forma indicada en los artículos 6

y 7 de la Ley núm. 3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre

Procedimiento de Casación, cuya sanción es la caducidad del

recurso de casación por mandato expreso de la ley, la cual puede

ser pronunciada a solicitud de parte, o de oficio;”

K. Es oportuno señalar que, la norma mediante la cual,

la Suprema Corte de Justicia basó su motivación para fallar la

inadmisibilidad del recurso de casación, tal como lo citáramos

precedentemente, artículos 6 y 7 de la Ley núm. 3726, sobre

Procedimiento de Casación del veintinueve (29) de diciembre

de mil novecientos cincuenta y tres (1953), disponen que:

Art. 6.- En vista del memorial de casación, el Presidente pro-

veerá auto mediante el cual se autorizará el emplazamiento de

la parte contra quien se dirige el recurso. Este emplazamiento

se encabezará con una copia del memorial de casación y una

copia del auto del Presidente, a pena de nulidad, a cuyo efecto

el secretario expedirá al recurrente copia certificada tanto del

memorial como del auto mencionados.

El emplazamiento ante la Suprema Corte de Justicia deberá

contener, también a pena de nulidad: indicación del lugar o

sección, de la común o del Distrito de Santo Domingo en que

se notifique; del día, del mes y del año en que sea hecho; los

nombres, la profesión y el domicilio del recurrente; la designa-

ción del abogado que lo representará, y la indicación del estudio

del mismo, que deberá estar situado permanentemente o de

modo accidental, en la Capital de la República, y en la cual

se reputará de pleno derecho, que el recurrente hace elección de

domicilio, a menos que en el mismo acto se haga constar otra

elección de domicilio en la misma ciudad; el nombre y la resi-

dencia del alguacil, y el tribunal en que ejerce sus funciones; los

nombres y la residencia de la parte recurrida, y el nombre de la

persona a quien se entregue la copia del emplazamiento. Dentro

RAFAEL DÍAZ FILPO

516

de los quince días de su fecha, el recurrente deberá depositar en

Secretaría el original del acta de emplazamiento.

Art. 7.- Habrá caducidad del recurso, cuando el recurrente no

emplazare al recurrido en el término de treinta días, a contar de

la fecha en que fue proveído por el Presidente el auto en que se

autoriza el emplazamiento. Esta caducidad será pronunciada a

pedimento de parte interesada o de oficio.

L. Así como también, es oportuno indicar que los hoy

recurrentes constitucionales alegan violación de derecho funda-

mental, cuando la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte

de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación por que

no cumplieron con lo dispuesto en los antes referidos artículos

6 y 7 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación

del veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos cincuenta

y tres (1953). En tal sentido, los ahora jueces constitucionales,

suscritos de este voto salvado, han podido evidenciar que, con-

trario a dicho alegato, no se identifica que la comisión de una

acción o una omisión sea imputable a dicho tribunal, sino más

bien, este se limitó a aplicar una norma emanada del Poder Le-

gislativo, lo que trae como consecuencia, que la Suprema Corte

de Justicia no incurrió en violación de derecho fundamental

alguno, sino que la misma es imputable de modo directo a los

actuales recurrentes constitucionales, al no darle cumplimiento

a la norma antes referida183.

M. Sobre este punto, en cuanto a que somos de criterio que

la aplicación de una norma vigente por parte de los tribunales de

la República no debe ser causa de imputar violación de derecho

fundamental alguno al tribunal que la impone, es importante

183 Criterio este ya fijado, en un caso similar, por el Tribunal Constitucional en la Sen-

tencia TC/0407/16, del trece (13) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).

517

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

señalar que este Tribunal Constitucional fortaleció dicho criterio

en la sentencia TC/0039-15184, tal como sigue:

… de que toda norma legal dimanada del Congreso Nacional

como representante del pueblo y, por ende, depositario de la

soberanía popular, se encuentra revestida de una presunción de

constitucionalidad hasta tanto la misma sea anulada o decla-

rada inaplicable por el Tribunal Constitucional, en caso de un

control concentrado, o por los tribunales judiciales, en caso de un

control difuso de constitucionalidad. Este criterio respecto de la

denominada presunción de constitucionalidad de la cual están

investidas las leyes, ha sido reconocido por la jurisprudencia

constitucional comparada. En efecto, la Corte Constitucional

de Colombia ha señalado al respecto: La Corte ha sostenido que

la necesidad de que los ciudadanos formulen cargos de inconsti-

tucionalidad se debe a la presunción de constitucionalidad que

recae sobre las normas expedidas por el legislador. La presunción

de constitucionalidad constituye una garantía indispensable

para el adecuado funcionamiento del sistema de democracia re-

presentativa, en el cual la soberanía popular se ejerce a través del

legislador [Sentencia C-874/02, del quince (15) de octubre

de dos mil dos (2002); Corte Constitucional de Colombia].

Por su parte, el Tribunal Constitucional de Perú ha establecido:

Según el Principio de presunción de constitucionalidad, las leyes

gozan de la presunción que se encuentran de conformidad con la

Constitución, hasta que este Tribunal en ejercicio de su función

jurisdiccional la declare inconstitucional, en ese sentido todas

las normas que emanan del Estado son consideradas constitu-

cionales [Sentencia 00033-2007-PI/TC, del trece (13) de

febrero de dos mil nueve (2009); Tribunal Constitucional

de Perú]. Finalmente, el Tribunal Constitucional de Chile ha

expresado, sobre la cuestión, lo siguiente: La presunción de legiti-

midad o presunción de constitucionalidad consiste en que se pre-

suman válidas y legitimas las normas aprobadas por los poderes

184 Del nueve (9) de marzo de dos mil quince (2015)

RAFAEL DÍAZ FILPO

518

del Estado y que sólo resulta prudente y aconsejable declarar su

inconstitucionalidad cuando llegue a la íntima convicción que

la pugna entre la norma en análisis y la Constitución es clara

(…) [Sentencia núm. 309, del cuatro (4) de agosto del año

dos mil (2000); Tribunal Constitucional de Chile].”

N. En ese sentido, consideramos pertinente señalar que de

acuerdo con las disposiciones establecidas en los artículos 75.1185

y 109186 de la Constitución dominicana, en relación a los debe-

res de los ciudadanos, estos deben de acatar y cumplir las leyes

después de su promulgación, obligación esta que solo concluye

con la derogación de la misma, por otra ley, o por su declara-

toria de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional187,

caso este que no se aplica a la especie, ya que la norma aplicada

en el presente caso –Ley Núm. 3726, sobre Procedimiento de

Casación del veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos

cincuenta y tres (1953)–, se encuentra vigente.

O. Conforme al desarrollo precedentemente realizado,

hemos dejado claramente evidenciado que el presente recurso de

revisión constitucional no cumple con el requisito establecido en

el literal c), del numeral 3, del artículo 53 de la referida ley núm.

185 Artículo 75.- Deberes fundamentales. Los derechos fundamentales reconocidos en

esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y

moral, que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se

declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes: Acatar y cumplir

la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas.

186 Artículo 109.- Entrada en vigencia de las leyes. Las leyes, después de promulgadas,

se publicarán en la forma que la ley determine y se les dará la más amplia difusión

posible. Serán obligatorias una vez transcurridos los plazos para que se reputen co-

nocidas en todo el territorio nacional.

187 Sentencia del Tribunal Constitucional, TC/0274/13, de fecha veintiséis (26) de di-

ciembre de dos mil trece (2013), la cual fija el precedente que sigue: “En nuestro

sistema constitucional prevalece el criterio de que una ley es constitucional hasta tanto el

órgano encargado del control de la constitucionalidad se pronuncie en sentido contrario,

de conformidad con la máxima in dubio pro-legislatore”

519

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

137-11, en cuanto a que, la violación al derecho fundamental sea

imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del

órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron

lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el

Tribunal Constitucional no podrá revisar.

P. En consecuencia, al determinar que este recurso de revi-

sión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto contra

la Sentencia núm.979 dictada por la Sala Civil y Comercial de

la Suprema Corte de Justicia el treinta (30) de septiembre de dos

mil quince (2015) no cumple con el presupuesto antes señalado,

no es necesario verificar si cumple o no con el siguiente presu-

puesto, relativo al estipulado en el párrafo del referido artículo

53 de la Ley núm. 137-11 sobre el Tribunal Constitucional y

los Procedimientos Constitucionales, ya que con ese incumpli-

miento automáticamente deviene la inadmisibilidad de dicho

recurso, sin necesidad de seguir constatando el cumplimiento de

los demás requisitos de admisibilidad.

Q. El señalado párrafo dispone que: “La revisión por la

causa prevista en el Numeral 3) de este artículo sólo será admi-

sible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que,

en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional,

el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una

decisión sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá

motivar sus decisiones.”

R. La especial trascendencia o relevancia constitucional al

ser una noción abierta e indeterminada, el Tribunal Constitucio-

nal configuro los supuestos necesarios, a fin de que un recurso de

revisión constitucional posea especial trascendencia o relevancia

constitucional, en su Sentencia TC/0007/12188, tal como sigue:

188 De fecha veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012)

RAFAEL DÍAZ FILPO

520

1) que contemplen conictos sobre derechos fundamenta-

les189 respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya

establecido criterios que permitan su esclarecimiento;

2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan

en el contenido de un derecho fundamental190, modificaciones

de principios anteriormente determinados;

3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o rede-

finir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas

legales que vulneren derechos fundamentales191;

4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema

jurídico de trascendencia social, política o económica cuya

solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía

constitucional.

S. En tal sentido, es evidente que cuando un recurso de

revisión constitucional se encuentre envuelto alegación de

vulneración de derecho fundamental, como es el caso de la

especie –alegación de violación a la garantía de los derechos

fundamentales y a la tutela judicial efectiva y debido proceso–,

nunca se debe motivar la carencia de la especial trascendencia

o relevancia constitucional, ya que desde un principio se pudo

comprobar que la admisibilidad del presente recurso, even-

tualmente devenía de la alegación de vulneración de derechos

fundamentales, presupuesto este sine qua non, conforme a la

referida Sentencia TC/0007/12, para que un recurso de revi-

sión constitucional posea especial trascendencia o relevancia

constitucional.

189 Negrita y subrayado nuestro

190 Negrita y subrayado nuestro

191 Negrita y rayado nuestro

521

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

V. POSIBLE SOLUCIÓN

Después del análisis previamente desarrollado, entendemos

conforme a nuestro razonamiento, a la cuestión planteada,

manteniendo nuestra posición y criterio en el caso que ahora

nos ha tocado conocer, en cuanto a que estamos de acuerdo con

la decisión adoptada por la mayoría de los jueces del Tribunal,

en que declara inadmisible el recurso de revisión constitucional

de decisión jurisdiccional, contra la Sentencia núm. 979 dictada

por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, el

treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015) interpuesto

por los señores Timoteo Frías García y Nuris Matos Morel; en

tanto que, sostenemos nuestro voto salvado, en torno a que, la

referida inadmisibilidad deviene en que, dicho recurso no cum-

ple con lo dispuesto en el literal c), del numeral 3, del artículo

53 de la referida Ley núm. 137-11, y no por el incumpliendo

de lo dispuesto en el Párrafo del señalado artículo 53, ya que se

demostró que hay alegación de derecho fundamental, situación

esta que impide que el recurso en cuestión no posea especial

transcendencia o relevancia constitucional.

Firmado: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Víctor

Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez