Sentencia TC/0362/15

• Páginas: 391-404
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0362/15

Referencia: Expediente núm. TC-01-2004-0016, relativo a la

acción directa de inconstitucionalidad incoada por Teleantillas

C. por A., Interamerica Broadcasting and Production Co., S.A.,

y Corporación Dominicana de Radio y Televisión, C. por A.,

contra la Resolución núm. 02-04, que homologa el reglamento

de tarifas por comunicación y ejecución pública de las obras

musicales fijada por la sociedad general de autores, compositores

y editores dominicanos de música (SGACEDOM), dictada por

la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), el veinte

(20) de febrero de dos mil catorce (2004).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo

Domingo, República Dominicana, a los catorce (14) días del

mes de octubre del año dos mil quince (2015).

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO

RAFAEL DÍAZ FILPO

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y

legales, y específicamente las previstas en el artículo 186 de la

Constitución dominicana y en el artículo 30 de la Ley núm. 137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, del trece (13) de junio del año dos mil once

(2011), y en atención a la posición sostenida durante las delibe-

raciones sobre la sentencia adoptada, dejamos constancia de las

motivaciones de nuestra decisión de la manera en que sigue:

1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

Las razones sociales Teleantillas, C. por A., Broadcasting

and Production Co., S. A. y Corporación Dominicana de Radio

RAFAEL DÍAZ FILPO

392

y Televisión, C. por A., el veintinueve (29) de septiembre de

dos mil catorce (2014), interpusieron una acción directa de

inconstitucionalidad contra la Resolución núm. 02-04, dictada

por la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores

Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) el veinte (20) de

febrero de dos mil cuatro (2004), mediante la cual se homologa

el Reglamento de Tarifas por Comunicación y Ejecución Pública

de las Obras Musicales.

Los accionantes alegan que la indicada resolución violenta

los principios de supremacía constitucional, tutela judicial

efectiva y debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad, los

cuales se encuentran consagrados en la actual Constitución, en

los artículos siguientes:

a) Artículo 6: “Todas las personas y los órganos que ejercen po-

testades públicas están sujetos a la constitución, norma suprema

y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos

de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto

contrario a esta Constitución”.

b) Artículo 69.4 “Tutela judicial efectiva y debido proceso.

Toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,

tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del

debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas

que se establecen a continuación: (…) 4) El derecho a un juicio

público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al

derecho de defensa.”

c) Artículo 40.15 “Derecho a la libertad y a la seguridad

personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad

personal. Por lo tanto: 15) A nadie se le puede obligar a hacer

lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe.

La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y

útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le

perjudica.”

393

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

d) Artículo 74.4 “Los poderes públicos interpretan y aplican las

normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías,

ene l sentido más favorable a la persona titular de los mismos y,

en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procuraran

armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución.”

Ante tal alegada vulneración, los accionantes pretenden que

se declare inconstitucional la Resolución núm. 02-04, dictada

por la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores

Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) en fecha veinte

(20) de febrero de dos mil cuatro (2004), mediante la cual se ho-

mologa el Reglamento de Tarifas por Comunicación y Ejecución

Pública de las Obras Musicales.

2. POSICIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La mayoría de los honorables jueces que componen este Tri-

bunal Constitucional, han concurrido con el voto mayoritario

en la dirección declarar la inadmisibilidad de la acción directa

de inconstitucionalidad interpuesta por las razones sociales

Teleantillas, C. por A., Broadcasting and Production Co., S. A.

y Corporación Dominicana de Radio y Televisión, C. por A., en

fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil catorce (2014),

contra la Resolución núm. 02-04, dictada por la Sociedad

General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de

Música, Inc. (SGACEDOM) el veinte (20) de febrero de dos

mil cuatro (2004), mediante la cual se homologa el Reglamento

de Tarifas por Comunicación y Ejecución Pública de las Obras

Musicales, fundamentado, entre otros motivos, en los siguientes:

“10.2.- El control constitucional es el mecanismo mediante el

cual se examina si los actos de los poderes públicos sean conformes

o no con la Constitución. Este tribunal constitucional ha esta-

blecido que las acciones directas estás destinadas, esencialmente,

RAFAEL DÍAZ FILPO

394

a ejercer un control in abstracto de aquellas normas o actos que

recaían en contradicción a nuestra Carta Magna, quedando ex-

cluido el conocimiento aquellos actos administrativos que estén

destinados a regular una situación, ya sea de carácter individual

o particular.”

“10.3. Este tribunal constitucional, y en virtud de la competen-

cia que le confieren el artículo 185, numeral 1, y el artículo 36

de la referida ley num.137-11, realizó, de modo interpretativo,

cuáles actos administrativos pueden ser objeto de un control

concentrado de inconstitucionalidad, señalado mediante la

Sentencia num. TC/0041/13, del quince (15) de marzo de

dos mil trece (2013), clasificando y limitando su competencia

para conocer de violaciones constitucionales producidas por actos

administrativos de alcance particular, estableciendo la siguiente

división:

Los actos administrativos de carácter normativo y alcance

general son susceptibles de ser impugnados mediante la acción

directa, pues al tratarse de un control abstracto o de contenido

de la norma, el tribunal constitucional verifica si la autoridad

pública responsable de producir la norma observó los valores,

principios y reglas de la Constitución de la República y del

bloque de constitucionalidad (supremacía constitucional).

Los actos administrativos de efectos particulares y que solo

inciden en situaciones concretas, deben ser tutelados mediante

la acción en amparo si se violan derecho fundamentales (Art.

75 de la Ley No. 137-11) o por la jurisdicción contenciosa-ad-

ministrativa en caso de violarse situaciones jurídicas o derechos

no fundamentales dentro del ámbito administrativo, estando la

decisión final sujeta a un recurso de revisión constitucional de

sentencias (Art. 53 de la Ley No. 137-11), por lo que no escapa

en ningún caso al control de la justicia constitucional.

Los actos administrativos producidos en ejecución directa e

inmediata de la Constitución y en ausencia de una ley que los

395

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

norme, aún no ostenten un alcance general o normativo, pueden

ser impugnados mediante la acción directa en inconstituciona-

lidad al tratarse de actuaciones que la Ley Sustantiva ordena

realizar bajo ciertas formalidades de tiempo o modo y a los fines

de que se garantice la supremacía constitucional, el tribunal

debe verificar el cumplimiento íntegro y cabal del mandato

constitucional.”

“10.5.- En el caso que nos ocupa, el acto cuya impugnación

pretende la accionante conlleva a la regulación del Reglamento

de tarifas, es decir, dicha resolución ordena que dicho reglamento

sea reajustado a las nuevas disposiciones, por lo que se trata de

un acto administrativo de efectos particulares, y no de un acto

normativo y de alcance general, y aunque la accionante realizar

argumentos de contradicciones de derechos fundamentales, el

mismo no contiene los requisitos exigidos que conlleva un acto

administrativo de alcance general, de igual forma dicha resolu-

ción se ha realizado acorde con la ley.”

10.8.- Luego de la interpretación entre la Constitución, la nor-

ma impugnada, los precedentes de este tribunal y lo dispuesto

en los artículos 165 numeral 2 y 139 de la Constitución, se

evidencia que la Resolución núm. 02/04, del veinte (20) de

febrero de dos mil cuatro (2004), no tiene un carácter norma-

tivo y general, sino que más bien, posee un carácter particular y

administrativo, por lo que la impugnación no puede realizarse

por la vía de la acción directa de inconstitucionalidad ante este

Tribunal Constitucional, sino por ante el Tribunal Superior

Administrativo. En consecuencia, procede declarar inadmisible

la presente acción directa de inconstitucionalidad.”

3. FUNDAMENTO DEL VOTO DISIDENTE

Tal como expresamos en las deliberaciones efectuadas por

el Pleno del Tribunal Constitucional, nos permitimos exponer,

con el debido respeto a la mayoría, las razones por las que nos

RAFAEL DÍAZ FILPO

396

apartamos de la solución dada por la mayor parte de los jueces

que integran este Tribunal.

El pleno del Tribunal ha asumido la decisión de declarar

la inadmisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad

interpuesta por las razones sociales Teleantillas, C. por A., Broad-

casting and Production Co., S. A. y Corporación Dominicana de

Radio y Televisión, C. por A., el veintinueve (29) de septiembre

de dos mil catorce (2014), contra la Resolución núm. 02-04,

dictada por la Sociedad General de Autores, Compositores y

Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) el veinte

(20) de febrero de dos mil cuatro (2004), mediante la cual se

homologa el Reglamento de Tarifas por Comunicación y Eje-

cución Pública de las Obras Musicales, por tratarse la misma de

un acto de alcance particular y administrativo. Por consiguiente,

nos permitimos exponer con el debido respeto a la mayoría, las

razones por las que con en el presente caso, nos apartamos del

citado criterio.

En cuanto a que, se trata de un acta administrativo de

carácter particular, basan su motivación en el hecho de que,

la señalada resolución homologa el Reglamento de Tarifas de

la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Do-

minicanos de Música, Inc., (SGACEDOM), en virtud de que

SGACEDOM, tiene la facultad legal para instituir las tarifas por

la utilización de obras, así como para condicionar el uso del re-

pertorio administrativo al pago de los derechos, toda vez, que la

Ley núm. 65-00, en su artículo 165, le confiere tal competencia,

por lo que, todas las controversias que se susciten en torno a

la fundamentación de su origen, los choques legales o consti-

tucionales que puedan sucederse en su contenido o ejecución,

así como todo lo relacionado al ejercicio excesivo o desviado de

propósito legítimo y facultades discrecionales, están sujetas al

397

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

control de la jurisdicción contencioso administrativa, por vía

de consecuencia, no es susceptible de ser impugnado mediante

la acción directa en inconstitucionalidad, conforme el criterio

sentado en numerosas sentencias dictadas por este órgano.

En tal sentido, entre las motivaciones que sustenta la

adopción del voto por parte de las mayorías de los honorables

jueces que conforman este tribunal esta la fijada en la Senten-

cia TC/0051/12, del diecinueve (19) octubre de dos mil doce

(2012), párrafo 8.2, página 11, ratificada en múltiples sentencia

de este tribunal constitucional113, en donde señala que la acción

directa de inconstitucionalidad está reservada para atacar aque-

llos actos estatales de carácter normativo y alcance general.

A partir de la reforma constitucional del 2010, el objeto

del control concentrado de constitucionalidad no se circunscribe

a la conformidad de las leyes con la Carta Magna, ya que el

mismo se ha ampliado para proteger y garantizar la vigencia de

los derechos fundamentales.

Conforme lo previsto en el artículo 185.1 de la Constitu-

ción: “El Tribunal Constitucional será competente para conocer en

única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad

contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a

instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los

miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier

persona con interés legítimo y jurídicamente protegido;” De ahí que

conjuntamente con los actos propiamente normativos (leyes,

113 TC/0052/12, TC/0053/12, TC/0055/12, TC/0066/12, TC/0067/12, TC/0068/12,

TC/0074/12, TC/0075/12, TC/0076/12, TC/0077/12, TC/0078/12, TC/0086/12,

TC/0087/12, TC/0089/12, TC/0102/12, TC/0103/12 y TC/0104/12, todas del

año 2012; TC/0056/13, TC/0060/13, TC/0065/13, TC/0066/13, TC/0117/13,

TC/0128/13, TC/0134/13, TC/0140/13, TC/0141/13, TC/0145/13, TC/0149/13,

TC/0165/13, TC/0195/13, TC/0253/13, TC/0259/13 y TC/0271/13 todas del

año 2013; y TC/0045/14, TC/0131/14, TC/0190/14 y TC/0402/14 correspon-

dientes al año 2014.

RAFAEL DÍAZ FILPO

398

reglamentos y ordenanzas), la indicada disposición incluye, sin

hacer ninguna distinción sobre sus efectos, a los decretos y reso-

luciones, que constituyen instrumentos en que los se exteriorizan

actos administrativos.

Asimismo, el artículo 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitu-

cionales (LOTCPC), establece que: “Objeto del Control Concen-

trado: “La acción directa de inconstitucionalidad se interpone ante

el Tribunal Constitucional contra las leyes, decretos, reglamentos,

resoluciones y ordenanzas, que infrinjan por acción u omisión,

alguna norma sustantiva.”

Acorde con lo anterior y coincidiendo con lo expresado por

Brewer Carías, el sistema dominicano de control concentrado

de constitucionalidad “abarca materialmente todos los actos del

Estado”114; tal como sucede en Costa Rica, Chile, Bolivia, Perú

y Ecuador, donde la Constitución permite impugnar ante la ju-

risdicción constitucional especializada los actos administrativos.

Como bien señala el profesor chileno Luis Alejandro Silva

Irarrázaval115 “El control de la juridicidad de los actos administra-

tivos no puede omitir la Constitución como parámetro de control,

porque su adecuación a esta norma es precisamente condición de

su validez. Sin embargo, el sistema de control de juridicidad de

los actos administrativos aplica deficientemente la Constitución,

prefiriendo aplicar la ley como criterio último de validez, dado

114 BREWER-CARÍAS (Allan R., “El sistema de justicia constitucional en la República

Dominicana y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales (2011)”, En Nestor Pedro Sagües y Lino VÁSQUEZ SÁMUEL

(Coords), VII Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional (San-

to Domingo: Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justi-

cia-Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, 2011), 307.

115 Luis Alejandro SILVA IRARRÁZAVAL, “Insuficiencia del Principio de Supremacía

Constitucional en el Control de Constitucionalidad de los Actos Administrativos”,

Ponencia XXXVI Jornadas Chilenas De Derecho Público.

399

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

ciertos supuestos. Esta situación es causa de los siguientes efectos: i.

La fuerza normativa de la Constitución es puesta en entredicho,

y con ella el Estado constitucional de Derecho; ii. La protección

eficaz de los derechos garantizados por la Constitución queda

subordinada a la ley; iii. Las posibilidades de un control eficaz

de la actividad de la Administración por parte de los órganos

competentes disminuyen.”

Adicionalmente a los señalamientos que anteceden, cabe

destacar que este Tribunal, haciendo uso de la distinción o “Dis-

tinguishing”116, ha admitido acciones directas en inconstitucio-

nalidad contra actos de efectos particulares; tal es el caso acogido

mediante la Sentencia núm. 127/13, del 2 de agosto del 2013,

contra un decreto que ordenaba la expropiación de unos terre-

nos, el cual había sido dictado posteriormente a la declaratoria

de nulidad por inconstitucionalidad de otro decreto anterior de

expropiación respecto a los mismos terrenos, sin variar la esencia

del acto. En consecuencia, este Tribunal se pronunció en el

sentido siguiente: “En definitiva, entendemos que en presencia de

una acción directa de inconstitucionalidad contra un acto estatal

de efectos particulares, cada vez que esté comprobado o exista la

presunción grave de que ha sido producido con dolo, es decir, con el

propósito deliberado de violar la Constitución, dicha acción debe

ser admitida, pues esta solución, que se constituye en excepción a la

jurisprudencia constitucional de que dicho recurso está reservado

para los actos estatales de efectos generales, es la más adecuada en

la misión de este tribunal constitucional de defender la vigencia del

estado social y constitucional de derecho.”

116 Facultad del juez constitucional de establecer excepciones al precedente constitu-

cional por existir, respecto de un caso, elementos particulares que ameritan una

solución diferente, sin que dicha circunstancia suponga la derogación del precedente

anterior.

RAFAEL DÍAZ FILPO

400

Del criterio sostenido en relación al presente tema, el Tri-

bunal Constitucional español ha estado más que claro en ello,

cuando ha establecido que, en presencia de los intereses comu-

nes, es decir, “aquellos en que la satisfacción del interés común es

la forma de satisfacer el de todos y cada uno de los que componen

la sociedad […] puede afirmarse que cuando un miembro de la

sociedad defiende un interés común sostiene simultáneamente un

interés personal, o, si se quiere desde otra perspectiva, que la única

forma de defender el interés personal es sostener el interés común”.

Conforme a la acción directa, objeto del voto disidente que

nos ocupa, estamos frente a una acción directa de inconstitucio-

nalidad contra una acción de la administración pública, y a tal

acto administrativo es, según es tradición citar la definición de

Zanobini, que completada por autores como García de Enterría,

vienen a definirlo como: “cualquier declaración de voluntad, de

juicio, de conocimiento o de deseo emanada de un sujeto de la Ad-

ministración pública en el ejercicio de una potestad administrativa

distinta de la potestad reglamentaria”. Al tenor de esta explicación

serían acto administrativo las autorizaciones o resoluciones por

las que se accede a una solicitud de un particular (declaración de

voluntad), las propuestas de resolución (declaración de deseo);

las certificaciones y las actas (declaración de conocimiento); o los

informes y dictámenes (declaraciones de juicio).

Es oportuno, agregar otras acepciones de acto administra-

tivo, a fin de que, quede claramente delimitado dicho concepto,

tales como:

1) Es el medio a través del cual la Administración Públi-

ca cumple su objetivo de satisfacer los intereses colectivos o

públicos.

2) Manifestación de la voluntad de una autoridad en su

ejercicio de la actividad administrativa que produce efectos

401

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

jurídicos como crear, transmitir, modificar o extinguir dere-

chos y obligaciones.

3) Declaración que se manifiesta de manera voluntaria en

el marco del accionar de la función pública y tiene la parti-

cularidad de producir, en forma inmediata, efectos jurídicos

individuales.

4) Declaración voluntaria que el Estado o un organismo

público realiza en nombre del ejercicio de la función pública y

que tendrá la intención de generar efectos jurídicos.

Las Resoluciones debidamente expedidas por un funciona-

rio y organismos en ejercicio y cumpliendo con sus funciones y/o

competencias constitucionales o legales asignadas a los fines, son

actos administrativos, es decir una categoría de documentos a

través de los cuales se expresa la “voluntad” de la administración,

su carácter resolutivo indica que “resuelven” una situación bien

sea de carácter general o de carácter particular y que por vía de

consecuencia genera efectos jurídicos.

En cualquier caso, esta disposición constitucional debe

interpretarse ampliamente, pues aquí el interés tiene que ver más

con la protección a la Constitución que con cuestiones particu-

lares, máxime cuando todos estamos sujetos a ella (artículo 6117

de la Constitución), como si fuera un contrato.

Asimismo, la excepción establecida por este tribunal al indicado

precedente, debe ser extendida a situaciones como la de la especie

en que se produce una vulneración a una exigencia constitucional.

Pues en mi criterio, en el marco de un Estado democrático

de derecho estructurado sobre la base de los valores supremos y

117 Constitución de la República Dominicana: Artículo 6.- Supremacía de la Cons-

titución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están

sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico

del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o

acto contrario a esta Constitución.

RAFAEL DÍAZ FILPO

402

principios fundamentales, entre ellos el principio de supremacía

constitucional, por lo que entendemos que bajo estos preceptos

es imposible sustraerse al control de constitucionalidad, exami-

nando el objetivo principal de la justicia constitucional, que es

garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de

los derechos fundamentales.

Después de delimitar los conceptos de las acciones y omi-

siones que pueden dar origen a la acción directa de inconstitu-

cionalidad y con el criterio claramente establecido en la presente

sentencia, en torno al interés legítimamente protegido, está por

demás decir que estamos frente a un caso que se encuentra re-

vestido de todos los presupuestos exigidos por la Constitución

para presentar la referida acción directa de inconstitucionalidad.

En ese sentido, si nos situamos en el hecho de que la revisión

de la referida acción directa es frente al control constitucional que

los jueces de este tribunal deben tener, constituye un aspecto real

al cual me sumaría, y, por tanto, rechazar la acción no es atinada.

Pero no desvalorar el hecho que esa acción está concretizada en

medios que envuelven los principios de constitucionalidad, las

garantías de los derechos fundamentales y de la tutela judicial

efectiva, los cuales nos impone que la acción sea revisada en el

fondo y no declarar su inadmisibilidad en la forma, como el

Tribunal Constitucional ha concluido.

En consecuencia está más que sostenido que la presente

acción directa de inconstitucionalidad es claramente admi-

sible, más aún que el objetivo del Tribunal Constitucional es

ser garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos,

por lo que, en ese sentido disentimos de la decisión adoptada

y reconocemos que la misma podría ser correcta en términos

técnicos y jurídicos, pero se aparta de la visión social que debe

tener el juez constitucional, que en la interpretación de la norma

403

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

y de la Constitución puede sobrepasar el sentido literal y tocar

la fibra humana, política, social y económica, que convierte al

ciudadano en el corazón de la justicia constitucional hasta llegar

a tener un sentido de identidad con el Tribunal Constitucional

como el fiel intérprete de la Constitución.

Finalmente, reitero mi posición planteada ya en anteriores

acciones directa de inconstitucionalidad118, de estar en desacuer-

do con la presente decisión de declarar inadmisible el recurso de

inconstitucionalidad que nos ocupa, ya que, como explicamos

en presente voto disidente, justificamos nuestra opinión en los

fundamentos constitucionales y legales precedentemente cita-

dos, y por lo que somos partidarios de que debió ser declarada

admisible la presente acción directa de inconstitucionalidad, en

cuanto a la forma, y conforme al desarrollo del fondo se debe

acoger o rechazar.

4. POSIBLE SOLUCIÓN PROCESAL

En atención a las consideraciones antes expuestas, enten-

demos que este Tribunal Constitucional debió adoptar que

las acciones de inconstitucionalidad contra actos de carácter

particular, como ocurre en la especie, un acto administrativo,

debió ser declarado admisible en forma y conforme al desarrollo

del fondo del caso decir si procede acoger o rechazarlo y por

vía de consecuencia declarar inconstitucional o constitucional la

norma atacada en inconstitucionalidad por las razones sociales

Teleantillas, C. por A., Broadcasting and Production Co., S. A.

y Corporación Dominicana de Radio y Televisión, C. por A., el

veintinueve (29) de septiembre de dos mil catorce (2014), contra

118 Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional No. STC/0041/13, de fecha quin-

ce (15) de marzo de marzo de dos mil trece (2013)

RAFAEL DÍAZ FILPO

404

la Resolución núm. 02-04, dictada por la Sociedad General de

Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música,

Inc. (SGACEDOM) el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro

(2004), mediante la cual se homologa el Reglamento de Tarifas

por Comunicación y Ejecución Pública de las Obras Musicales.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez