Sentencia TC/0365/15

• Páginas: 405-421
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0365/15

Referencia: Expediente núm. TC-01-2015-0011, relativo

a la acción directa de inconstitucionalidad incoado por el

señor Luis Manuel Pérez Guzmán contra la Resolución

núm. 13/2014, dictada por el Consejo del Poder Judicial el

ocho (08) de diciembre de dos mil catorce (2014).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo

Domingo, República Dominicana, a los catorce (14) días del

mes de octubre del año dos mil quince (2015).

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO

RAFAEL DÍAZ FILPO

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y

legales, y específicamente las previstas en el artículo 186 de la

Constitución dominicana y en el artículo 30 de la Ley núm.

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Proce-

dimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio del

año dos mil once (2011), y en atención a la posición sostenida

durante las deliberaciones sobre la sentencia adoptada, dejamos

constancia de las motivaciones de nuestra decisión de la manera

en que sigue:

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

A. Consideraciones previas:

Mediante la presente acción directa en inconstitucionalidad

interpuesta el diecinueve (19) de marzo del año dos mil quince

(2015), el señor Luis Manuel Pérez Guzmán, solicita la declara-

toria de inconstitucionalidad de la Resolución núm. 13/2014,

RAFAEL DÍAZ FILPO

406

emitida por el Consejo del Poder Judicial el 8 de diciembre de

dos mil catorce (2014), en su apartado donde se procede al nom-

bramiento como intérprete judicial, en el idioma italiano, de los

señores Giovanni Destro, Lucas Ugo Pellegri, Cristina Sergio,

Mauro Sgarzini y Natalia Verdelli, en virtud de la cual se dispone

lo que a continuación se transcribe:

“Primero: Designa a los candidatos detallados por idioma a

continuación, como Intérpretes Judiciales de la República

Dominicana, para el ejercicio de las funciones que le

son propias a este auxiliar de la justicia, solamente en el

idioma acreditado, según lo previsto en los artículos 101, 102,

103, 105 y 106 de la Ley 821, sobre Organización Judicial del

1927.

ITALIANO

Nº Numero de documento

de identidad Apellidos Nombres

4 001-1231032-1 Destro Giovanni

10 001-1486995-1 Pellegri Lucas Ugo

13 001-1801650-0 Sergio Cristina

14 AA1947400 Sgarzini Mauro

15 001-1296037-2 Verdelli Natalia

(…)”

A criterio del accionante aduce que, la citada resolución ata-

cada en la acción directa en inconstitucionalidad que nos ocupa,

vulnera los artículos 39, 40 numeral 15) y 156 de la Constitución

de la Republica, los cuales transcribimos a continuación:

“Artículo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas

nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y

trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan

407

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna

discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad,

nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión po-

lítica o filosófica, condición social o personal. En consecuencia:

1) La República condena todo privilegio y situación que tienda

a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos,

entre quienes no deben existir otras diferencias que las que

resulten de sus talentos o de sus virtudes;

2) Ninguna entidad de la República puede conceder títulos de

nobleza ni distinciones hereditarias;

3) El Estado debe promover las condiciones jurídicas y admi-

nistrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará

medidas para prevenir y combatir la discriminación, la margi-

nalidad, la vulnerabilidad y la exclusión;

4) La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe

cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de

igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se

promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradica-

ción de las desigualdades y la discriminación de género;

5) El Estado debe promover y garantizar la participación equi-

librada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos

de elección popular para las instancias de dirección y decisión

en el ámbito público, en la administración de justicia y en los

organismos de control del Estado.”

“Ar t íc u lo 40 . - De r ec h o a l a li b er t ad y se g ur i da d p e rs o na l . To d a

persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto:

15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni

impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos:

sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no

puede prohibir más que lo que le perjudica;…”

RAFAEL DÍAZ FILPO

408

“Artículo 156.- Funciones. El Consejo del Poder Judicial es

el órgano permanente de administración y disciplina del Poder

Judicial. Tendrá las siguientes funciones:

1) Presentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia los can-

didatos o candidatas para nombramiento, determinación de

jerarquía y ascenso de los jueces de los diferentes tribunales del

Poder Judicial, de conformidad con la ley;

2) La administración financiera y presupuestaria del Poder

Judicial;

3) El control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados

del Poder Judicial con excepción de los integrantes de la Suprema

Corte de Justicia;

4) La aplicación y ejecución de los instrumentos de evaluación

del desempeño de jueces y personal administrativo que integran

el Poder Judicial;

5) El traslado de los jueces del Poder Judicial;

6) La creación de los cargos administrativos del Poder Judicial;

7) El nombramiento de todos los funcionarios y empleados que

dependan del Poder Judicial;

8) Las demás funciones que le confiera la ley.”

Ante tal alegada vulneración, el accionante pretende que

se declare inconstitucional los señalados nombramientos,

como interpretes judiciales del idioma italiano, ya que el

Consejo del Poder Judicial no está investida con la autoridad

de poder modificar las condiciones de acceso a los puestos

en la justicia de forma tal que pueda desnaturalizar la ley,

conforme a los prescrito en el referido artículo 156 de la

Constitución.

409

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

II. PRECISIÓN SOBRE EL ALCANCE DE LA MAYORIA

DE LOS VOTOS ADOPTADOS

La mayoría de los honorables jueces que componen este

tribunal constitucional, han concurrido con el voto mayori-

tario en la dirección de declarar inadmisible la acción directa

en inconstitucionalidad contra la indicada Resolución núm.

13/2014, emitida por el Consejo del Poder Judicial el ocho (8)

de diciembre de dos mil catorce (2014), por tratarse de un acto

administrativo de efecto particular, asimismo no desarrollan si

el accionante posee o no un interés legítimo y jurídicamente

protegido, asimismo, no consigna en la sentencia sí se celebró

o no audiencia pública a fin de conocer la acción directa de

inconstitucionalidad que nos ocupa.

En cuanto a que, se trata de un acta administrativo de

carácter particular, basan su motivación en el hecho de que, la

señalada resolución designa un personal, tal facultad constituye

la expresión de la voluntad de tal órgano administrativo, en el

ejercicio de unas atribuciones que le han sido conferidas por el

artículo 80 de la Ley núm. 327-98, sobre Carrera Judicial, así

como por el artículo 100 de la Ley núm. 821, sobre Organización

Judicial, por lo que, todas las controversias que se susciten en

torno a la fundamentación de su origen, los choques legales o

constitucionales que puedan sucederse en su contenido o ejecu-

ción, así como todo lo relacionado al ejercicio excesivo o desviado

de propósito legítimo y facultades discrecionales, están sujetas al

control de la jurisdicción contencioso administrativa, por vía de

consecuencia, no es susceptible de ser impugnado mediante la ac-

ción directa en inconstitucionalidad, conforme el criterio sentado

en numerosas sentencias dictadas por este órgano.

En tal sentido, entre las motivaciones que sustenta la

adopción del voto por parte de las mayorías de los honorables

RAFAEL DÍAZ FILPO

410

jueces que conforman este tribunal esta la fijada en la sentencia

TC/0051/12, del diecinueve (19) de octubre de dos mil doce

(2012), párrafo 8.2, página 11, ratificada en múltiples sentencia

de este tribunal constitucional119, en donde señala:

“La acción directa en inconstitucionalidad, como proceso

constitucional, está reservada para la impugnación de aquellos

actos señalados en los artículos 185.1 de la Constitución de la

República y 36 de la Ley Orgánica No. 137-11 (leyes, decretos,

reglamentos, resoluciones y ordenanzas), es decir, aquellos actos

estatales de carácter normativo y alcance general. En la especie, el

acto impugnado tiene carácter de puro acto administrativo con

efectos particulares

120

(…)”.

III. FUNDAMENTO DEL PRESENTE VOTO DISIDENTE

III. A. SOBRE LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA

PÚBLICA

En este sentido, el artículo 41121 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, dispone la celebración pública de audiencia

119 TC/0052/12, TC/0053/12, TC/0055/12, TC/0066/12, TC/0067/12, TC/0068/12,

TC/0074/12, TC/0075/12, TC/0076/12, TC/0077/12, TC/0078/12, TC/0086/12,

TC/0087/12, TC/0089/12, TC/0102/12, TC/0103/12 y TC/0104/12, todas del

año 2012; TC/0056/13, TC/0060/13, TC/0065/13, TC/0066/13, TC/0117/13,

TC/0128/13, TC/0134/13, TC/0140/13, TC/0141/13, TC/0145/13, TC/0149/13,

TC/0165/13, TC/0195/13, TC/0253/13, TC/0259/13 y TC/0271/13 todas del

año 2013; y TC/0045/14, TC/0131/14, TC/0190/14 y TC/0402/14 correspon-

dientes al año 2014.

120 Subrayado nuestro

121 Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Cons-

titucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011). Artículo 41.-

Audiencia. Una vez vencido el plazo, se convocará a una audiencia oral y públi-

ca. A fin de que el accionante, la autoridad de la que emane la norma o el acto

cuestionado y el Procurador General de la República, presenten sus conclusiones.

Párrafo.- La no comparecencia de las partes no impide el fallo de la acción en

inconstitucionalidad.

411

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

a fin de conocer las acciones directas de inconstitucionalidad

interpuesta por ante el Tribunal Constitucional, debiendo com-

parecer el accionante y el procurador general de la República, y

después de la referida audiencia, el caso ya queda en condiciones

para ser fallado.

Conforme a todo lo antes referido, hemos podido verificar

que el Pleno del Tribunal Constitucional conoció la requerida

audiencia oral y pública, en fecha cinco (5) de junio de dos mil

quince (2015), por lo que, el proyecto debió consignar que sí se

cumplió con la prescripción establecida en el citado artículo 41

de la Ley núm. 13711, por vía de consecuencia, esta acción di-

recta de inconstitucionalidad contra Resolución núm. 13/2014,

emitida por el Consejo del Poder Judicial el ocho (8) de diciembre

de dos mil catorce (2014) había quedado en cabal condiciones

para que el Tribunal Constitucional dictara su decisión.

III. B. SOBRE LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL

ACCIONANTE

Es preciso señalar que este voto se origina porque la

presente sentencia no aborda el aspecto del interés legítimo y

jurídicamente protegido, consagrado en el artículo 185.1 de la

Constitución de la República y el artículo 37 de la Ley núm.

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedi-

mientos Constitucionales. La razón por la cual quien suscribe

considera que la presente acción directa de inconstitucionalidad

debe abordar la legitimación activa es que el accionante cumple

con los requerimientos de admisibilidad descritos en el artículo

185.1 de la Constitución de la República, el cual establece: Atri-

buciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer

en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad

contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a

RAFAEL DÍAZ FILPO

412

instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los

miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier

persona con interés legítimo y jurídicamente protegido, así como

en el artículo 37 de la Ley núm. 137-11, el cual establece:

Calidad para accionar. La acción directa de inconstitucionalidad

podrá ser interpuesta a instancia del Presidente de la República,

de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara

de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y

jurídicamente protegido, ya que el accionante tiene interés legítimo

y jurídicamente protegido para accionar en inconstitucionalidad

en tanto es un ciudadano que fue vinculado a un proceso en los

tribunales del orden judicial.

III. B. 1. Sobre la pronunciación del Tribunal Constitucio-

nal con relación a la legitimidad del accionante ante

la acción directa de inconstitucionalidad planteada

Entendemos que el accionante pretende y exige que este

Tribunal Constitucional garantice la supremacía de la Constitu-

ción y la protección de los derechos fundamentales consagrados

en ella. En la presente decisión, el Tribunal no aborda si el accio-

nante tiene o no legitimidad para accionar ante este colegiado,

razón por la cual consideramos oportuno, abordar esa parte tan

importante para el sistema constitucional y sus garantías, como

lo es el pronunciamiento de si un accionante es legítimo o no

ante el Tribunal, si tiene legitimidad o no para accionar, y así

darle fiel cumplimiento a lo estipulado en el artículo 185.1 de

la Constitución. Para poder entender nuestra posición, debemos

establecer el significado de legitimación activa o calidad de un

accionante, que es la facultad que ostentan las personas físicas o

jurídicas para poder interponer una acción directa de inconstitu-

cionalidad referido en el mismo artículo antes mencionado, que

413

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

confiere dicha condición a toda persona revestida de un interés

legítimo y jurídicamente protegido, por lo que entendemos que

este Tribunal debió de referirse y abordar sobre la legitimidad o

no del accionante Luis Manuel Pérez Guzmán.

En consecuencia, somos de opinión122, respetando la decisión

asumida por la mayoría del Pleno, y justificados en los artículos

185.1 de la Constitución de la República y 37 de la Ley núm.

137-11, de que sobre la base de dicha interpretación debió

abordarse la legitimidad del accionante para actuar por ante este

colegiado en acción directa de inconstitucionalidad. Entendemos

que el accionante tiene legitimidad o interés jurídico protegido en

virtud de que se trata de un ciudadano que con la resolución ahora

atacada en inconstitucionalidad, se le está afectando la protección

que el Estado debe garantizar, a todo trabajador del área corres-

pondiente a la traducción jurídica, por lo tanto puede que con esa

actuación, se le haya violentado algún derecho fundamental, en

consecuencia, en cualquier momento puede interponer una ac-

ción directa de inconstitucionalidad, cumpliendo de esta manera

con los requerimientos de los referidos artículos que abordan la

legitimidad activa o interés jurídico protegido.

III. C. SOBRE LA INADMISIBLIDAD DE LA

ACCIÓN DIRECTA DE INCONSTITUCIONA-

LIDAD CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATI-

VOS, POR SER DE CARÁCTER PARTICULAR, Y

NO DE CARÁCTER REGLAMENTARIO

Con el más absoluto respeto a la posición adoptada con

mayoría de esta decisión, nos permitimos exponer las razones

122 Posición vertida y reiterada en la Sentencia del Tribunal Constitucional TC/0287/13,

de fecha treinta (30) de diciembre de dos mil trece (2013)

RAFAEL DÍAZ FILPO

414

por las que, mantenemos nuestra posición adoptada en relación

a la inadmisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad

presentada contra actos administrativos, en tal sentido, nos apar-

tamos del citado criterio, por las consideraciones que siguen:

A. Nuestra discrepancia radica en el hecho de haber decla-

rado inadmisible la acción de inconstitucionalidad de la Resolu-

ción núm. 13/2014, emitida por el Consejo del Poder Judicial el

ocho (8) de diciembre de dos mil catorce (2014)

B. A partir de la reforma constitucional del 2010, el objeto

del control concentrado de constitucionalidad no se circunscribe

a la conformidad de las leyes con la Carta Magna, ya que el

mismo se ha ampliado para proteger y garantizar la vigencia de

los derechos fundamentales.

C. Conforme lo previsto en el artículo 185.1 de la Constitu-

ción123: “El Tribunal Constitucional será competente para conocer

en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad

contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a

instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los

miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier

persona con interés legítimo y jurídicamente protegido;” De ahí que

conjuntamente con los actos propiamente normativos (leyes,

reglamentos y ordenanzas), la indicada disposición incluye, sin

hacer ninguna distinción sobre sus

D. efectos, a los decretos y resoluciones, que constituyen

instrumentos en que los se exteriorizan actos administrativos.

E. En atención a la referida ampliación del objeto de la ac-

ción en inconstitucionalidad, el Constituyente del 2010 incor-

poró la condición del interés legítimo y jurídicamente protegido

que debe tener el accionante.

123 Constitución de la República del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010

415

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

F. Asimismo, el artículo 36 de la Ley núm. 137-11 Orgánica

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitu-

cionales (LOTCPC), establece que: “Objeto del Control Concen-

trado: “La acción directa de inconstitucionalidad se interpone ante

el Tribunal Constitucional contra las leyes, decretos, reglamentos,

resoluciones124 y ordenanzas, que infrinjan por acción u omisión,

alguna norma sustantiva.”

G. Acorde con lo anterior y coincidiendo con lo expresado

por Brewer Carías, el sistema dominicano de control concen-

trado de constitucionalidad “abarca materialmente todos los actos

del Estado”125; tal como sucede en Costa Rica, Chile, Bolivia,

Perú y Ecuador, donde la Constitución permite impugnar ante

la jurisdicción constitucional especializada los actos administra-

tivos. Como bien señala el profesor chileno Luis Alejandro Silva

Irarrázaval126 “El control de la juridicidad de los actos administra-

tivos no puede omitir la Constitución como parámetro de control,

porque su adecuación a esta norma es precisamente condición de

su validez. Sin embargo, el sistema de control de juridicidad de los

actos administrativos aplica deficientemente la Constitución, prefi-

riendo aplicar la ley como criterio último de validez, dado ciertos

supuestos. Esta situación es causa de los siguientes efectos: i. La

fuerza normativa de la Constitución es puesta en entredicho, y con

ella el Estado constitucional de Derecho; ii. La protección eficaz de

124 Subrayado nuestro

125 Allan R. Brewer-Carías, “El sistema de justicia constitucional en la República Domi-

nicana y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Cons-

titucionales (2011)”, En Nestor Pedro Sagües y Lino Vásquez Sámuel (Coords), VII

Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional (Santo Domingo:

Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia-Instituto Ibe-

roamericano de Derecho Procesal Constitucional, 2011), 307.

126 Luis Alejandro Silva Irarrázaval, “Insuficiencia del Principio de Supremacía Cons-

titucional en el Control de Constitucionalidad de los Actos Administrativos”», Po-

nencia XXXVI Jornadas Chilenas De Derecho Público.

RAFAEL DÍAZ FILPO

416

los derechos garantizados por la Constitución queda subordinada a

la ley; iii. Las posibilidades de un control eficaz de la actividad de la

Administración por parte de los órganos competentes disminuyen.”

H. Adicionalmente a los señalamientos que anteceden,

cabe destacar que este Tribunal, haciendo uso de la distinción

o “Distinguishing”127, ha admitido acciones directas en incons-

titucionalidad contra actos de efectos particulares; tal es el caso

acogido mediante la Sentencia No. 127/13, de fecha 2 de agosto

del 2013, contra un decreto que ordenaba la expropiación de

unos terrenos, el cual había sido dictado posteriormente a la

declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad de otro de-

creto anterior de expropiación respecto a los mismos terrenos,

sin variar la esencia del acto. En consecuencia, este Tribunal se

pronunció en el sentido siguiente: “En definitiva, entendemos que

en presencia de una acción directa de inconstitucionalidad contra

un acto estatal de efectos particulares, cada vez que esté comprobado

o exista la presunción grave de que ha sido producido con dolo, es

decir, con el propósito deliberado de violar la Constitución, dicha

acción debe ser admitida, pues esta solución, que se constituye en

excepción a la jurisprudencia constitucional de que dicho recurso

está reservado para los actos estatales de efectos generales, es la más

adecuada en la misión de este tribunal constitucional de defender la

vigencia del estado social y constitucional de derecho.”

I. Del criterio sostenido en relación al presente tema, el

Tribunal Constitucional español ha estado más que claro en ello,

cuando ha establecido que, en presencia de los intereses comu-

nes, es decir, “aquellos en que la satisfacción del interés común es

127 Facultad del juez constitucional de establecer excepciones al precedente constitu-

cional por existir, respecto de un caso, elementos particulares que ameritan una

solución diferente, sin que dicha circunstancia suponga la derogación del precedente

anterior.

417

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

la forma de satisfacer el de todos y cada uno de los que componen

la sociedad […] puede afirmarse que cuando un miembro de la

sociedad defiende un interés común sostiene simultáneamente un

interés personal, o, si se quiere desde otra perspectiva, que la única

forma de defender el interés personal es sostener el interés común”.

J. Conforme a la acción directa, objeto del voto disidente

que nos ocupa, estamos frente a una acción directa de inconsti-

tucional contra una acción de la administración pública, y a tal

acto administrativo es, según es tradición citar la definición de

Zanobini, que completada por autores como García de Enterría,

vienen a definirlo como: “cualquier declaración de voluntad, de

juicio, de conocimiento o de deseo emanada de un sujeto de la Ad-

ministración pública en el ejercicio de una potestad administrativa

distinta de la potestad reglamentaria”. AL tenor de esta explicación

serían acto administrativo las autorizaciones o resoluciones por

las que se accede a una solicitud de un particular (declaración de

voluntad), las propuestas de resolución (declaración de deseo);

las certificaciones y las actas (declaración de conocimiento); o los

informes y dictámenes (declaraciones de juicio).

K. Es oportuno, agregar otras acepciones de acto admi-

nistrativo, a fin de que, quede claramente delimitado dicho

concepto, tales como:

1) Es el medio a través del cual la Administración Pública

cumple su objetivo de satisfacer los intereses colectivos

o públicos.

2) Manifestación de la voluntad de una autoridad en su

ejercicio de la actividad administrativa que produce

efectos jurídicos como crear, transmitir, modificar o

extinguir derechos y obligaciones.

3) Declaración que se manifiesta de manera voluntaria en

el marco del accionar de la función pública y tiene

RAFAEL DÍAZ FILPO

418

la particularidad de producir, en forma inmediata,

efectos jurídicos individuales.

4) Declaración voluntaria que el Estado o un organismo

público realiza en nombre del ejercicio de la función

pública y que tendrá la intención de generar efectos

jurídicos.

L. Las resoluciones debidamente expedidas por un funcio-

nario en ejercicio y cumpliendo con sus funciones y/o compe-

tencias constitucionales o legales asignadas a los fines, son actos

administrativos, es decir una categoría de documentos a través

de los cuales se expresa la “voluntad” de la administración, su

carácter resolutivo indica que “resuelven” una situación bien

sea de carácter general o de carácter particular y que por vía de

consecuencia genera efectos jurídicos.

M. En cualquier caso, esta disposición constitucional debe

interpretarse ampliamente, pues aquí el interés tiene que ver más

con la protección a la Constitución que con cuestiones particu-

lares, máxime cuando todos estamos sujetos a ella (artículo 6128

de la Constitución), como si fuera un contrato.

N. Asimismo, la excepción establecida por este tribunal al

indicado precedente, debe ser extendida a situaciones como la

de la especie en que se produce una vulneración a una exigencia

constitucional.

O. Pues en mi criterio, en el marco de un Estado democrático

de derecho estructurado sobre la base de los valores supremos y

principios fundamentales, entre ellos el principio de supremacía

constitucional, por lo que entendemos que bajo estos preceptos

128 Constitución de la República Dominicana: Artículo 6.- Supremacía de la Cons-

titución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están

sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico

del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o

acto contrario a esta Constitución.

419

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

es imposible sustraerse al control de constitucionalidad, exami-

nando el objetivo principal de la justicia constitucional, que es

garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de

los derechos fundamentales.

P. Después de delimitar los conceptos de las acciones y

omisiones que pueden dar origen a la acción directa de incons-

titucionalidad y con el criterio claramente establecido en la pre-

sente sentencia, en torno al interés legítimamente protegido, está

por demás decir que estamos frente a un caso que se encuentra

revestido de todos los presupuestos exigidos por la Constitución

para presentar la referida acción directa de inconstitucionalidad.

Q. En ese sentido, si nos situamos en el hecho de que la

revisión de la referida acción directa es frente al control constitu-

cional que los jueces de este tribunal deben tener, constituye un

aspecto real al cual me sumaría, y, por tanto, rechazar la acción

no es atinada. Pero no desvalorar el hecho que esa acción está

concretizada en medios que envuelven los principios de consti-

tucionalidad129130, las garantías de los derechos fundamentales131

y de la tutela judicial efectiva, los cuales nos impone que la

acción sea revisada en el fondo y no declarar su inadmisibilidad

en la forma, como el Tribunal Constitucional ha concluido.

129 Ley 137-11Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucio-

nales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011). Artículo 7.- Principios

Rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los siguientes principios

rectores: (…)

130 Constitucionalidad. Corresponde al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial,

en el marco de sus respectivas competencias, garantizar la supremacía, integridad y

eficacia de la Constitución y del bloque de constitucionalidad.

131 Constitución de la República de 2010. Artículo 68.- Garantías de los derechos

fundamentales. La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamen-

tales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la

posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados

o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes

públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por

la presente Constitución y la ley.

RAFAEL DÍAZ FILPO

420

R. En consecuencia está más que sostenido que la presente

acción directa de inconstitucionalidad es claramente admisible, más

aún que el objetivo del Tribunal Constitucional es ser garante de

los derechos fundamentales132 de los ciudadanos, por lo que, en ese

sentido disentimos de la decisión adoptada y reconocemos que la

misma podría ser correcta en términos técnicos y jurídicos, pero

se aparta de la visión social que debe tener el juez constitucional,

que en la interpretación de la norma y de la Constitución puede

sobrepasar el sentido literal y tocar la fibra humana, política, social

y económica, que convierte al ciudadano en el corazón de la justicia

constitucional hasta llegar a tener un sentido de identidad con el

Tr i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l c o m o e l fi e l i n t é r p r e t e d e l a C o n s t i t u c i ó n .

S. Finalmente, reitero mi posición planteada ya en anteriores

acciones directa de inconstitucionalidad133, de estar en desacuerdo

con la presente decisión de declarar inadmisible la acción de incons-

titucionalidad que nos ocupa, ya que, como explicamos en presente

voto disidente, justificamos nuestra opinión en los fundamentos

constitucionales y legales precedentemente citados, y por lo que

somos partidarios de que debió ser declarada admisible la presente

acción directa de inconstitucionalidad, en cuanto a la forma, y

conforme al desarrollo del fondo se debe acoger o rechazar.

IV. POSIBLE SOLUCIÓN PROCESAL

En atención a las consideraciones antes expuestas, entende-

mos que este tribunal constitucional debió adoptar las siguientes

consideraciones:

132 Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitu-

cionales... CONSIDERANDO SEXTO: Que el Tribunal Constitucional fue con-

cebido con el objetivo de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del

ordenamiento constitucional y la protección de los derechos fundamentales.

133 Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional No. STC/0041/13, de fecha quin-

ce (15) de marzo de marzo de dos mil trece (2013)

421

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

A. En esta sentencia se debió consignar el hecho de que,

se celebró la audiencia oral y pública de la acción directa de in-

constitucionalidad contra la Resolución núm. 13/2014, emitida

por el Consejo del Poder Judicial en fecha ocho (8) de diciembre

de dos mil catorce (2014), interpuesta por el accionante, Luis

Manuel Pérez Guzmán, en fecha cinco (5) de junio de dos mil

quince (2015), y así quedara claramente establecido que se

cumplió con lo dispuesto en el citado artículo 41 de la Ley núm.

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedi-

mientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos

mil once (2011).

B. Además, la presente sentencia, objeto de este voto

disidente, debió abordar la legitimación activa o calidad del

accionante, considerando conforme a nuestro criterio preceden-

temente externado, que el señor Luis Manuel Pérez Guzmán

ostenta dicha calidad.

C. Asimismo, tenemos el criterio constante de que, las

acciones de inconstitucionalidad contra actos de carácter par-

ticular, como ocurre en la especie, un acto administrativo,

debió ser declarado admisible en forma y conforme al desa-

rrollo del fondo del caso decir si procede acoger o rechazarlo

y por vía de consecuencia declarar inconstitucional o constitu-

cional la norma atacada en inconstitucionalidad, la Resolución

núm. 13/2014, emitida por el Consejo del Poder Judicial

en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil catorce (2014),

respectivamente.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez