Sentencia TC/0452/17

• Páginas: 523-534
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0452/17

Referencia: Expediente núm. TC-04-2016-0199, relativo al

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

incoado por Breinlyn Santiago Hiciano contra la Sentencia

TSE-Núm. 613-2016, dictada por el Tribunal Superior

Electoral el seis (6) de julio de dos mil dieciséis (2016).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo

Domingo, República Dominicana, a los veinte (20) días del mes

de septiembre del año dos mil diecisiete (2017).

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO

RAFAEL DÍAZ FILPO

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y

legales, y específicamente las previstas en los artículos 186192 de

la Constitución de la República y 30193 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, de fecha trece (13) de junio del año dos mil

once (2011), modificada por la Ley núm. 145-11, de fecha vein-

tinueve (29) de junio de dos mil once (2011), de acuerdo con

nuestra posición adoptada durante las votaciones de la presente

sentencia y con el debido respeto hacia el criterio mayoritario

reflejado en la misma, tenemos a bien señalar los siguientes argu-

mentos que sostiene nuestro voto disidente, conforme a dichas

disposiciones que establece lo siguiente: En cuanto al primero:

192 Integración y decisiones. El Tribunal Constitucional estará integrado por trece

miembros y sus decisiones se adoptarán con una mayoría calificada de nueve o más

de sus miembros. Los jueces que hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer

sus motivaciones en la decisión adoptada

193 Obligación de Votar. Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor

o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y

disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido.

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“…Los jueces que hayan emitido un voto disidente podrán valer sus

motivaciones en la decisión adoptada.” Y en relación al segundo:

“…Los fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se

consignarán en la sentencia sobre el caso decidido.” En tal sentido,

emitimos el siguiente:

VOTO DISIDENTE:

1. Consideraciones previas:

a. El conflicto se origina con motivo de la solicitud presen-

tada por el señor Breinlyn Santiago Hiciano, candidato a alcalde

por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados, por

ante la Junta Electoral de Salcedo, a fin de obtener la nulidad

de las elecciones celebradas el quince (15) de mayo de dos mil

dieciséis (2016) y conteo manual de los votos emitidos en los co-

legios electorales del municipio de Salcedo, provincia Hermanas

Mirabal, por alegadas irregularidades presentadas durante dicho

proceso electoral.

b. La indicada solicitud fue acogida de manera parcial

por la Junta Central de Salcedo, mediante Sentencia núm.

0001, dictada el primero (1) de junio de dos mil dieciséis

(2016), en la que rechazó el escrutinio en los niveles A y B, y

acogió la solicitud de escrutinio en el nivel C, de los colegios

electorales del municipio de Salcedo y del Distrito Municipal

de Jamao; también, ordenó la exclusión del escrutinio en el

nivel C de las actas manuales y las actas electrónicas validadas

por todos los delegados políticos acreditados ante la Junta

Central Electoral.

c. La referida Sentencia núm. 0001, fue objeto de un re-

curso de apelación interpuesto por el señor Breinlyn Santiago

Hiciano, que fue rechazado por el Tribunal Superior Electoral,

525

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

mediante la Sentencia TSE-463-2016, de fecha siete (7) de junio

de dos mil dieciséis (2016), en virtud de la cual se confirma en

todas sus partes la decisión apelada.

d. En procura de obtener sus pretensiones, el recurrente

Breinlyn Santiago Hiciano interpuso un recurso de revisión

contra la referida Sentencia TSE-463-2016, por ante el Tribunal

Superior Electoral, el cual emitió la Sentencia TSE-6132016,

dictada el seis (6) de junio de dos mil dieciséis (2016), decidien-

do lo que a continuación se transcribe:

“Primero: Declara inadmisible, de oficio, el Recurso de Revisión

incoado el 29 de junio de 2016 por Lic. Breinly Santiago Hiciano,

en su calidad de candidato a diputado por el municipio de Salce-

do, provincia Hermanas Mirabal, por el Partido Revolucionario

Moderno (PRM) y al iados, contra la Se ntencia TSE-Núm. 463-

2016, dictada por este mismo Tribunal el 7 de junio de 2016, por

no cumplir con ninguna de las causales establecidas en el artículo

156 del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de

Actas del Estado Civil de este Tribunal.

Segundo: Ordena a la Secretaría General de este Tribunal la

notificación de la presente decisión a la Junta Central Electoral

y a las partes envueltas en el presente proceso.”

e. No conforme con esta última decisión, el señor Brein-

lyn Santiago Hiciano interpuso el presente recurso de revisión

constitucional de decisión jurisdiccional, a fin de que, les

sean restaurados sus derechos alegadamente vulnerados, tales

como: Derechos Fundamentales, Garantía Constitucionales,

Principio de Aplicación e Interpretación, Sobreranía Popu-

lar y Seguridad Jurídica, conforme a los artículos 2194, 7195,

194 Soberanía Popular.

195 Estado Social y Democrático de Derecho.

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526

8196, 39.3197,198, 40.15199,200, 49.1201, 69202, 74.2203,204, 74.4 y

100205,206,207 de la Constitución dominicana.

2. Fundamento del Voto:

A. La mayoría de los Honorables Jueces que componen

este Tribunal Constitucional, han concurrido en la dirección

de declarar inadmisible el presente recurso de revisión consti-

tucional de decisión jurisdiccional, por falta de objeto, bajo el

argumento de que: “…el objeto principal y la razón de ser del pre-

sente recurso de revisión constitucional han desaparecido, en ocasión

de que la parte recurrente pretendía que se dictara una sentencia

a su favor y se ordenara el escrutinio manual de la totalidad de

colegios electorales del municipio de Salcedo, pero como se verifica

por la juramentación y toma de posesión de los candidatos electos, en

196 Función esencial del Estado

197 Derecho a la igualdad: (…)

198 El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la

igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discrimi-

nación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión;

199 Derecho a la libertad y seguridad personal. (…)

200 A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la

ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil

para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica

201 Libertad de expresión e información. (…)

202 Tutela judicial efectiva y debido proceso

203 Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, inves-

tigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier

medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley;

204 Principios de reglamentación e interpretación. (…)

205 Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejerci-

cio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el

principio de razonabilidad

206 Principios de reglamentación e interpretación. (…)

207 Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fun-

damentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los

mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar

los bienes e intereses protegidos por esta Constitución.

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciséis (2016), el recurso

deviene en una falta de objeto, por tratarse de un proceso electoral

que jurídicamente ha concluido”; criterio que no compartimos, en

base a los señalamientos que exponemos a continuación:

B. En primer lugar, consideramos que admitir la falta de

objeto por el hecho de que haya concluido el proceso electoral,

se traduce en afirmar que la concreción del hecho o acto alegada-

mente conculcatorio de los derechos fundamentales purga toda

reclamación que al respecto se invoque. Admitir este criterio

resulta incompatible con la misión de garantizar la protección

de los derechos fundamentales y, en especial la tutela judicial

efectiva del impetrante, asignada a este Tribunal Constitucional,

en el artículo 184208 de la Carta Magna.

C. En ese orden de ideas, cabe destacar que existe un vínculo

inseparable entre democracia y derecho electoral. Esa posibilidad

que tiene todo ciudadano de controvertir oportunamente (como

ha sucedido en la especie) los actos estatales de elección que

contravienen la Constitución o la ley o que no responden a la

voluntad general, para que se declare su nulidad, es un elemento

central de un Estado Democrático de Derecho.

D. Tal como fue señalado por Ortega y Gasset, “la salud de

las democracias, cualesquiera que sean su tipo y grado, depende de

un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás

es secundario (…) sin el apoyo del auténtico sufragio las instituciones

democráticas están en el aire”209; y, en tal virtud, la legitimidad de

208 Tribunal Constitucional. Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la su-

premacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección

de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y

constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos

del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestar

209 ORTEGA Y GASSET, José. La rebelión de las masas. Santiago de Chile, Ed. Andrés

Bello, 1996, p.87.

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las instituciones públicas dependen de la confianza que se tenga

en los procesos electorales.

E. Cabe delimitar que el objeto del proceso constituye la

cuestión litigiosa sometida a consideración y fallo por parte

del órgano judicial en función de los hechos, fundamentos de

derecho y pretensiones oportunamente formuladas por las partes

en sus escritos introductivos de acciones o recursos. Luego de

iniciado el proceso puede producirse la pérdida del objeto, lo

cual requiere que se hayan satisfecho las pretensiones del

actor; no hay carencia sobrevenida sin satisfacción plena.

F. Con el presente recurso de revisión constitucional, el

recurrente constitucional, señor Breinlyn Santiago Hiciano,

persigue obtener la anulación de la referida decisión dictada

por el Tribunal Superior Electoral y, en consecuencia, no resulta

aplicable a la especie la causal de inadmisibilidad fundada en la

falta de objeto, cuando no han sido satisfechas las pretensiones

de los recurrentes, toda vez que la sentencia recurrida mantuvo

todo su valor y efecto jurídico. En efecto, el objeto del recurso de

revisión constitucional de decisión jurisdiccional, es el examen

de lo decidido con motivo de la indicada acción, y solo producto

de dicho examen correspondería hacer algún pronunciamiento

en torno a la demanda inicialmente sometida, todo lo cual fue

inobservado por la decisión mayoritaria.

G. Acorde a lo anterior, conviene señalar lo pronunciado

por el Tribunal Constitucional de España, en su sentencia

STC 102/2009, del veintisiete (27) de abril de dos mil nueve

(2009), los términos siguientes: “…la causa legal de terminación

anticipada de un proceso por pérdida sobrevenida de su objeto, de

conformidad a lo establecido en el artículo 22, se conecta con la

pérdida del interés legítimo en obtener la tutela judicial en relación

a la pretensión ejercitada, y precisamente por ello su sentido es evitar

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

la continuación de un proceso…”. Agrega dicho tribunal que para

que la decisión judicial de cierre del proceso por pérdida sobre-

venida del objeto resulte respetuosa del derecho fundamental a

la tutela judicial efectiva es necesario que la pérdida del interés

legítimo sea completa.

H. Además, consideramos oportuno señalar que, el sustento

de nuestro voto disidente también se sostiene, en la contundente

posición que hemos mantenido, en cuanto a que, la declaratoria

de inadmisibilidad por carecer de objeto deviene a la acción no al

recurso, por lo que mantenemos nuestra disidencia en relación a

la expresado en esta sentencia, específicamente en relación a: “En

este tenor, conviene recordar que el artículo 44 de la Ley núm. 834

sobre Procedimiento Civil de quince (15) de julio de mil novecientos

setenta y ocho (1978) reza de la siguiente manera: «[c]onstituye

una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al

adversario inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por

falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de

interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada».

I. En este sentido, hemos dejado claramente evidenciada

nuestra posición, en cuanto a que, si el recurso de revisión

constitucional de decisión jurisdiccional ha sido interpuesto

conforme a la Constitución de la República y la referida Ley

13711 sobre el Tribunal Constitucional y los Procedimientos

Constitucionales, específicamente, en los siguientes articulados:

a. De la Constitución dominicana:

Artículo 277.- Decisiones con autoridad de la cosa irrevo-

cablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan

adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada,

especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la

constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el

momento de la proclamación de la presente Constitución, no

podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las

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posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley

que rija la materia.

b. Sobre la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucio-

nal y los Procedimientos Constitucionales:

Artículo 9.- Competencia. El Tribunal Constitucional es

competente para conocer de los casos previstos por el Artículo

185 de la Constitución y de los que esta ley le atribuye. Conocerá

de las cuestiones incidentales que surjan ante él y dirimirá las

dificultades relativas a la ejecución de sus decisiones.

Artículo 53.- Revisión Constitucional de Decisiones Juris-

diccionales. El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de

revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posteriori-

dad al 26 de enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en

vigencia de la Constitución, en los siguientes casos:

1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional

una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza.

2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal

Constitucional.

3) Cuando se haya producido una violación de un derecho

fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada

uno de los siguientes requisitos:

a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado for-

malmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación

haya tomado conocimiento de la misma.

b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de

la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya

sido subsanada.

c. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de

modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar

al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribu-

nal Constitucional no podrá revisar.

Párrafo. - La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de

este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional

cuando éste considere que, en razón de su especial trascendencia

o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión

justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado.

El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.

Artículo 54.- Procedimiento de Revisión. El procedimiento

a seguir en materia de revisión constitucional de las decisiones

jurisdiccionales será el siguiente:

1) El recurso se interpondrá mediante escrito motivado deposita-

do en la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia recurrida,

en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación

de la sentencia.

J. Conforme a la documentación anexa, podemos eviden-

ciar que el presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional

cumple con lo dispuesto en la Constitución de la República y

con la parte capital del referido artículo 53 de la Ley núm. 137-

11, ya que la sentencia objeto de este recurso constitucional,

fue dictada en fecha seis (6) de julio de dos mil dieciséis (2016),

fecha esta posterior a la proclamación de la Constitución veinti-

séis (26) de enero de dos mil diez (2010).

K. Asimismo, podemos evidenciar, que el hoy recurrente

constitucional, señor Breinlyn Santiago Hiciano alega vulnera-

ción de derechos fundamentales, por parte del Tribunal Superior

Electoral al dictar la sentencia objeto de este recurso de revisión

constitucional, como entre otros, el Principio de Legalidad,

Principio de Certeza del acto electoral, Principio de Legalidad y

Principio Democrático, en consecuencia se cumple con uno de

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los presupuestos exigidos para la admisibilidad, tal como lo es el

establecido en el artículo 53.3 de la señalada Ley núm. 137-11.

L. En este sentido, la ley nos indica que además debe cum-

plir con los demás presupuestos, lo que se puede comprobar que

se cumple, ya que alegaron oportunamente los derechos fun-

damentales conculcados, así como, agotaron todos los recursos

existentes dentro de la jurisdicción ordinaria, también, dichas

alegaciones de las violaciones de derechos fundamentales son

imputables al tribunal que dictó la sentencia objeto del presente

recurso, Tribunal Superior Electoral.

M. Así como también, cumple con el requerimiento de la

especial trascendencia o relevancia constitucional, el cual, con-

forme con el precedente fijado por el Tribunal Constitucional

en su Sentencia TC/0007/12210, al ser la referida noción, de na-

turaleza abierta e indeterminada, la determinó, en los siguientes

casos: “1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales

respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido

criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por

cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un

derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente

determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional re-

orientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u

otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que

introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de tras-

cendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el

mantenimiento de la supremacía constitucional.” En consecuen-

210 De fecha veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012) De acuerdo al artículo

100 de la referida Ley 137-11, que el Tribunal Constitucional estima aplicable a

esta materia, la especial transcendencia o relevancia constitucional “(…) se apreciará

atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la

Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y concreta protección de los

derechos fundamentales”.

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

cia, la especial trascendencia o relevancia constitucional de este

recurso radica en que, el conocimiento del fondo permitirá al

tribunal continuar desarrollando el criterio sobre la observancia

de la garantía de la tutela judicial efectiva y el debido proceso en

materia electoral.

N. Asimismo, consideramos oportuno señalar también

que, el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias

TC/0063/12211, TC/0121/13 y TC/0041/17212 ha expresado lo

que sigue:

“(…) el recurso de revisión constitucional de decisiones juris-

diccionales constituye la vía destinada a controlar la constitu-

cionalidad de las actuaciones del Poder Judicial (TC/0053/12;

TC/0060/12) y de otros órganos jurisdiccionales (v.g. Tribunal

Superior Electoral), así como la efectividad del carácter vincu-

lante de las decisiones del Tribunal Constitucional y la protección

de los derechos fundamentales, siempre y cuando se cumplan

con los presupuestos de admisibilidad establecidos por la

ley. (…)

O. En consecuencia, comprobada la admisibilidad del re-

curso de revisión de decisión jurisdiccional que ahora nos ocupa,

es mas que evidente, se debió conocer el fondo del mismo y

conforme al desarrollo del análisis de los hechos, se podría deci-

dir si se acoge o no el referido recurso de revisión constitucional

y por vía de consecuencia, se daría la solución conforme a la

Constitución, a la Ley 137-11 sobre el Tribunal Constitucional

y los Procedimientos Constitucionales, y a las leyes que rigen la

presente litis.

211 De fecha veinte nueve (29) de noviembre de dos mil doce (2012)

212 De fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil diecisiete (2017)

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3. Posible solución procesal.

Los señalamientos que anteceden justifican nuestra posición

de que, contrario a lo decidido en el voto mayoritario, el presente

recurso debió admitirse y conocerse el fondo, a fin de determinar

la procedencia o no de las pretensiones del recurrente.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez.