Sentencia TC/0524/15

• Páginas: 439-455
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0524/15

Referencia: Expedientes núm. TC-042014-0108 y

TC-07-2014-0047, relativos al recurso de revisión

constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda

en suspensión de ejecución de sentencia, respectivamente,

ambos interpuestos por FIORI COLECCIÓN y

Francisco Oliva, contra la Sentencia núm. 395, dictada

por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso

Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema

Corte de Justicia el tres (3) de julio de dos mil trece

(2013).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo

Domingo, República Dominicana, a los doce (12) días del mes

de noviembre del año dos mil quince (2015).

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO

RAFAEL DÍAZ FILPO

VOTO DISIDENTE:

En ejercicio de las prerrogativas que nos confiere los ar-

tículos 186 de la Constitución dominicana, del veintiséis (26)

de enero de dos mil diez (2010), y 30 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011),

de acuerdo con nuestra posición adoptada durante las votaciones

de la presente sentencia y con el debido respeto hacia el criterio

mayoritario reflejado en la presente sentencia, tenemos a bien

señalar los siguientes argumentos que sostiene nuestro voto

disidente.

RAFAEL DÍAZ FILPO

440

I. ANTECEDENTES

El suscrito magistrado ha expresado su opinión, fun-

damentada en la decisión adoptada en la presente sentencia

constitucional, por lo que ha emitido voto disidente en la

aprobación de la misma. En consecuencia, conforme con los

artículos 186 de la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, dejamos constancia de las motivaciones de

nuestra decisión.

La razón social Fiori Colección y el señor Francisco Oliva,

hoy recurrentes, mediante instancias recibidas el cinco (5) de

agosto de dos mil trece (2013) interpusieron un recurso de re-

visión constitucional de decisión jurisdiccional y una demanda

en suspensión de ejecución de sentencia, contra la Sentencia

núm. 395, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras,

Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la

Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo declara la inadmisibili-

dad del recurso de casación interpuesto por los referidos ahora

recurrentes, tal dictamen motivó la presentación del recurso de

revisión constitucional que nos ocupa, con la finalidad de que

sea anulada la señalada sentencia, y en tal sentido sea remitido el

expediente por ante la misma sala, a fin de que la Suprema Corte

de Justicia declare la admisibilidad del recurso, en vista de que

la demanda supera los veinte (20) salarios mínimos exigidos en

el artículo 641 del Código de Trabajo y por vía de consecuencia

proceda a abordar el conocimiento de los medios indicados en el

recurso de casación y por vía de consecuencia, sean restaurados

los derechos fundamentales alegadamente vulnerados, tales

como, la supremacía constitucional, a la intimidad y honor

personal, derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva y

debido proceso.

441

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

II. SINTESIS DEL CONFLICTO

La síntesis del conflicto, conforme a las piezas del expedien-

te y a los argumentos presentados por las partes, tiene su génesis

cuando los ahora recurrentes, la razón social Fiori Colección y

el señor Francisco Oliva, despiden a la empleada, señora Beatriz

Rodríguez Ventura, hoy recurrida, como consecuencia, interpu-

so una demanda en pago de prestaciones laborales y derechos

adquiridos, siendo acogida parcialmente dicha demanda, en

cuanto a los derechos adquiridos y la rechaza en cuanto a la

demanda en cobro de prestaciones laborales, por la Cuarta Sala

del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, ante tal fallo la

referida señora Rodríguez interpone un recurso de apelación, el

cual fue acogido en parte, condenando a la señalada empresa

Fiori Colección el pago de sus prestaciones laborales, por la

Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional.

Como consecuencia de dicha sentencia, la razón comercial

Fiori Colección interpone formal recurso de casación, el cual

fue declarado inadmisible por la Tercera Sala de la Suprema

Corte de Justicia, decisión esta que motivó presentar el recurso

de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que ahora

nos ocupa, a fin de que sea anulada y devuelto el expediente por

ante la Suprema Corte de Justicia y proceda de nuevo a conocer

el mismo.

III. PRECISIÓN SOBRE EL ALCANCE DE LA MAYORIA

DE LOS VOTOS ADOPTADOS

Es preciso señalar que este voto se origina, en cuanto a

que, la generalidad de los honorables jueces que componen este

tribunal, han concurrido con el voto mayoritario en el entendido

de que, la sentencia en cuestión, decide: “DECLARAR inadmi-

sible el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

RAFAEL DÍAZ FILPO

442

interpuesto por FIORI COLECCIÓN y Francisco Oliva contra la

Sentencia núm. 395, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral,

Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la

Suprema Corte de Justicia el tres (3) de julio de dos mil trece (2013),

por no evidenciarse violación de derecho fundamental alguno, lo

que hace carecer de trascendencia y relevancia constitucional»

En ese sentido, la sentencia constitucional objeto del pre-

sente voto disidente, basó su decisión de inadmisibilidad del

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que

nos ocupa, entre otros puntos, en lo que sigue:

“En la especie, en consecuencia, no se suscitó ninguna discusión

relacionada con la protección de los derechos fundamentales

ni a la interpretación de la Constitución, cuestiones a las

cuales está referida la noción de especial trascendencia o re-

levancia constitucional. Para declarar la inadmisibilidad de

un recurso de casación por la causa indicada solo es necesario

que el tribunal apoderado del mismo determine si la suma

condenatoria excede o no el monto que prescribe el artículo

641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar los

medios del recurso.”

El fallo adoptado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras,

Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la

Suprema Corte de Justicia, motivó el presente recurso de revi-

sión constitucional de decisión jurisprudencial, cuya sentencia

declara la inadmisibilidad del recurso de casación, fundado ente

otras motivaciones, en el entendido de que, consideró que: “al

momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido,

estaba vigente la Resolución núm. 1-2009, dictada por el Comité

Nacional de Salarios, en fecha 7 de julio de 2009, que establecía un

salario mínimo de Ocho Mil cuatrocientos Sesenta y Cinco Pesos con

00/00 (RD$8,465.000) mensuales, para todos los trabajadores

443

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

que prestan servicios como vigilantes,144 por lo que el monto de

veinte salarios mínimos ascendía a Ciento Sesenta y Nueve y Nueve

Mil Trescientos Pesos con 00/00(RD$169,300.00), suma que como

es evidente, no es excedida por la totalidad de las condenaciones que

impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata

debe ser declarado inadmisible, (…)”.

En consecuencia, como en la sentencia constitucional objeto

del presente voto disidente, se determinó que el referido recurso

no cumple con los presupuestos exigidos a la luz del artículo

53., ya que no se ha producido una violación de un derecho

fundamental, conforme a las disposiciones constituidas por el

numeral 3) del referido artículo 53145 de la Ley núm. 137-11:

“3) Cuando se haya producido una violación de un derecho

fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y

cada uno de los siguientes requisitos:

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado for-

malmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación

haya tomado conocimiento de la misma.

b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de

la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya

sido subsanada.

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de

modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano ju-

risdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al

proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal

Constitucional no podrá revisar.”146

144 Negrita y subrayado nuestro.

145 Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales.

146 Subrayado nuestro

RAFAEL DÍAZ FILPO

444

El decide adoptado por la mayoría de los jueces del Tribu-

nal Constitucional, en torno a esta sentencia constitucional, es

basado fundamentalmente, en lo establecido en el literal c) del

numeral 3) del artículo 53 y su párrafo de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, en cuanto a que, las alegadas violaciones de los

derechos fundamentales, no se les puede imputar dichas violacio-

nes al tribunal que falló la sentencia objeto del presente recurso de

revisión constitucional, ya que tal decisión se basó en una norma

legal establecida en el artículo 641 del Código de Trabajo que reza

así: “…No será admisible el recurso después de un mes a contar de la

notificación de la sentencia ni cuando ésta imponga una condena-

ción que no exceda de veinte salarios mínimos.147”

IV. FUNDAMENTOS DEL PRESENTE VOTO DISIDENTE

La disidencia planteada en ocasión de la decisión adoptada

en el Pleno del Tribunal Constitucional, en torno a la inad-

misibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional contra la Sentencia núm. 395, dictada por la

Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo

y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, de

fecha tres (3) de julio de dos mil trece (2013), se basa en el hecho

de que al tomar la decisión de inadmisibilidad de los recursos

interpuestos, tanto por la Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia, como por el Tribunal Constitucional, les fueron vul-

nerados los derechos fundamentales a los recurrentes, la razón

social Fiori Colección y el señor Francisco Oliva, tales como: el

principio de la seguridad jurídica y de la igualdad, violación al

derecho de defensa, entre otros.

147 Negrita y subrayado nuestro

445

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

A. Motivaciones del voto disidente

En ese orden, las motivaciones del fondo de la sentencia

constitucional, objeto de este voto disidente, expresa en relación

a las disposiciones establecidas en el artículo 277148 de la Consti-

tución de la República y del artículo 53 de la Ley núm. 137-11

Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos

Constitucionales, que el presente recurso de revisión constitu-

cional de decisión jurisdiccional cumple con el hecho de que se

trata de una decisión que ha adquirido la condición de lo irrevo-

cablemente juzgado, de fecha posterior a la promulgación de la

Carta Magna, veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), ya

que la sentencia recurrida en revisión constitucional data del tres

(3) de julio de dos mil trece (2013).

Además, el recurso de revisión constitucional que nos

ocupa, tiene configurado el requisito establecido en el referido

artículo 53, numeral 3), en cuanto a que, los ahora recurrentes,

la razón social Fiori Colección y el señor Francisco Oliva, han

alegado que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia

incurrió en una incorrecta aplicación del el artículo 641 del

Código de Trabajo, en cuanto a que, la imposición de la condena

debe exceder los veinte (20) salarios, en tal sentido, además, no

valoraron lo establecido por el Comité Nacional de Salarios,

en relación a cuál es el salario mínimo de acuerdo al sector

laboral a que pertenece el empleador demandado, ya sean zona

franca, gastronómicas, sector de la construcción, trabajadores

del campo, vigilantes y no sectorizados, dependiendo además,

de la escala del capital que posean las razones sociales, oscilan

desde 0 hasta RD$2,000,000.00; desde RD$2,000,000.01 hasta

148 Constitución de la República del 26 de enero de 2010. Artículo 277.- Decisiones

con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

RAFAEL DÍAZ FILPO

446

RD$4,000.000.00 y desde RD$4,000,000.01 en adelante, por

lo que, por ello, los recurrentes alegan que le ha vulnerados

sus derechos a los establecidos en los principios de igualdad y

seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, debido proceso y al

derecho a la defensa, tal como lo señala esta sentencia objeto del

voto particular que nos ocupa.

Ante tales alegaciones, más adelante, a través del desarrollo

de las motivaciones que ha dado origen a este voto disidente, ante

la discrepancia presentada en el Pleno al momento de acoger la

decisión en relación al recurso de revisión constitucional objeto

de este voto particular, vamos a dejar claramente edificado, de

que el mismo si cumple con todos y cada uno de los presupuestos

exigidos a la luz del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, para que

sea declarado admisible.

B. Consideraciones fácticas de la litis en cuestión

En tal sentido, la Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso

Administrativo y Contencioso Tributario adoptó su fallo en

base a que el monto del salario mínimo que le correspondía al

momento de la terminación del contrato de trabajo, objeto del

recurso que nos ocupa, era de ocho mil cuatrocientos sesenta y

cinco pesos mensuales (RD8,465.00), establecido por el Comité

Nacional de Salarios para los que prestan servicios de vigilantes,

lo cual ascendían los veinte (20) salarios mínimos a un monto

de la demanda superior a ciento sesenta y nueve mil trescientos

pesos dominicanos (RD$169, 300.00).

Dando continuidad a lo antes señalado y conforme a las

certificaciones otorgadas por el Ministerio de Industria y Co-

mercio y el Ministerio de Trabajo, la empresa demandada en

pago de prestaciones laborales, hoy recurrente, Fiori Colección,

caía dentro de la categoría de pequeña empresa, con menos de

447

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

veinte (20) empleados, cuyo salario mínimo según el sector, esta

dentro de la categoría de seis mil ochocientos ochenta pesos

dominicanos (RD$6,880.00), por lo que, el monto total de los

veinte (20) salarios asciende a ciento treinta y siete mil seiscientos

pesos dominicanos (RD$137,600.00).

Por lo tanto, ha quedado claramente evidenciado que,

como la demanda laboral relativa al pago de las prestaciones a

la hoy recurrida, señora Beatriz Rodríguez Ventura, conforme a

la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo

del Distrito Nacional, objeto del recurso de casación, ascendía a

un monto de ciento cincuenta mil seiscientos ochenta y cuatro

pesos dominicanos con 62/100 (RD$150,684.62), ascendió a

un monto superior a los veinte (20) salarios mínimos, corres-

pondía a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, admitir

el recurso de casación y conforme al desarrollo del fondo, acoger

o rechazar el referido recurso.

Los ahora recurrentes argumentaron en el recurso de revi-

sión constitucional, objeto de la sentencia que motivó el presente

voto disidente, en cuanto a: “Que la categoría con la cual se

establece el monto del salario, no es la que quiera establecer

la parte recurrida, sino que esta establecida por la planilla

de personal jo, la cual, tal y como se estableció en el Recurso

de Casación fue debidamente depositada ante la Corte de

Trabajo, y la misma establece que la recurrente correspon-

de a la Categoría de empresas cuyo valor de instalaciones e

infraestructura sea igual o inferior a RD$2,000,000.00, por

tanto sea de la resolución 1-2009 o 5-2011, de acuerdo con la

categoría de la empresa, dicho recurso resulta admisible pues

la sentencia supera los veinte salarios exigidos en la ley para

su interposición.”

RAFAEL DÍAZ FILPO

448

C. Consideraciones de derecho de nuestro voto disidente

En caso de que la Suprema Corte de Justicia se hubiera

detenido a apreciar y valorar los medios expuestos en el recurso

de casación, habría podido edificar correctamente su dictamen,

y en tal sentido, no hubiera violentado los derechos fundamen-

tales consagrados y garantizados por la Carta Magna, tales como

el debido proceso y la tutela judicial efectiva establecidos en los

artículos 68149 y 69150, de forma específicas las señaladas en los

numerales 1, 2, 4, 7, 9 y 10.

Este tribunal constitucional, en torno al cumplimiento

de las garantías mínimas, en su Sentencia TC/0021/12 fijó el

precedente que sigue:

149 Constitución dominicana del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). Ar-

tículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución garantiza

la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela

y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de

sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos

fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su

efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley.

150 Constitución dominicana del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). Artí-

culo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio

de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efecti-

va, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas

que se establecen a continuación:

1. El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;

2. El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción com-

petente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley.

4. El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con

respeto al derecho de defensa.

7. Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que

se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las

formalidades propias de cada juicio.

Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. ….

Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y

administrativa.

9 Sentencia Tribunal Constitucional No. TC/0021/2012, de fecha veintiún (21) días

del mes de junio del año dos mil doce (2012), . 12 consideración, para fijar el salario

mínimo conforme al sector que pertenezca el empleador.

449

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

“En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos

ha establecido los siguiente: “Es un derecho humano el obtener

todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no

estando la administración excluida de cumplir con este deber.

Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento

administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión

pueda afectar los derechos de las personas” (Corte Interamericana

de Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá.

Sentencia del 2 de febrero de 2011, Número 127)9.

En consecuencia, tal como lo establece la Sección Segunda

del Código de Trabajo dominicano, relativo al Procedimiento,

específicamente la parte in fine del artículo 641, en cuanto a que,

no podrá ser admisible el recurso de casación cuando el monto

de la condena no exceda de los veintes (20) salarios mínimos,

situación esta, en cuanto a la materia laboral, dependerá de las

resoluciones que emita el Consejo Nacional de Salarios, ya que

son diversas variantes que han de ser tomadas en cuenta.

Asimismo, es oportuno señalar que el hecho de limitar el

acceso al recurso de casación hasta una cuantía determinada,

situación esta que impide valorar los medios de defensa presen-

tados en el memorial de casación, como el caso de la especie,

es violatorio, tanto al establecido en el artículo 39151, específi-

151 Constitución dominicana del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). Artículo

39.- Derecho a la igualdad. Tod a s l a s p e r s o n a s n a c e n l i b r e s e i g u a l e s a n t e l a l e y, r e c i b e n

la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan

de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por

razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua,

religión, opinión política o filosófica, condición social o persona. En consecuencia:

1. La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igual-

dad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras

diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes.

3. El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la

igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discrimi-

nación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión.

RAFAEL DÍAZ FILPO

450

camente los literales 1 y 3 como al referido artículo 69 de la

Carta Magna que garantizan el derecho a la igualdad como el

debido proceso, específicamente al acceso a la justicia, en el

entendido de:

1. El artículo 69 establece el derecho que tiene toda perso-

na en el ejercicio de sus derechos e intereses a obtener la tutela

judicial efectiva y el debido proceso. Que si por el monto del

litigio no se puede accesar a la casación resulta que, la garantía

del beneficio al derecho a una correcta aplicación de la ley podría

convertirse en un privilegio, ya que una determinada clase social,

por no tener la posibilidad de abordar un litigio de mayor monto

no hará uso de dicho recurso, lo que deviene en atentatorio a lo

dispuesto por el mismo constituyente en el Titulo II, Capítulo

I, Sección I, artículo 39, numeral 1, que prohíbe todo privilegio

fundamentado en razones económicas y sociales;

2. Al limitar el recurso de casación, conforme al monto de

la cuantía fallada, se atenta contra el derecho a la igualdad de

todas las clases sociales ante la ley, contra el principio consti-

tucional del derecho de defensa, y contra la protección de

las disposiciones constitucionales establecidas como garantías

mínimas, recogidas en los artículos 68 y 69 de nuestra Carta

Magna.

Al imponerle a un demandante de menor cuantía confor-

marse con una sentencia fallada en un tribunal ordinario, sin

darle la oportunidad a que pueda acceder al recurso que ha de

examinar la correcta o no aplicación del derecho, constituye

un obstáculo a armonizar con lo dispuesto por el artículo 40,

numeral 15, que limita la actuación del legislador ordinario,

el principio constitucional del derecho de defensa, y contra la protección de las

disposiciones constitucionales establecidas como garantías mínimas, recogidas en los

artículos 68 y 69 de nuestra Carta Magna;

451

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

imponiéndole legislar sujeto a que la ley no puede ordenar más

que lo que es justo y útil a la comunidad, y no puede prohibir

más que lo que le perjudica;

3. La naturaleza misma del recurso de casación sugiere

que no procede su anulación ni prohibición en los procesos

de menor cuantía, ya que el mismo, ni siquiera se conoce

del fondo de la contestación, sino únicamente si la ley ha

sido bien o mal aplicada, y este es un derecho fundamental

irrenunciable.

Como uno de los derechos fundamentales que consagra y

garantiza nuestra Constitución, en su artículo 69 y todos sus li-

terales, antes referido, es el derecho a la Tutela Judicial Efectiva,

y la tutela judicial efectiva apareja entre otras cosas, a la posibi-

lidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos

o barreras desproporcionadas, a un juez independiente e

imparcial, frente al cual se pueda acometer, libremente, la plena

defensa a los derechos e intereses propios a fin de obtener dentro

de un plazo razonable la debida Protección del Estado.

De acuerdo a lo antes señalado, la Carta Magna ha dejado

establecido y garantizado el derecho a la igualdad y a la no dis-

criminación, por lo que, el Estado debe de procurar a través de

su ordenamiento constitucional promover todas las condiciones

necesarias para la efectividad y disfrute de la igualdad para todos

los ciudadanos; asimismo, dispone que la ley siempre debe tener

un trato equitativo y con igual protección, en consecuencia, la

ley únicamente puede ordenar lo que es justo y útil para la colec-

tividad, por lo que, no puede prohibir más que lo que perjudica

a dicha comunidad. En tal sentido, la ley no puede perjudicar

injustamente a la generalidad de los ciudadanos.

Conforme a todo lo previamente desarrollado, hemos podi-

do constatar que el presente recurso de revisión constitucional,

RAFAEL DÍAZ FILPO

452

cumple con lo establecido en el artículo 277 de la Constitución

dominicana y con la parte primera del artículo 53, en cuanto a

que se trata de una decisión firme con posterioridad al veintiséis

(26) de enero de dos mil diez (2010), ya que la sentencia objeto

de este recurso constitucional, adquirió la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada en fecha tres (3) de julio de dos mil

trece (2013, fecha esta en que fue dictada por la Tercera Sala de

la Suprema Corte de Justicia.

De todo lo antes señalado, claramente se puede evidenciar,

que el presente recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional, a través de la sentencia recurrida, envuelve

vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a

la igualdad, garantías de los derechos fundamentales, tutela

judicial efectiva y debido proceso, con especial considera-

ción, al derecho a recurrir y al de la defensa, por consiguiente

involucra un aspecto de especial relevancia constitucional,

cuestiones estas que deben ser ponderadas a fin de cumplir

con las atribuciones de este órgano, en cuanto a garantizar

la supremacía de la Constitución152, en tanto a que, todas

las personas y órgano que ejercen potestades públicas están

sujetos a la Constitución.

Conforme a todo lo precedentemente destacado, mani-

fiestamente ha quedado evidenciado que, el recurso de revisión

constitucional de decisión jurisdiccional, que ahora nos ocupa,

contra la Sentencia núm. 395, dictada el tres (3) de julio de dos

mil trece (2013), por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Con-

tencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema

152 Constitución dominicana del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). Ar-

tículo 6.- Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que

ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y funda-

mento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley,

decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución

453

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

Corte de Justicia, cumple con cada uno de los presupuestos

establecidos en la referida ley núm. 137-11, concerniente en el

numeral 3) del artículo 53, tales como:

En cuanto a, literal a) del numeral 3) del artículo 53 de la

Ley núm. 137-11, que dispone: a) Que el derecho fundamental

vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto

quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma;

este requisito ha quedado exonerado para el presente recurso

constitucional, pues los recurrentes no tuvieron la oportunidad

de invocar la referida violación en el ámbito del Poder Judicial ya

que se alega que fue cometida en ocasión del conocimiento del

recurso de casación.

En torno al literal b) del numeral 3) del artículo 53 de la

Ley núm. 137-11, que dispone: b) Que se hayan agotado todos 1os

recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente

y que la violación no haya sido subsanada; este requisito también

se cumple en este recurso constitucional, ya que, la decisión

recurrida no es susceptible de recursos en el ámbito del Poder

Judicial, por haber sido dictada por una de las salas de la Supre-

ma Corte de Justicia y mediante ella se declaró inadmisible el

referido recurso de casación.

En relación al literal c) del numeral 3) del artículo 53 de

la Ley núm. 137-11, que dispone: c) Que la violación al derecho

fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una ac-

ción u omisión de1 órgano jurisdiccional, con independencia de 1os

hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo,

1os cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar; exigencia

esta que también cumple este recurso, ya que la vulneración de

los derechos fundamentales alegados por los hoy recurrentes, son

imputables, en la eventualidad de que existieren, a los jueces que

dictaron la sentencia recurrida.

RAFAEL DÍAZ FILPO

454

En consecuencia, solo nos falta evidenciar, conforme a todo

lo antes señalado, si el recurso de revisión constitucional posee o

no especial transcendencia o relevancia constitucional, conforme

a lo presupuestado en el párrafo del referido artículo 53 de la Ley

núm. 137-11, el cual reza así: “La revisión por la causa prevista

en el Numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal

Cuando éste considere que, en razón de su especial trascendencia

o relevancia constitucional153, el contenido del recurso de revisión

justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado. El

Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.”

Sobre el requisito señalado en el párrafo anterior, la especial

trascendencia o relevancia constitucional que deben poseer los

recursos constitucionales, como requisito sine qua non, para

que los mismos sean admisible, el Tribunal Constitucional en

su Sentencia TC/0007/12154, estableció la noción de la misma,

adoptando los presupuestos que sigue:

1) “(…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales res-

pecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido

criterios que permitan su esclarecimiento;

2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan

en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de

principios anteriormente determinados;

3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o rede-

finir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas

legales que vulneren derechos fundamentales;

4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurí-

dico de trascendencia social, política o económica cuya solución

favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.”

153 Negrita y subrayado nuestro

154 De fecha veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012)

455

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

Conforme a todo lo antes dicho, siendo uno de los puntos

que sustenta nuestra disidencia en la presente sentencia es que, el

recurso constitucional de decisión jurisdiccional, que ahora nos

ocupa, si posee especial trascendencia y relevancia constitu-

cional y radica en el hecho, de que, cuando la Suprema Corte

de Justicia no valora los hechos que puedan arrojar si cumple

o no con una norma legal el recurso de casación para su admi-

sibilidad o no, se vulnera con ello, los derechos fundamentales

garantizados por la Constitución , en cuanto a la tutela judicial

efectiva y debido proceso, especialmente al vulnerar el derecho

a la defensa.

V. POSIBLE SOLUCIÓN

De conformidad con todo lo anteriormente expresado,

somos de criterio que en la sentencia constitucional objeto del

presente voto disidente, se debió declarar admisible en forma, el

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional in-

terpuesto por la razón social Fiori Colección y el señor Francisco

Oliva contra la Sentencia núm. 395, de fecha tres (3) de julio de

dos mil trece (2013), dictada por la Tercera Sala de lo Laboral,

Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario

de la Suprema Corte de Justicia, acoger en fondo el referido re-

curso, anular la sentencia recurrida en revisión constitucional y

remitir el presente expediente a la Secretaría de la Suprema Corte

de Justicia, con la finalidad de que la Tercera Sala de la Suprema

Corte de Justicia conozca de nuevo el recurso de casación, con

estricto apego a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 54 de

la Ley núm. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de

los Procedimientos Constitucionales.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez