Sentencia TC/0535/16

• Páginas: 475-484
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0535/16

Referencia: Expediente núm. TC-04-2015-0170, relativo al

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

interpuesto por el señor José Francisco Vázquez Aybar contra

la Resolución núm. 524-2015, dictada por la Segunda Sala

de la Suprema Corte de Justicia, en atribuciones de corte

de casación, el seis (6) de febrero de dos mil quince (2015).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo

Domingo, República Dominicana, a los siete (7) días del mes de

noviembre del año dos mil dieciséis (2016).

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO

RAFAEL DÍAZ FILPO

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales

y legales, específicamente las previstas en los artículos 186 de

la Constitución de la República y 30 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once

(2011), emitimos el siguiente:

VOTO DISIDENTE:

Consideraciones previas:

El presente conflicto tiene su origen en la querella con

constitución en actor civil interpuesta por el señor José Francisco

Vázquez Aybar ante la Fiscalía del Distrito Nacional, en contra

de las señoras Reyna Jacqueline Santelises Carrasco, Rosanna

Suárez Pérez y Corina Dolores Alba Fernández, por supuesta

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violación a los artículos 59, 60, 145, 146, 148, 150, 265, 266,

267, 361, 407 y 408 del Código Penal dominicano.

Sobre la indicada querella, el Ministerio Público actuante

emitió la resolución de fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil

catorce (2014), en virtud de la cual se ordenó su archivo definiti-

vo, lo cual fue objeto de una objeción presentada por el señor José

Francisco Vázquez Aybar, que fue rechazada por el Tercer Juzgado

de la Instrucción del Distrito Nacional, mediante la Resolución

núm. 573-201400016/RP, dictada en fecha veinticinco (25) de

julio de dos mil catorce (2014). Esta resolución fue objeto de un

recurso de apelación que fue rechazado por la Primera Sala de la

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en

virtud de la Resolución núm. 199-PS-2014, del dos (2) de octubre

de dos mil catorce (2014), contra la cual fue incoado un recurso

de casación que fue declarado inadmisible por la Segunda Sala

de la Suprema Corte de Justicia, mediante la Resolución núm.

524-2015, del seis (6) de febrero de dos mil quince (2015), la cual

es objeto del presente recurso de revisión jurisdiccional.

Fundamento del Voto:

La mayoría de los honorables jueces que componen este tri-

bunal constitucional, han concurrido con el voto mayoritario en

la dirección de admitir y rechazar el presente recurso, confirmando

la sentencia recurrida por no haberse comprobado las violaciones

invocadas por el recurrente; posición que no compartimos, en

base a los señalamientos que exponemos a continuación:

1. En cuanto a la admisibilidad del presente recurso de

revisión constitucional

Para sustentar la admisibilidad del presente recurso, la

sentencia que motiva el presente voto se limita a afirmar que

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

se cumplen los requisitos contenidos en el artículo 53.3 de la

Ley núm. 137-11, sin explicar por qué en la especie se cumplen

cada uno. (Ver Punto núm. 10, literal e, pág. 11). A seguidas se

plantea la relevancia constitucional del caso, señalando que el

“conflicto planteado permitirá a este tribunal pronunciarse acerca

de los alcances de las garantías del debido proceso, de manera parti-

cular, lo concerniente al derecho de defensa, al derecho a recurrir y

a la falta de motivación.”

Por ello es menester ponderar pormenorizadamente las

condiciones de admisibilidad del presente recurso, en la forma

que será desarrollada a continuación:

a) Conforme al artículo 277 de la Constitución y el 53

de la Ley núm. 137-11, las sentencias que hayan adquirido la

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad

a la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez

(2010) son susceptibles del recurso de revisión constitucional.

En el presente caso se cumple el indicado requisito, en razón de

que la decisión recurrida fue dictada en fecha seis (6) de febrero

de dos mil quince (2015) y adquirió el carácter definitivo.

b) En lo relativo al plazo, se verifica que la decisión recurrida

fue notificada al recurrente en fecha catorce (14) de abril de dos mil

quince (2015), por lo que el presente recurso interpuesto en fecha

cuatro (4) de mayo de dos mil quince (2015), se encuentra dentro

del plazo previsto en el artículo 54.3 de la citada ley núm. 13711.

c) Por consiguiente, el recurso de revisión constitucional

contra decisiones jurisdiccionales procede en los tres casos se-

ñalados en el artículo 53 de la Ley núm. 137-11: “1) cuando la

decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto,

reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole

un precedente del Tribunal Constitucional; y 3) cuando se haya

producido una violación de un derecho fundamental”.

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d) En el presente recurso se plantea la vulneración a la tutela

judicial efectiva y el debido proceso, a su derecho de defensa,

derecho a recurrir, así como la falta de motivación de la resolu-

ción recurrida, es decir, que se está invocando la tercera causal

indicada en el párrafo del numeral 3 del artículo 53, en cuyo

supuesto el recurso procederá cuando se cumplan los siguientes

requisitos:

a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado for-

malmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación

haya tomado conocimiento de la misma.

b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de

la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya

sido subsanada.

c. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de

modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano

jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron

lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales e1

Tribunal Constitucional no podrá revisar.

e) En lo que respecta al literal (a) del artículo 53.3 de la

Ley núm. 137-11, se verifica su cumplimiento, toda vez que las

indicadas vulneraciones fueron invocadas por el recurrente con

motivo de la decisión rendida en segundo grado y planteadas en

el recurso de casación decidido mediante la resolución objeto del

presente recurso.

f) De igual forma, se cumple con el requisito del literal b)

del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, puesto que el asunto

recorrió los dos grados de jurisdicción (Tercer Juzgado de la

Instrucción del Distrito Nacional y Primera Sala de la Cámara

Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional), hasta

llegar a la Suprema Corte de Justicia con motivo del recurso

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

extraordinario de casación, del cual resultó la decisión objeto de

revisión constitucional.

g) En cuanto al requisito contenido en el literal c) del

artículo 53.3 de la indicada ley, se verifica su cumplimiento,

toda vez que las supuestas violaciones a la tutela judicial efectiva,

debido proceso, derecho de defensa, derecho a recurrir y falta

de motivación de la resolución recurrida, han sido imputadas

de modo inmediato y directo a la Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia.

h) Resuelto lo anterior, es necesario ponderar lo previsto

en el párrafo del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el cual

prescribe que: “La revisión por la causa prevista en e1 numeral 3)

de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional

cuando éste considere que, en razón de su especial trascendencia o

relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifi-

que un examen y una decisión sobre el asunto planteado. El tribunal

siempre deberá motivar sus decisiones”.

i) La referida noción, de naturaleza abierta e indetermina-

da, fue definida por este tribunal en su Sentencia TC/0007/12,

de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en

la que estableció que “tal condición sólo se encuentra configu-

rada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos

sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal

Constitucional no haya establecido criterios que permitan su

esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o norma-

tivos que incidan en el contenido de un derecho fundamental,

modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que

permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir inter-

pretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que

vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a

estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política

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o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la

supremacía constitucional.”

j) Luego de haber estudiado y ponderado los documen-

tos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa,

se concluye que el presente recurso de revisión tiene especial

trascendencia o relevancia constitucional, en razón de que su co-

nocimiento permitirá continuar profundizando y afianzando la

posición respecto al alcance del derecho a una decisión motivada

como garantía constitucional para obtener una tutela judicial

efectiva y el debido proceso.

2. En cuanto al fondo del presente recurso de revisión

constitucional

a) El presente recurso de revisión es interpuesto contra la

Resolución núm. 5242015, dictada por la Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia, en fecha seis (06) de febrero de dos

mil quince (2015), en virtud de la cual se declara la inadmisibi-

lidad del recurso de casación interpuesto el señor José Francisco

Vázquez Aybar, contra la Resolución núm. 199-PS-2014, dictada

por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación

del Distrito Nacional el dos (2) de octubre de dos mil catorce

(2014).

b) Contra la referida resolución núm. 524-2015, el recu-

rrente promueve lo siguiente: i) vulneración a la tutela judicial

efectiva y el debido proceso; ii) vulneración al derecho de defen-

sa; iii) vulneración al derecho a recurrir; y iv) falta de motivación

de la resolución recurrida.

c) Por estar estrechamente vinculados procede examinar

conjuntamente, la alegada vulneración a la tutela judicial efectiva,

debido proceso, derecho de defensa y al recurso. Al respecto, el re-

currente plantea que la Corte de Apelación violentó sus derechos

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

fundamentales, al decidir el recurso de apelación de forma admi-

nistrativa sin fijar audiencia ni citar a las partes en el proceso para

que comparecieran y ejercieran su derecho de defensa.

d) En respuesta a dicho planteamiento, cabe señalar la

disposición contenida en el artículo 413 del Código Procesal

Penal, que a continuación se transcribe: “Procedimiento. Recibi-

das las actuaciones, la Corte de Apelación, dentro de los veinte días

siguientes, decide sobre la admisibilidad del recurso y resuelve sobre

la procedencia de la cuestión planteada en una sola decisión. Si

alguna de las partes ha promovido prueba y la Corte de Apelación

la estima necesaria y útil, fija una audiencia oral dentro de los diez

días siguientes a la recepción de las actuaciones, resuelve y pronuncia

la decisión al concluir ésta. El que haya promovido prueba tiene la

carga de su presentación en la audiencia. El secretario lo auxilia ex-

pidiendo las citaciones u órdenes necesarias, que serán diligenciadas

por quien haya propuesto la medida.”»

e) En ese tenor, coincidimos con lo expresado por la deci-

sión mayoritaria, en torno a que “cuando la Corte de Apelación es

apoderada de un recurso de apelación contra una decisión dictada

por el juez de la instrucción, el procedimiento a seguir es el estable-

cido a partir del artículo 410 del Código Procesal Penal, debiendo

ser tramitados y decididos los recursos de apelación de esa índole

mediante el procedimiento dispuesto en el artículo 413 de la norma

procesal de referencia, el cual no contiene la obligación de celebrar

audiencia sino que le concede al tribunal de alzada la posibilidad de

fijar audiencia en los casos en que alguna parte hubiere promovido

pruebas, siempre que la corte lo considere útil y necesario, sin que

ello pueda ser interpretado como una violación al derecho de defensa

o al derecho a recurrir, como alega la parte recurrente”163.

163 Ver Fundamento No. 11, literal “g” de la sentencia que motiva el presente voto.

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f) Resuelto lo anterior, procede examinar la alegada falta

de motivación de la decisión recurrida; cuestión que no fue

ponderada por la decisión mayoritaria y que motiva el presente

voto disidente. Al respecto, se verifica que para sustentar la

inadmisibilidad del referido recurso de casación la indicada alta

corte expresó: “Que en el caso de la especie, procede declarar la

inadmisibilidad del recurso de casación, por carecer de fundamentos

los medios aducidos por la parte recurrente, a resultas de que, en

cuanto a que los jueces que decidieron su recurso estaban obligados a

inhibirse, esta Sala entiende que la inhibición, en virtud de lo que

establece el artículo 78 del Código Procesal Penal, es un acto volun-

tario del Juez, cuya facultad tiene carácter de obligatoriedad solo

cuando éste entienda que en el asunto sometido a su consideración

exista una o varias causales que puedan dar lugar a su recusación;

por lo que al no existir en el expediente constancia o certificación,

que indique que en cuanto al caso en cuestión, estos fueron recusados,

no estaban impedidos de conocer del indicado recurso de apelación.”

g) En ese orden de ideas, la Segunda Sala de la Suprema Corte

de Justicia, continua expresando: “Que en cuanto a la desnaturaliza-

ción y a la falta de motivación alegada por el recurrente, luego de un

examen de la decisión atacada, a fin de verificar si es manifiestamente

infundada, se advierte que la misma no fue tomada de forma arbitraria

o irracional, y contiene motivos suficientes y pertinentes, de los cuales se

puede advertir que se hizo una adecuada aplicación del derecho, con

apego a las normas procesales, lo que le ha permitido a esta alzada,

como Corte de Casación, comprobar que en la especie se ha hecho una

correcta aplicación de la ley; toda vez que la sentencia contiene una

exposición clara, lógica y completa de las causas que conllevaron la Corte

a rechazar el recurso de apelación propuesto, sin que se observe alguna

vulneración de orden legal o constitucional; por consiguiente procede

declarar la Inadmisibilidad del recurso de casación.”

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

h) La cuestión planteada conduce analizar y contrastar el

contenido de la resolución recurrida, en función de los criterios

que deben ser observados por los tribunales del orden judicial

para motivar adecuadamente sus decisiones, conforme lo pro-

nunciado en la Sentencia TC/0009/13, del once (11) de febrero

de dos mil trece (2013):

1. “Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamen-

tan sus decisiones”. Entrando al análisis del recurso de casación, la

indicada alta corte, luego de transcribir el contenido de los artículos

393, 399, 425, 426 y 427, del Código Procesal Penal, describe

los medios promovidos por los recurrentes y, sin realizar la debida

correlación entre el plano normativo y las pretensiones de las partes,

se pronuncia en torno a la inadmisibilidad del recurso, expresando

que la sentencia recurrida no contiene los vicios señalados. Esto

evidencia claramente que no fue observado un orden lógico ar-

gumentativo que sustente la declaratoria de inadmisibilidad del

referido recurso de casación.

2. “Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la

valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde

aplicar”. A nuestro entender este requisito no ha sido adecuada-

mente satisfecho, en razón de que, tal como expresó el procurador

general de la República, en la “decisión recurrida no hay ningún

razonamiento dirigido a demostrar las causales que dan lugar a la

inadmisibilidad del recurso de casación.”

3. “Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indi-

cación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que

establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción.” En lo

cual ciertamente incurrió esa alta corte, al transcribir el contenido

de los artículos 393, 399, 425, 426 y 427, del Código Procesal

Penal, sin realizar la debida vinculación al caso concreto.

4. “Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan

determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión

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adoptada.” Este requisito tampoco fue observado por la referida

alta corte, puesto que al reconocer expresamente que “la sentencia

contiene una exposición clara, lógica y completa de las causas que

conllevaron la Corte a rechazar el recurso de apelación propuesto,

sin que se observe alguna vulneración de orden legal o constitu-

cional” incurrió en valoraciones al fondo al fondo del recurso que

más bien sustentarían su rechazo y no su inadmisibilidad. En

ese sentido, la declaratoria de inadmisibilidad del citado recurso

de casación, se traduce en un error procesal y una contradicción

manifiesta, que afecta sustancialmente la motivación de la decisión

objeto del presente recurso.

5. Como consecuencia del incumplimiento de los requisitos anterio-

res, lo decidido por el indicado tribunal tampoco satisface el deber

de “asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cum-

pla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente

a la sociedad a la que va dirigida a la actividad jurisdiccional.”

Posible solución procesal:

En atención a las consideraciones antes expuestas, enten-

demos que el presente recurso debió ser admitido y acogido

en cuanto al fondo, revocando la Resolución núm. 524-2015,

dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, de

fecha seis (6) de febrero de dos mil quince (2015), y devolver

el expediente a dicho tribunal a fin de subsanar la vulneración

previamente expuesta, conforme establecen los artículos 54.9 y

54.10 de la Ley núm. 137-11.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez