Sentencia TC/0548/17

• Páginas: 535-565
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0548/17

Referencia: Expediente núm. TC-05-20160022, relativo

al recurso de revisión constitucional en materia de amparo

incoado por Ramón Elías Pérez Cuevas contra la Sentencia

núm. 00202-2015, dictada por la Segunda Sala del

Tribunal Superior Administrativo el nueve (9) de

junio de dos mil quince (2015).

En el municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo

Domingo, República Dominicana, a los veinticinco (25) días

del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017).

VOTO SALVADO CONJUNTO DE LOS MAGISTRADOS

MILTON RAY GUEVARA, JUSTO PEDRO CASTELLANOS

KHOURY, VÍCTOR JOAQUÍN CASTELLANOS

PIZANO, RAFAEL DÍAZ FILPO e IDELFONSO REYES

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado

en la sentencia, y coherentes con la opinión que mantuvimos en

la deliberación, ejercitamos la facultad prevista en el artículo 30

de la Ley núm. 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y

de los procedimientos constitucionales213, del trece (13) de junio

de dos mil once (2011), y presentamos nuestro voto salvado,

fundado en las razones que expondremos a continuación:

1. En la especie, el ciudadano Ramón Elías Pérez Cuevas

interpuso una acción constitucional de amparo, el dieciocho

(18) de febrero de dos mil quince (2015), contra el Ministerio de

Defensa de la República Dominicana, por haber sido cancelado

213 En adelante, ley número 137 o LOTCPC.

RAFAEL DÍAZ FILPO

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su nombramiento en el rango de Segundo Teniente de la –en-

tonces– Fuerzas Aérea Dominicana, con efectividad al veintitrés

(23) de julio de dos mil tres (2003), por presunta violación

a sus derechos y garantías fundamentales, en atención a que,

supuestamente, se vio envuelto en hechos delictivos contrarios a

la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la

República Dominicana.

2. Es necesario resaltar que la parte recurrente, otrora ac-

cionante en amparo, Ramón Elías Pérez Cuevas, fue puesta a

disposición de la justicia penal ordinaria por los mismos hechos

que fundamentaron su separación de las filas de la Fuerza Aérea

Dominicana, traduciéndose a un sometimiento como presunto

autor de violar la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias

Controladas en la República Dominicana. Al respecto, con el

Auto núm. 361-03, dictado el nueve (9) del mes de septiembre

del año dos mil tres (2003) por el del Juzgado de Instrucción

del Distrito Judicial María Trinidad Sánchez (Nagua), se declaró

que “No Ha Lugar a la persecución judicial a favor del nombrado

RAMON ELIAS PEREZ CUEVAS, Ex Segundo Teniente de la

Fuerzas Armadas Dominicana, por no encontrar ningún indicio de

culpabilidad, serios, precisos, graves y concordantes en su contra, por

supuesta violación a la Ley 50-88”.

3. La citada acción de amparo fue declarada inadmisible

–por encontrarse prescrita conforme a los términos del artículo

70.2 de la LOTCPC– mediante la Sentencia núm. 00202-2015,

dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrati-

vo el nueve (9) de junio de dos mil quince (2015).

4. La mayoría del Tribunal Constitucional decidió rechazar

el recurso de revisión y confirmar la sentencia recurrida. Sin

embargo, refiriéndose al punto de partida del plazo habilitado

por el legislador para la interposición de la acción de amparo,

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

habilitado por el legislador en el del artículo 70, numeral 2), de

la LOTCPC, estableció que:

f) Así, ponderando la situación fáctica del proceso, se precisa

indicar que el veintitrés (23) de julio de dos mil tres (2003) a la

parte recurrente, Ramón Elías Pérez Cuevas, le fue cancelado su

nombramiento en la entonces Fuerzas Aérea Dominicana –hoy

Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Asimismo,

cabe precisar que –antes de ser cancelado su nombramiento–

Ramón Elías Pérez Cuevas fue presentado a la justicia y el nueve

(9) del mes de septiembre del año dos mil tres (2003) se le dictó

a su favor auto de no ha lugar a su persecución penal, conforme

al referido auto número 361-03 del Juzgado de Instrucción del

Distrito Judicial María Trinidad Sánchez (Nagua).

g) Es ineludible el hecho de que tanto a partir del momento en

que se hizo efectiva la desvinculación (23 de julio de 2003), como

cuando se tomó conocimiento de la finalización del proceso penal

(9 de septiembre de 2003), a la fecha de interposición de la acción

de amparo (18 de febrero de 2015), ya habían transcurrido más

de once (11) años, estando, por consiguiente, ventajosamente

vencido el plazo de sesenta (60) días para accionar en amparo,

previsto en el artículo 70.2 de la ley número 137-11.

h) En ese tenor, independientemente de que se tome como

punto de partida la fecha de efectividad de la desvincu-

lación o aquella en que se dictó el auto de no ha lugar

a favor de la parte recurrente, la acción de amparo en

cuestión deviene en inadmisible, por extemporánea, ya

que fue realizada – cómo ya señalamos– fuera del plazo

de sesenta (60) días.214

5. A pesar de estar de acuerdo con la solución dada por

la mayoría del Tribunal Constitucional, en el sentido de que la

214 Este y todos los demás énfasis y subrayados que aparecen en este voto, son nuestros.

RAFAEL DÍAZ FILPO

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acción de amparo es inadmisible por extemporánea, salvamos

nuestro voto en cuanto al criterio adoptado por el Tribunal

respecto del punto de partida para calcular el plazo establecido

en el artículo 70, numeral 2), de la LOTCPC.

6. Para exp licar nue stro salva ment o, ab ordar emos lo r elati vo

a algunos elementos fundamentales sobre la acción de amparo

(I); asimismo, nos detendremos a analizar las particularidades del

plazo para accionar en amparo y su cómputo ante casos de des-

vinculación de policías y militares sometidos a la justicia penal (II)

para, luego, exponer nuestra posición en el caso particular (III).

I. ALGUNOS ELEMENTOS PRELIMINARES Y

FUNDAMENTALES SOBRE LA ACCIÓN DE AMPARO

7. La Constitución de la República, en su artículo 72,

consagra el amparo en los términos siguientes:

Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para

reclamar ante los tribunales, por si o por quien actúe en su

nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales,

no protegidos por el habeas corpus, cuando resulten vulnerados

o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad

pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento

de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos

e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el

procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y

no sujeto a formalidades.

8. Así, pues, en la actualidad es desde el texto supremo que

se aportan los elementos esenciales que caracterizan al régimen

del amparo.

9. Asimismo, la Ley núm. 137-11, del trece (13) de junio de

dos mil once (2011), en su artículo 65, vino a regular el régimen

del amparo en los términos siguientes:

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de

una autoridad pública o de cualquier particular, que en forma ac-

tual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione,

restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados

en la Constitución, con excepción de los derechos protegidos por el

habeas corpus y el habeas data. 10. La acción de amparo busca

remediar –de la manera más completa y abarcadora posible–

cualquier violación o amenaza de violación a los derechos funda-

mentales en perjuicio de una persona. Tal es –y no alguna otra–

su finalidad esencial y definitoria; tal es su naturaleza. Como ha

afirmado la Corte Constitucional de Colombia, su finalidad “es

que el/la juez/a de tutela, previa verificación de la existencia de una

vulneración o amenaza de un derecho fundamental, dé una orden

para que el peligro no se concrete o la violación concluya”

215

.

11. Según el colombiano Oscar José Dueñas Ruiz:

Cuando la tutela prospera, finaliza con una sentencia que

contiene órdenes. No se trata de un juicio controvertido donde se

le da o no la razón a las partes. Realmente la relación es entre la

Constitución que consagra el derecho fundamental y la acción u

omisión que afecta a aquel. El objetivo es por consiguiente que

cese la violación a un derecho fundamental o que se suspenda la

amenaza de violación216.

12. Es en tal sentido que se pronuncia el artículo 91 de la

LOTCPC, cuando establece:

La sentencia que concede el amparo se limitará a prescribir las

medidas necesarias para la pronta y completa restauración del

derecho fundamental conculcado al reclamante o para hacer

cesar la amenaza a su pleno goce y ejercicio.

215 Conforme la legislación colombiana.

216 Dueñas Ruiz, Oscar José. Acción y procedimiento en la tutela; Librería Ediciones del

Profesional, sexta edición actualizada, Colombia, 2009, p. 59.

RAFAEL DÍAZ FILPO

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13. Asimismo, respecto de la interposición del recurso de

revisión de la sentencia de amparo, el artículo 100 de la LOT-

CPC afirma que:

La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial transcen-

dencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que

se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación,

aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la deter-

minación del contenido, alcance y la concreta protección de

los derechos fundamentales217.

14. De esta manera, tanto de lo dispuesto en la norma que

regula la acción de amparo y su recurso de revisión, como del

precedente contenido en la Sentencia TC/0007/12, se aportan

“herramientas” para que en el estudio “concreto” del caso, de sus

particularidades, el Tribunal Constitucional pueda establecer si

se reúnen los supuestos establecidos por la referida sentencia y,

cuando no, inadmitir válidamente tales casos.

15. El amparo, como ha dicho Dueñas Ruiz, “[n]o es un

proceso común y corriente, sino un proceso constitucional”218 y, en

tal sentido, no es propiamente un proceso con parte demandante y

parte demandada, sino una acción con un solicitante que pide pro-

tección por una violación o amenaza de los derechos fundamentales

que en la Constitución se consagran219.

16. A lo que agrega Dueñas:

Cuando la tutela prospera, finaliza con una sentencia que

contiene órdenes. No se trata de un juicio controvertido donde se

le da o no la razón a las partes. Realmente la relación es entre la

Constitución que consagra el derecho fundamental y la acción u

217 Estas y todas las negritas que figuran en este escrito son nuestras.

218 Dueñas Ruiz, Oscar José. Op. Cit., p. 55.

219 Dueñas Ruiz, Oscar José. Op. Cit., p. 42.

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

omisión que afecta a aquel. El objetivo es por consiguiente que

cese la violación a un derecho fundamental o que se suspenda la

amenaza de violación220.

17. Sin perjuicio de su esencia garantista, el ejercicio de la

acción de amparo no es abierto en el tiempo, no es posible en

cualquier momento, sino que, por el contrario, acaso por el mis-

mo atributo señalado, está sometido a un plazo, como veremos

a continuación.

18. A seguidas, en efecto, analizaremos –sucintamente–

los aspectos más relevantes sobre el plazo de que dispone toda

persona que se vea afectada o amenazada en el goce o disfrute de

sus derechos fundamentales para interponer una acción consti-

tucional de amparo.

II. LAS PARTICULARIDADES DEL PLAZO PARA

ACCIONAR EN AMPARO Y SU CÓMPUTO ANTE

CASOS DE DESVINCULACIÓN DE POLICÍAS Y

MILITARES SOMETIDOS A LA JUSTICIA PENAL

19. Como hemos dicho previamente, la acción de amparo se

encuentra consagrada en los artículos 72, de la Constitución, y 65

de la LOTCPC, ya citados. La referida ley regula esta acción en

todos sus detalles, uno de los cuales, especialmente relevante para

el objeto de este voto, es el relativo a la facultad del juez de amparo

para inadmitir la acción de la cual ha sido apoderado a destiempo.

20. Conforme a los términos del artículo 70 de la LOTCPC,

la acción constitucional de amparo, de manera enunciativa, y no

limitativa, puede ser declarada inadmisible por distintas causas –por

demás, excluyentes entre sí, en vista de que las razones que fundan la

220 Dueñas Ruiz, Oscar José. Op. Cit., p. 59.

RAFAEL DÍAZ FILPO

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decisión en un sentido no pueden servir para fundar la decisión en

cualquiera de los otros–. En efecto, dicho texto dispone:

Artículo 70.- Causas de Inadmisibilidad. El juez apoderado

de la acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dic-

tar sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse

sobre el fondo, en los siguientes casos:

1) Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera

efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado.

2) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada

dentro de los sesenta días que sigan a la fecha en que el

agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que

le ha conculcado un derecho fundamental.

3) Cuando la petición de amparo resulte notoriamente

improcedente.

21. A continuación, nos detendremos en el análisis de una

sola de estas causales, no sin antes subrayar que, en todo caso, el

Tribunal Constitucional ha conceptuado que la inadmisibilidad

de la acción de amparo “debe ser la excepción, siendo la admisibi-

lidad la regla”221.

22. A pesar de que la causal contemplada en el numeral 2)

del citado artículo 70, se resuelve –en principio– con un cómpu-

to matemático, esto no siempre ocurre de manera pacífica; y, por

el contrario, existen casos en los que la definición del momento a

partir del cual se produce la violación reclamada, puede resultar

controvertible, lo que impacta directamente no solo en cuanto

al punto de partida para calcular el plazo, sino también, por

supuesto, en el resultado que arroje dicho cómputo, aspectos

estos últimos que comportan el eje nuclear de este voto.

221 Sentencia TC/0197/13, del treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece (2013).

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

23. Al respecto, conviene precisar prima facie si el referido

plazo, de no ser respetado, supone una caducidad222 o una pres-

cripción extintiva223.

A. ¿SE TRATA DE UN PLAZO DE

PRESCRIPCIÓN O DE CADUCIDAD?

24. Si analizamos el contenido del párrafo II del artículo

72 de la LOTCPC, constatamos que el legislador ha habi-

litado una opción para interrumpir el plazo del amparo, a

saber: cuando se ha apoderado en tiempo hábil a un tribunal

incompetente. Veamos:

Artículo 72.- Competencia. Será competente para conocer

de la acción de amparo, el juez de primera instancia del lugar

donde se haya manifestado el acto u omisión cuestionado.

(…),

Párrafo II.- En caso de que el juez apoderado se declare in-

competente para conocer de la acción de amparo, se considerará

interrumpido el plazo de la prescripción establecido para el ejer-

cicio de la acción, siempre que la misma haya sido interpuesta

en tiempo hábil.

25. Lo antedicho se corresponde con el derecho común,

supletorio a la materia, en el cual se observa que la interrupción

del plazo de prescripción opera cuando hay una incompetencia

(artículo 2246 del Código Civil), así como en aquellas ocasio-

nes en que ha mediado una citación judicial, mandamiento o

222 Esta es la pérdida de un derecho o acción, por no ejercerlos dentro del plazo y en las

condiciones fijadas por el juez, la ley o las convenciones. (Capitant. Henry. Vocabu-

lario Jurídico. Editora Depalma. Buenos Aires, Argentina, 1930, p. 89).

223 Es un medio de extinguir una obligación, por el transcurso de cierto tiempo, y bajo

las condiciones que determina la ley. (Artículo 2219 del Código Civil dominicano).

RAFAEL DÍAZ FILPO

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embargo (artículo 2244 del Código Civil). De lo cual se conclu-

ye que la acción de amparo, en nuestro ordenamiento jurídico,

está subordinada a un plazo de prescripción y no de caducidad.

26. Sobre el particular –citando a Ureña–, ha afirmado

Jorge Prats que:

se trata de una prescripción, “de exclusivo interés privado, sometido

además a la eventualidad de la interrupción, de la cual no tiene el

juez control previo por tratarse de un asunto de hecho, pues nótese

que empieza a correr a partir del momento en que el agraviado se

ha enterado, no de la fecha de actuación u omisión legítima.”224

27. Habiendo determinado que se trata de un plazo de

prescripción, la aplicación del plazo de sesenta (60) días para

ejercer la acción de amparo nos remite al reconocimiento de que

esta debe ser interpuesta exclusivamente dentro de este único

plazo –salvo en los casos de incompetencia; y, excepcionalmen-

te, conforme refiere el citado numeral 2) del artículo 70 de la

LOTCPC, en casos de violaciones de carácter continuo225–,

cuyo cómputo empieza a partir del momento en que la parte

afectada toma conocimiento del hecho, actuación u omisión que

amenaza o viola sus derechos fundamentales.

28. Computar el referido plazo implica que el agraviado,

una vez conozca de la actuación u omisión que conculca sus de-

rechos fundamentales, dispone un lapso de tiempo para reclamar

en justicia su restauración; facultad fundada en la consideración

esencial de que es ahí cuando nace el derecho de accionar en am-

paro –en el momento en que la parte afectada toma conocimiento

224 Jorge Prats, Eduardo. Comentarios a la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de

los procedimientos constitucionales; IUS NOVUM, Editora Búho, Santo Domingo,

segunda edición, 2013, p. 191.

225 Sentencia TC/0205/13 del trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013).

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

de la conculcación de algún derecho fundamental suyo–, y no en

el momento en que un tribunal –juzgando el aspecto penal de

dicha cuestión– adopta una decisión al respecto.

29. Así las cosas, conviene recuperar aquí el tratamiento que

ha dado el Tribunal Constitucional dominicano al tema que es

objeto del presente voto.

B. NOTAS SOBRE EL TRATAMIENTO DADO POR

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO

AL PUNTO DE PARTIDA DEL PLAZO PARA

INTERPONER LA ACCIÓN DE AMPARO

30. Resulta ilustrativo recordar las diferentes posturas que se

han adoptado con relación a esta cuestión –el punto de partida

del plazo para interponer la acción de amparo– en la doctrina

jurisprudencial del Tribunal Constitucional en aquellos casos en

que el objeto del amparo consiste en determinar si la actuación

mediante la cual se desvincula a un policía o militar es violatoria

de derechos fundamentales; principalmente en aquellos escena-

rios donde sale a relucir que este –el accionante en amparo– ha

sido, también, sometido a la justicia penal ordinaria.

31. Veamos, pues, los principales momentos de esta

trayectoria:

(i) Como postura predominante, el Tribunal Constitucional

estableció una línea jurisprudencial fundada en que el referido

plazo para accionar en amparo se iniciaba al momento en que el

agraviado tomara conocimiento de la actuación denunciada como

conculcadora de sus derechos fundamentales –es decir, la desvincu-

lación, fuera por retiro forzoso o por cancelación, del miembro del

cuerpo policial o militar en cuestión–; esto así, aun en casos en los

que se hubiere producido un sometimiento a la justicia penal. En

este sentido, se pronunciaron las sentencias números TC/0072/16,

del 17 de marzo de 2016, TC/0136/16 del 29 de abril de 2016,

RAFAEL DÍAZ FILPO

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TC/0200/16 del 8 de junio de 2016, TC/0203/16 del 9 de junio

de 2016 y TC/0262/16 del 27 de junio de 2016.

(ii) Asimismo, en especies análogas, el Tribunal Constitucional,

sin precisar cuál era el punto de partida del plazo para accionar

en amparo, fue modificando el pensamiento anterior y empezó a

computar el plazo –sin motivación alguna al respecto– a partir

del momento en que se tomó conocimiento de la decisión judicial

que resuelve el asunto penal, favoreciendo al entonces imputado,

hoy accionante en amparo. En este sentido, se pronunciaron en-

tonces las sentencias TC/0314/14 del 22 de diciembre de 2014

y TC/0379/16 del 11 de agosto de 2016.

(iii) Por último, en casos con perfiles fácticos idénticos a los an-

teriores, el Tribunal Constitucional se dispuso a variar radical-

mente –también sin motivación alguna, obviando la exigencia

contenida en el párrafo I del artículo 31 de la LOTCPC226– su

criterio originalmente predominante; e indicando ahora que,

tan pronto el agraviado tome conocimiento de la sentencia que

resuelve el asunto penal otorgando ganancia de causa al imputa-

do –accionante en amparo–, se inicia el cómputo del plazo para

promover la accionar en amparo. En este sentido, entonces, las

sentencias TC/0393/16 y TC/0395/16, ambas del 24 de agosto

de 2016.

32. Es claro, pues, que lo anterior, particularmente las deci-

siones referidas en los párrafos ii) y iii), se aparta del contenido

del numeral 2) del artículo 70 de la LOTCPC; así como del

punto de partida considerado originalmente por el Tribunal para

que se active el derecho a reclamar la restauración de los derechos

fundamentales conculcados con la desvinculación de un policía

o militar, mediante la acción constitucional de amparo.

226 Párrafo I: “Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose de su prece-

dente, debe expresar en los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión las

razones por las cuales ha variado su criterio.”

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

33. En otras palabras, el citado artículo manda a que el

amparo sea presentado, a más tardar, dentro del plazo de los

sesenta (60) días posteriores a la fecha en que se tome conoci-

miento del acto u omisión considerado como lesivo de derechos

fundamentales; cuestión que, en la especie analizada –ya que se

procura la restauración de los derechos fundamentales afectados

con la desvinculación–, se materializa con la efectiva separación

del miembro de las filas policiales o militares. Es decir, no en

algún otro momento ni cuando se produce la sentencia penal.

34. Así, conviene recordar que no se aplica la excepción

desarrollada jurisprudencialmente por este Tribunal en su sen-

tencia TC/0205/13, en el sentido de que el plazo en cuestión

puede ser interrumpido por la realización de gestiones y diligen-

cias por parte del afectado en procura del cese de los efectos de

la supuesta conculcación en su contra. De ninguna manera, en

efecto, pueden asumirse como gestiones, actuaciones o diligen-

cias a cargo del afectado, unas incidencias que no dependen de

su voluntad ni de su iniciativa, los cuales carecen de relación con

la defensa de sus intereses, sino que se refieren a un proceso en el

que, en realidad, él ha sido sometido a la justicia.

35. Este no es, en efecto, el supuesto analizado, ya que se

trata de un acto lesivo – en principio– único, cuyo punto de

partida data desde el momento en que el policía o militar toma

conocimiento de los efectos del acto –desvinculación–, a partir

del cual podría advertir la supuesta violación.

36. Conviene detenernos a precisar que ha sido el mismo

Tribunal Constitucional, ante la dificultad de identificar el

momento exacto en que el policía o militar desvinculado toma

conocimiento de su separación del servicio activo, quien ha

optado por estimar, en reiteradas ocasiones, que el momento en

que cobra efectividad dicha medida –en principio– supone la

RAFAEL DÍAZ FILPO

548

fecha en la cual se tomó conocimiento de ella –salvo que en el

expediente obre prueba fehaciente sobre el momento exacto en

que la situación es conocida formalmente por el miembro agra-

viado– y, por ende, se habilita el plazo para accionar en amparo

establecido en el numeral 2) del artículo 70 de la LOTCPC. Para

lo anterior, sirva de ejemplo, a fin de ilustrar mejor, lo establecido

en la Sentencia TC/0016/16 del veintiocho (28) de enero de dos

mil dieciséis (2016), en cuanto a que

[e]n la especie, se trata de una acción en amparo orientada a la

anulación de la puesta en retiro forzoso del actual recurrido, y

es el punto de partida del cómputo del plazo de prescripción, la

fecha en que toma conocimiento de dicho retiro forzoso (17 de

septiembre del 2010).

37. En este punto, resulta útil que analicemos, así sea sucin-

tamente, los roles que corresponde jugar al juez de amparo, por

una parte, y al juez de lo penal, por la otra.

C. BREVES NOTAS SOBRE LOS ROLES DEL JUEZ DE

AMPARO Y DEL JUEZ PENAL

38. Así, analizando el rol del juez de amparo –de justicia

constitucional– en paralelo con el rol del juez penal –de justicia

ordinaria–, resulta notorio que, en el contexto procesal que nos

encontramos, las dimensiones de la justicia impartida por uno

distan del campo de acción del otro, aun en situaciones en que,

como la analizada, se trate de cuestiones que no son disociables

por provenir de un hecho común.

39. En efecto, al juez de amparo, en efecto, le está reservada

la facultad de verificar si la actuación administrativa sanciona-

dora –la desvinculación mediante cancelación o puesta en retiro

forzoso– es adoptada con respeto de los derechos fundamentales

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

del agraviado; mientras que, por otro lado, el juez penal –en sus

atribuciones ordinarias– se encarga de juzgar el hecho punible

o la conducta antijurídica que, si bien puede servir de funda-

mento a la medida administrativa sancionadora consistente en

la separación de los cuerpos policiales o castrenses, de ninguna

manera es el eje nuclear de la conculcación invocada ante el juez

de amparo.

40. Lo anterior pone de manifiesto que para que el juez

de amparo pueda precisar el momento en que se materializó el

hecho generador de la supuesta conculcación a derechos fun-

damentales no es necesario que este conozca la suerte del pro-

ceso penal seguido en contra del accionante, sino que le resulta

suficiente con verificar el momento a partir del cual este tomó

conocimiento de la situación que le causa una perturbación a sus

derechos fundamentales; circunstancia que, en escenarios como

el analizado, comienza con la efectividad de la desvinculación.

41. Para ilustrar mejor, basta entender que el juicio de am-

paro que aquí se realiza es única y exclusivamente para evaluar

si la actuación administrativa mediante la cual se dispone la

separación de un miembro policial o militar afecta los derechos

fundamentales del agraviado, cuestión para la cual no interesa la

suerte del proceso penal.

42. En efecto, considerar que el derecho a ejercer la acción

de amparo se inicia con el dictado de la sentencia que resuelve

el proceso penal implica no solo desvirtuar el sentido mismo

de dicho proceso constitucional, sino, más aun, desconocer los

términos claros y precisos del numeral 2) del artículo 70 de

la LOTCPC. Este establece, como ya hemos señalado repeti-

damente, que se puede –y se debe– realizar la reclamación de

tutela dentro de los sesenta (60) días subsiguientes a la fecha

en que se ha tomado conocimiento de la actuación que afecta

RAFAEL DÍAZ FILPO

550

el derecho fundamental, que en la especie –reiteramos– es el

acto de desvinculación, no la sentencia rendida en ocasión del

proceso penal.

43. Aunque la casuísti ca que genera el presente voto corres-

ponde a la materia militar –la cual tiene un régimen disciplinario

autónomo e independiente del aplicable a la policial–, resulta de

interés para el objeto de este voto hacer un paréntesis y detenernos a

analizar el contenido del párrafo III del artículo 162 de la Ley núm.

590-16, orgánica de la Policía Nacional, de reciente promulgación.

44. Dicho texto establece, en cuanto a la prescripción de las

faltas disciplinarias, lo siguiente:

Párrafo III. Cuando se inicie un procedimiento penal contra

un servidor policial, la prescripción de las infracciones discipli-

narias que de los hechos pudieran derivarse quedará suspendida

por la incoación de aquel procedimiento, aun cuando no se

hubiera procedido disciplinariamente. En estos supuestos, el

plazo volverá a correr desde la fecha de la rmeza de la

sentencia judicial.

45. Tal disposición, como es posible advertir, genera una si-

tuación sustancialmente distinta a la establecida en la anterior –y

derogada– Ley núm. 96-04, institucional de la Policía Nacional,

cuyo párrafo IV de su artículo 66 establecía lo siguiente:

Párrafo IV.- Todo miembro de la Policía Nacional suspendido

en sus funciones y puesto a disposición de la justicia, y que fuere

descargado por sentencia con autoridad de la cosa irrevo-

cablemente juzgada, será reincorporado reconociéndole el

grado o posición que ostentaba, así como el tiempo que estuvo

fuera de servicio.”

46. En este sentido, si bien es cierto que el legislador no

incluyó en la norma vigente la cuestión relativa a la reintegración

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

del policía suspendido –o, como sucede en la práctica, desvincu-

lado–, y que sometido a la justicia penal resultase descargado de

tales acusaciones; también es cierto que ella –la nueva ley– con-

templa que el ejercicio de la acción penal suspende o sobresee

la vigencia de la acción disciplinaria en su contra, lo cual hace

posible inferir que el plazo para accionar disciplinariamente,

cuando ha habido un sometimiento penal, empieza a computar-

se a partir de la sentencia penal firme.

47. Contrario a lo anterior, cuando se trata del ejercicio

de la acción de amparo tendente a tutelar los derechos funda-

mentales que pueden verse afectados con la separación –del

militar o del policía, según sea el caso– hecha en inobservancia

del debido proceso de ley –sea cual fuere su causa o motivo–,

tales disposiciones – contrario al pensamiento de la mayoría

en cuanto a que es posible realizar el computo del plazo para

accionar en amparo, a partir de la sentencia penal– no aplican,

toda vez que esta cuestión obedece exclusivamente a la relación

existente entre la materia disciplinaria y la penal, no así para el

amparo.

48. Y es que, en efecto, si auscultamos bien la finalidad de

estos procesos –del disciplinario y del penal–, nos percatamos de

que el proceso disciplinario fundamentado en la alegada comisión

de ilícitos penales debe –necesaria y lógicamente– aguardar al

resultado del proceso penal; criterio fundado en que al no quedar

comprometida la responsabilidad penal del miembro militar o

policial, la disciplinaria correría con la misma suerte, debido a

que, en tal caso, lo penal sería la causa de la sanción disciplinaria.

49. En este orden de ideas, obsérvese que un policía o

militar separado –o desvinculado– de las filas policiales o mi-

litares, puede resultar afectado por la violación de sus derechos

fundamentales, aun en el caso en que resultare culpable de las

RAFAEL DÍAZ FILPO

552

acusaciones penales que se le formulan y que sirvieron de fun-

damento a la separación o desvinculación. Culpable y todo, ese

ciudadano puede ser víctima de una violación a sus derechos

fundamentales en el momento en que fue separado o desvin-

culado de las filas policiales o militares. Y es esto último lo que

ha de someterse a la atención del juez de amparo, procurando

que este proceda, si corresponde, a la consecuente restauración.

De ahí, la irrelevancia en tomar como punto de partida para

accionar en amparo la fecha en que culmina –con la sentencia o

acto conclusivo– el asunto penal.

50. Además, es preciso recordar que el legislador, en el

artículo 71 de la LOTCPC, estableció lo siguiente:

El conocimiento de la acción de amparo que reúna las condi-

ciones de admisibilidad, no podrá suspenderse o sobreseerse

para aguardar la denición de la suerte de otro proceso

judicial.

51. Es como decía este colegiado en la Sentencia

TC/0048/12, del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012):

C) Aunque obran en el expediente diversos documentos que tien-

den a negar la participación del recurrente en los hechos penales

que se le imputan, no corresponde al Tribunal discutir y

esclarecer los mismos ni, consecuentemente, determinar la

responsabilidad penal del recurrente; D) Por el contrario, sí

interesa al Tribunal analizar el objeto de su apoderamiento ac-

tual, un recurso de revisión de amparo con el que un ciudadano

busca proteger derechos y garantías fundamentales que, según

argumenta, le han sido violados, muy especialmente, el derecho

al debido proceso y el derecho a la defensa;

E) En esta sede constitucional no tiene mayor relevancia, en

efecto, la dilucidación de los hechos penales referidos porque aun

en el caso de que se estableciera de manera fehaciente y objetiva

553

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

la responsabilidad penal del recurrente, eso tendría que hacerse

en el marco del más amplio y absoluto respeto de los referidos

derechos fundamentales, esenciales a la persona humana no

importa cuál sea su estatus jurídico y político;227

52. Y, en este mismo sentido, agregaba entonces este colectivo:

U) Llegados a este punto, conviene recordar que la discreciona-

lidad que la Constitución reconoce al Presidente de la República

no es absoluta y, por el contrario, encuentra límites en la natu-

raleza del Estado Social y Democrático de Derecho vigente entre

nosotros desde la entrada en vigencia de la actual Constitución

del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010); V) El

fundamento de la vigencia real y concreta del Estado Social y

Democrático de Derecho reside en la efectividad y prevalencia

de los derechos fundamentales, y sus garantías, consagrados en

la misma Constitución y las leyes, especialmente, para el caso

concreto, aquellas que regulan el funcionamiento de la Policía

Nacional, de forma que la referida discrecionalidad no sea

confundida con la arbitrariedad;

W) En todo caso, la existencia del Estado Social y Democrático

de Derecho contradice la vigencia de prácticas autoritarias,

incluso en instituciones como las militares y policiales en las

que, por su propia naturaleza, prevalece una jerarquía rígida

y una línea de autoridad sin espacios para el cuestionamiento.

Sin embargo, en ellas también han de prevalecer los derechos

fundamentales, a propósito del derecho de defensa como parte

del debido proceso, de aquellos militares y policías a los que se

les impute la comisión de hechos ilegales y que, si estos fueran

probados, deban ser sancionados;

X) En tal sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional de

Colombia mediante sentencia del veintitrés (23) de abril de dos

227 Tribunal Constitucional de la República Dominicana, sentencia número

TC/0048/12 del 8 de octubre de 2012, p. 13.

RAFAEL DÍAZ FILPO

554

mil nueve (2009), al establecer que “la jurisprudencia constitu-

cional ha sido cautelosa en precisar que la facultad discrecional

para el retiro de funcionarios de la Fuerza Pública no puede ser

confundida con arbitrariedad. La discrecionalidad no es otra

cosa que una facultad más amplia que se concede por la ley a

una autoridad para que ante situaciones específicas normadas

explícitamente pueda acudir a una estimación particular aten-

diendo las circunstancias singulares del caso concreto”; (…). 228

53. En fin, debe tomarse en consideración que el rol del juez

de amparo es sustancialmente diferente al del juez penal; mientras

aquel evalúa la pertinencia o no de restaurar unos derechos funda-

mentales supuestamente violentados, este evalúa la ocurrencia o no

de unos hechos ilícitos y la responsabilidad que cabe al individuo

al que se le imputa la comisión de tales hechos. Este último, como

ya se ha dicho, aun en el caso en que sea determinado culpable

de tales asuntos, puede ser víctima de la violación de sus derechos

fundamentales. Y, en este sentido, la atención de este último

ámbito no puede –ni tiene que– estar supeditada al otro ámbito.

D. LA NECESIDAD DE DISTINGUIR LA POSIBLE

EXISTENCIA DE DOS VIOLACIONES Y, POR TANTO,

DE DOS PLAZOS

54. Retomando la idea nuclear de este voto, cobra sentido

nuestra postura en cuanto a que el plazo debe computarse a

partir del conocimiento de la violación, no así del dictado de la

sentencia penal, en los casos en que la hubiere.

55. En efecto, aunque no se declara taxativamente en la

presente sentencia, a algunos preocupa la situación de un

228 Tribunal Constitucional de la República Dominicana, sentencia número

TC/0048/12 del 8 de octubre de 2012, pp. 19- 20.

555

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

policía o militar desvinculado y sometido a la acción penal que,

sin embargo, resulte descargado en dicho proceso, debería ser

reintegrado y que, si no lo es, entonces debería poder accionar

en amparo en reclamo de la restauración de la violación a sus

derechos que supondría dicha no reintegración.

56. Conviene recordar, en efecto, el contenido del artículo

110 de la ley número 139-13, orgánica de las Fuerzas Armadas,

el cual establece lo siguiente:

Reconocimiento de Derechos por Suspensión. Al militar sus-

pendido en sus funciones y puesto a disposición de los tribunales

ordinarios, que fuere descargado por sentencia con autoridad de

la cosa irrevocablemente juzgada, se le reconocerán los derechos

establecidos en el Artículo 109, Párrafo II.

57. Tales derechos, conforme al artículo 109, párrafo II, de

la ley número 139-13 son que

se le reconocerá el grado que ostentaba, el tiempo que estuvo

fuera del servicio y los haberes dejados de percibir. El tiempo que

haya permanecido fuera de la institución no podrá exceder de

cinco (5) años. La primera solicitud de reintegro deberá hacerla

el interesado en un período no mayor de tres (3) años. Si la

misma es rechazada, dispondrá de dos (2) años a partir de la

fecha de rechazo para reintroducir la solicitud. El procedimiento

para los casos de reintegro será establecido por el reglamento de

la presente ley.

58. Igualmente, el artículo 111 de la citada ley, establece

que:

Reconocimiento de Derechos por Reintegro. En caso de

que un militar haya sido separado y puesto a disposición de la

justicia ordinaria por cometer alguna infracción, si interviene

una sentencia o condenación a penas correccionales que no

RAFAEL DÍAZ FILPO

556

conlleven deshonra, se le reconocen los derechos establecidos en

el Párrafo II, del Artículo 109, previa aprobación del Estado

Mayor General de las Fuerzas Armadas, órgano que se reservará

el derecho de recomendar o no el reintegro, basado en la opinión

debidamente motivada de la Dirección de Asuntos Internos del

Ministerio de Defensa y en la investigación correspondiente.

59. La preocupación señalada unos párrafos más arriba se

nutre, pues, de la consideración de que, si se declara extempo-

ránea la acción de amparo intentada para subsanar la violación

que supone la separación de la institución policial o militar,

dicho ciudadano no podría, entonces, accionar en amparo para

restaurar la violación que supondría no reintegrarlo a las filas

del cuerpo al que pertenecía, una vez sea beneficiado con una

sentencia absolutoria. Por tanto, según esa tesis, la posibilidad

de buscar amparo que se genera a partir de los específicos

términos consagrados por el artículo 70.2 de la LOTCPC no

debería llegar a ser extemporánea al cumplirse los sesenta días

posteriores al conocimiento de la afectación que podría suponer

la desvinculación; sino que debería quedar abierta, indepen-

dientemente el tiempo que transcurra, para ser aplicada en los

sesenta días posteriores a la notificación de la sentencia penal, en

la eventualidad de que dicha sentencia resulte absolutoria, y de

que el beneficiado de la misma intente su reintegración y ello le

sea negado, regateado u obstaculizado.

60. En efecto, aunque no se declara taxativamente en esta

sentencia, en la posición de algunos subyace la consideración

de que para la violación que podría suponer la no reintegración

de un policía o militar desvinculado, conforme los términos

del artículo 110 recién citados, debería aplicar el punto de

partida del plazo para vencer la vulneración que podría suponer

la desvinculación de las filas policiales o militares; obviando,

557

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

incluso, que dicho texto –el citado artículo 110, así como el

artículo 111– establece las vías para procurar el reintegro en

tales condiciones. Así, en esa línea de pensamiento se realiza una

especie de simbiosis entre la violación que podría suponer la no

reintegración del policía o militar desvinculado y descargado y

la violación que podría suponer la desvinculación. De tal forma

que, en la medida en que existe un vínculo innegable entre am-

bas, se asume que ambas violaciones constituyen una sola y para

ella, entonces, existe la posibilidad de una acción de amparo,

cuya prescripción comienza a correr no desde el momento en

que dice la LOTCPC –aquel en que se conoce la violación que

podría suponer la desvinculación– sino desde el momento de la

notificación de la sentencia penal de descargo, consideración esta

que, como ya hemos dicho, no encuentra amparo legal –y no lo

puede encontrar pues, en efecto, es legalmente inexistente– y

que, más aun, es huérfana de toda racionalidad conceptual y

jurídica.

61. Se elude en dicho análisis el hecho de que nadie

cuestiona el que un policía o militar afectado en sus derechos

pueda accionar en amparo en procura de la restauración de los

mismos; y que lo que se plantea y reclama, en este sentido es que

tal gestión se realice conforme los términos de la LOTCPC y,

consecuentemente, en un marco de racionalidad jurídica, puesto

que para eso sirven la Constitución y las leyes.

62. El referido análisis obvia, además, que al considerar

las situaciones que son objeto de su preocupación se ha debido

realizar una distinción elemental, y por demás fundamental: tal

eventualidad supondría la existencia de dos violaciones distintas

y, por tanto, la posibilidad de dos amparos distintos y, conse-

cuentemente, de dos plazos que se generan producto de eventos

distintos.

RAFAEL DÍAZ FILPO

558

63. Los sustentadores de esta posición, en efecto, han ob-

viado la posibilidad de que una misma persona –en este caso,

un policía o militar– pueda ser objeto de dos violaciones a sus

derechos fundamentales, en momentos diferentes, aun cuando

esas violaciones se relacionen –incluso íntimamente, como en los

casos referidos–; para lo cual podría accionar en amparo respecto

a cada una de ellas, a partir en ambos casos del momento en

que tenga conocimiento. Le rechazarían de esa forma la consi-

deración de que, en virtud de la afinidad de las violaciones, se

trata de una sola y única situación, cuyo enfrentamiento se haría

mediante un amparo de muy particular elasticidad, en franca

violación de los términos de la LOTCPC y a la más elemental

racionalidad jurídica y judicial.

64. Es decir, que estamos frente a un escenario donde el

plazo para accionar en amparo establecido en el artículo 70,

numeral 2) de la LOTCPC, no se prolonga en el tiempo, sino

que se podría activar ante dos (2) eventualidades, distintas por

demás, que comportarían violaciones a los derechos fundamen-

tales del agraviado y, por ende, darían lugar a la interposición de

la acción de amparo, por distintos motivos, a saber:

(i) cuando el miembro es desvinculado –actuación administra-

tiva tendente a la cancelación de su nombramiento o puesta en

retiro forzoso– en inobservancia del debido proceso administra-

tivo sancionador y, simultáneamente, es puesto a disposición de

la justicia penal ordinaria; y,

(ii) cuando interviene una decisión absolutoria en ocasión del

susodicho proceso penal ordinario y el cuerpo militar o policial

no obtempera a la inmediata reincorporación del miembro

suspendido, o incluso desvinculado, en los términos de la ley,

cuestión que, de facto, podría traducirse en una omisión admi-

nistrativa conculcadora de derechos fundamentales como el de-

bido proceso administrativo, el trabajo –dada la carrera militar

559

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

o policial– y la dignidad humana, entre otros, de acuerdo a las

particularidades del caso.

65. En este sentido, de lo anterior se colige que la decisión

penal en ningún momento comporta el punto de partida del

plazo establecido en el artículo 70, numeral 2) de la LOTCPC

para accionar en amparo; sino que es a partir de la notificación

de la sentencia (con la negativa o silencio negativo u omisión del

cuerpo militar o policial) en reintegrar al miembro beneficiario

de la sentencia penal que se podría activar el derecho de ejercer

una acción de amparo, la cual resulta distinta a la que se podría

promover a partir del conocimiento del acto de desvinculación

– cancelación del nombramiento o puesta en retiro forzoso– su-

puestamente irregular.

66. Por tanto, debe entenderse que, en un contexto como el

analizado, el conocimiento de la desvinculación –actuación ad-

ministrativa– puede tener un efecto conculcador de los derechos

fundamentales del miembro militar o policial; mientras que, en

otro contexto, muy distinto –cuando interviene una sentencia

penal absolutoria y se toma conocimiento de la misma– puede

serlo el incumplimiento al mandato de reintegro establecido en

la ley –omisión administrativa o silencio negativo– por parte de

la Policía Nacional o del Ministerio de Defensa, según se trate de

un miembro policial o militar.

67. En suma, resulta fundamental hacer la distinción a la

que nos referimos en estos párrafos para no sucumbir en la con-

fusión de dos contextos diferentes –vinculados, pero diferentes–;

y distinguir con claridad la existencia de dos posibles violaciones

y, por tanto, de dos posibilidades para accionar en amparo y,

consecuentemente, de dos plazos para ejercerla conforme lo que

establece taxativa y claramente la LOTCPC.

RAFAEL DÍAZ FILPO

560

68. Por demás, el conocimiento de un hecho sustancial-

mente diferente como es el dictado o toma de conocimiento de

la sentencia penal a favor del imputado –ya sea absolviéndole,

descargándole de toda responsabilidad penal, archivando el caso

o retirándose la acusación–, jamás podría dar lugar al cómputo

del plazo para accionar en amparo en virtud de la violación que

podría suponer la separación de las filas policiales o militares.

Sobre todo, porque de este último evento procesal no dimanan

–no pueden dimanar– violaciones a derechos fundamentales del

agraviado, sino la consolidación de su situación jurídica frente a

las infracciones penales que le fueron atribuidas. En este último

escenario, lo que podría eventualmente generar alguna violación

a derechos fundamentales sería la negativa a proceder al rein-

tegro en los términos que acuerda la ley aplicable, pero esa es,

como hemos dicho repetidamente, otra cuestión, un escenario

diferente que debe ser abordado particularmente.

69. Conviene ahora tratar, de manera específica, el presente

caso.

III. SOBRE EL CASO PARTICULAR

70. Como hemos dicho, en la especie, el consenso mayo-

ritario del Pleno del Tribunal Constitucional decidió rechazar el

recurso de revisión y confirmar la sentencia que declara la inad-

misibilidad de la acción de amparo por no satisfacer los términos

del artículo 70.2 de la LOTCPC.

71. El argumento nuclear del referido fallo radica en

que la acción de amparo – interpuesta el dieciocho (18) de

febrero de dos mil quince (2015)– fue tramitada cuando ya se

encontraba vencido el plazo de sesenta (60) días previsto en

el artículo 70, numeral 2) de la LOTCPC, para ejercer dicho

derecho; ya que la puesta en baja del servicio como miembro

561

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

activo de la entonces Fuerza Aérea Dominica (hoy Ministerio

de Defensa de la República Dominicana) de Ramón Elías Pérez

Cuevas tuvo lugar el veintitrés (23) de julio de dos mil tres

(2003), y el nueve (9) de septiembre de dos mil tres (2003) fue

emitida el auto de no ha lugar que cerró de manera favorable

el proceso penal ordinario abierto en su contra. En ocasión

de lo anterior, la mayoría del Tribunal Constitucional sostiene

que en cualquiera de los escenarios señalados –si acaso fueren

considerados para tomar el punto de partida– había transcurri-

do un plazo superior al permitido por la ley para accionar en

amparo.

72. No obstante, en la indicada decisión, dicha mayoría del

Tribunal Constitucional flaquea cuando se dispone a establecer

una nueva fórmula para determinar el punto de partida del plazo

para accionar en amparo, el cual –a consideración del legislador–

ha de ser sólo uno y único, por cada actuación u omisión que

afecte derechos fundamentales. En efecto, en relación al tema el

pleno establece lo siguiente:

f) Así, ponderando la situación fáctica del proceso, se precisa

indicar que el veintitrés (23) de julio de dos mil tres (2003) a la

parte recurrente, Ramón Elías Pérez Cuevas, le fue cancelado su

nombramiento en la entonces

Fuerzas Aérea Dominicana –hoy Ministerio de Defensa de

la República Dominicana. Asimismo, cabe precisar que –antes

de ser cancelado su nombramiento– Ramón Elías Pérez Cuevas

fue presentado a la justicia y el nueve (9) del mes de septiembre

del año dos mil tres (2003) se le dictó a su favor auto de no ha

lugar a su persecución penal, conforme al referido auto número

361-03 del Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial María

Trinidad Sánchez (Nagua).

RAFAEL DÍAZ FILPO

562

g) Es ineludible el hecho de que tanto a partir del momento en

que se hizo efectiva la desvinculación (23 de julio de 2003),

como cuando se tomó conocimiento de la finalización del proceso

penal (9 de septiembre de 2003), a la fecha de interposición

de la acción de amparo (18 de febrero de 2015), ya habían

transcurrido más de once (11) años, estando, por consiguiente,

ventajosamente vencido el plazo de sesenta (60) días para ac-

cionar en amparo, previsto en el artículo 70.2 de la ley número

137-11.

h) En ese tenor, independientemente de que se tome como

punto de partida la fecha de efectividad de la desvincu-

lación o aquella en que se dictó el auto de no ha lugar

a favor de la parte recurrente, la acción de amparo en

cuestión deviene en inadmisible, por extemporánea, ya

que fue realizada – cómo ya señalamos– fuera del plazo

de sesenta (60) días.

73. No estamos de acuerdo con esta afirmación, en vista de

que la mayoría de los miembros del Pleno del Tribunal Cons-

titucional, al momento de emitir el indicado fallo omitió un

aspecto sustancial en cuanto a la determinación del plazo para

accionar en amparo. Nos referimos a que se limitó a precisar que

el referido plazo se encontraba vencido, en todos los casos, es

decir, sin distinguir el evento –la cancelación del nombramiento

o acto de desvinculación de la emisión de la decisión que resuelve

con carácter definitivo el aspecto penal ordinario– que se tomará

como generador de las violaciones a derechos fundamentales

que dan lugar a la interposición de la acción de amparo y, por

ende, permite determinar a partir de cuándo empezaría a correr

el plazo.

74. Lo cierto es que, como hemos precisado anteriormente,

el derecho para accionar en amparo para reclamar la restauración

563

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

de aquellos derechos fundamentales que se puedan ver afectados

con la separación –sea por retiro forzoso o por cancelación– de

un miembro de la Policía Nacional o del Ministerio de Defensa,

surge al momento en que se toma conocimiento de la situación

agraviante conforme a los términos del artículo 70, numeral 2),

de la LOTCPC; no así con el dictado de la sentencia o decisión

penal a favor del imputado –accionante en amparo– en los casos

en que la hubiere, como ocurre en la especie.

75. En efecto, el criterio por el cual se ha decantado la

mayoría del pleno determinar el momento que da lugar a la

generación de las conculcaciones, además de ser ambivalente e

impreciso, condiciona el ejercicio de la acción de amparo a la

suerte de un proceso de justicia ordinaria, lo cual desarticula el

eje nuclear de esta garantía y proceso constitucional, a saber: la

obtención de una protección efectiva de los derechos fundamen-

tales de las personas.

76. De este modo, podemos concluir en que, cuando el

Tribunal Constitucional no se detiene a analizar el punto de par-

tida del plazo para accionar en amparo conforme a lo establecido

en el numeral 2) del artículo 70 de la LOTCPC, incumple con

el debido proceso instituido a tales fines; aserción que se funda

en que se deja abierta la posibilidad de que se tome como punto

de partida un evento –el dictado y la notificación de la sentencia

penal que favorece al accionante en amparo– que no comporta

un hecho u omisión tendente a afectar derecho fundamental al-

guno del miembro desvinculado de las filas policiales o militares.

77. Y es que, si el Tribunal Constitucional no valora que

el hecho generador de la supuesta violación –separación por

cancelación de nombramiento o puesta en retiro forzoso– a

derechos fundamentales que se pretende restaurar mediante la

acción de amparo es el único que activa el referido plazo, –y

RAFAEL DÍAZ FILPO

564

considera que este se activa con el dictado de la sentencia penal–,

estaría prorrogando la tutela de derechos fundamentales, cuando

a partir de la sentencia penal favorable para el imputado lo que

podría suceder –dada la eventual negativa de la administración

en reintegrar al miembro separado– es que se genere otro evento

o supuesto de hecho potencialmente generador de conculcacio-

nes a sus derechos fundamentales, que daría también lugar a una

acción de amparo, por demás distinta a la primigenia.

78. En el caso que nos ocupa, estamos de acuerdo con la

decisión de acoger el recurso, revocar la sentencia de amparo y

declarar la inadmisión de la acción por la inobservancia que hubo

respecto al plazo previsto en el artículo 70.2 de la LOTCPC.

79. En efecto, la acción de amparo (18 de febrero de 2015)

es inadmisible por extemporánea, toda vez que la parte accionan-

te la interpuso aproximadamente once (11) años, seis (6) meses

y veintitrés (23) días después de haber tomado conocimiento

de la supuesta violación generada con su desvinculación (23

de febrero de 2003), momento a partir del cual, en efecto, se

activó su derecho para reclamar en amparo la restauración de los

derechos fundamentales que supuestamente le fueron afectados

con el susodicho acto administrativo.

80. En suma, con lo que no estamos contestes es con la

ambivalencia que se ha manejado la mayoría para determinar

el punto de partida de la acción de amparo –al considerar que

podrían existir dos (2) eventos, por demás distintos, que lo

activen– en casos análogos a la especie, así como con la apertura

a que, eventualmente, sirva como punto de partida el momento

en que se produce la sentencia dictada en ocasión del proceso

penal ordinario realizado en contra del miembro separado de

los cuerpos militares o policiales. Porque es cierto que en ambos

casos la acción deviene en extemporánea. Pero en uno de ellos

565

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

se aplica el contenido de la ley, mientras que en otro no, pues

se inobserva el contenido del artículo 70, numeral 2), de la

LOTCPC que prevé la inadmisibilidad de la acción de amparo:

Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro

de los sesenta días que sigan a la fecha en que el agraviado

ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha con-

culcado un derecho fundamental.

81. Por todo lo anterior, y aunque estamos de acuerdo con la

decisión adoptada, salvamos nuestro voto, pues tomando en cuen-

ta que de la lectura del indicado texto –artículo 70, numeral 2), de

la LOTCPC– se infiere que el agraviado debe –y de hecho puede–

presentar su acción de amparo dentro del plazo de los sesenta (60)

días subsecuentes al conocimiento de la acción u omisión que le

ha violentado sus derechos fundamentales, es que consideramos

que la mayoría del Tribunal Constitucional debe ser más precisa y

terminante y retomar la línea jurisprudencial original que versa en

este sentido –al respecto las sentencias TC/0072/16, TC/0136/16,

TC/020 0/16, TC/0203/16 y TC/0262/16– y, en consecuencia,

establecer que el computo del plazo de marras inicia al momento

en que el agraviado toma conocimiento de la actuación u omisión

que considera le ha conculcado algún derecho fundamental, no

así, del momento en que tome conocimiento de la decisión con

la cual culmina el proceso penal ordinario seguido en su contra

o, independientemente, de alguno de estos eventos como se ha

venido estableciendo recientemente.

Firmado: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Justo Pedro

Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano,

Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Idelfonso Reyes, Juez.