Sentencia nº 27 de Suprema Corte de Justicia, del 30 de Junio de 2011.

Fecha de Resolución:30 de Junio de 2011
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 00/07/2011

Materia: Contencioso-Administrativo

Recurrente(s): F.P. de B., G.A.P.F.

Abogado(s): L.. J.J.N.R., Dr. M.Á.L.I.

Recurrido(s): Ayuntamiento del Distrito Nacional

Abogado(s):

Intrviniente(s): M. de L.B. de Barceló

Abogado(s): L.. O.M.S., Rafael Herasme Luciano

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por F.P. de B. y G.A.P.F., dominicanas, mayores de edad, domiciliadas y residentes en esta ciudad, con cédulas de identidad y electoral núms. 001-0101087-4 y 001-0126282-8, respectivamente, quienes actúan en representación de la Junta de Vecinos del Residencial Universitario del sector G., A.H. de Santo Domingo, Distrito Nacional, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Contencioso-Tributario y Administrativo, hoy denominado Tribunal Superior Administrativo, el 14 de septiembre de 2007, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el memorial de casación, depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 4 de octubre de 2007, suscrito por el Lic. J.J.N.R. y el Dr. M.Á.L.I., con cédulas de identidad y electoral núms. 001-0158362-3 y 001-0173542-1, respectivamente, abogados de las recurrentes, mediante el cual proponen los medios de casación que se indican más adelante;

Visto la Resolución núm. 593-2008 dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 14 de febrero de 2008, mediante la cual declara el defecto de la parte recurrida, Ayuntamiento del Distrito Nacional;

Visto el escrito en intervención voluntaria depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 7 de julio de 2008, suscrito por los Licdos. O.M.S. y R.H.L., abogados de la interviniente voluntaria M. de L.B. de Barceló;

Visto la Resolución núm. 615-2009 dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el 12 de enero de 2009, mediante la cual se ordena que la demanda en intervención se una a la demanda principal;

Visto el auto dictado el 14 de julio de 2011, por el magistrado J.L.V., Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, al magistrado J.A.S., Juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 1934;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

La CORTE, en audiencia pública del 9 de septiembre de 2009, estando presentes los Jueces: J.L.V., P.; E.R.P., D.O.F.E. y P.R.C., asistidos de la Secretaria General y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que en fecha 23 de marzo de 2007, el Ayuntamiento del Distrito Nacional dictó su Resolución núm. 36-2007, cuyo dispositivo dice lo siguiente: "Primero: Derogar como al efecto deroga, la Resolución núm.134-04, que dice que la pared limítrofe de la calle Segunda de la urbanización Universitaria Gala permanezca donde se encuentra, por los derechos adquiridos de sus residentes; Segundo: Dar apertura a la Sra. M. de L.B. de B. por la calle Segunda de la Urbanización Universitaria-Gala, ya que no hay razón técnica, ni legal que impida la salida por dichas vías y además en la única salida que tiene esa vivienda; Tercero: Que la presente resolución sea comunicada a la Administración Municipal para su ejecución"; b) que no conforme con esta decisión, las señoras F.P. de B. y Y.A.P.F., actuando a nombre y representación de la Junta de Vecinos del Residencial Universitario del sector G., A.H., interpusieron recurso contencioso administrativo ante el tribunal a-quo donde intervino la sentencia ahora impugnada cuyo dispositivo dice lo siguiente: Primero: Declara bueno y válido en cuanto a la forma del Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por las señoras F.P. de B. y Yina Altagracia Pantaleón Frías, en representación de la Junta de Vecinos de la Urbanización Universitaria del sector G., A.H., Santo Domingo, R.D., interpuesto en fecha 4 de abril del año 2007, contra la Resolución núm. 36-2007 de fecha 23 de marzo del año 2007, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional; Segundo: Rechaza en cuanto al fondo el recurso contencioso administrativo (apelación) por improcedente, mal fundado y carente de base legal y en consecuencia confirma en todas sus partes la Resolución núm. 36-2007, de fecha 23 de marzo del año 2007, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional; Tercero: Ordena, la comunicación de la presente sentencia por Secretaría, a las señoras F.P. de B. y Yina Altagracia Pantaleón Frías, en representación de la Junta de Vecinos de la urbanización Universitaria del sector G., A.H., Santo Domingo, D.N. y/o sus representantes legales, a la señora M.L.B. de B. y/o sus representantes legales y al Ayuntamiento del Distrito Nacional y/o sus representantes legales; Cuarto: Ordena, que la presente sentencia sea publicada en el Boletín Judicial Contencioso Tributario y Administrativo";

Considerando, que en su memorial de casación las recurrentes proponen los siguientes medios: Primer Medio: Medios que tratan sobre la desnaturalización de los hechos. La corte a-qua introdujo elementos ajenos a la resolución apelada; Segundo Medio: Falta de base legal y mala aplicación del derecho. Documentos introducidos indebidamente en el debate; Tercer Medio: Mala aplicación del derecho, errada interpretación de los artículos 295 y 302 del Código de Procedimiento Civil, los artículos 5 y 6 de la Ley núm. 675 sobre Urbanización, O.P. y Construcciones y del artículo 25 de la Ley núm. 3456;

Considerando, que en el desarrollo de los medios propuestos contra la sentencia impugnada, los que se reúnen para su examen por su estrecha relación, las recurrentes alegan en síntesis, que el tribunal al evacuar tan desatinada sentencia ha propiciado la introducción de una demanda por el daño emergente proporcionado a los residentes de esta urbanización por parte de la señora M. de L.B. de B., que en ejecución de esta sentencia que, indirectamente le favorecía y, atribuyéndose las facultades del Ayuntamiento del Distrito Nacional, decidió arbitrariamente obviar las prerrogativas procedimentales de ley y en franca violación a los principios del respeto ajeno y de los derechos de toda una comunidad irrumpieron en este residencial el mismo día en que fue dictada la sentencia del tribunal a-quo y ordenaron la demolición de la verja, amparándose en una decisión desatinada, dada en base a las desnaturalizaciones de los hechos, ya que la corte a-qua sustentó la misma en hechos y documentos que no eran objeto de debate en el referido proceso, puesto que se sustentó en documentos indebidamente vertidos por los abogados de la interviniente voluntaria, los que no les fueron debidamente notificados, como lo establece la ley, pero que sirvieron de sustento a dicha sentencia, al haber la corte asignado ilegítimamente a las intervinientes el papel de parte recurrida, violando así debido proceso y tipificando la nulidad de los actos por irregularidades de fondo del procedimiento, tal como lo establecen los artículos 39 y siguientes de la Ley núm. 834 de 1978, lo que deja esta sentencia carente de base legal; que igualmente es otro motivo de preocupación, la actitud asumida por dicha corte en lo relativo a la inspección de los lugares, ya que previo a la decisión de eliminar una pared limítrofe que separa el residencial de un solar contiguo, el tribunal debió escuchar la opinión técnica calificada de una comisión mixta, conformada por la Dirección General de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento y de otras instituciones ligadas al desarrollo de Obras Públicas, así como a las partes afectadas, pero no fue así, sino que la corte decidió descender al lugar de los hechos, recaudar opiniones de los recurrentes, de los abogados de las intervinientes y del ayuntamiento, así como de algunas personas del público allí presentes, violando con este accionar el artículo 295 del Código de Procedimiento Civil, que establece, que cuando ocurra un caso en que el tribunal lo crea necesario podrá ordenar que uno de los jueces se transporte al lugar, pero ésto no procede en aquellas materias que solamente exigen un simple informe de peritos, a menos que le sea requerido por una u otra de las partes; que la Corte también violó el artículo 302 del mismo código que dispone claramente que cuando procediere un informe de peritos, se ordenará por sentencia, en la cual se enunciaran claramente los objetos de la diligencia pericial, lo que no se hizo en este caso; agregan, que si se observa la resolución del ayuntamiento, impugnada ante el tribunal a-quo, se puede apreciar que la misma se fundamenta en conceptos triviales y ligeros tales como que la vivienda de la señora B. tiene una única salida y que esta señora había depositado en el ayuntamiento el deslinde de su parcela, así como la opinión de Planeamiento Urbano; pero, estas no son razones valederas para reemplazar los derechos adquiridos de toda una comunidad;

Considerando, que también alegan las recurrentes que para ordenar la demolición de una pared que marcaba el límite de esta urbanización y disponer la colocación de un portón de acceso, el ayuntamiento debió recabar las opiniones de otras instituciones calificadas, como lo es la Secretaría de Estado de Obras Públicas, así como la de técnicos independientes calificados y finalmente, el parecer de las partes afectadas, por lo que al confirmar esta decisión municipal, que es contraria al espíritu de la Ley núm. 675 sobre Urbanizaciones y O.P., específicamente en sus artículos 5 y 6, que regulan las condiciones para que exista libre circulación por las calles, la sentencia impugnada carece del debido soporte jurídico que debe acompañar a todos los fallos emanados de los tribunales del país, por lo que procede su casación";

Considerando, que en los motivos de la sentencia impugnada, la corte expone, lo siguiente: "que luego del estudio del expediente, se advierte, que se refiere a determinar si procede o no la confirmación de la Resolución núm. 36-2007 de fecha 23 de marzo de 2007 dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional; que es necesario precisar que en cuanto a los actos administrativos solo procederá la revocación de los actos públicos cuando se incurra en cualquier infracción del ordenamiento jurídico o cuando haya una desviación de su propósito; que el artículo 31 de la Ley núm. 3455 de Organización Municipal de fecha 21 de diciembre de 1952, apartado 4 a) establece que es competencia de los ayuntamientos "La apertura, la construcción, la reparación, la alineación, la nivelación, el enderezamiento, la ampliación, la prolongación, la supresión o la clausura de caminos vecinales intermunicipales, calles, avenidas, paseos, parques, plazas, jardines u otras vías públicas de su dependencia así como las correspondientes cunetas, contenes y aceras". Asimismo la Ley núm. 675, sobre la Urbanización Pública y Construcciones en su artículo 1 dispone que: "Todo lo que se relaciona con trazados de dirección general de planeamiento de vías y calles deberá estar regulado por la autoridad municipal correspondiente"; que de los textos legales previamente establecidos, se infiere que son funciones de las autoridades municipales ordenar, reglamentar y resolver todo lo relativo a aperturas, construcciones de calles, avenidas de las vías públicas, cuando la misma es hecha conforme con la ley; que en la especie, el tribunal advierte que con la referida Resolución núm. 36-2007, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional, no se viola ningún tipo de derecho, ni se afecta la tranquilidad, la paz y el interés de los habitantes de la urbanización Universitaria Gala, puesto que la apertura que ha ordenado la Sala Capitular solo le daría acceso a la vivienda familiar de la señora M. de L.B. de B.; que al emitir la resolución hoy recurrida, ordenando la apertura, la Sala Capitular lo hizo dentro de los límites de su competencia y propósitos legales que le asisten como autoridad municipal, por lo que el tribunal rechaza el presente recurso y en consecuencia confirma en todas su partes la referida Resolución núm. 36-2007 dictada en fecha 23 de marzo del año 2007, por estar hecha conforme a la ley y al derecho";

Considerando, que lo transcrito precedentemente revela, que al establecer en su sentencia que "al emitir la resolución hoy recurrida, ordenando la apertura, la sala capitular lo hizo dentro de los límites de su competencia y propósitos legales que le asisten como autoridad municipal" y en base a ésto proceder a confirmar dicha resolución dictada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el tribunal a-quo hizo una correcta aplicación de la ley, contrario a lo alegado por las recurrentes, ya que las leyes que rigen la materia le confieren a dichos ayuntamientos la atribución de ordenar, reglamentar y resolver, cuanto fuere necesario o conveniente, para proveer las necesidades del municipio y a su mayor bienestar, prosperidad y cultura; que en la especie, al comprobar el Ayuntamiento del Distrito Nacional que la pared limítrofe del Residencial Universitario del sector G., en Arroyo Hondo, impedía el acceso a la propiedad de la señora M. de L.B. de B., menoscabando el derecho de propiedad y el derecho al libre tránsito de ésta, al impedirle el libre acceso a la vía pública, dicha entidad municipal actuó de forma legítima y con sujeción a las atribuciones que le otorga el numeral 4 del citado artículo 31 de la entonces vigente Ley núm. 3455 sobre Organización Municipal, que le faculta para ordenar la apertura de vías y calles a fin de facilitar el libre acceso a las mismas por ser del dominio público, sin que ésto vulnere ni menoscabe los derechos adquiridos de los residentes en esta urbanización como invocan las recurrentes, ya que no puede hablarse de derechos adquiridos cuando, como en la especie, el supuesto derecho proviene de actos ilegítimos producidos por particulares que le impiden a otros particulares el libre ejercicio y disfrute de sus derechos, tal como fue acertadamente evaluado por el tribunal a-quo al momento de producir su decisión, la que contiene motivos suficientes y pertinentes que justifican lo decidido y que permiten a esta Suprema Corte comprobar que en el presente caso se ha hecho una correcta aplicación del derecho a los hechos soberanamente apreciados por dicho tribunal, lo que conduce a que su sentencia contenga una buena aplicación de la ley, sin incurrir en los vicios denunciados por las recurrentes; en consecuencia, se rechaza el recurso de casación de que se trata por improcedente y mal fundado;

Considerando, que en materia contencioso-administrativa no ha lugar a condenación en costas, ya que así lo establece la Ley núm. 1494 de 1947 aun vigente en ese aspecto.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por las recurrentes F.P. de B. y G.A.P.F., quienes actúan en representación de la Junta de Vecinos del Residencial Universitario del sector Galá, A.H., contra la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 14 de septiembre de 2007, cuyo dispositivo figura copiado en otra parte del presente fallo; Segundo: Declara que en esta materia no ha lugar a condenación en costas.

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 20 de julio de 2011, años 168° de la Independencia y 148° de la Restauración.

Firmado: J.L.V., J.A.S., E.R.P., D.F.E., P.R.C., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.