TC/0036/12, quince (15) de agosto de dos mil doce (2012)

• Páginas: 419-426
• Fecha: 01 Enero 2012
• Fecha de publicación: 01 Enero 2012
• Materia: Derecho Constitucional

Anuario Tribunal Constitucional 2012 • 

SENTENCIA TC/0036/12

Referencia: Expediente No. TC-05-2012-

0017, relativo al Recurso de Revisión

de Amparo incoado por el señor Isi-

dro Melo Otaño contra el Director de

la Gerencia No. 7 del Instituto Agra-

rio Dominicano (IAD), con asiento

en San Juan de la Maguana.

EN EL MUNICIPIO DE SANTO

DOMINGO OESTE,

Provincia de Santo Domingo, República

Dominicana, a los quince (15) días del mes

de agosto del año dos mil doce (2012).

El Tribunal Constitucional, regularmen-

te constituido por los magistrados Milton

Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda

Margarita Piña Medrano, Jueza Prime-

ra Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez

Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta

de los Santos, Ana Isabel Bonilla Her-

nández, Justo Pedro Castellanos Khouri,

Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jo-

ttin Cury David, Wilson S. Gómez Ra-

mírez, Víctor Gómez Bergés e Idelfonso

Reyes, jueces miembros; en ejercicio de

sus competencias constitucionales y lega-

les, y especícamente las previstas en los

artículos 185.4 y 277 de la Constitución y

94 de la Ley Orgánica del Tribunal Cons-

titucional y de los Procedimientos Cons-

titucionales No. 137-11, de fecha trece

(13) de junio del año dos mil once (2011),

dicta la siguiente sentencia:

I. ANTECEDENTES

1. Descripción de la sentencia recurrida

La Ordenanza No. 322-11-035, objeto del

presente recurso de revisión, fue dictada en

fecha treinta y uno (31) de octubre del año

dos mil once (2011) por la Cámara Civil,

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Pri-

mera Instancia del Distrito Judicial de San

Jua n d e l a M agua na. Di cho fa llo de ses tim ó

la acción de amparo incoada por el señor

Isidro Melo Otaño, en fecha 8 de agosto de

2011, contra el referido director de la Ge-

rencia No.7 de San Juan de la Maguana.

La indicada ordenanza le fue comuni-

cada al señor Isidro Melo Otaño, y este, en

fecha 16 de noviembre 2011, la noticó al

Director de la Gerencia No.7, que al respec-

to no adoptó medida alguna. El accionan-

te recurrió en revisión contra la indicada

ordenanza de amparo mediante instancia

depositada en la Cámara Civil, Comercial

y de Trabajo del Juzgado de Primera Ins-

tancia del Distrito Judicial de San Juan de

la Maguana, el veintidós (22) de noviembre

de 2011.

En esta última fecha, el recurrente

en revisión de amparo noticó el escri-

to del recurso de revisión al Director de

la Gerencia No. 7 del Instituto Agrario

Dominicano (IAD), en San Juan de la

Maguana, Eduardo Pinales, mediante el

acto No.320-2011, de fecha veintidós (22)

de octubre del año dos mil once (2011),

instrumentado por Joan Manuel Mateo

Berigüete, alguacil de estrados de la Pri-

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mera Sala del Juzgado de Paz Especial de

Tránsito, de San Juan de la Maguana.

2. Presentación del recurso de revisión

El recurrente Isidro Melo Otaño es bene-

ciario del Programa de Reforma Agraria

auspiciado por el Instituto Agrario Do-

minicano (IAD), en el proyecto AC-150

de Pedro Corto, San Juan de la Maguana,

Parcela No. 543, del Distrito Catastral

No.3, desde hace más de 27 años. Bajo el

alegato de que dicho funcionario ha pre-

tendido vulnerar sus derechos fundamen-

tales, el indicado recurrente accionó en

amparo, lo cual dio lugar a la antes indica-

da ordenanza. No conforme con la misma,

el impetrante interpuso formal recurso

de revisión, en fecha 16 de enero de 2012,

fundado en los hechos que se resumen más

adelante.

3. Fundamento de la sentencia recurrida

La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo

del Juzgado de Primera Instancia del Dis-

trito Judicial de San Juan de la Maguana

desestimó la acción de amparo, esencial-

mente por los motivos siguientes: “Consi-

derando que del análisis de todos (sic) lo

antes expuesto, este tribunal ha podido

comprobar que real y efectivamente, se

trata de una demanda en ‘ACCION CONS-

TITUCIONAL DE AMPARO’ incoada

por el señor ISIDRO MELO OTAÑO, con-

tra el INSTITUTO AGRARIO DOMINI-

CANO (IAD), mediante instancia de fecha

8 de agosto del año 2011, alegando la parte

demandante conculcación del derecho de

propiedad; que en virtud de las documen-

taciones arriba indicada combinadas con

las declaraciones de las partes, se inere

la existencia de una litis sobre la propie-

dad; que si bien es cierto que inicialmente,

existe una asignación provisional, a car-

go de la parte demandante por parte del

IAD, no es menos cierto es que se trata de

herederos los cuales reclaman la partición

de dicha propiedad y al estar siendo dicha

propiedad objeto de análisis del expedien-

te relativa a la parcela sin que la comisión

encargada del (IAD), (sic) haya rendido in-

forme alguno así como tampoco haya pro-

bado al tribunal la parte demandante, que

exista una asignación denitiva, a cargo

de este, es evidente que no está denido a

quien corresponde el derecho de propiedad

sobre la parcela en cuestión, aun cuando el

demandante tenga una asignación provi-

sional , y en tal sentido el tribunal entien-

de que no existe vulneración al derecho de

propiedad supuestamente conculcado. Por

lo que procede DESESTIMAR la presente

demanda en Acción Constitucional de Am-

paro, como aparecerá en la parte dispositi-

va de la presente sentencia.”

4. Hechos y argumentos jurídicos del

recurrente en revisión

El recurrente procura que se revise la de-

cisión objeto del recurso, y, para justifi-

car su pretensión, alega:

a) Que en fecha 17 de diciembre de 1984,

fue seleccionado como beneciario del

Proyecto Reforma Agraria AC-150, y

se le asignó una porción de terreno con

una extensión supercial de 3 hectá-

reas, 82 áreas y 98.9 centiáreas, dentro

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del ámbito de la Parcela No. 543, (de

acuerdo a lo consignado en el acto de

transferencia por donación Parcela No.

11) del Distrito Catastral No.3, de Pe-

dro Corto, San Juan de la Maguana.

b) Que el director de la Gerencia No.7 del

Instituto Agrario Dominicano (IAD),

en San Juan de la Maguana, le ha vio-

lado sus derechos fundamentales en su

condición de parcelero del Proyecto

AC-150 de Reforma Agraria, al autori-

zar verbalmente a Jovita Melo y a San-

to Melo a ocupar y sembrar de arroz el

cincuenta por ciento (50%) de la refe-

rida parcela.

c) Que esa actuación se ha constituido en

un impedimento para que el recurren-

te cumpla con las obligaciones econó-

micas contraídas con la gerencia local

del Banco Agrícola, razón por la cual

interpuso una acción de amparo ante

la Cámara Civil, Comercial y de Tra-

bajo del Juzgado de Primera Instancia

del Distrito Judicial de San Juan de la

Maguana.

5. Hechos y argumentos jurídicos del

recurrido en revisión

La parte recurrida, el Director de la Ge-

rencia No. 7 del Instituto Agrario Domi-

nicano (IAD) en San Juan de la Maguana,

no hizo ningún planteamiento con res-

pecto a la acción de amparo, no obstante

haber sido debidamente noticado, según

el acto número 320/2011, de fecha 22 de

noviembre de 2011, instrumentado por el

ministerial Joan Manuel Mateo Berigüete,

alguacil de estrados de la Primera Sala del

Juzgado de Paz Especial de Tránsito del

municipio San Juan de la Maguana.

6. Pruebas documentales

En el trámite del presente recurso de re-

visión, los documentos depositados más

relevantes son los siguientes:

a) Copia del certicado de asignación pro-

visional librado por el Instituto Agra-

rio Dominicano (IAD) a favor de Isidro

Melo Otaño, de fecha 17 de diciembre

de 1984 (original entregado al I.A.D.,

con la nalidad de obtener titulación

denitiva).

b) Copia de la certicación para nes de

titulación denitiva, expedida por la

Gerencia No. 7 de San Juan de la Ma-

guana, en fecha 8 de junio de 2008, a

favor de Isidro Melo Otaño.

c) Copia de la certicación del Instituto

Agrario Dominicano (IAD) que acre-

dita a Isidro Melo Otaño como parce-

lero del plan de Reforma Agraria desde

1984.

d) Copia de la certicación, librada en fe-

cha 23 de septiembre del 2008, por el

Banco Agrícola de la República Do-

minicana, que prueba que Isidro Melo

Otaño es beneciario de crédito en su

condición de parcelero asentado en un

proyecto del I.A.D.

e) Copia de la convocatoria formulada

por el ingeniero Juan Rodríguez Ra-

mírez, Director General del I.A.D., a

Isidro Melo Otaño, para que partici-

para en una reunión que tenía como

objetivo acordar el procedimiento

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para tramitar los expedientes con fi-

nes de titulación definitiva.

f) Copia del acto de donación intervenido

entre el Instituto Agrario Dominicano

(IAD), donante, y el señor Isidro Melo,

donatario, con rmas legalizadas por

la doctora Maricela A. Pérez M., nota-

ria del número del Distrito Nacional,

en fecha 31 de enero del 2011.

g) Denuncia presentada por Isidro Melo

Otaño ante el entonces Gerente Regional

No.7 del Instituto Agrario Dominicano

(IAD), Francisco Rafael Díaz Díaz, en

fecha 20 de abril de 2010.

h) Copia de la denuncia de intento de des-

alojo que elevara Isidro Melo Otaño al

Director General del Instituto Agra-

rio Dominicano (IAD), en fecha 22 de

marzo de 2011.

i) Solicitud formulada por Isidro Melo Ota-

ño a la Cámara Civil, Comercial y de Tra-

bajo del Juzgado de Primera Instancia

del Distrito Judicial de San Juan de la

Maguana, en fecha 8 de agosto de 2011,

para conocer acción de amparo.

II. CONSIDERACIONES Y

FUNDAMENTOS DEL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

7. Síntesis del conicto

Conforme con los documentos depositados

en el expediente y los hechos invocados,

en el caso que nos ocupa: a) el señor Isidro

Melo Otaño recibió del Instituto Agrario

Dominicano (IAD), en fecha 17 de diciem-

bre de 1984, la asignación de tres (3) hectá-

reas, ochenta y dos (82) áreas y noventa y

ocho punto nueve (98.9) centiáreas (equi-

valente a 38,298.9 metros), primero, según

la asignación provisional, dentro de la Par-

cela número 543, (de acuerdo a lo consig-

nado en el acto de transferencia por dona-

ción Parcela No. 11) del Distrito Catastral

número 03, de San Juan de la Maguana;

b) El Director de la Gerencia No. 7 de di-

cho organismo ocial, con asiento en la

referida provincia, autorizó a Jovita Melo

y a Santo Melo a ocupar el cincuenta por

ciento (50%) de la extensión supercial a

él asignada dentro de la referida parcela; y

c) el señor Isidro Melo Otaño estima que

se le ha violado su derecho de propiedad

como parcelero beneciario de los planes

gubernamentales de reforma agraria.

8. Competencia

Este Tribunal es competente para conocer

del presente recurso, en virtud de lo que

dispone el artículo 185.4 de la Constitución

de la República Dominicana y el artículo

94 de la referida Ley Orgánica No. 137-11.

9. Admisibilidad del presente

recurso de revisión

Al ponderar el presente recurso de revi-

sión, la mejor práctica procesal impone de-

terminar si el mismo reúne las exigencias

establecidas para la admisibilidad prevista

en el artículo 100 de la ley que rige la ma-

teria. En tal sentido:

a) La cuestión plateada por el caso que

nos ocupa cumple con el presupuesto

número uno (1), establecido en la pá-

gina ocho (8) de la sentencia número

TC/0007/12, del veintidós (22) de mar-

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zo del año dos mil doce (2012), dicta-

da por este Tribunal, el cual se reere,

entre otros supuestos, a aquellos “(…)

que contemplen conictos sobre dere-

chos fundamentales respecto a los cua-

les el Tribunal Constitucional no haya

establecido criterios que permitan su

esclarecimiento (…)”.

b) Luego estudiar y valorar los documen-

tos y hechos más importantes del ex-

pediente que nos ocupa, llegamos a la

conclusión de que en el presente caso

se revela especial trascendencia o rele-

vancia constitucional, toda vez que la

solución al conicto objeto del presente

recurso supone denir los alcances del

derecho que en relación a la propiedad

inmobiliaria adquiere el beneciario de

un proyecto del Instituto Agrario Do-

minicano (IAD). De ahí que resulte ad-

misible el recurso de revisión incoado,

y por tanto el Tribunal Constitucional

debe conocer el fondo del mismo.

10. El fondo del presente recurso de

revisión constitucional

En lo que se refiere al fondo del recur-

so de revisión de amparo, el Tribunal

procederá a determinar si, en la especie,

dicho organismo oficial está facultado

para reducir la extensión superficial del

terreno asignado a un parcelero, sin con-

tar con su consentimiento expreso, y no

obstante éste haber mantenido el predio

en producción eficiente, lo que prueba su

condición de sujeto de crédito del Banco

Agrícola de la República.

En ese sentido el Tribunal Constitucional

formula los siguientes razonamientos:

a) El párrafo capital del artículo 51 de la

Constitución de la República expresa

que “(…) La propiedad tiene una fun-

ción social que implica obligaciones.

Toda persona tiene derecho al goce,

disfrute y disposición de sus bienes”.

b) El ordinal 2 referido artículo 51, indi-

ca: “El Estado promoverá, de acuerdo

con la ley, el acceso a la propiedad, en

especial a la propiedad inmobiliaria ti-

tulada”, lo que efectivamente ha pro-

movido la Dirección General del Ins-

tituto Agrario Dominicano (IAD), al

suscribir con el recurrente el acto de

transferencia por donación indicado

en el literal “f ” de las pruebas docu-

mentales, en la actualidad objeto de

los correspondientes trámites registra-

les. Por tanto su derecho de propiedad

sobre la antes indicada parcela está en

serias y ciertas vías de conguración.

c) En el singular caso de las porciones de

terreno que asigna el Instituto Agrario

Dominicano (IAD), existe el Decreto

del Poder Ejecutivo número 144-98, de

fecha 27 de abril de 1998, que crea e

integra la Comisión Nacional de Titu-

lación, y al respecto estatuye que ésta:

“(…) tiene el objeto de evitar las des-

informaciones, tráco de inuencia y

en n errores que afecten su esencia,

la justeza y la transparencia con que

se debe realizar el proceso de titulación

denitiva”.

d) La Ley de Reforma Agraria No. 5879,

promulgada en fecha 27 de abril de

1962, en su artículo 43 (modicado

por la Ley No.55-97 del 7 de marzo

de 1997), establece de manera taxati-

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va en cuáles casos el Instituto Agrario

Dominicano (IAD) puede revocar los

derechos concedidos en relación con

una parcela, a saber: 1) utilizar dicha

parcela para nes incompatibles con

la Reforma Agraria; 2) abandono in-

justicado de la parcela o de la familia

por parte del parcelero y/o parcelera

beneciados por la adjudicación; 3)

negligencia maniesta del beneciario

o beneciaria probada por su incapaci-

dad para operar la nca, permitiendo

el aniquilamiento de sus recursos y la

destrucción de sus mejoras. Es obvio

que en la especie no ha ocurrido ningu-

no de estos supuestos.

e) Lejos del Instituto Agrario Dominicano

(IAD) poder reducir la extensión su-

percial del terreno asignado a un par-

celero que demuestre haber operado

el mismo de manera eciente, cuanto

establece la referida Ley de Reforma

Agraria es que todo el que se haya con-

ducido de esta forma podría solicitarle

tierras adicionales y dicho Instituto

“tendrá autoridad para asignarlas”, de

conformidad con su artículo 41, modi-

cado por la antes indicada Ley No.55-

97.

f) Aun en la eventualidad de que el Ins-

tituto Agrario Dominicano (IAD) tu-

viere motivo para reducir la extensión

supercial de una parcela legalmente

asignada o para excluir de un proyecto

agrario a un parcelero, este organismo

tiene que ceñir su actuación al rigor del

debido proceso de ley.

g) En el caso que nos ocupa, si bien es cier-

to que el recurrente, Isidro Melo Ota-

ño, no ha sido provisto del certicado

de título correspondiente y, por tanto,

no ha constituido su derecho de mane-

ra denitiva, no es menos cierto que él

ha poseído de manera legal, pacíca,

continua y no controvertida, durante

28 años, el predio agrícola precedente-

mente descrito, toda vez que fue regu-

larmente asentado en el proyecto agra-

rio AC-150-Pedro Corto, de la provincia

San Juan de la Maguana. Esta posesión

fue vulnerada de forma irregular por el

Director de la Gerencia No. 7, del Ins-

tituto Agrario Dominicano (IAD), en

San Juan de la Maguana.

h) La asignación provisional de que se tra-

ta fue hecha a su favor el 17 de diciem-

bre de 1984, por el organismo ocial fa-

cultado por la ley, razón por la cual este

se benecia de la seguridad que debe

existir, generalmente, en la tenencia de

la tierra, y en este caso en particular, se

trata de terrenos agrícolas distribuidos

por el Estado bajo una disposición que,

como la Ley de Reforma Agraria, es de

alto interés social.

i) La promoción de la reforma agraria

y la integración de forma efectiva de

la población campesina al desarrollo

nacional es un objetivo principal de la

política social del Estado, como se es-

tablece en el artículo 51, numeral 3

de la Constitución. Cuando el Estado

a través del Instituto Agrario Domi-

nicano realiza un asentamiento, está

facilitando al agricultor beneficiado

el acceso a la propiedad cuya titula-

ridad formal definitiva se verificará

una vez que el instituto agrario domi-

nicano (IAD) cumpla con las exigen-

cias registrales establecidas. A partir

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de ese momento, el recurrente estará

plenamente calificado para obtener

el reconocimiento definitivo de su de-

recho y la inscripción del mismo en el

Registro de Títulos de San Juan de la

Maguana.

j) En virtud de que el artículo 51, nu-

meral 2 de la Constitución, establece

como deber del Estado, promover “de

acuerdo con la ley, el acceso a la pro-

piedad, en especial a la propiedad in-

mobiliaria titulada”, es responsabili-

dad de las autoridades del Instituto

Agrario Dominicano (IAD), lejos de

entorpecer el proceso de titulación

definitiva de un asentado, motorizar-

lo y actuar de manera diligente para

que se cumpla con el mandato cons-

titucional.

k) El Decreto No. 144-98, que crea e in-

tegra la Comisión Nacional de Titu-

lación, de fecha 27 de abril de 1998

establece, entre las atribuciones de

dicha Comisión: “Aprobar la transfe-

rencia de las tierras asignadas a los

beneficiarios que hayan mantenido

bajo explotación eficiente sus pre-

dios durante un período no menor de

cinco (5) años”.

La magistrada Katia Miguelina Jiménez

Martínez, Jueza, no participó en el cono-

cimiento y en la deliberación del presente

caso al haberse ausentado con excusa justi-

cada, previa autorización del Presidente.

Por las razones y motivos de hecho y

de derecho anteriormente expuestos, el

Tribunal Constitucional

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de revi-

sión incoado por Isidro Melo Otaño contra

la ordenanza número 322-11-035, dictada

por la Cámara Civil, Comercial y de Tra-

bajo del Juzgado de Primera Instancia del

Distrito Judicial de San Juan de la Magua-

na, en fecha treinta y uno (31) de octubre

del año dos mil once (2011).

SEGUNDO: REVOCAR en todas sus par-

tes la referida ordenanza número 322-11-

035 emitida por la Cámara Civil, Comer-

cial y de Trabajo del Juzgado de Primera

Instancia del Distrito Judicial de San Juan

de la Maguana.

TERCERO: ACOGER la acción de ampa-

ro interpuesta por Isidro Melo Otaño con-

tra el titular de la Gerencia No.7 del Ins-

tituto Agrario Dominicano (IAD) en San

Juan de la Maguana.

CUARTO: ORDENAR al titular de la Ge-

rencia No.7 del Instituto Agrario Domini-

cano (IAD), en San Juan de la Maguana,

reconocer el derecho que tiene Isidro Melo

Otaño sobre la extensión supercial de tres

(3) hectáreas, ochenta y dos (82) áreas y no-

venta y ocho punto nueve (98.9) centiáreas,

equivalente a 38,298.9 metros cuadrados,

dentro del ámbito de la Parcela No. 11, del

Distrito Catastral No. 03 de San Juan de la

Maguana.

QUINTO: REQUERIR a la Dirección

General del Instituto Agrario Dominica-

no (IAD) la agilización de los trámites de

 • nuario Tribunal Constitucional 2012

lugar para que Isidro Melo Otaño pueda

acceder a la propiedad inmobiliaria titula-

da, conforme con los términos de las leyes

números 5879, de Reforma Agraria y, 108-

05, de Registro Inmobiliario, en atención a

lo preceptuado en el artículo 51 de la Carta

Sustantiva.

SEXTO: DISPONER por Secretaría la

comunicación de esta sentencia a la par-

te recurrente, señor Isidro Melo Otaño, y

a la parte recurrida, el Director de la Ge-

rencia No. 7 del Instituto Agrario Domi-

nicano (IAD) en San Juan de la Maguana,

así como al Director General del Instituto

Agrario Dominicano (IAD).

SEPTIMO: DECLARAR el presente re-

curso libre de costas, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 72, in ne, de la

Constitución de la República, y los artícu-

los 6 y 66 de la Ley Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales No. 137-11.

OCTAVO: ORDENAR que la presente

decisión sea publicada en el Boletín del

Tribunal Constitucional.

Firmada:

Milton L. Ray Guevara,

Juez Presidente;

Leyda Margarita Piña Medrano,

Jueza Primera Sustituta;

Lino Vásquez Sámuel,

Juez Segundo Sustituto;

Hermógenes Acosta de los Santos,

Juez;

Ana Isabel Bonilla Hernández,

Jueza;

Justo Pedro Castellanos Khouri,

Juez;

Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez;

Jottin Cury David,

Juez; Rafael Díaz Filpo,

Juez; Víctor Gómez Bergés,

Juez; Wilson S. Gómez Ramírez,

Juez;

Idelfonso Reyes,

Juez;

Julio José Rojas Báez,

Secretario.

La presente decisión es dada y rmada

por los señores Jueces del Tribunal Cons-

titucional que anteceden, en la sesión del

Pleno celebrada el día, mes y año ante-

riormente expresados, y publicada por mí,

Secretario del Tribunal Constitucional que

certico.

Julio José Rojas Báez

Secretario