TC/0036/12, quince (15) de agosto de dos mil doce (2012)

• Páginas: 307-309
• Fecha: 01 Enero 2012
• Fecha de publicación: 01 Enero 2012
• Materia: Derecho Constitucional

Anuario Tribunal Constitucional 2012 • 307

TC/0036/12

Quince (15) de agosto de dos mil doce

(2012)

El señor Isidro Melo Otaño había recibi-

do la asignación de 3 hectáreas, 82 áreas

y 98.9 centiáreas por parte del IAD, asig-

nación de carácter provisional. El director

del IAD autorizó a dos personas a ocupar

el 50% del terreno asignado a Isidro Melo

Otaño, asignación que, acorde con este úl-

timo, vulnera sus derechos fundamentales

al disfrute de la propiedad asignada él.

El juez de amparo por ante el Juzgado

de Primera Instancia desestimó la acción

de amparo por falta de pruebas de que se

trataba de una extensión superficial defi-

nitiva. Ante la citada decisión, el señor Isi-

dro Melo Otaño recurrió en revisión ante

el Tribunal Constitucional, en virtud de los

artículos 94 y siguientes de la Ley núm.

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucio-

nal y los Procedimientos Constitucionales.

Como cuestión prioritaria, el Tribunal

Constitucional analizó la admisibilidad del

recurso de revisión, bajo los parámetros

del artículo 100 de la Ley núm. 137-11

Orgánica del Tribunal Constitucional y los

Procedimientos Constitucionales. A conti-

nuación, amparado en el precedente senta-

do en la Sentencia TC/0007/12, consideró

que el recurso de revisión interpuesto por

Isidro Melo Otaño satisfacía los criterios

de relevancia o trascendencia constitucio-

nal en vista de que el caso supone “(…)

conflictos sobre derechos fundamentales

respecto a los cuales el Tribunal Consti-

tucional no haya establecido criterios que

permitan su esclarecimiento (…)”, ya que

conservando la presente sentencia, fue-

ra de este caso, sus efectos inmediatos y

para el porvenir.

Temas:

1. Principio de aplicación inmediata

de la Constitución

2. Principio de igualdad

3. Derecho a la libertad de tránsito

4. Principio de equidad tributaria

5. Test de igualdad

6. Sentencia constitucional

7. Efecto retroactivo y graduación de

los efectos de las sentencias consti-

tucionales

308 • Anuario Tribunal Constitucional 2012

se deben “definir los alcances del derecho

que en relación a la propiedad inmobiliaria

adquiere el beneficiario de un proyecto del

Instituto Agrario Dominicano (IAD)”. Por ta-

les motivos, el Tribunal Constitucional decla-

ró la admisible del recurso de revisión y por

ende, pasó a examinar los méritos del mismo.

El Tribunal Constitucional, haciendo

acopio del artículo 51 de la Constitución

de la República, sostuvo que toda persona

tiene derecho al goce, disfrute y disposi-

ción de sus bienes, como también indicó

la propiedad tiene una función social que

implica obligaciones. Observó, de igual for-

ma, que el derecho de Isidro Melo Otaño

estaba en serias y ciertas vías de configu-

ración, respecto a la parcela antes descrita,

por efecto de que el acto de transferencia

por donación, mediante el cual el IAD asig-

nó el terreno, es una manifestación de la

promoción, a cargo del Estado, del acceso

a la propiedad inmobiliaria, especialmente

la titulada.

El Tribunal observó que el IAD puede

reducir el predio asignado a una determi-

nada persona sin su consentimiento. No

obstante, reconoció la existencia de impor-

tantes límites a dicha facultad:

La Ley de Reforma Agraria No.

5879, promulgada en fecha 27 de abril

de 1962, en su artículo 43 (modificado

por la Ley No. 55-97, del 7 de marzo

de 1997), establece de manera taxativa

en cuáles casos el Instituto Agrario Do-

minicano (IAD) puede revocar los dere-

chos concedidos en relación con una par

cela, a saber: 1) utilizar dicha parcela

para fines incompatibles con la Reforma

Agraria; 2) abandono injustificado de la

parcela o de la familia por parte del par-

celero y/o parcelera beneficiados por la

adjudicación; 3) negligencia manifiesta

del beneficiario o beneficiaria probada

por su incapacidad para operar la finca,

permitiendo el aniquilamiento de sus

recursos y la destrucción de sus mejo-

ras. Es obvio que en la especie no ha

ocurrido ninguno de estos supuestos.

En el caso particular, el Tribunal reco-

noció que al constatarse la producción efi-

ciente del terreno, el IAD podría asignarle

más terreno, de conformidad con la ley,

previa solicitud del poseedor.

Además, aunque la decisión de reducir

una extensión superficial designada estu-

viese amparada bajo los motivos antes in-

dicados, la reducción debe ser realizada en

el marco del debido proceso. Por ello, el

Tribunal sostuvo que

[a]un en la eventualidad de que el Ins-

tituto Agrario Dominicano (IAD) tu-

viere motivo para reducir la extensión

superficial de una parcela legalmente

asignada o para excluir de un proyecto

agrario a un parcelero, este organismo

tiene que ceñir su actuación al rigor del

debido proceso de ley.

La asignación provisional de la exten-

sión superficial a Isidro Melo Otaño, así

como la ausencia de un certificado de título,

no afecta su derecho originado por la pose-

sión legal, pacífica, continua y no contro-

vertida por 28 años por haber sido regular-

mente asentado la asignación indicada. En

tal sentido, considera el Tribunal, que:

Anuario Tribunal Constitucional 2012 • 309

[L]a asignación provisional de que se

trata fue hecha a su favor el 17 de di-

ciembre de 1984, por el organismo ofi-

cial facultado por la ley, razón por la

cual este se beneficia de la seguridad

que debe existir, generalmente, en la

tenencia de la tierra, y en este caso en

particular, se trata de terrenos agrícolas

distribuidos por el Estado bajo una dis-

posición que, como la Ley de Reforma

Agraria, es de alto interés social.

Además,

[c]uando el Estado a través del Institu-

to Agrario Dominicano realiza un asen-

tamiento, está facilitando al agricultor

beneficiado el acceso a la propiedad

cuya titularidad formal definitiva se ve-

rificará una vez que el instituto agra-

rio dominicano (IAD) cumpla con las

exigencias registrales establecidas. A

partir de ese momento, el recurrente

estará plenamente calificado para obte-

ner el reconocimiento definitivo de su

derecho y la inscripción del mismo en

el Registro de Títulos de San Juan de la

Maguana.

Como la labor del IAD en la asignación

de terrenos es la manifestación del acceso

a la propiedad inmobiliaria, especialmente

a titulada, en virtud del artículo 51, párra-

fo 2, de la Constitución, sus autoridades no

deben entorpecer el proceso de titulación

definitiva y deben “motorizarlo y actuar de

manera diligente para que se cumpla con

el mandato constitucional”, en especial si

han mantenido los poseedores de los pre-

dios asignados han mantenido los mismos

bajo explotación eficiente por un período

no menor de cinco (5) años. Por lo que re-

vocó la ordenanza del juez de amparo de

Primera Instancia y acogió la acción de

amparo interpuesta por Isidro Melo Otaño;

ordenando al IAD reconocer el derecho de

propiedad del accionante y agilizar el pro-

cedimiento para que el mismo pueda ac-

ceder a la propiedad inmobiliaria titulada.

Temas:

1. Derecho de propiedad, acceso a la

propiedad

2. Instituto Agrario Dominicano

3. Ley de Reforma Agraria No. 6879

4. Debido proceso

5. Posesión

6. Población campesina