TC/0051/12, diecinueve (19) de octubre de dos mil doce (2012)

• Páginas: 319-320
• Fecha: 01 Enero 2012
• Fecha de publicación: 01 Enero 2012
• Materia: Derecho Constitucional

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afectar la imparcialidad de un juez recu-

sado. En consecuencia, de acuerdo con su

criterio de que la tendencia en el derecho

procesal dominicano es prescindir de la

prestación de la fianza para la recusación

de los jueces, existiendo tal formalidad solo

en materia civil y comercial, el Tribunal

Constitucional declaró la inconstituciona-

lidad del párrafo único del artículo 382 del

Código de Procedimiento Civil.

Temas:

1. Interés legítimo y jurídicamente

protegido

2. Legitimación y calidad

3. Principio de gratuidad de la justicia

4. Administración de justicia

5. Derecho a una jurisdicción imparcial

6. Corte Interamericana de los Dere-

chos Humanos

7. Derecho a un juez imparcial

8. Recusación judicial

9. Imparcialidad

10. Principio de efectividad

11. Sentencia constitucional

TC/0051/12

Diecinueve (19) de octubre de dos mil doce

(2012)

La Dirección General de Impuestos Inter-

nos (DGII) emitió el Oficio ALM-AU No.

0082/2010, de fecha veintidós (22) de sep-

tiembre del año dos mil diez (2010), me-

diante el cual requirió a la hoy accionante

por ante este tribunal, Everlast Door In-

dustries, S. A., empresa de zona franca, el

pago del ITBIS, argumentando que aunque

se encuentra ubicada en zona fronteriza y

exenta de impuestos, las facturaciones de

ventas a sus clientes no lo están, por lo que

deben retener el ITBIS a los mismos, como

agente de retención.

La empresa Everlast Door Industries, S. A.,

agotó el proceso establecido por el Código

Tributario y recurrió en reconsideración

el oficio ante la Dirección General de Im-

puestos Internos (DGII). Luego, el mismo

fue impugnado mediante un recurso con-

tencioso tributario ante el Tribunal Supe-

rior Administrativo.

Al margen de lo anterior, la accionante

interpuso su acción directa en inconstitu-

cionalidad ante este tribunal constitucio-

nal, amparada en los artículos 4, 10, 40.15,

110, 138, 221, 243 y 244 de la Constitución

de la República, persiguiendo la anulación

del Oficio ALM-AU No. 0082/2010, argu-

yendo que diversos artículos de la Consti-

tución de la República y la Ley No. 28-01

sobre Desarrollo Fronterizo, le permiten,

por su condición de empresa de zona fran-

ca, operar sin el pago de impuestos ante la

Dirección General de Impuestos Internos.

Además, que la actuación de esta descono-

ce la legalidad, siendo la base de actuación

de la Administración Pública, y especial-

mente de la administración tributaria.

El Tribunal Constitucional consideró

que para elevar una acción directa en in-

constitucional, la misma debe reunir las

condiciones que establecen los artículos

185.1 de la Constitución de la República

y el 36 de la Ley Orgánica núm. 137-11,

a saber, que sean leyes, decretos, regla-

mentos, resoluciones y ordenanzas. En tal

sentido, el Oficio ALM-AU No. 0082/2010

es un acto de carácter administrativo con

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efectos particulares y concretos, sujeto a las

condiciones de legalidad tributaria, cuya

competencia recae en la jurisdicción ad-

ministrativa y no así en el Tribunal Cons-

titucional mediante la acción directa en

inconstitucionalidad. Además, el Tribunal

Constitucional, amparado en el criterio es-

bozado mediante Sentencia TC/0013/12,

sostuvo que las cuestiones de mera legali-

dad escapan de su control, las cuales de-

ben ser elevadas y decididas mediante la

vía de justicia ordinaria o especial, como

se ha dispuesto y organizado para ello, por

lo que declaró inadmisible la acción direc-

ta en inconstitucionalidad interpuesta por

Everlast Doors Industries.

Temas:

1. Acción directa en inconstituciona-

lidad

2. Actos administrativos

3. Acto de alcance general

4. Objeto de la acción directa en

inconstitucionalidad

5. Actos estatales de carácter norma-

tivo y general

6. Estimación de oficio;

7. Cuestiones de legalidad.

TC/0055/12

Veintidós (22) de octubre de dos mil doce

(2012)

La accionante, señora Sarah Yolanda To-

rres, interpuso ante el Tribunal Consti-

tucional una acción directa en incons-

titucionalidad contra la Sentencia No.

106-SS-2011, de fecha veintidós (22) de

junio del año dos mil doce (2012), dictada

por la Segunda Sala de la Cámara Penal de

la Corte de Apelación del Distrito Nacional,

teniendo como fundamento la violación de

los artículos 69, numerales 2, 4, 7, 8 y 10;

51, numeral 1, de la Constitución de la Re-

pública, y 5, numerales 1, 2 y 3, de la Con-

vención Americana de Derechos Humanos.

El Tribunal Constitucional declaró inadmi-

sible lel recurso por haber sido interpuesto

contra una sentencia que emana del orden

judicial.

Como cuestión previa relacionada al

procedimiento de acción directa en incons-

titucionalidad, el Tribunal Constitucional

observó que el artículo 39 de la Ley No.

137-11 establece la debida notificación de

la acción a las autoridades de donde pro-

venga la norma o acto atacado, a los fines

de que rindan sus opiniones sobre el hecho

controvertido, objeto de la acción ante el

Tribunal Constitucional. En la presente, la

acción apoderada es contra una sentencia

dictada por un tribunal judicial. En ese te-

nor, el Tribunal Constitucional consideró

prudente precisar que la ley No. 137-11

identifica cuál es el proceso que se sigue en

determinados casos, como es el de la espe-

cie, ya sea cuando se ataque la decisión de

una sentencia rendida por un tribunal or-

dinario, a los fines de su conocimiento ante

esta instancia judicial, de conformidad con

las disposiciones del artículo 53 y siguiente

de la referida ley.

El Tribunal Constitucional, cita que:

El derecho constitucional, al igual

que las demás ramas del derecho, tiene

su mecanismo para accionar y ago-

tar sus procedimientos. Para ello está