TC/0114/21, veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021)

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 279

SENTENCIA TC/0114/21

Referencia: Expediente núm. TC-02-

2020-0004, relativo al control preven-

tivodeconstitucionalidaddel“Acuer-

do entre el Gobierno de la República

Dominicana y el Gobierno de los Emi-

ratos Árabes Unidos para Servicios

Aéreos entre y más allá de sus respec-

tivos territorios”, suscrito en Dubai,

Emiratos Árabes Unidos, el tres (3) de

noviembre de dos mil catorce (2014).

En el municipio Santo Domingo Oeste,

provincia Santo Domingo, República Do-

minicana, a los veinte (20) días del mes de

enero del año dos mil veintiuno (2021).

El Tribunal Constitucional, regularmente

constituido por los magistrados Milton Ray

Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo,

primer sustituto; Lino Vásquez Sámuel,

segundo sustituto; Hermógenes Acosta

de los Santos, Alba Luisa Beard Marcos,

Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro

Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Cas-

tellanos Pizano, Domingo Gil, Wilson S.

Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez

Martínez y Miguel Valera Montero, en ejer-

cicio de sus competencias constitucionales

ylegales,especícamentelasprevistasen

los artículos 185.4 y 277 de la Constitu-

ción y 9, 53 y 54 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de

los Procedimientos Constitucionales, de

trece (13) de junio de dos mil once (2011),

dicta la siguiente sentencia:

I. ANTECEDENTES

El presidente de la República, en cumpli-

miento de las disposiciones de los artículos

128, numeral 1, letra d), y 185, numeral 2,

de la Constitución de la República, sometió

a control preventivo de constitucionalidad

ante este Tribunal Constitucional, el dieci-

siete (17) de julio de dos mil veinte (2020),

el“AcuerdoentreelGobierno dela Repú-

blica Dominicana y el Gobierno de los Emi-

ratos Árabes Unidos para Servicios Aéreos

entre y más allá de sus respectivos territo-

rios”, suscrito en Dubai, Emiratos Árabes

Unidos, en fecha 3 de noviembre de dos mil

catorce (2014).

El “Acuerdo entre el Gobierno de la Re-

pública Dominicana y el Gobierno de los

Emiratos Árabes Unidos para Servicios

Aéreos entre y más allá de sus respectivos

territorios” (en lo adelante Acuerdo) fue

suscrito por los representantes de ambos

países, en el marco bilateral de las relacio-

nes aerocomerciales entre los dos Estados,

bajociertos principios y arreglos, ande

fomentar el desarrollo del transporte aéreo

y la actividad del país con otros destinos

sobre la base de la igualdad de oportuni-

dades de servicios aéreos, garantizando el

mayor grado de protección y seguridad in-

ternacional en aplicación de los principios

y disposiciones del Convenio de Aviación

Civil Internacional y del Acuerdo sobre

Tránsito de Servicios Aéreos Internaciona-

lesabiertoalarmaenChicagoelsiete(7)

de diciembre de mil novecientos cuarenta

y cuatro (1944) y sus anexos y enmiendas.

1. Objetivo General del Acuerdo

El objetivo general del citado Acuerdo es

establecer servicios de transporte aéreo en-

tre y más allá de sus respectivos territorios,

reconociendo la importancia del transporte

aéreo como medio de creación y fomento

de la amistad, entendimiento y coopera-

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ción entre el pueblo de los dos países, fa-

cilitando la expansión de oportunidades de

transporte aéreo internacional.

2. Aspectos generales del Acuerdo

2.1. En relación con el objeto del presente

Acuerdo,elartículo1ofreceelsignicado

de los siguientes términos:

a. “Autoridades aeronáuticas” signifi-

ca en el caso del Gobierno de la Repú-

blica Dominicana, la Junta de Aviación

Civil, y en el caso del Gobierno de los

Emiratos Árabes Unidos, la Autoridad

de Aviación Civil General; o en cualquier

caso cualquier persona u organismo au-

torizado para realizar cualquier función

relacionada con este Acuerdo;

b. “Servicios Acordados” significa

los servicios aéreos internacionales

programados entre y ás allá de los

respectivos territorios de la República

Dominicana y los Emiratos Árabes

Unidos, para el transporte de pasaje-

ros, equipaje y carga, por separado y

en combinación;

c. “Acuerdo” significa este Acuerdo,

los anexos elaborados en su aplicación

y cualquier enmienda a este Acuerdo o

a su Anexo;

d. “Servicios aéreos”, “línea aérea”

“servicio aéreo internacional”, “pa-

rada sin fines de tráficos” tienen los

significados respectivamente asigna-

dos por el Artíuclo 96 del Convenio de

Chicago.

e. “Anexo” deberá incluir las rutas

programadas en el Acuerdo y cuales-

quiera clausulas o notas que aparecen

en dicho anexo y cualquier modifica-

ción hecha al mismo, de acuerdo con

las disposiciones del Artículo 20 de

este Acuerdo;

f. “Carga” incluye correo;

g. “Convenio” se refiere al Convenio

sobre Aviación Civil Internacional,

abierto a la firma en Chicago el día 7

de diciembre de 1944 e incluye: i) cual-

quier enmienda al mismo que haya

entrado en vigencia bajo el Artículo 94

(a) y que haya sido ratificada por am-

bas Partes Contratantes; y ii) cualquier

anexo o enmienda a los anexos adopta-

dos al mismo, en virtud del Artículo 90

de ese Convenio, en la medida en que

dicho anexo o enmienda sea efectivo

por ambas Partes;

h. “aerolíneas designadas” signifi-

ca una línea aérea o líneas aéreas que

haya(n) sido designada(s) y autoriza-

da(s) de acuerdo con el Artículo 3 de

este Acuerdo;

i. “Tarifa” significa los precios a pa-

gar por el transporte de pasajeros, equi-

paje y carga y las condiciones bajo las

cuales aquellos precios aplican, pero

excluyendo remuneraciones y condicio-

nes para el transporte de correo;

j. “Territorio” en relación a un Es-

tado, designa las áreas terrestres y las

aguas territoriales adyacentes y el es-

pacio aéreo por encima de las mismas,

bajo la soberanía de dicho Estado;

k. “Cargos al usuario” se refiere a los

cargos impuestos a las aerolíneas por

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 281

parte de las autoridades competentes

o a quien se permita aplicarlos, por

uso de instalaciones aeroportuarias,

propiedad y/o instalaciones de nave-

gación aérea, incluyendo los servicios

relacionado y facilidades para la ae-

ronave, sus tripulaciones, pasajeros,

equipaje y carga.

El Anexo a este Acuerdo es considerado

una parte integral del mismo.

Al implementar este Acuerdo, las partes

actuarán de conformidad con las posi-

ciones del Convenio en la medida que

aquellas disposiciones sean aplicables

a servicios aéreos internacionales.

2.2. El artículo 2 del Acuerdo contempla lo

relativo al otorgamiento de derechos en la

forma que sigue:

1. Cada parte otorga a la otra Parte

los derechos especificados en este

Acuerdo para permitir a las aerolíneas

designadas establecer y operar los

servicios acordados.

2. Las aerolíneas designadas de cada

Parta disfrutarán de los siguientes

derechos:

a. Volar sobre el territorio de la otra

Parte sin aterrizar;

b. Hacer escalas en el territorio de la otra

Parte con propósitos no comerciales;

c. Hacer paradas en el territorio de la

otra Parte, con propósitos de embarcar

y desembarcar pasajeros y carga o en

combinación o por separado, mientras

opera los servicios acordados.

3. Adicionalmente, las aerolíneas de

cada Parte, a diferencia de lo designado

bajo el Artículo 3, disfrutará de los

derechos especificados en el párrafo 2

(a) y 2 (b) de este Articulo.

4. Ninguna parte de este Artículo se

entenderá en el sentido de conferir a las

líneas aéreas designadas de cada Parte,

el privilegio de embarcar en el territorio

de la otra Parte, pasajeros, equipaje y

carga, para transportarlos mediante

remuneración o alquiler, con destino

a otro punto dentro del territorio de la

otra Parte.

5. Si a causa de un conflicto armado,

disturbios políticos o desarrollo de

circunstancias especiales e inusuales,

una aerolínea designada de una Parte

es impedida de operar un servicio en

su ruta normal, la otra Parte deberá

realizar esfuerzos para facilitar la

operación continua de dicho servicio a

través de coordinaciones temporales de

las rutas, como decidirán mutuamente

las Partes,

6. Las aerolíneas designadas tendrán el

derecho de usar siempre los aeropuertos

e instalaciones dispuestas por las Partes

sobre una base no discriminatoria.

2.3. Por consiguiente, sobre la designación

y autorización de las aerolíneas, el artículo

3 del Acuerdo establece lo siguiente:

1. Las Autoridades Aeronáuticas de

cada Parte tendrán el derecho a desig-

nar una o más aerolíneas con el propó-

sito de explotar los servicios acordados

y para retirar o modificar la designación

de dicha aerolínea o sustituir otra aero-

282 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

línea por una previamente designada.

Dicha designación podrá especificar el

alcance de la autorización otorgada a

cada aerolínea en relación con la opera-

ción de los servicios acordados. Las de-

signaciones y cambios a éstas deberán

ser realizadas por escrito por parte de la

Autoridad Aeronáutica de la Parte de

haya designado la aerolínea a la Auto-

ridad Aeronáutica de la otra Parte.

2. Al recibo de una nota de designación,

sustitución o alteración de la

designación, y de su aplicación por

parte de la aerolínea designada de la

forma y manera descrita, la otra Parte,

sujeto a las disposiciones de los párrafos

(3) y (4) de este Articulo, sin demora,

otorgará a la aerolínea(s) designada(s)

las autorizaciones de operación

adecuadas.

3. La Autoridad Aeronáutica de una

Parte podrá requerir a una aerolínea

designada de la otra Parte, satisfacerle

con que llena las condiciones descritas

bajo las leyes y reglamentos, normal y

razonablemente aplicadas a la opera-

ción de los servicios aéreos internacio-

nales por parte de dicha autoridad, con-

forme a las disposiciones del Convenio.

4. Cada Parte tendrá el derecho de re-

chazar el otorgamiento de la autoriza-

ción referido en el párrafo (2) de este

Artículo, o de imponer condiciones

cuando lo considere necesario para que

una aerolínea designada ejerza los de-

rechos especificados en el párrafo (2)

del Artículo 2 de este Acuerdo, en caso

de que, sujeto a cualquier acuerdo espe-

cial entre las Partes, no este satisfecha

que la aerolínea designada tiene su sede

principal de negocios en el territorio de

la Parte que la designa.

5. Cuando una aerolínea haya sido

designada y autorizada, podrá iniciar

en cualquier tiempo la operación de los

servicios acordados, de forma total o

parcial siempre y cuando se aprobado

un itinerario respecto de dichos servicios

conforme al Artículo 15 de este Acuerdo.

2.4. Sobre la revocación y limitación de

autorización de la operación, el artículo 4

establece lo siguiente:

1. Las Autoridades Aeronáuticas de

cada Parte deberán, con respecto a una

aerolínea designada por la otra Parte,

tener el derecho a revocar una autori-

zación de operación o suspender el ejer-

cicio de los derechos especificados en el

Artículo 2 de este Acuerdo, o a imponer

condicional, temporal o permanente-

mente, según se considere necesario en

el ejercicio de dichos derechos:

a. en caso de falla por parte de aquella

aerolínea en el cumplimiento de las leyes

y regulaciones normal y razonablemente

aplicadas por la Autoridad Aeronáutica

de la Parte al otorgar aquellos derechos

de conformidad con el Convenio; o

b. en caso de que la aerolínea de otro

modo falle en operar de acuerdo con las

condiciones descritas bajo este Acuerdo;

o

c. en cualquier caso, que, sujeto a

cualquier acuerdo especial entre

las Partes, no esté satisfecho que la

aerolínea designada tiene su sede

principal de negocios en el territorio de

la Parte que la designa; o

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d. de acuerdo con el párrafo (6) del

Artículo 10 de este Acuerdo; o

e. en caso de falla por parte de la Par-

te en tomar la acción apropiada para

mejorar la seguridad de acuerdo con el

párrafo 2 del Artículo 10 de este Acuer-

do; o

f. en caso de que la otra Parte falle en

cumplir con cualquier decisión o esti-

pulación que derive de la aplicación del

Artículo 19 de este Acuerdo.

2. A menos que la revocación, suspen-

sión o imposición inmediata de las con-

diciones mencionadas en el párrafo (1)

de este Artículo es esencial para preve-

nir nuevas infracciones de las leyes o re-

gulaciones, dicho derecho será ejercido

solo luego de las consultas con las Au-

toridades Aeronáuticas de la otra Parte,

según se dispone en el Artículo 18.

3. En caso de acción por parte de una

Parte bajo este Artículo esta será sin per-

juicio de los derechos de la otra Parte

bajo el Artículo 19.

2.5. En cuanto a los principios que go-

biernan operaciones de los servicios acor-

dados, el artículo 5 del Acuerdo prevé lo

camente a las aerolíneas designadas de

ambas Partes, la libre competencia para

la prestación de transporte aéreo inter-

nacional regido por el presente acuerdo.

2. Cada Parte deberá tomar la acción

adecuada dentro de su jurisdicción para

eliminar toda forma de discriminación

y prácticas predatorias en el ejercicio de

los derechos.

3. No habrá restricción en la capacidad

y el número de frecuencias y/o tipo(s)

de aeronaves a ser operada(s) por las

aerolíneas designadas de ambas Partes

en cualquier tipo de servicio (pasajeros,

carga, por separado o en combinación).

A cada aerolínea designada se le

permitirá determinar la frecuencia y

capacidad que ofrecerá en los servicios

acordados.

4. Ninguna de las Partes limitará uni-

lateralmente el volumen de tráfico, fre-

cuencias, regularidad de los servicios o

el tipo(s) de aeronave(s) operadas por

las aerolíneas designadas de la otra

Parte, excepto como pueda ser requeri-

do bajo las condiciones uniformes con-

sistentes con el Artículo 16 del Convenio.

5. Ninguna Parte deberá imponer a las

aerolíneas designadas de la otra Parte,

un requisito de primer rechazo, porcen-

taje de carga, cuota de no objeción o

cualquier requisito con respecto a capa-

cidad, frecuencias o tráfico que pudiera

ser inconsistente con los propósitos de

este Acuerdo.

2.6. Los derechos de aduana y otros car-

gosguranestablecidosenelartículo6del

Acuerdo, que se transcribe a continuación:

1. Cada Parte exime a las aerolíneas

designadas de la otra Parte de restric-

ciones de importaciones, impuestos

aduanales, impuestos directos o indirec-

tos, cuotas por inspecciones y todos los

impuestos y cargos locales sobre la ae-

ronave, así como sus equipos regulares,

284 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

combustible, lubricantes, equipo de

mantenimiento, herramientas para la

aeronave, material gastable técnico,

piezas de repuesto incluidos motores,

suministro a la aeronave, incluyendo

pero no limitado a dichos artículos tales

como comida, bebidas, licores, tabaco

y otros productos para la venta o para

el uso de pasajeros durante el vuelo,

así como otros artículos destinados o

usados exclusivamente en conexión con

la operación o servicios de la aeronave

usada por dicha aerolínea designa-

da al operar los servicios acordados,

así como almacén de boletos impresos,

manifiestos de carga, uniformes para

el personal, computadoras, impresoras

de boletos usados por la aerolínea de-

signada para reservaciones y boletería,

cualquier material impreso que lleve

impresa la insignia de la aerolínea de-

signada y publicidad usual y material

promocional distribuido libre de cargos

por dicha aerolínea.

2. Las exenciones otorgadas por este

Artículo aplicaran a los artículos

referidos en el párrafo (1) de este

Artículo, que son:

a) Introducidos en el territorio de una

Parte por o en nombre de una aerolínea

designada de la otra Parte;

b) Retenidos a bordo de la aeronave de

una aerolínea designada de una Parte a

su llegada y hasta su salida del territorio

de la otra Parte y/o consumido durante

el vuelo sobre este territorio;

c) Llevados a bordo la aeronave de una

aerolínea designada de una Parte en el

territorio de la otra Parte y destinados

al uso en las operaciones de los servicios

acordados.

Sean o no usados o consumidos dichos

artículos, total o parcialmente dentro

del territorio de la otra Parte que otorga

la exención, siempre y cuando dichos

artículos no sean transferidos en el

territorio de dicha Parte y sujeto a leyes

y regulaciones aplicables a cada una de

las Partes.

3. El equipo regular, así como los

materiales y suministros normalmente

retenidos a bordo de la aeronave

usada por la aerolínea designada de

cualquiera de las Partes, podrá ser

descargado en el territorio de la otra

Parte sólo con la aprobación de las

autoridades aduanales de la otra Parte.

En tal caso, dichos artículos y equipos

deberán disfrutar de las exenciones

dispuestas por el párrafo (1) de este

Artículo, teniendo en cuenta que podrán

ser requeridos para ser puestos bajo la

supervisión de dichas autoridades hasta

el tiempo que sean re-exportados o de

otra manera dispuesto de conformidad

con las regulaciones aduanales.

4. Las exenciones dispuestas por este

Art6ículo deberán también estar dis-

ponibles en situaciones cuando las

aerolíneas designadas de la Parte

hayan entrado en coordinaciones con

otra(s) aerolínea(s), en calidad de

préstamo o transferidos en el territorio

de la otra Parte, del equipo regular y

de otros artículos a los que se refiere

el párrafo (1) de ese Artículo, dado

que la otra aerolínea disfruta de la

misma(s) exención(es) por parte de la

otra Parte.

2.7. A seguidas, el artículo 7 del Acuer-

do regula sobre la aplicación de las leyes

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 285

y regulaciones nacionales, disponiendo lo

procedimientos de una Parte, relativas

a la admisión, permanencia en o

salida de su territorio, de la aeronave

comprometida en los servicios de

navegación aérea internacional, o

para operación y navegación de dicha

aeronave mientras se encuentre dentro

de su territorio, deberán ser aplicados

a la aeronave mientras se encuentre

dentro de su territorio, deberán ser

aplicados a la aeronave operada por

la aerolínea(s) de la otra Parte, sin

distinción de nacionalidades como se

aplican a sus propios, y deberán cumplir

por dicha aeronave a su entrada, salida

y mientras se encuentre dentro del a otra

Parte.

2. Las leyes, regulaciones y

procedimientos de una Parte, en cuanto

a la admisión, permanencia o salida

de su territorio, de pasajeros, equipaje,

tripulación y carga, transportada

a bordo de la aeronave, tal como

regulaciones relativas a la entrada,

inspección, seguridad de la aviación,

migración, pasaportes, aduanas,

moneda, salud, cuarentena y medidas

sanitarias o en el caso de correo, leyes

y regulaciones postales, deberán ser

cumplidas por o en beneficio de dichos

pasajeros, tripulación o carga a su

entrada o salida o durante la estadía

dentro del territorio de la primera Parte.

3. Ninguna de las Partes podrá otorgar

preferencia alguna a sus propias o

cualesquiera otra(s) aerolínea(s) sobre

la aerolínea(s) designada(s) de la

otra Parte en la aplicación de las leyes

y regulaciones dispuestas por este

Artículo.

4. Los pasajeros, equipaje y carga en

tránsito directo a través del territorio

de cualquiera de las Partes y que

permanezcan en áreas del aeropuerto

reservadas para tales propósitos

deberán, excepto en lo que respecta a no

más de un control simplificado. Dicho

equipaje y carga estará exenta de cargos

aduanales, impuestos especiales y otras

tasas y cargos nacionales similares.

2.8. El artículo 8 del Acuerdo contempla

un código compartido, conforme lo si-

guiente:

1. La (s) aerolínea(s) designada(s)

de ambas Partes podrán, sea como

compañía comercializadora o como

una compañía operadora, entrar

libremente en acuerdos de cooperación

para la comercialización, incluyendo

pero no limitado a bloqueo de espacio

y/o acuerdos de código compartido

con aerolíneas de un tercer país, con

cualquier otra aerolínea(s).

2. Antes de la prestación de servicios de

código compartido, los socios de código

compartido deberán acordar cual parte

tendrá la responsabilidad legal, así

como en asuntos relacionados con los

derechos de los consumidores, seguridad

de la aviación, aseguridad operacional

y facilitación. El acuerdo que establezca

dichos aspectos deberá ser presentado

a ambas Autoridades Aeronáuticas

antes de la implementación de las

coordinaciones de los acuerdos de

código compartido.

286 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

3. En caso de acuerdos de código com-

partido, la aerolínea comercializadora

deberá, respecto a cada ticket vendido,

garantizar que estará claro para el com-

prador en el punto de venta cual aero-

línea operará cada sector del servicio y

con cual aerolínea o aerolíneas el com-

prador entrará en relación contractual.

4. La (s) aerolínea(s) designada(s) de

cada Parte, podrán también ofrecer

servicios de código compartido entre

cualquier punto(s) en el territorio de

la otra Parte, siempre y cuando dichos

servicios serán operados por una o

varias aerolíneas de la otra Parte.

2.9. Otro aspecto contemplado en el

Acuerdoeselrelativoalos certicadosde

aeronavegabilidad y competencia. Al res-

pecto, el artículo 9 establece lo siguiente:

1. Los certificados de aeronavegabi-

lidad, certificados de competencia y

licencias emitidos o validados por una

de las Partes y aun en vigencia, serán

reconocidos como válidos por la otra

Parte para propósitos de los servicios

de operación provistos en este Acuerdo,

siempre y cuando dichos certificados o

licencias fueran emitidos o validados

conforme a los estándares mínimos esta-

blecidos por el Convenio.

2. Cada Parte se reserva el derecho, sin

embargo, de reconocer, para propósitos

de viaje sobre su territorio, certificados

de competencia y licencias otorgadas

a sus propios nacionales por la otra

Parte.

3. Si los privilegios o condiciones de

las licencias o certificados emitidos o

validados por una Parte contratante

permiten una diferencia de las normas

establecidas bajo el Convenio, si dichas

diferencias han sido llenadas con la

Organización de la Aviación Civil Inter-

nacional, las Autoridades Aeronáuticas

de la otra Parte podrán, sin prejuicio

(sic) de los derechos de la primera Parte

bajo el Artículo 10 (2) requerir consul-

tas con la Autoridad Aeronáutica de la

otra Parte, conforme al Artículo 18, con

miras a satisfacerse que las prácticas en

cuestión sean aceptables para ellos. La

falla en alcanzar un acuerdo satisfacto-

rio conllevará a la aplicación del Artí-

culo 4 (1) de este Acuerdo.

2.10. En cuanto a la seguridad operacio-

nal, el artículo 10 del Acuerdo prevé lo que

a continuación se transcribe:

1. Cada Parte podrá requerir

consultas en cualquier tiempo en lo

que concierne a los estándares de

seguridad adoptados por la otra

Parte en cualquier área relativa a la

tripulación, la aeronave o la operación

adoptada por la otra Parte. Dichas

consultas tendrán lugar dentro de los

30 días de la solicitud.

2. Si, luego de las consultas, una Parte

considera que la otra Parte no mantiene

o administra efectivamente las normas

de seguridad en dicha área a un grado

tal que no alcanza los estándares

mínimos de seguridad establecidos por

el Convenio, la primera Parte notificará

a la otra Parte sobre esos hallazgos

y encaminará los pasos necesarios

conforme a esos estándares mínimos, a

los fine de toma las acciones correctivas

apropiadas. La falla en tomar la debida

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 287

acción, dentro de un plazo de quince

(15) días o un período mayor que

pueda acordarse, constituirá un motivo

para la aplicación del Artículo 4 (1) del

presente Acuerdo.

3. Se acuerda que cualquier aerona-

ve operada por una aerolínea de una

Parte en los servicios hacia o desde

el territorio de la otra Parte podrá,

mientras esté dentro del territorio de

la otra Parte, ser sujeto de un examen

por parte de los representantes auto-

rizados de la otra Parte, a bordo o

alrededor de la aeronave para verifi-

car tanto la validez de los documentos

de la aeronave y de sus tripulantes

así como la condición aparente de la

aeronave y su equipo (en este Artícu-

lo llamado “inspección de rampa”),

dado que esto no conducirá a retraso

irrazonable.

4. Si cualquier inspección de rampa o

serie de inspecciones de rampa motiva:

a. Serias inquietudes de que una aero-

nave o la operación de una aeronave no

cumple con las normas mínimas esta-

blecidas al tiempo de conformidad con

el Convenio, o

b. Serias inquietudes de que existe algu-

na falta de mantenimiento efectivo y ad-

ministración de los estándares de seguri-

dad establecidos al tiempo conforme al

Convenio, la otra Parte que lleva a cabo

la inspección para los propósitos del Ar-

tículo 33 de la Convención será libre de

concluir que los requisitos bajo los cuales

se expidieron o validaron el certificado

o las licencias respecto a esa aeronave o

a la tripulación, o que los requisitos bajo

los cuales esa aeronave es operada, no

son iguales a las normas mínimas esta-

blecidas de conformidad con el Conve-

nio.

5. En caso de que una línea aérea o las

líneas aéreas de una Parte niegue acceso

a efectos de realizar una inspección de

rampa de una aeronave operada por

esa línea aérea o esas líneas aéreas

de conformidad con el párrafo 3 de

este Artículo, la otra Parte quedará en

libertad de deducir que surgen serías

inquietudes del tipo al que se hace

referencia en el párrafo 4 de este Artículo

y extraer las conclusiones a que se hace

referencia en ese párrafo.

6. Cada Parte se reserva el derecho de

suspender o varias la autorización de

operación de la aerolínea de la otra

Parte inmediatamente, en caso de que

la primera Parte concluya, sea como

resultado de una inspección o series de

inspecciones de rampa o por el rechazo

a una inspección de rampa, consulta

o de otra manera, que es esencial una

acción inmediata para la seguridad de

la operación de una aerolínea.

7. Cualquier acción tomada, por una

Parte, conforme a los párrafos 2 o 6 de

este Artículo, será descontinuada una

vez hayan cesado los motivos por los

cuales dicha acción fue tomada.

2.11. En cuanto a los cargos al usuario,

el artículo 11 del Acuerdo establece lo si-

guiente:

1. Cada Parte deberá hacer su mejor

esfuerzo para garantizar que los cargos

impuestos al usuario o permitidos

de ser aplicados por los organismos

288 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

competentes a las aerolíneas designadas

de la otra Parte por el uso de aeropuertos

y otras facilidades de aviación sean

justos razonables y no discriminatorios,

estos cargos deberán ser basados sobre

principios de economía y no deberán

ser más altos que aquellos que pagan

las otras aerolíneas por dichos servicios.

2. Ninguna de las Partes dará pre-

ferencia con respecto a los cargos al

usuario, a sus nacionales o a cualquier

otra aerolínea(s) comprometida en

servicios aéreos internacionales simi-

lares y no deberá imponer o permitir

la imposición sobre la(s) aerolíneas

designada(s) de la otra Parte cargos al

usuario mayores que aquellos impues-

tos a sus propias aerolínea(s) designa-

da(s) (sic) en operaciones de servicios

aéreos internacionales similares, usan-

do aeronaves similares y facilidades y

servicios asociados.

3. Deberá darse noticia razonable a las

líneas aéreas que usen los servicios e

instalaciones, cuando esto sea posible,

sobre cualquier cambio en los cargos a

los usuarios, suministrando informa-

ción y cifras de soporte relevantes para

permitirles que expresen sus puntos de

vista con anterioridad a que los nuevos

cargos sean aplicables.

2.12. La seguridad de la aviación está

contemplada en el artículo 12 del Acuerdo,

en la siguiente forma:

1. De conformidad con sus derechos y

obligaciones bajo las leyes internacio-

nales, las Partes reafirman que la obli-

gación que poseen entre sí para proteger

la seguridad de la aviación civil contra

actos de interferencia ilícita forman par-

te integral de este Acuerdo.

2. Sin limitar la generalidad de sus

derechos y obligaciones bajo las leyes

internacionales, las Partes deberán ac-

tuar conforme con las disposiciones del

Convenio sobre Delitos y Otros Actos

Cometidos a bordo de una Aeronave

firmada en Tokio en fecha 14 de sep-

tiembre de 1963, el Convenio para la

Represión del Apoderamiento Ilícito de

Aeronaves, firmada en La Haya en fe-

cha 16 de diciembre de 1970, el Conve-

nio para la Represión de Actos Ilícitos

contra la Seguridad de la Aviación Ci-

vil, firmada en Montreal, el 23 de Sep-

tiembre de 1971 y su Protocolo Com-

plementario para la Represión de Actos

Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos

que presten Servicio de Aviación Ci-

vil internacional hecho en Montreal el

23 de septiembre de 1971, firmado en

Montreal el 24 de febrero de 1988, así

como cualquier otro acuerdo que go-

bierne la seguridad de la aviación civil

que sea aplicable a ambas Partes.

3. Las Partes deberán suministrar a so-

licitud toda la asistencia necesaria para

prevenir actos de secuestro ilegal de una

aeronave civil y otros actos ilegales con-

tra la seguridad de dicha aeronave, sus

pasajeros y su personal, las instalacio-

nes de los aeropuertos y de navegación

aérea y cualquier otra amenaza rele-

vante a la seguridad de la aviación civil.

4. Las Partes actuarán, en sus relacio-

nes mutuas, conforme a las disposicio-

nes de seguridad aérea establecidas por

la Organización de Aviación Civil In-

ternacional y designadas como anexos

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 289

al Convenio sobre Aviación Civil Inter-

nacional y designadas como anexos al

Convenio sobre Aviación Civil Interna-

cional, hasta el punto que dichas dispo-

siciones de seguridad sean aplicables a

ambas Partes.

5. En adición, las Partes deberán reque-

rir que los operadores de aeronaves de

su registro u operadores de aeronaves

que tengan su lugar principal de nego-

cios o residencia permanente en su terri-

torio y los operadores de aeropuertos en

su territorio, actúen conforme a las dis-

posiciones de seguridad de la aviación,

según apliquen a las Partes.

6. Cada Parte acuerda que dichos ope-

radores de aeronaves podrán ser reque-

ridos de observar las disposiciones de

seguridad de la aviación a que se refiere

el párrafo 4, requeridos por la otra Parte

para la entrada o salida desde y hacia o

durante su permanencia en el territorio

de la otra Parte.

7. Cada Parte se asegurará de que las

medidas adecuadas sean aplicadas

efectivamente dentro de su territorio

para proteger la aeronave y para ins-

peccionar a sus pasajeros, tripulantes,

artículos llevados a mano, equipaje,

carga y provisiones de la aeronave

antes y durante el abordaje o el embar-

que, cada Parte dará de igual modo,

consideración positiva a cualquier so-

licitud de la otra Parte en lo respectivo

a medidas razonables especiales de se-

guridad para resolver una amenaza en

particular.

8. Cuando se presente un incidente o

si ocurre amenaza de incidente o de

secuestro a una aeronave o cualquier

otro acto ilegal que atente contra la

seguridad de esa aeronave, sus pasa-

jeros, tripulación, aeropuerto o ins-

talaciones de aeropuerto, las Partes

deberán ofrecerse ayuda mutua, faci-

litando la comunicación o cualesquie-

ra medidas que resulten apropiadas,

a los fines de poner fin rápidamente y

de manera segura a dicho incidente o

amenaza.

9. Cada Parte deberá tomar las me-

didas que considere prácticas para

garantizar que sea detenido un acto o

actos de interferencia ilícita, contra una

aeronave de la otra Parte, mientras esté

en tierra en su territorio, a menos que se

necesite su salida, por deber primordial

para proteger la vida de sus pasajeros y

tripulación.

10. Cuando una Parte tiene motivos ra-

zonables para crear que la Parte se ha

apartado de las disposiciones de este

Artículo, las Autoridades Aeronáuti-

cas de la primera Parte podrá requerir

de inmediato consultas con las Autori-

dades Aeronáuticas de la otra Parte.

La falla en alcanzar, dentro de los 15

días a partir de la fecha de dicha soli-

citud, constituirá en un motivo para la

aplicación del párrafo (1) del Artículo

4 de este Acuerdo. Cuando sea reque-

rido por una emergencia, una Parte

podrá tomar acciones interinas bajo

el párrafo (1) del Artículo 4 antes del

vencimiento de los quince (15) días,

cualquier acción tomada, de conforme

a este párrafo, deberá ser descontinua-

da luego del cumplimiento por la otra

Parte, de las disposiciones de seguri-

dad de este Artículo.

290 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

2.13. A seguidas, el artículo 13 del

Acuerdo se enfoca en regular las activida-

des comerciales, disponiendo lo siguiente:

1. Las aerolíneas designadas de cada

Parte tendrán derecho a establecer en

el territorio de la otra Parte, oficinas

para propósitos de promoción de

transporte aéreo y venta de documentos

de transporte, así como otros productos

auxiliares y facilidades requeridas para

la prestación de transporte aéreo.

2. Las líneas aéreas designadas de

cada Parte tendrán el derecho de traer y

mantener en el territorio de la otra Parte, a

sus propios empleados administrativos,

comerciales y operacionales, de ventas,

técnicos y otro personal, representantes,

que puedan requerir en conexión con las

disposiciones de servicios de transporte

aéreo.

3. Los requerimientos de representantes

y personal mencionados en el párrafo 2

de este Artículo podrán, a opción de la

aerolínea designada, ser satisfechos por

personal de su propia nacionalidad o

utilizando los servicios de cualquier otra

aerolínea, organización o compañía

que opere en el territorio de la otra

Parte y que esté autorizada para prestar

dichos servicios en el territorio de dicha

otra Parte.

4. Las aerolíneas designadas de cada

Parte deberán, directamente o a su

discreción, a través de agentes, tener

el derecho de comprometerse en la

venta de transporte aéreo y productos

auxiliares y facilidades en el territorio

de la otra Parte. Para estos propósitos,

las aerolíneas designadas deberán

tener el derecho a usar sus propios

documentos de transporte. La aerolínea

designada de cada Parte tendrá el

derecho de vender y cualquier persona

será libre de adquirir dicho transporte,

productos auxiliares y facilidades en

moneda local y en cualquier moneda de

libre conversión.

5. Las aerolíneas designadas de una

Parte tendrán el derecho de pagar los

gastos incurridos en el territorio de la

otra Parte en moneda local, o siempre y

cuando sea acorde con las regulaciones

cambiarias locales, en cualquier

moneda de libre conversión.

6. Cada Parte deberá aplicar el Código de

Conducta formulado por la Organización

de Aviación Civil Internacional para

la regulación y operación de sistemas

computarizados de reservación

dentro de su territorio, en consonancia

con las regulaciones aplicables y

obligaciones concernientes a los sistemas

computarizados de reservación.

7. En los casos en que las leyes, regu-

laciones y obligaciones contractuales

internas de las Partes limiten o im-

posibiliten el manejo en tierra de sus

propias aeronaves, cada aerolínea

designadas será tratada de manera

no discriminatoria, en relación con

los servicios de manejo en tierra sumi-

nistrados por uno o más proveedores

autorizados.

8. Todas las actividades descritas

anteriormente deberán ser llevadas a

cabo conforme a las leyes y regulacio-

nes vigentes en el territorio de la otra

parte.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 291

2.14. El contenido del artículo 14 del

Acuerdo dispone lo concerniente a la

transferencia de fondos, conforme lo que

se transcribe a continuación:

1. Cada Parte otorgará a la aerolínea

designada de la otra Parte, el derecho

a la libre transferencia del excedente

recibido por concepto de ganancias de

dichas aerolíneas en su territorio en

conexión con la venta de transporte

aéreo, venta de productos auxiliares y

servicios, así como intereses resultantes

de los ingresos (incluyendo intereses ga-

nados sobre los depósitos en espera de

transferencia). Dichas transferencias

deberían ser efectuadas en cualquier

moneda convertible, de acuerdo con las

regulaciones sobre moneda extranjera

de la Parte en el territorio en el cual se

devengaron los ingresos. Dicha transfe-

rencia será efectuada sobre la base de la

tasa de cambio oficial o donde no haya

tasa oficial, dichas transferencias serán

efectuadas sobre la base del cambio de

moneda extranjera a las tasas de mer-

cado para pagos en moneda.

2. Si una Parte impone restricciones

sobre las transferencias del excedente de

las ganancias de la aerolínea designada

de la otra Parte, esta última tendrá

el derecho a imponer restricciones

recíprocas a la aerolínea designada de

la primera Parte.

3. En caso de que exista un acuerdo

especial entre las Partes para evitar

la doble imposición, o en caso que

no haya acuerdos especiales que

regulen la transferencia de fondos

entre las dos Partes, dicho acuerdo

prevalecerá.

2.15. Por consiguiente, el artículo 15 del

Acuerdo regula la aprobación de los hono-

rarios, en la forma que sigue:

1. Las aerolíneas designadas deberán

someter para fines de aprobación por

parte de las autoridades aeronáuticas de

la otra Parte, previo a la inauguración de

sus servicios, el horario de los servicios

propuestos, especificando sus frecuen-

cias, tipo de aeronave y período de vali-

dez. Este requerimiento aplicará de igual

manera a cualquier modificación.

2. Si una aerolínea designada opera

vuelos ad hoc complementarios a aque-

llos cubiertos en el horario aprobado,

obtendrá permiso previo de las autori-

dades aeronáuticas de la Parte que con-

cierne, quien deberá dar consideración

positiva y favorable a dicha solicitud.

2.16. Lastarifasguranestablecidasen

el artículo 16 del Acuerdo, en virtud del

cual se dispone lo siguiente:

1. Cada Parte permitirá el estableci-

miento de tarifas por parte de cada ae-

rolínea designada, basado en conside-

raciones del mercado. Ninguna de las

Partes requerirá a las aerolíneas desig-

nadas consultar a otras aerolíneas so-

bre tarifas que apliquen o se propongan

aplicar.

2. Cada Parte podrá requerir notifica-

ción previa a las Autoridades Aeronáu-

ticas por parte de las aerolíneas desig-

nadas de ambas Partes de las tarifas

aplicables desde y hacia su territorio.

Dicha notificación hecha por o en nom-

bre de las aerolíneas designadas podrá

ser requerida no más de 30 días antes

292 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

de la fecha propuesta para que las tari-

fas sean efectivas. En casos individua-

les, la solicitud será permitida en un

plazo más breve. Si una Parte permite a

una aerolínea notificar una tarifa en un

plazo más breve, esta será efectiva en la

fecha propuesta para el tráfico origina-

do en el territorio de dicha Parte.

3. Excepto como pueda preverse de otra

manera en este Artículo, ninguna de las

Partes tomará acción unilateral para

prevenir la inauguración o continua-

ción de un precio propuesto para ser

aplicado o aplicado (sic) por una aero-

línea designada de cualquier Parte para

los servicios de transporte aéreo.

4. La intervención de las Partes se limi-

tará a:

a. La prevención de tarifas cuya apli-

cación constituya una conducta anti

competitiva que tiene o tiende a tener el

efecto de paralizar o excluir a un compe-

tidor de la ruta;

b. protección al consumidor de precios

que sean irrazonablemente altos debido

al abuso de una posición dominante; y

c. protección de aerolíneas designadas

de precios que son artificialmente bajos.

5. Si una Parte considera que un precio

propuesto para el transporte internacio-

nal por parte de una aerolínea designa-

da de la otra Parte es incompatible con

las consideraciones establecidas en el

párrafo (4) de este Artículo, se reque-

rirán consultas y se notificará a la otra

Parte sobre las razones para su insatis-

facción, en la medida de lo posible. Estas

consultas serán llevadas a cabo no más

de 30 días posteriores al recibo de la so-

licitud y las Partes cooperarán en asegu-

rar la información necesaria para una

resolución razonable sobre el tema. Si

las Partes logran un acuerdo con respec-

to a un precio por el cual se ha expedido

una nota de insatisfacción, cada Parte

deberá hacer su mejor esfuerzo para po-

ner dicho acuerdo en efecto. Sin el mutuo

acuerdo, por el contrario, el precio ante-

rior existente continuará en efecto.

2.17. En cuanto al intercambio de informa-

ción, dichos Estados estipulan en el artícu-

lo 17 del Acuerdo, lo siguiente:

1. Las Autoridades Aeronáuticas

de ambas Partes intercambiarán

información, tan pronto como sea

posible, sobre las autorizaciones

otorgadas a sus respectivas aerolíneas

designadas para prestar servicio

hacía, a través de y desde el territorio

de la otra Parte. Esto incluye copias de

certificaciones y autorizaciones para

servicios en las rutas propuestas, junto

con enmiendas y órdenes de exenciones.

2. Las Autoridades Aeronáuticas de

cada Parte ofrecerán a las Autoridades

Aeronáuticas de la otra Parte, a solicitud,

informes periódicos sobre las estadísticas

de tráfico tomado o descargado en el

territorio de la otra Parte, como será

requerido de manera razonable.

2.18. En lo que respecta a las consultas,

en el artículo 18 del acuerdo se pacta lo que

continuación se transcribe:

1. En un espíritu de cooperación cerca-

na, las autoridades aeronáuticas de las

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 293

Partes se consultarán mutuamente espo-

rádicamente con miras a asegurar la im-

plementación de y el (sic) cumplimiento

satisfactorio de las disposiciones de este

Acuerdo y cada Parte podrá requerir en

cualquier momento consultas sobre la

implementación, interpretación, aplica-

ción o enmienda a este Acuerdo.

2. Sujeto a los Artículo 4, 10 y 12, di-

chas consultas, que podrán ser través de

discusiones o correspondencia, comen-

zarán dentro de un período de sesenta

(60) días de la fecha de recepción de

la solicitud, a menos que ambas Partes

acuerden de otra manera.

2.19. La solución de controversias está

prevista en el artículo 19 del Acuerdo, cuyo

contenido es el que sigue:

1. Si surge cualquier tipo de disputa entre

las Partes relacionada con la interpre-

tación o aplicación de este Acuerdo, las

Partes deberán en primer lugar tratar de

resolverla mediante la negociación.

2. Si las Partes no alcanzan la solución

mediante la negociación, se podrán po-

ner de acuerdo en referir la disputa a la

decisión de alguna persona u organis-

mo para mediación.

3. Si las Partes no logran la mediación,

o si la solución no se logra por la nego-

ciación, la disputa podrá, a solicitud de

cualquiera de las Partes, ser sometida la

decisión de un tribunal de tres (3) árbi-

tros, que podrán ser constituidos de la

siguiente manera:

a. Dentro de los sesenta (60) días de

recibo de la solicitud de arbitraje, cada

Parte señalará un árbitro. Un nacional

de un tercer Estado, que podrá actuar

como Presidente del tribunal, será

nominado como el tercer arbitro por

los dos árbitros señalados dentro de los

sesenta (60) días del señalamiento del

segundo;

b. Si dentro de los límites de tiempo

especificados arriba, no se ha hecho

el señalamiento, cada Parte podrá

requerir al Presidente del Consejo de la

Organización de Aviación Civil hacer

los señalamientos necesarios dentro de

treinta (30) días. Si el Presidente es de

la misma nacionalidad de una de las

Partes, el más antiguo Vicepresidente que

no sea descalificado en el mismo terreno

podrá hacer el señalamiento. En dicho

caso, el árbitro o árbitros señalados por

dicho Presidente o Vicepresidente, como

lo requiera el caso, no será nacional

o residente permanentemente de los

Estados parte de este Acuerdo.

4. Exceptuando lo previsto en este

Artículo o de otra manera acordado

por las Partes, el tribunal determinará

el lugar donde los procesos serán

celebrados y los límites de su jurisdicción

de acuerdo con este Acuerdo. El tribunal

establecerá su propio procedimiento.

Se realizará una conferencia para

determinar los temas concretos que serán

arbitrados, a más tardar 30 días luego

de que el tribunal esté completamente

constituido.

5. Excepto que de otra manera sea acor-

dado por las Partes o prescrito por el

Tribunal, cada Parte someterá un me-

morándum dentro de cuarenta y cinco

(45) días luego de que el tribunal esté

294 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

completamente constituido. Las res-

puestas deberán ser a más tardar den-

tro de los sesenta (60) días. El tribunal

sostendrá una audiencia a solicitud de

cada Parte o a discreción, dentro de los

30 días luego de las debidas respuestas.

6. El tribunal intentará dar una deci-

sión por escrito dentro de los 30 días

luego de finalizar las audiencias o, si

no se han realizado las audiencias, 30

días después de que se hayan remitido

ambas respuestas. La decisión será to-

mada por mayoría de votos.

7. Las Partes podrán remitir solicitu-

des para aclarar la decisión dentro de

15 días luego de recibir la decisión del

tribunal y dicha aclaración deberá ser

emitida dentro de 15 días de dicha so-

licitud.

8. Las Partes cumplirán con cualquier

estipulación, provisional o de decisión

final del tribunal.

9. Sujeto a la decisión final del tribunal,

las Partes cubrirán los gatos de su arbi-

tro y por igual compartirán los demás

costos del tribunal, incluyendo cualquier

gasto incurrido por el Presidente o Vice-

presidente del Consejo de Organización

de Aviación Civil Internacional en la im-

plementación de los procedimientos del

párrafo 3 (b) de este Artículo.

10. Si, luego de esto, cualquier Parte fal-

ta en cumplir con una decisión contem-

plada en el párrafo (8) de este Artículo,

la otra Parte podrá limitar, suspender o

revocar cualquier derecho o privilegio

que se haya otorgado bajo este Acuerdo

a la Parte en defecto.

2.20. Las enmiendas al Acuerdo están pre-

vistas en el artículo 20 del mismo, cuyo

contenido se copia a continuación:

1. Sujeto a las disposiciones del párra-

fo (2) de este Artículo, si cualquiera de

las Partes considera deseable enmendar

cualquier disposición de este Acuerdo,

dicha enmienda deberá ser acordada de

conformidad con el Artículo (18) de este

Acuerdo, deberá llevarse a efecto a través

de intercambio de notas diplomáticas, y

entrará en vigor, en la fecha que sea deter-

minada por las Partes, la cual dependerá

de que sea completado el proceso de ratifi-

cación interno relevante de cada Parte.

2. Cualquier enmienda al Anexo a este

Acuerdo podrá ser acordado directa-

mente entre las Autoridades Aeronáu-

ticas de las Partes. Cualquier enmienda

entrará en vigencia a partir de la fecha

en que sean acordadas.

3. Esta Acuerdo (sic), sujeto a los cam-

bios necesarios, se considera haber sido

enmendado por aquellas disposiciones

de cualquier convención internacional o

Acuerdo Multilateral al que ambas Par-

tes se hayan adherido.

2.21. Conforme al artículo 21, el Acuer-

do y cualquier enmienda, que no sean mo-

dicacionesalAnexo,serán remitidospor

las Partes a la Organización de Aviación

Civil Internacional para ser registrado.

2.22. La terminación del Acuerdo está

contemplada en el artículo 22, en virtud del

cual se dispone lo siguiente:

1. Cada Parte podrá en cualquier mo-

mento notificar, a través de los canales

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 295

diplomáticos, a la otra Parte su decisión

de terminar este Acuerdo. Dicha noti-

ficación deberá ser simultáneamente

comunicada a la Organización de Avia-

ción Civil Internacional. En tal caso,

terminara doce (12) meses luego de la

fecha de recibo de la notificación de la

otra Parte, a menos que la notificación

del retiro sea acordada antes de la expi-

ración de este Período.

2. En ausencia de conformación del re-

cibo por parte de la otra Parte, la noti-

ficación se tendrá como recibida por di-

cha Parte, catorce (14) días después del

recibo de la notificación por la Organi-

zación de Aviación Civil Internacional.

2.23. Por último, la entrada en vigencia del

presente Acuerdo está estipulada en su ar-

tículo 23, cuyo contenido es el siguiente:

Este Acuerdo será provisionalmente

efectivo a partir de la fecha de la firma

y entrara en vigencia el último día de

la recepción de la notificación escrita

por medio de nota diplomática, confir-

mando que las Partes han completado

los respectivos procedimientos internos

requeridos para la entrada en vigencia

de este Acuerdo.

II. CONSIDERACIONES Y

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

3. Competencia

3.1. En virtud de los artículos 6 y 185.2 de

la Constitución de la República y 9, 55 y 56

de la ley núm. 137-11, Orgánica del Tribu-

nal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, el Tribunal Constitucio-

nal es el órgano competente para ejercer el

control preventivo de constitucionalidad

de los tratados internacionales. De confor-

midad con los indicados textos constitucio-

nales y legales, el Tribunal Constitucional

procede a examinar la constitucionalidad

del Acuerdo de referencia.

4. Supremacía constitucional

4.1. El control de constitucionalidad es el

mecanismo habilitado por la Constitución

para hacer efectivo el principio de supre-

macía constitucional, en virtud de lo pre-

ceptuado en su artículo 6, al proclamar que

“todaslas personas yórganosqueejerzan

potestades públicas están sujetos a la Cons-

titución, norma suprema y fundamento del

ordenamiento jurídico del Estado. Son nu-

los de pleno derecho toda ley, decreto, re-

solución, reglamento o acto contrarios a la

Constitución”.

4.2. El control preventivo persigue que las

cláusulas que integran un acuerdo interna-

cional no contradigan la Carta fundamen-

tal, evitando distorsiones del ordenamiento

constitucional con los tratados internacio-

nales, en tanto constituyen fuentes del

derecho interno, para que el Estado no se

haga compromisario de obligaciones y de-

beres en el ámbito internacional contrarios

a la Constitución.

5. Recepción del Derecho Internacional

5.1. El control preventivo implica someter

las cláusulas que integran un convenio de

carácter internacional a un riguroso exa-

mende constitucionalidad, con la nalidad

de evitar que el Estado asuma compromisos

internacionales contrarios a disposiciones

constitucionales, tomando en consideración

296 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

que el contenido de los tratados internacio-

nales, en tanto que, asumiendo en nuestro

ordenamiento jurídico el sistema dualista,

dicho documento pase a constituir una fuen-

te del derecho interno, por lo que el control

preventivo viene a garantizar que el Estado

dominicano no se haga compromisario de

obligaciones y deberes frente a la comuni-

dad internacional que puedan resultar no

conforme a la Constitución dominicana.

5.2. En ese sentido, el artículo 26.1 de la

Constitución dispone que el Estado reco-

noce y aplica las normas del derecho inter-

nacional, general y americano, en la medi-

da en que sus poderes públicos las hayan

adoptado.

5.3. Al efecto, la Constitución de la Repú-

blica prescribe, en su artículo 26.2, lo si-

guiente:

En igualdad de condiciones con otros Es-

tados, la República Dominicana acepta

un ordenamiento jurídico internacional

que garantice el respeto de los derechos

fundamentales, la paz, la justicia, y el

desarrollo político, social, económico y

cultural de las naciones. Se compromete

a actuar en el plano internacional, regio-

nal y nacional de modo compatible con

los intereses nacionales, la convivencia

pacífica entre los pueblos y los deberes de

solidaridad con todas las naciones.

5.4. Asimismo, la Constitución dominica-

na proclama el fortalecimiento de las rela-

ciones internacionales. Al efecto, establece

en el numeral 4 del citado artículo 26 lo

que a continuación se consigna:

La República Dominicana acepta, en

igualdad de condiciones con otros Es-

tados, el ordenamiento jurídico inter-

nacional que garantice el respeto de

los derechos fundamentales, la paz, la

justicia y el desarrollo político, social,

económico y cultural de las naciones.

Como consecuencia de ello, el Estado

dominicano se compromete a actuar en

el plano internacional, regional y nacio-

nal de modo compatible con los intere-

ses nacionales, la convivencia pacífica

entre los pueblos y los deberes de solida-

ridad con todas las naciones.

5.5. El Estado dominicano, como miem-

bro de la comunidad internacional que

busca promover el desarrollo común de las

naciones, actúa apegado a las normas del

derecho internacional, en la defensa de los

intereses nacionales, abierto a la coopera-

ción e integración mediante la negociación

y concertación de tratados en áreas de-

nidas como estratégicas en sus relaciones

con la comunidad internacional; tal como

lo dispone el artículo 26 numeral 5, de la

Constitución:

La República Dominicana promoverá y

favorecerá la integración con las nacio-

nes de América, a fin de fortalecer una

comunidad de naciones que defienda

los intereses de la región. El Estado po-

drá suscribir tratados internacionales

para promover el desarrollo común de

las naciones, que aseguren el bienestar

de los pueblos y la seguridad colectiva

de sus habitantes, y para atribuir a or-

ganizaciones supranacionales las com-

petencias requeridas para participar en

procesos de integración.

5.6. De ahí que el Tribunal Constitucio-

nal, en la sentencia TC/0037/12, esta-

bleciera:

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 297

El Estado dominicano, como miembro

de la comunidad internacional que bus-

ca promover el desarrollo común de las

naciones, actúa apegado a las normas

del derecho internacional, en la defensa

de los intereses nacionales, abierta a la

cooperación e integración mediante la

negociación y concertación de tratados

en áreas definidas como estratégicas en

sus relaciones con la comunidad inter-

nacional.

5.7. En este orden, conviene indicar el he-

cho de reconocer y aplicar las normas del

derecho internacional, general y america-

no, en la medida en que sus poderes públi-

cos las hayan adoptado –como prescribe el

señalado artículo 26.1 de la Constitución–

tiene una implicación que trasciende el ám-

bito interno. Ello se debe a que, en virtud

de los principios del derecho internacional,

el cumplimiento de las obligaciones naci-

das de los tratados internacionales debe

llevarse a cabo de buena fe (pacta sunt ser-

vanda), es decir, sin que se puedan invocar

normas del derecho interno para incumplir

con la responsabilidad internacional asu-

mida en la convención. Desde esta óptica

se plantea la necesidad de que su contenido

sea acorde con los principios y valores de

la Constitución, que es la norma suprema y

fundamento del ordenamiento jurídico del

Estado1.

5.8. De ahí que, para el cumplimiento de

estas obligaciones acorde con las previsio-

1 Se trata del reconocimiento universal de los principios

del “libre consentimiento”, “buena fe” y de la norma

“pacta sunt servanda”, aforismo que signica que los

tratados deben ser cumplidos y al que se hace alusión en el

Preámbulo de la Convención de Viena sobre el Derecho

de los Tratados, consagrado luego en los artículos 12 a

18 y 26 de dicha convención.

nes constitucionalmente establecidas, el

control preventivo de constitucionalidad

constituye un instrumento de vital impor-

tancia en la preservación del Estado de de-

recho, donde la Constitución comporta la

ley suprema.

6. Aspectos del control de constitucio-

nalidad

6.1. Conforme lo anteriormente detallado,

el gobierno de la República Dominicana y

el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos

celebraron un acuerdo de cooperación in-

ternacional para desarrollar los servicios

aéreos entre ambos Estados, bajo los prin-

cipios y disposiciones de la Convención

sobre Aviación Civil Internacional, adopta-

da en la ciudad de Chicago el siete (7) de

diciembre de mil novecientos cuarenta y

cuatro (1944), del cual ambos países son

Partes signatarias, y se comprometen a ac-

tuar en el plano internacional, regional y

nacional en armonía con los intereses na-

cionales, la convivencia pacíca entre los

pueblos y los deberes de solidaridad con

todas las naciones, debiendo, en conso-

nancia con la Constitución dominicana, ser

sometido dicho Acuerdo al control previo

de constitucionalidad.

6.2. Con el objetivo de ejercer dicho con-

trol y sin dejar de cumplir con su rol de

practicar una revisión integral, el Tribunal

entiende pertinente centrar su atención

en aquellos aspectos que están vinculados

directamente con su contenido y que ame-

ritan ser confrontados con los valores, de-

rechos y principios contenidos en la Cons-

titución.

6.3. Acorde a lo anterior, este Tribunal

Constitucional constata que el objeto del

298 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

Acuerdo es establecer servicios de trans-

porte aéreo entre y más allá de sus respec-

tivos territorios, reconociendo la impor-

tancia del transporte aéreo como medio de

creación y fomento de la amistad, entendi-

miento y cooperación entre el pueblo de

los dos países, facilitando la expansión de

oportunidades de transporte aéreo interna-

cional.

6.4. En función de dicho objetivo, convie-

ne puntualizar en cuanto al uso del espacio

aéreo que harán las naves de las líneas de-

signadas por los Estados Partes para operar

losindicadosvuelos,andeanalizarlaco-

rrespondencia de este punto en el Acuerdo

conlosconceptosde“territorio”y“sobe-

ranía”, en consonancia con lo dispuesto por

la Constitución dominicana, el Convenio

sobreAviaciónCivilInternacionalrmado

en Chicago el siete (7) de diciembre de mil

novecientos noventa y cuatro (1994), y el

tratamientodadoaestasdenicionesenel

Acuerdo.

6.5. En ese sentido, es importante precisar

quelasdenicionesofrecidasenunacuer-

do, convenio o tratado procuran dar el sig-

nicadoque ambas partes lesatribuyany

consideren pertinente a ciertos conceptos

queseránutilizadosdeunaformaespecí-

ca en el acuerdo. En la especie, el Tribunal

vericaque el presente Acuerdo dene el

término“territorio”,enlaformaqueacon-

tinuaciónsetrascribe:“Territorioenrela-

ción a un Estado, designa las áreas terres-

tres y las aguas territoriales adyacentes y el

espacio aéreo por encima de las mismas,

bajo la soberanía de dicho Estado”.

6.6. Por consiguiente, el Convenio sobre

Aviación Civil Internacional rmado en

Chicago el siete (7) de diciembre de mil

novecientos noventa y cuatro (1994), se

reereensus artículos1 y2alosconcep-

tos“territorio”y“soberanía”,delamanera

tratantes reconocen que todo Estado

tiene soberanía plena y exclusiva en el

espacio aéreo situado sobre su territorio.

Artículo 2. Territorio A los fines del

presente Convenio se consideran como

territorio de un Estado las áreas terres-

tres y las aguas territoriales adyacentes

a ellas que se encuentren bajo la sobera-

nía, dominio, protección o mandato de

dicho Estado.

6.7. En cuanto a la soberanía y al territorio,

la Constitución de la República Dominica-

na dispone, en sus artículos 2, 3 y 9, lo que

a continuación se transcribe:

Artículo 2. Soberanía popular. La sobe-

ranía reside exclusivamente en el pue-

blo, de quien emanan todos los poderes,

los cuales ejerce por medio de represen-

tantes o en forma directa, en los térmi-

nos que establecen esta Constitución y

las leyes.

Artículo 3. Inviolabilidad de la sobera-

nía y principio de no intervención. La

soberanía de la Nación dominicana,

Estado libre e independiente de todo

poder extranjero, es inviolable. Ningu-

no de los poderes públicos organizados

por la presente Constitución puede rea-

lizar o permitir la realización de actos

que constituyan una intervención direc-

ta o indirecta en los asuntos internos o

externos de la República Dominicana o

una injerencia que atente contra la per-

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 299

sonalidad e integridad del Estado y de

los atributos que se le reconocen y con-

sagran en esta Constitución. El princi-

pio de la no intervención constituye una

norma invariable de la política interna-

cional dominicana.

Artículo 9 Territorio nacional. El terri-

torio de la República Dominicana es

inalienable. Está conformado por: 1)

La parte oriental de la isla de Santo

Domingo, sus islas adyacentes y el con-

junto de elementos naturales de su geo-

morfología marina. Sus límites terrestres

irreductibles están fijados por el Trata-

do Fronterizo de 1929 y su Protocolo

de Revisión de 1936. Las autoridades

nacionales velan por el cuidado, protec-

ción y mantenimiento de los bornes que

identifican el trazado de la línea de de-

marcación fronteriza, de conformidad

con lo dispuesto en el tratado fronterizo

y en las normas de Derecho Interna-

cional; 2) El mar territorial, el suelo y

subsuelo marinos correspondientes. La

extensión del mar territorial, sus líneas

de base, zona contigua, zona económi-

ca exclusiva y la plataforma continental

serán establecidas y reguladas por la

ley orgánica o por acuerdos de delimi-

tación de fronteras marinas, en los tér-

minos más favorables permitidos por el

Derecho del Mar; 3) El espacio aéreo

sobre el territorio nacional, el espectro

electromagnético y el espacio donde éste

actúa. La ley regulará el uso de estos es-

pacios de conformidad con las normas

del Derecho Internacional. Párrafo. -

Los poderes públicos procurarán, en el

marco de los acuerdos internacionales,

la preservación de los derechos e inte-

reses nacionales en el espacio ultrate-

rrestre, con el objetivo de asegurar y

mejorar la comunicación y el acceso de

la población a los bienes y servicios de-

sarrollados en el mismo.

6.8. Antes de continuar con su análisis,

este Tribunal Constitucional debe dejar

constancia que el acuerdo aquí revisado es,

en los aspectos que ahora nos referimos,

sustancialmente similar al acuerdo respec-

to del cual este colegiado tomó su decisión

TC/0045/18. Contrario ha sido el caso de

las revisiones que dieron lugar a las senten-

cias TC/0042/202 y TC/0061/203, pues

en estos casos se establece la aplicación ex-

presa de las disposiciones del Convenio de

Chicago o, por lo menos, aquellas relativas

ala“soberanía”yal“territorio”,aplicación

que no es posible derivar del acuerdo aho-

ra sujeto a revisión, como tampoco pudo

serlo de aquel cuya revisión dio lugar a la

sentencia TC/0045/18. En ese sentido,

por esa esencial diferencia, este Tribunal

deja constancia que no se encuentra varian-

do sus precedentes, sino que se encuentra

tomando una decisión para la cual el caso

más afín y el precedente aplicable es el

contenido en la sentencia TC/0045/18,

no el adoptado en nuestras decisiones más

recientesenloquesereerealprincipiode

soberanía y al territorio nacional. Esto así,

porque, como ha establecido este mismo

colegiado constitucional:

2 El acuerdo sujeto a revisión incluyó en su artículo 2,

lo siguiente: “Aplicación del Convenio de Chicago. Las

disposiciones del presente Acuerdo estarán sujetas a las

disposiciones del Convenio en la medida en que dichas

disposiciones sean aplicables a los servicios aéreos

internacionales.”

3 En este caso, el acuerdo sujeto a revisión no sólo hace

referencia al Convenio de Chicago pues, aunque no

incluye una cláusula de aplicación expresa, explícitamente

vincula las deniciones de “soberanía” y “territorio” a

aquellas de los artículos 1 y 2 del Convenio de Chicago,

como puede apreciarse de su artículo 1, literales b) y g).

300 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

…el precedente vinculante lo constituye

el aspecto de la sentencia donde se con-

cretiza el alcance de una disposición

constitucional, es decir, donde se explica

qué es aquello que la Constitución pro-

híbe, permite, ordena o habilita para

un tipo concreto de supuesto de hecho,

a partir de una de sus indeterminadas

y generales cláusulas. Es precisamente

en este aspecto de la sentencia donde

se produce la actividad creadora en

relación con el contenido de los princi-

pios y valores que en cada etapa de la

evolución del derecho corresponde al

juez descubrir y plasmar en su decisión.

[sentencia TC/0150/17] Constitu-

yendo precedentes obligatorios por la

fuerza vinculante que supone su doc-

trina, carácter que no solo se deriva de

un mandato constitucional expreso,

sino también por la función que reali-

za como órgano de cierre del sistema

de justicia constitucional [Cfr. Sen-

tencias TC/0150/17, TC/0360/17,

TC/0299/18]

6.9. Producto de lo anteriormente expues-

to,seevidenciaqueelsignicadootorgado

altérmino“territorio”enelAcuerdo,esel

mismo dado por el Convenio y que ha sido

aceptadoporlosEstadosrmantes;sinem-

bargo, el Acuerdo suscrito entre el Gobier-

no dominicano y el Gobierno de los Emira-

tosÁrabesUnidosnoreereniotorgauna

denicióna lapalabra“soberanía”, térmi-

no que para el caso de la especie se consi-

dera indispensable para el mantenimiento

de la independencia de un Estado; tal como

fue establecido en el precedente contenido

en la Sentencia TC/0045/184 en la que

4 Dictada en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil

dieciocho (2018).

con motivo de un control preventivo, este

Tribunal Constitucional declaró no con-

formeconlaConstituciónel“Acuerdode

Servicios Aéreos entre el Gobierno de la

República Dominicana y el Gobierno de

Kuwait”5, tras expresar lo siguiente:

6.16. Precisamente, del análisis del

“Acuerdo de Servicios Aéreos entre el

Gobierno de la República Dominicana

y el Gobierno de Kuwait”, el Tribunal

ha podido constatar que este no hace

referencia directa al aspecto sobre la

soberanía que tienen los Estados en el

espacio aéreo del territorio de cada Es-

tado, aspecto fundamental para deter-

minar la constitucionalidad del mismo,

independientemente de que dicho acuer-

do esté apegado al principio de coope-

ración internacional y de solidaridad

entre los países.

6.17. Conforme lo expuesto y ante tal

inobservancia en el “Acuerdo de Servicios

Aéreos entre el Gobierno de la República

Dominicana y el Gobierno de Kuwait”, de

tener un concepto restringido de territorio

y que no abarca el reconocimiento de

que el Estado tiene “soberanía” plena

en el espacio aéreo sobre su territorio,

podemos concluir en el tenor de que

dicha omisión limita el ejercicio pleno de

soberanía consagrado en la Constitución

dominicana; en consecuencia, el Acuerdo

debe ser declarado no conforme con la

Carta Sustantiva.

6.10. Las consideraciones transcritas

precedentemente aplican mutatis mutandis

5 Suscrito en la ciudad de Nassau, el Commonwealth de

las Bahamas, el siete (7) de diciembre dos mil dieciséis

(2016).

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 301

al presente control preventivo de constitu-

cionalidadsobreelreferido“Acuerdoentre

el Gobierno de la República Dominicana y

el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos

para Servicios Aéreos entre y más allá de sus

respectivos territorios”, lo que conduce a

declararlo no conforme con la Constitución

de la República Dominicana y a reservar la

posibilidad de realizar el control de consti-

tucionalidad, nueva vez, bajo los parámetros

de readecuación o reestructuración del refe-

ridoacuerdoen loreferente altérmino“te-

rritorio”y“soberanía”,talcomofueprevis-

to en la Sentencia TC/0315/156, en la que

este tribunal expresó lo siguiente:

11.15. El Tribunal Constitucional

deja constancia de que el hecho de

que el contenido actual del acuerdo

estudiado contiene aspectos esenciales

que no se ajustan a la Constitución de la

República Dominicana, no significa un

impedimento para que ante una eventual

reestructuración o reorientación de las

cláusulas insalvables del mismo -habida

cuenta de las buenas relaciones bilaterales

existentes entre los Estados Unidos de

América y la República Dominicana-,

este colegiado, en su función de guardián

de la supremacía de la Constitución y

en aplicación del control preventivo de

la constitucionalidad, pueda evaluar

nueva vez las pretensiones de las Partes.

Esta decisión, rmada por los jueces del

Tribunal, fue adoptada por la mayoría re-

querida. No gura la rma del magistrado

José Alejandro Ayuso, en razón de que no

participó en la deliberación y votación de la

presente sentencia por causas previstas en

6 Dictada en fecha veinticinco (25) de septiembre del año

dos mil quince (2015)

la Ley. Figura incorporado el voto salvado

de la magistrada Alba Luisa Beard Marcos.

Consta en acta el disidente del magistrado

Víctor Joaquín Castellanos Pizano, el cual

se incorporará a la presente decisión de con-

formidad con el artículo 16 del Reglamento

Jurisdiccional del Tribunal Constitucional.

Por las razones y motivos de hecho y de de-

recho anteriormente expuestos, el Tribu-

nal Constitucional,

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR no conforme

con la Constitución de la República Domi-

nicana,el“Acuerdo entre el Gobierno de

la República Dominicana y el Gobierno de

los Emiratos Árabes Unidos para Servicios

Aéreos entre y más allá de sus respectivos

territorios”, suscrito en Dubai, Emiratos

Árabes Unidos, en fecha 3 de noviembre de

dos mil catorce (2014).

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación

de la presente sentencia al presidente de la

Repúblicaparalosnes contemplados en

el artículo 128, numeral 1, literal d), de la

Constitución.

TERCERO: DISPONER la publicación de

la presente sentencia en el Boletín del Tri-

bunal Constitucional.

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Pre-

sidente; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer

Sustituto; Lino Vásquez Sámuel, Juez Se-

gundo Sustituto; Hermógenes Acosta de

los Santos, Juez; Alba Luisa Beard Marcos,

Jueza; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jue-

za; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez;

Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez;

Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ra-

302 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

mírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Mar-

tínez, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez;

Julio José Rojas Báez, Secretario.

VOTO SALVADO DE LA

MAGISTRADA ALBA LUISA BEARD

MARCOS

Con el debido respeto al criterio mayo-

ritario desarrollado en esta sentencia y

conforme a la opinión que sostuvimos en

la deliberación, en ejercicio de la facultad

prevista en el artículo 186 de la Constitu-

ción, y de las disposiciones del artículo 30

de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, presentamos un voto sal-

vado fundado en las razones que expondre-

mos a continuación:

1. El proceso que dio como resultado la

sentencia respecto a la cual presentamos

este voto salvado, tuvo su origen en el

control preventivo de constitucionalidad

del“Acuerdo entre el Gobierno de la Re-

pública Dominicana y el Gobierno de los

Emiratos Árabes Unidos para Servicios

Aéreos entre y más allá de sus respectivos

territorios”, suscrito en Dubái en fecha 3

de noviembre de 2014.

2. Mediante la presente sentencia, el voto

mayoritario del plenario de este tribunal,

declara no conforme a la Constitución el

referido acuerdo sobre la base de las moti-

vaciones siguientes:

6.8. Antes de continuar con su

análisis, este Tribunal Constitucional

debe dejar constancia que el acuerdo

aquí revisado es, en los aspectos que

ahora nos referimos, sustancialmente

similar al acuerdo respecto del cual

este colegiado tomó su decisión

TC/0045/18. Contrario ha sido

el caso de las revisiones que dieron

lugar a las sentencias TC/0042/207 y

TC/0061/208, pues en estos casos se

establece la aplicación expresa de las

disposiciones del Convenio de Chicago

o, por lo menos, aquellas relativas a la

“soberanía” y al “territorio”, aplicación

que no es posible derivar del acuerdo

ahora sujeto a revisión, como tampoco

pudo serlo de aquel cuya revisión dio

lugar a la sentencia TC/0045/18. En

ese sentido, por esa esencial diferencia,

este Tribunal deja constancia que no

se encuentra variando sus precedentes,

sino que se encuentra tomando una

decisión para la cual el caso más afín y

el precedente aplicable es el contenido

en la sentencia TC/0045/18, no el

adoptado en nuestras decisiones más

recientes en lo que se refiere al principio

de soberanía y al territorio nacional.

Esto así, porque, como ha establecido

este mismo colegiado constitucional:

…el precedente vinculante lo constituye

el aspecto de la sentencia donde se

concretiza el alcance de una disposición

constitucional, es decir, donde se explica

qué es aquello que la Constitución

prohíbe, permite, ordena o habilita para

7 El acuerdo sujeto a revisión incluyó en su artículo 2,

lo siguiente: “Aplicación del Convenio de Chicago. Las

disposiciones del presente Acuerdo estarán sujetas a las

disposiciones del Convenio en la medida en que dichas

disposiciones sean aplicables a los servicios aéreos

internacionales.”

8 En este caso, el acuerdo sujeto a revisión no sólo hace

referencia al Convenio de Chicago pues, aunque no

incluye una cláusula de aplicación expresa, explícitamente

vincula las deniciones de “soberanía” y “territorio” a

aquellas de los artículos 1 y 2 del Convenio de Chicago,

como puede apreciarse de su artículo 1, literales b) y g).

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 303

un tipo concreto de supuesto de hecho,

a partir de una de sus indeterminadas

y generales cláusulas. Es precisamente

en este aspecto de la sentencia donde

se produce la actividad creadora

en relación con el contenido de los

principios y valores que en cada etapa

de la evolución del derecho corresponde

al juez descubrir y plasmar en su

decisión.” [sentencia TC/0150/17]

Constituyendo precedentes obligatorios

por la fuerza vinculante que supone

su doctrina, carácter que no solo se

deriva de un mandato constitucional

expreso, sino también por la función

que realiza como órgano de cierre del

sistema de justicia constitucional [Cfr.

Sentencias TC/0150/17, TC/0360/17,

TC/0299/18]

6.9. Producto de lo anteriormente

expuesto, se evidencia que el significado

otorgado al término “territorio” en

el Acuerdo, es el mismo dado por el

Convenio y que ha sido aceptado por

los Estados firmantes; sin embargo,

el Acuerdo suscrito entre el Gobierno

dominicano y el Gobierno de los Emiratos

Árabes Unidos no refiere ni otorga una

definición a la palabra “soberanía”,

término que para el caso de la especie

se considera indispensable para el

mantenimiento de la independencia de

un Estado; tal como fue establecido en

el precedente contenido en la Sentencia

TC/0045/189 en la que con motivo de

un control preventivo, este Tribunal

Constitucional declaró no conforme

con la Constitución el “Acuerdo de

Servicios Aéreos entre el Gobierno de la

9 Dictada en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil

dieciocho (2018).

República Dominicana y el Gobierno

de Kuwait”10, tras expresar lo siguiente:

6.16. Precisamente, del análisis del

“Acuerdo de Servicios Aéreos entre el

Gobierno de la República Dominicana

y el Gobierno de Kuwait”, el Tribunal

ha podido constatar que este no hace

referencia directa al aspecto sobre la

soberanía que tienen los Estados en

el espacio aéreo del territorio de cada

Estado, aspecto fundamental para

determinar la constitucionalidad del

mismo, independientemente de que

dicho acuerdo esté apegado al principio

de cooperación internacional y de

solidaridad entre los países.

6.17. Conforme lo expuesto y ante

tal inobservancia en el “Acuerdo de

Servicios Aéreos entre el Gobierno de la

República Dominicana y el Gobierno

de Kuwait”, de tener un concepto

restringido de territorio y que no abarca

el reconocimiento de que el Estado tiene

“soberanía” plena en el espacio aéreo

sobre su territorio, podemos concluir en

el tenor de que dicha omisión limita el

ejercicio pleno de soberanía consagrado

en la Constitución dominicana; en

consecuencia, el Acuerdo debe ser

declarado no conforme con la Carta

Sustantiva.”

3. Esta juzgadora entiende que el hecho de

que el indicado acuerdo no establezca una

deniciónde“soberanía”,ellonodebeim-

plicar necesariamente que dicho acuerdo

vulnera el principio de soberanía, toda vez

10 Suscrito en la ciudad de Nassau, el Commonwealth de

las Bahamas, el siete (7) de diciembre dos mil dieciséis

(2016).

304 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

que dicho acuerdo establece que las partes

suscribientes se comprometen a respetar el

ordenamiento jurídico de sus respectivos

Estados.

4. En ese orden de ideas, el Diccionario

Panhispánico del español jurídico, esta-

blece dos deniciones de soberanía, una

desde el punto de vista constitucional, que

dice:“Podersupremoeilimitado,tradicio-

nalmente atribuido a la nación, al pueblo o

al Estado, para establecer su constitución y

adoptar las decisiones políticas fundamen-

tales tanto en el ámbito interno como en el

plano internacional”.

5.Laotradenicióndesoberanía,ala luz

del derecho internacional público, es la si-

guiente: “Principio fundamental del esta-

tuto internacional del Estado, consistente

en la facultad de adoptar libremente sus

decisiones y ejercer los poderes estatales.

Entraña la summa potestas y la plenitudo

potestatis. En la esfera de las relaciones

internacionales, implica independencia e

igualdad”. 11

6. Por su parte, en casos similares al de la

especie, en el ejercicio de control preven-

tivo de tratados internacionales, este tribu-

nal no ha citado propiamente una deni-

ción de soberanía, sino que se ha limitado a

consignar el artículo 3 de la Constitución,

el cual establece:

Inviolabilidad de la soberanía y prin-

cipio de no intervención. La soberanía

de la Nación dominicana, el Estado

libre e independiente de todo poder ex-

tranjero, es inviolable. Ninguno de los

11 Diccionario Panhispánico del español Jurídico: [En

línea] https://dpej.rae.es/lema/soberan%C3%ADa

poderes públicos organizados por la

presente Constitución puede realizar

o permitir la realización de actos que

constituyan una intervención directa

e indirecta en los asuntos internos o

externos de la República Dominicana

o una injerencia que atente contra la

personalidad e integridad del Estado

y de los atributos que se le reconocen y

consagran en este Constitución. El prin-

cipio de la no intervención constituye

una norma invariable de la política in-

ternacional dominicana. 12

7.En virtud de la denición de soberanía

que hemos citado y del artículo 3 de la

Constitución invocado por este honorable

tribunal en precedentes similares al de la

especie, podemos extraer los elementos

siguientes de soberanía: 1. Facultad de la

nación de tomar libremente sus decisiones

y ejercer sus poderes estatales. 2. Libertad

e independencia de todo poder extranjero.

3. Principio de no intervención directa e

indirecta en los asuntos internos y externos

de la República Dominicana. 4. No inje-

rencia de un Estado extranjero que atente

contra la personalidad e integridad del Es-

tado y los atributos que se le reconocen y

consagran en la Constitución.

5. Igualdad e independencia de las partes.

8. De ahí que, si bien el acuerdo internacio-

nalquenosocupanocitaunadeniciónde

soberanía – como tampoco este tribunal ha

citado en ninguno de sus precedentes ante-

riores –, entendemos que, al establecer las

12 Véase Sentencia TC/0037/12, del 7 de septiembre

de 2012, Pág. 10. Igualmente, véase Sentencia

TC/0315/15, de fecha 25 de septiembre de 2015, Pág.

24.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 305

partes suscribientes en una de sus cláusulas

que las mismas se comprometen a respetar

el ordenamiento jurídico de sus Estados

partes, de hecho, se está congurando y

respetando el principio de soberanía na-

cional.

9. Y es que en esta sentencia no se desa-

rrollan argumentos claros y precisos que

conduzcan a establecer que, del conteni-

do del acuerdo suscrito entre la República

Dominicana y el Gobierno de los Emiratos

Árabes Unidos, se vulnera algunos de los

elementos característicos de la denición

o del concepto de soberanía que hemos

citado, sosteniendo únicamente que dicho

acuerdo vulnera la Constitución porque

el mismo no establece una denición del

vocablo soberanía y que no se establece

demaneraespecícaenelacuerdoquelas

partes respetarán dicho principio.

10. En nuestro criterio, la sentencia que

nos ocupa debió analizar más bien si el in-

dicado acuerdo transgredía uno de los cin-

co elementos constitutivos del concepto

de soberanía ante citado y no sustentar su

decisión únicamente en que el instrumento

jurídicoanalizado no contiene una deni-

ción de dicho vocablo.

Conclusión:

Esta juzgadora entiende que, si bien en el

acuerdo internacional analizado en esta

sentencianocitaunadenicióndesobera-

nía – como tampoco este tribunal ha citado

en ninguno de sus precedentes anteriores

-, al establecer las partes suscribientes en

una de sus cláusulas que se comprometen

a respetar el ordenamiento jurídico de sus

Estadospartes, dehecho,se estácongu-

rando y respetando el principio de sobera-

nía nacional.

Y es que en esta sentencia no se desarrollan

argumentos que conduzcan a establecer que

del contenido del acuerdo suscrito entre la

República Dominicana y el Gobierno de

los Emiratos Árabes Unidos, se vulnera

algunos de los elementos característicos de

ladenición o del concepto desoberanía

que hemos citado, sosteniendo únicamente

que dicho acuerdo vulnera la Constitución

porque el mismo no establece una

denicióndelvocablosoberaníayqueno

se establece de manera especíca en el

acuerdo que las partes respetarán dicho

principio.

En nuestro criterio, la sentencia que

nos ocupa debió analizar más bien si el

indicado acuerdo transgredía uno de los

cinco elementos constitutivos del concepto

desoberaníaquehemos identicado y no

sustentar su decisión únicamente en que el

instrumento jurídico analizado no contiene

unadenicióndedichovocablo.

Firmado: Alba Luisa Beard Marcos, Jueza

Lapresentesentenciaesdadayrmadapor

los señores jueces del Tribunal Constitu-

cional que anteceden, en la sesión del Pleno

celebrada el día, mes y año anteriormente

expresados, y publicada por mí, secretario

delTribunalConstitucional,quecertico.

Julio José Rojas Báez

Secretario

306 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

SENTENCIA TC/00129/21

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2019-0298, relativo al recurso de

revisión constitucional de sentencia

de amparo incoado por la Dirección

General de Impuestos Internos

(DGII) contra la Sentencia núm.

030-04-2019-SSEN-00035, dicta-

da por la Tercera Sala del Tribunal

Superior Administrativo el cuatro

(4) de febrero de dos mil diecinueve

(2019).

En el municipio Santo Domingo Oeste,

provincia Santo Domingo, República

Dominicana, a los veinte (20) días del

mes de enero del año dos mil veintiuno

(2021).

El Tribunal Constitucional, regular-

mente constituido por los magistrados

Milton Ray Guevara, presidente; Rafael

Díaz Filpo, primer sustituto; Lino Vás-

quez Sámuel, segundo sustituto; Her-

mógenes Acosta de los Santos, José Ale-

jandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos,

Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor

Joaquín Castellanos Pizano, Domingo

Antonio Gil, Wilson S. Gómez Ramírez,

Katia Miguelina Jiménez Martínez y Mi-

guel Valera Montero, en ejercicio de sus

competencias constitucionales y legales,

específicamente las previstas en los artí-

culos 185.4 de la Constitución, 9 y 94 de

la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribu-

nal Constitucional y los Procedimientos

Constitucionales, del trece (13) de junio

del año dos mil once (2011), dicta la si-

guiente sentencia:

I. ANTECEDENTES

1. Descripción de la sentencia

recurrida en revisión constitucional

de sentencia de amparo

La Sentencia núm. 030-04-2019-SSEN-

00035, objeto del presente recurso de

revisión constitucional de sentencia de

amparo, fue dictada por la Tercera Sala del

Tribunal Superior Administrativo el cua-

tro (4) de febrero de dos mil diecinueve

(2019). Su fallo acogió la acción de amparo

interpuesta por el señor José Manuel Mora

Apolinario contra la Dirección General de

Impuestos Internos (DGII). El dispositivo

de la sentencia establece textualmente lo

misión planteado por la parte accio-

nada Dirección General de Impuestos

Internos (DGII) por los motivos expues-

tos.

SEGUNDO: DECLARA regular y váli-

da, en cuanto a la forma, la presente ac-

ción constitucional de amparo incoada

por el señor JOSÉ MANUEL MORA

APOLINARIO, en fecha 04/12/2018,

contra del DIRECCIÓN GENERAL

DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII),

por haber sido interpuesta conforme a

las reglas procesales vigentes.

TERCERO: ACOGE, en cuanto al

fondo, la presente acción constitucional

de amparo, en consecuencia, ORDENA

al DIRECCIÓN GENERAL DE

IMPUESTOS INTERNOS (DGII),

emitir una Certificación en la que

se haga constar: “el monto del pago

(impuesto), recibido por la Dirección

General de Impuestos Internos (DGII),

por concepto de Ganancia de Capital,

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 307

como consecuencia de la transacción

suscrita entre la empresa internacional

Ambev Brasil Bebidas, S.A. (Compañía

de Bebidas Americanas, o Compañía de

Bebidas de las Américas), y la empresa

E. León Jiménez, S.A., propietaria del

83.5% de las acciones de la Cervecería

Nacional Dominicana (CDN), en virtud

de la cual Ambev adquirió el 51% de

las acciones de la Cervecería Nacional

Dominicana (CND) en 2011 y 2012”,

por las razones expuestas.

TERCERO: DECLARA libre de costas

el presente proceso de conformidad con

el artículo 66 de la Ley núm. 137-11

de fecha 13 de junio del año 2011, ley

Orgánica del Tribunal Constitucional y

de los Procedimientos Constitucionales.

CUARTO: ORDENA, que la presente

sentencia sea publicada en el Boletín

del Tribunal.

Dichasentencialefuenoticadaalaparte

recurrente, Dirección General de Impues-

tos Internos (DGII), mediante Acto núm.

401-2019, del veintisiete (27) de marzo

de dos mil diecinueve (2019), instrumen-

tado por el ministerial Rolando Antonio

Guerrero Peña, alguacil ordinario del Tri-

bunal Superior Administrativo.

2. Presentación del recurso de revisión

constitucional de sentencia de

amparo

La parte recurrente, Dirección General de

Impuestos Internos (DGII), interpuso el

presente recurso de revisión constitucional

el cuatro (4) de abril de dos mil diecinue-

ve (2019) y fue recibido en este tribunal

el quince (15) de diciembre de dos mil

diecinueve (2019), a n de que se anule

la decisión recurrida. Los fundamentos de

esta petición se expondrán más adelante. El

indicadorecursolefue noticadoalseñor

José Manuel Mora Apolinario, por parte del

Tribunal Superior Administrativo, median-

te el Acto núm. 697/2019, del cinco (5)

de agosto de dos mil diecinueve (2019),

instrumentado por el ministerial Rober-

to Eufrancia Ureña, alguacil de estrados

del Tribunal Superior Administrativo, así

como también por iniciativa de la parte re-

currente, mediante el Acto núm. 70/2019,

del ocho (8) de abril de dos mil diecinueve

(2019), instrumentado por el ministerial

Virgilio Óscar Pérez Báez, alguacil ordina-

rio del Primer Tribunal Colegiado de Pri-

mera Instancia de Santiago.

3. Fundamentos de la sentencia

recurrida en revisión constitucional

de sentencia de amparo

La Tercera Sala del Tribunal Superior Ad-

ministrativo acogió la acción de amparo

interpuesta por el señor José Manuel Mora

Apolinario en contra de la Dirección Gene-

ral de Impuestos Internos (DGII), funda-

mentando su decisión en las motivaciones

siguientes:

SOBRE EL MEDIO DE INADMISIÓN

(…)

7. En cuanto al medio de inadmisión

por extemporaneidad de la Acción

Constitucional de Amparo previsto

en el numeral 2 del artículo 70 de la

Ley Núm. 137-11, antes indicado, no

es ocioso recordar que en la especie lo

que se pretende tutelar son derechos

fundamentales presumiblemente

conculcados, y en vista de que el juez

de amparo se encuentra revestido de los

poderes más amplios para hacer efectiva

la tutela de estos derechos, el plazo de

308 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

sesenta (60) días para incoar la Acción

Constitucional de Amparo, en principio,

se computa a partir del momento en que

el agraviado es puesto en conocimiento

del acto administrativo que vulnera sus

derechos fundamentales, no existiendo

en el presente caso constancia de

la fecha en que fue notificada la

Comunicación MH-2018-033103; en la

especie, el accionante interpuso además

recurso jerárquico ante el Ministerio

de Hacienda —lo cual interrumpe el

plazo para actuar ante el Tribunal en

amparo—, por lo tanto procede rechazar

dicho pedimento.

SOBRE EL FONDO

14. Nuestra Carta Fundamental instituye

el derecho al Acceso a la Información

Pública en su numeral 1 del artículo 49

de la Constitución Política Dominicana,

el cual ha referido nuestro más alto

interprete Constitucional en su Sentencia

TC/0042/12: “Este derecho tiene una

gran relevancia para el fortalecimiento

del Estado Social y Democrático de

Derecho instituido por el artículo 7 de

nuestra Carta Sustantiva, ya que su

ejercicio garantiza la transparencia

y permite a la ciudadanía acceder

libremente a las informaciones en poder

de las instituciones del Estado”

15. Con relación al derecho al acceso

a la información pública el Tribunal

Constitucional Dominicano ha

manifestado que: “El derecho al libre

acceso a la información pública es una

derivación del derecho que tiene todo

individuo a la libertad de opinión y

de expresión, en la medida que una

persona desinformada no tiene la

posibilidad de expresarse con eficacia

y libertad. Ciertamente, la carencia de

información coloca al individuo en la

imposibilidad de defender sus derechos

fundamentales y de cumplir con los

deberes fundamentales consagrados

en la Constitución y en los tratados

internacionales de los cuales el Estado

dominicano es parte (artículo 19 de la

Declaración Universal de los Derechos

Humanos, adoptada y proclamada

por la Asamblea General de las

Naciones Unidas en su resolución 217

(III), del diez (10) de diciembre de mil

novecientos cuarenta y ocho (1948);

art. 13 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, San José,

Costa Rica, del siete (7) al veintidós

(22) de noviembre de mil novecientos

sesenta y ocho (1968); artículo 19 del

Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos, Asamblea General de las

Naciones Unidas, de fecha dieciséis (16)

de diciembre de mil novecientos sesenta

y seis [1966]

16. La “Ley General de Libre Acceso a

la Información Pública”, núm. 200-04

del 28 de julio del año 2004 establece

que: “Será obligatorio para el Estado

Dominicano y todos sus poderes, or-

ganismos y entidades indicadas en el

Artículo 1 de la presente ley, brindar la

información que esta ley establece con

carácter obligatorio y de disponibili-

dad de actualización permanente y las

informaciones que fueran requeridas en

forma especial por los interesados. Para

cumplir estos objetivos sus máximas au-

toridades están obligadas a establecer

una organización interna, de tal ma-

nera que se sistematice la información

de interés público, tanto para brindar

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 309

acceso a las personas interesadas, como

para su publicación a través de los me-

dios disponibles. Párrafo. - La obliga-

ción de rendir información a quien la

solicite, se extiende a todo organismo

legalmente constituido o en formación,

que sea destinatario de fondos públicos,

incluyendo los partidos políticos cons-

tituidos o en formación, en cuyo caso

la información incluirá la identidad

de los contribuyentes, origen y destino

de los fondos de operación y manejo.

Artículo 5.- Se dispone la informatiza-

ción y la incorporación al sistema de

comunicación por internet o a cualquier

otro sistema similar que en el futuro se

establezca, de todos los organismos pú-

blicos centralizados y descentralizados

del Estado, incluyendo el Distrito Na-

cional y los municipios, con la finalidad

de garantizar a través de éste un acceso

directo del público a la información del

Estado. 4 Todos los poderes y organis-

mos del Estado deberán instrumentar la

publicación de sus respectivas “Páginas

Web” a los siguientes fines: a) Difusión

de información: Estructura, integrantes,

normativas de funcionamiento, proyec-

tos, informes de gestión, base de datos;

b) Centro de intercambio y atención al

cliente o usuario: Consultas, quejas y

sugerencias; c) Trámites o transacciones

bilaterales. La información a que hace

referencia el párrafo anterior, será de

libre acceso al público sin necesidad de

petición previa”

17. En razón de que el señor JOSÉ

MANUEL MORA APOLINARIO

requiere la información con la finalidad

de incorporarla a un estudio jurídico que

desarrolla relativo al “Impuesto de la

Ganancia de Capital”, que la Dirección

General de Impuestos Internos (DGII)

fue puesta en conocimiento de los datos

exigidos por el amparista y al ésta

haberle rechazado su solicitud mediante

Comunicación G.L.Núm.1205395,

alegando que dicha información está

protegida por el deber de reserva, en

virtud de lo dispuesto por el artículo

47 del Código Tributario, el Tribunal

advierte que los datos requeridos

no están protegidos por el deber de

reserva, contrario a lo interpretado

por la accionada Dirección General de

Impuestos Internos (DGII) por lo que

procede admitir el amparo que se trata.

18. Procede a declarar el presente

proceso libre de costas, de conformidad

con el artículo 72 de la Constitución y

66 de la Ley Núm. 137-11 Orgánica

del Tribunal Constitucional y de los

Procedimientos Constitucionales.

4. Hechos y argumentos jurídicos del

recurrente en revisión constitucional

de sentencia de amparo

Parajusticarsuspretensiones,lapartare-

currente – Dirección General de Impues-

tos Internos (DGII)– alega, entre otros

motivos:

Que contrario a lo que arguyen errónea

e insustancialmente ese TRIBUNAL

SUPERIROR ADMINISTRATIVO, en

relación a que “… los datos requeridos

no están protegidos por el deber de

reserva, contrario a lo interpretado

por la accionada Dirección General de

Impuestos Internos (DGII)…”, resulta

obvio que tal como se hizo constar en

aquella COMUNICACION G. L. NUM.

1205395, las informaciones de carácter

310 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

contractual y comercial suministradas a

la ADMINISTRACION TRIBUTARIA

por las sociedades comerciales citadas

en dicha comunicación, y respecto de

las cuales la DIRECCION GENERAL

DE IMPUESTOS INTERNOS se

encontraba obligada al deber de

reserva sobre las mismas y a su

única utilización para los fines de

determinación de la ganancia de capital

eventual y por determinar sobre dicha

transacción de ventas de acciones o

títulos societarios pertenecientes a

tales personas morales, en ningún

caso cabría considerarlas como

informaciones públicas de libre acceso

de cualesquiera persona o ciudadano,

por lo que, es evidente que el TRIBUNAL

SUPERIOR ADMINITRATIVO estuvo

constitucionalmente imposibilitado

de ordenar la entrega de las mismas

para un presunto “estudio jurídico”

que implicaría hacer de público

conocimiento informaciones que incluso

están protegidas por el debido secreto

empresarial y comercial, y el mismo

derecho fundamental de propiedad

intelectual que ya consagra el artículo 52

de la misma constitución dominicana.

Que a diferencia de lo que esgrimen

equívoca e incongruentemente aquella

TERCERA SALA DEL TRIBUNAL

SUPERIOR ADMINISTRATIVO, el

deber de reserva sobre las declaraciones

e informaciones que los contribuyentes,

responsables y terceros suministran a la

ADMINISTRACION TRIBUTARIA,

se hace absolutamente extensivo a las

informaciones solicitadas por el hoy

recurrido JOSE MANUELA MORA

APOLINARIO, quien lejos de probar

estar provisto de interés legítimo protegi-

do para acceder a tales informaciones,

se limita a invocar la presunta realiza-

ción de un llamado “estudio jurídico”,

que lo colocaría en la posición ventajosa

e ilícita de disponer de información pri-

vilegiada de carácter privado y de hasta

comercializar con ella en perjuicio de los

legítimos intereses y de las cuantiosas

inversiones llevadas a cabo por dichas

sociedades comerciales para realizar la

transacción referida;

Que en contraste con lo alegado e

invocado falsaria e insustancialmente

por el recurrido JOSE MANUEL

MORA APOLINARIO, el presunto

“estudio jurídico” que declara estar

realizando y que ha servido de

fundamento a su “amparo” y a la ilícita

garantía otorga en su favor por dicha

TERCERA SALA DEL TRIBUNAL

SUPERIOR ADMINISTRATIVO,

podría perfectamente ser llevado a cabo

con las informaciones recaudatorias

periódicas y anuales que proveen tanto

la ADMINISTRACION TRIBUTARIA

como el MINISTERIO DE HACIENDA

y hasta el BANCO CENTRAL DE LA

REPUBLICA DOMINICANA, por vía

de los reportes de gestión económica-

fiscal y presupuestaria del ESTADO

DOMINICANO, los cuales contemplan

los importes segregados por tipo impositivo

recaudados mensual y anualmente;

El TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

al amparo de 10 previsto en los artí-

culos 69, 185 y 277 de la CONSTI-

TUCION DOMINICANA, dictó el 22

de mayo del 2017, la SENTENCIA

TC/0265/17, cuyas motivaciones dicen

(cita): “En la Sentencia TC/0009/13,

del once (11) de febrero de dos mil trece

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 311

(2013), en cuanto a la efectiva motiva-

ción de las decisiones judiciales este tri-

bunal constitucional dispuso:

En ese sentido, este Tribunal estima con-

veniente enfatizar lo siguiente:

a) Que reviste gran importancia que los

tribunales no se eximan de correlacio-

nar los principios, reglas normas y juris-

prudencia, en general con las premisas

lógicas de cada fallo, para evitar vulne-

ración de la garantía constitucional del

debido proceso por falta de motivación;

b) Que para evitar la falta de motiva-

ción en sus sentencias, contribuyendo

así al afianzamiento de la garantía

constitucional de la tutela efectiva al

debido proceso, los jueces deben, al

momento de exponer las motivaciones,

incluir suficientes razonamientos y con-

sideraciones concretas al caso específico

objeto de su ponderación; y

c) Que también deben correlacionar

las premisas lógicas y base normativa

de cada fallo con los principios, reglas,

normas y jurisprudencia pertinentes, de

forma que las motivaciones resulten ex-

presas, claras y completas.

En esa misma sintonía, en el precedente

anterior quedaron precisados los

requerimientos que deben agotarse para

que las decisiones judiciales cuenten con

una eficaz motivación, estos son:

a. Desarrollar de forma sistemática

los medios en que fundamentan sus

decisiones:

b. Exponer de forma concreta y precisa

cómo se producen la valoración de los

hechos, las pruebas y el derecho que

corresponde aplicar;

c. Manifestar las consideraciones

pertinentes que permitan determinar los

razonamientos en que se fundamenta la

decisión adoptada;

d. Evitar la mera enunciación genérica

de principios o la indicación de las

disposiciones legales que hayan sido

violadas o que establezcan alguna

limitante en el ejercicio de una acción; y

e. Asegurar, finalmente, que la funda-

mentación de los fallos cumpla la fun-

ción de legitimar las actuaciones de los

tribunales frente a la sociedad a la que

va dirigida la actividad jurisdiccional.”

5. Hechos y argumentos jurídicos del

recurrido en revisión constitucional

de sentencia de amparo

El presente recurso de revisión fue

noticado al accionante, José Manuel

Mora Apolinario, por parte del Tribunal

Superior Administrativo, mediante el Acto

núm. 697/2019, así como también por

iniciativa de la parte recurrente –Dirección

General de Impuestos Internos (DGII)–,

mediante el Acto núm. 70/2019, sin

embargo, no consta en el expediente que

este haya depositado escrito de defensa.

6. Hechos y argumentos jurídicos

la Procuraduría General

Administrativa

La Procuraduría General Administrativa

depositó su escrito de defensa el veintitrés

(23) de abril de dos mil diecinueve (2019)

y solicitó que se acogiera íntegramente el

recurso de revisión de amparo interpuesto

por la Dirección General de Impuestos

Internos (DGII) contra la Sentencia

núm. 030-04-2019-SSEN-00035. Para

fundamentar sus pretensiones, expone lo

al estudiar el recurso de revisión

elevado por la Dirección General de

Impuestos Internos (DGII) suscrito

312 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

por el Lic. Lorenzo Natanael Ogando

de la Rosa, encuentra expresado

satisfactoriamente los medios de

defensa promovidos por el recurrente,

tanto en la forma como en el fondo,

por consiguiente, para no incurrir

en repeticiones innecesarias, se

procede a pedir pura y simplemente

a ese Honorable Tribunal, acoger

favorablemente dicho recurso por ser

procedente en la forma y conforme a la

Constitución y las leyes. (…)

Único: Acoger íntegramente, tanto en la

forma como en el fondo, el Recurso de

Revisión interpuesto en fecha 04 de abril

del 2019, por la Dirección General de

Impuestos Internos (DGII) contra la Sen-

tencia No. 030-04-2019-SSEN-00035

de fecha 04 de febrero del año 2019,

dictada por la Tercera Sala del Tribunal

Superior Administrativo, en consecuen-

cia, DECLARAR SU ADMISIÓN y RE-

VOCAR la sentencia recurrida, por ser el

indicado recurso conforme al derecho.

7. Pruebas documentales

Las pruebas documentales relevantes que

obran en el expediente del presente recurso

de revisión son, entre otras, las siguientes:

1. Copia de la Sentencia núm. 030-04-

2019-SSEN-00035, dictada por la Ter-

cera Sala del Tribunal Superior Adminis-

trativo el cuatro (4) de febrero de dos mil

diecinueve (2019).

2. Acto núm. 401-2019, del veintisiete

(27) de marzo de dos mil diecinueve (2019),

instrumentado por el ministerial Rolando

Antonio Guerrero Peña, alguacil ordinario

del Tribunal Superior Administrativo.

3. Instancia contentiva del presente recurso

de revisión constitucional del cuatro (4) de

abril de dos mil diecinueve (2019).

4. Acto núm. 697/2019, del cinco (5)

de agosto de dos mil diecinueve (2019),

instrumentado por el ministerial Roberto

Eufrancia Ureña, alguacil de estrados del

Tribunal Superior Administrativo.

5. Acto núm. 70/2019, del ocho (8)

de abril de dos mil diecinueve (2019),

instrumentado por el ministerial Virgilio

Óscar Pérez Báez, alguacil ordinario del

Primer Tribunal Colegiado de Primera

Instancia de Santiago.

6. Instancia contentiva de escrito de defensa

de la Procuraduría General Administrativa,

del tres (3) de enero de dos mil diecinueve

(2019).

II. CONSIDERACIONES Y

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

8. Síntesisdelconicto

Conformealaspiezasqueguranenelex-

pediente y a los argumentos invocados por

laspartes,elconictopartedelaacciónde

amparo interpuesta por el señor José Ma-

nuel Mora Apolinario contra la Dirección

General de Impuestos Internos (DGII), por

alegada violación al derecho de libre acceso

a la información pública y en procura de

obtenerinformación,medianteunacerti-

cación,especícamentesobre

el monto del pago (impuesto), recibido

por la Dirección General de Impuestos

Internos (DGII), por concepto de Ga-

nancia de Capital, como consecuencia

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 313

de la transacción suscrita entre la em-

presa internacional Ambev Brasil Bebi-

das, S.A. (Compañía de Bebidas Ame-

ricanas, o Compañía de Bebidas de las

Américas), y la empresa E. León Jimé-

nez, S.A., propietaria del 83.5% de las

acciones de la Cervecería Nacional Do-

minicana (CDN), en virtud de la cual

Ambev adquirió el 51% de las acciones

de la Cervecería Nacional Dominicana

(CND) en 2011 y 2012.

La Tercera Sala del Tribunal Superior Admi-

nistrativo resultó apoderada de la acción de

amparo y, a través de la Sentencia núm. 030-

04-2019-SSEN-00035, acogió la acción de

amparo y ordenó a la Dirección General de

ImpuestosInternos(DGII)emitirunacerti-

cación con la información solicitada. No con-

forme con la decisión, la Dirección General

de Impuestos Internos (DGII) interpuso ante

este tribunal el recurso de revisión que ahora

nos ocupa, por considerar que el juez de am-

paronoofreció suciente motivación en su

decisión para acoger la acción.

9. Competencia

Este tribunal es competente para conocer

del presente recurso de revisión constitu-

cional en materia de amparo, en virtud de

lo que establecen los artículos 185.4 de la

Constitución, 9 y 94 de la Ley núm. 137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional

y de los Procedimientos Constitucionales.

10. Admisibilidad del recurso de revi-

sión constitucional de sentencia de

amparo

Para este tribunal constitucional, el presen-

te recurso de revisión resulta admisible por

los siguientes motivos de derecho:

a. La Ley núm. 137-11, en su artículo 94,

consagra la posibilidad de que todas las

sentencias emitidas por el juez de amparo

puedan ser recurridas en revisión ante el

Tribunal Constitucional en la forma y bajo

las condiciones establecidas en la ley. En

cuanto a su interposición, el artículo 95

de la referida ley dispone, so pena de inad-

misibilidad, que [e]l recurso de revisión se

interpondrá mediante escrito motivado a

ser depositado en la secretaría del juez o tri-

bunal que rindió la sentencia, en un plazo

de cinco días contados a partir de la fecha

de su notificación. Este tribunal ha estima-

do este plazo como hábil y franco1, por lo

cual se descartan para su cómputo los días

no laborables y los correspondientes a la

noticaciónyasuvencimiento.

b. En el presente caso la Sentencia núm.

030-04-2019-SSEN-00035 fue dictada el

cuatro (4) de febrero de dos mil diecinueve

(2019)ynoticadaalaDirecciónGeneral

de Impuestos Internos (DGII), mediante

Acto núm. 401-2019, del veintisiete (27)

de marzo de dos mil diecinueve (2019),

mientras que el recurso fue interpuesto el

cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve

(2019), dentro del plazo requerido por la

norma para su interposición.

c. La admisibilidad de los recursos de revi-

sión en amparo se encuentra establecida en

el artículo 100 de la referida ley núm. 137-

11,que de manera taxativayespecícalo

sujeta a la especial trascendencia o relevan-

cia constitucional de la cuestión planteada,

que se apreciará atendiendo a su impor-

tancia para la interpretación, aplicación y

1 Entre otras, véanse: TC/0080/12, TC/0071/13,

TC/0122/15, TC/0224/16, TC/0109/17,

TC/0016/18.

314 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

general eficacia de la Constitución, o para

la determinación de contenido, alcance y la

concreta protección de los derechos funda-

mentales.

d. En cuanto a la admisibilidad relativa a la

especial trascendencia y relevancia consti-

tucional,este tribunal jó suposición en

la Sentencia TC/0007/12, del veintidós

(22) de marzo de dos mil doce (2012), al

establecer:

La especial trascendencia o relevancia

constitucional se encuentra configu-

rada, entre otros, en los supuestos si-

guientes: 1) que contemplen conflictos

sobre derechos fundamentales respecto

a los cuales el Tribunal Constitucional

no haya establecido criterios que permi-

tan su esclarecimiento; 2) que propicien

por cambios sociales o normativos que

incidan en el contenido de un derecho

fundamental, modificaciones de prin-

cipios anteriormente determinados; 3)

que permitan al Tribunal Constitucio-

nal reorientar o redefinir interpretacio-

nes jurisprudenciales de la ley u otras

normas legales que vulneren derechos

fundamentales; 4) que introduzcan res-

pecto a estos últimos un problema jurí-

dico de trascendencia social, política o

económica cuya solución favorezca en el

mantenimiento de la supremacía consti-

tucional.

e. En esa atención, el recurso de revisión

constitucional que nos ocupa tiene especial

trascendencia o relevancia constitucional,

puesto que le permitirá a este tribunal con-

tinuar desarrollando jurisprudencia en lo

relativo a la motivación de las sentencias de

amparo y en cuanto al derecho de libre acce-

so a la información pública y su relación con

el deber de reserva a cargo de la Adminis-

tración Tributaria. Por todo lo anterior, el

presente recurso de revisión constitucional

de sentencia de amparo resulta admisible y,

por tanto, debe procederse al conocimiento

del fondo.

11. Sobre el fondo del recurso de revi-

sión constitucional de sentencia de

amparo

En cuanto al fondo del recurso, el Tribunal

Constitucional, luego de haber analizado

los documentos y argumentos de las partes,

fundamenta su decisión en lo siguiente:

a. Alegando falta de motivación y errónea

interpretación del derecho de libre acceso a

la información pública y el deber de reserva

a cargo de la administración tributaria, la

Dirección General de Impuestos Internos

(DGII) ha interpuesto un recurso de revisión

constitucional en materia de amparo contra

la Sentencia núm. 030-04-2019-SSEN-

00035, dictada por la Tercera Sala del Tri-

bunal Superior Administrativo el cuatro (4)

de febrero de dos mil diecinueve (2019).

b. La parte recurrente, en contra de la deci-

sión ahora recurrida, sostiene que:

Que contrario a lo que arguyen errónea

e insustancialmente ese TRIBUNAL

SUPERIROR ADMINISTRATIVO,

en relación a que “… los datos reque-

ridos no están protegidos por el deber

de reserva, contrario a lo interpretado

por la accionada Dirección General de

Impuestos Internos (DGII)…”, resulta

obvio que tal como se hizo constar en

aquella COMUNICACION G. L. NUM.

1205395, las informaciones de carácter

contractual y comercial suministradas a

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 315

la ADMINISTRACION TRIBUTARIA

por las sociedades comerciales citadas

en dicha comunicación, y respecto de las

cuales la DIRECCION GENERAL DE

IMPUESTOS INTERNOS se encontra-

ba obligada al deber de reserva sobre

las mismas y a su única utilización para

los fines de determinación de la ganan-

cia de capital eventual y por determinar

sobre dicha transacción de ventas de

acciones o títulos societarios pertene-

cientes a tales personas morales, en nin-

gún caso cabría considerarlas como in-

formaciones públicas de libre acceso de

cualesquiera persona o ciudadano, por

lo que, es evidente que el TRIBUNAL

SUPERIOR ADMINITRATIVO estuvo

constitucionalmente imposibilitado de

ordenar la entrega de las mismas para

un presunto “estudio jurídico” que im-

plicaría hacer de público conocimiento

informaciones que incluso están prote-

gidas por el debido secreto empresarial

y comercial, y el mismo derecho fun-

damental de propiedad intelectual que

ya consagra el artículo 52 de la misma

constitución dominicana.

c. En el análisis de la sentencia recurrida,

el Tribunal Constitucional ha podido com-

probar que esta decisión adolece de falta de

motivación en su desarrollo. En efecto, al

exponer los fundamentos de dicha senten-

cia, la Tercera Sala del Tribunal Superior

Administrativo omitió sustentar sus moti-

vaciones en razonamientos jurídicos pro-

pios y adecuados a la cuestión planteada.

En este sentido, otorgó prioridad a la trans-

cripción de las disposiciones legales2 y ju-

2 Artículo 49 de la Constitución y artículos 3, 4 y 5

de la Ley Núm. 200-04, General de Libre Acceso a la

Información Pública.

risprudencia constitucional3 sin la correcta

valoración racional y lógica de los hechos

sometidos al debate.

d. Respecto a la debida motivación de las

sentencias, y precisamente como argumen-

ta la parte recurrente, el Tribunal Consti-

tucional formuló el test de la debida moti-

vación en su Sentencia TC/0009/13, el

cual prescribe en su acápite 9, literal D, los

siguientes parámetros generales:

a) Que reviste gran importancia que los

tribunales no se eximan de correlacio-

nar los principios, reglas, normas y ju-

risprudencia, en general, con las premi-

sas lógicas de cada fallo, para evitar la

vulneración de la garantía constitucio-

nal del debido proceso por falta de mo-

tivación; b) Que para evitar la falta de

motivación en sus sentencias, contribu-

yendo así al afianzamiento de la garan-

tía constitucional de la tutela efectiva

al debido proceso, los jueces deben, al

momento de exponer las motivaciones,

incluir suficientes razonamientos y con-

sideraciones concretas al caso específico

objeto de su ponderación; y c) Que tam-

bién deben correlacionar las premisas

lógicas y base normativa de cada fallo

con los principios, reglas, normas y ju-

risprudencia pertinentes, de forma que

las motivaciones resulten expresas, cla-

ras y completas.

e. A su vez, el literal G del mismo acápite

9 de la referida sentencia TC/0009/13

enuncia los lineamientos especícos que

incumben a los tribunales del orden judi-

3 Especícamente las sentencias TC/0042/12 y

TC/0286/13.

316 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

cial para satisfacer el cabal cumplimiento

del deber de motivación, a saber:

a.

Desarrollar de forma sistemática los

medios en que fundamentan sus deci-

siones; b. Exponer de forma concreta y

precisa cómo se producen la valoración

de los hechos, las pruebas y el derecho

que corresponde aplicar; c. Manifestar

las consideraciones pertinentes que per-

mitan determinar los razonamientos en

que se fundamenta la decisión adopta-

da; d. Evitar la mera enunciación gené-

rica de principios o la indicación de las

disposiciones legales que hayan sido

violadas o que establezcan alguna limi-

tante en el ejercicio de una acción; y e.

Asegurar, finalmente, que la fundamen-

tación de los fallos cumpla la función de

legitimar las actuaciones de los tribuna-

les frente a la sociedad a la que va diri-

gida la actividad jurisdiccional.

f. En este contexto, el Tribunal Constitu-

cional ha comprobado que la referida sen-

tencia núm. 030-2017-SEEN-00345, ex-

pedida por el referido tribunal el cuatro (4)

de febrero de dos mil diecinueve (2019),

no satisface los parámetros anteriormen-

te enunciados en la indicada decisión

TC/0009/13, puesto que dicho fallo:

1. No desarrolla sistemáticamente los me-

dios invocados por el accionante. En efec-

to,sibienestosmediosgurantranscritos

en la Sentencia núm. 030-2017-SEEN-

00345, en ella no gura una correlación

entre la norma jurídica utilizada para fun-

damentar la decisión y su aplicación al caso

en concreto.

2. No manifiesta los argumentos pertinen-

tes ni suficientes para determinar adecua-

damente el fundamento de la decisión. En la

Sentencia núm. 030-2017-SEEN-00345

guran consideraciones jurídicamente

correctas respecto a los puntos decididos,

más no se procedió de igual manera con re-

lación al fondo del asunto, particularmente

lo relativo a resolver el asunto entre el dere-

cho de libre acceso a la información pública

y el deber de reserva a cargo de la Adminis-

tración Tributaria.

3. No manifiesta las consideraciones perti-

nentes que permitan determinar los razona-

mientos en que se fundamenta la decisión

adoptada. La decisión establece que, con-

trario a lo establecido por la DGII, la infor-

mación solicitada por el amparista no se en-

cuentra protegida por el deber se reserva,

pero no incluye razonamiento alguno que

permita establecer el fundamento de dicha

armación.

4. No evita la mera enunciación genérica de

principios o la indicación de las disposicio-

nes legales que hayan sido violadas o que

establezcan alguna limitante en el ejercicio

de una acción. Puede advertirse que los pá-

rrafos 15 y 16 relacionados con el fondo de

la decisión se limitan a la enunciación ge-

nérica de principios o disposiciones lega-

les, para luego establecer, sin razonamien-

to alguno que permita subsumir los hechos

en el derecho, que la información solicitada

no se encuentra protegida por el deber de

reserva.

5. No asegura que la fundamentación de

los fallos cumpla la función de legitimar

las actuaciones de los tribunales frente a la

sociedad a la que va dirigida la actividad

jurisdiccional. Por la ausencia absoluta de

razonamiento que permita establecer el

fundamento del tribunal de amparo para

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 317

establecer efectivamente que la informa-

ción solicitada por el amparista no se en-

cuentra protegida por el deber de reserva,

conclusión a la cual arriba el dispositivo de

la decisión ahora recurrida, impide la legi-

timación de la misma en el sentido requeri-

do por la Sentencia TC/0009/13.

g. Este requerimiento de legitimación de

las sentencias ha sido reiterado por esta

sede constitucional en numerosos casos,

tanto para recursos de revisión constitu-

cional de decisiones jurisdiccionales, como

para recursos de revisión constitucional de

sentencias de amparo. Con base en las pre-

cedentes consideraciones, esta sede cons-

titucional estima que la referida sentencia

núm.030-2017-SEEN-00345no satis-

zo el aludido test de la debida motivación,

exigencia abordada por este colegiado en

innumerables ocasiones. En efecto, tal

como se ha expuesto, para fundamentar su

decisión, dicho tribunal se basó de manera

general en argumentos exentos de razona-

mientos atinentes a la cuestión planteada,

por lo que básicamente carece de adecuada

sustentación jurídica.

h. Reiterando los principios expuestos,

este colegiado también precisó en su Sen-

tencia TC/0178/17 lo que sigue:

11.7. En este contexto, resulta oportuno

indicar que la motivación de una

sentencia debe procurar, por un lado,

que las partes envueltas en el proceso,

así como los terceros, conozcan el

fundamento de la decisión adoptada, y

que el mismo sea fruto de la correlación

entre la aplicación razonada del derecho

al caso concreto y el fallo de la resolución

exteriorizada en la argumentación que

se plasma; y por otro lado, que permita

un control mediante el ejercicio de los

recursos dispuestos por ley.

11.8. Ese control se ejerce en la medida

en que las decisiones jurisdiccionales

estén provistas de motivos lógicos,

razonables, no arbitrarios, y conforme

con el principio pro actione o principio

de interpretación más favorable a

la efectividad del derecho a la tutela

judicial, de manera que los jueces o

tribunales que tienen entre sus funciones

revisar las sentencias o resoluciones

emanadas de jurisdicciones de un grado

inferior, puedan determinar la admisión

o rechazo de los recursos que les sean

sometidos a su escrutinio, examinando

los argumentos en que las mismas se

fundamentan.

i. Tomando como base estos precedentes

jurisprudenciales, el Tribunal Constitucio-

nal estima procedente revocar la sentencia

objeto del presente recurso de revisión por

los motivos previamente expuestos, en vis-

ta de que no cumple con los parámetros de

motivación de las decisiones de amparo,

asimismo, resulta violatoria del derecho al

debido proceso y a la tutela judicial efecti-

va del recurrente. Así las cosas, el Tribunal

Constitucional pasará a conocer la acción

de amparo, en virtud del principio de au-

tonomía procesal y del criterio estableci-

do por esta jurisdicción en su Sentencia

TC/0071/13.

12. Sobre la acción de amparo

a. El señor José Manuel Mora Apolinario

interpuso una acción de amparo contra la

Dirección General de Impuestos Internos

(DGII) por supuesta violación al derecho de

libre acceso a la información pública, por ne-

318 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

garse a entregar, mediante certicación,

una información relativa al pago de im-

puestos por ganancia de capital relativa a

una operación ejecutada entre los accionis-

tas de dos sociedades comerciales. Por otro

lado, la parte accionada solicitó que fuera

declarada inadmisible la acción de amparo

por extemporánea, cuestión que debe ser

resuelta antes de conocer del fondo de la

acción de amparo.

b. Conforme a las disposiciones del ar-

tículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, el

juez apoderado de la acción de amparo,

luego de instruido el proceso, podrá

dictar sentencia declarando inadmisi-

ble la acción, sin pronunciarse sobre el

fondo cuando la reclamación no hubie-

se sido presentada dentro de los sesenta

días que sigan a la fecha en que el agra-

viado ha tenido conocimiento del acto u

omisión que le ha conculcado un derecho

fundamental.

c. Tal y como se ha señalado, la existencia

de un plazo de prescripción que tiene como

nalidad sancionar con la inadmisión, la

inactividad de quien se presume agravia-

do, debe comenzar a contarse a partir del

momento en que el agraviado tuvo cono-

cimiento de la conculcación a su derecho

fundamental.

d. En la especie, tal y como se desprende

de la revisión del expediente, la solicitud

de información fue presentada el vein-

tiocho (28) de agosto de dos mil diecio-

cho (2018) ante la Dirección General de

Impuestos Internos (DGII), la cual dio

respuesta mediante Comunicación G. L.

Núm. 1205395, del veintiuno (21) de

septiembre de dos mil dieciocho (2018)

(sin constancia de la fecha en la cual fue

notificada). Más adelante, el señor José

Manuel Mora Apolinario presentó un re-

curso jerárquico el nueve (9) de octubre

de dos mil dieciocho (2018) ante el Mi-

nisterio de Hacienda, fecha que constitu-

yeelementodepruebasucientedeque

el accionante había tomado conocimiento

del presunto acto que, de acuerdo con sus

argumentos, le ha conculcado un derecho

fundamental, pero que también interrum-

pía el plazo para actuar ante el tribunal de

amparo. El Ministerio de Hacienda dio

respuesta mediante Comunicación MH-

2018-033103, del dieciséis (16) de oc-

tubre de dos mil dieciocho (2018), (sin

constancia de la fecha en la cual fue noti-

ficada).

e. Ahorabien,talycomosevericaenel

expediente, el accionante –hoy parte re-

currida– interpuso su acción de amparo el

cuatro (4) de diciembre de dos mil diecio-

cho (2018), de manera que no existiendo

en el presente caso constancia de la fecha

en que fue noticada la Comunicación

MH-2018-033103, y tampoco el trans-

curso de un plazo de sesenta (60) días

entre la fecha del acto [dieciséis (16) de

octubre de dos mil dieciocho (2018)] y la

fecha de interposición de la acción [cua-

tro (4) de diciembre de dos mil dieciocho

(2018)] procede rechazar dicho pedimen-

to, sin necesidad de hacerlo constar en el

dispositivo.

f. En cuanto a la cuestión de fondo, para re-

solver el caso, el Tribunal se debe adentrar

a analizar i) el derecho de libre acceso a la

información pública y ii) el derecho a la in-

timidad y el consecuente deber de reserva a

cargo de la Administración Tributaria. Fi-

nalmente, concluir respecto de la solución

del caso.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 319

12.1. Derecho de libre acceso a la

información pública

g. En cuanto al primer punto, i) derecho de

libre acceso a la información pública, exis-

ten importantes disposiciones normativas

contenidas en la Constitución y en tratados

internacionales sobre derechos humanos.

El artículo 19 de la Declaración Universal

de los Derechos Humanos establece el de-

recho de toda persona a investigar y recibir

informaciones, en los siguientes términos:

Todo individuo tiene derecho a la liber-

tad de opinión y de expresión; este de-

recho incluye el de no ser molestado a

causa de sus opiniones, el de investigar

y recibir informaciones y opiniones, y el

de difundirlas, sin limitación de fronte-

ras, por cualquier medio de expresión.

h. Dicho derecho a la información fue con-

sagrado en instrumentos internacionales

posteriores, como la Convención America-

na sobre Derechos Humanos (artículo 13),

y el Pacto Internacional de los Derechos

Civiles y Políticos (artículo 19), concebi-

dos como sigue:

Artículo 13. Toda persona tiene derecho

a la libertad de pensamiento y de

expresión. Este derecho comprende la

libertad de buscar, recibir y difundir

informaciones e ideas de toda índole,

sin consideración de fronteras, ya

sea oralmente, por escrito o en forma

impresa o artística, o por cualquier otro

procedimiento de su elección….

Artículo 19. Toda persona tiene derecho

a la libertad de expresión; este derecho

comprende la libertad de buscar, recibir

y difundir informaciones e ideas de toda

índole, sin consideración de fronteras,

ya sea oralmente, por escrito o en forma

impresa o artística, o por cualquier otro

procedimiento de su elección.

i. Las disposiciones normativas transcritas

forman parte de nuestro derecho interno

por haber sido objeto de raticación por

el Congreso Nacional. Por otra parte, el

derecho de libre acceso a la información

pública, si bien mantenía rango constitucio-

nal en tanto que formaba parte del bloque

de constitucionalidad, a partir de la entrada

en vigencia de la Constitución del veinti-

séis (26) de enero de dos mil diez (2010)

es incorporado taxativamente en la Cons-

titución dominicana. En efecto, el artículo

49.1 y su párrafo establece lo siguiente:

Artículo 49.- Libertad de expresión e in-

formación. Toda persona tiene derecho

a expresar libremente sus pensamientos,

ideas y opiniones, por cualquier medio,

sin que pueda establecerse censura pre-

via.

1) Toda persona tiene derecho a la in-

formación. Este derecho comprende

buscar, investigar, recibir y difundir in-

formación de todo tipo, de carácter pú-

blico, por cualquier medio, canal o vía,

conforme determinan la Constitución y

la ley; (…)

Párrafo. - El disfrute de estas libertades

se ejercerá respetando el derecho al ho-

nor, a la intimidad, así como a la digni-

dad y la moral de las personas, en espe-

cial la protección de la juventud y de la

infancia, de conformidad con la ley y el

orden público.

j. El Tribunal cuenta con vasta

jurisprudencia, de las cuales se pueden

320 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

rescatar algunas para la solución del

presente caso. En ese sentido, este tribunal

constitucional estableció en su Sentencia

TC/0042/12 estableció:

i) El derecho a la información pública

tiene una gran relevancia para el

fortalecimiento de la democracia, ya que

su ejercicio garantiza la transparencia

y permite a los ciudadanos controlar

y fiscalizar el comportamiento de los

Poderes Públicos.

k. Conlanalidadde garantizarlaefecti-

vidad del derecho a la información, con-

sagrado en los indicados instrumentos

internacionales y la Constitución domi-

nicana, fue promulgada la Ley núm. 200-

04, sobre Libre Acceso a la Información

Pública,enlacualseespecicanlaslimi-

taciones al acceso en razón de intereses

públicos o privados preponderantes (arts.

17 y 18).

l. En el mismo sentido, el artículo 17 del

indicado estatuto establece, entre otras li-

mitaciones y excepciones, en su literal j):

Información sobre la cual no se pueda vul-

nerar el secreto impuesto por leyes o deci-

siones judiciales o administrativas en casos

particulares. Asimismo, el artículo 18 de la

referida ley regula sobre el interés privado

preponderante como límite al acceso a la

información pública.

m. Finalmente, este tribunal constitucional

reconoce que el derecho de libre acceso a

la información pública es uno de los medios

más idóneos de control de la gestión de la

Administración Pública y de allí parte de su

importancia.

12.2. Derecho a la intimidad y el conse-

cuente

deber de reserva

a cargo de la

Administración Tributaria

n. En cuanto al segundo punto, ii) derecho

a la intimidad, y el consecuente deber de

reserva a cargo de la administración tribu-

taria, el Tribunal ha desarrollado una juris-

prudencia en la justa medida que le ha sido

planteado en casos anteriores al respecto;

sin embargo, el presente caso constituye

una oportunidad para caracterizar la natu-

raleza y límites del deber de reserva a car-

go de la Administración Tributaria, el cual

tiene su fundamento en el secreto tributario

(o secreto fiscal), el cual a su vez, tiene su

origen en el derecho a la intimidad.

o. En lo relativo a las disposiciones nor-

mativas contenidas en tratados internacio-

nales sobre derechos humanos, el artículo

12 de la Declaración Universal de los De-

rechos Humanos establece el derecho a la

privacidad en los siguientes términos:

Nadie será objeto de injerencias arbitra-

rias en su vida privada, su familia, su

domicilio o su correspondencia, ni de

ataques a su honra o a su reputación.

Toda persona tiene derecho a la protec-

ción de la ley contra tales injerencias o

ataques.

p. Dicho derecho a la privacidad fue con-

sagrado en instrumentos internacionales

posteriores, como la Convención Ameri-

cana sobre Derechos Humanos (artículo

11.2), y el Pacto Internacional de los De-

rechos Civiles y Políticos (artículo 17.1),

concebidos como sigue:

Artículo 11. Protección de la Honra y

de la Dignidad

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 321

(…) 2. Nadie puede ser objeto de

injerencias arbitrarias o abusivas en su

vida privada, en la de su familia, en su

domicilio o en su correspondencia, ni de

ataques ilegales a su honra o reputación.

Artículo 17

1. Nadie será objeto de injerencias arbi-

trarias o ilegales en su vida privada, su

familia, su domicilio o su corresponden-

cia, ni de ataques ilegales a su honra y

reputación.

q. Por otra parte, el derecho a la intimidad

se encuentra consagrado en la Constitu-

ción dominicana. En efecto, el artículo

44.2) establece:

Artículo 44.- Derecho a la intimidad y

el honor personal. Toda persona tiene

derecho a la intimidad. Se garantiza el

respeto y la no injerencia en la vida pri-

vada, familiar, el domicilio y la corres-

pondencia del individuo. Se reconoce el

derecho al honor, al buen nombre y a la

propia imagen. Toda autoridad o parti-

cular que los viole está obligado a resar-

cirlos o repararlos conforme a la ley. Por

tanto: (…)

2) Toda persona tiene el derecho a ac-

ceder a la información y a los datos que

sobre ella o sus bienes reposen en los

registros oficiales o privados, así como

conocer el destino y el uso que se haga

de los mismos, con las limitaciones fi-

jadas por la ley. El tratamiento de los

datos e informaciones personales o sus

bienes deberá hacerse respetando los

principios de calidad, licitud, lealtad,

seguridad y finalidad. Podrá solicitar

ante la autoridad judicial competente la

actualización, oposición al tratamiento,

rectificación o destrucción de aquellas

informaciones que afecten ilegítimamen-

te sus derechos.

r. En cuanto a la intimidad como límite al

derecho de libre acceso a la información

pública, el Tribunal Constitucional ha

tenido la oportunidad de pronunciarse

respecto de la divulgación de datos

personales no consentida, en el sentido de

que la entrega de ciertos datos personales

vulnera derechos a la dignidad, integridad,

intimidad y honor. En su decisión

TC/0011/12 sostuvo:

J) A la luz de la precedente exposición,

el Tribunal Constitucional estima que

la divulgación no consentida de datos

contenidos en los registros de la Dirección

General de Migración resulta un

ejercicio desproporcionado del derecho

a la información, que vulnera el núcleo

esencial del derecho fundamental a la

dignidad, la integridad, la intimidad

y el honor de las personas registradas,

cuando carezca de incidencia en asuntos

de interés colectivo y concierna personas

cuya relevancia pública no haya sido

alegada ni tampoco establecida.

s. Este tribunal constitucional se ha pronun-

ciado de manera reiterada al emitir las sen-

tencias TC/0011/124, TC/0042/125,

TC/0052/136, TC/0062/137 y

TC/0084/138, estableciendo como crite-

rio que el libre acceso a la información pú-

blica aplica siempre que la información no

4 Del tres (3) de mayo de dos mil doce (2012).

5 Del veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce

(2012).

6 Del fecha nueve (9) de abril de dos mil trece (2013).

7 Del fecha diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013)

8 Del cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013)

322 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

sea de carácter personal, pues esta última

escapa al objetivo de la Ley núm. 200- 04,

del veintiocho (28) de julio de dos mil cua-

tro (2004), de Libre Acceso a la Informa-

ción Pública, que es propiciar transparen-

cia y la publicidad de la gestión pública.

t. Más aún, este derecho a la intimidad se

extiende también a las personas jurídicas,

como estableció este colegiado en su Sen-

tencia TC/0563/15 en los siguientes tér-

minos:

10.10.3. Al iniciar el correspondiente

análisis, la primera cuestión que debe

quedar establecida es el reconocimiento

a las personas jurídicas de la titulari-

dad de ciertos derechos fundamentales

que eran vinculados exclusivamente a

la persona humana, tema que ha sido

considerablemente aceptado en la ac-

tualidad, con respecto al cual la doc-

trina ha señalado que la “titularidad

de los derechos fundamentales, en la

medida que lo permitan los términos de

su reconocimiento, y la naturaleza de su

objeto, contenido o relaciones vitales a

que se refieran, corresponde asimismo a

las personas jurídicas, y, en su caso, a

grupos y colectivos que no lo sean…9

10.10.4. Este tribunal ha dado por

sentada la titularidad del derecho a la

privacidad e intimidad de las personas

jurídicas, al fundamentar en la Sentencia

TC/0027/1210 lo que a continuación se

transcribe: 9.12. Respecto a la alegada

violación al derecho de la privacidad

de la empresa y de la correspondencia,

9 Solozábal, Juan José. Algunas cuestiones básicas de la

teoría de los derechos fundamentales: Revista de Estudios

Políticos (Nueva Época) Núm. 71. Enero-Marzo 1991.

la primera se corresponde con lo que ha

desarrollado la teoría española como

un derecho a la fidelidad empresarial

que firman las partes para no divulgar

cuestiones propias de una empresa

y, en el caso de la especie, ni siquiera

puede ser aplicado este principio de

fidelidad, porque no está en juego

ninguna fórmula o procedimiento que

atente contra el desarrollo de una de las

empresas; la segunda, privacidad de la

correspondencia, por haberse dispuesto

en la resolución que en un plazo no mayor

de treinta (30) días a partir de la fecha

de publicación de esta, las compañías

distribuidoras remitan a la Secretaría

de Estado, copia del contrato suscrito

con cada detallista, pues tal exigencia

persigue controlar el cumplimiento

de la política de comercio interno que

ha sido instaurada por la autoridad

competente. En cambio, la privacidad

de la correspondencia está destinada a

resguardar esencialmente los siguientes

bienes jurídicos: 1) la libertad de toda

persona para comunicarse con otras,

sin que se produzcan interrupciones

o interferencias ilegales o arbitrarias;

2) la reserva o el secreto de aquello

que se escribe o habla entre quienes se

hayan comunicado; y 3) el derecho a la

intimidad o privacidad.”

u. Asimismo,conlanalidaddegarantizar

la intimidad en cuanto a la información

recabada por la Administración Tributaria

la Ley núm. 11-92, que instituye el Código

Tributario de la República Dominicana,

estableció el deber de reserva en los

siguientes términos:

Artículo 47. Deber De Reserva.

(Modificado por la Ley No.147-00,

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 323

del 27 de diciembre del 2000). Las

declaraciones e informaciones que la

Administración Tributaria obtenga

de los contribuyentes, responsables

y terceros por cualquier medio, en

principio tendrán carácter reservado

y podrán ser utilizadas para los fines

propios de dicha administración y en

los casos que autorice la ley.

Párrafo I. No rige dicho deber de reserva

en los casos en que el mismo se convierta

en un obstáculo para promover la

transparencia del sistema tributario, así

como cuando lo establezcan las leyes,

o lo ordenen órganos jurisdiccionales

en procedimientos sobre tributos, cobro

compulsivo de éstos, juicios penales,

juicio sobre pensiones alimenticias,

de familia o disolución de régimen

matrimonial. Se exceptuarán también

la publicación de datos estadísticos

que, por su generalidad, no permitan

la individualización de declaraciones,

informaciones o personas.

Párrafo II. Cuando un contribuyente

haya pagado los impuestos establecidos

en los Títulos II, III y IV de este Código,

tendrá derecho a solicitar y recibir

de la Administración Tributaria, la

información sobre el valor de cada uno

de los impuestos pagados bajo estos

títulos por los demás contribuyentes que

participan en el mercado en el que opera

el primero.

v. Este deber de reserva tiene como razón

de ser, el hecho de que la Administración

Tributaria, en virtud de sus amplios

poderesdeinvestigaciónyscalización,así

como del correlativo deber de colaboración

de los particulares, accede a información

perteneciente a la esfera íntima del

particular, que implica un derecho de

rango constitucional.10 Es así como se

hace imperativo proteger la información

sensible del contribuyente, limitando a la

Administración Tributaria a su utilización

parael n primarioperseguido, esdecir,

recaudar los impuestos. Sin perjuicio

de la habilitación legal para transferir

esta información a otros entes u órganos

públicos,cuandoestosúltimos justiquen

que es imprescindible para el cumplimiento

de sus funciones y sujetos también a similar

obligacióndereservaocondencialidad.

w. En el plano comparado, nuestro homó-

logo del Perú ha establecido lo siguiente:

“… el Tribunal Constitucional tiene

reconocido en su jurisprudencia que

entre los atributos asociados al derecho

a la intimidad se encuentran el secreto

bancario y la reserva tributaria [STC

004-2004-AI/TC, fundamento 34],

y si bien cada uno de ellos garantizan

ámbitos vitales diferenciados, su tutela

está dirigida a “preservar un aspecto

de la vida privada de los ciudadanos,

en sociedades donde las cifras pueden

configurar, [...] una especie de ‘biografía

económica’ del individuo”, perfilándolo

y poniendo en riesgo no sólo su derecho

a la intimidad en sí mismo, sino también

otros bienes de igual trascendencia,

como su seguridad o su integridad [STC

0004-2004-APTC, fundamento 35].

De esta manera, es posible concluir

que la reserva tributaria y el secreto

10 LUEIRO, Natalia; PLANELLES, Valeria y SAN

MARTIN, Fernanda, “El secreto tributario. Concepto,

alcance y limitaciones. Una visión más allá del derecho

tributario”, Revista de Derecho de la Universidad de

Montevideo, No. 26, 2014, p. 189.

324 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

bancario forman parte del contenido

constitucionalmente protegido del

derecho a la intimidad, o, como se

le ha denominado, a “poseer una

intimidad”.”11

x. Igualmente, al amparo del marco

normativo dominicano, este tribunal ha

denido,dentrodelmarco de excepción

al derecho de libre acceso a la información

pública, a la información catalogada como

condencial, a aquella información que

está en poder del Estado y que sólo compete

a sus titulares, de índole estratégica

para decisiones de gobierno, acción

sancionadora o procesos administrativos o

judiciales. También abarca la información

protegida por secreto bancario, tributario,

comercial, industrial, tecnológico y

bursátil; y la relativa al derecho a la

intimidad de las personas [Sentencia

TC/0512/16, resaltado nuestro].

y. Al analizar el presente caso, el Tribunal

Constitucional estima que la información

solicitada por el accionante, señor José Ma-

nuel Mora Apolinario, respecto del monto

del pago (impuesto), recibido por la Direc-

ción General de Impuestos Internos (DGII),

por concepto de Ganancia de Capital, como

consecuencia de la transacción suscrita en-

tre la empresa internacional Ambev Brasil

Bebidas, S.A. (Compañía de Bebidas Ame-

ricanas, o Compañía de Bebidas de las

Américas), y la empresa E. León Jiménez,

S.A., propietaria del 83.5% de las accio-

nes de la Cervecería Nacional Dominicana

11 República del Perú, Tribunal Constitucional,

Sentencia recaída en el Expediente 00009-2014-PI/

TC [Disponible en https://www.tc.gob.pe/jurispruden-

cia/2016/00009-2014-AI.pdf] [Último acceso 23 mar-

zo 2020, 07:50 p.m.].

(CDN), en virtud de la cual Ambev adqui-

rió el 51% de las acciones de la Cervecería

Nacional Dominicana (CND) en 2011 y

2012, se encuentra dentro de las informa-

ciones protegidas por el secreto tributario

(o reserva o secreto fiscal) de donde nace

el deber de reserva (o deber de sigilo) de la

Administración Tributaria para proteger el

derecho a la intimidad. De manera que, al

no probar el solicitante que existe una de

las excepciones legales,12 la Dirección Ge-

neral de Impuestos Internos (DGII) debió

actuar como lo hizo, y rechazar la solicitud

de información.

z. Recurriendo nueva vez a la jurispruden-

cia comparada, el Tribunal Constitucional

del Perú ha advertido que, si bien el secreto

bancario y la reserva tributaria constituyan

la concreción, en el plano económico, de una

manifestación del derecho a la intimidad no

quiere decir que sean absolutos13 sin embar-

12 Ley Núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Infor-

mación Pública.

Artículo 18.- La solicitud de información hecha por los

interesados podrá ser rechazada cuando pueda afectar in-

tereses y derechos privados preponderantes, se entenderá

que concurre esta circunstancia en los siguientes casos:

Cuando se trate de datos personales cuya publicidad pu-

dierasignicarunainvasióndelaprivacidadpersonal.No

obstante, la Administración podría entregar estos datos e

informaciones si en la petitoria el solicitante logra demos-

trar que esta información es de interés público y que coad-

yuvará a la dilucidación de una investigación en curso en

manos de algún otro órgano de la administración pública.

Cuando el acceso a la información solicitada pueda afectar

el derecho a la propiedad intelectual, en especial derechos

de autor de un ciudadano.

Cuando se trate de datos personales, los mismos deben

entregarse sólo cuando haya constancia expresa,

inequívoca, de que el afectado consiente en la entrega de

dichos datos o cuando una ley obliga a su publicación.

13 República del Perú, Tribunal Constitucional, Sen-

tencia recaída en el Expediente 00009-2014-PI/TC

[Disponible en https://www.tc.gob.pe/jurispruden-

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 325

go, argumenta también el referido tribunal,

es criterio reiterado de este Tribunal el que

toda limitación de un derecho, esto es, la

realización de una injerencia que incida en

su ámbito de protección, debe atender a un

fin constitucional legítimo y ser acorde con

los principios de razonabilidad y propor-

cionalidad.14

aa. Por tanto, la divulgación no consentida

de información contenida en los registros

de la Dirección General Impuestos Inter-

nos (DGII) resulta un ejercicio despro-

porcionado del derecho a la información

que vulnera el núcleo esencial del derecho

fundamental a la intimidad y al secreto tri-

butario o reserva scal, cuando no se ha

justicadoen unadelas excepcionescon-

templadas en el ordenamiento jurídico.

bb. La Dirección General de Impuestos

Internos (DGII) reivindica en su recurso

el secreto empresarial y comercial, como

refuerzo a su argumento de que el

Tribunal Superior Administrativo estaba

imposibilitado de ordenar la entrega de

la información solicitada. Este tribunal

constitucional ve propicia la ocasión para

referirse a la naturaleza autónoma del

secreto tributario, de suerte que no necesita

un secreto previo (secreto comercial

o mercantil, secreto bancario, secreto

profesional) para que opere el deber de

reserva de la Administración Tributaria;

por ello, esta no solo debe guardar reserva

de las informaciones privadas a las que tiene

acceso en función de sus amplios poderes

deinvestigaciónyscalización,quealcanza

cia/2016/00009-2014-AI.pdf] [Último acceso 23

marzo 2020, 07:50 p.m.].

14 Íd.

a informaciones protegidas por otro

secreto, sino que el deber de reserva opera

de pleno derecho y de manera autónoma a

la preexistencia de otro secreto.

cc. Finalmente, la idea del deber de reserva

que obliga a la Administración Tributaria,

nosolosereerealaDirecciónGeneraldel

Impuestos Internos (DGII), sino que a cual-

quier otra entidad u organismo estatal que

sea sujeto activo de la actividad tributaria,

y este deber de reserva se extiende al ente

u órgano requirente de la Administración

Pública en caso de que la Administración

Tributaria le haya transferido válidamente

una información sujeta a reserva.

dd. En razón de todo lo anterior, este tribunal

constitucional entiende que en el presente

casonosehavericadounavulneraciónal

derecho de libre acceso a la información

pública, al tratarse la información requerida

por el accionante de información sujeta

a un deber de condencialidad o reserva

legal que, a su vez, tiene su fundamento en

el derecho constitucional a la intimidad de

las empresas15 titulares de la información

reservada.

15 Este Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado

respecto a que personas jurídicas puedan ser titulares de

derechos fundamentales y, a tal efecto, ha establecido que

“las personas naturales o físicas y las personas jurídicas,

ambas, pueden ser –y de hecho son– titulares de derechos

fundamentales. Cabe resaltar que los derechos fundamen-

tales que alcanzan a la persona jurídica no lo hacen en la

misma dimensión que a la persona física, dado los com-

ponentes que caracterizan la operatividad de cada una.

Empero, a modo de ejemplo, podríamos citar, de manera

enunciativa y no taxativa, que estas –las personas jurídi-

cas– gozan de derechos fundamentales, tales como: liber-

tad de empresa, propiedad, debido proceso, intimidad y

honor personal, libertad de expresión e información, liber-

tad de asociación, entre otros.” [Sentencia TC/0404/16,

acápite 10, literal e)].

326 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

Esta decisión, rmada por los jueces del

Tribunal, fue adoptada por la mayoría re-

querida.Noguralarmadelamagistrada

Ana Isabel Bonilla Hernández, en razón de

que no participaron en la deliberación y vo-

tación de la presente sentencia por causas

previstas en la ley. Figuran incorporados el

voto disidente del magistrado Hermógenes

Acosta de los Santos y los votos salvados de

las magistradas Alba Luisa Beard Marcos y

Katia Miguelina Jiménez Martínez.

Por los motivos de hecho, derecho y los

precedentes, anteriormente expuestos, el

Tribunal Constitucional

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la

forma, el recurso de revisión constitucional

de sentencia de amparo interpuesto por la

Dirección General de Impuestos Internos

(DGII), contra la Sentencia núm. 030-

04-2019-SSEN-00035, dictada por

la Tercera Sala del Tribunal Superior

Administrativo el cuatro (4) de febrero de

dos mil diecinueve (2019).

SEGUNDO: ACOGER en cuanto al fon-

do, el recurso de revisión constitucional de

sentencia de amparo descrito en el ordinal

anterior y, en consecuencia, REVOCAR

la Sentencia núm. 030-04-2019-SSEN-

00035, dictada por la Tercera Sala del Tri-

bunal Superior Administrativo el cuatro (4)

de febrero de dos mil diecinueve (2019).

TERCERO: RECHAZAR en cuanto al

fondo la acción de amparo interpuesta

por el señor José Manuel Mora Apolinario

contra la Dirección General de Impuestos

Internos (DGII), por los motivos expuestos

en el cuerpo de esta decisión.

CUARTO: DECLARAR el presente

recurso libre de costas, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 72, in fine, de la

Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de la

referida Ley núm. 137-11.

QUINTO: COMUNICAR esta sentencia,

porSecretaría,parasuconocimientoynes

de lugar, a la recurrente, Dirección General

de Impuestos Internos (DGII) y al recurri-

do, señor José Manuel Mora Apolinario.

SEXTO: DISPONER que la presente

decisión sea publicada en el Boletín del

Tribunal Constitucional, en virtud del

artículo 4 de la Ley núm. 137-11.

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presi-

dente; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sus-

tituto; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segun-

do Sustituto; Hermógenes Acosta de los

Santos, Juez; José Alejandro Ayuso, Juez;

Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Justo Pe-

dro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joa-

quín Castellanos Pizano, Juez; Domingo

Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez;

Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza;

Miguel Valera Montero, Juez; Julio José

Rojas Báez, Secretario.

VOTO DISIDENTE DEL

MAGISTRADO HERMÓGENES

ACOSTA DE LOS SANTOS

Con el debido respeto al criterio mayori-

tario desarrollado en esta sentencia y con-

forme a la opinión que mantuvimos en la

deliberación, procedemos a explicar las

razones por las cuales haremos constar un

voto disidente en el presente caso.

Este voto disidente lo ejercemos en virtud

de las previsiones de los artículos 186 de

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 327

la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y

de los Procedimientos Constitucionales, de

fecha 13 de junio de 2011. En el primero

de los textos se establece lo siguiente: “(…)

Los jueces que hayan emitido un voto disi-

dente podrán hacer valer sus motivaciones

en la decisión adoptada”; y en el segundo

que: “Los jueces no pueden dejar de votar,

debiendo hacerlo a favor o en contra en cada

oportunidad. Los fundamentos del voto y los

votos salvados y disidentes se consignarán

en la sentencia sobre el caso decidido”.

1. En la especie, se trata de un recurso de

revisión constitucional en materia de am-

paro incoado por la Dirección General de

Impuestos Internos (DGII) contra la Sen-

tencia núm. 030-04-2019-SSEN-00035,

dictada por la Tercera Sala del Tribunal

Superior Administrativo el 4 de febrero de

2019.

2. Mediante la decisión tomada por la ma-

yoría de este tribunal se acoge el recurso,

se revoca la sentencia, porque se conside-

ró que la misma no está sucientemente

motivada. Luego de revocada la sentencia

recurrida, se analiza la acción de amparo y

se rechaza, en el entendido de que las infor-

maciones que se solicitan están protegidas

por el secreto tributario previsto en el artí-

culo47delCódigoTributario,modicado

por la Ley núm. 147, de 27 de diciembre

de 2000. No estamos de acuerdo con esta

decisión, ya que entendemos que lo decido

por el juez de amparo se corresponde con

el derecho y los precedentes establecido

por el Tribunal Constitucional en la mate-

ria que nos ocupa.

3. Efectivamente, el juez de amparo acogió

la acción y, en consecuencia, ordenó a la

Dirección General de Impuestos Internos

(DGII) que emitiera una certicación en

la que constara el monto recibido por di-

cha institución por concepto de pago de

impuesto a la ganancia de capital, en rela-

ción a la transacción formalizada entre la

empresa E. León Jiménez S.A. y la empresa

Internacional Ambey Brasil Bebidas, S. A.

mediante la cual la primera vende a la se-

gunda el 51% de acciones que posee en la

Cervecería Nacional Dominicana (CDN).

Esta decisión se fundamentó en los motivos

que copiamos a continuación:

14. Nuestra Carta Fundamental instituye

el derecho al Acceso a la Información

Pública en su numeral 1 del artículo 49

de la Constitución Política Dominicana,

el cual ha referido nuestro más alto

interprete Constitucional en su Sentencia

TC/0042/12: “Este derecho tiene una

gran relevancia para el fortalecimiento

del Estado Social y Democrático de

Derecho instituido por el artículo 7 de

nuestra Carta Sustantiva, ya que su

ejercicio garantiza la transparencia

y permite a la ciudadanía acceder

libremente a las informaciones en poder

de las instituciones del Estado”

15. Con relación al derecho al acceso

a la información pública el Tribunal

Constitucional Dominicano ha

manifestado que: “El derecho al libre

acceso a la información pública es una

derivación del derecho que tiene todo

individuo a la libertad de opinión y

de expresión, en la medida que una

persona desinformada no tiene la

posibilidad de expresarse con eficacia

y libertad. Ciertamente, la carencia de

información coloca al individuo en la

imposibilidad de defender sus derechos

328 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

fundamentales y de cumplir con los

deberes fundamentales consagrados

en la Constitución y en los tratados

internacionales de los cuales el Estado

dominicano es parte (artículo 19 de la

Declaración Universal de los Derechos

Humanos, adoptada y proclamada

por la Asamblea General de las

Naciones Unidas en su resolución 217

(III), del diez (10) de diciembre de mil

novecientos cuarenta y ocho (1948);

art. 13 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, San José,

Costa Rica, del siete (7) al veintidós

(22) de noviembre de mil novecientos

sesenta y ocho (1968); artículo 19 del

Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos, Asamblea General de las

Naciones Unidas, de fecha dieciséis (16)

de diciembre de mil novecientos sesenta

y seis [1966]

16. La “Ley General de Libre Acceso a

la Información Pública”, núm. 200-04

del 28 de julio del año 2004 establece

que: “Será obligatorio para el Estado

Dominicano y todos sus poderes, or-

ganismos y entidades indicadas en el

Artículo 1 de la presente ley, brindar la

información que esta ley establece con

carácter obligatorio y de disponibili-

dad de actualización permanente y las

informaciones que fueran requeridas en

forma especial por los interesados. Para

cumplir estos objetivos sus máximas au-

toridades están obligadas a establecer

una organización interna, de tal ma-

nera que se sistematice la información

de interés público, tanto para brindar

acceso a las personas interesadas, como

para su publicación a través de los me-

dios disponibles. Párrafo. - La obliga-

ción de rendir información a quien la

solicite, se extiende a todo organismo

legalmente constituido o en formación,

que sea destinatario de fondos públicos,

incluyendo los partidos políticos cons-

tituidos o en formación, en cuyo caso

la información incluirá la identidad

de los contribuyentes, origen y destino

de los fondos de operación y manejo.

Artículo 5.- Se dispone la informatiza-

ción y la incorporación al sistema de

comunicación por internet o a cualquier

otro sistema similar que en el futuro se

establezca, de todos los organismos pú-

blicos centralizados y descentralizados

del Estado, incluyendo el Distrito Na-

cional y los municipios, con la finalidad

de garantizar a través de éste un acceso

directo del público a la información del

Estado. 4 Todos los poderes y organis-

mos del Estado deberán instrumentar la

publicación de sus respectivas “Páginas

Web” a los siguientes fines: a) Difusión

de información: Estructura, integrantes,

normativas de funcionamiento, proyec-

tos, informes de gestión, base de datos;

b) Centro de intercambio y atención al

cliente o usuario: Consultas, quejas y

sugerencias; c) Trámites o transacciones

bilaterales. La información a que hace

referencia el párrafo anterior, será de

libre acceso al público sin necesidad de

petición previa”

17. En razón de que el señor JOSÉ

MANUEL MORA APOLINARIO

requiere la información con la finalidad

de incorporarla a un estudio jurídico que

desarrolla relativo al “Impuesto de la

Ganancia de Capital”, que la Dirección

General de Impuestos Internos (DGII)

fue puesta en conocimiento de los datos

exigidos por el amparista y al ésta

haberle rechazado su solicitud mediante

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 329

Comunicación G.L.Núm.1205395,

alegando que dicha información está

protegida por el deber de reserva, en

virtud de lo dispuesto por el artículo

47 del Código Tributario, el Tribunal

advierte que los datos requeridos

no están protegidos por el deber de

reserva, contrario a lo interpretado

por la accionada Dirección General de

Impuestos Internos (DGII) por lo que

procede admitir el amparo que se trata.

18. Procede a declarar el presente

proceso libre de costas, de conformidad

con el artículo 72 de la Constitución y

66 de la Ley Núm. 137-11 Orgánica

del Tribunal Constitucional y de los

Procedimientos Constitucionales.

4. Del análisis de los indicados motivos se

advierte que la Dirección General de Im-

puestos Internos (DGI) se negó a suminis-

trar las informaciones requeridas, bajo el

argumento de que según el artículo 47 del

Código Tributario se lo impide. Esta po-

sición fue asumida por la mayoría del Tri-

bunal Constitucional. Sin embargo, para

el juez de amparo el texto de referencia no

prohíbe que se revelen dichos datos, pues

consideró que los mismos están relaciona-

dos con una operación comercial que es de

público conocimiento.

5.Me identicoconla tesissostenidapor

el juez de amparo, porque entendemos que

en la especie no se viola el secreto tributa-

rio previsto en el señalado artículo 47 del

Código Tributario. En los párrafos que

siguen expondremos las razones en que se

sustenta este voto.

6. Antes de entrar en el análisis del artículo

47 del Código Tributario, dejamos cons-

tancia de que reiteramos en esta ocasión el

voto concerniente a que en esta materia la

faltaoinsuciencia de motivación no jus-

ticalarevocacióndelasentencia,porque

se trata de un recurso que tiene efecto de-

volutivo, lo cual permite al Tribunal Cons-

titucional celebrar audiencia para conocer

de nuevos los hechos. Esto le da la oportu-

nidadaltribunaldesuplirlasdeciencias

de que adolezca la sentencia recurrida.

(Véase al respecto los votos que constan en

las siguientes sentencias: TC/0276/15,

TC/0390/15; TC/0698/17;

TC/0736/18, entre otros)

7. Expuesto lo anterior, analizaremos a

continuación el contenido del artículo

47 del Código Tributario, modicado

por la Ley núm. 147, de 27 de diciembre

de 2000, en el cual se consagra secreto

tributario.

8. Según el referido texto legal:

Artículo 47. Deber De Reserva. (Mo-

dificado por la Ley No.147-00, del 27

de diciembre del 2000). Las declara-

ciones e informaciones que la Admi-

nistración Tributaria obtenga de los

contribuyentes, responsables y terceros

por cualquier medio, en principio ten-

drán carácter reservado y podrán ser

utilizadas para los fines propios de di-

cha administración y en los casos que

autorice la ley. Párrafo I. No rige dicho

deber de reserva en los casos en que

el mismo se convierta en un obstáculo

para promover la transparencia del

sistema tributario, así como cuando lo

establezcan las leyes, o lo ordenen ór-

ganos jurisdiccionales en procedimien-

tos sobre tributos, cobro compulsivo

de éstos, juicios penales, juicio sobre

330 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

pensiones alimenticias, de familia o

disolución de régimen matrimonial. Se

exceptuarán también la publicación

de datos estadísticos que, por su gene-

ralidad, no permitan la individualiza-

ción de declaraciones, informaciones o

personas. Párrafo II. Cuando un con-

tribuyente haya pagado los impuestos

establecidos en los Títulos II, III y IV

de este Código, tendrá derecho a soli-

citar y recibir de la Administración Tri-

butaria, la información sobre el valor

de cada uno de los impuestos pagados

bajo estos títulos por los demás contri-

buyentes que participan en el mercado

en el que opera el primero.

9. Del texto transcrito analizaremos los as-

pectos siguientes: a. sujetos protegidos; b.

informaciones protegidas; c. excepciones;

yd.nalidadbuscadaporellegislador.

10. Las personas concernidas en el texto

legal que nos ocupa son los contribuyen-

tes, los responsables de la obligación tri-

butaria y los terceros. El contribuyente es,

según el artículo 5 del Código Tributario,

lapersonarespectodela cual se verica

la obligación tributaria. Mientras que el

responsable de la obligación tributaria

es, según el artículo 6 del mismo código,

quién sin tener el carácter de contribu-

yente tiene que cumplir las obligaciones

que le atribuye el indicado código, la ley

tributaria o una norma de la Administra-

ción Tributaria. Un tercero es, en sentido

general, una persona que es ajena a una

determinada relación, en este caso, sería

alguien que no es ni contribuyente ni res-

ponsable, pero que de manera circunstan-

cial ha suministrado información, volun-

taria o forzosamente, a la Administración

Tributaria.

11. En la especie, se está solicitando

información respecto de los impuestos

pagados por la empresa E. León Jiménez,

por concepto ganancia de capital, en

relación a la venta a Ambey Brasil Bebidas,

S.A. del 51% de las acciones que posee

en la Cervecería Nacional Dominicana.

En este sentido, la empresa que pagó el

impuesto de referencia tiene la calidad

de contribuyente, razón por la cual

procedevericar si dichas informaciones

están protegidas por el secreto tributario

consagrado en el mencionado artículo 47

del Código Tributario.

12. Corresponde ahora analizar el segundo

y tercer elemento, los cuales, como están

vinculados, examinaremos juntos. Según la

literalidad del artículo 47 del Código Tri-

butario, las informaciones que se protegen

son aquellas que suministran los contribu-

yentes, responsables y terceros a la Admi-

nistración Tributaria. Estás informaciones,

entendemos nosotros, deben ser pertinen-

tes para que la institución pueda cumplir

con su rol público, que no es otro que la

recaudación de los tributos. En este orden,

ellas pudieran contener datos relacionados

con las actividades comerciales e industria-

les del contribuyente, algunas de las cuales

pueden ser sensibles o, al menos, su reve-

lación puede afectar su crecimiento y nivel

de competitividad; todo lo cual justica

que, en principio, el legislador prohíba al

ente recaudador que divulgue las referidas

informaciones.

13. El cuarto elemento, concierne a las ex-

cepciones que comporta la norma, las cua-

les son las siguientes: a. cuando se impida

u obstaculice la transparencia, b. cuando lo

establezcan las leyes o lo ordene un órgano

jurisdiccional en procedimientos sobre tri-

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 331

butos, cobros compulsivos de estos, juicios

penales, juicios sobre prensiones alimen-

ticias y de familia o disolución de régimen

matrimonial, c. publicaciones estadísticas

de carácter general, d. las informaciones

suministradas con ocasión del pago de los

impuestos consagrados en los títulos II, III

y IV, las cuales pueden divulgarse a otras

empresas que participan en el mercado.

14. En este sentido, en los casos taxati-

vamente enumerados la parte capital del

mencionado artículo 47 no aplica, de ma-

nera que la administración queda obligada

a suministrar las informaciones recibidas

de los contribuyentes, los responsables y

los terceros cuando les sean requeridas.

15. Para los nes de este voto resulta

de gran relevancia la primera de las

excepciones, es decir, la relativa a que

el secreto tributario desaparece cuando

se constituya en un obstáculo para la

preservación de la transparencia tributaria.

Demanera que ante unposibleconicto

entre estos dos principios el legislador

privilegia el de la transparencia tributaria.

Precisamente, el derecho de acceso a la

informaciónpública tienecomonalidad

preservar la transparencia en el uso de los

fondos públicos, de lo cual resulta que

aún en el caso de que las informaciones

requeridas estén protegidas por el secreto

tributario, la Administración Tributaria no

puede negarse a revelarlas. Esta cuestión

la retomaremos más adelante.

16. Luego de analizados cada uno de los

elementos que derivan del texto legal de

referencia, procedemos a determinar si

la información solicitada tiene carácter

reservado. Recordemos, que en el presente

caso lo que pretende el accionante en

amparo es que la Dirección General de

ImpuestosInternosemitaunacerticación

en la que conste el monto de los impuestos

pagados por la empresa E. León Jiménez,

por concepto ganancia de capital, en

relación a la venta a Ambey Brasil Bebidas,

S.A. del 51% de las acciones que posee en

la Cervecería Nacional Dominicana.

17. Para el juez de amparo esta información

no tiene carácter reservado, como ya se

indicó, sin embargo, la mayoría de este

tribunal tiene, como también se indicó, un

criterio diferente. Nosotros coincidimos

con lo decidido por el juez de amparo, ya

que dicho texto solo aplica respecto:

“Las

declaraciones e informaciones que la

Administración Tributaria obtenga

de los contribuyentes, responsables y

terceros por cualquier medio16 (…)”,

y resulta que el dato reclamado no fue

suministrado a la institución por las

personas concernidas en el texto objeto

de análisis ni por ninguna otra persona.

Efectivamente, el monto a pagar por

concepto de impuesto, que es lo que el

accionante en amparo ha requerido, es el

resultado que se obtiene del análisis de

los elementos del tributo que hacen los

técnicos de la institución recaudadora.

18. Así las cosas, lo que este tribunal debió

hacer fue conrmar la sentencia recurrida

y reforzar su motivación si consideraba que

noteníalasucientesolidezparasustentar

lo decidido. La decisión del juez de ampa-

ro es coherente con la línea jurisprudencia

que se comenzó a perlar en la sentencia

TC/0042/ 12, en la cual se destaca la gran

importancia que tiene para la democracia y la

16 Negrita nuestra

332 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

transparencia que los ciudadanos tengan ac-

ceso a las informaciones de carácter público.

19. Precisamente, el juez de amparo se

apoya en el precedente desarrollado en la

indicada sentencia TC/0042/12, en la

cual el Tribunal Constitucional recuerda

que el derecho a la información pública tie-

ne carácter constitucional, en la medida de

que se encuentra consagrado en el artículo

49.1 de la Constitución. Por otra parte, el

tribunal enfatiza que el derecho a la infor-

mación pública es una derivación del dere-

cho a la libertad de opinión y expresión, en

el entendido de que una persona desinfor-

mada no tiene la posibilidad de expresarse

conecaciaylibertad.

20. Es oportuno destacar que según el ar-

tículo 75.12 de la Constitución los ciuda-

danos tienen el deber fundamental de velar

por el fortalecimiento y la calidad de la de-

mocracia, el patrimonio público y el ejerci-

cio transparente de la función pública. En

el presente caso, el accionante en amparo

ha justicado su pretensión en el hecho

de que está desarrollando un proyecto de

investigación, sin embargo, independien-

temente de esta motivación particular, no

cabe dudas de que está haciendo un ejerci-

cio de ciudadanía y de que está cumpliendo

con uno de sus deberes esenciales.

21. La revelación del monto de los

impuestos pagados por una persona moral

es de interés público, sobre todo cuando

se trata, como ocurrió en la especie, de

una negoción que se hizo notoria por

su magnitud económica. El patrimonio

público se nutre esencialmente de las

recaudaciones tributarias y de estas

recaudaciones depende el funcionamiento

del Estado Social y Democrático de

Derecho, en la medida de que sin recursos

económicos no es posible, por ejemplo,

la implementación de los programas de

educación, salud, recreación o deportes.

22. En este orden, los ciudadanos tienen

derechoavericarsilainstituciónrecau-

dadora de los tributos está cumpliendo con

transparencia la función que le ha enco-

mendado el constituyente y el legislador,

en particular, exigir a cada persona que

tribute de acuerdo a su capacidad contribu-

tiva, tal y como lo manda el artículo 75.6 de

la Constitución. De manera, que la acción

de amparo que nos ocupa le dio al Tribunal

Constitucional la oportunidad, no aprove-

chada lamentablemente, para que dictara

una sentencia trascendente en el orden

económico, político y social.

Conclusión

El Tribunal Constitucional debió rechazar

el recurso de revisión constitucional y

conrmarla sentencia dictada por eljuez

de amparo y mediante la cual se ordenó a la

Dirección General de Impuestos Internos

que revelara el monto de los impuestos

pagados por la empresa E. León Jiménez,

por concepto ganancia de capital, en

relación a la venta a Ambey Brasil Bebidas,

S.A. del 51% de las acciones que posee en

la Cervecería Nacional Dominicana.

Firmado: Hermógenes Acosta de los San-

tos, Juez

VOTO SALVADO DE LA

MAGISTRADA

ALBA LUISA BEARD MARCOS

Con el debido respeto al criterio mayo-

ritario desarrollado en esta sentencia y

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 333

conforme a la opinión que sostuvimos en

la deliberación, en ejercicio de la facultad

prevista en el artículo 186 de la Constitu-

ción, y de las disposiciones del artículo 30

de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, presentamos un voto sal-

vado fundado en las razones que expondre-

mos a continuación:

1. El proceso que dio como resultado la

sentencia respecto a la cual presentamos

este voto salvado, tuvo su origen en una

acción de amparo interpuesta por el señor

José Manuel Mora Apolinario contra la

Dirección General de impuestos Internos

(DGII), por alegada violación al derecho de

libre acceso a la información pública y en

procura de obtener información mediante

certicaciónsobreelmontodelosimpues-

tos pagados y recibidos por la DGII por

concepto de ganancia de capital como con-

secuencia de la transacción suscrita entre la

empresa internacional Ambev Brasil Bebi-

das, S.A. (Compañía de Bebidas America-

nas, o Compañías de Bebidas de las Amé-

ricas), y la empresa E. León Jiménez, S.A.,

propietaria del 83% de las acciones de la

Cervecería Nacional Dominicana (CDN),

en virtud de la cual Ambev adquirió el 51%

de las acciones de la Cervecería Nacional

Dominicana (CND) en 2011 y 2012.

2. Dicha acción de amparo fue acogida por

la Tercera Sala del Tribunal Superior Ad-

ministrativo mediante la Sentencia núm.

030-04-2019-SSEN-00035, de fecha 4

de febrero de 2019, y ordenó a la Direc-

ción General de impuestos Internos (DGII)

la entrega de la información solicitada. No

conforme con la decisión, la referida insti-

tución interpuso el recurso de revisión de

amparo decidido por esta sentencia ale-

gando que el juez de amparo no ofreció

sucientesmotivaciones para sustentarsu

fallo.

3. La sentencia que nos ocupa decidió re-

vocar la sentencia recurrida luego de rea-

lizar el test de la debida motivación, y en

relación al fondo de la acción de amparo re-

solvió rechazarla bajo el argumento de que

la información solicitada está protegida por

el deber de reserva establecido en el artícu-

lo 47 del Código Tributario, no sin antes

efectuar un desarrollo que no compartimos

sobre el derecho de libre acceso a la infor-

mación pública y el deber de reserva.

4. En efecto, la sentencia establece, como

motivaciones esenciales, los argumentos

siguientes:

n) En cuanto al segundo punto, ii)

derecho a la intimidad, y el consecuente

deber de reserva a cargo de la

administración tributaria, el Tribunal

ha desarrollado una jurisprudencia en

la justa medida que le ha sido planteado

en casos anteriores al respecto; sin

embargo, el presente caso constituye

una oportunidad para caracterizar la

naturaleza y límites del deber de reserva

a cargo de la Administración Tributaria,

el cual tiene su fundamento en el secreto

tributario (o secreto fiscal), el cual a su

vez, tiene su origen en el derecho a la

intimidad.

o) En lo relativo a las disposiciones nor-

mativas contenidas en tratados inter-

nacionales sobre derechos humanos, el

artículo 12 de la Declaración Universal

de los Derechos Humanos establece el

derecho a la privacidad en los siguien-

tes términos:

334 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

Nadie será objeto de injerencias arbitra-

rias en su vida privada, su familia, su

domicilio o su correspondencia, ni de

ataques a su honra o a su reputación.

Toda persona tiene derecho a la protec-

ción de la ley contra tales injerencias o

ataques.

p) Dicho derecho a la privacidad fue

consagrado en instrumentos internacio-

nales posteriores, como la Convención

Americana sobre Derechos Humanos

(artículo 11.2), y el Pacto Internacional

de los Derechos Civiles y Políticos (artí-

culo 17.1), concebidos como sigue:

Artículo 11. Protección de la Honra y

de la Dignidad

(…) 2. Nadie puede ser objeto de

injerencias arbitrarias o abusivas en

su vida privada, en la de su familia, en

su domicilio o en su correspondencia,

ni de ataques ilegales a su honra o

reputación.

Artículo 17

1. Nadie será objeto de injerencias arbi-

trarias o ilegales en su vida privada, su

familia, su domicilio o su corresponden-

cia, ni de ataques ilegales a su honra y

reputación.

q) Por otra parte, el derecho a la

intimidad se encuentra consagrado en

la Constitución dominicana. En efecto,

el artículo 44.2) establece:

Artículo 44.- Derecho a la intimidad y

el honor personal. Toda persona tiene

derecho a la intimidad. Se garantiza

el respeto y la no injerencia en la vida

privada, familiar, el domicilio y la

correspondencia del individuo. Se

reconoce el derecho al honor, al buen

nombre y a la propia imagen. Toda

autoridad o particular que los viole

está obligado a resarcirlos o repararlos

conforme a la ley. Por tanto: (…)

2) Toda persona tiene el derecho a ac-

ceder a la información y a los datos que

sobre ella o sus bienes reposen en los

registros oficiales o privados, así como

conocer el destino y el uso que se haga

de los mismos, con las limitaciones fi-

jadas por la ley. El tratamiento de los

datos e informaciones personales o sus

bienes deberá hacerse respetando los

principios de calidad, licitud, lealtad,

seguridad y finalidad. Podrá solicitar

ante la autoridad judicial competente la

actualización, oposición al tratamiento,

rectificación o destrucción de aquellas

informaciones que afecten ilegítimamen-

te sus derechos.

r) En cuanto a la intimidad como límite

al derecho de libre acceso a la informa-

ción pública, el Tribunal Constitucio-

nal ha tenido la oportunidad de pro-

nunciarse respecto de la divulgación

de datos personales no consentida, en

el sentido de que la entrega de ciertos

datos personales vulnera derechos a la

dignidad, integridad, intimidad y ho-

nor. En su decisión TC/0011/12 sostu-

vo que:

J) A la luz de la precedente exposición,

el Tribunal Constitucional estima

que la divulgación no consentida de

datos contenidos en los registros de

la Dirección General de Migración

resulta un ejercicio desproporcionado

del derecho a la información, que

vulnera el núcleo esencial del derecho

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 335

fundamental a la dignidad, la

integridad, la intimidad y el honor

de las personas registradas, cuando

carezca de incidencia en asuntos de

interés colectivo y concierna personas

cuya relevancia pública no haya sido

alegada ni tampoco establecida.

s) Este Tribunal Constitucional se ha

pronunciado de manera reiterada al

emitir las Sentencias TC/0011/1217,

TC/0042/1218, TC/0052/1319,

TC/0062/1320 y TC/0084/1321, esta-

bleciendo como criterio que el libre acceso

a la información pública aplica siempre

que la información no sea de carácter

personal, pues esta última escapa al ob-

jetivo de la Ley No. 200- 04, de fecha

veintiocho (28) de julio de dos mil cuatro

(2004), de Libre Acceso a la Información

Pública, que es propiciar transparencia y

la publicidad de la gestión pública.

t) Más aún, este derecho a la intimidad

se extiende también a las personas ju-

rídicas, como estableció este Colegiado

en su sentencia TC/0563/15 en los si-

guientes términos:

“10.10.3. Al iniciar el correspon-

diente análisis, la primera cuestión

que debe quedar establecida es el

reconocimiento a las personas ju-

rídicas de la titularidad de ciertos

derechos fundamentales que eran

17 De fecha tres (3) de mayo de dos mil doce (2012).

18 De fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce

(2012).

19 De en fecha nueve (9) de abril de dos mil trece (2013).

20 De en fecha diecisiete (17) de abril de dos mil trece

(2013)

21 De fecha cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013)

vinculados exclusivamente a la

persona humana, tema que ha sido

considerablemente aceptado en la

actualidad, con respecto al cual la

doctrina ha señalado que la “titula-

ridad de los derechos fundamenta-

les, en la medida que lo permitan los

términos de su reconocimiento, y la

naturaleza de su objeto, contenido o

relaciones vitales a que se refieran,

corresponde asimismo a las perso-

nas jurídicas, y, en su caso, a grupos

y colectivos que no lo sean…”22

10.10.4. Este tribunal ha dado por

sentada la titularidad del derecho

a la privacidad e intimidad de las

personas jurídicas, al fundamentar

en la Sentencia TC/0027/1210 lo

que a continuación se transcribe:

9.12. Respecto a la alegada viola-

ción al derecho de la privacidad de

la empresa y de la correspondencia,

la primera se corresponde con lo que

ha desarrollado la teoría española

como un derecho a la fidelidad em-

presarial que firman las partes para

no divulgar cuestiones propias de

una empresa y, en el caso de la es-

pecie, ni siquiera puede ser aplicado

este principio de fidelidad, porque

no está en juego ninguna fórmula o

procedimiento que atente contra el

desarrollo de una de las empresas;

la segunda, privacidad de la corres-

pondencia, por haberse dispuesto en

la resolución que en un plazo no ma-

yor de treinta (30) días a partir de

la fecha de publicación de esta, las

22 Solozábal, Juan José. Algunas cuestiones básicas de la

teoría de los derechos fundamentales: Revista de estudios

políticos (Nueva Época) Núm. 71. Enero-Marzo 1991.

336 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

compañías distribuidoras remitan

a la Secretaría de Estado, copia del

contrato suscrito con cada detallista,

pues tal exigencia persigue contro-

lar el cumplimiento de la política de

comercio interno que ha sido instau-

rada por la autoridad competente.

En cambio, la privacidad de la co-

rrespondencia está destinada a res-

guardar esencialmente los siguientes

bienes jurídicos: 1) la libertad de

toda persona para comunicarse con

otras, sin que se produzcan interrup-

ciones o interferencias ilegales o ar-

bitrarias; 2) la reserva o el secreto de

aquello que se escribe o habla entre

quienes se hayan comunicado; y 3)

el derecho a la intimidad o privaci-

dad.” (Subrayado nuestro)

u) Asimismo, con la finalidad de garan-

tizar la intimidad en cuanto a la infor-

mación recabada por la Administración

Tributaria la Ley núm. 11-92, que insti-

tuye el Código Tributario de la Repúbli-

ca Dominicana, estableció el deber de

reserva en los siguientes términos:

Artículo 47. Deber De Reserva.

(Modificado por la Ley No.147-

00, del 27 de diciembre del 2000).

Las declaraciones e informaciones

que la Administración Tributaria

obtenga de los contribuyentes, res-

ponsables y terceros por cualquier

medio, en principio tendrán carác-

ter reservado y podrán ser utiliza-

das para los fines propios de dicha

administración y en los casos que

autorice la ley.

Párrafo I.

No rige dicho deber de

reserva en los casos en que el mismo

se convierta en un obstáculo para

promover la transparencia del sis-

tema tributario, así como cuando lo

establezcan las leyes, o lo ordenen

órganos jurisdiccionales en proce-

dimientos sobre tributos, cobro com-

pulsivo de éstos, juicios penales, jui-

cio sobre pensiones alimenticias, de

familia o disolución de régimen ma-

trimonial. Se exceptuarán también

la publicación de datos estadísticos

que, por su generalidad, no permi-

tan la individualización de declara-

ciones, informaciones o personas.

Párrafo II.

Cuando un contribu-

yente haya pagado los impuestos

establecidos en los Títulos II, III y

IV de este Código, tendrá derecho

a solicitar y recibir de la Adminis-

tración Tributaria, la información

sobre el valor de cada uno de los

impuestos pagados bajo estos títu-

los por los demás contribuyentes

que participan en el mercado en el

que opera el primero.

v) Este deber de reserva tiene como

razón de ser, el hecho de que la Admi-

nistración Tributaria, en virtud de sus

amplios poderes de investigación y fis-

calización, así como del correlativo de-

ber de colaboración de los particulares,

accede a información perteneciente a la

esfera íntima del particular, que implica

un derecho de rango constitucional.23

Es así como se hace imperativo proteger

la información sensible del contribu-

23 LUEIRO, Natalia; PLANELLES, Valeria y SAN

MARTIN, Fernanda, “El secreto tributario. Concepto,

alcance y limitaciones. Una visión más allá del Derecho

tributario”, Revista de Derecho de la Universidad de

Montevideo, No. 26, 2014, p. 189.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 337

yente, limitando a la Administración

Tributaria a su utilización para el fin

primario perseguido, es decir, recaudar

los impuestos. Sin perjuicio de la habi-

litación legal para transferir esta infor-

mación a otros entes u órganos públicos,

cuando estos últimos justifiquen que es

imprescindible para el cumplimiento de

sus funciones y sujetos también a simi-

lar obligación de reserva o confidencia-

lidad. (Subrayado nuestro).

w) En el plano comparado, nuestro

homólogo del Perú, ha establecido lo

nocido en su jurisprudencia que entre los

atributos asociados al derecho a la inti-

midad se encuentran el secreto bancario

y la reserva tributaria [STC 004-2004-

AI/TC, fundamento 34], y si bien cada

uno de ellos garantizan ámbitos vitales

diferenciados, su tutela está dirigida

a “preservar un aspecto de la vida pri-

vada de los ciudadanos, en sociedades

donde las cifras pueden configurar, [...]

una especie de ‘biografía económica’ del

individuo”, perfilándolo y poniendo en

riesgo no sólo su derecho a la intimidad

en sí mismo, sino también otros bienes

de igual trascendencia, como su seguri-

dad o su integridad [STC 0004-2004-

APTC, fundamento 35]. De esta ma-

nera, es posible concluir que la reserva

tributaria y el secreto bancario forman

parte del contenido constitucionalmente

protegido del derecho a la intimidad, o,

como se le ha denominado, a “poseer

una intimidad”.”24

24 República del Perú, Tribunal Constitucional, Sen-

tencia recaída en el Expediente 00009-2014-PI/TC

x) Igualmente, al amparo del marco nor-

mativo dominicano, este Tribunal ha de-

finido, dentro del marco de excepción al

derecho de libre acceso a la información

pública, a la información catalogada

como confidencial, a “aquella informa-

ción que está en poder del Estado y que

sólo compete a sus titulares, de índole

estratégica para decisiones de gobierno,

acción sancionadora o procesos adminis-

trativos o judiciales. También abarca la

información protegida por secreto banca-

rio, tributario, comercial, industrial, tecno-

lógico y bursátil; y la relativa al derecho a

la intimidad de las personas” [Sentencia

TC/0512/16, resaltado nuestro].

y) Al analizar el presente caso, el Tribu-

nal Constitucional estima que la informa-

ción solicitada por el accionante, señor

José Manuel Mora Apolinario, respecto

del “monto del pago (impuesto), recibido

por la Dirección General de Impuestos

Internos (DGII), por concepto de Ga-

nancia de Capital, como consecuencia de

la transacción suscrita entre la empresa

internacional Ambev Brasil Bebidas,

S.A. (Compañía de Bebidas Americanas,

o Compañía de Bebidas de las Améri-

cas), y la empresa E. León Jiménez, S.A.,

propietaria del 83.5% de las acciones

de la Cervecería Nacional Dominicana

(CDN), en virtud de la cual Ambev ad-

quirió el 51% de las acciones de la Cer-

vecería Nacional Dominicana (CND)

en 2011 y 2012”, se encuentra dentro

de las informaciones protegidas por el

secreto tributario (o reserva o secreto fis-

cal) de donde nace el deber de reserva

[Disponible en https://www.tc.gob.pe/jurispruden-

cia/2016/00009-2014-AI.pdf] [Último acceso 23 mar-

zo 2020, 07:50 p.m.].

338 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

(o deber de sigilo) de la Administración

Tributaria para proteger el derecho a la

intimidad. De manera que, al no probar

el solicitante que existe una de las excep-

ciones legales25, la Dirección General de

Impuestos Internos (DGII) debió actuar

como lo hizo, y rechazar la solicitud de

información.

z) Recurriendo nueva vez a la jurispru-

dencia comparada, el Tribunal Consti-

tucional del Perú ha advertido que, si

bien “el secreto bancario y la reserva tri-

butaria constituyan la concreción, en el

plano económico, de una manifestación

del derecho a la intimidad no quiere de-

cir que sean absolutos”26; sin embargo,

argumenta también el referido Tribunal,

es “criterio reiterado de este Tribunal el

que toda limitación de un derecho, esto

es, la realización de una injerencia que

incida en su ámbito de protección, debe

atender a un fin constitucional legítimo

y ser acorde con los principios de razo-

nabilidad y proporcionalidad”27.

aa) Por tanto, la divulgación no

consentida de información contenida

en los registros de la Dirección General

Impuestos Internos (DGII) resulta un

ejercicio desproporcionado del derecho

a la información, que vulnera el núcleo

esencial del derecho fundamental a la

intimidad y al secreto tributario o reserva

fiscal, cuando no se ha justificado en

25 Ley Núm. 200-04, General de Libre Acceso a la

Información Pública.

26 República del Perú, Tribunal Constitucional, Sen-

tencia recaída en el Expediente 00009-2014-PI/TC

[Disponible en https://www.tc.gob.pe/jurispruden-

cia/2016/00009-2014-AI.pdf] [Último acceso 23 mar-

zo 2020, 07:50 p.m.].

27 Íd.

una de las excepciones contempladas

en el ordenamiento jurídico.

bb) La Dirección General de Impuestos

Internos (DGII) reivindica en su recurso

“el secreto empresarial y comercial”,

como refuerzo a su argumento de que

el Tribunal Superior Administrativo

estaba imposibilitado de ordenar la

entrega de la información solicitada.

Este Tribunal Constitucional ve propicia

la ocasión para referirse a la naturaleza

autónoma del secreto tributario, de

suerte que no necesita un secreto previo

(secreto comercial o mercantil, secreto

bancario, secreto profesional) para

que opere el deber de reserva de la

Administración Tributaria, por ello

esta no solo debe guardar reserva de

las informaciones privadas a las que

tiene acceso en función de sus amplios

poderes de investigación y fiscalización,

que alcanza a informaciones protegidas

por otro secreto, sino que el deber de

reserva opera de pleno derecho y de

manera autónoma a la preexistencia de

otro secreto.

dd) En razón de todo lo anterior, este

Tribunal Constitucional entiende que

en el presente caso no se ha verificado

una vulneración al derecho de libre

acceso a la información pública, al

tratarse la información requerida por

el accionante de información sujeta a

un deber de confidencialidad o reserva

legal que, a su vez, tiene su fundamento

en el derecho constitucional a la

intimidad de las empresas28 titulares de

28 Este Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado

respecto a que personas jurídicas puedan ser titulares de

derechos fundamentales y, a tal efecto, ha establecido que

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 339

la información reservada. (Subrayado

nuestro)

5. Lo primero que debemos establecer es

que el deber de reserva tributaria no puede

interpretarse como un derecho o prerroga-

tiva absoluto, sino que en cada caso parti-

cular es preciso analizar adecuadamente

loshechos,alos nesdedeterminarsidi-

cha reserva es aplicable o no a la situación

fáctica planteada a la luz del derecho funda-

mental a la información.

6. Y es que, en la especie, el accionante

no solicitó a la DGII copia de los contratos

de ventas de acciones suscrito entre la em-

presa Ambev Brasil Bebidas, S.A. (Com-

pañía de Bebidas Americanas, o Com-

pañías de Bebidas de las Américas), y E.

León Jiménez, S.A., propietaria del 83%

de las acciones de la Cervecería Nacional

Dominicana (CDN), ni ninguna informa-

ciónnanciera interna de dichas empre-

sas,sinounacerticacióncontentivadel

monto pagado a la Dirección General de

Impuestos Internos (DGII) por la compa-

ñía vendedora por concepto del impuesto

sobre ganancia de capital, a los nes de

utilizar dicha estadística en un estudio

que pretendía realizar sobre el referido

impuesto.

“las personas naturales o físicas y las personas jurídicas,

ambas, pueden ser –y de hecho son– titulares de derechos

fundamentales. Cabe resaltar que los derechos fundamen-

tales que alcanzan a la persona jurídica no lo hacen en la

misma dimensión que a la persona física, dado los com-

ponentes que caracterizan la operatividad de cada una.

Empero, a modo de ejemplo, podríamos citar, de manera

enunciativa y no taxativa, que estas –las personas jurídi-

cas– gozan de derechos fundamentales, tales como: liber-

tad de empresa, propiedad, debido proceso, intimidad y

honor personal, libertad de expresión e información, liber-

tad de asociación, entre otros.” [Sentencia TC/0404/16,

acápite 10, literal e)].

7. A juicio de esta juzgadora, la información

solicitada no colisiona con las disposicio-

nes del artículo 47 del Código Tributario

dela República Dominicana,comoarma

el voto mayoritario. Este artículo establece

lo siguiente:

Deberes de la Administración Tributaria

Artículo 47. Deber de reserva. Las de-

claraciones e informaciones que la Ad-

ministración Tributaria obtengan de los

contribuyentes, responsables y terceros

por cualquier medio, tendrán carácter

reservado y sólo podrán ser utilizadas

para los fines propios de dicha Admi-

nistración y en los casos que autorice la

ley.

Párrafo. No rige dicho deber de reserva

en los casos en que así lo establezcan las

leyes, o lo ordenen órganos jurisdiccio-

nales en procedimientos sobre tributos,

cobro compulsivo de éstos, juicios pena-

les, juicios sobre pensiones alimenticias

y de familia o disolución de régimen

matrimonial. (Subrayado nuestro)

Se exceptuarán también las publicacio-

nes de datos estadísticos que, por su ge-

neralidad, no permitan la individuali-

zación de declaraciones, informaciones

o personas. (Subrayado nuestro)

8. Entendemos que la naturaleza de la in-

formación solicitada – sobre el monto de

impuestos pagados por concepto de ga-

nancia de capital -, no vulnera el citado

artículo 47, en razón de que se trata de

una información estadística sobre unos

tributos que no vulneran el derecho a la in-

timidad o la privacidad de la empresa que

pagó los mismos, mucho más, si se toma

340 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

en consideración el hecho notorio de que

los presidentes de las empresas Ambev

Brasil Bebidas, S.A. (Compañía de Bebi-

das Americanas, o Compañías de Bebidas

de las Américas), y la empresa E. León Ji-

ménez, S.A., propietaria del 83% de las

acciones de la Cervecería Nacional Domi-

nicana (CDN), señores Abel Washsmann

y Franklin León, divulgaron públicamente

(lo que en el sistema probatorio se llama

pública notoriedad) los detalles del con-

trato de venta de acciones, a través de los

medios de comunicación escritos del país,

incluyendo el precio de la venta equivalen-

te a mil doscientos treinta y siete millones

de dólares (U$1,237,000.00), así como el

monto de los impuestos a pagar al Estado

dominicano, los cuales ascenderían a unos

ocho mil cuatrocientos millones de pesos

(RD$8,400.00)29.

9. Es decir, que si han sido las propias em-

presas intervinientes las que han revelado

públicamente los detalles económicos del

contrato suscrito entre ellos que origina-

ron el pago de impuestos por ganancia de

capital a la Dirección General de Impues-

tos Internos (DGII), mal pudiera este tri-

bunalalegarquelaentregadeunacertica-

ción contentiva de la cifra de los impuestos

pagados en virtud de dicha operación por

parte de la institución recaudadora, vulnera

el derecho a la intimidad o privacidad de las

indicadas empresas.

10. En la especie, procedía aplicar el prin-

cipio constitucional de favorabilidad a los

nes de tutelar el derecho fundamental a

la información pública del accionante, por

cuanto el mismo únicamente ha solicitado

a la Dirección General de Impuestos Inter-

29 Véase Listín Diario de fecha 16 de abril de 2012.

nos (DGII) una certicación de una cifra

pagada por concepto de impuesto de ga-

nanciadecapitalconlanalidadderealizar

estudios estadísticos.

11. La entrega de dicha información no

vulnera el derecho a la intimidad de las

empresas actuantes, como incorrecta-

mente consta en la parte motiva de esta

sentencia, sino que con ello se promueve

el principio de publicidad y transparencia

de la actividad tributaria, máxime cuando

su contenido da cuenta del monto recibi-

doporelEstadodominicano,queande

cuenta, tan pronto es depositado en las

arcas públicas, se convierte en dinero del

pueblo.

12. En efecto, el derecho de acceso a la

información pública constituye un derecho

humano, convertido por su positivización

en un derecho fundamental, el cual se en-

cuentra íntimamente ligado al derecho a la

libertad de expresión. El núcleo esencial

del derecho a la información ha sido con-

guradopor este Tribunal Constitucional

en la Sentencia TC/00445/13, mediante

la cual estableció lo siguiente:

«c) El derecho de acceder a la infor-

mación pública es una derivación del

derecho que tiene todo individuo a la

libertad de opinión y de expresión, en

la medida de que una persona desinfor-

mada no tiene la posibilidad de expre-

sarse con eficacia y libertad; ciertamen-

te, la carencia de información coloca al

individuo en la imposibilidad de defen-

der sus derechos fundamentales y de

cumplir con los deberes fundamentales

consagrados en la Constitución y en los

Tratados Internacionales de los cuales

el Estado Dominicano es parte».

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 341

13. Más especícamente,elconcepto de

informaciónalosnesquenosocupa,se

encuentra denido en el artículo 6 de la

Ley 200-04 de Acceso a la Información

Pública en los términos siguientes:

“Párrafo. Se considerará como infor-

mación, a los fines de la presente ley,

cualquier tipo de documentación finan-

ciera relativa al presupuesto público o

proveniente de instituciones financieras

del ámbito privado que sirva de base a

una decisión de naturaleza administra-

tiva, así como las minutas de reuniones

oficiales”.30

14. Dicha Ley 200-04, establece cuales

son las limitaciones al acceso a la informa-

ción pública en razón de intereses privados

preponderantes según su artículo 18, el

cual dispone lo siguiente:

Artículo 18. La solicitud de información

hecha por los interesados podrá ser re-

chazada cuando pueda afectar intereses

y derechos privados preponderantes, se

entenderá que concurre esta circunstan-

cia en los siguientes casos:

Cuando se trate de datos personales

cuya publicidad pudiera significar

una invasión a la privacidad personal.

No obstante, la Administración podría

entregar estos datos e informaciones

si en la petitoria el solicitante logra

30 En la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamerica-

na de Derechos Humanos, se entiende por información:

“a la información que el Estado produce o que está

obligado a producir; la información que está bajo poder

de quienes administran los servicios y los fondos públicos,

únicamente respecto de dichos servicios o fondos; la

información que el Estado capta, y la que está obligado a

recolectar en cumplimiento de sus funciones”.

demostrar que esta información es de

interés público y que coadyuvará a la

dilucidación de una investigación en

curso en manos de algún otro órgano de

la administración pública.

Cuando el acceso a la información soli-

citada pueda afectar el derecho a la pro-

piedad intelectual, en especial derechos

de autor de un ciudadano.

Cuando se trate de datos personales, los

mismos deben entregarse sólo cuando

haya constancia expresa, inequívoca,

de que el afectado consiente en la

entrega de dichos datos o cuando una

ley obliga a su publicación”.

15. En ese orden de ideas, en el caso que

nos ocupa se puede comprobar que la in-

formación solicitada por el accionante a la

DGII no se enmarca dentro de las causas

establecidas por el citado artículo 18 de la

Ley 200-04, ya que esta no invade la pri-

vacidad personal de ningún directivo de las

empresas actuantes ni de la empresa mis-

ma, ni el derecho a la propiedad intelectual,

por lo que, en consecuencia, la entrega de

la información no debió ser rechazada por

la institución recaudadora y menos haberse

dictado la presente sentencia, pues con ello

se crea un funesto precedente que lacera el

derecho a la información pública, el cual

cobra su vigor, cuando se requiere de una

institución pública, llamado a rendir cuen-

ta a cada ciudadano que así se lo requiera.

16. A manera de conclusión, al igual que

el juez a-quo, consideramos que la infor-

mación solicitada por el señor José Manuel

Mora Apolinario debió serle entregada

por la Dirección General de Impuestos In-

ternos (DGII), ya que la misma reviste un

342 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

interés público, dado que corresponden a

estadísticas relativas a lo recaudado por el

Estado dominicano por concepto del im-

puesto de ganancia de capital, y en el caso

concreto, dicha información también tiene

uninteréscientícoenvistaquehabríade

servir para sustentar un trabajo de investi-

gación sobre ese tipo tributario.

17. Y es que el derecho a la información

pública, es tan transcendental en el de-

sarrollo del neo constitucionalismo, que

resulta oponible a todo ente de derecho

público, pues la centralidad del mismo está

dirigido básicamente a las personas y sus

garantías, obligación esta que recae en los

entes orgánicos de derecho público, desig-

nados a desempeñar su función en procura

delaconsecucióndelnúltimodetodode-

recho normado o no, que es la felicidad en

constitución.

Conclusión:

Por todas las razones anteriormente ex-

puestas, al igual que el juez a-quo, conside-

ramos que la información solicitada por el

señor José Manuel Mora Apolinario debió

serle entregada por la Dirección Gene-

ral de Impuestos Internos (DGII), ya que

la misma reviste un interés público, dado

que corresponden a estadísticas relativas

a lo recaudado por el Estado dominicano

por concepto del impuesto de ganancia de

capital, y en el caso concreto, dicha infor-

macióntambiéntieneuninteréscientíco

en vista que habría de servir para sustentar

un trabajo de investigación sobre ese tipo

tributario, y por vía de consecuencia, este

altacorte,debióconrmarlasentenciaim-

pugnada.

Firmado: Alba Luisa Beard Marcos, Jueza

VOTO SALVADO DE LA

MAGISTRADA KATIA MIGUELINA

JIMÉNEZ MARTÍNEZ

Con el debido respeto hacia el criterio

mayoritarioreejado en la sentencia yde

acuerdo con la opinión que mantuvimos en

la deliberación, nos sentimos en la nece-

sidad de ejercitar la facultad prevista en el

artículo186delaConstitución,andeser

coherente con la posición mantenida.

I. Precisión sobre el alcance del

presente voto

1.1. Como cuestión previa a exponer los

motivos que nos llevan a elevar este voto

salvado, conviene precisar que la jueza que

suscribe, comparte el criterio de que sea

acogido en cuanto al fondo, el recurso de

revisión constitucional en materia ampa-

ro incoado por la Dirección General de

Impuestos Internos (DGII) contra la Sen-

tencia núm. 030-04-2019-SSEN-00035,

dictada por la Tercera Sala del Tribunal

Superior Administrativo el 4 de febrero

de 2019, en consecuencia, sea revocada la

decisión recurrida. Sin embargo, procede a

salvar su voto en lo relativo a las motivacio-

nes que expone el consenso de este Tribu-

nal Constitucional para decretar la admisi-

bilidad del presente recurso de revisión de

sentencia en materia de amparo.

II. Sobre la especial trascendencia o

relevancia constitucional

2.1. En la especie, si bien estamos de

acuerdo con que se declare la admisibilidad

del presente recurso de revisión, la suscrita

reitera que no debe ser aplicada la dimen-

sión objetiva, sino subjetiva del amparo,

pues de hacerlo se dejaría desprovisto al

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 343

procedimiento de amparo del requisito de

la doble instancia dispuesto por nuestra

Constitución, la Convención Americana

de Derechos Humanos y el Pacto Interna-

cional de los Derechos Civiles y Políticos,

situación que el consenso de este tribunal

nalmentesubsanó, atravésdela Senten-

cia núm. TC/0071/2013 del 7 de mayo

de 2013, al descontinuar la aplicación de

la tesis sentada por la mencionada Senten-

cia núm. TC/007/12 que se sustenta en la

aseveración de que la revisión no represen-

ta una segunda instancia o recurso de ape-

laciónparadirimirconictosinter partes.

2.2. Reiteramos nuestro criterio en el

sentido de que el presente recurso es

admisible, sin importar que sea relevante

o no para la interpretación constitucional

y para la determinación de los derechos

fundamentales, pues lo contrario sería

frustrar y volver ilusoria una de las funciones

esenciales del Estado de Derecho, como lo

es la protección efectiva de los derechos

fundamentales.

2.3. Además, cabe reiterar que el crite-

rio de relevancia constitucional no puede

aplicarse restrictivamente, ya que toda vul-

neración a un derecho fundamental es, en

principioy por denición, constitucional-

mente relevante y singularmente trascen-

dente para quien lo invoca o demanda su

restitución. De ahí, que bastaba constatar

que el recurso de revisión de que se trata se

interpuso dentro del plazo de 5 días consa-

grado en el artículo 95 de la Ley núm. 137-

11, como en efecto se hizo.

Conclusión: Si bien es cierto que la

suscrita concurre con la decisión adoptada

por el consenso de este tribunal, en el

sentido de que el recurso de revisión sea

acogido y revocada la Sentencia núm. 030-

04-2019-SSEN-00035, salva su voto en

lo concerniente a los motivos que invoca el

Tribunal para decretar la admisibilidad del

presente recurso de revisión de sentencia

de amparo.

Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martí-

nez, Jueza

Lapresentesentenciaesdadayrmadapor

los señores jueces del Tribunal Constitu-

cional que anteceden, en la sesión del Pleno

celebrada el día, mes y año anteriormente

expresados, y publicada por mí, secretario

delTribunalConstitucional,quecertico.

Julio José Rojas Báez

Secretario

344 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

SENTENCIA TC/0138/21

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2019-0174, relativo al recurso de

revisión constitucional de sentencia

de amparo interpuesto por Clara Luz

Liranzo Rosario contra la Ordenan-

za núm. 00058-2019, dictada por el

Tribunal de Tierras de Jurisdicción

Original del Distrito Judicial de Mon-

señor Nouel el dieciséis (16) de abril

de dos mil diecinueve (2019).

En el municipio Santo Domingo Oeste,

provincia Santo Domingo, República Do-

minicana, a los veinte (20) días del mes de

enero del año dos mil veintiuno (2021).

El Tribunal Constitucional, regularmen-

te constituido por los magistrados Milton

Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez

Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes

Acosta de los Santos, Alba Luisa Beard

Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández,

Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domin-

go Antonio Gil, Wilson S. Gómez Ramírez,

Katia Miguelina Jiménez Martínez y Miguel

Valera Montero, en ejercicio de sus compe-

tenciasconstitucionalesylegales,especí-

camente las previstas en los artículos 185.4

de la Constitución y 9 y 94 de la Ley núm.

137-11, Orgánica del Tribunal Constitu-

cional y los Procedimientos Constituciona-

les del trece (13) de junio de dos mil once

(2011), dicta la siguiente sentencia:

I. ANTECEDENTES

1. Descripción de la sentencia recurri-

da en revisión constitucional de sen-

tencia de amparo

En ocasión de la acción de amparo incoada

por la señora Clara Luz Liranzo Rosario, en

contra del señor Tomás Adames Cruz y del

procuradorscaldeMonseñorNouel,Lic.

Joel López, el veintinueve (29) de marzo de

dos mil diecinueve (2018), el Tribunal de

Tierras de Jurisdicción Original del Distri-

to Judicial de Monseñor Nouel dictó el die-

ciséis (16) de abril de dos mil diecinueve

(2019), la Ordenanza núm. 00058-2019,

cuyo dispositivo se transcribe a continua-

ción:

PRIMERO: Declara inadmisible la pre-

sente Acción Constitucional de Amparo

interpuesta por los señores Clara Luz

Liranzo Rosario, por conducto de su

abogado constituido y apoderado es-

pecial, Lcdo. Darío Paniagua, con rela-

ción a la Parcela No. 366-P del distrito

catastral No. 02, Municipio de Bonao,

Provincia Monseñor Nouel, contra To-

mas Adames Cruz y el Procurador Fis-

cal de Monseñor Nouel; por todas las

razones antes expuestas.

SEGUNDO: Declara el proceso libre de

costas, por tratarse de una acción cons-

titucional de amparo.

TERCERO: Ordena, a la secretaria de

este tribunal, notificar esta sentencia a

las partes envueltas en el presente proce-

so, para su conocimiento y a los fines de

lugar correspondientes, en cumplimien-

to a lo establecido por el artículo 92 de

la Ley No. 137-11.

Lareferidasentenciafuenoticadaalare-

currente, señora Clara Luz Liranzo Rosa-

rio, por medio del Acto núm. 561/2019,

instrumentado por el ministerial César Noé

Díaz Roque, alguacil ordinario del Tribunal

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado

de Primera Instancia de la Provincia Mon-

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 345

señor Nouel el ocho (8) de junio de dos mil

diecinueve (2019).

2. Presentación del recurso de revisión

constitucional en materia de amparo

El presente recurso de revisión

constitucional de sentencia de amparo fue

interpuesto por la señora Clara Luz Liranzo

Rosario contra la indicada Ordenanza

núm. 00058-2019, mediante instancia

depositada el once (11) de junio de dos

mil diecinueve (2019) ante el Tribunal de

Jurisdicción Original de Bonao, remitido a

la Secretaría de este tribunal constitucional

el cuatro (4) de julio de dos mil diecinueve

(2019).

Elreferidorecursofuenoticadoalaspar-

tes recurridas, señor Tomás Adames Cruz

yelprocuradorscaldeMonseñorNouel,

el Lic. Joel López, mediante el Acto núm.

143/2019, instrumentado por el ministe-

rial Bernardo Bautista López, alguacil de

estrado del Tribunal Especial de Tránsito,

Sala No. 3, del Distrito Judicial de Monse-

ñor Nouel el trece (13) de junio de dos mil

diecinueve (2019).

3. Fundamentos de la sentencia

recurrida en revisión constitucional

de sentencia de amparo

El Tribunal de Tierras de Jurisdicción

Original del Distrito Judicial de Monse-

ñor Nouel declaró inadmisible, por ser

notoriamente improcedente, la acción de

amparo interpuesta por la señora Clara

Luz Liranzo Rosario en contra del señor

TomásAdames Cruz y el procurador s-

cal de Monseñor Nouel, Lic. Joel López,

fundamentándose, entre otros, en los si-

guientes argumentos:

Conforme a los documentos depositados

en el expediente de marras y a los

argumentos invocados por las partes la

accionante Clara Luz Liranzo Rosario

es el (sic) propietarias del inmueble

consistente en 383.64 Mts2, dentro de la

parcela No. 366-P del distrito catastral

No. 2 de Monseñor Nouel, al tenor de

la Constancia Anotada Matrícula No.

0700019176, y pretende sea ordenado

la suspensión de otorgamiento de fuerza

pública por parte del Ministerio Público

de este Distrito Judicial en tutela de su

derecho de propiedad.

Antes de proceder al estudio del fondo

de los méritos de nuestro apoderamiento

este tribunal debe referirse a los medios

de inadmisión planteados por la parte

accionada a los fines de determinar

la regularización de la acción de la

parte accionante; en ese orden en la

audiencia celebrada al efecto en fecha

3 del mes de abril del año 2019, la

parte accionada solicitó al tribunal la

inadmisibilidad de la acción, primero

por estar fundamentada en una ley

derogada y segundo porque enmascara

la suspensión de una decision

jurisdiccional y ha sido juzgado que

es inadmisible que el juez de amparo

ordene la a suspensión de decisiones

jurisdiccionales; la parte accionante

solicitó el rechazo de los mismos por

improcedentes, como consta en la

referida acta de audiencia.

Sobre el medio de inadmisión respecto

a la fundamentación de la acción, si

bien es cierto que la parte accionante lo

fundamenta en la derogada ley 437-

06 regulaba el recurso de amparo, no

menos cierto es que dicha acción se en-

346 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

cuentra prevista en la ley 137-11, sobre

el Tribunal Constitucional y los procedi-

mientos Constitucionales, a partir de los

artículos 66 y ss.; que el hecho de que

haya sido derogada la ley 437-06 y la

parte accionante erróneamente haya

fundamentado su acción en la misma,

no hace la acción inadmisible, debido

a que se trata de una norma de proce-

dimiento que procura indicar la vía me-

diante la cual se obtienen la restitución

y tutela de los derechos fundamentales

conculcados o amenazados; por lo que

el tribunal entiende que dicho medio es

improcedente y rechaza el mismo.

Respecto del segundo medio de inad-

misión, en el sentido de que por la vía

del amparo no puede ordenarse la sus-

pensión de una decision jurisdiccional,

el tribunal ha constatado que la parte

accionante persigue sea ordenado al

Ministerio Público de que se abstenga

a otorgar la fuerza pública o suspender

la ejecución de la misma; que el objeto

no es suspender una decision jurisdic-

cional, sino un acto emitido por una

autoridad pública que pudiera vulnerar

los derechos fundamentales de las per-

sonas, por lo que dichos argumentos de

inadmisibilidad de la parte accionada

carecen de fundamento, en tal sentido

procede rechazar dicha inadmisión.

Ahora bien, este tribunal entiende que

la acción lanzada por la impetrante a

través de su abogado representante es

notoriamente improcedente, púes como

indicamos, pretende que el Ministerio

Público se abstenga de conceder fuerza

pública o suspenda la ejecución de la

misma; en tal sentido, no ha aportado

ninguna prueba que demuestre que se

está ejecutando o haya otorgado fuerza

pública que violenta el derecho de pro-

piedad del cual es titular la impetran-

te; que el tribunal no puede, mediante

atribuciones del amparo, ordenar la

suspensión u ordenar a una autoridad

pública, en este caso al Ministerio Pú-

blico, que se abstenga de ejercer sus po-

testades por simples presunciones o sin

prueba fehaciente, que de manera inmi-

nente, y con arbitrariedad o ilegalidad

manifiesta se va a lesionar, restringir,

alterar o amenazar los derechos funda-

mentales alegados y consagrados en la

Constitución.

La acción de amparo persigue la pro-

tección para el ciudadano de las viola-

ciones de los derechos fundamentales

establecidos en la carta sustantiva de

la República Dominicana, tal y como

lo expresa nuestra Constitución, ya que

“toda persona tiene derecho a una ac-

ción de amparo para reclamar ante los

tribunales, por sí o por quien actúe en su

nombre, la protección inmediata de sus

derechos fundamentales, no protegidos

por el Hábeas Corpus, cuando resulten

vulnerados o amenazados por la acción

o la omisión de toda autoridad pública

o de particulares, para hacer efectivo el

cumplimiento de una ley o acto admi-

nistrativo, para garantizar los derechos

e intereses colectivos y difusos, que de

conformidad con la ley, el procedimien-

to es preferente, sumario, oral, público,

gratuito y no sujeto a formalidades”.

Es bien sabido, de conformidad con lo

establecido en el artículo 70 de la ley

137-11, que: “El juez apoderado de la

acción de amparo, luego de instruido

el proceso, podrá dictar sentencia

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 347

declarando inadmisible la acción, sin

pronunciarse sobre el fondo, en los

siguientes casos: 1) Cuando existan

otras vías judiciales que permitan de

manera efectiva obtener la protección

del derecho fundamental invocado.

2) Cuando la reclamación no hubiese

sido presentada dentro de los sesenta

días que sigan a la fecha en que el

agraviado ha tenido conocimiento del

acto u omisión que le ha conculcado

un derecho fundamental. 3) Cuando la

petición de amparo resulte notoriamente

improcedente”.

Asi las cosas, en el caso que nos ocupa,

la parte accionante Clara Luz Liranzo

Rosario, no estableció cual acto del

Ministerio Público pretende vulnerar su

derecho fundamental de la propiedad,

quedando evidentemente demostrado

que la acción que nos ocupa es

notoriamente improcedente; por tales

motivos, somos de criterio que procede

declarar inadmisible la presente Acción

Constitucional de Amparo por ser la

misma notoriamente improcedente, por

aplicación del artículo 70 de la Ley

137-11.

4. Hechos y argumentos jurídicos del

recurrente en revisión constitucional

de sentencia de amparo

La recurrente, señora Clara Luz Liranzo

Rosario, pretende que se revise y sea aco-

gido el recurso de revisión a los nes de

que se suspenda la ejecución del desalojo

del inmueble con designación catastral

núm. 366-P, que se declare inejecutable

sobre sus bienes la Sentencia Civil núm.

416-2017-SSEN-00058 y que se ordene

al Ministerio Público abstenerse de otorgar

el auxilio de fuerza pública para ejecutar

la Sentencia Civil núm. 416-2017-SSEN-

00058,sobresusbienes.Parajusticarsus

pretensiones, alega, entre otros motivos:

[q]ue la decisión constituye una

manifestación de denegación de

justicia y una practica (sic) exegética de

aplicación de la ley, toda vez que si bien

al juez no se le aporto la prueba material

de autorización de fuerza pública

es lógico y razonable deducir que se

trataba de un documento imposible

de obtener porque los ejecutantes lo

tuvieron como el secreto mejor guardado

para preservar la sorpresa con que ser

manejan los asuntos ejecutorios.

La recurrente en su requerimiento indica

al juez que su derecho de propiedad se

encuentra amenazado y aporta como

prueba de ello el acto de alguacil No.

1300, de fecha 26 de diciembre del

2018, en el que el ejecutante le hizo

advertencia del desalojo, y acude

ante el juez dada la ausencia de otros

medios jurisdiccionales efectivos y

haciendo uso del carácter sencillo libre

de tramitaciones burocráticas que

distinguen el recurso de amparo de los

demás medios procesales.

De esta manera la situación de

inseguridad que impacto a la señora

Clara Luz Liranzo Rosario, es un

hecho perceptible por su planteamiento,

por lo que aplicar como lo hizo el juez

adquo (sic) el criterio de admisibilidad

por no contar con medios materiales

que a su juicio no fueron puesto a su

disposición es una expresión de falta de

razonabilidad jurídica, cuyo principio

debe siempre aplicarse al momento de

348 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

tomar una decision judicial tan delicada

como es tutelar un derecho conculcado o

amenazado como el caso que nos ocupa.

El tribunal Adquo (sic) aunque reconoce

la existencia de la conculcación del

derecho de propiedad, limita sus

facultades al declarar inadmisible

el recurso de amparo bajo el alegato

de que a referida señora no ha

probado con documento escrito que el

ministerio publico tuviera apoderado

de la solicitud de auxilio de fuerza

pública. Sin embargo, en menos de

72 horas el persiguiente en ejecución

procuro la intervención del juez de paz

para ejecutar el desalojo y entre los

documentos en apoyo de su gestión,

presento el oficio No. 0695/2019,

contentivo de autorización de auxilio de

fuerza pública.

No tiene la señora Clara Luz Liranzo

Rosario otra opción, que la de acudir

al amparo porque en el caso no se

trata de suspender una orden pura

y simplemente sino de detener una

práctica abusiva que se aplica con

frecuencia por grupo de ejecutantes que

embargan y desalojan sin importar

sus consecuencias jurídicas, así

crean conflictos y litigios que luego se

convierten en situaciones de alteraciones

del orden público y social con graves

repercusiones.

5. Hechos y argumentos jurídicos de

las partes recurridas en revisión

constitucional de sentencia de

amparo

No hay constancia en el expediente de que

los recurridos, señor Tomás Adames Cruz

yelprocuradorscaldeMonseñorNouel,

Lic. Joel López, hayan depositado escrito

dedefensaapesardehaber sido notica-

dos del recurso de revisión constitucional

de sentencia de amparo mediante el Acto

núm. 143/2019, instrumentado por el mi-

nisterial Bernardo Bautista López, alguacil

de estrado del Tribunal Especial de Tránsi-

to, Sala No. 3, del Distrito Judicial de Mon-

señor Nouel el trece (13) de junio de dos

mil diecinueve (2019).

6. Documentos depositados

En el trámite del presente recurso en revi-

sión constitucional de sentencia de ampa-

ro,los documentos que gurandeposita-

dos en el expediente son los siguientes:

1. Acto núm. 50-19, instrumentado por

el ministerial Bernardo Bautista López, al-

guacil de estrado del Tribunal Especial de

Tránsito, Sala No. 3, del Distrito Judicial

de Monseñor Nouel el cuatro (4) de mar-

zo de dos mil diecinueve (2019), mediante

elcual se noticó la suspensión de ejecu-

ción de sentencia de desalojo y auxilio de

a fuerza pública de la Sentencia núm. 416-

2017-SSEN-00047 del Juzgado de Paz de

Bonao.

2. Instancia de acción de amparo

interpuesta por la señora Clara Luz Liranzo

Rosario contra el señor Tomás Adames

Cruz y el procurador scal de Monseñor

Nouel, Lic. Joel López, depositada en el

Tribunal de Jurisdicción Original de Bonao

el veintinueve (29) de marzo de dos mil

diecinueve (2019).

3. Copia de la Ordenanza núm. 00058-

2019, dictada por el Tribunal de Tierras de

Jurisdicción Original del Distrito Judicial

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 349

de Monseñor Nouel el dieciséis (16) de

abril de dos mil diecinueve (2019).

4. Acto núm. 561/2019, instrumentado

por el ministerial César Noé Díaz Roque,

alguacil ordinario del Tribunal Colegiado

de la Cámara Penal del Juzgado de Primera

Instancia de la Provincia Monseñor Nouel

el ocho (8) de junio de dos mil diecinueve

(2019), mediante el cual se noticó la

referida ordenanza núm. 00058-2019 a

la recurrente, señora Clara Luz Liranzo

Rosario.

5. Instancia del recurso de revisión consti-

tucional de sentencia de amparo contra la

Ordenanza núm. 00058-2019, depositada

el once (11) de junio de dos mil diecinueve

(2019) ante el Tribunal de Jurisdicción In-

mobiliaria de Bonao.

6. Acto núm. 143/2019, instrumentado

por el ministerial Bernardo Bautista López,

alguacil de estrado del Tribunal Especial de

Tránsito, Sala No. 3, del Distrito Judicial

de Monseñor Nouel el trece (13) de junio

de dos mil diecinueve (2019), mediante

elcualsenoticóelrecursoderevisiónde

amparo a los recurridos, Tomás Adames

Cruz y el procurador scal de Monseñor

Nouel, Lic. Joel López.

7.Certicación delestadojurídico delin-

mueble identicado como Parcela núm.

366-P del Distrito Catastral núm. 2, Muni-

cipio Bonao, Monseñor Nouel.

8.Certicado de nombre comercial dela

Ocina Nacional de la Propiedad Indus-

trial.

9. Copia de Auto Civil núm. 416-2019-

SAUT-00027, dictado por el Juzgado de

Paz Ordinario del Municipio de Bonao el

primero (1ro) de mayo de dos mil diecinue-

ve (2019).

10. Acto núm. 116-19, instrumentado por

el ministerial Bernardo Bautista López, al-

guacil de estrado del Tribunal Especial de

Tránsito, Sala No. 3, del Distrito Judicial

de Monseñor Nouel el nueve (9) de mayo

de dos mil diecinueve (2019), por medio

delcual se noticó elreferidoAuto Civil

núm. 416-2019-SAUT-00027.

11. Ocio núm. 0695/2019, de la Pro-

curaduría Fiscal de Monseñor Nouel,

mediante el cual se otorgó el auxilio de la

fuerza pública para desarrollar el embargo

ejecutivo sobre los bienes del señor Daniel

Liranzo Rosario.

12. Acto núm. 50-19, instrumentado por

el ministerial Bernardo Bautista López,

alguacil de estrado del Tribunal Especial

de Tránsito, Sala No. 3, del Distrito

Judicial de Monseñor Nouel del cuatro (4)

de mayo de dos mil diecinueve (2019), de

noticación de suspensión de ejecución

de desalojo.

13. Certicado de título Matrícula núm.

0700019176 de la Parcela 366-P del Dis-

trito Catastral núm. 2 del Municipio Bo-

nao, Provincia Monseñor Nouel a nombre

de la señora Clara Luz Liranzo Rosario.

14. Copia de la Sentencia Civil núm.

416-2017-SSEN-00058, dictada por el

Juzgado de Paz Ordinario del Municipio de

Bonao el diecisiete (17) de octubre de dos

mil diecisiete (2017).

15. Copia de la Sentencia civil núm. 413-

2018-SSEN-01345, dictada por la Camara

350 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

Civil y Comercial del Juzgado de Primera

Instancia del Distrito Judicial de Monseñor

Nouel el veinte (20) de noviembre de dos

mil dieciocho (2018).

16. Acto núm. 1300/2018, instrumen-

tado por el ministerial César Noé Díaz

Roque, alguacil ordinario del Tribunal

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado

de Primera Instancia de la Provincia Mon-

señor Nouel el veintiséis de diciembre de

dos mil dieciocho (2018), mediante el cual

senoticólareferidaSentenciacivilnúm.

413-2018-SSEN-01345.

II. CONSIDERACIONES

Y FUNDAMENTOS

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

7. Síntesisdelconicto

Conforme a la documentación deposita-

da en el expediente y a los hechos y argu-

mentos invocados, el presente conicto

se origina cuando el señor Tomás Adames

Cruz, siendo titular del inmueble descrito

como Parcela núm. 366-P, con una super-

cie de 383.64 Mts2 y amparado por el

certicadode título núm.0700019176,

interpone una demanda civil en rescilia-

ción de contrato de inquilinato, cobro de

pesos por alquileres vencidos y no pagados

y desalojo en contra del señor Daniel Li-

ranzo Rosario.

A raíz de dicho proceso, el Juzgado de Paz

Ordinario del Municipio Bonao, Provincia

Monseñor Nouel, dicta el diecisiete (17)

de octubre de dos mil diecisiete (2017)

la Sentencia civil núm. 416-2017-SSEN-

00058, por medio de la cual acoge la de-

manda y condena al señor Daniel Liranzo

Rosario al pago de un millón doscientos

cincuenta mil pesos dominicanos con

00/100 ($1,250,000.00) en favor del

señor Tomás Adames Cruz en razón de

mensualidades dejadas de pagar, así como

ordenó el desalojo del señor Daniel Liran-

zo Rosario o cualquier otra persona que se

encontrara ocupando el inmueble.

La referida sentencia civil núm. 416-

2017-SSEN-00058 fue recurrida en ape-

lación, pero las partes desistieron, de lo

que resultó la Sentencia civil núm. 413-

2018-SSEN-01345, dictada por la Cáma-

ra Civil y Comercial del Juzgado de Primera

Instancia del Distrito Judicial de Monseñor

Nouel el veinte (20) de noviembre de dos

mil dieciocho (2018).

Resulta que en ese intervalo el inmueble

descrito como Parcela núm. 366-P, con una

superciede383.64Mts2yamparadopor

elcerticadodetítulonúm.0700019176

resultó adjudicado por la Cooperativa Vega

Real, mediante la Sentencia Civil núm.

413-2018-SSEN-00258, dictada por la

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de

Primera Instancia del Distrito Judicial de

Monseñor Nouel el primero (1ro) de marzo

de dos mil dieciocho (2018). Dicha deci-

sión no fue recurrida por el señor Tomás

Adames Cruz.

Por su parte, la Cooperativa Vega Real,

transrióelinmuebleadjudicadoalaseño-

ra Clara Luz Liranzo Rosario, el nueve (9)

de abril de dos mil dieciocho (2018) según

constaenlacerticacióndeestatusjurídico

del inmueble, expedida por el Registro de

Títulos de Monseñor Nouel el veinticuatro

(24) de abril de dos mil diecinueve (2019).

El señor Tomás Adames Cruz, por medio

del Acto núm. 1300/2018, del veintiséis

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 351

(26) de diciembre de dos mil dieciocho

(2018), notica a la señora Clara Luz

Liranzo Rosario un mandamiento de pago

tendente a embargo ejecutivo y desalojo

sustentado en la Sentencia civil núm. 416-

2017-SSEN-00058, dictada el diecisiete

(17) de octubre de dos mil diecisiete

(2017), por el Juzgado de Paz Ordinario del

Municipio de Bonao, Provincia Monseñor

Nouel.

A raíz de dicha noticación, la señora

Clara Luz Liranzo Rosario interpone una

acción de amparo contra el señor Tomás

Adames Cruz y el procurador scal de

Monseñor Nouel, procurando tutelar su

derecho de propiedad ante el Tribunal

de Jurisdicción Original de Bonao, que

el dieciséis (16) de abril de dos mil die-

cinueve (2019) dicta la Ordenanza núm.

00058-2019, por medio de la cual decla-

ró inadmisible, por ser notoriamente im-

procedente, la acción de amparo; el tribu-

nal basó su decisión en que la accionante

no había podido demostrar cual acto del

Ministerio Público pretendía vulnerar su

derecho de propiedad.

No conforme con la referida decisión, la

señora Clara Luz Liranzo Rosario interpu-

so el recurso de revisión constitucional de

amparo que ahora nos ocupa.

8. Competencia

Este tribunal es competente para conocer

del presente recurso de revisión constitu-

cional de sentencia de amparo, en virtud de

lo que establecen los artículos 185.41 de

1 Artículo 185. Atribuciones. El Tribunal Constitucio-

nal será competente para conocer en única instancia: 4)

Cualquier otra materia que disponga la ley.

la Constitución y los artículos 92 y 943 de

la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribu-

nal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales.

9. Admisibilidad del recurso de revi-

sión constitucional de sentencia de

amparo

El Tribunal Constitucional considera

que el presente recurso de revisión

constitucional de sentencia de amparo

es admisible atendiendo a las siguientes

consideraciones:

a. De acuerdo con las disposiciones del ar-

tículo 94 de la referida ley núm. 137-11,

las sentencias emitidas por el juez de ampa-

ro sólo son susceptibles de ser recurridas

en revisión y en tercería.

b. El artículo 95 establece la forma y pla-

zo de interposición del recurso: El recurso

de revisión se interpondrá mediante escrito

motivado a ser depositado en la secretaría

del juez o tribunal que rindió la sentencia,

en un plazo de cinco días contados a partir

de la fecha de su notificación.

c. Con respecto al plazo previsto por

el indicado artículo 95, este tribunal

2 Artículo 9. Competencia. El Tribunal Constitucional

es competente para conocer de los casos previstos por

el Artículo 185 de la Constitución y de los que esta ley

le atribuye. Conocerá de las cuestiones incidentales

quesurjanante ély dirimirálasdicultades relativasa la

ejecución de sus decisiones.

3 Artículo 94. Recursos. Todas las sentencias emitidas

por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión

por ante el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las

condiciones establecidas en esta ley. Párrafo. Ningún

otro recurso es posible, salvo la tercería, en cuyo caso

habrá de procederse con arreglo a lo que establece el

derecho común.

352 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

estableció en la Sentencia TC/0080/124,

que el mismo es de cinco (5) días hábiles y

que, además, es un plazo franco, es decir,

que al momento de establecerlo no se toman

en consideración los días no laborables ni

eldíaenqueesrealizadalanoticaciónni

aquel en el cual se produce el vencimiento

del indicado plazo. Dicho criterio ha sido

reiterado en las Sentencias TC/0061/135,

TC/0199/146, TC/0097/157,

TC/0483/168, TC/0834/179,

TC/0548/1810, entre otras.

d. En la especie, la recurrente, señora Clara

Luz Liranzo Rosario fue noticada de la

Ordenanza núm. 00058-2019 el ocho

(8) de junio de dos mil diecinueve (2019)

por medio del Acto núm. 561/2019 del

ocho (8) de junio de dos mil diecinueve

(2019)11.

e. El recurso de revisión fue depositado el

once (11) de junio de dos mil diecinueve

(2019) ante el Tribunal de Jurisdicción In-

mobiliariadeBonao.Sepuedevericarque

fue interpuesto transcurridos dos (2) días

hábilesdespués delanoticación y porlo

4 Sentencia TC/0080/12 del quince (15) de diciembre

de dos mil doce (2012), página 6, literal d)

5 Sentencia TC/0061/13 del diecisiete (17) de abril de

dos mil trece (2013)

6 Senten cia TC/0199/14 del veintisiete (27) de agosto

de dos mil catorce (2014)

7 Senten cia TC/0097/15 del veintisiete (27) de mayo de

dos mil quince (2015)

8 S entencia TC/0483/16 del dieciocho (18) de octubre

de dos mil dieciséis (2016)

9 S entencia TC/0834/17 del quince (15) de diciembre de

dos mil diecisiete (2017)

10 S entencia TC/0548/18 del diez (10) de diciembre de

dos mil dieciocho (2018)

11 Instrumentado por el ministerial César Noé Díaz

Roque, alguacil ordinario del Tribunal Colegiado de la

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la

Provincia Monseñor Nouel

tanto dentro del plazo exigido por el citado

artículo 95 de la Ley núm. 137-11.

f. Otro aspecto que debe ser observado

para admitir el recurso de revisión es lo

establecido en el artículo 96 de la referida

Ley núm. 137-11, a saber, que: El recurso

contendrá las menciones exigidas para la

interposición de la acción de amparo, ha-

ciéndose constar además de forma clara y

precisa los agravios causados por la deci-

sión impugnada.

g. En la especie, este colegiado considera

que la recurrente obedeció los requerimien-

tos de dicho texto, pues la señora Clara Luz

Liranzo Rosario sustenta su recurso en que

el tribunal a-quo conculcó su derecho a la

propiedad, desnaturalizando los hechos al

aplicar un criterio de inadmisibilidad sin to-

mar en cuenta la razonabilidad jurídica.

h. Por su parte, el artículo 100 de la refe-

rida ley núm. 137-11, establece los crite-

rios para la admisibilidad del recurso de

revisión constitucional de sentencia de

amparo, indicando que dicha admisibilidad

está sujeta a que el asunto de que se trate el

recurso suponga una especial trascenden-

cia o relevancia constitucional; a saber: La

admisibilidad del recurso está sujeta a la

especial trascendencia o relevancia cons-

titucional de la cuestión planteada, que se

apreciará atendiendo su importancia para

la interpretación, aplicación y general efi-

cacia de la Constitución, o para la determi-

nación del contenido, alcance y la concreta

protección de los derechos fundamentales,

a que se demuestre la especial trascendencia

o relevancia constitucional del caso.

i. En lo relativo a la especial trascendencia

o relevancia constitucional este Tribunal

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 353

jósuposiciónpor mediodela Sentencia

TC/0007/1212, en la cual estableció que:

(…) tal condición solo se encuentra con-

figurada, entre otros, en los supuestos:

1) Que contemplen conflictos sobre dere-

chos fundamentales respecto a los cuales

el Tribunal Constitucional no haya esta-

blecido criterios que permitan su esclare-

cimiento; 2) que propicien, por cambios

sociales o normativos que incidan en el

contenido de un derecho fundamental,

modificaciones de principios anterior-

mente determinados; 3) que permitan al

Tribunal Constitucional reorientar o re-

definir interpretaciones jurisprudencia-

les de la ley u otras normas legales que

vulneren derechos fundamentales; 4)

que introduzcan respecto a estos últimos

un problema jurídico de trascendencia

social, política o económica cuya solu-

ción favorezca en el mantenimiento de la

supremacía constitucional.

j. En el caso que nos ocupa, el tribunal cons-

titucional considera que el recurso de revi-

sión tiene especial trascendencia o relevan-

cia constitucional ya que le permitirá seguir

desarrollando su criterio sobre la impres-

criptibilidad del derecho de propiedad y la

obligación que tiene el Estado de garantizar

la protección del mismo cuando ese derecho

recae sobre terrenos registrados.

10. En cuanto al fondo del recurso de

revisión constitucional de sentencia

de amparo

En cuanto al fondo del recurso, el Tribunal

Constitucional expone los siguientes razo-

namientos:

12 Sentencia TC/0007/12 del veintidós (22) de marzo

de dos mil doce (2012)

a. En la especie, se trata de que la señora

Clara Luz Liranzo Rosario interpuso una

acción constitucional de amparo procu-

rando la protección de su derecho de pro-

piedad del inmueble identicado como

parcela núm. 366-P del Distrito Catastral

núm. 2 del Municipio Bonao en la Provin-

cia Monseñor Nouel y del cual ostenta el

certicado de título núm. 0700019176;

esto ante la amenaza de ser desalojada con

el auxilio del otorgamiento de fuerza públi-

ca por parte del Ministerio Público.

b. En ese sentido, alega que el Tribunal de

Jurisdicción Original de Monseñor Nouel

ha vulnerado su derecho a la propiedad

y que, además, el juez de amparo hizo

una interpretación errónea del artículo

70, numeral 3 de la referida ley núm.

137-11, al declarar inadmisible por ser

notoriamente improcedente la indicada

acción, fundamentando su decisión en que

la entonces accionante no había aportado

los medios de prueba necesarios para

sustentar su petición.

c. En efecto, el Tribunal de Jurisdicción

Original de Monseñor Nouel expresó que

[e]ste tribunal entiende que la acción

lanzada por la impetrante a través

de su abogado representante es

notoriamente improcedente, púes como

indicamos, pretende que el Ministerio

Público se abstenga de conceder fuerza

pública o suspenda la ejecución de la

misma; en tal sentido, no ha aportado

ninguna prueba que demuestre que

se está ejecutando o haya otorgado

fuerza pública que violenta el derecho

de propiedad del cual es titular la

impetrante; que el tribunal no puede,

mediante atribuciones del amparo,

354 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

ordenar la suspensión u ordenar a

una autoridad pública, en este caso

al Ministerio Público, que se abstenga

de ejercer sus potestades por simples

presunciones o sin prueba fehaciente,

que de manera inminente, y con

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta

se va a lesionar, restringir, alterar o

amenazar los derechos fundamentales

alegados y consagrados en la

Constitución.

d. La Constitución dominicana, en su artí-

culo 72 establece que

Toda persona tiene derecho a una acción

de amparo para reclamar ante los

tribunales, por si o por quien actué en su

nombre, la protección inmediata de sus

derechos fundamentales, no protegidos

por el habeas corpus, cuando resulten

vulnerados o amenazados por la

acción o la omisión de toda autoridad

pública o de particulares, para hacer

efectivo el cumplimiento de una ley o

acto administrativo, para garantizar

los derechos e intereses colectivos y

difusos. De conformidad con la ley, el

procedimiento es preferente, sumario,

oral, publico, gratuito y no sujeto a

formalidades.

e. Por su parte, la Ley núm. 137-11 esta-

blece en su artículo 65 que La acción de

amparo será admisible contra todo acto

u omisión de una autoridad pública o de

cualquier particular, que en forma actual o

inminente y con arbitrariedad o ilegalidad

manifiesta lesione, restrinja, altere o ame-

nace los derechos fundamentales consagra-

dos en la Constitución, con excepción de los

derechos protegidos por el Hábeas Corpus

y el Hábeas Data.

f. En lo relativo a la inadmisión de la acción

de amparo por ser notoriamente improce-

dente, esta sede constitucional ha estableci-

docriteriosrelativosaque(i)noseverique

la vulneración de un derecho fundamental

(TC/0031/1413), (ii) el accionante no in-

dique cuál es el derecho fundamental su-

puestamente conculcado (TC/0086/1314),

(iii) la acción se reera a una cuestión de

legalidad ordinaria (TC/0017/1315 y

TC/0187/1316), (iv) la acción se reera

a un asunto que ya se encuentre en la ju-

risdicción ordinaria (TC/0074/1417), (v)

laacción sereeraa unasuntoque hasido

resuelto judicialmente (TC/0241/1318,

TC/0254/1319 y TC/0276/1320), (vi)

que mediante la acción se pretenda la eje-

cución de una sentencia (TC/0147/1321 y

TC/0009/1422) y (vii) cuando las preten-

siones sean absurdas, insólitas o imposibles

y respecto de las cuales no estuvieran en-

vueltas violaciones a derechos fundamenta-

les (TC/0306/1523 y TC/0002/1724).

13 Sentencia TC/0031/14 del catorce (14) de febrero de

dos mil catorce (2014)

14 Sentencia TC/0086/13 del cuatro (4) de junio de dos

mil trece (2013)

15 Sentencia TC/0017/13 del veinte (20) de febrero de

dos mil trece (2013)

16 Sentencia TC/0187/13 del veintiuno (21) de octubre

de dos mil trece (2013)

17 Sentencia TC/0074/14 del veintitrés (23) de abril de

dos mil catorce (2014)

18 Sentencia TC/0241/13 del veintinueve (29) de

noviembre de dos mil trece (2013)

19 Sentencia TC/0254/13 del doce (12) de diciembre de

dos mil trece (2013)

20 Sentencia TC/0276/13 del treinta (30) de diciembre

de dos mil trece (2013)

21 Sentencia TC/0147/13 del veintinueve (29) de agosto

de dos mil trece (2013)

22 Sentencia TC/0009/14 del catorce (14) de enero de

dos mil catorce (2014)

23

Sentencia TC/0360/15 del veinticinco (25) de septiembre

de dos mil quince (2015), pág. 17, numeral 10.18

24 Sentencia TC/0002/17 del cuatro (4) de enero de dos

mil diecisiete (2017), págs. 14 y 15, literal e)

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 355

g. En la especie, se trata de una acción in-

coadaconlanalidaddeprevenirlaejecu-

ción de un desalojo, amparado en el otor-

gamiento de la fuerza pública por parte de

una autoridad -que en este caso es el Minis-

terio Público- por lo que puede observarse

que no estamos ante uno de los supuestos

donde el juez de amparo podría aplicar la

notoria improcedencia como causal de in-

admisibilidad de la acción.

h. En ese sentido, el Tribunal Constitucio-

nal considera que la decisión tomada por el

tribunal a-quo es errónea y procederá a re-

vocar la referida Ordenanza núm. 00058-

2019, y se avocará a conocer la acción de

amparo interpuesta por la señora Clara Luz

Liranzo Rosario –esto en aplicación de su

propia jurisprudencia–, sentada en la Sen-

tencia TC/0071/1325: El Tribunal Cons-

titucional, en aplicación del principio de la

autonomía procesal, el derecho a la acción

de amparo y a la tutela judicial efectiva

(artículos 72 y 69 de la Constitución), y los

principios rectores del proceso constitucio-

nal antes descritos, debe conocer el fondo

de la acción de amparo cuando revoque la

sentencia recurrida.

i. De la acción de amparo:

Antes de proceder al conocimiento del

fondo de la acción de amparo, este tribunal

debevericarquelamismaseaadmisible:

i. De conformidad con las disposiciones

del artículo 72 de la Constitución, la

acción de amparo es un procedimiento

preferente, sumario, oral, público, gratuito

y no sujeto a formalidades; por ende, su

25 Sentencia TC/0071/13 del siete (07) de mayo de dos

mil trece (2013), página 15, literal m)

inadmisibilidad debe ser la excepción,

siendo la admisibilidad la regla.

j. Por su parte el artículo 70 de la referida

Ley núm. 137-11, establece las causas de

inadmisibilidad de la acción de amparo. A

saber: 1) Cuando existan otras vías judicia-

les que permitan de manera efectiva obtener

la protección del derecho fundamental invo-

cado. 2) Cuando la reclamación no hubiese

sido presentada dentro de los sesenta días

que sigan a la fecha en que el agraviado ha

tenido conocimiento del acto u omisión que

le ha conculcado un derecho fundamental.

3) Cuando la petición de amparo resulte

notoriamente improcedente.

k.Alosnesdedeterminarlaadmisibilidad

de la acción de amparo se hace necesario de-

terminar el momento en que el accionante

tuvo conocimiento del acto supuestamente

conculcador de sus derechos. En el caso

que nos ocupa, la señora Clara Luz Liranzo

Rosario tuvo conocimiento de la amenaza

de vulneración a su derecho de propiedad

por medio del Acto núm. 1300/2018, de

mandamiento de pago tendente a embargo

ejecutivo y desalojo, el veintiséis (26) de

diciembre de dos mil dieciocho (2018).

l. Luego de recibir dicho acto, procede a

interponer una acción de amparo en contra

del señor Tomás Adames Cruz y el procu-

radorscaldeMonseñorNouel,licenciado

Joel López, mediante instancia depositada

ante el Tribunal de Jurisdicción Original de

Bonao el veintinueve (29) de marzo de dos

mildiecinueve(2019),alosnesdepreve-

nir que este último otorgara el auxilio de la

fuerza pública para ejecutar el desalojo del

inmuebleidenticadocomoparcela366-P

del Distrito Catastral núm. 2 del Municipio

de Bonao en la Provincia Monseñor Nouel y

356 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

delcuallaaccionanteostentaelcerticado

de título núm. 0700019176.

m. De lo anterior se evidencia que la ac-

ción de amparo fue interpuesta habiendo

transcurrido noventa y tres (93) días desde

que la accionante tomó conocimiento de

la amenaza de vulneración a su derecho de

propiedad.

n. Como se puede observar, la accionante

alega violación a su derecho de propiedad,

reconocido en el artículo 51 de la Consti-

tución dominicana, que, en su parte capi-

tal,inne,disponeque:(...) Toda persona

tiene derecho al goce, disfrute y disposición

de sus bienes. En ese sentido, el Tribunal

Constitucional por medio de la Sentencia

TC/0088/1226 estableció que toda per-

sona tiene el derecho de ejercer a plenitud

su derecho de propiedad, sobre todo dis-

frutar y disponer de ellos y en la Sentencia

TC/0257/1327 determinó que, por su na-

turaleza y sus características, el derecho de

propiedad es imprescriptible, en ese sen-

tido expresó que mientras se mantenga la

violación dicho plazo se renueva.

o. En aplicación de lo expuesto

precedentemente este colegiado es del

criterio que un propietario no está sujeto

al cumplimiento del plazo legal establecido

en el artículo 70, numeral 2 de la Ley núm.

137-11 para reclamar la protección de

su derecho ante la amenaza o vulneración

del mismo. Por lo que la acción de amparo

interpuesta es admisible por tratarse de un

derecho imprescriptible.

26 Sentencia TC/0088/12 del quince (15) de diciembre

de dos mil doce (2012)

27 Sentencia TC/0257/13 del diecisiete (17) de

diciembre de dos mil trece (2013)

p. En la especie no es controvertido que la

accionante, es la legítima propietaria del

inmueble objeto del conicto, en virtud

de que fue adquirido legalmente a raíz de

la transferencia realizada por la Coopera-

tiva Vega Real el nueve (9) de abril de dos

mil dieciocho (2018) según consta en la

certicacióndeestatusjurídicodelinmue-

ble, expedida por el Registro de Títulos de

Monseñor Nouel el veinticuatro (24) de

abril de dos mil diecinueve (2019 y avalada

porelCerticadodetítuloMatrículanúm.

0700019176 de la Parcela núm. 366-P

del Distrito Catastral núm. 2 del Municipio

Bonao, Provincia Monseñor Nouel a nom-

bre de la señora Clara Luz Liranzo Rosario.

q. Como bien dispone el citado artículo 51

constitucional, el Estado tiene la obliga-

ción de reconocer y garantizar el derecho

fundamental de propiedad. En ese tenor

puede conferir a las autoridades la facultad

de tomar las medidas que sean necesarias a

losnesdeprotegeresederechocuandoel

mismo sea vulnerado, tomando en cuenta

que este derecho conlleva el cumplimiento

de un conjunto de reglas judicialmente apli-

cables,alosnesdedeterminaryproteger

el goce y disfrute de los bienes inmuebles

en todo el territorio nacional28.

r. En ese tenor, el Tribunal Constitucional

por medio de la Sentencia TC/0585/1729,

estableció que

(…) si bien es cierto que en principio la

propiedad es un derecho casi absoluto,

limitado sólo por el carácter social del

28 Sentencia TC/0614/19 del veintiséis (26) de diciembre

de dos mil diecinueve (2019). Pág. 16, literal e).

29 Sentencia TC/0585/17 del uno (1) de noviembre de

dos mil diecisiete (2017). Pág. 24, literal g).

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 357

mismo, una vez el bien ha sido trans-

ferido y entrado al patrimonio de una

persona natural o jurídica y este se su-

broga en los derechos del propietario,

dicho derecho no puede ser vulnerado,

por tratarse de un derecho legítima-

mente adquirido, y el Estado tiene el

deber de garantizar y proteger los de-

rechos adquiridos, sobre todo cuando

ese derecho recae sobre terrenos regis-

trados, salvo que se demuestre que no

se trata de un adquiriente de buena fe.

s. Por los motivos expuestos este tribunal

constitucional estima pertinente acoger la

acción de amparo y en consecuencia orde-

naalprocuradorscaldeMonseñorNouel

abstenerse de autorizar la fuerza pública

para la ejecución de un mandamiento de

pago tendente a embargo ejecutivo y des-

alojo, así como de cualquier otra medida

tendente a perturbar el derecho de propie-

dad de la señora Clara Luz Liranzo Rosario.

Esta decisión, rmada por los jueces del

Tribunal, fue adoptada por la mayoría

requerida. No guran las rmas de los

magistrados Rafael Díaz Filpo, primer

sustituto; José Alejandro Ayuso y Justo

Pedro Castellanos Khoury, en razón de

que no participaron en la deliberación y

votación de la presente sentencia por causas

previstas en la ley. Figura incorporado

el voto salvado de la magistrada Katia

Miguelina Jiménez Martínez.

Por los motivos de hecho y de derecho

anteriormente expuestos, el Tribunal

Constitucional,

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible,

en cuanto a la forma, el recurso de

revisión constitucional de sentencia

de amparo interpuesto por la señora

Clara Luz Liranzo Rosario, contra la

Ordenanza núm. 00058-2019, dictada

por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción

Original del Distrito Judicial de Monseñor

Nouel, el dieciséis (16) de abril de dos mil

diecinueve (2019).

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al

fondo, el referido recurso de revisión

constitucional de sentencia de amparo

y, en consecuencia, REVOCAR la

Ordenanza núm. 00058-2019, dictada

por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción

Original del Distrito Judicial de Monseñor

Nouel el dieciséis (16) de abril de dos mil

diecinueve (2019).

TERCERO: ACOGER la acción de amparo

incoada por la señora Clara Luz Liranzo

Rosario contra el señor Tomás Adames

Cruz y el procurador scal de Monseñor

Nouel, licenciado Joel López.

CUARTO: ORDENAR alprocuradors-

cal de Monseñor Nouel abstenerse de au-

torizar la fuerza pública para la ejecución

de un mandamiento de pago tendente a

embargo ejecutivo y desalojo, así como de

cualquier otra medida tendente a perturbar

el derecho de propiedad de la señora Clara

Luz Liranzo Rosario.

QUINTO: DECLARAR el presente recur-

so libre de costas, de acuerdo con lo esta-

blecido en los artículos 7230,inne,de la

30 Artículo 72.- Acción de amparo. De conformidad

con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral,

público, gratuito y no sujeto a formalidades.

358 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

Constitución de la República, y 731 y 6632

de la referida Ley núm. 137-11, Orgánica

del Tribunal Constitucional y los Procesos

Constitucionales.

SEXTO: ORDENAR por Secretaría, la

comunicación de la presente sentencia a la

parte recurrente, Clara Luz Liranzo Rosa-

rio y a las partes recurridas, Tomás Adames

Cruz y el procurador scal de Monseñor

Nouel, licenciado Joel López.

SÉPTIMO: DISPONER que la presente

decisión sea publicada en el Boletín del

Tribunal Constitucional.

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Pre-

sidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez Se-

gundo Sustituto; Hermógenes Acosta de

los Santos, Juez; Alba Luisa Beard Mar-

cos, Jueza; Ana Isabel Bonilla Hernández,

Jueza; Víctor Joaquín Castellanos Pizano,

Juez; Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez

Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez

Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero,

Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.

VOTO SALVADO DE LA

MAGISTRADA KATIA MIGUELINA

JIMÉNEZ MARTÍNEZ

Con el debido respeto hacia el criterio

mayoritario reflejado en la sentencia y de

acuerdo con la opinión que mantuvimos

31 Artículo 7.- Principios Rectores. El sistema de jus-

ticia constitucional se rige por los siguientes principios

rectores: 6) Gratuidad. La justicia constitucional no está

condicionadaa sellos, anzas o gastos de cualquier na-

turalezaque diculten suacceso o efectividad yno está

sujeta al pago de costas, salvo la excepción de inconstitu-

cionalidad cuando aplique.

32 Artículo 66.- Gratuidad de la Acción. El procedi-

miento en materia de amparo es de carácter gratuito, por

lo que se hará libre de costas, así como de toda carga, im-

puestos, contribución o tasa.

en la deliberación, nos sentimos en la ne-

cesidad de ejercitar la facultad prevista

en el artículo 186 de la Constitución, a

fin de ser coherente con la posición man-

tenida.

I. Precisión sobre el alcance del

presente voto

1.1. Como cuestión previa a exponer los

motivos que nos llevan a elevar este voto

salvado, conviene precisar que la jueza que

suscribe, comparte el criterio de que sea

acogido, en cuanto al fondo, el recurso de

revisión de amparo interpuesto por la se-

ñora Clara Luz Liranzo Rosario, contra la

Ordenanza núm. 00058-2019, dictada

por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción

Original del Distrito Judicial de Monseñor

Nouel, el dieciséis (16) de abril de dos mil

diecinueve (2019); y en consecuencia, sea

revocada la decisión recurrida. Sin embar-

go, procede a salvar su voto en lo relativo a

las motivaciones que expone el consenso de

este Tribunal Constitucional para decretar

la admisibilidad del presente recurso de re-

visión de sentencia en materia de amparo.

II. Sobre la especial trascendencia o

relevancia constitucional

2.1. En la especie, si bien estamos de

acuerdo con que se declare la admisibilidad

del presente recurso de revisión, la suscrita

reitera que no debe ser aplicada la dimen-

sión objetiva, sino subjetiva del amparo,

pues de hacerlo se dejaría desprovisto al

procedimiento de amparo del requisito de

la doble instancia dispuesto por nuestra

Constitución, la Convención Americana

de Derechos Humanos y el Pacto Interna-

cional de los Derechos Civiles y Políticos,

situación que el consenso de este tribunal

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 359

nalmentesubsanó, atravésdela Senten-

cia núm. TC/0071/2013 del 7 de mayo

de 2013, al descontinuar la aplicación de

la tesis sentada por la mencionada Senten-

cia núm. TC/007/12 que se sustenta en la

aseveración de que la revisión no represen-

ta una segunda instancia o recurso de ape-

laciónparadirimirconictosinter partes.

2.2. Reiteramos nuestro criterio en el

sentido de que el presente recurso es ad-

misible, sin importar que sea relevante o

no para la interpretación constitucional y

para la determinación de los derechos fun-

damentales, pues lo contrario sería frus-

trar y volver ilusoria una de las funciones

esenciales del Estado de Derecho, como

lo es la protección efectiva de los derechos

fundamentales.

2.3. Además, cabe reiterar que el crite-

rio de relevancia constitucional no puede

aplicarse restrictivamente, ya que toda vul-

neración a un derecho fundamental es, en

principioy por denición, constitucional-

mente relevante y singularmente trascen-

dente para quien lo invoca o demanda su

restitución. De ahí, que bastaba constatar

que el recurso de revisión de que se trata se

interpuso dentro del plazo de 5 días consa-

grado en el artículo 95 de la Ley núm. 137-

11, como en efecto se hizo.

Conclusión: Si bien es cierto que la suscri-

ta concurre con la decisión adoptada por el

consenso de este tribunal, en el sentido de

que el recurso de revisión sea acogido y re-

vocada la Ordenanza núm. 00058-2019,

salva su voto en lo concerniente a los moti-

vos que invoca el Tribunal para decretar la

admisibilidad del presente recurso de revi-

sión de sentencia de amparo.

Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martí-

nez, Jueza

Lapresentesentenciaesdadayrmadapor

los señores jueces del Tribunal Constitu-

cional que anteceden, en la sesión del Pleno

celebrada el día, mes y año anteriormente

expresados, y publicada por mí, secretario

delTribunalConstitucional,quecertico.

Julio José Rojas Báez

Secretario

360 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

SENTENCIA TC/0239/21

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2019-0144, relativo al recurso de

revisión constitucional de sentencia

de amparo incoado por JCCE, menor

de edad representado por sus padres,

la señora María Cristina Echeverri

Díaz y el señor Jean Edouard Conille

Dabourze contra la Sentencia núm.

447-02-2019-SCON-00093, de

fecha dieciséis (16) de mayo de dos

mil diecinueve (2019), por la Sala

Civil del Segundo Tribunal de Niños,

Niñas y Adolescentes del Distrito Na-

cional.

En el municipio Santo Domingo Oeste,

provincia Santo Domingo, República Do-

minicana, a los veintisiete (27) días del

mes de agosto del año dos mil veintiuno

(2021).

El Tribunal Constitucional, regularmen-

te constituido por los magistrados Mil-

ton Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz

Filpo, primer sustituto; Manuel Ulises

Bonnelly Vega, Justo Pedro Castellanos

Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pi-

zano, Domingo Antonio Gil, María del

Carmen Santana de Cabrera, Miguel

Valera Montero y José Alejandro Vargas

Guerrero, en ejercicio de sus competen-

cias constitucionales y legales, especí-

ficamente las previstas en los artículos

185.4 de la Constitución y 94 de la Ley

núm. 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, del trece (13) de junio

del año dos mil once (2011), dicta la si-

guiente sentencia:

I. ANTECEDENTES

1. Descripción de la sentencia

recurrida

1.1. La Sentencia núm. 447-02-2019-

SCON-00093, objeto del presente recur-

so de revisión, fue dictada el dieciséis (16)

de mayo de dos mil diecinueve (2019), por

la Sala Civil del Segundo Tribunal de Ni-

ños, Niñas y Adolescentes del Distrito Na-

cional, su dispositivo es el siguiente:

PRIMERO: ACOGE como buena

y válida, en cuanto a la forma, la

Acción Constitucional de Amparo

incoada por los señores Jean

Edouard Conille Darbouze y María

Cristina Echeverri Díaz, a través de

sus abogados apoderados, Licdos.

Manuel Alejandro Rodríguez y Odette

Mabel Troncoso, en contra de la

Procuraduría General de la República

y del centro educativo Carol Morgan

School, Inc., por haber sido presentada

de conformidad con las disposiciones

del artículo 76 y siguientes de la Ley

núm.137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales.

SEGUNDO: En cuanto al fondo,

Rechaza en todas sus partes la presenta

Acción Constitucional de Amparo,

incoada por los señores Jean Edouard

Conille Darbouze y María Cristina

Echeverri Díaz, a través de sus abogados

apoderados, Licdos. Manuel Alejandro

Rodríguez y Odette Mabel Troncoso, en

contra de la Procuraduría General de la

República y del centro educativo Carol

Morgan School, Inc., por las razones

precedentemente expuestas.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 361

TERCERO: COMISIONA al ministerial

Delcido Antonio Santos Alemán,

Alguacil de Estrados, del Tribunal

de Niños, Niñas y Adolescentes del

Distrito Nacional, para la notificación

de la presente sentencia.

CUARTO: Declara libre de costas la

presente acción, por tratarse de una

Acción Constitucional de Amparo y de

cara al principio de gratuidad que rige

los procedimientos constitucionales.

(sic)

1.2. La referida sentenciafuenoticadaa

Odette Troncoso Pérez, en su calidad de

abogada de la parte recurrente, JCCE, me-

nor de edad representado por sus padres,

la señora María Cristina Echeverri Díaz y el

señor Jean Edouard Conille Dabourze, me-

dianteociodediecisiete(17)demayode

dos mil diecinueve (2019), de la Unidad de

Recepción e información de la Jurisdicción

de Niños, Niñas y Adolescentes del Distri-

to Nacional; al Ministerio Público, median-

teOciodediecisiete(17)demayodedos

mil diecinueve (2019), de la Unidad de Re-

cepción e información de la Jurisdicción de

Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito

Nacional.

2. Presentación del recurso de revisión

constitucional en materia de ampa-

ro

2.1. En el presente caso, la parte recurren-

te, JCCE, menor de edad representado

por sus padres, la señora María Cristina

Echeverri Díaz y el señor Jean Edouard

Conille Dabourze, interpuso un recurso

de revisión de amparo contra la sentencia

anteriormente descrita, mediante escrito

depositado el veinticuatro (24) de mayo del

año dos mil diecinueve (2019), en el que

solicita que sea anulada la referida senten-

cia. Dicho escrito fue remitido a este tribu-

nal constitucional el diez (10) de junio de

dos mil diecinueve (2019).

2.2. El recurso de revisión fue noti-

cado al centro educativo Carol Morgan

School, INC., y a su abogado el Licdo.

José de Jesús Bergés M. mediante Acto

núm. 538/2019, del veintisiete (27) de

mayo de dos mil diecinueve (2019), ins-

trumentado por el ministerial Diego de

Peña Moris, alguacil de estrados de la Ju-

risdicción de Niños, Niñas y Adolescentes

del Distrito Nacional. El referido recurso

fue noticado a la Procuraduría General

dela República medianteociodelvein-

tisiete (27) de mayo de dos mil diecinueve

(2019), de la Secretaría General de la Ju-

risdicción de Niños, Niñas y Adolescentes

del Distrito Nacional.

3. Fundamentos de la sentencia recu-

rrida

La Sala Civil del Segundo Tribunal de Ni-

ños, Niñas y Adolescentes del Distrito

Nacional, en su sentencia objeto del pre-

sente recurso, rechazó la acción de amparo

interpuesta por JCCE, menor de edad re-

presentado por sus padres, la señora Ma-

ría Cristina Echeverri Díaz y el señor Jean

Edouard Conille Dabourze, fundamentado

su decisión, entre otros motivos, con los

siguientes:

a. 23. Luego de analizar de manera

conjunta y armónica los medios de

prueba aportados por los accionantes

durante la instrucción del proceso, el

tribunal ha podido constatar como

hechos ciertos, los siguientes:

362 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

Que los señores Jean Edouard Conille

Darbouze y María Cristina Echeverri

Díaz son los padres del menor de edad

JCCE.

Que el menor de edad JCCE está ma-

triculado en el centro educativo Carol

Morgan School.

Que el señor Jean Edouard Conille

Darbouze, está siendo investigado por

la Procuraduría Fiscal del Distrito Na-

cional por alegada violación a los artí-

culos 334 y 334 numeral 1 del Código

Penal Dominicano y 1, 2, 3 y 9 de la ley

núm. 155-19 sobre Lavado de Activos

y Financiamiento del Terrorismo y la

señora María Cristina Echeverri Díaz,

por los artículos 334 y 334 numeral 1

del Código Penal Dominicano.

Que la fecha límite para la re matricula-

ción de los alumnos del Carol Morgan

School fue el quince (15) de febrero de

dos mil diecinueve (2019).

Que el seis (06) de marzo de dos mil die-

cinueve (2019), Carol Morgan School,

le comunicó al señor Jean Edouard Co-

nille Darbouze que su familia perdió la

fecha límite de la re matriculación fijada

para el quince (15) de febrero de dos mil

diecinueve (2019), lo cual se hizo públi-

co a la comunidad educativa, conforme

al calendario escolar.

Que el veinte (20) de febrero del año

dos mil diecinueve (2019), el Licdo. Luis

González, Titular de la Procuraduría

Especializada Antilavado de Activos

y Financiamiento del Terrorismo,

mediante comunicación dirigida

al Carol Morgan School of Santo

Domingo, le indica que activen los

mecanismos de control establecidos

en la Ley Núm. 155-17 (…) soliciten

previamente la documentación oficial

que acredite el origen de los fondos

utilizados para ello, procediendo a

informar y enviar al Ministerio Público

la misma, sin limitantes ni demora, de

conformidad con lo dispuesto en el Art.

56 de la Ley Núm. 155-17.

Que mediante varios mensajes vía co-

rreo electrónico el nueve (09) de abril

del año dos mil diecinueve (2019), en-

viado por el señor Jean Edouard Con-

lille Darbouze a Francisco Rodríguez,

Gerente Administrativo, Carol Morgan

School, se desprende las diligencias rea-

lizadas a los fines de dar término a la re

matriculación del menor de edad JCCE

ante dicho centro educativo.

Que mediante comunicación el diecisie-

te (17) de Abril del dos mil diecinueve

(2019), el Licdo. Luis González, Titular

de la Procuraduría Especializada An-

tilavado de Activos y Financiamiento

del Terrorismo, indicó al Carol Morgan

School el inconveniente con los formu-

larios requeridos en atención a lo reco-

mendado el veinte (20) de febrero de

dos mil diecinueve (2019).

b. 24. Los derechos invocados por la

parte accionante que dan lugar a la pre-

sente acción son los derechos: i) derecho

a la igualdad y a la no discriminación

injusta; ii) interés superior del niño; iii)

prioridad absoluta de los derechos del

menor; iv) derecho al debido proceso.

c. 26. Que ante la imposibilidad de

conseguir la re matriculación del menor

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 363

de edad JCCE, en el Carol Morgan

School, la parte accionante aspira a que

esta sala ordene al Carol Morgan School,

y a sus representantes, no imponer

requisitos ni exigencias extraordinarias

a los padres del menor accionante como

condición para admitir y ejecutar su

reinscripción para el referido próximo

período escolar 2019-2020, ni ningún

otro posterior, aceptando el pago de su

matriculación conforme al calendario de

pagos fraccionados aplicable respecto

de la matrícula de todos los alumnos

del mismo curso escolar para dicho

período, por resultar el tratamiento

justo y conforme al Derecho que merece

el accionante y sus padres. Lo anterior

en atención a las comunicaciones

emitidas por la Procuraduría General

de la República el veinte (20) de

febrero y diecisiete (17) de abril de dos

mil diecinueve (2019), a las que se ha

hecho mención en otro apartado de esta

decisión.

d. 30. Que en ocasión de una

investigación penal por lavado de

activos y proxenetismo llevada a cabo

por el Ministerio Público en contra

de los señores Jean Edouard Conille

Darbouze y María Cristina Echeverri

Díaz, notificaron al Carol Morgan

School, el (20) de febrero de dos mil

diecinueve (2019) y diecisiete (17)

de abril de dos mil diecinueve (2019),

de la situación en la que encuentran

los indicados señores haciendo

constar que el requerimiento de la

Procuraduría General de la República

al Carol Morgan School consideraba

de manera especial la no afectación del

derecho a la educación del menor de

edad JCCE.

e. 31. Que el Carol Morgan School, como

institución privada posee reglamentos

internos y discrecionalidad para esta-

blecer reglas que permitan el buen des-

envolvimiento de la vida académica en

sentido general para todo el alumnado

que pertenece a dicho centro educativo,

lo que permite a su vez mantener la con-

vivencia entre todas las personas que

conforman la comunidad educativa.

f. 32. Que en atención a la mencionada

autonomía que poseen las instituciones

para dictar sus reglamentos, es que exis-

ten requisitos y exigencias tanto para

los alumnos como para los padres como

parte de la comunidad educativa. Que

por dicha autonomía es que las insti-

tuciones tienen la libertad de ponderar

o no la permanencia de algún alumno

en el programa del año escolar corres-

pondiente. Que en la especie resulta un

hecho no controvertido para esta sala

que el periodo de re matriculación para

el menor de edad JCCE en el Carol Mor-

gan School, había vencido en fecha 15

de febrero de 2019, cuando aún no ha-

bían sido emitidas las comunicaciones

de la Procuraduría General de la Repú-

blica el veinte (20) de febrero y dieci-

siete (17) de abril de dos mil diecinueve

(2019), y que el interés o no aceptar la

re matriculación de algún alumno pos-

terior al cierre de dicha fecha cae dentro

de la discrecionalidad de la institución.

g. 33. Que, amén de las obligaciones

asignadas al Carol Morgan School

como sujeto obligado, la negativa a

aceptar la re matriculación es una

posibilidad reconocida a los centros

educativos. Igualmente, de manera

específica se le comunicó a los padres que

364 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

el menor de edad JCCE había perdido

la re matriculación para el próximo año

escolar, por vencimiento de la fecha de

la misma. Que, nada impide que, en

su legítimo derecho de admisión estos

opten por no matricular para un año

posterior algún alumno, sin que esto

constituya una discriminación, dado

que, si bien los padres pueden optar por

cualesquiera de los centros educativos

que existen dentro del territorio nacional

para que se encargue de la educación de

sus hijos, dicha elección válidamente

puede estar precedida de unos

requisitos de admisión y de la libertad

que tienen los colegios de demandar el

cumplimiento de la exigencias prescritas.

Lo que sí es posible, es que, en caso de

no re matriculación, esta debe hacerse

salvaguardando el periodo escolar

vigente y proveyendo al alumno de los

documentos necesarios para que pueda

escoger algún otro centro educativo.

4. Hechos y argumentos jurídicos de la

recurrente en revisión constitucio-

nal en materia de amparo

La parte recurrente, la señora María Cristina

Echeverri Díaz y el señor Jean Edouard

Conille Dabourze, en representación del

menor de edad JCCE, pretende sea anulada

la Sentencia Núm. 447-02-2019-SCON-

00093, el dieciséis (16) de mayo del año

dos mil diecinueve (2019), dictada por la

Sala Civil del Segundo Tribunal de Niños,

Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional

y para justicar sus pretensiones, alega,

entre otros motivos, lo siguiente:

a. Mediante comunicaciones el veinte

(20) de febrero dos mil diecinueve

(2019) y diecisiete (17) de abril dos mil

diecinueve (2019), el Ministerio Público

ordenó al Colegio Carol Morgan School

no aceptar la re-matriculación ni pago

relacionado para el próximo período

escolar 2019-2020 del alumno JCCE,

motivando su medida en la existencia de

una investigación contra los padres del

menor por alegada comisión de lavado

de activos -solo una investigación, ni

siquiera acusación ni querellamiento a

la fecha-. El colegio decide cumplir con

esa directriz, pero no se la comunica

a los padres sino a más de un mes de

haberla recibido y luego de haber dado

falsas esperanzas respecto de la re-

matriculación del menor, pues había

comunicado esa posibilidad no obstante

la expiración del plazo para inscripción.

Entendiéndola una medida arbitraria,

injusta y sin ningún fundamento

jurídico, al tiempo que discriminatoria,

violatoria del interés superior del niño y

del principio de prioridad absoluta del

menor, los padres accionan en amparo

ante el Juez a-quo, quien rechaza la

acción mediante la sentencia ahora

recurrida.

b. Al margen de las citas de textos legales

y referencias de derechos y deberes

relacionados con la causa y objeto de la

acción que se trata, la ratio decidendi de

la decisión recurrida puede identificarse

en las páginas 32 (párrafo 26), 33

(párrafos 30-33) y 34 (continuación del

párrafo 33), de donde se destacan los

siguientes postulados como pretendida

justificación del fallo:

c. Que en atención a la autonomía

que poseen las instituciones para

dictar reglamentos existen requisitos

y exigencias tanto para los alumnos

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 365

como para los padres como parte de la

comunidad educativa. Que por dicha

autonomía es que las instituciones

tienen la libertad de ponderar o no

la permanencia de algún alumno

en el programa del año escolar

correspondiente.

d. Que el período de re-matriculación

había vencido el 15 de febrero de 2019.

e. Que el interés o no de aceptar la

re-matriculación de algún alumno

posterior al cierre de dicha fecha cae

dentro de la discrecionalidad de la

institución.

f. Que JCCE había perdido la re-

matriculación para el próximo año

escolar por vencimiento de la fecha de

la misma.

g. Que en caso de no re-matriculación,

esta debe hacerse salvaguardando

el período vigente y proveyendo al

alumno de los documentos necesarios

para que pueda escoger algún otro

centro educativo.

h. Al decidir en este sentido, la Jueza

a-quo incurrió múltiples (sic) vicios que

hacen anulable su sentencia, entre estos:

i. Desnaturalización de los hechos,

pues la cuestión de expiración del

plazo nunca ha sido un hecho en

controversia ni conflictivo entre las

partes instanciadas. De haber sido

así, el intercambio de comunicaciones

entre el Colegio y los padres del menor

habría terminado en la fecha que se

dice “término para la re-inscripción”

y con ese argumento de parte del

Colegio; tampoco hubiesen continuado

las conversaciones sobre requisitos

pendientes para la reinscripción del

nuevo período escolar. El tema desde

siempre medular y que fue evadido por

la juez a-qua en su línea argumentativa

es la potestad o no del Ministerio Público

para actuar como hizo, afectando el

libre desarrollo del menor accionante,

utilizando como fundamento un proceso

de investigación contra sus padres, del

cual no ha resultado ni siquiera una

acusación o querellamiento, a propósito

del sentido de la presunción de inocencia

que asiste a los investigados, la razón

neurálgica por la cual el Colegio no

ha procedido a re-inscribir al menor

es por la advertencia infundada que

le hace el Ministerio Público de que se

convertirían en “cómplices del delito de

lavado de activos” si reciben fondos de

los padres del menor, lo cual le privará

del derecho a la educación no sólo en

esta institución escolar sino en cualquier

otra que se pudiere tratar de inscribir al

menor pues los fondos provendrán del

mismo lugar.

j. Falta de valoración y desnaturalización

de documentos relevantes aportados al

debate como medio de pruebas, pues

utiliza como argumento la supuesta

expiración del período de inscripción,

haciendo caso omiso a que dicha

caducidad no resultaba fatal conforme

el Reglamento del Colegio CMS, donde

se establece que la única penalidad por

re-inscripción tardía es de US$400.00

adicionales al costo de la matrícula.

k. Ilogicidad manifiesta, pues resultando

un hecho notorio que el presente período

escolar se encuentra en su postrimería, y

366 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

que a esta fecha la mayoría de los centros

educativos nacionales ya han cerrado

sus períodos de inscripción para nuevos

estudiantes, reconoce que el accionado

CMS tiene la referida potestad de

no aceptar la re-matriculación del

alumno “salvaguardando el período

vigente y proveyendo al alumno de los

documentos necesarios para que pueda

escoger algún otro centro educativo”.

Con este razonamiento se subvaloran

los derechos fundamentales del menor

frente a la potestad reglamentaria del

centro educativo, que irrazonadamente

-y en todo caso de forma incorrecta-

la juez a-qua considera “facultad

discresional (sic)”.

l. Y lo más censurable, falsa aplicación

del derecho, pues a pesar de que

hace reconocimiento por cita textual

de los derechos, principios y valores

fundamentales invocados por los

accionantes como fundamento de

su acción (tratamiento igualitario y

sin discriminación injusta, dignidad

educación, interés superior del niño

y prioridad absoluta del menor), en

toda su línea argumentativa brilla por

su ausencia cualquier razonamiento

jurídico en torno a estas instituciones,

excluidas por completo en la motivación

como razones para haber decidido -en

cualquier sentido-.

m. En todo caso, aquí lo más relevante:

¿Debe el menor ser perjudicado

recibiendo un tratamiento desigual a

los demás niños por una situación/

condición atinente a sus padres? No.

El citado artículo 39 de la Constitución

y el Principio IV de la Ley núm. 136-

03 proscriben esa posibilidad con

fundamento en la injusticia que esto

supone.

Lo anterior es precisamente la actua-

ción que se procura corregir de parte

de los accionados, quienes, apelando

a una teoría fáctica improbable, pues

ni siquiera en proceso de sustentación

ante un juez [y en desmedro de cual-

quier concreción posible del principio

de presunción de inocencia], han pre-

ferido olvidar la condición del menor y

la prioridad que supone su protección

a toda costa, aplicándole un trata-

miento especial, desigual y discrimina-

torio en su exclusivo perjuicio. De ahí

la antijuridicidad en la postura de la

Procuraduría General de la República

en sus cartas el veinte (20) de febrero

dos mil diecinueve (2019) y -especial-

mente- diecisiete (17) de abril dos mil

diecinueve (2019).

n. En otras palabras, constatado el

perjuicio que amenaza la estabilidad

y desarrollo del menor ante cualquier

resultado que pueda tener esta

intervención del Ministerio Público,

oponiéndose al pago de su re-

inscripción para el próximo año escolar,

no vale ningún otro argumento como

razón excluyente o autoritativa contra

la protección de la mejor situación en

beneficio del menor, cual es: mantenerse

en CMS, por múltiples razones que

incluso escapan a la consideración

que pueda ser la educación básica de

mayor nivel en el país, sino más bien

referidas a su estabilidad y el desarrollo

de su identidad como elemento cultural

y en las posibilidades de formación

que dicho centro educativo le permiten

continuar en forma progresiva.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 367

o. En la especie, la PGR trata a los pa-

dres del accionante frente a CMS como

personas culpables del delito de lavado

de activos, y que no merecen considera-

ción honorable y digna alguna, cuando

respecto de estos ni siquiera se ha pre-

sentado acusación; siendo lo más censu-

rable la afectación que dicho trato causa

a la estabilidad y a la formación educa-

tiva óptima del menor accionante, pues

en estas circunstancias expuesto a una

inestabilidad e incertidumbre notaria

respecto de su futuro escolar inmedia-

to, todo a propósito de la iniciativa de

la PGR no patrocinadas por normativa

procesal alguna en nuestro país.

p. Vale resaltar: ni la ley núm.155-17 ni

su reglamento de aplicación facultan al

Ministerio Público ni a las demás auto-

ridades que puedan considerarse com-

petentes a los fines de esa normativa, a

tomar iniciativas como la que causa la

presente acción -aún por interpretacio-

nes forzadas o utilizando la analogía-,

quedando claro que en definitiva, se tra-

ta de un hecho arbitrario e injusto, que

se traduce en un abuso de autoridad.

q. Parece ser que al Ministerio Público

no le basta el régimen de medidas de

coerción y de instrucción para la pro-

ducción de pruebas regladas en nuestro

ordenamiento jurídico, procediendo

con una creatividad antijurídica e injus-

ta para los intereses legítimos del menor

accionante, pues resulta una idea indes-

mentible que la consideración del Mi-

nisterio Público, oponiéndose a la reins-

cripción del niño para el próximo año

escolar, podría aplicarse o invocarse en

cualquier otro centro educativo privado

que pueda elegirse para continuar la

educación de JCCE, lo que la expone

como una medida no solo extrajurídica,

sino también arbitraria e irracional.

r. Adviértase que el señor Jean Coni-

lle ha justificado la procedencia de los

fondos para pagar a CMS, con pruebas

fehaciente de su origen y estado banca-

rizado, de donde se sigue que si dicha

justificación no le era válida al Ministe-

rio Público, debía tomar las iniciativas

procesales habilitadas en la normativa

procesal penal (vgr. ampliando la inves-

tigación o considerado incluir terceros

en el expediente, o incluso asistencia ju-

rídica internacional), pero no intervenir

arbitrariamente en la relación escolar

en perjuicio del menor.

s. En fin, el proceder del Ministerio Pú-

blico solo revela un acto de desespera-

ción procesal ante la inexistencia de

pruebas para sostener una acusación,

cuya (sic) plazo para presentación ya se

ha vencido, pero en todo caso, una ac-

tuación extraña al debido proceso, pues

un abuso de las vías y los institutos judi-

ciales vigentes, en perjuicio principal del

menor accionante, JCCE, quien tiene

en el CMS la mejor alternativa para la

continuidad progresiva de su educación

monolingüe en inglés.

5. Hechos y argumentos jurídicos de las

partes recurridas en revisión consti-

tucional en materia de amparo

5.1. Hechos y argumentos jurídicos del

Carol Morgan School

La parte recurrida, Carol Morgan School,

depositó su escrito de defensa, el cuatro (4)

de julio del año dos mil diecinueve (2019),

368 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

mediante el cual solicita que sea rechazado

el recurso de revisión de amparo, alegando,

entre otros motivos, los siguientes:

a. 4.1.- CAROL MORGAN SCHOOL

no actuó de manera arbitraria ni ilegal

sino conforme lo exige el artículo 65 de

la Ley núm.137-11, al abstenerse de

recibir fondos del ahora co-recurrente

señor Jean Edouard Conille Darbouze,

para el pago de la reinscripción de

su hijo menor JCCE, sino que, en su

condición de sujeto obligado, con la

obligación de colaboración oportuna

previstos en los artículos 1, numerales

2 y 24 y 69 literal b de la Ley núm.

155-17 contra el Lavado de Activos y el

Financiamiento del Terrorismo, se limitó

a acatar las instrucciones expresas de la

Procuraduría General de la República,

contenidas en las comunicaciones el

veinte (20) de febrero y diecisiete (17)

de abril del dos mil diecinueve (2019)...

(sic)

b. 4.2.- Los amparistas ahoca

recurrentes no aportaron la prueba de

haber suministrado al Carol Morgan

School la documentación pertinente que

permitiera establecer el origen lícito de

los fondos a pagar para la reinscripción

de su hijo JCCE, encontrándose, en

consecuencia, el Carol Morgan School

ante una imposibilidad material de

inscribir al referido menor, al estar

imposibilitada legalmente, a su vez, de

recibir los fondos de los accionantes

para tales fines, todo en virtud del

principio de que “a lo imposible nadie

está obligado... (sic)

c. 4.3.- Los otrora amparistas y ahora

recurrentes no pueden prevalerse de

sus propias faltas, dejando vencer

el plazo límite del 15 de febrero del

2019, sin haber realizado el pago

de la inscripción de su hijo menor, y

posteriormente, no suministrar al Carol

Morgan School la documentación

pertinente que le solicitó para poder

establecer la fuente lícita de los dineros

que utilizarían para realizar el pago de

la reinscripción de su hijo JCCE exigida

por la autoridad competente y pretender

entonces, que el juez de amparo

declare nulos los requerimientos que la

autoridad competente ha hecho al Carol

Morgan School precisamente a causa

de su ostensible reticencia a proveer la

documentación requerida.

d. 4.4- Es indiscutible que los padres del

menor JCCE con su actitud negligente

y reticente antes descritas violaron su

deber de cooperación, solidaridad,

y participación activa y responsable

contraída con el Carol Morgan School

y su comunidad educativa, y por ende,

quedaron descalificados para enarbolar

el interés superior del niño y su derecho

fundamental a la educación. Admitir lo

contrario, equivaldría a premiar tales

desidias e incumplimientos, en desmedro

de la disciplina escolar, los reglamentos

del centro docente y las prerrogativas

de los demás alumnos y sus padres y

madres que sí los acatan fielmente, para

hacer posible que el proceso educativo

enseñanza-aprendizaje discurra en un

clima sano y armónico…

e. 4.5.- La accionada y ahora recurrida

no impuso ningún requisito ni exigencia

extraordinaria a los accionantes y ahora

recurrentes para admitir la reinscripción

de su hijo menor, que no sean los que

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 369

establecen los reglamentos que rigen

la reinscripción de estudiantes que el

otrora accionante ahora recurrente

aceptó expresamente, suscribiendo la

documentación pertinente y los que

exigió la Procuraduría General de la

República. Respecto de los requisitos

para reinscripción, su razonabilidad

y utilidad son manifiestas y la

potestad legal para instaurarlo está

fundamentada en el artículo 63,

numeral 12 de la Constitución… (sic)

f. Respecto de los requerimientos del

Ministerio Público al Carol Morgan

School, su legalidad es indiscutible y

está consagrada en el artículo 169 de la

Carta Magna...

g. De Consiguiente, es incontestable que,

en el presente caso, no se han vulnerado

ni violado los derechos fundamentales

de igualdad, no discriminación,

dignidad, interés superior del niño y

debido proceso de los accionantes ni de

su hijo menor JCCE y que el Tribunal

a-quo hizo una correcta apreciación

de los hechos y válida aplicación del

derecho, por lo cual procede rechazar

en todas sus partes el presente recurso.

5.1. Hechos y argumentos jurídicos

de la Procuraduría General de la

República

La Procuraduría General de la República,

en su escrito depositado el diez (10) de

junio de dos mil diecinueve (2019), soli-

cita que sea rechazado el presente recurso

interpuesto por la señora María Cristina

Echeverri Díaz y el señor Jean Edouard Co-

nille Dabourze, en representación del me-

nor de edad JCCE, por ser improcedente,

infundado y carente de base legal, alegan-

do, entre otros motivos, lo siguiente:

a. (…) el veinticuatro (24) de mayo

del dos mil diecinueve (2019), los se-

ñores Jean Edouard Conille Darbouze

y María Cristina Echeverri Díaz, a

través de sus abogados constituidos y

apoderados especiales, Licdos. Manuel

Alejandro Rodríguez y Odette Mabel

Troncoso, depositaron el Recurso de

Revisión de la indicada sentencia, en

cuya instancia solicitan la nulidad de

la misma alegando que la Jueza a-qua

incurrió en desnaturalización de los he-

chos, en falta de valoración y desnatu-

ralización de los documentos aportados

al debate como medios de pruebas por

los accionantes, ilogicidad manifiesta y

falsa aplicación del derecho, pero nada

de esas argumentaciones tienen méritos,

si observamos las consideraciones preci-

sas, concisas y contundentes ajustadas

a la Ley y al Derecho y al Razonamien-

to Lógico sobre las cuales la Magistrada

Juez fundamentó su decisión respecto

del caso, entre los cuales esgrime:

a. Que el niño JCCE había perdido la

rematriculación para el próximo año

escolar por vencimiento de la fecha de

la misma ya que había vencido el 15 de

febrero del año en curso.

b. Que en atención a la autonomía que

poseen las instituciones para dictar re-

glamentos, existen requisitos y exigen-

cias tanto para los alumnos como para

sus padres como parte de la comunidad

educativa, que por dicha autonomía es

que las instituciones tienen la libertad

de ponderar o no la permanencia de

algún alumno en el programa del año

escolar correspondiente.

370 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

c. Que el interés o no de aceptar la

re-matriculación de algún alumno pos-

terior al cierre de dicha fecha estableci-

da, cae dentro de la discrecionalidad de

la institución.

d. Que en caso de no re-matriculación,

ésta debe hacerse salvaguardando el pe-

ríodo vigente y proveyendo al alumno

de los documentos necesarios para que

pueda escoger algún otro centro educa-

tivo.”

b. 4.- En la página 4 de su instancia se

refieren al Ministerio Público en el senti-

do, según ellos, de que actuó afectando

el libre desarrollo del menor por el cual

se produjo la acción constitucional de

amparo, utilizando como fundamento

un proceso de investigación contra sus

padres, del cual según ellos, no ha re-

sultado ninguna acusación, en ese sen-

tido mienten y se contradicen porque

en el debate de la causa los accionantes

le declararon a la Juzgadora, que ellos

están bajo investigación por parte del

Ministerio Público por presunta viola-

ción a las Leyes núms.. 137-03 y 155-

17, Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y

Trata de Personas y Lavado de Activos

provenientes de esa actividad ilícita,

por lo cual están cumpliendo el perío-

do establecido por el Noveno Juzgado

de La Instrucción del Distrito Nacio-

nal en etapa del proceso de Medida de

Coerción, mediante su Resolución núm.

0669-2019-SMDC-00167 el veintio-

cho (28) de enero de dos mil diecinue-

ve (2019), (ver anexo No. 1) de este

escrito de defensa, pero además consta

en sus declaraciones vertidas en sus

exposiciones hechas en la audiencia a

petición de la Juzgadora al preguntarle

si a parte de las exposiciones vertidas

por sus abogados en audiencia, desea-

ban exponer algo en el proceso y fueron

sinceros al manifestar que estaban bajo

investigación por la referida violación a

las referidas leyes de trata de personas

y lavado de activos y que aunque están

en libertad tienen colocados por orden

judicial en sus cuerpos, localizadores

electrónicos para que el Ministerio Pú-

blico pueda monitorearlos y darle el

seguimiento correspondiente a sus mo-

vilizaciones.

c. 5.- Pero lo que hay que resaltar en

este escrito de defensa del Ministerio

Público, es lo siguiente: 1.- que en ningún

momento ni mediante documento

alguno el Ministerio Público se ha

opuesto a que el Carol Morgan School

inscriba al menor hijo de los accionantes

para el presente año escolar, lo que por

mandato de la Ley núm. 155-17 Contra

el Lavado de Activos y Financiamiento

del Terrorismo fue el Ministerio Público

le solicitó al Carol Morgan School su

cooperación para que le solicitaran

a los accionantes que mediante

documentación fehaciente justificaran

la procedencia del dinero con el que

fueran a pagar el año escolar de su hijo,

ya que el pago hay que hacerlo por el

año escolar completo y el monto es una

suma considerable y la propia Ley en

su artículos 31 y siguientes expresa

quienes son los sujetos obligados a esa

cooperación colaboración que se le debe

brindar al Ministerio Público cuando

esté realizando una investigación por

violación a la Ley Sobre Lavado de

Activos.(sic)

d. 6.- En ese sentido, la base legal del

Ministerio Público para actuar como

lo hizo frente al Carol Morgan School

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 371

respecto de los accionantes en virtud de

la investigación que está realizando en

su contra por violación a las Leyes núms.

137-03 y 155-17 Sobre Tráfico Ilícito de

Migrantes y Trata de Personas y Contra

Lavado de Activos y Financiamiento

al Terrorismo, respectivamente, por lo

que, el presente recurso de revisión debe

ser rechazado por improcedente, mal

fundado y carente de méritos y base

legal y en consecuencia confirmar en

todas sus partes la sentencia recurrida.

6. Pruebas documentales

Los documentos en el presente recurso

de revisión constitucional de sentencia de

amparo más relevantes depositados son los

siguientes:

1. Copiacerticada de la Sentencia núm.

447-02-2019-SCON-00093, del dieci-

séis (16) de mayo de dos mil diecinueve

(2019), dictada por la Sala Civil del Segun-

do Tribunal de Niños, Niñas y Adolescen-

tes del Distrito Nacional.

2. Copiadelociodefechadiecisiete(17)

de mayo de dos mil diecinueve (2019), de

la Unidad de Recepción e información de la

Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescen-

tes del Distrito Nacional.

3. Copiadelociodefechadiecisiete(17)

de mayo de dos mil diecinueve (2019), de

la Unidad de Recepción e información de la

Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescen-

tes del Distrito Nacional.

4. Acto núm. 538/2019, del veintisie-

te (27) de mayo de dos mil diecinueve

(2019), instrumentado por el ministerial

Diego de Peña Moris, alguacil de estrados

de la Jurisdicción de Niños, Niñas y Ado-

lescentes del Distrito Nacional.

5. Copiadelociodefechaveintisiete(27)

de mayo de dos mil diecinueve (2019), de

la Secretaría General de la Jurisdicción de

Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito

Nacional.

6. Copia de la comunicación de fecha vein-

te (20) de febrero de dos mil diecinueve

(2019), de la Procuraduría General de la

República, suscrita por el Lic. Luis Gonzá-

lez, titular de la Procuraduría Especializada

Antilavado de Activos y Financiamiento al

Terrorismo.

7. Copia de la comunicación de fecha die-

cisiete (17) de abril de dos mil diecinueve

(2019), de la Procuraduría General de la

República, suscrita por el Lic. Luis Gonzá-

lez, titular de la Procuraduría Especializada

Antilavado de Activos y Financiamiento al

Terrorismo.

8. Copia del escrito de acción de amparo

interpuesta el veintiséis (26) de abril de

dos mil diecinueve (2019), por la señora

María Cristina Echeverri Díaz y el señor

Jean Edouard Conille Dabourze, en

representación del niño JCCE, contra el

Ministerio Público y Carol Morgan School.

II. CONSIDERACIONES Y

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

7. Síntesisdelconicto

7.1. Conforme a la documentación depo-

sitada en el expediente y a los hechos invo-

cados por las partes, en la especie se trata

de que el centro educativo Carol Morgan

372 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

School, donde se encuentra matriculado el

niño JCCE, se niega a recibir el pago co-

rrespondiente a la rematriculación del re-

ferido niño para año escolar 2019-2020.

Esta negativa se debe a las instrucciones

dadas por Ministerio Público a través de las

comunicaciones de veinte (20) de febrero y

diecisiete (17) de abril de dos mil diecinue-

ve (2019), mediante las cuales la Procura-

duría Especializada Antilavado de Activos y

Financiamiento al Terrorismo le advierte al

Carol Morgan School que, como sujeto obli-

gado bajo la Ley núm. 155-17, debe abste-

nerse de recibir pagos de los señores Jean

Edouard Conille Dabourze y María Cristina

Echeverri Díaz, padres del niño JCCE, quie-

nes están siendo investigados por los ilícitos

de proxenetismo y lavado de activos.

7.2. Luego de varias comunicaciones infruc-

tíferas entre Jean Edouard Conille Dabourze

yelCarolMorganSchool,andelograrlare-

matriculación de su hijo, la señora María Cris-

tina Echeverri Díaz y el señor Jean Edouard

Conille Dabourze, en su calidad de padres

del referido niño JCCE, interpusieron una

acción de amparo ante la Sala Civil del Segun-

do Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes

del Distrito Nacional, la cual fue rechazada

mediante Sentencia núm. 447-02-2019-

SCON-00093, de dieciséis (16) de mayo del

año dos mil diecinueve (2019).

7.3. No conforme con lo decidido, ambos

padres, en representación de su hijo menor

de edad JCCE, apoderaron a este tribunal

constitucional del recurso de revisión de

sentencia de amparo que nos ocupa.

8. Competencia.

Este tribunal es competente para conocer

del presente recurso de revisión constitu-

cional en materia de amparo, en virtud de lo

que dispone el artículo 185.4 de la Consti-

tución y el artículo 94 de la Ley núm. 137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y

de los Procedimientos Constitucionales, del

trece (13) de junio de dos mil once (2011).

9. Admisibilidad del presente recurso

de revisión constitucional en mate-

ria de amparo.

Previo a decidir sobre la admisibilidad del

presente recurso es menester analizar los

medios de inadmisión planteados por la

parte recurrida:

9.1. De acuerdo con las disposiciones del

artículo 94 de la Ley núm. 137-11, todas

las sentencias emitidas por el juez de ampa-

ro sólo son susceptibles de ser recurridas

en revisión y en tercería.

9.2. El presente caso se contrae a una revi-

sión de amparo interpuesta contra la Sen-

tencia núm. 447-02-2019-SCON-00093,

del dieciséis (16) de mayo de dos mil dieci-

nueve (2019), dictada por la Sala Civil del

Segundo Tribunal de Niños, Niñas y Ado-

lescentes del Distrito Nacional, la cual re-

chazó la acción de amparo interpuesta por

JCCE, menor de edad representado por

sus padres, la señora María Cristina Eche-

verri Díaz y el señor Jean Edouard Conille

Dabourze, contra el Ministerio Público y el

Carol Morgan School.

9.3. La Ley núm. 137-11, s, dispone en

su artículo 95: El recurso de revisión se in-

terpondrá mediante escrito motivado a ser

depositado en la Secretaría del juez o tribu-

nal que rindió la sentencia, en un plazo de

cinco días contados a partir de la fecha de

su notificación.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 373

9.4. Con respecto al plazo previsto por el

indicado artículo 95, este tribunal estable-

ció en la Sentencia TC/0080/12, emiti-

da el quince (15) de diciembre de dos mil

doce (2012), que el referido plazo es de

cinco (5) días hábiles y que, además, es un

plazo franco, es decir, que al momento de

establecerlo no se toman en consideración

los días no laborables, ni el día en que es

hechalanoticación,niaquelenelcualse

produce el vencimiento del indicado plazo.

Dicho precedente ha sido reiterado en las

sentencias TC/0061/13, TC/0071/13,

TC0132/13, TC/0137/14 y

TC/0199/14, del diecisiete (17) de abril

de dos mil trece (2013); siete (7) de mayo

de dos mil trece (2013), dos (2) de agosto

de dos mil trece (2013), ocho (8) de julio

de dos mil catorce (2014) y veintisiete (27)

de agosto de dos mil catorce (2014), res-

pectivamente.

9.5. En la especie, se ha podido compro-

bar que la parte hoy recurrente, JCCE, me-

nor de edad representado por sus padres,

la señora María Cristina Echeverri Díaz y

el señor Jean Edouard Conille Dabourze,

fue noticada de la sentencia objeto del

recursomedianteociodeldiecisiete(17)

de mayo de dos mil diecinueve (2019), de

la Unidad de Recepción e información de

la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adoles-

centes del Distrito Nacional; recibido por

su abogada la Licda. Odette Troncoso; y

que posteriormente presentó su recurso

de revisión ante la Secretaría General del

Tribunal Superior Administrativo el veinti-

cuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve

(2019), es decir, dentro del plazo exigido

por el artículo 95 de la Ley núm. 137-11.

9.6. Por otra parte, respecto al requisito

contenido en el artículo 96 de la Ley núm.

137-11, consistente en hacer constar de

forma clara y precisa los agravios causados

por la decisión impugnada, hemos de consi-

derar que en el análisis de la instancia con-

tentivadelrecursoesposiblevericarque

la parte recurrente expresa que la referida

decisión incurre en múltiples vicios, entre

los cuales señala: desnaturalización de los

hechos, falta de valoración y desnaturaliza-

ción de documentos relevantes aportados

al debate como medio de pruebas, ilogici-

dadmaniestayfalsaaplicacióndeldere-

cho; lo cual apunta a violaciones al derecho

fundamental a una debida motivación de las

decisiones, de manera que cumple con lo

exigido en la mencionada disposición.

9.7. De igual manera, el artículo 100 de

la referida ley núm. 137-11 establece los

criterios para la admisibilidad del recurso

de revisión de sentencia de amparo, su-

jetándola a que la cuestión de que se trate

entrañe una especial trascendencia o rele-

vancia constitucional. En efecto, dicho artí-

culo faculta al Tribunal Constitucional para

apreciar dicha trascendencia o relevancia

constitucional, atendiendo a la importancia

del caso para la interpretación, aplicación y

generalecaciadeltexto constitucional,o

para determinar el contenido, alcance y la

concreta protección de los derechos funda-

mentales.

9.8. Para la aplicación del referido artícu-

lo100,estetribunaljósuposiciónenla

Sentencia TC/0007/12, del veintidós

(22) de marzo de dos mil doce (2012), es-

tableciendo que la mencionada condición

de admisibilidad:

sólo se encuentra configurada, entre

otros supuestos, 1) que contemplen con-

flictos sobre derechos fundamentales

374 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

respecto a los cuales el Tribunal Cons-

titucional no haya establecido criterios

que permitan su esclarecimiento; 2) que

propicien, por cambios sociales o nor-

mativos que incidan en el contenido de

un derecho fundamental, modificacio-

nes de principios anteriormente deter-

minados; 3) que permitan al Tribunal

Constitucional reorientar o redefinir

interpretaciones jurisprudenciales de

la ley u otras normas legales que vul-

neren derechos fundamentales; 4) que

introduzcan respecto a estos últimos un

problema jurídico de trascendencia so-

cial, política o económica cuya solución

favorezca en el mantenimiento de la su-

premacía constitucional.

9.9. En el caso de la especie, el Tribunal

Constitucional considera que el presen-

te recurso de revisión constitucional de

sentencia de amparo tiene relevancia y

trascendencia constitucional ya que el co-

nocimiento de su fondo le permitirá re-

forzar los criterios relativos al deber de

motivación de los tribunales al momento de

adoptarsusdecisiones,asícomorearmar

y continuar desarrollando el contenido y el

alcance del derecho fundamental a la edu-

cación y el principio del interés superior

del niño.

10. Sobre el fondo del recurso de revi-

sión constitucional en materia de

amparo

10.1. Previo a entrar en el análisis del fon-

do del presente recurso, nos referiremos al

plazo previsto para el depósito del escrito

de defensa. En este orden, el artículo 98 de

la Ley núm. 137-11 establece: Escrito de

defensa. En el plazo de cinco días contados

a partir de la notificación del recurso, las

demás partes en el proceso depositarán en

la Secretaría del juez o tribunal que rindió

la sentencia, su escrito de defensa, junto con

las pruebas que lo avalan. Como se obser-

va,ellegisladornodeniólanaturalezadel

indicado plazo, como tampoco lo hizo en

relación con el plazo para recurrir la sen-

tencia de amparo.

10.2. En cuanto a la naturaleza del referido

plazo, este tribunal constitucional ha esta-

blecido en sus Sentencias TC/0147/14,

del nueve (9) de julio de dos mil catorce

(2014), y TC/0222/15, del diecinueve

(19) de agosto de dos mil quince (2015),

lo siguiente:

b. El plazo de cinco (5) días para

recurrir las sentencias de amparo está

consagrado en el artículo 95 de la

Ley núm. 137-11, texto según el cual:

Interposición. El recurso de revisión se

interpondrá mediante escrito motivado

a ser depositado en la secretaría del

juez o tribunal que rindió la sentencia,

en un plazo de cinco días contados a

partir de la fecha de su notificación. La

naturaleza de este plazo fue definida

por este tribunal en las Sentencias

TC/0080/12 y TC/0071/13 del quince

(15) de diciembre de dos mil doce

(2012) y siete (7) de mayo de dos mil

trece (2013), respectivamente. Mediante

las indicadas sentencias se estableció

que se trataba de un plazo franco y

que los cinco (5) días eran hábiles, no

calendarios.

c. Lo decidido en las indicadas

sentencias es aplicable al plazo de cinco

(5) días previsto en el artículo 98 de la

Ley núm. 137-11 para el depósito del

escrito de defensa, en virtud de que las

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 375

partes en el proceso deben ser tratadas

con estricto respeto al principio de

igualdad consagrado en el artículo 69.4

de la Constitución, texto según el cual

dichas partes tienen: “4) El derecho a un

juicio público, oral y contradictorio, en

plena igualdad y con respeto al derecho

de defensa”.

10.3. Conforme a la documentación del

presente caso el recurso de revisión le fue

noticadoalcentroeducativo Carol Mor-

gan School, y a su abogado el Licdo. José

de Jesús Bergés M., mediante Acto núm.

538/2019, de veintisiete (27) de mayo de

dos mil diecinueve (2019), mientras que

su escrito de defensa fue depositado en la

secretaría de ese tribunal que dictó la Sen-

tencia recurrida el día cuatro (4) de julio

de dos mil diecinueve (2019). De ahí que

se pueda establecer entre la fecha de noti-

cación del recurso hasta el depósito del

referido escrito de defensa transcurrió más

de un mes. Sin embargo, el referido acto de

noticaciónnopuedetomarsecomopunto

de partida del plazo dispuesto en el artículo

98 de la Ley núm. 137-11, pues contiene

una nota donde el alguacil actuante indica:

Este acto la faltó la página del 16 al 22, que

incluye las conclusiones del presente recurso

de revisión.

10.4. Ante tal situación, es evidente que

elpresenterecursonofuenoticado ínte-

gramente al Carol Morgan School, lo que

resultaba necesario para que dicha parte

quedara en condiciones para ejercer efecti-

vamente su derecho de defensa. En vista de

lo anterior, y ante la imposibilidad de esta-

blecer por otros medios el punto de partida

del plazo dispuesto en el artículo 98 de la

Ley núm. 137-11 para el depósito de su

escrito de defensa, este tribunal considera-

rá que el mismo fue depositado en tiempo

hábil.

En cuanto al fondo del recurso, el Tribunal

Constitucional expone los siguientes razo-

namientos:

10.5. El presente caso se contrae a un re-

curso de revisión de sentencia de amparo

interpuesto contra la Sentencia núm. 447-

02-2019-SCON-00093, de dieciséis

(16) de mayo del año dos mil diecinueve

(2019), dictada por la Sala Civil del Segun-

do Tribunal de Niños, Niñas y Adolescen-

tes del Distrito Nacional, mediante la cual

fue rechazada la acción de amparo inter-

puesta por JCCE, menor de edad represen-

tado por sus padres, la señora María Cristi-

na Echeverri Díaz y el señor Jean Edouard

Conille Dabourze, en representación del

niño JCCE contra el Ministerio Público y el

Carol Morgan School.

10.6. La parte recurrente, JCCE, menor de

edad representado por sus padres, la seño-

ra María Cristina Echeverri Díaz y el señor

Jean Edouard Conille Dabourze, solicita

en su recurso de revisión que sea anulada

la sentencia recurrida, fundamentando su

pedimento en que, según alega, fueron vio-

lados derechos y principios fundamentales

entre los que señala el derecho a la igualdad

y a la no discriminación injusta, el interés

superior del niño, y prioridad absoluta de

los derechos del menor y el derecho al de-

bido proceso, indicando que el tribunal de

amparo incurrió en múltiples vicios que ha-

cen anulable su sentencia, entre estos: des-

naturalización de los hechos, falta de valo-

ración y desnaturalización de documentos

relevantes aportados al debate como medio

deprueba,ilogicidadmaniestayfalsaapli-

cación del derecho.

376 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

10.7. Al examinar los alegatos del re-

currente se advierte que sus argumentos

contra la sentencia recurrida reeren a

alegados vicios que vulneran el derecho a

una debida motivación. En tal sentido, es

preciso determinar si la sentencia recurri-

daadolecedeinsucientemotivación,por

lo que procede que el Tribunal someta la

decisión al test instituido en la Sentencia

TC/0009/13 del once (11) de febrero de

dos mil trece (2013), en la que se estable-

cen los estándares o requisitos que debe

reunir toda decisión jurisdiccional para

considerarse debidamente motivada. Estos

requisitos o estándares son: 1) Desarrollar

de forma sistemática los medios en que

fundamentan sus decisiones; 2) exponer de

forma concreta y precisa cómo se producen

la valoración de los hechos, las pruebas y el

derecho que corresponde aplicar; 3) mani-

festar las consideraciones pertinentes que

permitan determinar los razonamientos en

que se fundamenta la decisión adoptada;

4) evitar la mera enunciación genérica de

principios o la indicación de las disposicio-

nes legales que hayan sido violadas o que

establezcan alguna limitante en el ejercicio

de una acción, y 5) asegurar que la funda-

mentación de los fallos cumpla la función

de legitimar las actuaciones de los tribuna-

les frente a la sociedad a la que va dirigida la

actividad jurisdiccional.

10.8. Sobre el particular, el análisis rea-

lizado a la Sentencia núm. 447-02-2019-

SCON-00093, permite vericar que el

tribunal de amparo, al rechazar la acción de

amparo de la cual se encontraba apodera-

do, se limitó a citar documentos, disposi-

ciones normativas y hechos a partir de los

alegatos de las partes, a excepción de las

consideraciones vertidas especícamente

en los numerales 31, 32 y 33, páginas 33 y

34 de la decisión cuestionada, donde expo-

nía lo siguiente:

31. Que el Carol Morgan School, como

institución privada posee reglamentos

internos y discrecionalidad para

establecer reglas que permitan el

buen desenvolvimiento de la vida

académica en sentido general para

todo el alumnado que pertenece a dicho

centro educativo, lo que permite a su vez

mantener la convivencia entre todas las

personas que conforman la comunidad

educativa.

32. Que en atención a la mencionada

autonomía que poseen las instituciones

para dictar sus reglamentos, es que

existen requisitos y exigencias tanto

para los alumnos como para los padres

como parte de la comunidad educativa.

Que por dicha autonomía es que las

instituciones tienen la libertad de

ponderar o no la permanencia de algún

alumno en el programa del año escolar

correspondiente. Que en la especie

resulta un hecho no controvertido

para esta sala que el periodo de re

matriculación para el menor de edad

JCCE en el Carol Morgan School, había

vencido en fecha 15 de febrero de 2019,

cuando aún no habían sido emitidas

las comunicaciones de la Procuraduría

General de la República en fecha 20 de

febrero y 17 de abril de 2019, y que el

interés o no aceptar la re matriculación

de algún alumno posterior al cierre

de dicha fecha cae dentro de la

discrecionalidad de la institución.

33. Que, amén de las obligaciones

asignadas al Carol Morgan School

como sujeto obligado, la negativa a

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 377

aceptar la re matriculación es una

posibilidad reconocida a los centros

educativos. Igualmente, de manera

específica se le comunicó a los padres que

el menor de edad JCCE había perdido

la re matriculación para el próximo año

escolar, por vencimiento de la fecha de

la misma. Que, nada impide que, en

su legítimo derecho de admisión estos

opten por no matricular para un año

posterior algún alumno, sin que esto

constituya una discriminación, dado

que, si bien los padres pueden optar por

cualesquiera de los centros educativos

que existen dentro del territorio nacional

para que se encargue de la educación de

sus hijos, dicha elección válidamente

puede estar precedida de unos

requisitos de admisión y de la libertad

que tienen los colegios de demandar el

cumplimiento de la exigencias prescritas.

Lo que sí es posible, es que, en caso de

no re matriculación, esta debe hacerse

salvaguardando el periodo escolar

vigente y proveyendo al alumno de los

documentos necesarios para que pueda

escoger algún otro centro educativo.

10.9. Este tribunal constitucional conside-

ra que la Sala Civil del Segundo Tribunal

de Niños, Niñas y Adolescentes del Dis-

trito Nacional, en la Sentencia núm. 447-

02-2019-SCON-00093 anteriormente

descrita, no desarrolla de forma sistemática

los medios en que fundamenta su decisión,

que es el primer requisito del test de moti-

vación, puesto que a quo se limita a reducir

elconictodelcualestabaapoderadoaun

hecho no controvertido, especícamente,

al hecho de que el período de rematricu-

lación para el menor de edad JCCE en el

Carol Morgan School, había vencido el

quince (15) de febrero de dos mil diecinue-

ve(2019), obviando que el conictosub-

yacente por el cual se interpone la acción

de amparo es la negativa del Carol Morgan

School a recibir el pago correspondiente

a la rematriculación del referido niño para

año escolar 2019-2020; negativa que se

produce a raíz de las instrucciones dadas

por Ministerio Público a través de las co-

municaciones de veinte (20) de febrero y

diecisiete (17) de abril de dos mil diecinue-

ve (2019), mediante las cuales la Procura-

duría Especializada Antilavado de Activos

y Financiamiento al Terrorismo le advierte

al Carol Morgan School que, como sujeto

obligado bajo la Ley núm. 155-17, debe

abstenerse de recibir pagos de los señores

Jean Edouard Conille Dabourze y María

Cristina Echeverri Díaz, padres del niño

JCCE, cuestión que la sentencia recurrida

solo señala de manera sucinta, evitando

cualquier desarrollo motivacional o valora-

ción al respecto.

10.10. En conexión con lo anterior, vale

decir que si bien no es controvertido entre

las partes que los padres del niño JCCE no

completaron el proceso de rematriculación

para el año escolar 2019-2020 dentro del

plazo establecido, el tribunal de amparo in-

currió en los vicios señalados por la parte

recurrente en el sentido de que la desna-

turalización los hechos y las pruebas apor-

tadas, pues tanto en las comunicaciones

vía correo electrónico entre el señor Jean

Edouard Conille Dabourze y el Carol Mor-

gan School, como en la reglamentación

interna de dicha institución educativa se

establece que dichos padres no estaban

impedidos de completar la rematriculación

del niño después de la fecha límite, sino

que esta sería considerada según el espacio

disponible y conforme a los lineamientos

378 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

regulares de admisión, incurriendo en un

costo adicional por matriculación tardía.

De manera que tampoco hay una exposi-

ción clara de cómo se produce la valoración

de los hechos y las pruebas, ni es posible

determinar los razonamientos en los cuales

se fundamenta la decisión al omitir referirse

alconictoprincipalinvocadoporlaparte

accionante, limitándose a la enunciación

genérica de disposiciones legales y cons-

titucionales anes, solapando la debida

tutela del invocado derecho a la educación,

el derecho a la dignidad y el principio del

interéssuperiordelniño.Endenitiva, es

evidente que la decisión examinada no sa-

tisface los requisitos del test de motivación;

por ende, dado el incumplimiento de los

anteriores requisitos, la decisión recurrida

no contiene una fundamentación que cum-

pla con la función de legitimar las actuacio-

nes de los tribunales frente a la sociedad.

10.11. En vista de lo anterior, se advierte

que la Sala Civil del Segundo Tribunal de

Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito

Nacional no ha motivado adecuadamente

la decisión objeto del presente recurso,

puesto que rechazó la acción de amparo sin

aportar razonamientos sucientes que le

llevaran a concluir que no ha existido vul-

neración de los derechos fundamentales de

laparterecurrente,porloquenoseverica

que el tribunal a quo haya cumplido en la

especie, con su obligación de realizar una

debida motivación, apegada a los criterios

anteriormente denidos por el Tribunal

Constitucional.

10.12. Por las razones expuestas, este

tribunal procede a acoger el fondo del re-

curso, revocar la Sentencia núm. 447-02-

2019-SCON-00093, objeto del presente

recurso de revisión constitucional, para

conocer la acción de amparo; esto así, por

aplicación del precedente establecido por

la Sentencia TC/0071/13, del siete (7)

de mayo de dos mil trece (2013), que, en

observación de los principios de celeridad,

efectividadyociosidad,consagradosenel

artículo 7 de la Ley núm. 137-11, y susten-

tado en el principio de autonomía procesal,

instituyó la prerrogativa de este colegiado

de conocer la acción de amparo sometida,

en los casos en que, luego de examinar el

fallo dado por el juez de amparo, se amerite

revocar la sentencia recurrida en revisión

constitucional.

10.13. Adentrándonos en el conocimien-

to de la acción de amparo, se observa que

la parte accionante arguye que el Ministe-

rio Público y Carol Morgan School están

violando los siguientes principios y dere-

chos de carácter fundamental: derecho a

la igualdad y a la no discriminación injusta;

derecho a la dignidad; principio del interés

superior del niño, prioridad absoluta de

los derechos del menor y derecho al debido

proceso; todos en perjuicio del niño JCCE,

por vía del impedimento de reinscripción

para el año escolar 2019-2020, en su ac-

tual colegio desde el año 2015, lo que

consideran una medida arbitraria e injusta

motivada en una condición de sus padres.

10.14. Lo anterior se enmarca dentro de

los términos del artículo 72 de la Consti-

tución de la República, que establece lo si-

guiente:

Toda persona tiene derecho a una acción

de amparo para reclamar ante los

tribunales, por sí o por quien actúe en su

nombre, la protección inmediata de sus

derechos fundamentales, no protegidos

por el hábeas corpus, cuando resulten

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 379

vulnerados o amenazados por la

acción o la omisión de toda autoridad

pública o de particulares, para hacer

efectivo el cumplimiento de una ley o

acto administrativo, para garantizar

los derechos e intereses colectivos y

difusos. De conformidad con la ley, el

procedimiento es preferente, sumario,

oral, público, gratuito y no sujeto a

formalidades.

10.15. Es importante enfatizar que el ac-

cionante que acude en procura de tutela

de sus derechos fundamentales es el niño

JCCE, representado por sus padres María

Cristina Echeverri Díaz y Jean Edouard

Conille Dabourze. Al respecto, el artículo

325 de la Ley núm. 136-03, que crea el

Código para el Sistema de Protección y los

Derechos Fundamentales de Niños, Niñas

y Adolescentes, establece sobre el derecho

al recurso de amparo que

Todo niño, niña y adolescente tiene

derecho a interponer ante el Tribunal de

Niños, Niñas y Adolescentes un recurso de

amparo, cada vez que se sienta lesionado

en el ejercicio de un derecho consagrado

y protegido por la Constitución, tratados

internacionales y este código, a cuyos

fines procederá conforme a los plazos y

procedimientos establecidos para dicho

recurso en el derecho común.

Respecto a esta acción, el artículo 65 de la

Ley núm. 137-11, establece:

La acción de amparo será admisible

contra todo acto omisión de una auto-

ridad pública o de cualquier particular,

que en forma actual o inminente y con

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta

lesione, restrinja, altere o amenace los

derechos fundamentales consagrados

en la Constitución, con excepción de los

derechos protegidos por el hábeas cor-

pus y el hábeas data.”

10.16. En ese orden, la acción de amparo

quenos ocupafueinterpuestaa losnes

de que se deje sin efecto todo acto o me-

dida que impida la recepción del pago de

la reinscripción del accionante en Carol

Morgan School para el período escolar

2019-2020 especialmente las comuni-

caciones del Ministerio Público del veinte

(20) de febrero dos mil diecinueve (2019)

y diecisiete (17) de abril dos mil dieci-

nueve (2019), y en consecuencia, que se

ordene a Carol Morgan School y sus re-

presentantes, a no imponer requisitos ni

exigencias extraordinarias a los padres del

niño accionante como condición para eje-

cutar su reinscripción, aceptando el pago

correspondiente.

10.17. Más allá de un relato circunstan-

ciado de los hechos, conviene recalcar

que la causa específica de la acción de

amparo es que el centro educativo Ca-

rol Morgan School donde se encuentra

matriculado desde hace varios años el

niño JCCE, se niega a recibir el pago

correspondiente a su matriculación para

el año escolar 2019-2020, impidiendo

con esto su continuidad en dicho centro

educativo para ese período. La negativa

del Carol Morgan School se debe a que

el Ministerio Público, a través de la Pro-

curaduría Especializada Antilavado de

Activos y Financiamiento al Terrorismo,

mediante las comunicaciones de veinte

(20) de febrero y diecisiete (17) de abril

de dos mil diecinueve (2019) le advirtió

al Carol Morgan School que, como su-

jeto obligado bajo la Ley núm. 155-17,

380 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

debía abstenerse de recibir pagos de los

señores Jean Edouard Conille Dabourze

y María Cristina Echeverri Díaz, padres

del niño JCCE, quienes estaban siendo

investigados por los ilícitos de proxe-

netismo y lavado de activos, hasta tanto

presentaran la documentación pertinen-

te que permita establecer y justifique que

sus fuentes de ingresos provienen de ac-

tividades lícitas.

10.18. Antetalrequerimiento,y a n de

completar los requerimientos para la reins-

cripción del niño JCCE para el año escolar

2019-2020, se produjeron varias comu-

nicaciones vía correo electrónico entre el

señor Jean Edouard Conille Dabourze, pa-

dre del niño, y el señor Fracisco Rodríguez,

representante del Carol Morgan School, en

cuya última comunicación, del diecisiete

(17) de abril de dos mil diecinueve (2019)

le comunicaba lo siguiente:

A solicitud de la Procuraduría General

de la República, procedimos a entregarle

la documentación pertinente a las

transacciones de su familia, adicional a

la documentación enviada en su último

email. Lamentamos informarles que

hemos sido requeridos, a abstenernos

de recibir pagos de parte de ustedes. Por

favor refiérase a la carta anexa de la

Procuraduría General de la República,

fechada 17 de abril del 2019 (hoy),

relacionada con su caso.

10.19. En virtud de lo anterior, corres-

ponde a este tribunal determinar si la

oposición del Ministerio Público y, por

vía de consecuencia, la negativa del Carol

Morgan School de recibir el pago corres-

pondiente para la matriculación del niño

JCCE para el año escolar 2019-2020,

constituye una transgresión de sus dere-

chos fundamentales.

10.20. Es importante destacar, que la

solicitud hecha por el Ministerio Público

al Carol Morgan School, instruyéndole a

abstenerse de recibir el pago en cuestión,

se produce señalándole como sujeto obli-

gado en virtud de la Ley núm. 155-17, la

cualen su artículo 33, denelossujetos

obligadosno nancieros señalando lo si-

guiente:

. - Sujetos obligados no financieros. Se

consideran sujetos obligados no finan-

cieros las personas físicas o jurídicas

que ejerzan otras actividades profesio-

nales, comerciales o empresariales que

por su naturaleza son susceptibles de

ser utilizadas en actividades de lavado

de activos y financiamiento del terroris-

mo. Se considerarán como tales:

a. Los casinos de juego, juego de azar,

bancas de lotería o apuestas y concesio-

narios de lotería y juego de azar.

b. Empresas de factoraje.

c. Agentes inmobiliarios cuando estos

se involucran en transacciones para sus

clientes concernientes a la compra y ven-

ta de bienes inmobiliarios.

d. Comerciantes de metales preciosos,

piedras preciosas y joyas.

e. Los abogados, notarios, contadores,

y otros profesionales jurídicos, cuando

se disponen a realizar transacciones o

realizan transacciones para sus clientes,

sobre las siguientes actividades:

1. Compra, venta o remodelación de in-

muebles.

2. Administración del dinero, valores u

otros bienes del cliente.

3. Administración de las cuentas

bancarias, de ahorros o valores.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 381

4. Organización de contribuciones para

la creación, operación o administración

de empresas.

5. Creación, operación o administración

de personas jurídicas u otras estructuras

jurídicas, y compra y venta de entidades

comerciales.

6. La constitución de personas

jurídicas, su modificación patrimonial,

por motivo de aumento o disminución

de capital social, fusión o escisión, así

como la compra venta de acciones y

partes sociales;

7. Actuación como agente de creación de

personas jurídicas.

8. Actuación (o arreglo para que

otra persona actúe) como director o

apoderado de una sociedad mercantil,

un socio de una sociedad o una posición

similar con relación a otras personas

jurídicas.

9. Provisión de un domicilio registrado,

domicilio comercial o espacio físico,

domicilio postal o administrativo para

una sociedad mercantil, sociedad

o cualquier otra persona jurídica o

estructura jurídica.

10. Actuación o arreglo para que una

persona actúe como un accionista

nominal para otra persona.

f) Las empresas o personas físicas que

de forma habitual se dediquen a la

compra y venta de vehículos, de armas

de fuego, barcos y aviones, vehículos de

motor.

g) Casas de empeños.

h) Empresas constructoras.

Párrafo. - Reglamentariamente, el Comité

Nacional contra el Lavado de Activos po-

drá incluir como sujetos obligados, a quie-

nes realicen otras actividades no incluidas

en la presente ley y que se consideren que

presenten riesgos de lavado de activos y

financiamiento del terrorismo y, como tal,

deban contar con mitigadores para impedir

que sean utilizadas para dichas actividades

ilícitas.

10.21. Como se aprecia, el Carol Mor-

gan School es una institución educativa

que no se encuentra identicada dentro

de las características que la referida ley

dene para ser considerada sujeto obli-

gado, salvo que, por vía reglamentaria el

Comité Nacional contra el Lavado de Ac-

tivos decidiera incluirle como tal, como lo

indicael párrafo nal delartículocitado.

No obstante, el Carol Morgan School,

reconociendo la autoridad del Ministe-

rio Público como órgano del sistema de

justicia responsable de la formulación e

implementación de la política del Estado

contra la criminalidad1, actuó conforme

al requerimiento hecho por dicha autori-

dad por medio de las comunicaciones de

veinte (20) de febrero y diecisiete (17) de

abril de dos mil diecinueve (2019).

10.22. En este orden, es pertinente seña-

lar que la comunicación del veinte (20) de

febrero de dos mil diecinueve (2019), de la

Procuraduría General de la República, sus-

crita por el Lic. Luis González, titular de

la Procuraduría Especializada Antilavado

de Activos y Financiamiento al Terroris-

mo; dirigida al señor Francisco Rodríguez,

gerente administrativo del Carol Morgan

School, expresa lo siguiente:

Es en virtud de las disposiciones ante-

riores, y sin desmedro de los derechos

constitucionales que protegen el derecho

1 Constitución dominicana. Artículo 169.

382 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

a la educación del menor2 y tomando en

cuenta la investigación sobre lavado de

activos en curso contra los señores Jean

Edouard Conille Darbouze y María

Cristina Echeverri Díaz que tenemos a

bien solicitarles que activen los meca-

nismos de control establecidos en la Ley

núm. 155-17 detallados anteriormente.

En particular, se les requiere que nos

informen en la forma que indicamos

sobre los valores recibidos previamente

por esa institución educativa por par-

te de los entes investigados, y que de

estos pretender realizar nuevos pagos

soliciten previamente documentación

justificativa y de origen lícito, exigiendo

e indicando el comercio preciso junto a

la documentación oficial que acredite

el origen de los fondos utilizados para

ello, procediendo a informar y enviar

al Ministerio Público la misma, sin limi-

tantes ni demora, de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 56 de la Ley Núm.

155-17.

10.23. Igualmente, la comunicación del

diecisiete (17) de abril de dos mil diecinue-

ve (2019), de la Procuraduría General de la

República, suscrita por el Lic. Luis Gonzá-

lez, titular de la Procuraduría Especializa-

da Antilavado de Activos y Financiamiento

al Terrorismo; dirigida al Carol Morgan

School, con atención al señor Francisco

Rodríguez,expresaensupárrafonal:

En consecuencia, esta Procuraduría

Especializada de Antilavado de Activos

y Financiamiento del Terrorismo

les informa que sin desmérito de los

derechos constitucionales que protegen

2 Subrayado nuestro.

el derecho a la educación del menor3

y tomando en cuenta la investigación

en curso sobre la lavado de activos

en contra de los señores Jean Conielle

y María Cristina Echeverrí, Carol

Morgan School debe abstenerse de

recibir pagos conforme lo formulado en

nuestra misiva de fecha 20 de febrero

de 2019 y la ley ley 155-17 contra el

Lavado de Activos y el Financiamiento

del Terrorismo, hasta tanto los

mencionados señores presenten la

documentación pertinente que permita

establecer y justifique que sus fuentes

de ingresos provienen de actividades

lícitas.” (sic)

10.24. En el contenido de ambas comu-

nicaciones, destaca que el propio Minis-

terio Público enfatiza que estas diligen-

cias requeridas al Carol Morgan School,

deben llevarse a cabo sin desmedro de

los derechos constitucionales que prote-

gen el derecho a la educación del menor.

En tal sentido, es pertinente señalar que

el derecho a la educación adquiere una

significación especial cuando se trata de

niños, niñas y adolescentes, por fuerza

del interés superior que el artículo 56 de

la Constitución establece para la tutela

reforzada de sus derechos, disponiendo

lo siguiente: “Protección de las personas

menores de edad. La familia, la sociedad

y el Estado, harán primar el interés supe-

rior del niño, niña y adolescente; tendrán

la obligación de asistirles y protegerles

para garantizar su desarrollo armónico

e integral y el ejercicio pleno de sus de-

rechos fundamentales, conforme a esta

Constitución y las leyes.

3 Subrayado nuestro.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 383

10.25. En consonancia con lo anterior,

el Principio V de la Ley núm. 136-03 es-

tablece:

El principio del interés superior del

niño, niña o adolescente debe tomarse

en cuenta siempre en la interpretación

y aplicación de este código y es de obli-

gatorio cumplimiento en todas las deci-

siones que les sean concernientes. Busca

contribuir con su desarrollo integral

y asegurar el disfrute pleno y efectivo

de sus derechos fundamentales. Para

determinar el interés superior del niño,

niña y adolescente, en una situación

concreta, se debe apreciar: La opinión

del niño, niña y adolescente; La nece-

sidad de equilibrio entre los derechos y

garantías del niño, niña y adolescente y

las exigencias del bien común4; La con-

dición específica de los niños, niñas y

adolescentes como personas en desarro-

llo; La indivisibilidad de los derechos

humanos y, por tanto, la necesidad de

que exista equilibrio entre los distintos

grupos de derechos de los niños, niñas y

adolescentes y los principios en los que

están basados, de acuerdo a lo estable-

cido por la Convención Internacional

sobre los Derechos del Niño; La necesi-

dad de priorizar los derechos del niño,

niña y adolescente frente a los derechos

de las personas adultas.5”

10.26. De igual manera, el Principio VI de

la referida ley establece:

El Estado y la sociedad deben asegurar,

con prioridad absoluta, todos los dere-

chos fundamentales de los niños, niñas

4 Subrayado nuestro.

5 Subrayado nuestro.

y adolescentes.6 La prioridad absoluta

es imperativa para todos y comprende:

Primacía en la formulación de las políti-

cas públicas; Primacía en recibir protec-

ción especial en cualquier circunstancia;

Preferencia en la atención de los servi-

cios públicos y privados; Prevalencia

de sus derechos ante una situación de

conflicto con otros derechos e intereses

legítimamente protegidos.7

10.27. En tal sentido, uno de los derechos

fundamentales que le asiste a todo niño,

niña y adolescente es el derecho a la edu-

cación, sobre el cual el artículo 63 de la

Constitución establece que Toda persona

tiene derecho a una educación integral, de

calidad, permanente, en igualdad de con-

diciones y oportunidades, sin más limita-

ciones que las derivadas de sus aptitudes,

vocación y aspiraciones. Así mismo, el nu-

meral 2 del referido artículo dispone: La

familia es responsable de la educación de

sus integrantes y tiene derecho a escoger el

tipo de educación de sus hijos menores.8

10.28. Eneseorden,essignicativoresal-

tar lo manifestado por los padres del niño

JCCE, en sus declaraciones ante el tribunal

de amparo, las cuales muestran indicios de

arraigo del niño JCCE con la institución

educativa y su interés de continuar vincu-

lado a la misma. En este sentido, el señor

Jean Edouard Conille Darbouze, entre

otras declaraciones expresó: Al Ministe-

rio Público no le importa mi niño, porque

ahora no solo nosotros somos víctimas sino

también mi niño; él está desde kínder en ese

colegio, él mismo me ha dicho que quiere ir

6 Subrayado nuestro.

7 Subrayado nuestro.

8 Subrayado nuestro.

384 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

a ese colegio… mi niño no hizo nada malo,

él es una víctima… Por su parte, la señora

María Cristina Echeverri, entre otras decla-

raciones expresó:

…el niño es estudiante de siempre en

el Carol Morgan, él fue que lo escogió,

él estuvo en un campamento, él fue

director del colegio por un día el año

pasado. El niño va a cumplir nueve

años ahora en mayo. El niño no sabe el

problema del colegio, pero él si sabe del

otro caso que nos encontramos víctimas,

nosotros le dijimos, pero le dijimos que

no se preocupe… incluso nosotros le

hicimos un comentario breve, le dije,

papi si te toca salir del colegio, no te

molestaría y él me contestó llorando y

me dijo que allá tiene todos sus amigos

allá, nosotros los padres quisiéramos

que el niño continuara en su colegio…

10.29. Siguiendo este orden, el artículo

45, párrafo II, de la Ley núm. 136-03, es-

tablece que en ningún caso podrá negarse

la educación a los niños, niñas y adolescen-

tes alegando razones como: la ausencia de

los padres, representantes o responsables,

la carencia de documentos de identidad o

recursos económicos o cualquier otra causa

que vulnere sus derechos.9

10.30. Al respecto, el Principio V, de la

Ley núm.136-03, referente a la igual-

dad y no discriminación, expresa que

“Las disposiciones de este Código se apli-

can por igual a todos los niños, niñas y

adolescentes, sin discriminación alguna

fundada en motivos de raza, color, sexo,

edad, idiomas, pensamiento, conciencia,

religión, creencias, cultura, opinión polí-

9 Subrayado nuestro.

tica o de otra índole, posición económica,

origen social, étnico o nacional, discapa-

cidad, enfermedad, nacimiento, en situa-

ción de riesgo o cualquier otra condición

del niño, niña o adolescentes, de sus pa-

dres, representantes o responsables o de

sus familiares.10

10.31. Sobre el derecho a la igualdad,

el artículo 39 de la Constitución prohíbe

todo tipo de discriminación por razones de

género, color, edad, discapacidad naciona-

lidad, vínculos familiares, lengua, religión,

opiniónpolíticaolosóca,condición so-

cial o personal.

10.32. Cabe destacar que el Tribunal

Constitucional estableció en el apartado

10.1.6 de su Sentencia TC/0058/13,

del quince (15) de abril de dos mil trece

(2013), que:

en el plano internacional, es de

importancia destacar que República

Dominicana es signataria de la

Convención contra la Discriminación

en la Educación, suscrita en París en

diciembre de mil novecientos sesenta

(1960), y ratificada por el Congreso

Nacional el treinta (30) de agosto de

mil novecientos setenta y siete (1977),

por medio de la cual los Estados

miembros se comprometían a promover

la igualdad de acceso a la escuela y de

trato en los centros educativos. Esta

convención sostiene que la selección

de alumnos y la expulsión basadas en

sus características individuales o de sus

familias son obstáculos para avanzar

en la calidad de la educación.

10 Subrayado nuestro.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 385

10.33. En este mismo orden, el Tribunal

Constitucional expresó en la Sentencia

TC/0064/19, del trece (13) de mayo de

dos mil diecinueve (2019), que: Este tri-

bunal ha considerado implícitamente en

la Sentencia núm. TC/0058/13 que los

estudiantes menores de edad no deben ser

utilizados como un medio para resolver

conflictos.

10.34. En el caso de la especie, la inter-

vención del Ministerio Público a través

de sus misivas de s veinte (20) de febrero

y diecisiete (17) de abril de dos mil dieci-

nueve (2019), requiriendo al Carol Mor-

gan School, abstenerse de recibir el pago

correspondiente a la reinscripción del niño

JCCE hasta tanto los mencionados seño-

res presenten la documentación pertinente

que permita establecer y justifique que sus

fuentes de ingresos provienen de activida-

des lícitas, se sostiene en la existencia de

una investigación penal contra sus padres,

y es tal circunstancia familiar, referente a

sus padres, la que ha impedido que el niño

JCCE pueda ser reinscrito en el Colegio

Carol Morgan, al imponer una exigencia

extraordinaria para completar el proceso

de matriculación.

10.35. Es evidente que en el caso que nos

ocupa, el derecho a la educación del niño

JCCE está siendo afectado única y exclusi-

vamente por una condición referente a sus

padres, lo que objetivamente supone una

discriminación. Máxime porque la exigen-

cia impuesta para su matriculación excede

los requisitos ordinarios dispuestos por el

Carol Morgan School para el resto de los

niños vinculados a dicha institución edu-

cativa. En tal sentido, el requerimiento del

Ministerio Público al Carol Morgan School,

que está impidiendo de forma actual e in-

minente la matriculación del niño JCCE, y

la continuidad de su desarrollo progresivo

conservando los vínculos creados con y a

través de dicha institución educativa, re-

sulta contrario al principio del interés su-

perior del niño y de prioridad absoluta que

el Estado y la sociedad deben asegurar con

la prevalencia de los derechos de los niños,

niñas y adolescentes ante una situación de

conictoconotrosderechoseinteresesle-

gítimamente protegidos.

10.36. Dicho esto, resulta indiscutible

que el fin perseguido por el Ministerio

Público con el requerimiento hecho al

Carol Morgan School, responde a un

interés legítimo de actuar a nombre del

Estado en la persecución del delito de

lavado de activos, sin embargo, el medio

empleado resulta desproporcional y sus

efectos lesivos para los derechos funda-

mentales del niño JCCE, toda vez que a

través de esta medida se violenta su de-

recho a la educación y su derecho a la

dignidad al ser indirectamente utilizado

como objeto para la persecución penal

de sus padres. Especialmente, a sabien-

das de que el Ministerio Público tiene a

su disposición otros medios que la ley

dispone para la investigación de las re-

feridas infracciones y el constreñimiento

de las personas investigadas, sobre las

cuales existe una presunción de inocen-

cia mientras no se haya declarado su cul-

pabilidad por sentencia irrevocable.

10.37. En ese orden de ideas, y partiendo

de que la Constitución en su artículo 74,

numeral 4 señala, como principio de inter-

pretación y reglamentación, que los pode-

res públicos interpretan y aplican las nor-

mas relativas a los derechos fundamentales

y sus garantías, en el sentido más favorable

386 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

a la persona titular de ellos; por todo lo

expresado precedentemente, resulta cohe-

rente con los principios pro homine y pro

libertatis, en consonancia con el principio

del interés superior del niño, niña y adoles-

cente, que el niño JCCE sea amparado. Por

lo que procede acoger la presente acción

de amparo y ordenar el cese de cualquier

exigencia extraordinaria como condición

para admitir el regreso del niño al centro

educativo de referencia, de manera que si

sus padres entienden que resulta oportuno

y conveniente para el niño su regreso para

el periodo escolar iniciado, se les permita

completar en lo inmediato los requisitos

ordinarios y el pago correspondiente para

su matriculación, siendo así garantizado de

manera efectiva su derecho fundamental a

la educación, sin restricción ni discrimina-

ción de ningún tipo.

10.38. En su instancia, la parte recurren-

te, solicita que se ordene la ejecución so-

bre minuta de la sentencia a intervenir. Al

respecto, es propio decir que las decisio-

nes de amparo son ejecutorias de pleno

derecho, según lo dispuesto en el párrafo

del artículo 7111 de la Ley núm. 137-11.

El propósito del legislador es que la pro-

tección de los derechos fundamentales es-

tuviese garantizada, por lo que dispuso la

ejecutoriedad de las sentencias de amparo

de pleno derecho.

10.39. Finalmente, conforme a lo esta-

blecido en el artículo 93 de la Ley núm.

137- 11, el juez que estatuya en materia de

11 Artículo 71,- Ausencia de Efectos Suspensivos. El

conocimiento de la acción de amparo que reúna las

condiciones de admisibilidad, no podrá suspenderse o

sobreseerse para aguardar la denición de la suerte de

otro proceso judicial. Párrafo. - La decisión que concede

el amparo es ejecutoria de pleno derecho.

amparo podrá pronunciar astreintes, con el

objeto de constreñir al agraviante al efectivo

cumplimiento de lo ordenado. Es pertinente

destacar que este tribunal constitucional, en

su Sentencia TC/0048/12, del ocho (8) de

octubre de dos mil doce (2012), estableció

que la naturaleza de la astreinte es la de una

sanción pecuniaria, que no la de una indem-

nización por daños y perjuicios, por lo que

su eventual liquidación no debería favorecer

al agraviado. A partir de dicha decisión, el

Tribunal Constitucional se había decantado

por la imposición de astreintes en favor de

una institución estatal dedicada a la solu-

ción de problemas sociales relacionadas con

el objeto de la sentencia que sería pronun-

ciada, y no del agraviado. Sin embargo, tal

como fue ponderado en la Sentencia núm.

TC/0438/17, ello no representa impedi-

mentoalgunoparaqueeljuezdeamparoje

la astreinte en provecho del agraviado.

10.40. Envirtuddelprecedente jadoen

la referida sentencia, en el ejercicio de su

función jurisdiccional incumbe a los jueces

de amparo no solo la facultad de imponer

o descartar la imposición de una astreinte,

sinotambiénladedisponersubeneciario.

En este orden de ideas, fue estatuido que

cuando el tribunal disponga que la astreinte

benecie al agraviado, no lo hará con el

ánimo de otorgarle una compensación

en daños y perjuicios o para generarle un

enriquecimiento, sino con el propósito

especíco de constreñir al agraviante al

cumplimiento de la decisión dictada. Este

criterio obedece a que, de otro modo, el

accionantequehasidobeneciadoporun

amparo resultaría directamente perjudicado

por el incumplimiento de la decisión

emitida en contra del agraviante; inferencia

que se aviene con el principio de relatividad

de las sentencias de amparo y la naturaleza

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 387

inter-partes de sus efectos. Fundado en

estos razonamientos y aplicándolos al caso

que nos ocupa, el Tribunal Constitucional

decidejarlaastreintedequesetrataen

contra de la parte accionada y a favor de la

parte accionante, como se indicará en la

parte dispositiva de esta decisión.

Esta decisión, rmada por los jueces del

Tribunal, fue adoptada por la mayoría

requerida. No guran las rmas de los

magistrados Lino Vásquez Samuel,

segundo sustituto, José Alejandro Ayuso,

Alba Luisa Beard Marcos y Eunisis Vásquez

Acosta, en razón de que no participaron en

la deliberación y votación de la presente

sentencia por causas previstas en la Ley.

Por las razones y motivos de hecho y de

derecho anteriormente expuestos, el

Tribunal Constitucional

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la

forma, el recurso de revisión constitucional

de sentencia de amparo interpuesto por

JCCE, menor de edad representado

por sus padres, la señora María Cristina

Echeverri Díaz y el señor Jean Edouard

Conille Dabourze, contra la Sentencia

núm. 447-02-2019-SCON-00093, del

dieciséis (16) de mayo del año dos mil

diecinueve (2019), dictada por la Sala Civil

del Segundo Tribunal de Niños, Niñas y

Adolescentes del Distrito Nacional.

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fon-

do, el recurso de revisión constitucional

de sentencia de amparo interpuesto por

JCCE, menor de edad representado por

sus padres, la señora María Cristina Eche-

verri Díaz y el señor Jean Edouard Conille

Dabourze; en consecuencia, REVOCAR

la Sentencia núm. 447-02-2019-SCON-

00093.

TERCERO: ACOGER la acción de

amparo interpuesta el veintiséis (26) de

abril de dos mil diecinueve (2019) por

JCCE, menor de edad representado por sus

padres, la señora María Cristina Echeverri

Díaz y el señor Jean Edouard Conille

Dabourze, en contra del Ministerio Público

y Carol Morgan School, y en consecuencia

ORDENAR al Ministerio Público y Carol

Morgan School permitir la matriculación

inmediata del niño JCCE en el Carol

Morgan School para cursar el año escolar

correspondiente, si así lo entendieren

prudente y conveniente la madre y el

padre del niño, previo cumplimiento

con las formalidades ordinarias y el pago

correspondiente que al respecto haya

establecido dicho centro de formación.

CUARTO: FIJAR una astreinte de cin-

co mil pesos dominicanos con 00/100

($5,000.00) por cada día de retardo en que

incurra el Carol Morgan School en el cum-

plimiento de la presente sentencia, la cual se

liquidará a favor de la parte accionante.

QUINTO: DECLARAR el presente

recurso libre de costas, de acuerdo con

lo establecido en el artículo 72, in fine de

la Constitución de la República y en los

artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de

los Procedimientos Constitucionales.

SEXTO: ORDENAR la comunicación de

esta sentencia, vía Secretaría, para su co-

nocimientoynesdelugar,alaseñoraMa-

ría Cristina Echeverri Díaz y el señor Jean

Edouard Conille Dabourze, en su calidad

388 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

de padres representantes del niño JCCE;

a los recurridos, Carol Morgan School y

Procuraduría General de la República; y al

Consejo Nacional para la Niñez y la Adoles-

cencia (CONANI), de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 47, párrafo II de

la Ley núm. 136-03.

SÉPTIMO: DISPONER que la presente

decisión sea publicada en el Boletín del

Tribunal Constitucional.

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez

Presidente; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer

Sustituto; Manuel Ulises Bonnelly Vega,

Juez; Justo Pedro Castellanos Khoury,

Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano,

Juez; Domingo Gil, Juez; María del Carmen

Santana de Cabrera, Jueza; Miguel Valera

Montero, Juez; José Alejandro Vargas

Guerrero, Juez; Grace A. Ventura Rondón,

Secretaria.

Lapresentesentenciaesdadayrmadapor

los señores jueces del Tribunal Constitu-

cional que anteceden, en la sesión del Pleno

celebrada el día, mes y año anteriormente

expresados, y publicada por mí, secretaria

delTribunalConstitucional,quecertico.

Grace A. Ventura Rondón

Secretaria

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 389

SENTENCIA TC/0252/21

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2019-0297, relativo al recurso de re-

visión constitucional de sentencia de

amparo incoado por el Ayuntamien-

to de Santo Domingo Este (ASDE)

contra la Sentencia núm. 0030-04-

2019-SSEN-00154 dictada por la

Tercera Sala del Tribunal Superior

Administrativo el veintisiete (27) de

mayo de dos mil diecinueve (2019).

En el municipio Santo Domingo Oeste,

provincia Santo Domingo, República Do-

minicana, a los treintaiún (31) días del mes

de agosto del año dos mil veintiuno (2021).

El Tribunal Constitucional, regularmente

constituido por los magistrados Milton Ray

Guevara, presidente; José Alejandro Ayuso,

Manuel Ulises Bonnelly Vega, Justo Pedro

Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Caste-

llanos Pizano, Domingo Gil, María del Car-

men Santana de Cabrera, Miguel Valera

Montero, José Alejandro Vargas Guerrero

y Eunisis Vásquez Acosta, en ejercicio de

sus competencias constitucionales y le-

gales,especícamentelasprevistasenlos

artículos 185.4 de la Constitución, y los

artículos 9 y 94 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de

los Procedimientos Constitucionales, del

trece (13) de junio del año dos mil once

(2011), dicta la siguiente sentencia:

I. ANTECEDENTES

1. Descripción de la sentencia

recurrida en revisión

La Sentencia núm. 0030-04-2019-SSEN-

00154, objeto del presente recurso de

revisión constitucional de sentencia de am-

paro de cumplimiento, fue dictada por la

Tercera Sala del Tribunal Superior Admi-

nistrativo el veintisiete (27) de mayo de dos

mil diecinueve (2019). En su dispositivo,

se hace constar lo siguiente:

PRIMERO: RECHAZA los medios de

inadmisión planteados por el AYUN-

TAMIENTO DEL DISTRITO NACIO-

NAL (A.D.N.) y la PROCURADURÍA

GENERAL ADMINISTRATIVA por

las razones indicadas en la parte corres-

pondiente.

SEGUNDO: DECLARA bueno y vá-

lido en cuanto a la forma, la acción de

amparo de cumplimiento sometida por

el AYUNTAMIENTO DE SANTO DO-

MINGO ESTE, (A.S.D.E.) en fecha 20

de marzo del año 2019 contra el AYUN-

TAMIENTO DE SANTO DOMINGO

ESTE (A.S.D.E.) por cumplir con los

requisitos legales establecidos en la Ley

núm. 137-11.

TERCERO: RECHAZA, en cuanto al

fondo, el amparo de cumplimiento por

los motivos expuestos.

CUARTO: DECLARA el presente pro-

ceso libre de costas.

QUINTO: ORDENA que la presente

sentencia sea publicada en el Boletín del

Tribunal Superior Administrativo.

La sentencia previamente descrita fue no-

ticadaala parterecurrente,Ayuntamien-

to de Santo Domingo Este (A.S.D.E.),

el dieciocho (18) de junio de dos mil die-

cinueve (2019), mediante el Acto núm.

1029/2019.

390 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

2. Presentación del recurso de revisión

constitucional de sentencia de

amparo

La parte recurrente, Ayuntamiento de San-

to Domingo Este (A.S.D.E.), apoderó a

este tribunal constitucional de un recurso

de revisión contra la sentencia anterior-

mente descrita, mediante escrito deposi-

tado en la Secretaría del Tribunal Superior

Administrativo el veintiuno (21) de junio

de dos mil diecinueve (2019), recibido en

esta sede el diecinueve (19) de diciembre

de dos mil (2019). Sus fundamentos se ex-

ponen más adelante.

El presente recurso le fue noticado a la

parte recurrida, Ayuntamiento del Distrito

Nacional, (A.D.N), el día trece (13) de ju-

nio de dos mil diecinueve (2019), median-

te misiva noticada por la Secretaría del

Tribunal Superior Administrativo, y me-

diante Acto núm. 926-19, el veintidós (22)

de agosto de dos mil diecinueve (2019).

Elreferidorecursolefuenoticadoalpro-

curador general administrativo el ocho (8)

de julio de dos mil diecinueve (2019), me-

diante el Auto núm. 4336-2019, emitido

por la secretaria general del Tribunal Supe-

rior Administrativo.

3. Fundamentos de la sentencia

recurrida

La Tercera Sala del Tribunal Superior Ad-

ministrativo, en el ámbito de la acción de

amparo de cumplimiento, rechazó la acción

esencialmente, por los siguientes motivos:

a. Al tenor del artículo 25.1 de la Con-

vención Americana de Derechos Hu-

manos, en suma, toda persona tiene

derecho a una acción expedita para fi-

nes de perseguir la tutela efectiva de sus

derechos fundamentales; que el artículo

72 de la Constitución Dominicana pro-

clamada el 13 de junio de 2015, insti-

tuye la acción de amparo como facultad

que asiste a toda persona para reclamar

ante los tribunales ordinarios el respeto

de sus prerrogativas sustanciales. Lo

anterior, unido con los artículos 65 y

siguientes de la Ley núm. 137-11, insti-

tuyen un procedimiento autónomo, con-

forme al cual habrá de tramitarse toda

pretensión que se pretenda hacer valer

en esta materia.

b. La acción de amparo se fundamen-

ta en una acción u omisión de una

autoridad pública o de cualquier par-

ticular, que de forma actual o inmi-

nente y con arbitrariedad o ilegalidad

manifiesta, lesione, restrinja, altere

o amenace los derechos o garantías

explícita o implícitamente reconoci-

das por la Constitución, exceptuando

aquellos protegidos por el hábeas cor-

pus y el hábeas data.

c. El caso se contrae a que el AYUN-

TAMIENTO DE SANTO DOMIN-

GO ESTE (A.S.D.E.) ha requerido de

manera formal al AYUNTAMIENTO

DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)

la transferencia de las parcelas números

185-171, D.C. 6 y 84 del D.C. 16 del

sector Vista Hermosa, sin embargo, el

accionado, entiende que los bienes han

sido incorporados a su patrimonio del

municipio segregado, y que cualquier

contestación sobre si los títulos son de

dominio público o no el Tribunal Supe-

rior Administrativo estaría imposibilita-

do para decidir.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 391

d. La PROCURADURIA GENERAL

ADMINISTRATIVA, representada por

el Procurador Adjunto, David Betán-

ces, externó que en principio los entes

públicos no gozan de derecho funda-

mental, y que no se puede afirmar que

los bienes en controversia formen parte

del patrimonio solicitante.

e. Que la ley cuyo cumplimiento se

pretende, establece:

En cualquier de los casos de modificación

del territorio municipal, se procederá

simultáneamente a la distribución de

los bienes, derechos, acciones, deudas,

cargas y obligaciones existentes entre

los municipios que resulten afectados.

A tales efectos, el ayuntamiento cuyo

territorio municipal ha sido segregado

estará en la obligación de suministrar

al municipio recién creado o al que se

haya agregado el territorio, todas las

informaciones financieras, registro

de bienes y las relaciones bases de

contribuyentes de la parte afectada.

Para efectuar la distribución se

considerará el número de habitantes

los recursos del territorio que se trata

de segregar y las inversiones y gastos

de capital efectuados en el mismo que

estén pendientes de pago al producirse

la alteración.

Párrafo I. Cuando parte del territorio

de un municipio sea incorporado a otro,

pasarán a pertenecer a este todos los

bienes del dominio público municipal

que pertenecían a aquel sobre la porción

segregada, así como, todos los activos y

pasivos correspondientes.

Párrafo II. Esta disposición no es apli-

cable a los bienes patrimoniales del

municipio segregado, manteniendo este

su derecho de propiedad, salvo disposi-

ción legal en contrario”.

f. De la lectura de la disposición

anterior, la naturaleza de los bienes

envueltos en la controversia y la creación

del propio AYUNTAMIENTO DE

SANTO DOMINGO ESTE (A.S.D.E.)

a partir de la Ley núm. 163-01 permite

inferir que al caso en concreto no

aplica la transmisión aducida por el

Gobierno Local accionante, pues en la

especie se verifica la causa de exclusión

prevista por el párrafo II del citado

artículo, es decir, se tratan de bienes de

carácter privado que corresponden al

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO

NACIONAL (A.D.N.) para lo cual,

el legislador no ha establecido una

disposición distinta, en ese sentido, el

accionar del encausado ayuntamiento

no vulnera el derecho fundamental a

la propiedad del amparista, pues se

verifica una excepción a la transmisión

de la propiedad pretendido en el caso,

motivo por el cual se rechaza el amparo

de cumplimiento.

g. Al tratarse el presente caso de una

acción de amparo de cumplimiento pro-

cede declarar el proceso libre de costas.

4. Hechos y argumentos jurídicos

de la parte recurrente en revisión

constitucional de sentencia de

amparo

El recurrente en revisión, Ayuntamiento

de Santo Domingo Este (A.S.D.E), soli-

citó que se acoja el recurso y sea revocada

la sentencia objeto del mismo, alegando

que:

392 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

Que la referida sentencia no se motiva,

expresando los razonamientos fácticos

y jurídicos que conducen a la aprecia-

ción y valoración de las pruebas, así

como a la aplicación e interpretación del

derecho. Por lo que no se aprecia la mo-

tivación debida, la cual indique en los

distintos elementos fácticos y jurídicos

del pleito, considerados individualmen-

te y en conjunto, divorciado siempre a

las reglas de (sic) establecida en el artí-

culo 104 de la Ley núm. 137-11 y la de

la lógica y de la razón, por lo que resul-

ta evidente una violación al derecho a la

tutela judicial efectiva.

A que este Honorable Tribunal Consti-

tucional ha conceptualizó (SIC) en su

Sentencia núm. TC/0017/13, del veinte

(20) de febrero de dos mil trece (2013),

respecto de la debida motivación como

una de las garantías del debido proceso

y, por ende, de la tutela judicial efectiva:

Este Tribunal Constitucional reconoce

que la debida motivación de las

decisiones es una de las garantías del

derecho fundamental a un debido

proceso y de la tutela judicial efectiva,

consagrados en las disposiciones de los

artículos 68 y 69 de la Constitución,

e implica la existencia de una

correlación entre el motivo invocado,

la fundamentación y la propuesta de

solución; es decir, no basta la mera

enunciación genérica de los principios

sin la exposición concreta y precisa

de cómo se produce la valoración de

los hechos, las pruebas y las normas

previstas que se aplicarán.

Lo que resulta evidente que a partir de

los numerales 23 y 24 de la Sentencia

Impugnada, no se verifiquen nada más,

lo que ha dejado en un limbo jurídico al

Recurrente en revisión pues nos expresa

las razones de tal decisión o resolución.

A que el tribunal A-quo no profundizó

que en fecha 2 de octubre del año 2001,

el congreso de la República crea la Ley

163-01, para que la administración

municipal del Distrito Nacional se reo-

rientará y para tener la necesaria des-

centralización y jerarquización de sus

funciones, de manera que se garantizara

mejores y más eficientes servidores a las

comunidades que lo integran y crea los

municipios del Gran Santo Domingo,

específicamente Santo Domingo Este, el

cual constituye el municipio Cabecera.

A que, tampoco analizó la Ley 163-01

consagra en su artículo 4, “el municipio

de Santo Domingo Este será la cabecera

de la provincia, y el estará integrado

por la parte urbana de la actual ciudad

de Santo Domingo situada al Este del

Río Ozama y las actuales secciones

de Mendoza, Cancino, Guerra y Hato

Viejo, del Distrito Nacional.

PÁRRAFO. Los límites del municipio de

Santo Domingo Este serán: Al Norte, el

municipio de Santo Domingo Norte; al

Sur, el Mar Caribe; al Este, el municipio

de Bayaguana y la provincia de San

Pedro de Macorís y al Oeste, el Río

Ozama.

A que, mediante el Acto 1322/2018, de

notificación de fecha 11 de junio del año

2018, el Ayuntamiento Santo Domingo

Este, solicita al Ayuntamiento del

Distrito Nacional, las Transferencias

de las parcelas 185-171, del DC No. 6

y las Parcelas 84-C-1, 84-C-2, 84-C-

3, 84-C-4, 84-C-5, 84-C-6, 84-C-16,

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 393

84-C-17, 84-C-18, 84-C-19, 84-C-20,

84-C-23, 84-C-23-A, 84-C-23-B, del

DC No. 16, correspondiente al sector

Vista Hermosa, no dando respuesta

dicho Ayuntamiento a tal solicitud,

manteniendo un silencio administrativo.

A que, en fecha 14 de junio del año 2018,

el Ayuntamiento Santo Domingo Este,

mediante acto no. 1222/2018, de puesta

en mora, para que el Ayuntamiento del

Distrito Nacional responda al llamado

que le hiciera el ASDE, para solucionar

el problema que por varios años vienen

arrastrando los munícipes del sector del

Hipódromo Quinto Centenario, del cual

el Ayuntamiento del Distrito Nacional

aún guarda silencio administrativo.

A que de una forma amigable el Ayun-

tamiento Santo Domingo Este nue-

vamente intima al Ayuntamiento del

Distrito Nacional, mediante el acto no.

2503/2018, de fecha 14 de noviembre

del año 2018, proceda a la transferen-

cia de las Parcelas anteriormente indi-

cada, haciendo caso omiso dicho ayun-

tamiento a tal requerimiento.

A que, por cuarta y última vez el

Ayuntamiento Santo Domingo Este,

pone en mora mediante acto 92/2019 en

fecha 24 de enero del año 2019, para que

el Ayuntamiento del Distrito Nacional

(ADN) y Licdo. Miguel David Collado

Morales en su calidad de Alcalde,

para que en el plazo de quince (15)

días proceda a dar cumplimiento a las

disposiciones del artículo 29 de la Ley

176-07 y en consecuencia transfieran

los inmuebles ubicados en las Parcelas

185-171 del D.C. no. 6 y 84 del D.C.

16, ubicada en el sector Hipódromo V

Centenario y el sector de Vista Hermosa,

del cual no habido (SIC), aún respuesta

por parte del Ayuntamiento del Distrito

Nacional y su alcalde.

A que, el artículo 12 de la Constitución,

consagra que “la División político

administrativa. Para el gobierno y la

administración del Estado, el territorio

de la República se divide políticamente

en un Distrito Nacional y en las

regiones, provincias y municipios que

las leyes determinen. Las regiones

estarán conformadas por las provincias

y municipios que establezca la ley.

A que, el artículo 199 de la Constitución

de la República establece la administra-

ción local “que el Distrito Nacional, los

municipios y los distritos municipales

constituyen la base del sistema político

administrativo local. Son personas jurí-

dicas de Derecho Público, responsables

de sus actuaciones, gozan de patrimo-

nio propio, de autonomía presupues-

taria, con potestad normativa, admi-

nistrativa y de uso de suelo, fijadas de

manera expresa por la ley, y sujetas al

poder de fiscalización del Estado y al

control social de la ciudadanía, en los

términos establecidos por esta Constitu-

ción y las leyes.

A que, así como lo establece el artículo

199 de la Constitución, también el artí-

culo 2 de la Ley 176-07, al establecer la

definición y objetivos, al estatuir “que el

ayuntamiento constituye la entidad po-

lítica administrativa básica del Estado

dominicano, que se encuentra asentada

en un territorio que le es propio. Como

tal es una persona jurídica descentrali-

zada, que goza de autonomía política,

394 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

fiscal, administrativa y funcional, ges-

tora de los intereses propios de la co-

lectividad local, con patrimonio propio

y con capacidad para realizar el desa-

rrollo sostenible de sus habitantes y el

cumplimiento de sus fines en la forma y

con las condiciones que la Constitución

y las leyes lo determinen” y a su vez el

artículo 46 de la Ley 247-12, le conce-

de la administración local a los ayun-

tamientos al establecer “que el Distrito

Nacional, los municipios y los distritos

municipales constituyen los entes terri-

toriales fundamentales de la división

política administrativa del Estado; tie-

nen a su cargo la administración local

y gozan de autonomía política y admi-

nistrativa, dentro de los límites que les

señalen la Constitución y la ley. La fina-

lidad de estos entes públicos es procurar

el bienestar general y el mejoramiento

de la calidad de vida de su respectivo te-

rritorio. Estarán regidos por una ley en

correspondencia con sus características

propias dentro de la organización del

Estado”.

A que la Ley 163-01 expresa en su

artículo 3 que “la provincia de Santo

Domingo estará constituida por todo el

territorio del actual Distrito Nacional,

que queda fuera de los nuevos límites

indicados en el artículo 2 de esta ley.

La misma estará integrada por los

municipios de Santo Domingo Este,

Santo Domingo Oeste, Santo Domingo

Norte y Boca Chica”.

A que el artículo 4 y su párrafo de la

Ley 163-01, establece que “el municipio

de Santo Domingo Este será la cabecera

de la provincia, y estará integrado por

la parte urbana de la actualidad ciudad

de Santo Domingo situada al Este del

Río Ozama y las actuales secciones

de Mendoza, Cancino, Guerra y Hato

Viejo del Distrito Nacional, Párrafo: Los

límites del municipio de Santo Domingo

Este serán: Al Norte, el municipio de

Santo Domingo Norte, M Sur (SIC),

el mar Caribe; al Este, el municipio de

Bayaguana y la provincia de San Pedro

de Macorís y al Oeste, el Río Ozama”.

A que el ayuntamiento Santo Domingo

Este, basado en las disposiciones de la

Ley 176-07, la cual establece en su artí-

culo 29, establece que “en cualquiera de

los casos de modificación del territorio

municipal, se procederá simultánea-

mente a la distribución de los bienes, de-

rechos, acciones, deudas, cargas y obli-

gaciones existentes entre los municipios

que resulten afectados. A tales efectos, el

ayuntamiento cuyo territorio municipal

ha sido segregado estará en la obliga-

ción de suministrar al municipio recién

creado o al que se haya agregado el te-

rritorio, todas las informaciones finan-

cieras, registro de bienes y las relacio-

nes bases de contribuyentes de la parte

afectada. Para efectuar la distribución

se considerará el número de habitantes,

los recursos del territorio que se trata de

segregar y las inversiones y gastos de

capital efectuados en el mismo que es-

tén pendientes de pago al producirse la

alteración. Párrafo I.- Cuando parte del

territorio de un municipio sea incorpo-

rado a otro, pasarán a pertenecer a éste

todos los bienes del dominio público mu-

nicipal que pertenecían a aquel sobre la

porción segregada, así como, todos los

activos y pasivos correspondientes. Pá-

rrafo II. Esta disposición no es aplicable

a los bienes patrimoniales del municipio

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 395

segregado, manteniendo éste su derecho

de propiedad, salvo disposición legal en

contrario.

A que el artículo 177, de la Ley 176-

07, expresa que el “patrimonio de los

Municipios está constituido por el

conjunto de bienes, derechos y acciones

que les pertenezcan.

A que el Ayuntamiento Santo Domingo

Este, de conformidad en lo establecido

en la Ley 137-11, ha interpuesto su ac-

ción de Amparo de Cumplimiento para

que este tribunal basado en las disposi-

ciones de los 104 y 105 de la referida

ley, le ordene al Ayuntamiento del Dis-

trito Nacional (ADN) y Licdo. Miguel

David Collado Morales en su calidad

de Alcalde a dar cumplimiento a las

disposiciones del artículo 29 de la Ley

176-07 y en consecuencia transfieran

los inmuebles ubicados en las Parcelas

185-171 del D.C. no. 6 y 84 del D.C. 16

ubicada en el sector Hipódromo V Cen-

tenario y 84-C-1, 84-C-2, 84-C-3, 84-

C-4, 84-C-5, 84-C-6, 84-C-16, 84-C-17,

84-C-18, 84-C-19, 84-C-20, 84-C-23,

84-C-23-A, 84-C-23-B, del DC No. 16,

del sector de Vista Hermosa, radicada

en el Municipio Santo Domingo Este

al Ayuntamiento Santo Domingo Este

(ASDE).

ERRONEA APLICACION E INTER-

PRETACION DEL ARTÍCULO 29 DE

LA LEY 176-07 y LA RECURRENTE

VULNERACION POR PARTE DE

LOS RECURRIDOS AL NO DAR

CUMPLIMIENTO SL (SIC) REFE-

RIDO ARTICULO EN CONTRA DE

LAS COMUNIDADES DE SANTO

DOMINGO ESTE.

A que como podrá observar este tribunal

el Ayuntamiento del Distrito Nacional y

su alcalde Lic. Miguel David Collado

Morales no han dado cumplimiento a

las disposiciones del artículo 29 de la

Ley 176-07, por lo que dicha omisión,

son sancionada por la Ley 137-11,

cuando consagra que el amparo de

cumplimiento tiene como fundamento,

según el artículo 104, obtener del juez

de amparo una decisión mediante la

cual se ordene a un funcionario o auto-

ridad pública renuente, el cumplimiento

de una norma legal, la ejecución o firma

de un acto administrativo, dictar una re-

solución o un reglamento, lo que resulte

evidente que el juez a-quo no valoró.

A que como podemos establecer al

Tribunal en audiencia de fecha 27 de

mayo del año 2019, el Ayuntamiento

Santo Domingo Este, a través de sus

abogados, manifestaron lo siguiente:

Tribunal Constitucional de amparo la

ley 176-07 establece en su artículo 178,

que los bienes de los municipios son de

dominios públicos o patrimoniales. Que

el artículo 179, consagraba los Bienes

de Dominio Público.

Los cuales bienes de dominio público

son los destinados por el ayuntamiento

a un uso o servicio público.

Párrafo I.- Son bienes de uso público

local, los caminos y carreteras, plazas,

calles, paseos, plazas, parques, aguas,

fuentes, canales, puentes y demás

obras públicas de aprovechamiento o

utilización generales cuya conservación

y vigilancia sean de la competencia del

municipio.

396 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

Párrafo II.- Son bienes de servicio

público los destinados al cumplimiento

de bienes públicos de responsabilidad

del ayuntamiento, tales como palacios

municipales y, en general, edificios

que sean sede del mismo, mataderos,

mercados, hospitales, hospicios, museos

y similares.

Párrafo III.- Para los fines de este artí-

culo se consideran bienes de dominio

público los espacios destinados para

áreas verdes en los proyectos de urba-

nizaciones, sin alterar los derechos de

los vecinos por otras legislaciones con el

objetivo de garantizar la máxima pro-

tección jurídica de los mismos.

Y que conforme al artículo 180.- Bienes

patrimoniales. Son bienes patrimonia-

les, los que, siendo propiedad del muni-

cipio, no estén destinados a uso público

ni afectados a algún servicio público y

que puedan constituir fuente de ingresos

para el mismo.

Y como se trataba de áreas verdes don-

de el Ayuntamiento Santo Domingo

Este, se encuentra suministrando recur-

sos para su conservación, ya que dichas

áreas conforme a las certificaciones de

registro de título, fueron registrada para

el dominio público y no patrimoniales

como erróneamente el juez a-quo esta-

blece en su funesta sentencia.

También se estableció en audiencia

que estas áreas verdes de las parcelas

84-C-1, 84-C-2, 84-C-3, 84-C-4, 84-

C-5, 84-C-6, 84-C-16, 84-C-17, 84-

C-18, 84-C-19, 84-C-20, 84-C-23,

84-C-23-A, 84-C-23-B, del DC No.

16, del sector Vista Hermosa, fueron

donadas al ADN, en favor del dominio

público, por los urbanizadores del

proyecto Vista Hermosa en favor

del dominio público, a razón del

mandato establecido en el artículo 5 y

6 de la Ley 675 y que los terrenos de la

parcela 185-171 del D.C. no. 6, como

se puede apreciar en la certificación de

registro de título de Santo Domingo,

fue registrado al dominio público,

situación que tampoco observó el

juez a-quo, por lo que dichos bienes

no son como lo expresa la sentencia

impugnada que son bienes privados

del Distrito Nacional, porque conforme

al registro de cada inmueble no fueron

registrados como bienes patrimoniales,

dichas áreas verdes entran en los bienes

de dominio Público, que a diferencia

a lo expresado por el juez a-quo, que

no se detuvo a ver las disposiciones de

los artículos 178 y siguientes de la Ley

176-07, contrario a lo establecido en la

sentencia, si el legislador ha tipificado

en la Ley 176-07, la diferencia entre

bienes de Dominio Público y Bienes

Patrimoniales.

A que el juez A-quo debió verificar si

ciertamente si han cumplido los recu-

rridos la disposición legal establecida

en el artículo 29, por parte de los recu-

rridos, y no apartarse de la institución

del amparo de cumplimiento por lo que

la acción de amparo de cumplimiento

como la que nos ocupa, tiene por ob-

jeto el cumplimiento de una ley o acto

administrativo cuando el funcionario

o autoridad pública obligada se mues-

tre renuente a acatar y/o Alcalde Lic.

Miguel David Collado Morales, en las

disposiciones del artículo 29 de la Ley

176-07.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 397

A que el Tribunal Constitucional

mediante sentencia TC/0029/18, de

fecha trece (13) días del mes de marzo del

año dos mil dieciocho (2018), estableció

el criterio sobre la admisibilidad del

amparo de cumplimiento al establecer

lo siguiente:

El artículo 107 de la citada Ley núm.

137-11, supedita la procedencia del

amparo de cumplimiento a que el

reclamante haya exigido, previamente,

el cumplimiento del deber legal o

administrativo omitido y que la

autoridad persista en su incumplimiento

o no haya contestado dentro de los

quince días laborales siguientes a la

presentación de la solicitud, en cuyo

caso, la acción se interpondrá en los

sesenta (60) días contados a partir del

vencimiento de dicho plazo.

Entre los documentos aportados por

los accionantes para la instrucción de

la acción de amparo se describen, entre

otros, las comunicaciones del catorce

(14) y veintiocho (28) de octubre de dos

mil catorce (2014), respectivamente,

a través de las cuales fue requerido el

reembolso de los fondos pagados por

cuenta del Banco Micro de Ahorro y

Crédito según la Primera Resolución

del cuatro (4) de septiembre de dos mil

catorce (2014).

11.20. Ante la falta de cumplimiento de

las indicadas solicitudes, los recurrentes

accionaron en amparo el catorce (14)

de noviembre de dos mil catorce (2014),

es decir, dentro del plazo de sesenta

(60) días, con lo cual quedó acreditado

no sólo el interés de los accionantes

en el cumplimiento del citado acto

administrativo, sino también el requisito

de procedencia de la acción conforme

a las disposiciones previstas en los

artículos 105 y 107 de la referida Ley

núm. 137-11, y conforme a este criterio,

más como podrá comprobar este

Tribunal Constitucional de Amparo, que

mediante el acto No. 92/2019 de puesta

en mora, de fecha 24 de enero del año

2019, al solicitar el Ayuntamiento Santo

Domingo Este que el Ayuntamiento del

Distrito Nacional y su alcalde cumplan

con las disposiciones del artículo 29

de la Ley 176-07, procede la presente

acción de amparo de cumplimiento

de conformidad con las disposiciones

de los artículos 104, 105, 107 de la

Ley 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales.

5. Hechos y argumentos jurídicos de la

parte recurrida en revisión constitu-

cional de sentencia de amparo

La parte recurrida, Ayuntamiento del Dis-

trito Nacional (A.D.N.), en su escrito de

defensa presentado el cuatro (4) de sep-

tiembre de dos mil diecinueve (2019),

recibido por este tribunal el diecinueve

(19) de diciembre de dos mil diecinueve

(2019), pretende que sea rechazado el pre-

senterecursoderevisión.Parajusticardi-

chas pretensiones alega lo siguiente:

a. través de su errada acción de amparo

de cumplimiento, el AYUNTAMIENTO

DE SANTO DOMINGO ESTE preten-

dió que el Tribunal Superior Adminis-

trativo se alejara de los preceptos legales

que regulan los municipios en la Repú-

blica Dominicana. Lo anterior debido a

398 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

que, supuestamente fundamentándose

en el artículo 29 de la Ley núm. 176-07,

el AYUNTAMIENTO DE SANTO DO-

MINGO ESTE pretende que el ADN le

transfiera el derecho de propiedad que

este órgano autónomo tiene registrado

sobre diversos inmuebles, alegando que

como los mismos se encuentran en la

territorialidad del AYUNTAMIENTO

DE SANTO DOMINGO ESTE, estos

le pertenecen. Lo anterior constituye un

dislate jurídico.

b. Como señalamos al inicio del presente

escrito, mediante la Ley núm. 163-01 se

creó la Provincia Santo Domingo con

los municipios de Santo Domingo Este,

Santo Domingo Norte, Santo Domingo

Oeste y Boca Chica, delimitando el

territorio de los mismos, así como la del

Distrito Nacional como capital de la

República. En efecto, los artículos tercero

y cuarto de dicha norma señalan:

Artículo 3.- La provincia de Santo

Domingo estará constituida por

todo el territorio del actual Distrito

Nacional que queda fuera de los

nuevos límites indicados en el

artículo 2 de esta ley. La misma

estará integrada por los municipios

de Santo Domingo Este, Santo

Domingo Oeste, Santo Domingo

Norte y Boca Chica.

Artículo 4. El municipio de Santo

Domingo Este será la cabecera de la

provincia, y estará integrado por la

parte urbana de la actual ciudad de

Santo Domingo situada al Este del

Río Ozama y las actuales secciones

de Mendoza, Cancino, Guerra y

Hato Viejo del Distrito Nacional.

c. A raíz de estas disposiciones el AYUN-

TAMIENTO DE SANTO DOMINGO

ESTE, argumenta que los bienes que

pertenecían al anterior Ayuntamiento

de Santo Domingo y que se encuentren

dentro del territorio del Ayuntamien-

to de Santo Domingo Este, deben ser

traspasado al AYUNTAMIENTO DE

SANTO DOMINGO ESTE por estos

ser de su propiedad al amparo de la Ley

núm. 163-01.

d. Para fundamentar su errado argu-

mento, en su acción de amparo de cum-

plimiento, el AYUNTAMIENTO DE

SANTO DOMINGO ESTE presenta

el párrafo I del artículo 29 de la Ley

núm. 176-07, el cual reza de la manera

e. Esta norma es la que el AYUNTA-

MIENTO DE SANTO DOMINGO

ESTE busca que se “cumpla” mediante

su acción de amparo en cumplimiento,

la cual procede, de conformidad con

el artículo 104 de la Ley núm. 137-11,

cuando se busca hacer efectivo el cum-

plimiento de una norma o acto, persi-

guiendo que el juez ordene a la autori-

dad renuente, a cumplir con la norma

legal o ejecute un acto.

f. Ahora bien, el AYUNTAMIENTO DE

SANTO DOMINGO ESTE, de manera

mal intencionada y con propósito de

confundir, ha omitido a lo largo de

todo este proceso el mandato legal que

establece en el mismo artículo 29 de la

Ley núm. 176-07, pero en su párrafo

II, el cual indica que: Párrafo II: Esta

disposición [referente a la transferencia

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 399

de los bienes, activos y pasivos] no es

aplicable a los bienes patrimoniales

del municipio segregado, manteniendo

este su derecho de propiedad, salvo

disposición legal en contrario.

g. Es decir, el legislador estableció una

excepción a la obligación de transferen-

cia de patrimonio cuando un municipio

segregado, cuando los bienes de que se

traten sean patrimoniales, señalando

que esta excepción legal no aplicarla,

siempre que en la ley que se establezca

la división y/o creación de un territorio

y/o municipio se indique lo contrario.

h. A esta conclusión fue la que el Tri-

bunal a-quo arribó al estudiar el caso

y dictar sentencia, como se verifica de

la lectura del párrafo 23 de la Senten-

cia núm. 0030-04-2019-SSEN-00154,

donde el Tribunal Superior Administra-

tivo, previo a ponderar los elementos de

prueba, hechos y argumentos jurídicos

estatuyó indicando que: “23. De la lec-

tura de la disposición anterior [artí-

culo 29 y sus párrafos de la Ley núm.

176-07] de la naturaleza de los bienes

envueltos en la controversia y la crea-

ción del propio AYUNTAMIENTO DE

SANTO DOMINGO ESTE (A.S.D.E)

a partir de la Ley núm. 163-01, permite

inferir que el caso en concreto no aplica

la transmisión aludida por el gobierno

local accionante [ASDE], pues en la

especie se verifica la causa de exclusión

prevista por el párrafo II del citado ar-

tículo, es decir, se tratan de bienes de

carácter privado que corresponden al

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO

NACIONAL (ADN), para lo cual, el

legislador no ha establecido disposición

distinta, en ese sentido, el accionar del

encausado ayuntamiento [ADN] no

vulnera el derecho fundamental a la

propiedad del amparista [ASDE], pues

se verifica una excepción a la transmi-

sión de la propiedad pretendida en el

caso, motivo por el cual se rechaza el

amparo de cumplimiento”.

i. Como se evidencia, el Tribunal a-quo,

al dictar la Sentencia núm. 0030-04-

2019-SSEN-00154, presentó la justifi-

cación razonada que le llevó a tomar la

decisión impugnada a raíz de contrapo-

ner los hechos y pedimentos con la nor-

ma cuyo cumplimiento se requiere, de

donde procede a rechazar el Recurso de

Revisión de Sentencia de Amparo por el

medio de supuesta falta de motivación,

al resultar este mal fundado e improce-

dente.

ii. Sobre la supuesta errónea aplicación

del derecho en la Sentencia núm. 0030-

04-2019-SSEN-00154.

j. Para fundamentar este medio, en su

Recurso de Revisión de Sentencia de

Amparo, el AYUNTAMIENTO DE

SANTO ESTE argumenta en el párra-

fo 23 de su instancia que: A que el juez

a-quo debió verificar si ciertamente han

cumplido los recurridos la disposición

legal establecida en el artículo 29, por

parte de los recurridos y no apartarse

de la institución del amparo de cumpli-

miento por lo que la acción de amparo

de cumplimiento que nos ocupa, tiene

por objeto el cumplimiento de una ley

o acto administrativo cuando el funcio-

nario o autoridad pública obligada se

muestre renuente a acatar y/o la nor-

ma que se le impone al Ayuntamiento

del Distrito Nacional y su alcalde Lic.

400 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

Miguel David Collado Morales, en las

disposiciones del artículo 29 de la Ley

176-07.

k. Honorables magistrados, como

bien identificó el Tribunal a-quo, los

inmuebles los cuales el AYUNTA-

MIENTO DE SANTO DOMINGO

ESTE busca su transferencia ilegal,

constituyen bienes de carácter priva-

do registrados a favor del ADN, los

cuales no tienen por qué ser transfe-

ridos a favor del AYUNTAMIENTO

DE SANTO DOMINGO ESTE preci-

samente en virtud de la excepción es-

tablecida en el párrafo II del artículo

29 de la Ley núm. 176-07.

l. Y es que como el legislador al dictar la

Ley núm. 163-01 no estableció ninguna

disposición expresa respecto de los bie-

nes inmuebles de carácter privado y/o

patrimonial del extinto Ayuntamiento

de Santo Domingo que se encontraren

en el territorio del nuevo municipio de

Santo Domingo Este, estos bienes que-

daron en total propiedad y parte del

patrimonio del ADN.

m. De lo anterior se verifica que el ADN

en todo momento ha dado cumplimien-

to al artículo 29 de la Ley núm. 176-07,

evidenciando que lo único que persi-

gue el AYUNTAMIENTO DE SANTO

DOMINGO ESTE es que el exponente

se aparte de la legalidad y reduzca su

patrimonio para que el hoy recurrente

sea el único beneficiado; por lo que el

recurso de revisión de sentencia de am-

paro por el medio de supuesta errónea

aplicación del derecho, al mismo ser a

todas luces improcedente y carente de

base legal.

iii. Sobre el fondo de la acción de

amparo en cumplimiento.

n. Como hemos señalado, la Acción de

amparo de cumplimiento interpuesta

por el AYUNTAMIENTO DE SAN-

TO DOMINGO ESTE tiene como úni-

ca y exclusiva pretensión que el ADN

transfiera a favor del primero múltiples

inmuebles registrados a favor y propie-

dad del exponente, supuestamente para

dar cumplimiento al mandato del artí-

culo 29 de la Ley núm. 176-07.

o. Honorables magistrados, primero en

la especie de lo que se está debatiendo

es el derecho de propiedad sobre estos

inmuebles, no el cumplimiento de una

disposición legal que establece excep-

ciones a la regla de transmisión de

patrimonio en virtud de segregación

de municipios que se verifican en el

presente caso y que el AYUNTAMIEN-

TO DE SANTO DOMINGO ESTE

arbitrariamente se niega a reconocer

y respetar para su único beneficio. Por

tanto, para ello existen otras vías más

idóneas y competentes si se pretende

atacar y desconocer un derecho de pro-

piedad reconocido y registrado por el

Estado, como se evidencia de los ele-

mentos de pruebas aportados.

p. No obstante, el AYUNTAMIENTO

DE SANTO DOMINGO ESTE actúa

de manera errada y mal intencionada

al hacer una mala interpretación del

artículo 29 de la Ley núm. 176-07,

en cuanto a la regla de distribución

de patrimonio ante la modificación

o segregación de un municipio para

agenciarse un derecho de propiedad que

no le corresponde.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 401

q. Precisamente como hemos señalado,

el párrafo II del artículo 29 de la

referida Ley núm. 176-07, establece

que “Esta disposición no es aplicable a

los bienes patrimoniales del municipio

segregado manteniendo este su derecho

de propiedad, salvo disposición legal en

contrario”.

r. Ley núm. 176-07 en su artículo 180

define los bienes patrimoniales como

aquellos “siendo propiedad del muni-

cipio, no estén destinados a uso público

y puedan constituir fuente de ingresos

para el mismo”.

s. Lo anterior, no puede interpretarse de

forma medalaganaria. Los bienes recla-

mados por el hoy accionante no son de

uso o servicio público, por tanto, pertene-

cen a los bienes patrimoniales o privados

del ADN, razón por la no puedan ser

transferidos al AYUNTAMIENTO DE

SANTO DOMINGO ESTE, por la ex-

cepción establecida en el artículo prece-

dentemente citado y porque la Ley núm.

163-01, no dispuso de forma contraria.

t. En razón de lo anteriormente ex-

puesto, el presente Recurso de Revisión

de sentencia de amparo y la originaria

acción de amparo de cumplimiento de-

ben ser rechazados en todas sus partes

por improcedentemente, mal fundado y

sobre todo manifiestamente carente de

base legal y sentencia núm. 0030-04-

2019-SSEN-00154 confirmada.

6. Dictamen de la Procuraduría

General Administrativa

La Procuraduría General Administrativa,

mediante su dictamen depositado el vein-

tiocho (28) de agosto de dos mil diecinueve

(2019), persigue que se rechace en cuanto

al fondo el recurso que nos ocupa y se pro-

ceda a la revocación de la sentencia emitida

por el tribunal a-quo, alegando lo siguiente:

A que la parte recurrente plantea su-

puesta falta de motivación de la senten-

cia recurrida, aduciendo que el tribunal

a quo no profundizó el análisis de la Ley

núm. 163-01 y que habría incurrido en

errónea interpretación y aplicación del

art. 29 de la Ley núm. 176-07, por lo

que entiende que su acción de amparo

es procedente.

(...)

Atendido: A que el estudio de la senten-

cia recurrida evidencia que el tribunal a

quo hizo una debida motivación de la

misma, así como una adecuada inter-

pretación y aplicación del artículo 29

de la Ley núm.176-07, cuyo párrafo II,

efectivamente, establece que la dispo-

sición de su parte capital referente a la

distribución de los bienes en los casos de

modificación del territorio municipal,

no es aplicable a los bienes patrimonia-

les del municipio segregado, mantenien-

do este su derecho de propiedad, razón

por la cual procede que el presente re-

curso de revisión de amparo deba ser

rechazado por improcedente, mal fun-

dado y carente de fundamento jurídico.

7. Pruebas documentales

Los documentos más relevantes deposita-

dos en el trámite del presente recurso en

revisión de sentencia de amparo son los

siguientes:

1. Original de la Sentencia núm. 0030-

04-2019-SSEN-00154, dictada por la

402 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

Tercera Sala del Tribunal Superior Admi-

nistrativo el veintisiete (27) de mayo de dos

mil diecinueve (2019).

2. Original del Acto núm. 1026-2019, el

dieciocho (18) de junio de dos mil dieci-

nueve (2019).

3. Original del Acto núm. 926-2019, el

veintidós (22) de agosto de dos mil dieci-

nueve (2019).

II. CONSIDERACIONES Y

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

8. Síntesisdelconicto

8.1 Conforme a las documentaciones de-

positadas en el expediente y a los hechos

invocados por las partes, el presente con-

icto tiene su origen en una acción de

amparo de cumplimiento que interpuso el

Ayuntamiento del Municipio Santo Do-

mingo Este (A.S.D.E.) para que se le orde-

ne al Ayuntamiento del Distrito Nacional

(A.D.N.) y al otrora Alcalde del Distrito

Nacional, Licdo. Miguel David Collado

Morales, dar cumplimiento a lo prescrito

en el artículo 29 de la Ley núm. 176-07,

del Distrito Nacional y los Municipios, y se

proceda a transferir los inmuebles ubica-

dos en las parcelas 185-171 del D.C. no.

6, ubicada en el sector Hipódromo V Cen-

tenario, 84 del D.C. 16 y 84-C-1, 84-C-2,

84-C-3, 84-C-4, 84-C-5, 84-C-6, 84-C-

16, 84-C-17, 84-C-18, 84-C-19, 84-C-

20, 84-C-23, 84-C-23-A, 84-C-23-B, del

D.C No. 16, del sector Vista Hermosa,

radicada en el municipio Santo Domingo

Este al Ayuntamiento Santo Domingo Este

(ASDE). por efecto de la división munici-

pal ocurrida en el año 2001.

8.2 La disposición legal cuyo cumpli-

miento se demanda, es el artículo 29, de

la Ley núm.176-07, cuyo contenido es el

modificación del territorio municipal,

se procederá simultáneamente a la

distribución de los bienes, derechos,

acciones, deudas, cargas y obligaciones

existentes entre los municipios que

resulten afectados. A tales efectos, el

ayuntamiento cuyo territorio municipal

ha sido segregado estará en la

obligación de suministrar al municipio

recién creado o al que se haya agregado

el territorio, todas las informaciones

financieras, registro de bienes y las

relaciones bases de contribuyentes

de la parte afectada. Para efectuar la

distribución se considerará el número

de habitantes, los recursos del territorio

que se trata de segregar y las inversiones

y gastos de capital efectuados en el

mismo que estén pendientes de pago al

producirse la alteración.

Párrafo I.- Cuando parte del territorio

de un municipio sea incorporado a otro,

pasarán a pertenecer a éste todos los

bienes del dominio público municipal

que pertenecían a aquél sobre la porción

segregada, así como, todos los activos y

pasivos correspondientes.

Párrafo II.- Esta disposición no es

aplicable a los bienes patrimoniales

del municipio segregado, manteniendo

éste su derecho de propiedad, salvo

disposición legal en contrario.

8.3 Previo a la interposición de la acción

de amparo de cumplimiento, la parte re-

currente puso en mora al Ayuntamiento

del Distrito Nacional, el día veinticuatro

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 403

(24) de enero de dos mil diecinueve

(2019), a través del Acto núm. 92/2019,

para que en el plazo de quince (15) días

proceda a dar cumplimiento a las dispo-

siciones del artículo 29 de la Ley núm.

176-07 y en consecuencia, transfiera

los inmuebles precedentemente indi-

cados, acto de notificación que aunque

no ha sido depositado ante esta corte, la

sentencia objeto de revisión lo ponde-

ra; las partes también hacen alusión a su

presentación, por lo que lo entendemos

como válido para determinar la existencia

de su instrumentación.

8.4 En ocasión del conocimiento de la ac-

ción, la Tercera Sala del Tribunal Superior

Administrativo el veintisiete (27) de mayo

de dos mil diecinueve (2019), emitió la

Sentencia núm. 0030-04-2019-SSEN-

00154, que rechazó la acción de amparo

de cumplimiento.

8.5 Los recurrentes, no conforme con la

decisión emitida por el tribunal a-quo in-

trodujeron ante el Tribunal Constitucional

un recurso de revisión constitucional de

amparo de cumplimiento contra la referida

sentencia, el cual fue recibido el diecinue-

ve (19) de diciembre de dos mil diecinueve

(2019).

9. Competencia

El Tribunal Constitucional es competente

para conocer del presente recurso de re-

visión constitucional en materia de ampa-

ro, en virtud de lo que dispone el artículo

185.4 de la Constitución y los artículos 9

y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del

Tribunal Constitucional y de los Procedi-

mientos Constitucionales, del trece (13)

de junio del año dos mil once (2011).

10. De la admisibilidad del recurso de

revisión constitucional en materia

de amparo

10.1 Los requisitos de admisibilidad del

recurso de revisión en materia de amparo

de cumplimiento son los mismos que en el

recurso de revisión de amparo ordinario y

vienen establecidos, fundamentalmente,

en los artículos 95 y 100 de la Ley núm.

137-11; el primero relativo al plazo para

la interposición del recurso el segundo co-

rrespondiente a la especial transcendencia

o relevancia constitucional. En este orden,

la Ley núm. 137-11 establece en su ar-

tículo 95 que El recurso de revisión se in-

terpondrá mediante escrito motivado a ser

depositado en la Secretaría del juez o tri-

bunal que rindió la sentencia, en un plazo

de cinco días contados a partir de la fecha

de su notificación. También, este tribunal

constitucional estableció en su Sentencia

TC/0080/12, dictada el quince (15) de

diciembre de dos mil doce (2012), que el

referido plazo es de cinco (5) días hábiles y,

además es franco, es decir, que al momento

de establecerlo no se toman en conside-

ración los días no laborables ni el día en

quese realizalanoticación nieldel ven-

cimiento del plazo. Dicho precedente ha

sido reiterado, entre otras muchas, por las

sentencias TC/0061/13, TC/0071/13 y

TC/0132/13.

10.2Enestecasovericamosque,talcomo

hemos apuntado, la sentencia recurrida fue

noticada a la parte recurrente el diecio-

cho (18) de junio de dos mil diecinueve

(2019), mediante Acto núm. 1026/2019,

instrumentado por el ministerial Rolando

Antonio Guerrero Peña, alguacil ordina-

rio del Tribunal Superior Administrati-

vo, mientras el recurso fue interpuesto el

404 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

veintiuno (21) de junio de dos mil dieci-

nueve (2019), es decir, dentro del plazo de

los cinco días hábiles y francos que dispone

el artículo 95 de la Ley núm. 137-11.

10.3 Por lo que respecta al requisito

que sujeta la admisibilidad del recurso

a la especial trascendencia o relevancia

constitucional de la cuestión planteada,

el artículo 100 de la Ley núm. 137-11

establece que la admisibilidad del recurso

está sujeta a la especial trascendencia o

relevancia constitucional de la cuestión

planteada, que se apreciará atendiendo

a su importancia para la interpretación,

aplicación y general eficacia de la

Constitución, o para la determinación del

contenido, alcance y la concreta protección

de los derechos fundamentales.

10.4. En relación con el contenido que

encierra la noción de especial trascenden-

cia o relevancia constitucional, el Tribunal

Constitucional dictaminó en su Sentencia

TC/0007/12, del veintidós (22) de mar-

zo del dos mil doce (2012), que esta con-

diciónseconguraenaquelloscasosque,

entre otros;

1) (…) contemplen conflictos sobre

derechos fundamentales respecto a los

cuales el Tribunal Constitucional no

haya establecido criterios que permitan

su esclarecimiento; 2) propicien por

cambios sociales o normativos que

incidan en el contenido de un derecho

fundamental, modificaciones de

principios anteriormente determinados;

3) permitan al Tribunal Constitucional

reorientar o redefinir interpretaciones

jurisprudenciales de la ley u otras

normas legales que vulneren derechos

fundamentales; 4) introduzcan

respecto a estos últimos un problema

jurídico de trascendencia social, política

o económica cuya solución favorezca

en el mantenimiento de la supremacía

constitucional.

10.5. Luego de haber estudiado los do-

cumentos y hechos más importantes del

expediente que nos ocupa, llegamos a la

conclusión de que en el presente caso exis-

te especial trascendencia o relevancia cons-

titucional, por lo que resulta admisible dicho

recurso y el Tribunal Constitucional debe

conocer su fondo, En este orden, este tribu-

nal considera que la especial trascendencia y

relevancia constitucional de este caso radica

en seguir consolidando su jurisprudencia

relativa al régimen procesal aplicable a las

acciones de amparo de cumplimiento.

11. En cuanto al fondo del recurso de re-

visión constitucional de la sentencia

de amparo

11.1 A continuación expondremos las ra-

zones para acoger en cuanto al fondo el

recurso de revisión que nos ocupa y luego

estableceremos los motivos para declarar la

improcedencia de la acción de amparo.

11.2 Tal y como se ha señalado, mediante

la Sentencia núm. 0030-04-2019-SSEN-

00154, el veintisiete (27) de mayo de dos

mil diecinueve (2019), cuya revisión nos

ocupa, la Tercera Sala del Tribunal Superior

Administrativo rechazó la acción de amparo

de cumplimiento interpuesta por el Ayunta-

miento de Santo Domingo Este (A.S.D.E.),

en el que persigue el cumplimiento del artí-

culo 29 de la Ley núm. 176-07.

11.3 Para rechazar la acción de amparo de

cumplimiento, tal y como se ha indicado

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 405

precedentemente, el tribunal a-quo juzgó

fundamentalmente lo siguiente:

El caso se contrae a que el AYUNTA-

MIENTO DE SANTO DOMINGO

ESTE (A.S.D.E.) ha requerido de ma-

nera formal al AYUNTAMIENTO

DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)

la transferencia de las parcelas números

185-171, D.C. 6 y 84 del D.C. 16 del

sector Vista Hermosa, sin embargo, el

accionado, entiende que los bienes han

sido incorporados a su patrimonio del

municipio segregado, y que cualquier

contestación sobre si los títulos son de

dominio público o no el Tribunal Supe-

rior Administrativo estaría imposibilita-

do para decidir.

(...) 23. De la lectura de la disposición

anterior, la naturaleza de los bienes

envueltos en la controversia y la crea-

ción del propio AYUNTAMIENTO DE

SANTO DOMINGO ESTE (A.S.D.E.)

a partir de la Ley núm. 163-01 per-

mite inferir que al caso en concreto no

aplica la transmisión aducida por el

Gobierno Local accionante, pues en la

especie se verifica la causa de exclusión

prevista por el párrafo II del citado ar-

tículo, es decir, se tratan de bienes de

carácter privado que corresponden al

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO

NACIONAL (A.D.N.) para lo cual,

el legislador no ha establecido una

disposición distinta, en ese sentido, el

accionar del encausado ayuntamien-

to no vulnera el derecho fundamental

a la propiedad del amparista, pues se

verifica una excepción a la transmisión

de la propiedad pretendido en el caso,

motivo por el cual se rechaza el ampa-

ro de cumplimiento

11.4. En su escrito de revisión el

Ayuntamiento de Santo Domingo Este

(A.S.D.E.) sostiene que el juez de amparo

no motiva los razonamientos fácticos y

jurídicos que conducen a la apreciación

y valoración de las pruebas, así como a la

aplicación e interpretación del derecho, por

lo que no se aprecia la motivación debida,

la cual indique en los distintos elementos

fácticos y jurídicos del pleito, considerados

individualmente y en conjunto (...) por

lo que resulta evidente una violación al

derecho a la tutela judicial efectiva.

11.5 Luego de vericada la sentencia

recurridaseinerequeparaentendercomo

no aplicable el artículo 29 de la Ley núm.

176-07, respecto de la obligación legal

de que Cuando parte del territorio de un

municipio sea incorporado a otro, pasarán

a pertenecer a este todos 1os bienes del

dominio público municipal que pertenecían

a aquel sobre la porción segregada, el juez

a-quo se limitó a indicar que no aplicaba la

transmisión de la propiedad aducida por el

municipio accionante, puesto que aplicaba

la exclusión prevista en el párrafo II del

citado artículo 29, en el sentido de que se

tratan de bienes de carácter privado que

corresponden al ayuntamiento y porque

“el legislador no ha establecido una

disposición distinta.

11.6 En lo anterior se advierte que el juez

deamparonoidenticóporcuáles razo-

nes entendía que los bienes objeto de dis-

cusión eran privados, y su relación con el

concepto de bienes patrimoniales -que es

la expresión que el artículo 29 de la Ley

núm. 176-07, señala como excepción a la

obligación de transferir el bien inmueble

de que se trate a favor del municipio emer-

gente-, así como tampoco se observa que

Páginas	279-405
Fecha	01 Enero 2022
Fecha de publicación	01 Enero 2022
Materia	Derecho Constitucional

TC/0114/21, veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021)

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