TC/0286/21

• Páginas: 595-626
• Autor: Milton Ray Guevara

TC/0286/21

***

ACCIÓN DIRECTA EN INCONSTITUCIONALIDAD

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – Competencia

FUSIÓN DE EXPEDIENTES – Finalidad, procedencia y

conveniencia / FUSIÓN DE EXPEDIENTES – Reiteración de

precedente

LEGITIMACIÓN ACTIVA – Interés legítimo jurídicamente protegi-

do / PERSONA FÍSICA – Se presume su legitimación activa cuando

goce de los derechos de ciudadanía / PERSONA MORAL – Su legiti-

mación activa está condicionada a que haya sido registrado conforme a

la ley / LEGITIMACIÓN ACTIVA – Reiteración de precedente

LEGITIMACIÓN ACTIVA – Requisito cumplido por todos los

accionantes

PODER LEGISLATIVO – Facultad de determinar el modelo

conveniente a cada tipo de juicio / PODER LEGISLATIVO –

Obligación de preservar las garantías constitucionales

De lo anterior resulta, que es al legislador, a quien compete determinar

el modelo conveniente a cada tipo de juicio – Según la naturaleza de

cada procedimiento – Siempre que se ciña a los derechos y garantías

mínimas reconocidos por la propia Constitución y, en todos los casos,

respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad.

PROCESOS JUDICIALES – Principios rectores del juicio y

las audiencias / PROCESOS JUDICIALES – Reiteración de

precedentes

596 | UNA DÉCADA DE LABOR JURISPRUDENCIAL

Así las cosas, en los procesos judiciales, el juicio y sus audiencias; es-

tán regidos por los principios de publicidad, contradicción (TC/0006

/14 epígrafe 10.1.t), oralidad (TC/0133 /19 epígrafe 11.D.a), inme-

diación (TC/0046 /17 epígrafe 10.d), celeridad (TC/0038 /12 epígrafe

9.c) y concentración, entre otros importantes principios que integran

el debido proceso que se reere el artículo 69 de la Carta Sustantiva.

DERECHO AL DEBIDO PROCESO – Aplicación en materia

judicial y administrativa / DERECHO AL DEBIDO PROCESO

– Reiteración de precedente

Este Tribunal Constitucional ha sostenido, en reiteradas ocasiones,

que los principios y «…las normas del debido proceso resultan

aplicables a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas…»

(Véase, entre otras, la Sentencia TC/0331 /14 Epígrafe 10.e).

DERECHO AL DEBIDO PROCESO – Aplicación diferenciada /

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA – Adopción de

criterio

Sin embargo, es oportuno aclarar, que esos principios no aplican de

manera idéntica y con la misma dimensión en todas las materias, sino

que tendrán características inherentes a la naturaleza del proceso

en que ellos se apliquen. Esta aplicación diferenciada ha sido bien

explicada por la Corte Constitucional de Colombia, al decir que:

«…el cumplimiento de las garantías mínimas del debido proceso

contempladas en la Constitución, tendrán diversos matices según el

derecho de que se trate, dado que no todo derecho es de orden penal,

sino que es posible encontrar “reglas y procedimientos” de otros

órdenes como el civil, el administrativo, el policivo, el correccional,

el disciplinario o el económico, entre otros, que no son comparables

o asimilables directamente al ordenamiento penal y que comportan

decisiones y sanciones de diversa categoría, matices que deberán

ser contemplados en la regulación de sus propias reglas ….»(Corte

Constitucional de Colombia, Sentencia C-248 /13 del 24 de abril de

2013y C-341 /14 del 4 de junio de 2014, entre otras).

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 597

PRESENCIA FÍSICA – Mecanismo con el que se pretende

salvaguardar la inmediación y contradictoriedad / PRESENCIA

FÍSICA – Alcance

La presencia física de las partes en la audiencia es un mecanismo

que procura salvaguardar, entre otros, los principios de inmediación

y contradictoriedad. Por ello esa presencia física resultará

importante, y a veces hasta imprescindible, en la medida de que a

la naturaleza del proceso así le resulte útil y cuando así lo requiera

el contenido esencial del derecho que se procura salvaguardar por

su intermedio.

JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD – Principios rectores

En el juicio de constitucionalidad, priman principios como el de

accesibilidad (numeral 1 del artículo 7 de la Ley núm. 138-11),

según el cual la jurisdicción constitucional: «… debe estar libre

de obstáculos, impedimentos, formalismos o ritualismos que limiten

irrazonablemente la accesibilidad y oportunidad de la justicia.»

o como el principio de efectividad (numeral 4 del artículo 7), que

conlleva a que los jueces utilicen «… los medios más idóneos

y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a

cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial

diferenciada cuando lo amerite el caso debido a sus peculiaridades.»

o el principio de informalidad (numeral 9 del artículo 7) que indica

que «los procesos y procedimientos constitucionales deben estar

exentos de formalismos o rigores innecesarios que afecten la tutela

judicial efectiva. »

JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD – La contradicción se

verica con la noticación de la instancia

Así las cosas, y contrario a lo que ocurre con otras materias

de la competencia de los tribunales judiciales, en el juicio de

constitucionalidad la contradicción no se maniesta por medio

de la oralidad, sino que se verica desde el momento en que la

598 | UNA DÉCADA DE LABOR JURISPRUDENCIAL

instancia contentiva de la acción directa es noticada tanto a la

Procuraduría General de la República como al órgano emisor

de la norma para que estos, mediante escrito motivado, viertan

su parecer en torno a los planteamientos formulados por el

accionante.

JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD – Naturaleza objetiva

y abstracta / JUICIO ANTE EL PODER JUDICIAL – Carácter

subjetivo / JUICIO ANTE EL PODER JUDICIAL – Reiteración

de precedente

Todo lo anterior se encuentra vinculado a que el juicio de

constitucionalidad es de naturaleza objetiva y abstracta, y se limita

a confrontar la disposición impugnada con el texto constitucional,

al margen de la aplicación concreta de dicha normativa, contrario

a lo que ocurre con los jueces del orden judicial que sí deben

evaluar la aplicación directa de la disposición con el n de

resolver un conicto de naturaleza subjetiva, razón por la cual no

se trata de un juicio objetivo, tal como ha sido reconocido por la

jurisprudencia constante de este Colegiado Constitucional (Ver.

TC/0062 /12, entre otras)

ACCIÓN DIRECTA EN INCONSTITUCIONALIDAD – No se

requiere la presencia física en la audiencia / ACCIÓN DIRECTA

EN INCONSTITUCIONALIDAD – La audiencia puede ser virtual

o presencial / PODER JUDICIAL – Los juicios son en principio

públicos, orales y contradictorios

De todo lo anterior resulta evidente que, en el caso del juicio para

el conocimiento de una acción directa de inconstitucionalidad, la

presencia física de las partes no juega el papel determinante que-

-de hecho – Tiene en otros ámbitos, sobre todo en asuntos de la

competencia de los tribunales del orden judicial cuyos juicios son

contra personas. Razón por la cual la audiencia pública para el

conocimiento de una acción directas de inconstitucionalidad puede

ser celebrada tanto de manera presencial como por cualquier otro

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 599

medio que garantice la publicidad y la oralidad, como lo son las

plataformas virtuales disponibles por el Tribunal Constitucional,

sin que ello constituya desmedro de los aludidos principios lo cual,

por cierto, no necesariamente ocurre en los juicios y audiencias

celebradas por el sistema de justicia, ya que ello dependerá de

la naturaleza particular de cada materia donde deben apegarse

a lo dispuesto por los numerales 4) y 7) del artículo 69 de la

Constitución, celebrando un juicio público, oral y contradictorio y

con respeto al derecho de defensa y a las particularidades propias

de cada juicio.

DERECHO DE AUDIENCIA – Habilitación de sala especial para

que las partes que no tuvieran los equipos necesarios asistieran

Por esa razón y con el n de garantizar el acceso de los usuarios

a las audiencias, este tribunal también ha habilitado una sala

especial, dentro del edicio que alberga su sede principal a donde

han tenido la oportunidad de concurrir todas aquellas partes que no

disponen de los medios tecnológicos para accesar a las audiencias

virtuales, asegurando, de este modo, el acceso oportuno al derecho

de audiencia que le es reconocido por la ley.

ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE INADMISIÓN

PLANTEADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE

LA REPÚBLICA

ACTOS ADMINISTRATIVOS – Denición y efectos / ACTOS

ADMINISTRATIVOS – Reiteración de precedente

Resulta útil recordar que este Tribunal Constitucional, en

su sentencia TC/0009 /15, señaló que «…10.4 en el ámbito

administrativo dominicano, se considera como acto administrativo

la manifestación de la voluntad unilateral de la administración,

que tiene efectos particulares o generales capaces de producir

consecuencias o modicaciones jurídicas».

600 | UNA DÉCADA DE LABOR JURISPRUDENCIAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EFECTOS GENERALES

– Concepto / ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EFECTOS

PARTICULARES – Concepto / ACTOS ADMINISTRATIVOS

– Reiteración de precedente

Es conveniente señalar que este Tribunal Constitucional, en el

precedente contenido en la Sentencia TC/0117 /13, también estableció

que los actos administrativos de efectos generales son «…aquellos

de contenido normativo, es decir, que crean normas que integran

el ordenamiento jurídico» mientras que los actos administrativos

de efectos particulares son los que «…contienen una decisión no

normativa, sea que se aplique a un sujeto o a muchos sujetos de

derecho.»

RESOLUCIONES CUESTIONADAS – Actos de naturaleza

abstracta y efecto general

A partir de un examen general de las resoluciones impugnadas,

este colegiado constitucional ha podido constatar, que contrario

a lo planteado por la Procuraduría General de la República, las

Resoluciones núm. 002-2020 ,sobre Política de Firma Electrónica

del Poder Judicial, del veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte

(2020); núm. 004-2020, sobre Plan de Continuidad de las Labores

del Poder Judicial sobre Declaración de Normas y Principios del

Servicio Judicial del dos (2) de junio del año dos mil veinte (2020);

núm. 005-2020,del diecinueve (19) de mayo del año dos mil veinte

(2020), que establece la Guía de Teletrabajo Para el Poder Judicial

y la núm. 007-2020, que establece el Protocolo para Manejo de

Audiencias Virtuales, del dos (2) de junio del año dos mil veinte

(2020), son actos de característica abstracta y que producen

efectos generales al introducir normas y reglas, que impactan el

ordenamiento jurídico e inciden directamente en el funcionamiento

del sistema de justicia nacional.

ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE INADMISIÓN

PLANTEADOS POR EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 601

ACCIÓN DIRECTA EN INCONSTITUCIONALIDAD – El

presidente del colegio de abogados estaba debidamente autorizado

para interponerla / SOLICITUD DE NULIDAD – Rechaza

De lo anterior se inere que, al momento del depósito de la acción

directa de inconstitucionalidad –el veintitrés (23) de junio de dos

mil veinte (2020) – El presidente del Colegio de Abogados de la

República Dominicana, señor Miguel Surún Hernández, ya contaba

con una autorización para interponer la aludida acción directa

de inconstitucionalidad a través de una resolución emanada de la

Directiva Nacional de esa entidad, el quince (15) de junio de dos

mil veinte (2020). De modo que procede rechazar la solicitud de

nulidad por falta de poder, formulado por el Consejo del Poder

Judicial, sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de

la presente sentencia.

FALTA DE OBJETO – Causal de inadmisibilidad aplicable al caso

concreto / ACCIÓN DIRECTA EN INCONSTITUCIONALIDAD

– Inadmite

Como se puede constatar, ciertamente, el artículo que se acaba de

transcribir modicó el contenido de lo dispuesto por el Acta Ex-

traordinaria núm. 002-2020, en una fecha anterior a la interposi-

ción de cada una de las acciones directas en inconstitucionalidad

dirigidas en su contra, razón por la cual la misma ya había dejado

de existir y, por tanto, carecen de objeto las acciones dirigidas en su

contra y por ende, deben ser declaradas inadmisibles.

NORMA CUESTIONADA – Continuó surtiendo efecto con

posterioridad a la fecha en que debió iniciar la nueva normalidad

judicial

Sin embargo, a partir de la valoración de varios elementos de prueba

documentales depositados por el accionante Lic. Amado Américo

Moquete Tena (Expediente núm. TC-01-2021-0001), así como de

lo resuelto mediante sentencia núm. TC/0179/21 dictada por este

602 | UNA DÉCADA DE LABOR JURISPRUDENCIAL

Tribunal Constitucional el veintinueve (29) de junio del año dos

mil veintiuno (2021), se puede colegir que la aludida Resolución

No.004-2020, sobre el Plan de Continuidad de las Labores del

Poder Judicial, ha seguido surtiendo efectos en los posteriores al

primero de octubre del año dos mil veinte (2020).

NORMA CUESTIONADA – Su permanencia en el tiempo queda

demostrada por las pruebas presentadas / FALTA DE OBJETO –

Inaplicable

En adición, armar que el aludido plan de continuidad de las

labores del Poder Judicial ha permanecido en el tiempo, más allá

del primero (1ro.) de octubre del año dos mil veinte (2020), resulta

corroborado si se toma en cuenta, no sólo lo alegado en el escrito

de demanda en suspensión a que hace referencia la Sentencia

TC/0179/21, sino que ello guarda armonía con todas las pruebas

documentales depositadas por el accionante Lic. Amado Américo

Moquete Tena (Expediente núm. TC-01-2021-0001) y que han

sido enumeradas en el epígrafe3.8 de la presente sentencia. En

consecuencia, no procede decretar la inadmisibilidad por falta de

objeto alegada por constatarse que, no es cierto, que los efectos del

acto atacado culminaran en la fecha certicada por el accionado.

ACCIÓN DIRECTA EN INCONSTITUCIONALIDAD –

Argumentación clara, pertinente y precisa / ACCIÓN DIRECTA

EN INCONSTITUCIONALIDAD – Reiteración de precedentes

Así las cosas y tomando en cuenta que los accionantes sí dieron

cumplimiento a los requisitos de admisibilidad de claridad, certeza,

especicidad y pertinencia requeridos por el artículo 38 de la Ley núm.

137-11 así como los requeridos por los precedentes constitucionales

jados mediante Sentencia TC/0150 /13 y consolidado por las

Sentencias TC/0211 /13, TC/0021 /15, TC/0465/18 y TC/0596

/19--entre otras – Procede que este colegiado desestime los medios

de inadmisibilidad, ahora examinados, sin necesidad de hacerlo

constar en el dispositivo de la presente sentencia.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 603

ACCIÓN DIRECTA EN INCONSTITUCIONALIDAD – Se

fundamenta en premisas constitucionales

Contrario a lo planteado por el accionado, este Tribunal Consti-

tucional considera que los accionantes han desarrollado una línea

argumentativa fundamentada en premisas constitucionales, y no

sólo de carácter legal, ya que, como se puede constatar en la trans-

cripción de sus argumentos realizada en el epígrafe 4 de la presen-

te sentencia, relativo a «hechos y argumentos de los accionantes»,

donde los exponentes imputaron a los actos atacados violaciones

claras a varios principios, normas y valores constitucionales, debi-

damente identicados en las respectivas instancias contentivas de

las mencionadas acciones directas de inconstitucionalidad.

COLEGIO DE ABOGADOS – Interés legítimo jurídicamente

protegido / COLEGIO DE ABOGADOS – Posee legitimación

activa para interponer la acción / COLEGIO DE ABOGADOS –

Reiteración de precedente

En lo que respecta al Colegio de Abogados de la República

Dominicana este tribunal es de parecer que el mismo ostenta

un interés jurídicamente protegido, en tanto se trata de una

corporación de derecho público que, de conformidad con el artículo

2 de la indicada Ley 3-19, tiene personería jurídica propia y que,

de conformidad con el numeral 17) del artículo 10 de la misma

ley tiene--entre otras funciones – La «…defensa del Estado Social

y Democrático de Derecho proclamado en la Constitución, y la

colaboración en el funcionamiento y mejora de la administración de

justicia.» y, por tanto, se trata de una institución que puede resultar

afectada por los efectos que producen las resoluciones impugnadas.

En adición se toma en cuenta el precedente establecido por la

Sentencia TC/0481 /17 mediante la cual se reconoció capacidad

procesal o legitimación activa al Colegio de Abogados de la

República Dominicana (CARD) para impulsar acciones directas

de inconstitucionalidad. Sobre el fondo de la acción directa de

inconstitucionalidad de las siguientes Resoluciones: núm. 002-

604 | UNA DÉCADA DE LABOR JURISPRUDENCIAL

2020 del veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020);núm.

003-2020 del cinco (05) de mayo del año dos mil veinte (2020);

núm. 004-2020 del diecinueve (19) de mayo del año dos mil veinte

(2020);núm. 005-2020 del diecinueve (19) de mayo del año dos mil

veinte (2020); núm. 006-2020 del dos (02) de junio del año dos mil

veinte (2020)y la núm. 007-2020 del dos (02) de junio del año dos

mil veinte (2020), todas las cuales fueron emitidas por el Consejo

del Poder Judicial.

ACCIÓN DIRECTA EN INCONSTITUCIONALIDAD – Pro-

cede cuando se conguran vicios de forma, fondo, y competencia /

VICIOS – Denición / ACCIÓN DIRECTA EN INCONSTITU-

CIONALIDAD – Reiteración de precedente

Al respecto conviene poner de maniesto, como ya lo ha

expresado este Tribunal Constitucional en múltiples Sentencias

(Ver TC/0421 /19, TC/0445 /19 y TC/0560 /19), que la acción

directa de inconstitucionalidad es procedente cuando se congura

uno cualquiera de los siguientes vicios: a. Vicios de forma o de

procedimiento: que se producen al momento de la formación de la

norma y se suscitan en la medida en que esta no haya sido aprobada

de acuerdo con las reglas contenidas en la Carta Sustantiva, lo

cual genera una irregularidad que afecta irremediablemente la

validez y constitucionalidad de la ley o norma cuestionada. B.

Vicios de fondo: que afectan el contenido de la norma impugnada,

por colisionar con una o varias de las disposiciones de la Carta

Sustantiva. Y c. Vicios de competencia: que se suscitan cuando la

norma ha sido aprobada por un órgano que no estaba facultado

para hacerlo. Es decir, cuando una autoridad aprueba una ley,

decreto, reglamento, resolución o acto sin que ninguna disposición

le asigne esta atribución o competencia para actuar de esa manera

(TC/0415 /15, del 28 de octubre de 2015).

EXAMEN DE LOS VICIOS DE COMPETENCIA QUE SE

ALEGAN EN CONTRA DE TODAS LAS RESOLUCIONES.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 605

PRINCIPIO DE JURIDICIDAD – Sometimiento de la

administración al ordenamiento jurídico / PRINCIPIO DE

JURIDICIDAD – Reiteración de precedente

A los nes de comprobar si se conguró la violación al principio

de juridicidad resulta conveniente recordar la Sentencia TC/0619

/16, dictada por este Tribunal Constitucional, donde se sostuvo:

«…w. En ese orden, nos permitimos señalar que el fundamento de

la legalidad de las actuaciones de la Administración está contenida

en nuestra Carta Magna en su artículo 138, el cual propugna por

el sometimiento de la Administración al ordenamiento jurídico del

Estado.

PODERES PÚBLICOS – Obligación de actuar conforme a normas

jurídicas preexistentes

De lo anterior deriva que los poderes públicos se encuentran

vinculados de manera positiva al ordenamiento jurídico. Es decir,

que éstos sólo pueden hacer lo que le está expresamente permitido

por dicho ordenamiento y que su actuación debe encontrar abrigo

en una norma jurídica preexistente, ya que sólo así los ciudadanos

pueden prever su manera de actuar.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD – Determina la legitimidad de las

actuaciones administrativas / PRINCIPIO DE LEGALIDAD –

Reiteración de precedente

En otro importante precedente contenido en la Sentencia TC/0267

/15, este Colegio Constitucional abordó la correlación que

debe existir entre la actuación administrativa y su habilitación

legislativa en los términos siguientes: Por tanto, la sujeción de la

Administración al principio de legalidad determina la legitimidad

de sus actuaciones. Cabe armar, en consecuencia, que el principio

de legalidad de la Administración opera como un manto legal, de

modo que estas últimas solo resultan legitimas cuando cuentan

previamente con dicha cobertura…»

606 | UNA DÉCADA DE LABOR JURISPRUDENCIAL

POTESTAD REGLAMENTARIA – Debe ser atribuida de manera

expresa / POTESTAD REGLAMENTARIA – Reiteración de

precedente

Tomando en cuenta que las disposiciones atacadas son de carácter

reglamentario, resulta útil y pertinente, señalar lo sostenido por este

Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0268/20, del nueve (9)

de diciembre del año dos mil veinte (2020) donde, se dijo: «…10.18.

Este Tribunal Constitucional ha mantenido un criterio constante

sobre la obligatoriedad de que el órgano que dicte reglamentos esté

habilitado de forma expresa…»

POTESTAD REGLAMENTARIA – Requiere que para emitir

reglamentos normativos el órgano este legalmente habilitado /

POTESTAD REGLAMENTARIA – Reiteración de precedente

También resulta conveniente recordar lo sostenido por este Colegio

Constitucional en su Sentencia TC/0048/20, del diecisiete (17) de

febrero del año dos mil veinte (2020), en el sentido de que, para

dictar reglamentos normativos que incluyan normas de carácter

general cuyos efectos jurídicos recaen sobre los particulares, el

órgano que los dicta necesita de habilitación legal.

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Potestad reglamentaria en

los ámbitos administrativos y disciplinarios / CONSEJO DEL PO-

DER JUDICIAL – Límite a su potestad reglamentaria / CONCE-

JO DEL PODER JUDICIAL – Reiteración de precedente

Sobre el alcance de ese poder reglamentario del Consejo del Poder

Judicial, conviene recordar que este Tribunal, mediante Sentencia

núm. TC/0268/20, del nueve (9) de diciembre de dos mil veinte

(2020), delimitó--para estos casos – El ámbito de competencia,

de dicho órgano en los siguientes términos: «10.15. En efecto, el

Consejo del Poder Judicial, ciertamente, tiene aptitud para emitir

las reglamentaciones que correspondan en lo que se reera a materia

administrativa o disciplinaria, en el ámbito del Poder Judicial. Sin

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 607

embargo, no ocurre así respecto del ámbito jurisdiccional, como el

caso de la especie, en el que el legislador ha otorgado expresamente

a la Suprema Corte de Justicia, la facultad de emitir los reglamentos

que fueren necesarios para la aplicación de la Ley núm. 108-05, de

Registro Inmobiliario.»

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Competente para

administrar el régimen administrativo, presupuestario, disciplinario

y de capital humano / SUPREMA CORTE DE JUSTICIA –

Conserva la competencia para regular aspectos jurisdiccionales

De lo anterior queda claro que el Consejo del Poder Judicial sólo

tiene competencia para administrar el régimen presupuestario,

nanciero, disciplinario y de capital humano del Poder Judicial y

no puede inmiscuirse en ningún aspecto que entrañe vinculación

con los aspectos jurisdiccionales que habrán de ser dirimidos por

la Suprema Corte de Justicia y demás tribunales del orden judicial.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA – Potestad reglamentaria

exclusiva para los asuntos jurisdiccionales / POTESTAD

REGLAMENTARIA – Carácter subsidiario

De lo anterior queda claro que la potestad reglamentaria para los

asuntos jurisdiccionales recae, de manera exclusiva, en la Suprema

Corte de Justicia. Una potestad que, por cierto, tiene carácter

subsidiario y que se activa en ausencia de regulación legal atinente

al trazado de los procedimientos a ventilarse ante los tribunales del

orden judicial.

POTESTAD REGLAMENTARIA – Está condicionada a que

no contravenga la ley / POTESTAD REGLAMENTARIA – No

puede regular el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales

Pero este poder reglamentario se encuentra sometido a las

condiciones de que la norma reglamentaria no contravenga lo

expresamente establecido por la ley, ni puede regular, de ninguna

608 | UNA DÉCADA DE LABOR JURISPRUDENCIAL

forma, el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales

reconocidos por la Constitución, en estricto apego a la previsión del

numeral 2) del artículo 74 de la Carta Sustantiva. a) En relación con

la Resolución núm. 002-2020, sobre Política de Firma Electrónica

del Poder Judicial, del veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte

(2020).

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Incompetente para regular

asuntos jurisdiccionales

De lo anterior resulta evidente, que los textos de la resolución que

han sido transcritos son contrarios a la Constitución en tanto--como

se ha explicado – El órgano que los dictó (el Consejo del Poder

Judicial) no tiene atribución para regular asuntos que conciernan

a la labor jurisdiccional como lo es la rma de los documentos que

se emiten en ocasión del conocimiento de los procesos judiciales de

que son apoderados los tribunales de la República.

PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES – Impide

extender el radio de aplicación de una ley a ámbitos que no guardan

relación con su objeto

Lo anterior, sin embargo, carece de lógica, ya que, del contenido de la

aludida ley y de su parte motiva, deriva claramente que su alcance se

delimita a las operaciones y documentos de naturaleza estrictamente

comercial y que, tratándose de una normativa especial, su radio

de aplicación no puede ser extendido, por vía reglamentaria, sin

detrimento del principio de separación de poderes, a otros ámbitos

que no guarden relación con su objeto regulatorio, para lo cual

sería necesaria la intervención de otra disposición legal o que el

ámbito en que se pretenda aplicar sea ostensiblemente compatible

y pueda ser normado por la vía reglamentaria, cosa que no ocurre

con las rmas digitales de los documentos jurisdiccionales que han

sido reguladas por las normas de procedimiento que rigen cada

materia.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 609

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Ausencia de potestad

normativa en los asuntos jurisdiccionales / RESOLUCIÓN

NO.002-2020 – Alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad

Así las cosas, queda constatado que, los numerales 3), 7), 8) y 9.2)

del primero de los párrafos de la parte dispositiva de la Resolución

núm. 002-2020, sobre Política de Firma Electrónica del Poder

Judicial, emitida por el Consejo del Poder Judicial ,el veintiuno (21)

de abril del año dos mil veinte (2020), resultan contrarios al artículo

138 y 156 de la Constitución por no disponer el órgano emisor de

potestad normativa para regular aspectos que conciernen al orden

jurisdiccional del Poder Judicial y, por tanto, así se pronunciará en

la parte dispositiva de la presente sentencia.

NORMA CUESTIONADA – Validez constitucional respecto a los

aspectos administrativos, presupuestarios, disciplinarios y de capital

humano

Cabe señalar, sin embargo, que las aludidas disposiciones

normativas como el resto de las contenidas en la Resolución

núm. 002-2020, son constitucionalmente válidas en torno a la

reglamentación de la rma digital de los documentos propios de

las labores presupuestaria, administrativa, nanciera, disciplinaria

y las relativas al capital humano del Poder Judicial; en tanto que

dicho aspecto de la resolución no ha sido cuestionado y resulta

compatible con el ámbito reglamentado, emanan del órgano con

competencia para emitir ese tipo de reglamentación y se trata de un

reglamento auto organizativo que no requiere de habilitación legal,

expresa tal como lo ha resuelto este Tribunal Constitucional en la

ya mencionada Sentencia TC/0048/20.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – Decide dictar una sentencia

reductora-aditiva / SENTENCIA REDUCTORA-ADITIVA

– Conguración / SENTENCIA REDUCTORA-ADITIVA –

Reiteración de precedente

610 | UNA DÉCADA DE LABOR JURISPRUDENCIAL

Una vez comprobada la inconstitucionalidad de los numerales 3), 7),

8) y 9.2) del primero de los párrafos de la parte dispositiva de la Re-

solución núm. 002-2020 dictada por el Consejo del Poder Judicial, el

veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020), y al resultar in-

constitucional sólo una parte, y no el texto íntegro de los precitados

numerales, procede adoptar –como ha realizado este Tribunal en si-

tuaciones análogas – una sentencia reductora-aditiva, esto es, una de-

cisión en que «la inconstitucionalidad declarada sólo afecta una parte

del texto y no su totalidad» (TC-0214-19 del 22 de julio de 2019).

NORMA CUESTIONADA – Interpretación conforme a la

Constitución

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Se limitó a ejercer su

potestad

En la especie, el acto impugnado fue dictado por el órgano con

potestad para emitir los actos de naturaleza administrativa interna.

El mismo se limita al nombramiento de comisiones integradas por

empleados del Poder Judicial (jueces y servidores judiciales) para

la realización de unas tareas propias de la institución y que inciden

en el funcionamiento al interior de la misma razón por la cual no

puede ser cuestionado mediante una acción de inconstitucionalidad.

ACCIÓN DIRECTA EN INCONSTITUCIONALIDAD –

Inadmite

Por tales motivos procede declarar, de ocio, la inadmisibilidad

de la acción presentada por el Colegio Dominicano de Abogados

de la República Dominicana (CARD) y el señor Miguel Alberto

Surún Hernández (Expediente TC-01-2020-0030), en lo relativo

a la Resolución núm. 003-2020, dictada por el Consejo del Poder

Judicial, el cinco (5) de mayo del año dos mil veinte (2020). c) Acerca

de la Resolución núm. 004-2020, del diecinueve (19) de mayo del

año dos mil veinte (2020), que establece el Plan de Continuidad de

las Labores del Poder Judicial.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 611

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Está habilitado para

regular la apertura de los locales y la jornada laboral / PODER

JUDICIAL – No le corresponde regular los aspectos atinentes a los

procedimientos judiciales

Si bien la reglamentación de todo lo relativo a la apertura de los

locales que alojan las ocinas y tribunales del Poder Judicial, así

como lo relativo al establecimiento de las jornadas y horarios la-

borales de los servidores judiciales y de los jueces corresponde al

Consejo del Poder Judicial, no así lo atinente a los trámites y me-

didas reguladas por los diversos procedimientos judiciales, urgen-

tes o no, organizados por las leyes, aun cuando estas tengan como

propósito proteger o asegurar de manera anticipada y, sin tocar

el fondo, la culminación o instrucción adecuada de los procesos

judiciales; ni todas aquellas actuaciones vinculadas a la tutela de

los derechos y garantías fundamentales; ni tampoco lo relativo a

las impugnaciones que disponga la ley para medidas preventivas o

transitorias (cautelares, de coerción u otros de similar naturaleza),

ni lo relacionado con las acciones constitucionales que deban cono-

cer los tribunales, tal como se regula en el literal A) del artículo 18

de la indicada Resolución núm. 004-2020.

ÓRGANOS JURISDICCIONALES – Les corresponde determi-

nar si un caso de fuerza mayor justica la suspensión del cumpli-

miento de un acto procesal en el plazo previsto / CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL – Se atribuyó funciones que no le correspon-

den / PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL –

Vulneración / PRINCIPIO DE LEGALIDAD – Vulneración

Ahora bien, la determinación acerca de si un caso fortuito o de fuer-

za mayor provoca o no la suspensión del cumplimiento de un acto

procesal dentro de un plazo previsto por la ley corresponde a los

órganos jurisdiccionales y no así a un órgano de carácter adminis-

trativo como lo es el Consejo del Poder Judicial, razón por la cual

al resolver como lo hizo ese órgano, suspendiendo esos plazos y

organizando la manera de cómo se reactivarían estos, así como re-

612 | UNA DÉCADA DE LABOR JURISPRUDENCIAL

gulando otros aspectos en el orden procesal y jurisdiccional, actuó

fuera de los ámbitos de su potestad reglamentaria violando así los

artículos 138 y 156 de la Constitución de la República, indepen-

dientemente de haber transgredido las disposiciones del artículo 73

al atribuirse funciones propias de los órganos jurisdiccionales, así

como el principio de supremacía constitucional (artículo 6 de la

Carta Sustantiva),motivo por el cual procede declarar la no con-

formidad con dichos textos constitucionales de los artículos 1,4, 6,

18, y 19 de la Resolución 004-2020,del diecinueve (19) de mayo del

año dos mil veinte (2020), que establece el Plan de Continuidad de

las Labores del Poder Judicial, tal como será establecido en la par-

te dispositiva de la presente sentencia. A) Acerca de la Resolución

núm.005-2020, del diecinueve (19) de mayo del año dos mil veinte

(2020), que establece la Guía de Teletrabajo.

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – El aspecto regulado está

dentro de sus competencias

Del análisis integral de la resolución examinada se inere, contrario

a lo que sostienen los accionantes, que su objeto es cónsono con

el ámbito competencial del Consejo del Poder Judicial, ya que

la regulación que ella establece versa sobre cuestiones de índole

laboral entre los servidores judiciales y la institución para la que

presentan servicio; asunto que forma parte de su función como

órgano constitucional encargado de velar por los recursos humanos

en sentido general tal como resulta del artículo 33 de la Ley núm.

28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial.

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA – Garantía del derecho

al debido proceso / DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA –

Reiteración de precedente

Este argumento guarda relación con lo sostenido por este Tribunal

Constitucional en su Sentencia TC/0532/18, en la que se sostuvo que

«el acceso a la justicia, lo mismo como derecho que como principio,

se enarbola como una de las garantías del debido proceso…».

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 613

NORMA CUESTIONADA – Contenido / NORMA

CUESTIONADA – No establece un sistema virtual de justicia /

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA – No vulneración

Además, dado que la Resolución 005-2020 regula una modalidad

de trabajo de cara a los empleados judiciales y tomando en cuenta

que se dirige a un grupo especíco de las tareas propias de los

servidores judiciales, se constata que lo que establece la misma

es la posibilidad de una forma adicional para prestar el trabajo,

y no así un sistema de justicia virtual que imposibilite el acceso a

la justicia en favor de los ciudadanos, ya que en esta no se excluye

ni se prohíbe en ninguna parte de su contenido la modalidad

presencial de trabajo ni se colocan obstáculos o barreras que

diculten el acceso a la justicia. a) En relación con la Resolución

núm. 006-2020, sobre Declaración de Normas y Principios del

Servicio Judicial, del dos (2) de junio del año dos mil veinte (2020),

es oportuno indicar lo siguiente:

SERVICIO JUDICIAL – Alcance

Como se ha podido comprobar, conforme al párrafo II, del artículo

4, que se acaba de transcribir el concepto de servicio judicial

abarca todas las materias y procesos realizados por los órganos

jurisdiccionales y administrativos.

NORMA CUESTIONADA – Incide sobre procedimientos

jurisdiccionales

Así resulta ostensible que el núcleo normativo de la indicada

resolución gira en torno al diseño de un marco axiológico y

conceptual que incide, directamente, en los procedimientos

jurisdiccionales establecidos por las leyes nacionales y cuyos

posibles vacíos sólo pueden ser llenados por la autoridad

competente, con estricto apego a la Constitución y a las leyes que

rijan cada materia en particular.

614 | UNA DÉCADA DE LABOR JURISPRUDENCIAL

PRINCIPIO DE JURIDICIDAD – Vulneración / CONSEJO

DEL PODER JUDICIAL – Actuó fuera de sus atribuciones

constitucionales

Por tales motivos, la normativa en cuestión resulta contraria al

artículo 138 contentivo de los principios de juridicidad y legalidad,

así como del artículo 156 que establece el marco de las atribuciones

del Consejo del Poder Judicial ya que, como se ha explicado más

arriba en esta misma decisión, no es el órgano competente para

denir normas y principios propios del ámbito jurisdiccional.

SENTENCIA EXHORTATIVA – Invita al consejo del poder

judicial a regular mediante nueva normativa los servicios en el

ámbito administrativo

Sin embargo, tomando en cuenta que la propia normativa atacada

reere que su ámbito de aplicación también abarcará los servicios

administrativos, cuestión que sí entra en el ámbito de competencia

del Consejo del Poder Judicial, procede dictar una sentencia ex-

hortativa que, al tiempo de decretar la inconstitucionalidad de la

Resolución núm. 006-2020, invite al órgano emisor a dictar una

nueva normativa que regule, exclusivamente, el servicio adminis-

trativo que no sea de naturaleza judicial.

SENTENCIAS EXHORTATIVAS – Denición / SENTENCIAS

EXHORTATIVAS – Reiteración de precedentes

Este tribunal ha tenido la oportunidad de denir las sentencias

exhortativas en su Sentencia TC/0189 /15, del quince (15) de julio

de dos mil quince (2015) y en la TC/0221 /16 del catorce (14) de

junio de dos mil dieciséis (2016), entre muchas otras, como «. .una

modalidad de sentencia interpretativa, la cual puede ser dictada

por este tribunal en virtud de lo previsto en el artículo 47 de la

Ley núm. 137-11». a) Respecto a la Resolución núm. 007-2020, que

establece el Protocolo para Manejo de Audiencias Virtuales, del dos

(2) de junio del año dos mil veinte (2020), conviene señalar:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 615

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Órgano incompetente para

emitir la resolución cuestionada / PODER LEGISLATIVO – Le

corresponde regular la inclusión de la tecnología en el ámbito judicial

/ CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Iniciativa legislativa

Lo reprochable, en este caso, no es que se acuda al uso de la

tecnología para hacer más eciente el servicio de justicia e incluso

la labor jurisdiccional, sino que se haya realizado mediante una

normativa emanada de un órgano sin competencia para su dictado

y mediante un mecanismo normativo que, no necesariamente, es el

exigido por la Constitución para regular este tipo de materias. El

uso de estos medios, a los nes jurisdiccionales, debe regularse por

vía legislativa y como resultado del consenso que, generalmente,

se genera en el Congreso alrededor de las leyes. A tales nes el

Consejo del Poder Judicial puede, vía la Suprema Corte de Justicia,

hacer las propuestas de modicaciones legislativas que le autoriza

el numeral 8, del artículo 8, de su Ley Orgánica núm. 28-11.

NORMA CUESTIONADA – Declaratoria de inconstitucionalidad

De lo anterior resulta que la disposición normativa atacada es

contraria a los artículos 138 y 156 de la Constitución que establecen

el principio de legalidad y las atribuciones del Consejo del Poder

Judicial, respectivamente y--por tanto – Deben ser acogidos los

planteamientos formulados por los distintos accionantes en torno al

aspecto ahora estudiado y pronunciar la inconstitucionalidad de la

Resolución núm. 007-2020, sobre Manejo de Audiencias Virtuales.

NORMA CUESTIONADA – Regulación inconstitucional de

derechos fundamentales / PODER LEGISLATIVO – Competencia

exclusiva para regular el ejercicio de los derechos y garantías

fundamentales

En efecto, la indicada normativa ha regulado, adaptado o modulado,

entre otros aspectos, el acceso a la justicia, la garantía a la tutela

judicial efectiva y el ejercicio al derecho a un debido proceso, en

616 | UNA DÉCADA DE LABOR JURISPRUDENCIAL

tanto traslada las reglas, normas y principios propias del modelo de

juicio diseñado por la Constitución a un medio no contemplado ni

establecido por el legislador, único con competencia constitucional

para regular, mediante ley orgánica, todo lo relativo al ejercicio de

los derechos fundamentales.

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Vulneración del principio

de separación de poderes

Al actuar de esta manera, dictando varias resoluciones tendentes a

normar asuntos en el orden jurisdiccional, cuya regulación compete

al legislador, el Consejo del Poder Judicial, empleando una facultad

reglamentaria que ni siquiera dispone, ha incurrido--además – En

una violación del principio de separación de poderes consagrado

por el artículo 4 de la Constitución de la República, cuyo texto se

ha copiado en otra parte de la presente decisión.

PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES – Conguración

de los modelos / CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA

– Adopción de criterio

PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES – Noción

moderna / PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES –

Reiteración de precedente

Por su parte este Colegio Constitucional ha hecho alusión al se-

gundo de los modelos (al de frenos y contrapesos) en su Sentencia

TC/0032 /13, del quince (15) días del mes de marzo del año dos mil

trece (2013), donde, entre otras cosas, se armó: «…Oportuno es

destacar que la noción moderna de separación de poderes es total-

mente diferente a la que tradicionalmente imperaba, en el sentido

de que actualmente dicha separación no es rígida y se admite, ade-

más, la colaboración entre ellos….

PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES – Coexistencia

de ambos modelos en el sistema constitucional dominicano

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 617

Estos dos modelos coexisten en el sistema constitucional dominicano

que ha establecido, por un lado, la concepción formal de separación

de poderes al dividir la administración del Estado en tres poderes

(Legislativo, Ejecutivo y Judicial), atribuyéndole a cada uno

funciones especícas (artículos 93, 128 y 149) sin desmedro del

establecimiento de ciertas facultades que permiten el desarrollo del

modelo de frenos y contrapesos entre un poder y otro cuando así lo

ha autorizado, expresamente, el constituyente.

REGLAMENTOS – Subordinación a la ley / REGLAMENTOS –

Alcance / REGLAMENTOS – Reiteración de precedente

Antes de esto, este Colegio ya había aclarado que: «… 7.3 Esta

subordinación del reglamento a la ley se debe a que el primero

persigue la ejecución de la segunda, desarrollando y completando

en detalle las normas contenidas en ella. Por tanto, “el reglamento

no puede exceder el alcance de la ley ni tampoco contrariarla, sino

que debe respetarla en su letra y espíritu. El reglamento es a la ley

lo que la ley es a la Constitución, por cuanto la validez de aquél

debe estimarse según su conformidad con la ley. El reglamento es

la ley en el punto en que ésta ingresa en la zona de lo ejecutivo; es

el eslabón entre la ley y su ejecución, que vincula el mandamiento

abstracto con la realidad concreta”. …

PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES – Consecuencias

/ PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES – Reiteración

de precedente

Cabe agregar, además, que esta alta corte, en su sentencia,

TC/0234 /14 del veinticinco (25) de septiembre del año dos mil

catorce (2014), ha sostenido que «…10.7…… la consecuencia di-

recta de la prohibición que trae consigo el principio de separación

de poderes que se ha adoptado en el artículo núm. 4 antes citado,

es que… los senadores y diputados no pueden ejercer funciones o

formar parte de organismos o entidades pertenecientes al poder

ejecutivo o al poder judicial. » de donde también deriva que los

618 | UNA DÉCADA DE LABOR JURISPRUDENCIAL

miembros del poder judicial no puedan ejercer funciones o formar

parte de organismos o entidades pertenecientes a los otros dos

poderes del estado.

ACTOS ESTATALES – Su validez está condicionada a que lo emita

el funcionario competente en ejercicio de las disposiciones legales y

constitucionales / ACTOS ESTATALES – Posible nulidad

Lo anterior signica que para que un acto del Estado sea válido la

autoridad que lo emite se encuentre sometida a la Constitución y a

las leyes que regulan el ejercicio del poder, al punto de que el fun-

cionario sólo está facultado para hacer lo que la ley, expresamente,

le autorice. De ahí que los actos ejecutados por fuera de tales facul-

tades resultan nulos.

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Usurpó funciones corres-

pondientes a la Suprema Corte de Justicia

Por otra parte, el órgano emisor de norma, al hacer uso de una

potestad reglamentaria que, para los asuntos jurisdiccionales le

corresponde a la Suprema Corte de Justicia, actuó fuera del ámbito

de su competencia, lo que también se traduce en una violación al

indicado texto constitucional, ya que, «…En efecto, requiriendo la

competencia en derecho público texto expreso, todo acto dictado

por un funcionario que no tenga atribución expresa para emanarlo

es un acto viciado de incompetencia » y, por tanto, de nulidad.

SOBRE LOS EFECTOS FUTUROS DE LA PRESENTE

DECISIÓN:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – Facultad discrecional para

determinar el efecto de sus decisiones

El citado texto legal otorga facultad a este tribunal para, de manera

discrecional y según las particularidades de cada caso, determinar si

sus decisiones producirán efectos retroactivos ( o ex tunc) o efectos

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 619

futuros (o ex nunc), con el n de asegurar la supremacía jurídica de

la Carta Sustantiva sin desmedro de garantizar la seguridad jurídica

derivada de las situaciones jurídicas ya consolidadas y en las que ya

se ha aplicado la norma cuestionada y estimada, por este colegiado,

como contraria a la Constitución.

ACCIÓN DIRECTA EN INCONSTITUCIONALIDAD – La

decisión surtirá efecto hacia el futuro

De esta manera, este tribunal establece que, en el caso que nos

ocupa, los efectos producidos por la presente decisión que reco-

noce la inconstitucionalidad de la Resolución núm. 002-2020, so-

bre Política de Firma Electrónica del Poder Judicial, del veintiuno

(21) de abril del año dos mil veinte (2020); de la Resolución núm.

006-2020, sobre Declaración de Normas y Principios del Servicio

Judicial, del dos (2) de junio del año dos mil veinte (2020); y de la

Resolución núm. 007-2020, que establece el Protocolo para Manejo

de Audiencias Virtuales, del dos (2) de junio del año dos mil veinte

(2020), todas dictadas por el Consejo del Poder Judicial, son para

el futuro.

SITUACIÓN JURÍDICA CONSOLIDADA – Su reconocimiento

justica el efecto futuro de la presente decisión / SITUACIÓN

JURÍDICA CONSOLIDADA – Reiteración de precedentes

Este efecto futuro resulta útil y pertinente, tomando en cuenta la

necesidad de proteger la seguridad jurídica que deriva de la situación

jurídica consolidada relacionada con los distintos procesos efectuados

y los diferentes documentos y decisiones emitidas al abrigo de estas

resoluciones, en el tiempo que ellas permanecieron vigentes, tal como

ha sido decidido, por este colegio constitucional, en situaciones

análogas como la resuelta mediante su Sentencia TC/0024 /12,

dictada el veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012).

INCONSTITUCIONALIDAD DIFERIDA – Aplicación al caso

concreto

620 | UNA DÉCADA DE LABOR JURISPRUDENCIAL

De igual manera, tomando en cuenta la importancia del aspecto

decidido mediante esta sentencia, este tribunal estima no

conveniente conferir a la misma efectos inmediatos a la decisión, ya

que esto podría entorpecer los procesos, diligencias, documentos y

decisiones que, en la actualidad, se encuentran en trámite y que se

adelantan al amparo de estas normativas, por lo cual se justica

que se dieran en el tiempo los efectos que producirá la presente

decisión, de manera que los tribunales y las partes envueltas en los

distintos procesos puedan, en el plazo que se establece, adecuarse

a lo por ella decidido.

TC/0286/21

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO VÁSQUEZ SAMUEL

***

SITUACIÓN JURÍDICA CONSOLIDADA – Aplicación / SI-

TUACIÓN JURÍDICA CONSOLIDADA – No se verica pues

las resoluciones fueron emitidas por un órgano que no tenía la po-

testad para ello

DISPOSICIÓN NORMATIVA – Elemento formal y material /

DERECHOS ADQUIRIDOS – Consecuencias jurídicas nacidas

en virtud de una ley vigente / DERECHOS ADQUIRIDOS –

Implican una situación jurídica consolidada

PRINCIPIO DE LA INMEDIATA APLICACIÓN DE LA LEY

PROCESAL EN EL TIEMPO – Excepciones / PRINCIPIO DE

LA INMEDIATA APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN

EL TIEMPO – Tratamiento jurisprudencial

SITUACIÓN JURÍDICA CONSOLIDADA – Criterios jurispru-

denciales del Tribunal Constitucional / SITUACIÓN JURÍDICA

CONSOLIDADA – El caso concreto no encaja dentro de ninguno

de los supuestos identicados por el tribunal

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 621

RESOLUCIONES INCONSTITUCIONALES – La armación

de que su aplicación genera una situación jurídica consolidada podría

ocasionar futuras violaciones del principio de separación de poderes

/ DERECHO AL DEBIDO PROCESO – Debió establecerse

los supuestos en que quedaría comprometido por la aplicación de

normas anuladas

SITUACIÓN JURÍDICA CONSOLIDADA – Solo debió operar

sobre los actos ejecutados

DERECHO AL DEBIDO PROCESO – Debe ser apreciado en cada

caso

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – Facultad discrecional de gra-

duar excepcionalmente los efectos de sus sentencias / INCONSTI-

TUCIONALIDAD DIFERIDA – Prolonga en el tiempo actos que

subvierten el orden constitucional

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – Mantener el estado de incons-

titucionalidad generado por la aplicación de las normas cuestionadas

lesiona el estado de derecho, la seguridad jurídica y el derecho a la

tutela judicial efectiva

SENTENCIAS INTERPRETATIVAS – Denición y alcance

doctrinal / SENTENCIAS INTERPRETATIVAS – Finalidad

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – Tipos de sentencia que puede

dictar / TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – Potestad para dictar

sentencias interpretativas

SENTENCIA EXHORTATIVA – Modalidades / SENTENCIA

EXHORTATIVA – Persigue evitar la interferencia con las competencias

del poder legislativo / SENTENCIA EXHORTATIVA – El mandato

de la decisión está dirigido al parlamento y excepcionalmente al poder

ejecutivo

622 | UNA DÉCADA DE LABOR JURISPRUDENCIAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – No procedía la emoción

de una sentencia exhortativa, sino la anulación pura y simple /

SENTENCIAS EXHORTATIVAS – Deben limitarse a decisiones

estimativas respecto a normas emanadas del congreso

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Continuó aplicando una

disposición con posterioridad a la fecha en que según dispuso comen-

zaría la nueva normalidad / MECANISMO DE ELUSIÓN CONS-

TITUCIONAL – Denición y efectos sobre el sistema democrático

/ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – Debió indicar que el consejo

del poder judicial ha eludido el cumplimiento de la constitución

TC/0286/21

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO AYUSO

***

PANDEMIA – Generó una situación de incertidumbre mundial

/ PODER JUDICIAL – Obligación de garantizar el acceso a la

justicia / PODER JUDICIAL – Contexto en que debieron ejercer sus

funciones durante el estado de emergencia

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Acudiendo a interpretaciones

audaces vulneraron sin intención el orden constitucional

PODER JUDICIAL – Iniciativa legislativa / PODER JUDICIAL –

Debe retomar el uso de la tecnología siempre que garantice el orden

constitucional / TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – Debe apoyar

las reformas legislativas para que continúe el proceso de digitalización

de la justicia

TC/0286/21

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO CASTELLANOS

KHOURY

***

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Función y rol

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 623

SERVICIO JUDICIAL – Finalidad

FUNCIÓN JUDICIAL – Fundamento constitucional / FUNCIÓN

JUDICIAL – Alcance / FUNCIÓN JUDICIAL – Es todo aquello

que supone una acción jurídica tendente a la declaración o interpre-

tación del derecho

FUNCIÓN JURISDICCIONAL – Remodelación mediante la

reforma constitucional de 2010 / FUNCIÓN JURISDICCIONAL

– Estructura de los órganos que la ejercen / FUNCIÓN

JURISDICCIONAL – Se rige por el principio de unidad

ÓRGANOS DEL ESTADO – Tienen una función administrativa /

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Le corresponde ejercer la

función administrativa del poder judicial / FUNCIÓN ADMINIS-

TRATIVA – Conguración legal

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Competente para

regular, diseñar, aprobar, ejecutar, scalizar y evaluar aspectos

administrativos que viabilicen la operatividad y ejercicio de la

función jurisdiccional

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Atribuciones legales art 2

ley núm. 28-11

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Facultad de aprobar los

reglamentos y directrices que le permitan implementar la ley art 8

ley núm. 28 – 11 / POTESTAD REGLAMENTARIA – Compe-

tencia accesoria e instrumental de su autonomía para el cumplimien-

to de sus funciones / PRINCIPIO DE LA POTESTAD ORGANI-

ZATIVA – Aplicación

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – Tratamiento jurisprudencial

de la potestad reglamentaria del consejo del poder judicial /

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Facultad para emitir actos

que faciliten la administración de justicia

624 | UNA DÉCADA DE LABOR JURISPRUDENCIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA – Alcance de su potestad

reglamentaria art 14 ley núm. 25-91 / SUPREMA CORTE DE

JUSTICIA – Potestad reglamentaria para diseñar o disponer los

procedimientos en el ámbito jurisdiccional cuando la ley no dice

nada al respecto

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA – No le corresponde

regular cuestiones administrativas para hacer operativa la función

jurisdiccional

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Es a quien le corresponde

reglamentar todo aspecto administrativo tendente a viabilizar

la operatividad del servicio público judicial / CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL – Tiene la potestad de establecer un modelo

alterno para la celebración de las audiencias, así como los demás

preparativos para la consumación de los procesos y procedimientos

jurisdiccionales

COVID 19 – Impacto en la administración de justicia /

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Servicio público que

debe ser garantizado por el estado / CONSEJO DEL PODER

JUDICIAL – Principales medidas y regulaciones aplicadas para

hacer funcionar la administración de justicia / JUSTICIA DIGITAL

– Implementación forzosa y apresurada ante el contexto existente /

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Actuó de conformidad con

sus atribuciones y el principio de razonabilidad / CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL – Las medidas y regulaciones adoptadas se

corresponden con el mandato del art. 147 constitución

PODER JUDICIAL – Carácter independiente

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – Debió declarar conforme

con la constitución las resoluciones no.002-2020, 004-2020, 006-

2020, y 007-2020

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 625

TC/0286/21

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO GIL

***

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA – Usurpación de funciones

del poder legislativo / CONSEJO DEL PODER JUDICIAL –

Invasión reiterada de la esfera del poder legislativo

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Causas de su persistente

intromisión en las competencias del poder legislativo / EJERCICIO

DEL PODER – Carácter autoritario / EJERCICIO DEL PODER

– Nocivas consecuencias

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Actuó de buena fe /

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Generó una palpable crisis

que vulneró derechos fundamentales de los usuarios

CIUDADANOS – Debemos estar prevenidos para identicar las

acciones malsanas y perversas que persiguen lesionar el poder

judicial

TC/0286/21

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA SANTANA DE

CABRERA

***

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – Órgano competente para

regular los aspectos administrativos de la labor judicial arts. 156.

8 constitución; arts. 286 y 387 ley núm. 28-11 / CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL – Dimensiones de su autonomía / CONSEJO

DEL PODER JUDICIAL – Debe garantizar la buena administración

de justicia y la efectividad de los derechos de los ciudadanos frente

al poder judicial

RESOLUCIONES CUESTIONADAS – No varían las reglas pro-

cesales de los procedimientos jurisdiccionales, solo persiguen la

626 | UNA DÉCADA DE LABOR JURISPRUDENCIAL

adaptación al entorno virtual / CONSEJO DEL PODER JUDI-

CIAL – No usurpó funciones

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – Debería evitar armaciones

hipotéticas / TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – No debe referirse

a una eventual competencia de la suprema corte de justicia sobre un

aspecto que no ha sido abordado por esa corte / SUPREMA CORTE

DE JUSTICIA – Ausencia de disposición legal que le conceda po-

testad reglamentaria en los aspectos consignados en las resoluciones

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD – Su aplicación debe

observarse tomando en cuenta el contexto en que las cuestionadas

medidas fueron adoptadas

CONSTITUCIÓN – Debe interpretarse de conformidad con la

realidad imperante RESOLUCIÓN No. 002-2020 – Garantiza

mediante el reconocimiento de la rma electrónica los derechos

de acceso a la justicia y a la salud RESOLUCIÓN No. 004-2020

– Procede su inadmisibilidad pues carece de objeto / FALTA DE

OBJETO – Dejó de surtir efecto / RESOLUCIÓN NO.004/2020 –

Su nalidad es conforme con la constitución

RESOLUCIÓN No.006-2020 – No modicación de la esencia del pro-

cedimiento de audiencia, solo se modica el entorno en que se realizan /

RESOLUCIÓN No.006-2020 – No vulneración de la constitución

RESOLUCIÓN NO.007-2020 – Carácter facultativo de las

audiencias virtuales / TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – Debió

declarar dicha resolución conforme con la constitución

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – Debió inadmitir la acción

interpuesta contra el acta extraordinaria no. 0002-2020, resoluciones

no. 0032020, 004-2020, 005-2020

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – Debió rechazar la acción

interpuesta contra las resoluciones no. 002-2020, 006-2020