TC/0415/22, ocho (8) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
| Páginas | 663-697 |
| Fecha | 01 Enero 2022 |
| Fecha de publicación | 01 Enero 2022 |
| Materia | Derecho Constitucional |
Anuario 2022 Tribunal Constitucional • 663
SENTENCIA TC/0415/22
Referencia: Expediente núm. TC-04-
2021-0062, relativo al recurso de
revisión constitucional de decisión ju-
risdiccional interpuesto por la Distri-
buidora Farmacia Caribe, SRL, contra
la Sentencia núm. 337-2019, dictada
por la Tercera Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia el treinta (30) de agosto
de dos mil diecinueve (2019).
En el municipio Santo Domingo Oeste,
provincia Santo Domingo, República Do-
minicana, a los ocho (8) días del mes de di-
ciembre del año dos mil veintidós (2022).
El Tribunal Constitucional, regularmente
constituido por los magistrados Milton Ray
Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, pri-
mer sustituto; Lino Vásquez Sámuel, segundo
sustituto; José Alejandro Ayuso, Alba Luisa
Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega,
Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo
Gil, María del Carmen Santana de Cabrera,
Miguel Valera Montero y José Alejandro Var-
gas Guerrero, en ejercicio de sus competen-
cias constitucionales y legales, especícamen-
te las previstas en los artículos 185.4 y 277 de
la Constitución; 9 y 53 de la Ley núm. 137-
11, Orgánica del Tribunal Constitucional y
de los Procedimientos Constitucionales, del
trece (13) de junio de dos mil once (2011),
dicta la siguiente sentencia:
I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la sentencia recu-
rrida en revisión constitucional de
decisión jurisdiccional
La decisión objeto del presente recurso de
revisión constitucional es la Sentencia núm.
337-2019, dictada por la Tercera Sala de la
Suprema Corte de Justicia, el treinta (30)
de agosto de dos mil diecinueve (2019), la
cual rechazó el recurso de casación inter-
puesto por Distribuidora Farmacia Caribe,
SRL, contra la Sentencia núm. 030-2017-
SSEN-00052, dictada por la Tercera Sala
del Tribunal Superior Administrativo, cuyo
dispositivo, textualmente, dice:
PRIMERO: RECHAZA el recurso de
casación interpuesto por Distribuidora
Farmacia Caribe, SRL, contra la
Sentencia núm. 030-2017-SSEN-
00052, dictada por la tercera Sala del
tribunal Superior Administrativo, cuyo
dispositivo ha sido copiado en parte
anterior del presente fallo.
SEGUNDO: declara que en esta materia
no hay condenación en costas.
En el expediente existe constancia del Me-
morándum / Ocio núm. 03-12786, del
once (11) de septiembre de dos mil dieci-
nueve (2019), de la Secretaría General de
la Suprema Corte de Justicia, que comu-
nica el dispositivo de la referida Sentencia
núm. 337-2019 a la parte recurrente, re-
cibida el doce (12) de diciembre de dos mil
diecinueve (2019).
2. Presentación del recurso de
revisión constitucional de
decisión jurisdiccional
Mediante instancia depositada el dieci-
séis (16) de octubre de dos mil diecinueve
(2019) en la Secretaría General de la Su-
prema Corte de Justicia, la parte recurren-
te, Distribuidora Farmacia Caribe SRL,
interpuso el presente recurso de revisión
constitucional contra la Sentencia núm.
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337-2019, el cual fue recibido en la Secre-
taría del Tribunal Constitucional el treinta
(30) de marzo de dos mil veintiuno (2021).
En el expediente existe constancia de no-
ticación del presente recurso a la parte
recurrida, Dirección General de Impuestos
Internos (DGII), mediante el Acto núm.
792/2019, del ministerial Enrique Aguiar
Alfau, alguacil ordinario del Tribunal Su-
perior Administrativo, el diecisiete (17) de
octubre de dos mil diecinueve (2019).
La parte recurrida, Dirección General de
Impuestos Internos (DGII), depositó su
escrito de defensa en la Secretaría General
de la Suprema Corte de Justicia el catorce
(14) de noviembre de dos mil diecinueve
(2019), recibido en la Secretaría del Tri-
bunal Constitucional, el treinta (30) de
marzo de dos mil veintiuno (2021). En el
expediente existe constancia de que dicho
escrito fue noticado a la parte recurren-
te, Distribuidora Farmacia Caribe SRL.,
mediante el Acto núm. 1,059/2019, del
ministerial Aquiles J. Pujols Mancebo, al-
guacil de estrados de la Cámara Penal de
la Corte de Apelación de Santo Domingo,
el dieciocho (18) de noviembre de dos mil
diecinueve (2019).
3. Fundamentos de la sentencia
recurrida en revisión
constitucional de decisión
jurisdiccional
La referida Sentencia núm. 337-2019, re-
chazó el recurso de casación interpuesto
por Distribuidora Farmacia Caribe, SRL,
esencialmente, por los motivos siguientes:
CONSIDERANDO: Que para
apuntalar su único medio de casación
la parte recurrente alega, en esencia, que
para justificar su sentencia el tribunal
a quo hace una exigua e inentendible
exposición de lo que supuestamente
fueron sus alegatos de que no podían
existir comprobantes fiscales que
justificaran las supuesta diferencia
de impuestos detectadas por la parte
recurrida, porque estas no existe; que
dicho tribunal no sustentó su decisión
sobre hechos demostrables, asumiendo
de manera errática el mismo criterio de
la parte recurrida y fundamentándose
en un informe que se limitó a verificar los
documentos que avalaban las supuestas
diferencias, pero sin investigar in situ
o en el campo de la realidad de los
hechos, inaplicando así el principio de
la verdad material que le exige buscar la
verdad más allá de lo alegado por las
partes; que dicho tribunal no observó
que la auditoría practicada por la DGII
se hizo de manera parcial a través de
los formatos 606 que sustenta costos y
gastos, sin medir el efecto de estos a partir
del formato 607 de ingresos, violando el
principio de contabilidad por partida
doble, lo que resta credibilidad a dicha
determinación.
Que esta Tercera Sala de la Suprema
Corte de Justicia considera que, para
rechazar el recurso de que estaba
apoderado el tribunal a quo estableció
razones suficientes y convincentes, ya
que al hacer la valoración integral de las
pruebas pudo comprobar que existían
diferencias entre los reportes de costos y
gastos aportados por la parte recurrente
en sus formatos 606 y los reportes de las
facturas de ingresos de sus proveedores,
que condujo a establecer que la parte
recurrente reportó compras por un
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monto superior al que estaba respaldado
por comprobantes fiscales, en violación
a lo dispuesto por el artículo 288,
literal e) del Código Tributario, que al
referirse a los conceptos y partidas no
deducibles expresa que los gastos que
no estén respaldados en comprobantes
fehacientes no serán considerados como
deducibles a los fines fiscales y sin
que la parte recurrente haya aportado
ante dichos jueces ningún elemento de
juicio que pudiera variar esta decisión,
máxime cuando de los transcrito en esta
sentencia se advierte, que las diferencias
detectadas por la DGII en su proceso
de fiscalización surgieron al aplicar el
método de determinación directo sobre
los documentos aportados por la propia
parte recurrente y los reportes de sus
proveedores, que al ser comparados
aplicando el principio de contabilidad
por partida doble, conforme al cual
todo gasto para que pueda ser deducible
para el adquiriente debe tener como
contrapartida un ingreso para el
proveedor o vendedor, encontraron
gastos reportados por montos superiores
a los ingresos de los proveedores y sin que
los mismos tuvieran el respaldo de los
comprobantes fiscales correspondientes.
Que esta Corte de casación considera,
que si bien es cierto que la norma
general que aplica en materia tributaria
es que las compras de bienes y servicios
vinculadas con las actividad generadora
de ingresos gravados, califican como
gastos deducibles al tenor del artículo
287 del Código Tributario, no menos
cierto es, que esta norma no es absoluta,
ya que el propio código dispone en su
artículo 288 que si estas compras no
están sustentadas en comprobantes con
valor de crédito fiscal, como se comprobó
en la especie, dicho gasto se considera
como no deducible y por tanto, no podrá
ser rebajado o disminuido al momento
de determinar la renta imponible
del contribuyente, textos que fueron
debidamente aplicados por el tribunal
a quo para considerar que la parte
recurrente no podía afectar sus ingresos
con compras superiores a los montos
que realmente estaban sustentados
en comprobantes fiscales, sin que se
advierta que al llegar a esta conclusión
haya incurrido en desnaturalización
o en falta de ponderación, sino por
el contrario, las motivaciones de esta
sentencia ponen de manif iesto que
dicho tribunal aplicó debidamente el
derecho sobre los hechos que fueron
juzgados, sin que se advierta que para
su convicción se fundamentara en el
supuesto informe pericial alegado por la
parte recurrente, resultando necesario
señalar que es un documento interno a
cargo de técnicos empleados de dicho
tribunal, que no es objeto de debate
ni de contradicción no garantiza el
equilibrio en el debate, lo que no ocurrió
en el presente caso, ya que el examen de
esta sentencia revela que el tribunal se
fundamentó en la valoración conjunta
de los elementos probatorios que fueron
sometidos a contradicción, con lo que se
preservó el debido proceso.
Que finalmente, el estudio general de
la sentencia impugnada pone de relieve
que el tribunal a quo hizo una correcta
apreciación de los hechos y documentos
de la causa, exponiendo motivos
suficientes, pertinentes y congruentes,
que justif ican la decisión adoptada, lo
que permitido a esta Tercera Sala de la
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Suprema Corte de Justicia, actuando
como Corte de Casación, verificar que
en la especie se ha hecho una correcta
aplicación de la ley, sin incurrir el fallo
impugnado, en los vicios denunciados
por la parte recurrente en el medio
examinado, procediendo rechazar el
recurso de casación.
4. Hechos y argumentos jurídicos
de la parte recurrente en revisión
constitucional de decisión
jurisdiccional
La parte recurrente, Distribuidora Farma-
cia Caribe, SRL, pretende que se acoja en
cuanto al fondo el presente recurso de revi-
sión, y, consecuentemente, que se declare
nula y sin efecto legal la sentencia impug-
nada, por ser violatoria de los preceptos
constitucionales establecidos en el artículo
69 de la Constitución, y que se disponga el
envío del expediente a la Tercera Sala de
la Suprema Corte de Justicia para que sea
conocido y fallado por esa corte. Para sus-
tentar sus pretensiones, alega, entre otros
motivos, los siguientes:
Resulta evidente que nuestros reclamos
sobre el debido proceso (sic) fue
solicitado en la sede administrativa
como en la jurisdiccional, atendiendo
a lo preceptuado en el artículo 44
plasmado en la sentencia emitida por
la tercera dala de la Suprema Corete de
justicia, motivo de la presente revisión
de inconstitucionalidad reproducida
anteriormente.
Habíamos reseñado en el recurso de
Casación interpuesto, que la mayor in-
congruencia que dejó trunca la investi-
gación realizada por la Dirección Gene-
ral de Impuestos Internos se inicia desde
los comienzos en sede administrativa, y
luego en lo jurisdiccional, cuanto, tanto
el funcionario actuando del organismo
recaudador, así como el perito designa-
do por el Tribunal Superior Administra-
tivo, se limitaron a estudiar y validar
las pruebas supuestamente aportadas
por terceros, mismas que no fueron co-
municadas a la recurrente, obviando el
debido proceso como es la exhaustiva
verificación de las transacciones y do-
cumentos producidos debido a dichas
transacciones comerciales, in situ, des-
deñando los aportes que la empresa
hizo en su defensa.
La administración Tributaria forzó
una situación tendente a imponerle
una nueva carga tributaria a la
empresa recurrente, desviando los
principios consagrados en el Art. 69
toda vez que nadie está obligado a
declarar contra sí mismo y de ello esta
conteste tanto el tribunal Superior
Administrativo como la Tercera Sala
de la Suprema Corte de Justicia, acorde
con lo señalado en sus Sentencias (…)
Entendemos que tan pronto hubo
discrepancia entre lo analizado
por la Administración Tributaria
según datos obtenidos por ella, y sin
haber sido puesto en conocimiento
del recurrente, así como los datos,
informaciones y documentos aportados
por la impetrante, debió colegirse que la
situación o conflicto debió sustentarse
en un estudio exhaustivo mismo que
solo pudo lle varse a cabo en el centro
operacional del negocio.
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Es por ello que ha sido criterio del
Tribunal Contencioso Tributario )hoy
Tribunal Superior Administrativo)
plasmado en la Sentencia de fecha 22
de agosto de 2000 que: “considerando,
que después de un pormenorizado
estudio del expediente en cuestión,
este tribunal tiene el criterio que para
una sana justicia, equivalente para las
partes, con apego a la ley y sin que se
viole el derecho de defensa, se hace
necesario realizar un peritaje en los
libros de la empresa, a fin de que se
puedan analizar los hechos planteados
que servirán de soporte en la decisión
final del caso en cuestión. (subrayado
nuestro).
En nuestro recurso de casación hicimos la
salvedad de que las pruebas aportadas
por la recurrente nunca podrán justificar
las diferencias porque simplemente
no existen. Todo lo contrario, con
dichas pruebas quedo demostrado la
veracidad de nuestros argumentos y la
improcedencia de la impugnación que
nos ocupa. Un punto relevante y que
viola el debido proceso, y así lo hicimos
constar en nuestro Recurso de Casación,
radica en que el tribunal y así lo acepta
la Suprema Corte de Justicia, no se
valió de un peritaje técnico realizado
en los libros de la empresa, resultado
de una auditoría parcial realizada por
el órgano recaudador, a través de un
simple cruce de información.
Si bien la Administración Tributaria
para comprobar la fidelidad del
comportamiento tributario del
contribuyente puede requerirlo a los
fines de que sustente sus operaciones
comerciales a través de documentos
establecidos para tales fines, es
incuestionable que al tenor del Art.
44 del Código tributario, esa facultad
conferida por dicho canon debe ser
ejercida dentro de un procedimiento
estrictamente apegado a las garantías
que ofrece el debido proceso, ya que
extrapolando un criterio constitucional
extranjero, “esta facultad no puede
ser ejercida de manera irrazonable,
desconociendo principios y valores
constitucionales ni al margen del
respeto a los derechos fundamentales
de los contribuyentes, pues se negaría la
esencia propia del estado Constitucional
que se caracteriza precisamente por
limitar y controlar el ejercicio arbitrario
del Estado.
como bien ha señalado el tribunal
Constitucional, facilita la determinación
de la obligación tributaria sobre una
base cierta que le permita realizar
sus funciones dentro de un marco del
respecto al debido proceso, al principio
de legalidad tributaria y a los derechos
fundamentales de los contribuyentes.
Esto no se logra con la simple
herramienta del cruce de información
máxime cuando se le quiere obligar
al contribuyente justificar diferencias
inexistentes y que solo podrían ser
confirmadas o no con la auditoría de
campo, esto implica el respeto al debido
proceso, y no a una autoincriminación
obligada.
El Tribunal Constitucional en su
Sentencia 0493/15 reconoce la
supremacía de la Contabilidad sobre
pruebas globales y validaciones
estimativas.
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En su obra El debido proceso (…) el
Dr. Javier Andrés Golvis Arteaga, hace
referencia a un concepto jurisprudencial:
“El procedimiento tributario, al
garantizar el debido proceso, brinda el
derecho de defensa de los contribuyentes
y obligados a cumplir obligaciones
tributarias. Para tal efecto, ha de otorgar
la posibilidad de controvertir todos los
actos administrativos, sean definidos
o de trámites, llámese requerimientos
especiales o liquidaciones of iciales,
pliegos de cargas o resoluciones.
Además los contribuyentes pueden
aportar pruebas, solicitar revisiones
especiales e inspecciones contables o
tributarias para aclarar los hechos en la
oportunidad dentro del término debido.
Atendiendo los mismos principios
constitucionales, el sistema tributario
no puede entenderse como un conjunto
de normas aisladas y esto involucra
el debido proceso, el cual ha de ser
equitativo, eficiente y justo.
Conforme a lo anterior es evidente que la
actitud de la Administración tributaria,
y de las jurisdicciones contencioso
tributaria y corte de casación hicieron
mutis de nuestros reclamos al debido
proceso, es decir al procedimiento de
auditoría de campo y consecuente
examen de los libros contables en franca
violación al Art. 69 de la Constitución y
el Art. 44 del Código Tributario.
5. Hechos y argumentos jurídicos
de la parte recurrida en revisión
constitucional de decisión
jurisdiccional
La parte recurrida, Dirección General de
Impuestos Internos (DGII), pretende que
se rechace en todas sus partes el presente
recurso, y, en consecuencia, que conrme
en todas sus partes la sentencia recurrida
en revisión, y para tales nes, argumenta,
entre otros, los siguientes razonamientos:
Como se observa, en la descripción
de los argumentos vertidos por la
recurrente en fase jurisdiccional, no
esbozó, como contrariamente alega en
la instancia del recurso de revisión que
nos ocupa, el alegato de transgresión,
en el proceso de determinación, del
debido proceso o de algún otro derecho
fundamental violentado por el fisco. En
ese sentido, el tribunal Constitucional
fecha 15 de marzo de 2013, creó
jurisprudencia con el criterio de que:
“Cuando el recurrente no alega ante
los Tribunales la supuesta violación
a sus derechos fundamentales, no
puede alegarlo por primera vez ante
el tribunal Constitucional en un
recurso de Revisión de decisiones
Jurisdiccionales”.
Obsérvese Honorables Magistrados,
que el análisis que precedió a la sentencia
recurrida confirmó que la sentencia
analizada fundamentó su decisión en
la valoración de todos los elementos
probatorios aportados por el proceso,
y estuvo garantizado en todo momento
el alegado debido proceso señalado en
esta instancia como elemento nuevo por
la recurrente.
Que en sentido general, el recurso
de revisión constitucional enarbola
argumentaciones tendentes a que sean
evaluados los hechos del proceso,
siendo un criterio reiterado de este
Anuario 2022 Tribunal Constitucional • 669
Honorable Tribunal Constitucional,
que “en materia de revisión de
decisiones jurisdiccionales el Tribunal
Constitucional debe limitarse a
analizar la vulneración de derechos
fundamentales, sin revisar los hechos
del proceso” (Sentencia Tc/ 0037/13,
de fecha 15 de marzo de 2013).
Es de resaltar, que la facultad de
fiscalización e inspección de la
Dirección General de Impuestos
Internos es un atributo propio e
inherente de este ente, que le ha sido
conferido de forma amplia por el
Código Tributario cuando consagra
en su artículo 30, que le corresponde
a esta entidad la administración
y aplicación de todos los tributos
internos nacionales previstos por
el Código o por cualquier otra ley
tributaria, así como el artículo
44 que al referirse a esta fac ultad
establece que los órganos de la
Administración Tributaria disponen
de amplias facultades de inspección,
fiscalización e investigación, a través
de sus funcionarios competentes
con el objeto de que sean cumplidas
las disposiciones de dicho código y
otras leyes, reglamentos y normas
tributarias puestas a su cargo y el
artículo 64 que le otorga la facultad
de determinación, en virtud de la cual
puede declarar la ocurrencia del hecho
generador y definir el monto de la
obligación o declarar la ine xistencia,
exención o inexigibilidad de la misma.
En síntesis, magistrados, la decisión
recurrida por la accionante ha
cumplido con todos los requisitos y
votos de ley, por tanto , el recurso
incoado resulta improcedente a todas
luces.
6. Opinión de la Procuraduría
General Administrativa
El Procurador General Administrativo de-
positó escrito de defensa ante el presente
recurso, depositado en la Secretaría General
de la Suprema Corte de Justicia el veinti-
trés (23) de octubre de dos mil diecinueve
(2019), mediante el cual solicita, de manera
incidental, la inadmisibilidad del presente
recurso de revisión por falta de trascenden-
cia, en virtud de lo que establece el artículo
100 de la Ley núm. 137-11, y en cuanto al
fondo expresa lo siguiente: A que la senten-
cia recurrida, objeto del presente recurso de
revisión, fue dictada con estricto apego a la
Constitución y las leyes de la república, y
contiene motivos de hecho y derecho más que
suficientes, razón por la cual deberá ser con-
firmada en todas sus partes.
7. Pruebas documentales
Las pruebas documentales más relevantes
que constan el expediente son las siguien-
tes:
1. Memorial de casación depositado por
Distribuidora Farmacia Caribe SRL, en la
Secretaría General de la Suprema Corte de
Justicia el veintiséis (26) de enero de dos
mil dieciocho (2018).
2. Copia de la Sentencia núm. 337-2019,
dictada por la Tercera Sala de la Suprema
Corte de Justicia el treinta (30) de agosto
de dos mil diecinueve (2019).
3. Instancia del recurso de revisión cons-
titucional de decisión jurisdiccional depo-
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sitado por Distribuidora Farmacia Caribe,
SRL, en la Secretaría General de la Supre-
ma Corte de Justicia, el dieciséis (16) de
octubre de dos mil diecinueve (2019).
4. Acto núm. 792/2019 de noticación
del recurso de revisión constitucional a la
Dirección General de Impuestos Internos
(DGII), instrumentado por el ministerial
Enrique Aguiar Alfau, alguacil ordinario
del Tribunal Superior Administrativo, el
diecisiete (17) de octubre de dos mil dieci-
nueve (2019).
5. Escrito de defensa de la Dirección Ge-
neral de Impuestos Internos (DGII), de-
positado en la Secretaría General de la Su-
prema Corte de Justicia el catorce (14) de
noviembre de dos mil diecinueve (2019).
6. Acto núm. 1,059/2019, de noticación
de escrito de defensa a la parte recurrente,
del ministerial Aquiles J. Pujols Mancebo,
alguacil de estrados de la Cámara Penal de
la Corte de Apelación de Santo Domingo,
del dieciocho (18) de noviembre de dos mil
diecinueve (2019).
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8. Síntesis del conicto
Conforme a los documentos depositados
en el expediente y a los hechos invocados
por las partes, el presente conicto se ini-
cia con la interposición de un recurso de
reconsideración por parte de la Distribui-
dora Farmacia Caribe SRL, en contra de la
determinación tributaria practicada por la
Dirección General de Impuestos Internos
(DGII) a sus declaraciones de Impuesto so-
bre la Renta, relativa a los periodos scales
dos mil nueve (2009), dos mil diez (2010)
y dos mil once (2011), y del Impuesto a las
Transferencias de Bienes Industrializados
(ITBIS) correspondiente al mes de abril de
dos mil diecinueve (2009), alegando im-
procedencia y violación al debido proceso
administrativo por parte del órgano actuan-
te en la determinación tributaria realizada a
la empresa hoy recurrente.
La DGII rechazó dicho recurso de re-
consideración mediante la Resolución
núm. 512/2014, del veintinueve (29) de
agosto de dos mil catorce (2014), por lo
que la Distribuidora Farmacia del Caribe
SRL, incoó un recurso contencioso tribu-
tario, el cual fue decidido por mediación
de la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-
00052, dictada por la Tercera Sala del tri-
bunal Superior Administrativo, el veintio-
cho (28) de febrero de dos mil diecisiete
(2017).
No conforme con esta última decisión, la
Distribuidora Farmacia Caribe, SRL, in-
terpuso un recurso de casación que fue re-
chazado mediante la Sentencia núm. 337-
2019, de la Tercera Sala de la Suprema
Corte de Justicia del treinta (30) de agosto
de dos mil diecinueve (2019).
Es en contra de esta última decisión que la
parte recurrente ha interpuesto por ante el
Tribunal Constitucional, el presente recur-
so de revisión constitucional de decisión
constitucional.
9. Competencia
Este tribunal constitucional es competen-
te para conocer del presente recurso de
revisión constitucional de decisión juris-
Anuario 2022 Tribunal Constitucional • 671
diccional, en virtud de lo que disponen los
artículos 185.4 y 277 de la Constitución;
9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica
del Tribunal Constitucional y los Procedi-
mientos Constitucionales, del trece (13)
de junio de dos mil once (2011).
10. Admisibilidad del presente
recurso de revisión constitucional
de decisión jurisdiccional
10.1. El artículo 277 de la Constitución
y el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, Or-
gánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales, estable-
cen que el Tribunal Constitucional tiene la
potestad de revisar las decisiones jurisdic-
cionales que hayan adquirido la autoridad
de la cosa irrevocablemente juzgada, con
posterioridad al veintiséis (26) de enero
de dos mil diez (2010). Tal es el caso de la
referida Sentencia núm. 337-2019, la cual
fue dictada el treinta (30) de agosto de dos
mil diecinueve (2019).
10.2. Por otra parte, el artículo 54, nu-
meral 1, de la Ley núm. 137-11, establece
el plazo para interponer este tipo de recur-
so cuando dispone: El recurso se interpon-
drá mediante escrito motivado depositado
en la Secretaría del Tribunal que dictó la
sentencia recurrida, en un plazo no mayor
de treinta días a partir de la notificación de
la sentencia.
10.3. Acorde con lo señalado en la refe-
rida norma, es de rigor procesal que este
tribunal proceda a examinar si el presente
recurso de revisión constitucional de deci-
sión jurisdiccional cumple con este requi-
sito de admisibilidad, y vericar si el mis-
mo fue interpuesto dentro del plazo de los
treinta (30) días posteriores a la notica-
ción de la sentencia recurrida en revisión.1
En el presente caso, no existe en el expe-
diente constancia de noticación de la refe-
rida sentencia a la parte recurrente, de ma-
nera íntegra, ya que el ocio de noticación
núm. 03-12786 de la Secretaría General
de la Suprema Corte de Justicia, solamen-
te comunica el dispositivo de la Sentencia
núm. 337-2019, a la parte hoy recurrente
en revisión constitucional, por lo que, por
aplicación del precedente establecido me-
diante la Sentencia TC/0001/18, de dos
(2) de enero de dos mil dieciocho (2018),
dicha sentencia se da por no noticada,
pues no puso al recurrente en la posibili-
dad de defenderse por no haber recibido la
noticación de la sentencia íntegra.
10.4. A lo anterior se suma, lo prescrito
por el señalado artículo 53 de la Ley núm.
137-11, en el sentido de que el recurso de
revisión constitucional de decisiones juris-
diccionales procede: 1) Cuando la decisión
declare inaplicable por inconstitucional
una ley, decreto, reglamento, resolución u
ordenanza; 2) Cuando la decisión viole un
precedente del Tribunal Constitucional; y
3) Cuando se haya producido una viola-
ción de un derecho fundamental.
10.5. En el caso que nos ocupa, la parte
recurrente fundamenta su recurso en la ale-
gada inobservancia por parte de la Tercera
Sala de la Suprema Corte de Justicia, de los
principios consagrados en el Art. 69 de la
de julio de dos mil quince (2015), estableció el
precedente de que el plazo de 30 días para recurrir
en revisión de decisión jurisdiccional, establecido el
artículo 54, numeral 1 de la referida Ley núm. 137-
11, es franco y calendario, dejando atrás el criterio
anterior de que era franco y hábil.
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que nuestros reclamos sobre el debido pro-
ceso fueron solicitados en la sede adminis-
trativa como en la jurisdiccional, y que el fa-
llo objeto del presente recurso ignoró que
la determinación de la obligación tributaria
debe realizarse sobre una base cierta que le
permita al órgano recaudador realizar sus
funciones dentro de un marco del respeto al
debido proceso, al principio de legalidad
tributaria y a los derechos fundamentales
de los contribuyentes. Es decir que la parte
recurrente aduce la tercera causal del cita-
do texto, esto es, la violación de derechos
fundamentales, escenario en el cual, la
procedencia del recurso se encontrará su-
peditada a la satisfacción de los siguientes
requisitos:
a) Que el derecho fundamental vulne-
rado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la
violación haya tomado conocimiento de
la misma.
b) Que se hayan agotado todos los
recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la
violación no haya sido subsanada, y
c) Que la violación al derecho
fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u
omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron
lugar al proceso en que dicha violación
se produjo, los cuales el Tribunal
Constitucional no podrá revisar.
10.6. En tal sentido, el Tribunal Cons-
titucional procederá a comprobar si los
requisitos citados son satisfechos2 en este
2 Esto, por aplicación de la sentencia de unicación
de criterios dictada por el Tribunal Constitucional
caso, de conformidad con lo que se indica
en los párrafos siguientes.
10.7. En cuanto al literal a), este se sa-
tisface en la especie, pues las supuestas
violaciones que el recurrente atribuye a la
sentencia dictada por la Tercera Sala de la
Suprema Corte de Justicia, no podían ser
invocadas antes de la intervención de dicha
decisión.
10.8. Respecto al requisito establecido
en el literal b), este también se encuentra
satisfecho, pues la decisión recurrida no es
susceptible de ningún otro recurso en el
ámbito del poder judicial, ya que fue dicta-
da por la Tercera Sala de la Suprema Corte
de Justicia, siendo solamente recurrible
ante el Tribunal Constitucional.
10.9. Con relación al requisito estableci-
do en el literal c), este también se satisface
en el presente caso, pues las violaciones
denunciadas son imputables directamente
al órgano que dictó la Sentencia núm. 337-
2019, del treinta (30) de agosto de dos mil
diecinueve (2019), que es la Tercera Sala
de la Suprema Corte de Justicia, en el co-
nocimiento de un recurso de casación.
10.10. Luego de vericar la concurrencia
de todos los requisitos de admisibilidad del
presente recurso, es necesario ponderar lo
previsto en el párrafo del artículo 53 de la
Ley núm. 137-11, el cual prescribe:
La revisión por la causa prevista en e1
numeral 3) de este artículo sólo será
admisible por el Tribunal Constitucional
cuando éste considere que, en razón de
TC/0123/18, del cuatro (4) de julio de dos mil
dieciocho (2018).
Anuario 2022 Tribunal Constitucional • 673
su especial trascendencia o relevancia
constitucional, el contenido del recurso
de revisión justifique un examen y una
decisión sobre el asunto planteado. El
tribunal siempre deberá motivar sus
decisiones.
10.11. El Tribunal Constitucional jó su
posición respecto a la especial trascenden-
cia o relevancia constitucional en su Sen-
tencia TC/0007/12, del veintidós (22) de
marzo de dos mil doce (2012), postura que
resulta aplicable para el recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional,
en virtud del párrafo del citado artículo 53
de la Ley número 137-11, la misma
…sólo se encuentra configurada, entre
otros, en los supuestos: 1) que contem-
plen conf lictos sobre derechos funda-
mentales respecto a los cuales el Tribu-
nal Constitucional no haya establecido
criterios que permitan su esclarecimien-
to; 2) que propicien, por cambios so-
ciales o normativos que incidan en el
contenido de un derecho fundamental,
modificaciones de principios anterior-
mente determinados; 3) que permitan
al Tribunal Constitucional reorientar o
redefinir interpretaciones jurispruden-
ciales de la ley u otras normas legales
que vulneren derechos fundamentales;
4) que introduzcan respecto a estos úl-
timos un problema jurídico de trascen-
dencia social, política o económica cuya
solución favorezca en el mantenimiento
de la supremacía constitucional.
10.12. Lo anterior se justica en virtud de
la naturaleza extraordinaria, excepcional y
subsidiaria del recurso de revisión consti-
tucional de decisión jurisdiccional, la que,
a su vez, se fundamenta en el hecho de que
este recurso modula el principio de la auto-
ridad de la cosa irrevocablemente juzgada,
en la medida de proveer la posibilidad de
revisar una decisión denitiva, generando
así una afectación a la seguridad jurídica.
Es, pues, todo esto lo que explica y justica
el requerimiento, por demás trascendente,
de que el asunto, además de cumplir con los
requisitos señalados, tenga especial trans-
cendencia y relevancia constitucional.3
10.13. En la especie, el Tribunal Constitu-
cional estima que, contrario a lo planteado
por la Procuraduría General Administrativa
en su escrito de defensa, en el presente caso
existe especial trascendencia o relevancia
constitucional, por lo que resulta admisible
dicho recurso y se debe conocer su fondo. La
especial trascendencia o relevancia constitu-
cional de la especie radica en que el conoci-
miento del fondo del recurso le permitirá al
Tribunal continuar desarrollando su criterio
sobre el respeto al debido proceso adminis-
trativo que debe primar en el accionar de los
órganos de la administración pública en su
relación con los particulares.
11. Sobre el fondo del presente
recurso de revisión constitucional
de decisión jurisdiccional
11.1. Este tribunal ha sido apoderado de
un recurso de revisión constitucional de
decisión jurisdiccional en ocasión de un
conicto en el que la parte recurrente, Dis-
tribuidora Farmacia Caribe, SRL, sostiene
lo siguiente: que la administración Tributa-
ria4 forzó una situación tendente a imponer-
3 Sentencia TC/0416/20, del veintinueve (29) de
diciembre de dos mil veinte (2020).
4 Dirección General de Impuestos Internos (DGII),
parte recurrida.
674 • Anuario 2022 Tribunal Constitucional
le una nueva carga tributaria a la empresa
recurrente, desviando los principios consa-
grados en el Art. 69 de la Constitución de la
República, por lo que considera que dicho
organismo no se valió de un peritaje técnico
realizado en los libros de la empresa, resul-
tado de una auditoría parcial realizada por
el órgano recaudador, a través de un simple
cruce de información.
11.2. Mediante la Sentencia núm. 337-
2019, la Tercera Sala de la Suprema Corte
de Justicia, rechazó el recurso de casación
interpuesto por Distribuidora Farmacia
Caribe, SRL, en contra la antes descrita
Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00052,
dictada por la Tercera Sala del Tribunal Su-
perior Administrativo, que, a su vez, recha-
zó el recurso administrativo tributario ins-
trumentado por la hoy recurrente, en razón
de su inconformidad con la Resolución de
determinación de impuestos realizada por
la Dirección General de Impuestos Inter-
nos (DGII), parte hoy recurrida.
11.3. Sobre el particular, la Tercera Sala
de la Suprema Corte de Justicia, mediante
la sentencia hoy recurrida en revisión cons-
titucional armó que:
…para rechazar el recurso de que estaba
apoderado el tribunal a quo estableció
razones suficientes y convincentes, ya
que al hacer la valoración integral de las
pruebas pudo comprobar que existían
diferencias entre los reportes de costos y
gastos aportados por la parte recurrente
en sus formatos 606 y los reportes
de las facturas de ingresos de sus
proveedores, que condujo a establecer
que la parte recurrente reportó compras
por un monto superior al que estaba
respaldado por comprobantes fiscales
(…) que finalmente, el estudio general de
la sentencia impugnada pone de relieve
que el tribunal a quo hizo una correcta
apreciación de los hechos y documentos
de la causa, exponiendo motivos
suficientes, pertinentes y congruentes,
que justif ican la decisión adoptada, lo
que ha permitido a esta Tercera Sala de
la Suprema Corte de Justicia, actuando
como Corte de Casación, verificar que
en la especie se ha hecho una correcta
aplicación de la ley, sin incurrir el fallo
impugnado, en los vicios denunciados
por la parte recurrente en el medio
examinado, procediendo rechazar el
recurso de casación.
11.4. Conforme a los argumentos de la
parte recurrente, Distribuidora Farmacia
Caribe, SRL, el fallo recurrido en revisión
constitucional obvió que al tenor del Art.
44 del Código tributario, esa facultad con-
ferida por dicho canon debe ser ejercida
dentro de un procedimiento estrictamente
apegado a las garantías que ofrece el debi-
do proceso (…)
11.5. Agrega la recurrente lo siguiente:
como bien ha señalado el tribunal
Constitucional, facilita la determinación
de la obligación tributaria sobre una
base cierta que le permita realizar
sus funciones dentro de un marco del
respecto al debido proceso, al principio
de legalidad tributaria y a los derechos
fundamentales de los contribuyentes
(…) esto no se logra con la simple
herramienta del cruce de información
máxime cuando se le quiere obligar
al contribuyente justificar diferencias
inexistentes y que solo podrían ser
confirmadas o no con la auditoría de
Anuario 2022 Tribunal Constitucional • 675
campo, esto implica el respeto al debido
proceso, y no a una autoincriminación
obligada.
11.6. De su parte, la recurrida DGII,
sostiene que la recurrente en fase jurisdic-
cional, no esbozó, como contrariamente
alega en la instancia del recurso de revisión
que nos ocupa, el alegato de transgresión,
en el proceso de determinación, del debido
proceso o de algún otro derecho fundamen-
tal violentado por el fisco.
11.7. Agrega que:
…en sentido general, el recurso de
revisión constitucional enarbola
argumentaciones tendentes a que sean
evaluados los hechos del proceso,
siendo un criterio reiterado de este
Honorable Tribunal Constitucional,
que “en materia de revisión de
decisiones jurisdiccionales el Tribunal
Constitucional debe limitarse a
analizar la vulneración de derechos
fundamentales, sin revisar los hechos
del proceso.
11.8. A lo anterior, la parte recurrida
añade que:
…la Administración Tributaria
disponen de amplias facultades de
inspección, fiscalización e investigación,
a través de sus funcionarios competentes
con el objeto de que sean cumplidas las
disposiciones de dicho código y otras
leyes, reglamentos y normas tributarias
puestas a su cargo y el artículo 64 que
le otorga la facultad de determinación,
en virtud de la cual puede declarar la
ocurrencia del hecho generador y definir
el monto de la obligación o declarar la
inexistencia, exención o inexigibilidad
de la misma.
11.9. Analizado todo lo anterior, el Tri-
bunal Constitucional, ha podido determi-
nar que es un hecho no controvertido en-
tre las partes, que la Dirección General de
Impuestos Internos posee la facultad para
realizar la determinación de la obligación
tributaria de los contribuyentes, función
que ejerce de acuerdo con los preceptos de
la Ley núm. 11-92, que aprueba el Código
Tributario, y con las normas especiales que
le rigen; Al respecto, los artículos 45 y 46
de dicho código, de manera meridiana, es-
tablecen lo siguiente:
Artículo 45. La Administración
Tributaria dispone de facultades para
la determinación de la obligación
tributaria, las cuales serán ejercidas de
acuerdo con los preceptos de este Código
y de las normas especiales respectivas.
Artículo 65. Determinación Exclusiva
Por Parte De La Administración
Tributaria. La determinación de la
obligación tributaria será practicada en
forma exclusiva por la Administración
Tributaria.
11.10. A lo anterior se suma lo dispuesto
por el artículo 66 del Código Tributario,
en el sentido de que la administración tri-
butaria procederá a la determinación de
ocio de la obligación tributaria, en los si-
guientes casos:
1. Cuando el contribuyente hubiere
omitido presentar la declaración a
que estaba obligado o no hubiere
cumplido debidamente la obligación
tributaria.
676 • Anuario 2022 Tribunal Constitucional
2. Cuando la declaración presentada
no mereciere fe, por ofrecer dudas a la
Administración Tributaria su veracidad
o exactitud o en ella no se cumpliere con
todas las normas que le son aplicables.
3. Cuando el contribuyente, estando
obligado a llevar libros, no los llevare
o los llevara incorrectamente o no
exhibiere o carezca de los libros y
comprobantes exigibles.
11.11. De un análisis de los argumentos
de las partes, se puede determinar que,
en la especie, la Dirección General de Im-
puestos Internos (DGII), en ejercicio de las
facultades conferidas en el referido artículo
66, realizó de ocio la determinación de la
obligación tributaria correspondiente a la
razón social Distribuidora Farmacia caribe
SRL, sobre sus declaraciones de Impuesto
sobre la Renta relativa a los periodos scales
dos mil nueve (2009), dos mil diez (2010)
y dos mil once (2011), y del Impuesto a las
Transferencias de Bienes Industrializados
(ITBIS) correspondiente al mes de abril de
dos mil nueve (2009), con base en la cau-
sal establecida en el numeral 2, de dicho
artículo, es decir, porque la declaración ju-
rada de impuestos presentada por la parte
hoy recurrida no le mereció fe, al generar
dudas sobre su veracidad o exactitud. Esto
queda plasmado en la sentencia impugnada
cuando expresa que la Dirección General
de Impuestos Internos (DGII) al realizar
la valoración integral de las pruebas pudo
comprobar que existían diferencias entre los
reportes de costos y gastos aportados por la
parte recurrente en sus formatos 606 y los
reportes de las facturas de ingresos de sus
proveedores, signicando con ello, que el
órgano administrativo recaudador no le dio
fe, veracidad o exactitud a la declaración
realizada por la contribuyente, hoy parte
recurrente.
11.12. Este tribunal observa que, al rea-
lizar dicha determinación, la administra-
ción tributaria, según estableció la Tercera
Sala de la Suprema Corte de Justicia en la
impugnada Sentencia núm. 337-2019,
aplicó el método de determinación directo
sobre los documentos aportados por la par-
te recurrente y los reportes de sus provee-
dores, los cuales fueron comparados por la
Dirección General de Impuestos Internos
(DGII) aplicando el principio de contabili-
dad por partida doble
11.13. En un caso similar a la especie, el
Tribunal Constitucional, mediante la Sen-
tencia TC/0493/15, del seis (6) de no-
viembre de dos mil quince (2015), estable-
ció lo siguiente:5
10.1.16 Cuando la determinación de la
obligación tributaria se hace de oficio,
la Administración puede hacerla sobre
base cierta, o sobre base presunta.
10.1.17 Esta facultad de determinación
de la obligación tributaria de oficio
fue realizada, en la especie, mediante
el mecanismo conocido por la
jurisprudencia y la doctrina comparada
como determinación sobre base
presunta, o estimación indirecta, que
se practica cuando la Administración
fundamenta la referida determinación
en base a indicios que revelen la
inconsistencia entre lo percibido y lo
declarado.
5 Criterio reiterado en la Sentencia TC/0416/20,
del veintinueve (29) de diciembre del año dos mil
veinte (2020) -párrafo p), página 34.
Anuario 2022 Tribunal Constitucional • 677
10.1.18. Se trata, así, de un mecanismo
que debe ser utilizado de manera
excepcional, cuando no le sea posible
a la Administración determinar la
obligación sobre base cierta.
11.14. Este precedente es aplicable al
caso que nos ocupa, pues en la especie, tal
y como lo consigna la sentencia recurrida
mediante el presente recurso, la Dirección
General de Impuestos Internos (DGII), al
valorar las pruebas examinadas, adujo la
existencia de diferencias entre los gastos
reportados por la empresa y la factura de in-
gresos de sus proveedores, es decir que, la
Dirección General de Impuestos Internos
(DGII) basó su determinación de impues-
tos en base presunta y fundamentada en
indicios que revelan inconsistencia entre lo
percibido y lo declarado, tal y como señala
el citado precedente.
guiente:
10.1.19 La apreciación de los indicios,
en virtud de los cuales se hace la
estimación del tributo a pagar, no debe
ser realizada por la Administración
Tributaria de manera discrecional, sino
que debe apoyarse en principios tales
como: debido proceso, jerarquía de
fuentes, razonabilidad entre el hecho
y la presunción, la existencia de una
causa legítima para su utilización.
10.1.23 La Administración Tributaria
está facultada para fiscalizar,
inspeccionar e investigar, conforme a
las previsiones de los artículos 32 y 44
del Código Tributario. Tales facultades
le son conferidas con la finalidad de
que sean cumplidas las respectivas
obligaciones de los contribuyentes y, en
tal virtud, dicha administración puede
–entre otros– practicar inspecciones
en las oficinas o establecimientos
comerciales del contribuyente, exigirles
la exhibición de sus libros y documentos
para examinarlos y verificarlos, y hasta
requerir información a otros órganos,
tales como instituciones de crédito,
públicas o privadas, quienes estarán
obligadas a proporcionarlas.
10.1.24 Estas facultades facilitan
la determinación de la obligación
tributaria sobre una base cierta y, a su
vez, permiten que la Administración
Tributaria realice sus funciones dentro
de un marco de respeto al debido proceso,
al principio de legalidad tributaria y
a los derechos fundamentales de los
contribuyentes.
11.16. La parte recurrida aduce que, la
alegada vulneración al debido proceso en
que el recurrente justica el presente re-
curso de revisión constitucional, se trata de
un elemento nuevo, sin embargo, este tri-
bunal ha podido comprobar que este fue el
medio recursivo en que Distribuidora Far-
macia caribe SRL basamentó su recurso de
casación, argumentando la recurrente que
la Dirección General de Impuestos Inter-
nos (DGII) no ha realizado su determina-
ción de impuestos sobre hechos demostra-
bles, y que no desarrolló debidamente los
motivos de tal determinación, fundamen-
tado este razonamiento en los siguientes
razonamientos:
…que el informe pericial revela que la
investigación no fue realizada in situ,
es decir en el campo (…) que el perito
678 • Anuario 2022 Tribunal Constitucional
actuante se limitó a verificar solo los
documentos que avalan las supuestas
diferencias (…) que la pericia contable
es una labor de investigación que debe
contar con la información completa del
caso, no a medias como ha resultado;
esto entraña, incontrovertiblemente la
inspección de los libros y registros de
contabilidad, no así el mero examen
de las pruebas aportadas (…) que el
cruce de información no es en sí mismo
una prueba sino un procedimiento que
utiliza la administración para verificar
la exactitud de las declaraciones
tributarias y del cual pueden surgir
verdaderas pruebas.
11.17. Es decir, que la parte recurrente ha
sido reiterativa en señalizar las actuaciones
de la Dirección General de Impuestos In-
ternos (DGII) que considera no han sido
apegadas al debido proceso en la determi-
nación de impuestos que nos ocupa.
11.18. En efecto, en la especie, no se
observa que la administración tributaria,
antes de acudir al mecanismo excepcional
de la determinación sobre base presunta,
haya al menos intentado utilizar las amplias
facultades de inspección, scalización e
investigación conque están investidos sus
funcionarios, potestades previstas por la
Ley núm. 11-9,6 y así poder realizar la de-
terminación de tributos sobre base cierta,
por lo que el tribunal a quo, debió vericar
si, en efecto, la Administración Tributaria
había señalado los hechos y circunstancias
que le impedían utilizar este método de
determinación de impuestos, en vez del
mecanismo de la determinación presunta,
Especialmente en su artículo 44.
que como ya se ha reseñado, es un procedi-
miento excepcional.
11.19. En este punto es preciso recrear
las disposiciones del artículo 243 de la
en el sentido de que el régimen tributario
está basado en los principios de legalidad,
justicia, igualdad y equidad para que cada
ciudadano y ciudadana pueda cumplir con
el mantenimiento de las cargas públicas. Es
lo que se dene como el principio de legali-
dad tributaria como componente elemen-
tal de la seguridad jurídica que debe primar
en todo Estado Social y Democrático de
Derecho, por lo que en materia tributaria,
debe de garantizarse el respeto de las exi-
gencias mínimas emanadas de los princi-
pios de razonabilidad y proporcionalidad.7
11.20. Conviene precisar que las actua-
ciones de la Administración Pública se en-
marcan dentro del principio de legalidad,
que se erige como límite de la actividad ad-
ministrativa y que se fundamenta en el artí-
culo 138 de la Constitución que establece:
La Administración Pública está sujeta en su
actuación a los principios de eficacia, jerar-
quía, objetividad, igualdad, transparencia,
economía, publicidad y coordinación, con
sometimiento pleno al ordenamiento jurídi-
co del Estado.
7 conviene precisar que las actuaciones de la
administración pública se enmarcan dentro del
principio de legalidad, que se erige como límite de
la actividad administrativa y que se fundamenta
en el artículo 138 de la constitución que establece:
la administración pública está sujeta en su
actuación a los principios de eficacia, jerarquía,
objetividad, igualdad, transparencia, economía,
publicidad y coordinación, con sometimiento pleno
al ordenamiento jurídico del estado. [Sentencia
TC//0416/20, del veintinueve (29) de diciembre
del año dos mil veinte (2020)].
Anuario 2022 Tribunal Constitucional • 679
11.21. Este tribunal constitucional, en la
ya referida Sentencia TC/0493/15, cita
la sentencia del Tribunal Constitucional de
Perú, del veintiuno (21) de septiembre de
dos mil cuatro (2004), en la cual se desa-
rrolla el concepto del principio de no con-
scatoriedad en los términos siguientes:
Se trata de un parámetro de observancia
que la Constitución impone a los órganos
que ejercen la potestad tributaria al
momento de fijar la base imponible
y la tasa del impuesto. Éste supone
la necesidad de que, al momento de
establecerse o crearse un impuesto, con
su correspondiente tasa, el órgano con
capacidad para ejercer dicha potestad
respete exigencias mínimas derivadas
de los principios de razonabilidad y
proporcionalidad.
11.22. Así:
..se transgrede el principio de no
confiscatoriedad de los tributos cada
vez que un tributo excede el límite que
razonablemente puede admitirse como
justificado en un régimen en el que se
ha garantizado constitucionalmente
el derecho subjetivo a la propiedad y,
además, ha considerado a ésta como
institución, como uno de los componentes
básicos y esenciales de nuestro modelo
de Constitución económica.” 8
11.23. Analizados los textos legales y
constitucionales más arriba consignados, y
por aplicación de los citados precedentes,
este tribunal ha podido comprobar que, en
el caso que nos ocupa, la Tercera Sala de la
8 Sentencia citada del Tribunal Constitucional de
Perú
Suprema Corte de Justicia, si bien recono-
ce la prerrogativa inherente a la Dirección
General de Impuestos Internos (DGII)
para determinar de ocio la obligación tri-
butaria, no obstante, prescinde de referirse
al carácter excepcional del procedimiento
de determinación de impuesto realizado
sobre base presunta, y porqué, en la espe-
cie, el órgano administrativo recurrido,9
no aplicó el método de determinación de
impuesto sobre base cierta, basado en
una investigación o inspección in situ en
el local o centro de operación comercial
de la empresa, en el registro de sus libros
contables, o requiriendo informaciones de
otros órganos, tales como instituciones de
crédito, públicas o privadas, quienes están
obligadas a proporcionarlas, tal y como lo
señala el artículo 44 del Código Tributario;
todo esto, para garantizar la razonabilidad
y la proporcionalidad de la determinación
del pago de los impuestos a ser liquidada,
evitando una posible vulneración a los prin-
cipios de no conscatoriedad y de legalidad
tributaria, y cualquier actuación arbitraria
por parte de la administración tributaria.
11.24. En tal virtud, este tribunal procede
a declarar nula la referida Sentencia núm.
337-2019, dictada por la Tercera Sala de
la Suprema Corte de Justicia el treinta (30)
de agosto de dos mil diecinueve (2019), y
a remitir el asunto ante la Secretaría de la
Tercera Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia, a los nes de que dicha sala conozca
nuevamente del asunto con estricto apego
al criterio establecido en esta sentencia, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 54,
numeral 10) de la ley núm. 137 11- Orgá-
nica del Tribunal Constitucional y los Pro-
cedimientos Constitucionales.
9 Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
680 • Anuario 2022 Tribunal Constitucional
Esta decisión, rmada por los jueces del tri-
bunal, fue adoptada por la mayoría requeri-
da. No guran las rmas de los magistrados
Justo Pedro Castellanos Khoury y Eunisis
Vásquez Acosta, en razón de que no parti-
ciparon en la deliberación y votación de la
presente sentencia por causas previstas en
la ley. Figuran incorporados el voto disi-
dente del magistrado Milton Ray Guevara,
presidente; los votos salvados de los magis-
trados Rafael Díaz Filpo, primer sustituto;
Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto y
Víctor Joaquín Castellanos Pizano. Consta
en acta el voto disidente del magistrado Mi-
guel Valera Montero, el cual se incorporará
a la presente decisión de conformidad con
el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccio-
nal del Tribunal Constitucional.
Por las razones de hecho y de derecho an-
teriormente expuestas, el Tribunal Consti-
tucional
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisible, en
cuanto a la forma, el recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional
interpuesto por Distribuidora Farmacia
Caribe, SRL, en contra de la Sentencia
núm. 337-2019, dictada por la Terce-
ra Sala de la Suprema Corte de Justicia el
treinta (30) de agosto de dos mil diecinue-
ve (2019).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fon-
do, el presente recurso de revisión cons-
titucional de decisión jurisdiccional y, en
consecuencia, ANULAR la referida Sen-
tencia núm. 337-2019.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la
Secretaría de la Tercera Sala de la Suprema
Corte de Justicia, a los nes de que dicho tri-
bunal conozca nuevamente del asunto con
estricto apego al criterio establecido por
este tribunal constitucional, con relación a
los derechos fundamentales vulnerados.
CUARTO: ORDENAR la comunicación
de esta sentencia, por Secretaría, para su
conocimiento y nes de lugar, a la parte
recurrente, Distribuidora Farmacia Cari-
be, SRL, y a la parte recurrida, Dirección
General de Impuestos Internos (DGII), y al
procurador general de la República.
QUINTO: DECLARAR el presente recur-
so libre de costas, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 7 de la Ley núm. 137-11,
Orgánica del Tribunal Constitucional y de
los Procedimientos Constitucionales, del
trece (13) de junio de dos mil once (2011).
SEXTO: DISPONER que la presente de-
cisión sea publicada en el Boletín del Tri-
bunal Constitucional.
Firmada: Milton Ray Guevara, juez presi-
dente; Rafael Díaz Filpo, juez primer sus-
tituto; Lino Vásquez Sámuel, juez segundo
Sustituto; José Alejandro Ayuso, juez; Alba
Luisa Beard Marcos, jueza; Manuel Ulises
Bonnelly Vega, juez; Víctor Joaquín Cas-
tellanos Pizano, juez; Domingo Gil, juez;
María del Carmen Santana de Cabrera,
jueza; Miguel Valera Montero, juez; José
Alejandro Vargas Guerrero, juez; Grace A.
Ventura Rondón, secretaria.
VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRA-
DO
MILTON RAY GUEVARA
Con el debido respeto hacia el criterio ma-
yoritario desarrollado en esta sentencia, y de
Anuario 2022 Tribunal Constitucional • 681
acuerdo con la opinión que mantuvimos en la
deliberación del presente caso, tengo a bien
ejercer la facultad prevista en los artículos
186 de la Constitución y 30 de la Ley núm.
137-11, Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal y de los Procedimientos Constitucionales
(en lo adelante, la “Ley núm. 137-11”), para
expresar en este voto disidente los fundamen-
tos que, a mi juicio, debieron llevar a este tri-
bunal a adoptar una decisión distinta a la sus-
tentada en el consenso de la mayoría.
I. Preámbulo
1. En el presente caso, este Colegiado co-
noció un recurso de revisión constitucional
de decisión jurisdiccional interpuesto por
la entidad Distribuidora Farmacia Caribe
S.R.L., contra la Sentencia núm. 337-
2019 de fecha treinta (30) de agosto del
dos mil diecinueve (2019), dictada por la
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia. A través de la referida sentencia, se rati-
ca una decisión de la Tercera Sala del Tri-
bunal Superior Administrativo que rechazó
un recurso contencioso tributario incoado
por dicha entidad contra una resolución de
“determinación tributaria” emitida por la
Dirección General de Impuestos Internos
(en lo adelante, la “DGII”).
2. Mediante la presente decisión, esta Alta
Corte acoge en la forma y el fondo el re-
ferido recurso de revisión constitucional
incoado por la entidad Distribuidora Far-
macia Caribe S.R.L; y, en consecuencia,
revoca la sentencia impugnada y ordena
el envío del expediente a la Tercera Sala
de la Suprema Corte de Justicia para que
conozca nuevamente el asunto. A n de
fundamentar el indicado fallo, esta sede
constitucional estableció–en resumen–lo
siguiente:
a. La DGII realizó la determinación de im-
puestos sobre la base presunta, pues no eje-
cutó una inspección in situ en las instalacio-
nes de Distribuidora Farmacia Caribe S.R.L,
no analizó sus libros contables y tampoco re-
quirió informaciones de otros órganos públi-
cos o privados para efectuar la determinación
tributaria correspondiente, según lo exige el
b. De conformidad con el precedente jado
en la Sentencia TC/0493/15, la estima-
ción sobre base presunta un mecanismo
excepcional y, por tanto, la Administración
Tributaria solo puede utilizarlo en los ca-
sos en que justique una imposibilidad de
realizar el método de “estimación directa”
o sobre base cierta–cuestión ésta que no
fue justicada en la especie.
c. Como consecuencia de lo expuesto, la
DGII no cumplió con lo estipulado en el ar-
tículo 44 del Código Tributario para garan-
tizar la razonabilidad y proporcionalidad del
pago de los impuestos a ser liquidados, y evi-
tar una posible vulneración a los principios
de conscatoriedad y de legalidad tributaria.
3. No obstante el indicado criterio sosteni-
do por la mayoría, somos de opinión de que
en la especie procede el rechazo al fondo
del recurso de revisión Distribuidora Far-
macia Caribe S.R.L. y la conrmación de la
sentencia impugnada. A continuación, ex-
ponemos los fundamentos de hecho y dere-
cho que justican nuestra postura.
II. Fundamentos del voto disidente
A. Antecedentes fácticos
4. De conformidad con la documentación
que reposa en el expediente y los argumen-
682 • Anuario 2022 Tribunal Constitucional
tos expuestos por las partes, el presente
caso tiene su origen en una determinación
tributaria de ocio realizada por la DGII,
con ocasión de la cual dicho órgano esta-
tal detectó diversas irregularidades en las
declaraciones de impuesto sobre la renta
presentadas por la recurrente, Distribui-
dora Farmacia Caribe S.R.L., respecto a
los periodos scales 2009, 2010 y 2011,
así como en el impuesto a las transferencias
de bienes industrializados y servicios (en lo
adelante, “ITBIS”) reportado por la referi-
da entidad para el periodo scal de abril del
año 2009.
5. De manera particular, la DGII arma que
la Distribuidora Farmacia Caribe S.R.L.
en sus formularios 606 (contentivo de sus
costos y gastos) correspondientes a los pe-
riodos scales descritos, reportó montos
muy superiores a los ingresos reportados
por sus proveedores de los bienes y servi-
cios envueltos en estas operaciones y, que,
además, los referidos excedentes no conta-
ban con el respaldado de los comprobantes
scales correspondientes.
6. Como consecuencia de lo expuesto, la
DGII emitió una resolución de determi-
nación tributaria (que generó los recursos
en sede administrativa y jurisdiccional a
los que se contrae el presente caso), en la
que decidió no aplicar como deducibles
para nes scales los referidos gastos y
costos de Distribuidora Farmacia Caribe
S.R.L. que no estuvieran sustentados en
facturas con número de comprobante s-
cal (“NCF”), en virtud de lo estipulado en
el artículo 288 literal (e) del Código Tri-
butario.
B. Sobre el mecanismo utilizado por la
DGII para efectuar la determinación tri-
butaria de oficio respecto a Distribuidora
Farmacia Caribe S.R.L., para los periodos
fiscales 2009, 2010 y 2011
7. En esta subsección se analiza el meca-
nismo empleado por la DGII para realizar
la referida determinación tributaria de o-
cio. Lo anterior resulta indispensable debi-
do a que: (a) la decisión adoptada en esta
sentencia parte y se fundamenta–exclusiva-
mente–en la premisa de que la DGII realizó
dicha determinación sobre base “indirec-
ta” o “presunta”; y (b) los requisitos pues-
tos a cargo de la DGII para aplicar uno u
otro método para determinar la obligación
tributaria son diferentes.
8. Particularmente, el artículo 64 del Có-
digo Tributario dene la determinación
de la obligación tributaria como: “el acto
mediante el cual se declara la ocurrencia
del hecho generador y se def ine el mon-
to de la obligación; o bien, se declara la
inexistencia, exención o inexigibilidad de
la misma”.
9. En la especie, no es un punto contro-
vertido que la DGII estaba facultada a rea-
lizar la determinación de ocio de la obli-
gación tributaria de la hoy recurrente, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 45,
65 y 66 numeral 210 del Código Tributa-
rio. Esta facultad de la DGII ha sido rati-
cada por este Colegiado en la Sentencia
10 Artículo 66. Determinación De Ocio Por La
Administración Tributaria. “Dentro del plazo de
prescripción, la Administración Tributaria deberá
proceder a la determinación de oficio de la obligación
tributaria, en los siguientes casos: (…) 2. Cuando la
declaración presentada no mereciere fe, por ofrecer
dudas a la Administración Tributaria su veracidad
o exactitud o en ella no se cumpliere con todas las
normas que le son aplicables (…)” (Subrayados
nuestros)
Anuario 2022 Tribunal Constitucional • 683
TC/0416/20 de fecha 29 de diciembre
de 2020 e incluso en la citada Senten-
cia TC/0493/15 del 6 de noviembre de
2015.
10. Respecto a los mecanismos que pueden
ser utilizados para realizar la determinación
tributaria de ocio, en la referida Sentencia
TC/0416/20 este Colegiado estimó que:
“p. Resulta oportuno señalar que cuando
la determinación de las obligaciones tribu-
tarias se hace de oficio, la Administración
Tributaria puede hacerla sobre base cierta o
sobre base presunta.”
11. Sobre el particular, Edgar Barnitcha
Geara11, establece lo siguiente:
“(…) La determinación de oficio puede
hacerse de dos maneras:
a) Sobre base Cierta o Directa.
Es cuando el Fisco conoce todos los
elementos esenciales del tributo,
necesarios para practicar la
determinación, y puede determinar
la obligación tributaria conforme a
la realidad de los hechos.
b) Sobre base Presunta, Estimada o
Indirecta
Es cuando la Administración Tributaria
solo conoce algunos de los elementos
esenciales para determinar la obligación
tributaria del contribuyente, debiendo
aplicar presunciones, estimaciones,
parámetros o índices para completar los
datos necesarios que serán utilizados
en la determinación.” (Énfasis y
subrayados nuestros)
11 Barnitcha Geara, Edgar, Derecho Tributario:
Sustantivo y Administrativo, Tomo I, Santo
Domingo, República Dominicana, 1era Edición,
año 2011, Págs. 787 y788.
12. En esa misma línea, en lo concernien-
te a la denición e implementación de cada
uno de los referidos mecanismos de deter-
minación tributaria, la doctrina12 más cali-
cada en la materia ha estimado lo siguiente:
“Señalan Navarrine y Asorey que
“durante el proceso de determinación,
la autoridad fiscal procede:
por
estimación de ocio directa,
cuando comprueba, sobre la base de
declaraciones juradas presentadas,
la realización o magnitud del
hecho punible;
por estimación de
oficio presunta, basándose en índices
y presunciones (…)” (Subrayados
nuestros)
“Ferreiro Lapatza, en su obra Curso de
Derecho Financiero Español, al hacer
la estimación Directa y Estimación
Objetiva, señala que: “cuando se sigue
el método de estimación directa se debe
intentar un conocimiento cierto y directo
de la base imponible. Para ello la Ley
debe ordenar una forma de proceder
que haga posible tener en cuenta de
la contabilidad de una empresa, l
a
declaración del contribuyente,
etc.
(…)”
“Para Martín y Rodríguez Usé la
determinación de oficio se denomina
estimativa o determinación presuntiva
cuando esta “se funda no ya en el
conocimiento cierto de los hechos
imponibles que dan origen a la
obligación tributaria del contribuyente,
sino en hechos y circunstancias que
por su vinculación o conexión normal
con las leyes respectivas prevén como
12 Barnitcha Geara, Edgar, Ídem, Pág. 788 y 789.
684 • Anuario 2022 Tribunal Constitucional
hechos imponibles, permitan inferir,
en el caso particular, la existencia y
medida de la obligación (…) el método
de estimativo es supletorio del método
de determinación en forma directa (…).”
13. Del simple análisis de las posiciones
doctrinales transcritas, se inere que las
declaraciones juradas de impuestos pre-
sentadas por el contribuyente a la DGII–
por sí solas–son sucientes para efectuar
una determinación tributaria directa, pues
le permite a este órgano tener un conoci-
miento cierto de la base imponible para
nes impositivos y de los hechos generado-
res de la obligación tributaria. De hecho,
este tipo de declaraciones resulta ser uno
de los mecanismos más ecaces de deter-
minación tributaria directa, pues éstas
contienen todos los gastos, costos e ingre-
sos del sujeto obligado en un determinado
periodo scal; y, precisamente, la base im-
ponible del impuesto sobre la renta (en lo
adelante “ISR”), se obtiene–en esencia–al
restar dichos gastos y costos a los ingresos
declarados.
14. Asimismo, los textos doctrinales trans-
critos evidencian que, a los nes de efec-
tuar una determinación directa, no resulta
necesario y mucho menos indispensable
realizar inspecciones in situ o analizar los
libros contables del sujeto obligado; pues,
a estos nes, bastaría con someter a escru-
tinio las declaraciones, reportes y docu-
mentación del contribuyente (sujeto obli-
gado) a través de los cuales pueda tenerse
un conocimiento cierto y directo de la base
imponible y de los hechos generadores de
la obligación tributaria.
15. En el presente caso, a n de realizar la
determinación tributaria correspondiente,
la DGII tomó en consideración no solo el
contenido de las referidas declaraciones
juradas de impuesto sobre la renta de la
recurrente, Distribuidora Farmacia Caribe
S.R.L., correspondientes a los años 2009,
2010 y 2011, sino que además efectuó una
contabilidad por partida doble, cruzan-
do: (a) los formularios 606 enviados por
Distribuidora Farmacia Caribe S.R.L y los
reportes de ingresos (formularios 607) de
los terceros envueltos en las transacciones
reportadas por esta última en los periodos
scales cuestionados; y (b) facturas que
sustentaban el contenido de los referidos
formularios y reportes.
16. Cabe resaltar que, según el método de
contabilidad por partida doble, todo gasto
o costo para poder ser deducible en favor
de quien lo realiza debe tener como con-
trapartida un ingreso por el mismo monto
para el proveedor o vendedor de esta ope-
ración. Por tanto, los documentos descri-
tos en el párrafo precedente resultan idó-
neos para dicho método. Esto así, porque
el formulario de envío 60613 es utilizado
por los contribuyentes para reportar de ma-
13 Las declaraciones de 606 son de suma importancia,
pues la base imponible a pagar por concepto de
ISR será el monto que quede al restar los gastos
reportados en los formularios 606 a las ganancias
declaradas en los formularios 607. En adición, el
pago del ITBIS efectuado al realizar estos gastos
normalmente generar un saldo a favor (crédito
scal) en benecio del sujeto obligado (en este
caso la recurrente). Por esto, uno de los principales
métodos para defraudar al sco es reportar en los
formularios 606 gastos mayores para así disminuir
la base imponible del ISR y además generar créditos
scales por el ITBIS supuestamente pagado al
adquirir los bienes y servicios reportados. Esto se
logra controlar, en parte, con lo dispuesto en el
artículo 288 literal (e) del Código Tributario en el
que se establece que no serán considerados “gastos
deducibles” aquellos que no tengan comprobantes
fehacientes–como son los que contienen NCF.
Anuario 2022 Tribunal Constitucional • 685
nera formal (los primeros 15 días de cada
mes) la compra de bienes y servicios que
incluyen NCF. Asimismo, con este formato
los contribuyentes reportan a la DGII los
costos y gastos para nes ISR, así como los
adelantos utilizados como créditos scales
para nes ITBIS y las retenciones del ITBIS
realizadas a terceros. En contraposición, a
través de los formularios 607, los contribu-
yentes reportan a la DGII los ingresos (in-
cluidas las ventas).
17. Visto lo anterior, es evidente que los
formularios 606 reportados por el sujeto
obligado (en este caso, los enviados por
Distribuidora Farmacia Caribe S.R.L.) a
la DGII son ecaces y sucientes para rea-
lizar una determinación directa respecto
a los gastos y costos que resultan deduci-
bles para nes scales (que fue lo realiza-
do por la DGII en el presente caso y lo que
está siendo objeto de impugnación), pues
contienen una descripción detallada de los
gastos y costos que dicho contribuyente ha
tenido en un periodo scal determinado.
Dentro de los detalles que contienen dichos
formularios están los siguientes: monto to-
tal de cada transacción, los ITBIS pagados,
retenidos, adelantados, etc. y el número de
comprobante scal de las facturas que sus-
tentan las operaciones declaradas.
18. Todo lo expuesto evidencia tres cues-
tiones fundamentales:
19. La primera: tal como han armado el
Tribunal Contencioso Administrativo y la
Tercera Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia, en el presente caso la DGII efectuó
una estimación directa de la determinación
tributaria. Esto así, porque la misma se
ejecutó en base a: (a) las declaraciones de
impuesto sobre la renta y los formularios
606 aportados por el propio sujeto obliga-
do (la hoy recurrente) contentivo de todas
sus transacciones declaradas para nes de
ISR e ITBIS; (b) los reportes provistos por
los terceros vinculados a las transacciones
objeto de análisis; y (c) las facturas que sus-
tentan los formularios de ambos. Bastando
inclusive para realizar la determinación di-
recta, la documentación descrita en el lite-
ral (a) o, en su defecto, la mencionada en
los literales (b) y (c)–estas dos últimas de
manera conjunta.
20. De hecho, es importante resaltar que
en el acápite 10.11 de esta decisión se
arma que la DGII aplicó el método de de-
terminación sobre la base directa (que es la
equivalente a la base cierta). Lo anterior,
en total contradicción con sus demás mo-
tivaciones en las que se establece que la de-
terminación tributaria fue sobre base pre-
sunta. Particularmente, en dicho acápite la
presente sentencia establece lo siguiente:
“10.11. Este tribunal observa que
al realizar dicha determinación, la
administración tributaria, según
estableció la Tercera Sala de la Suprema
Corte de Justicia en la impugnada
Sentencia núm. 337-2019, aplicó
el método de determinación directo
sobre los documentos aportados por
la parte recurrente y los reportes de
sus proveedores, los cuales fueron
comparados por la DGII aplicando el
principio de contabilidad por partida
doble.”
21. La segunda: la situación fáctica y jurídi-
ca de este caso es diferente a la juzgada en
la Sentencia 0493/15, pues la controver-
sia en dicho precedente es que, a los nes
de efectuar la determinación tributaria, la
686 • Anuario 2022 Tribunal Constitucional
DGII utilizó los servicios de una empresa
privada para que realizara un estudio de las
tarifas de los hoteles de la zona con igua-
les características que las de la recurrente y
sujeto obligado del proceso objeto de aná-
lisis; estudio éste que se realizó mediante
llamadas telefónicas (Ver 10.1.21 de la
22. Por este motivo, en el 10.1.22. del
citado precedente se establece que la de-
terminación tributaria fue realizada bajo
el mecanismo excepcional de estimación
presunta, pues la misma no se ejecutó en
base documentos reportados por el sujeto
obligado (por ejemplo, declaraciones jura-
das, formularios 606, facturas, etc.) o por
sus proveedores de los bienes y servicios
objeto de cuestionamiento–como si ocurre
en la especie; sino mediante presunciones
y parámetros obtenidos al realizar compa-
raciones con terceros no vinculados ni par-
ticipantes de las operaciones del contribu-
yente en cuestión.
23. En consecuencia, resulta evidente que
el referido precedente no puede ser aplica-
do a la solución del caso que nos ocupa.
24. La tercera: en la especie, la DGII se
limitó a aplicar lo dispuesto en el artículo
288 literal (e) del Código Tributario, el
cual dispone de forma expresa que no se-
rán deducibles para nes scales aquellos
gastos que no estén sustentados en com-
probantes fehacientes, es decir, en facturas
con NCF. De hecho, la recurrente duran-
te en todo este tiempo no ha aportado las
facturas con NFC que sustentan los gastos
que no le fueron aplicados para nes de de-
ducción, a pesar de haber depositado los
recursos administrativos y jurisdiccionales
a los que se contrae este caso.
25. Adicionalmente, debemos resaltar que
ni la Constitución, ni el Código Tributario,
ni la Sentencia TC/0493/15 establecen
como indispensable u obligatorio el reali-
zar inspecciones in situ, análisis de libros
contables o solicitar documentos a entida-
des para que la determinación tributaria se
considere sobre “base cierta”, como la rea-
lizada en este caso.
26. De hecho, el referido artículo 44 del
Código Tributario (citado en la presente
sentencia para justicar su fallo) se limita
a describir facultades de inspección y sca-
lización que tiene la DGII para cumplir de
forma efectiva sus funciones, dentro de las
cuales está analizar las declaraciones y do-
cumentos aportados por el sujeto obligado
o terceros–lo cual se efectúo en la especie.
Mas no exige que todos o algunos de estos
mecanismos deba aplicarse de manera obli-
gatoria.
27. Asimismo, resulta importante resaltar
que los artículos 30, 44, 64 y 66 del Códi-
go Tributario le coneren amplias faculta-
des a la DGII para realizar las determinacio-
nes tributarias y no sanciona con nulidad (o
calica como violatorio a la Constitución,
la Ley o el debido proceso) el no ejecutar
inspecciones in situ, solicitud de documen-
tos a entidades o analizar libros contables
para efectuar las mismas. Esto así, porque
las diligencias a realizar las dene el caso
concreto, siendo la inspección in situ uno
de los últimos mecanismos a considerar
por ser una medida sumamente invasiva.
28. Entendemos que crear un precedente
en el que siempre (o, de entrada) se exi-
ja este tipo de actuaciones a la DGII para
efectuar determinaciones tributarias, lejos
de ser benecioso para los contribuyentes,
Anuario 2022 Tribunal Constitucional • 687
es extremadamente perjudicial, además de
que resulta poco práctico y nada eciente.
29. En este caso en particular, para tener
una determinación tributaria sobre base
cierta, no era ni es necesario efectuar una
inspección in situ o las demás diligencias
sugeridas en la presente decisión, pues
analizando las declaraciones juradas de im-
puestos de la recurrente, realizando la re-
ferida contabilidad por partida doble y no
existiendo facturas con NCF que puedan
sustentar los gastos en exceso reportados
por la recurrente, la DGII queda facultada a
no aplicar esos gastos-costos para nes de
deducción scal. Más aún, cuando existe
una norma que de manera expresa dispo-
ne esta consecuencia jurídica, ya que es
el sujeto obligado la persona sobre la cual
recae la responsabilidad de aportar todos
los documentos necesarios y exigidos por
ley para que le sean aplicadas determinadas
deducciones scales.
30. En un caso como este, esta certeza
obtenida mediante la “estimación directa”
descrita, solo podría ponerse en duda si el
sujeto obligado deposita pruebas de que la
DGII ha incurrido en un error al realizar
este análisis–lo cual no ocurrió en la espe-
cie.
31. De hecho, según lo establecido en
la página 3 de la decisión emitida por la
Tercera Sala del Tribunal Superior Admi-
nistrativo, la propia recurrente solicita en
las conclusiones formales de su recurso de
contencioso administrativo que la DGII le
permita recticar los formatos de los envíos
606 correspondiente a los periodos 2009,
2010 y 2011 y los que sean necesarios, a
n de corregir los errores involuntarios
contenidos en los mismos. De igual forma,
durante el proceso ante dicho órgano juris-
diccional, Distribuidora Farmacia Caribe
S.R.L. no contradijo el hecho de que exis-
tían determinadas inconsistencias entre los
indicados 606 aportados por ésta y las fac-
turas reportadas por los terceros; aunque,
de manera contradictoria, en su recurso
de revisión dicha recurrente arma que las
alegadas inconsistencias son inexistentes,
sin embargo, no dedica siquiera un párrafo
a explicar el por qué.
32. En adición, Distribuidora Farmacia
Caribe S.R.L. en ninguna de las instancias
administrativas ni jurisdiccionales (inclui-
da esta Alta Corte) deposita pruebas ten-
dentes a demostrar que la DGII cometió un
error en la detección de estas inconsisten-
cias y que lo reportado en su declaración ju-
rada de impuesto sobre la renta y formula-
rios 606 es correcto. Es más, en su propio
memorial de casación (página 4 párrafo II),
dicha recurrente establece que, efectiva-
mente, en los citados 606 duplicó–supues-
tamente por un error involuntario–una
partida por valor de RD$239,698.00.
33. Visto lo anterior, es claro que, contra-
rio a lo armado en esta sentencia, al rea-
lizar la determinación tributaria de ocio
en cuestión, la DGII (a) cumplió con el
debido proceso, (b) respetó la jerarquía de
fuentes, (c) aplicó el principio de razonabi-
lidad entre el hecho y la presunción y, (d) la
hizo existiendo una causa legítima para su
utilización. Por tanto, dicho órgano esta-
tal garantizó la razonabilidad y proporcio-
nalidad de la determinación tributaria, así
como los principios de no conscatoriedad
y legalidad.
34. En consecuencia de todo lo expues-
to, entendemos que el recurso de revisión
688 • Anuario 2022 Tribunal Constitucional
constitucional de decisión jurisdiccional
objeto de análisis, debió ser rechazado en
todos sus partes, por lo que, raticamos
nuestro desacuerdo con la decisión adop-
tada en la presente sentencia.
Firmado: Milton Ray Guevara, juez presi-
dente
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
RAFAEL DÍAZ FILPO
En ejercicio de las prerrogativas que nos
conere el artículo 18614de la Constitu-
ción y 3015 de la Ley Orgánica del Tribu-
nal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales 137-11 del trece (13) de
junio de dos mil once (2011), modicada
por la Ley No. 145-11 der fecha veintinue-
ve (29) de junio de dos mil once (2011),
de acuerdo con nuestra posición adoptada
durante las votaciones de la presente sen-
tencia y con el debido respeto hacia el crite-
rio mayoritario reejado en esta decisión,
tenemos a bien señalar los siguientes argu-
mentos que sostienen nuestro voto salvado.
I. ANTECEDENTES
a. El suscrito magistrado ha expresado
su opinión, fundamentada en la decisión
adoptada en la presente sentencia constitu-
cional, por lo que ha emitido voto salvado
14 Integración y decisiones. El Tribunal
Constitucional estará integrado por trece miembros
y sus decisiones se adoptarán con una mayoría
calicada de nueve o más de sus miembros. Los
jueces que hayan emitido un voto disidente podrán
hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada.
15 Obligación de Votar. Los jueces no pueden dejar
de votar, debiendo hacerlo a favor o en contra en
cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los
votos salvados y disidentes se consignarán en la
sentencia sobre el caso decidido.
en la aprobación de la misma. En conse-
cuencia, en ejercicio de los referidos artí-
culos 186 de la Constitución y 30 de la Ley
No. 137-1116 del Tribunal Constitucional
y de los Procedimientos Constitucionales,
dejamos constancia de las motivaciones de
nuestra decisión.
b. La razón social Distribuidora Farmacia
Caribe SRL, mediante instancia deposita-
da en la Secretaría General de la Suprema
Corte de Justicia, en fecha dieciséis (16)
de octubre de dos mil diecinueve (2019),
interpuso un recurso de revisión constitu-
cional de decisión jurisdiccional, en contra
de la Sentencia núm. 337-2019 dictada
por la Tercera Sala de la Suprema Corte de
justicia, el treinta (30) de agosto de dos mil
diecinueve (2019).
c. La referida Sentencia núm. 337-2019
dictada por la Tercera Sala de la Suprema
Corte de justicia, el treinta (30) de agosto
de dos mil diecinueve (2019), objeto del
recurso de revisión constitucional de de-
cisión jurisdiccional que ocasionó la sen-
tencia constitucional que ha motivado el
presente voto salvado, cuyo dispositivo es
el que sigue:
“PRIMERO: RECHAZA el recurso de
casación interpuesto por Distribuidora
Farmacia Caribe, SRL, contra la
Sentencia núm. 030-2017-SSEN-
00052, dictada por la tercera Sala del
tribunal Superior Administrativo, cuyo
dispositivo ha sido copiado en parte
anterior del presente fallo.
SEGUNDO: declara que en esta materia
no hay condenación en costas.”
16 De fecha trece (13) de junio de dos mil trece (2013)
Anuario 2022 Tribunal Constitucional • 689
d. La ahora recurrente en revisión constitu-
cional, razón social Distribuidora Farmacia
Caribe SRL. procura en su escrito conten-
tivo del referido recurso de revisión, lo si-
guiente:
“
PRIMERO: ADMITIR
como regular
y valido en cuanto a la forma el presente
Recurso de Revisión Constitucional
interpuesto por Distribuidora Farmacia
Caribe, SRL, por haberse interpuesto
conforme los artículos 53 y 54 de la
Orgánica del Tribunal del Tribunal
constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, Ley 137-11.
SEGUNDO: ACOGER
en cuanto
al fondo el Recurso de Revisión
Constitucional y consecuentemente
DECLARAR nula y sin efecto legal
la Sentencia No. 337-2019 emitida
por la Tercera Sala de lo Laboral, de
Tierras Contencioso Administrativo
y Contencioso Tributario en fecha 11
de Septiembre del 2019 y recibida
en fecha 18 de Septiembre de 2019
por ser violatoria de los preceptos
constitucionales establecido en el Art.
69 de la Constitución y DISPONER el
envío a la Tercera Sala de la Suprema
Corte de Justicia para que sea conocido
y fallado por esa Corte. (sic)
e. La parte ahora recurrida, Dirección
General de Impuestos Internos (DGII)
solicita a través de su escrito de defensa lo
que sigue:
“ PRIMERO:
Admitir como regular
y válido en cuanto a la forma el
presente escrito de defensa producido
por la
DIRECCIÓN GENERAL
DE IMPUESTOS INTERNOS
en
contra del
RECURSO DE REVISIÓN
CONSTITUCIONAL
interpuesto por el
contrario la
SENTENCIA 337-2019
dictada por la
TERCERA SALA
de la
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
en
fecha 30 de agosto de 2019.
SEGUNDO:
Rechazar en todas sus
partes el
RECURSP DE REVISIÓN
CONSTITUCIONAL,
interpuesto
por la empresa
DISTRIBUIDORA
FARMACIA CARIBE, SRA,
y
en consecuencia
MANTENER EN
TODAS SUS PARTES la SENTENCIA
337-2019 dictada por la
TERCERA
SALA de la SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA,
en fecha 30 de agosto de
2019, pro el mismo ser improcedente,
mal fundado, carente de base legal y
muy específicamente no cumplir con las
condiciones específicas contenidas en el
artículo 53 de la Ley 137-11, Orgánica
del Tribunal Constitucional y de los
procedimientos constitucionales. (sic)”
f. La Procuraduría General Administrativo
en su opinión vertida en el escrito de defen-
sa del presente caso, solicita que:
“DE MANERA PRINCIPAL:
UNICO:
Que sea
DECLARADO
INADMISIBLE
, sin examen al fondo,
por no ser ajustado a los artículos 53
y 100 de la Le y No. 137-11 del 13
de junio del año 2011 el Recurso de
Revisión Constitucional interpuesto
por
DISTRIBUIDORA FARMACIA
CARIBE, S.R.L.,
contra la Sentencia
No.337-2019 de fecha 11 de septiembre
del año 2019 evacuada por la Suprema
Corte de Justicia.
EN CUANTO AL FONDO:
690 • Anuario 2022 Tribunal Constitucional
UNICO:
Que sea
RECHAZADO
en cuanto al fondo el Recurso de
Revisión de Amparo interpuesto por
DISTRIBUIDORA FARMACIA
CARIBE, S.R.L.,
contra la Sentencia
No.337-2019
de fecha 11 de
septiembre del año 2019 e vacuada
por la Suprema Corte de Justicia,
CONFIRMANDOLA, por ser esta
sentencia conforme con la Constitución
y las leyes aplicables al caso juzgado.”
II. SINTESIS DEL CONFLICTO
El mismo tiene su origen al momento,
conforme a la documentación anexa, a los
hechos y los alegatos invocados por las
partes, en que se presenta un recurso de
reconsideración por parte de la Distribui-
dora Farmacia Caribe SRL -parte ahora
recurrente-, en contra de la determinación
tributaria practicada por la Dirección Ge-
neral de Impuestos Internos (DGII) -hoy
parte recurrida- a sus declaraciones de
Impuesto sobre la Renta, relativa a los pe-
riodos scales 2009, 2010 y 2011, y del
Impuesto a las Transferencias de Bienes
Industrializados (ITBIS) correspondiente
al mes de abril de dos mil nueve (2009),
alegando improcedencia y violación al de-
bido proceso administrativo por parte del
órgano actuante en la determinación tribu-
taria realizada a la empresa hoy recurrente.
Ante el referido recurso, la Dirección Ge-
neral de Impuestos Internos (DGII) pro-
cedió a rechazarlo mediante la Resolución
de núm. 512/2014 del veintinueve (29)
de agosto de dos mil catorce (2014), por
lo que, al no estar conforme con la misma,
la Distribuidora Farmacia del Caribe SRL,
incoó un recurso contencioso tributario, el
cual fue rechazado mediante la Sentencia
núm. 030-2017-SSEN-00052, dictada
por la Tercera Sala del tribunal Superior
Administrativo, el veintiocho (28) de fe-
brero de dos mil diecisiete (2017).
Ante la inconformidad de dicha decisión, la
referida razón social, Distribuidora Farma-
cia del Caribe SRL le interpuso un recurso
de casación por ante la Suprema Corte de
Justicia la cual fue rechazado por su Ter-
cera Sala mediante la sentencia objeto del
presente recurso de revisión constitucio-
nal.
III. PRECISIÓN SOBRE EL ALCANCE
DE LA MAYORIA DE LOS VOTOS
ADOPTADOS
A. Es preciso señalar que este voto se ori-
gina, en cuanto a que, la generalidad de los
Honorables Jueces que componen este Tri-
bunal, ha concurrido con el voto mayorita-
rio en el entendido de que la sentencia en
cuestión, decide declarar admisible el re-
curso de revisión constitucional interpues-
to por la razón social Distribuidora Farma-
cia Caribe, SRL, contra la Sentencia núm.
337-2019 dictada por la Tercera Sala de la
Suprema Corte de justicia, el treinta (30)
de agosto de dos mil diecinueve (2019).
B. En tal sentido, así manifestamos nuestra
diferencia que ha motivado el voto salvado
objeto del presente desarrollo, en cuanto a
que, estamos ante un recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional,
cuya normativa delimita en sus numerales
5) y 7) del artículo 54 de la Ley 137-11
Orgánica del Tribunal Constitucional y
los Procedimientos Constitucionales, Ley
137-11 del trece (13) de junio del dos mil
once (2011), que se debe declarar la admi-
sibilidad del recurso y el conocimiento del
Anuario 2022 Tribunal Constitucional • 691
fondo mediante dos sentencias diferentes,
tal como sigue:
5) El Tribunal Constitucional tendrá
un plazo no mayor de treinta días,
a partir de la fecha de la recepción
del expediente, para decidir sobre la
admisibilidad del recurso. En caso de
que decida admitirlo deberá motivar su
decisión.
7) La sentencia de revisión será dictada
por el Tribunal Constitucional en
un plazo no mayor de noventa días
contados a partir de la fecha de la
decisión sobre la admisibilidad del
recurso.
C. En este sentido, sobre el punto que
antecede, el Tribunal Constitucional,
a f in de agilizar el proceso en cuestión
mediante el conocimiento de la
admisibilidad del recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional
y del fondo de la especie mediante una
sentencia, tal como el criterio adoptado
por este tribunal a través de la sentencia
septiembre de dos mil doce (2012), tal
como sigue:
a) Previo a referirnos a la admisibilidad
del presente recurso conviene indicar
que de acuerdo con los numerales 5
y 7 del artículo 54 de la referida Ley
137-11, el Tribunal Constitucional
debe emitir dos decisiones, una para
decidir sobre la admisibilidad o no
del recurso, y la otra, en el caso de que
sea admisible, para decidir sobre el
fondo de la revisión constitucional de la
sentencia; sin embargo, por las razones
que se indican a continuación ambos
aspectos serán decididos mediante esta
sentencia.
b) La exigencia de la primera de las
sentencias es de carácter interno al
tribunal, es decir, que con la misma ni
se beneficia ni se perjudica a las partes
y lo esencial es que se deje constancia
motivada de la admisibilidad del
recurso, de manera que es factible que
dicha motivación se haga en la misma
sentencia que decide el fondo.
c) El principio de celeridad y
economía procesal supone que en
la administración de justicia deben
aplicarse las soluciones procesales que
sean menos onerosas en lo que concierne
a la utilización de tiempo y de recursos;
de manera que si en la especie puede
solucionarse la admisibilidad y el fondo
del recurso mediante una sola decisión,
sin lesionar los intereses de las partes, el
Tribunal no debe dictar dos sentencias.
d) El Tribunal Constitucional tiene la
facultad, en este caso y en cualquier otro
caso, de interpretar y aplicar las normas
procesales en la forma más útil para la
efectividad de la justica constitucional.
e) El principio de celeridad y economía
procesal es coherente con el de
efectividad previsto en el artículo 7.4
de la referida Ley 137-11, texto que
establece lo siguiente: “Efectividad.
Todo juez o tribunal debe garantizar
la efectiva aplicación de las normas
constitucionales y de los derechos
fundamentales frente a los sujetos
obligados o deudores de los mismos,
respetando las garantías mínimas del
debido proceso y está obligado a utilizar
692 • Anuario 2022 Tribunal Constitucional
los medios más idóneos y adecuados a
1as necesidades concretas de protección
frente a cada cuestión planteada,
pudiendo conceder una tutela judicial
diferenciada cuando lo amerite el caso
en razón de sus peculiaridades”.
D. Es por ello que de conformidad con el
precedente adoptado en este orden y ante
el deber de decidir los recursos constitu-
cionales en estricto apego a los mismos,
así lo hicimos saber que previamente a la
admisibilidad del recurso de revisión cons-
titucional de decisión jurisdiccional se de-
bía claramente consignar el antes referido
precedente.
E. En este precepto, así lo hicimos saber,
manteniendo nuestro criterio tal como
precedentemente expusimos, ya que, es de
rigor procesal delimitar la normativa que
otorga competencia a un tribunal para co-
nocer de un recurso en especial, tal como
lo es el caso de la especie.
F. Asimismo, a n de sustentar más las mo-
tivaciones que justican la decisión adop-
tada en el presente caso, en cuanto a la de-
claratoria de admisibilidad del recurso de
revisión de decisión jurisdiccional que ha
sido decidido mediante la sentencia cons-
titucional que ha ocupado la atención para
el presente voto salvado que ahora nos ocu-
pa, señalamos la inclusión de precedentes
jado por este tribunal constitucional, en
otros casos similares.
G. En este sentido, en ocasión de demos-
trar la necesidad de adoptar precedente
vinculante, siempre y cuando se encuentre
acorde con el caso factico que toca determi-
nar, consideramos oportuno señalar que el
artículo 7, numeral 13) de la Ley 137-11
sobre el Tribunal Constitucional y los Pro-
cedimientos Constitucionales establece lo
que sigue:
Principios Rectores.
El sistema de
justicia constitucional se rige por los
siguientes principios rectores:
(…)
13) Vinculatoriedad.
Las decisiones
del Tribunal Constitucional y las
interpretaciones que adoptan o hagan
los tribunales internacionales en materia
de derechos humanos,
constituyen
precedentes vinculantes
17 para los
poderes públicos y todos los órganos del
Estado.
H. Asimismo, el artículo 31 de la referida
Ley 137-11 dispone que:
Artículo 31. Decisiones y los
Precedentes.
Las decisiones del
Tribunal Constitucional son definitivas
e irrevocables y
constituyen
precedentes vinculantes
18 para los
poderes públicos y todos los órganos del
Estado.
Párrafo I.
Cuando el Tribunal
Constitucional resuelva apartándose
de su precedente, debe expresar en los
fundamentos de hecho y de derecho de
la decisión las razones por las cuales ha
variado su criterio.
Párrafo II. En los casos en los cuales
esta ley establezca el requisito
de la relevancia o trascendencia
constitucional como condición de
recibilidad de la acción o recurso, el
17 Negrita y subrayado nuestro
18 Negrita y subrayado nuestro
Anuario 2022 Tribunal Constitucional • 693
Tribunal debe hacer constar en su
decisión los motivos que justican la
admisión
19
.
I. La Constitución dominicana en la parte
in ne del artículo 184 sobre el Tribunal
Constitucional, dispone que: “… Sus deci-
siones son definitivas e irrevocables y cons-
tituyen precedentes vinculantes20 para los
poderes públicos y todos los órganos del
Estado. (…)”
J. Asimismo, consideramos oportuno seña-
lar lo que dispone el artículo 6 de la Cons-
titución de la República, en cuanto a la
Supremacía de la Constitución: “Todas las
personas y los órganos que ejercen potesta-
des públicas están sujetos a la Constitución,
norma suprema y fundamento del ordena-
miento jurídico del Estado. Son nulos de
pleno derecho toda ley, decreto, resolución,
reglamento o acto contrarios a esta Consti-
tución.”
K. Ante tales disposiciones, consideramos
oportuno explicar el concepto de prece-
dente vinculante, a n de dejar claramente
edicado, la sustentación de la motivación
que ha originado el voto salvado que ahora
nos ocupa, en tal sentido, no es más que la
jurisprudencia constitucional a aplicar, o
sea las motivaciones que sustentan los fa-
llos pronunciados por los tribunales, en el
caso de la especie, los dictados por el Tri-
bunal Constitucional dominicano, por lo
que, viene a conformar una fuente del de-
recho, que deviene por la necesidad de un
vacío legislativo o una laguna de las leyes, y
así dando una respuesta a partir de la inter-
pretación constitucional.
19 Negrita y subrayado nuestro
20 Negrita y subrayado nuestro
L. En tal sentido, de forma sucinta, el pre-
cedente vinculante constitucional es la
motivación que sustenta la solución de un
caso concreto, convirtiéndose como regla
general que tiene alcance para todos los
justiciables, por lo que, se convierte en un
parámetro normativo para la solución de
futuros procesos de igual naturaleza, en
consecuencia, tales efectos son similares a
una ley, por lo que, es de obligación de dar
la solución a los casos futuros de similares
cuestiones, bajo las consideraciones de los
términos de dicha sentencia.
M. En este orden, el Tribunal Constitu-
cional dominicano esta para garantizar la
supremacía de la Constitución, la defensa
del orden constitucional y la protección de
los derechos fundamentales. Sus decisiones
son denitivas e irrevocables y constituyen
precedentes vinculantes para los poderes
públicos y todos los órganos del Estado21,
por lo que, somos de consideración que
es una cuestión irrenunciable, el hecho de
que, previó al desarrollo del conocimiento
de la admisibilidad de dicho recurso de revi-
sión se debió hacer una mención sucinta del
precedente asentado mediante la antes refe-
rida sentencia TC/0038/12, en relación a
las decisiones que deben ser adoptadas tan-
to en forma -admisibilidad- como en fondo
-conocimiento del recurso- en un recurso
de revisión constitucional de decisión juris-
diccional, tal como el de la especie.
N. En Consecuencia, conforme con todo lo
antes expresado, hemos dejado esclareci-
do la motivación que ha sustentado nuestro
voto salvado, en cuanto a que, al conocer un
recurso de revisión constitucional, el Tribu-
nal Constitucional claramente debe adoptar
21 Artículo 184 de la Constitución
694 • Anuario 2022 Tribunal Constitucional
claramente los precedentes adoptados por
esta alta corte sobre el tema que les ocupa, tal
como ha sido el criterio asentado en cuanto
a que, en una misma sentencia se conocerá y
decidirá sobre la admisibilidad y el fondo del
recurso revisión constitucional en aplicación
de los principios de la autonomía y economía
procesal, tal como ya lo señaláramos.
IV. POSIBLE SOLUCIÓN
Después del análisis previamente desarro-
llado, entendemos conforme a nuestro ra-
zonamiento a la cuestión planteada, mante-
niendo nuestra posición y criterio en el caso
que ahora nos ha tocado conocer, en cuan-
to a que, en la especie, estamos de acuerdo
con la decisión dada en la sentencia consti-
tucional que ha motivado este voto salvado,
en cuanto a que, previo a la declaratoria de
admisibilidad y el conocimiento del fondo
del recurso de revisión constitucional de
decisión jurisdiccional incoado por la Dis-
tribuidora Farmacia Caribe, SRL, contra la
Sentencia núm. 337-2019 dictada por la
Tercera Sala de la Suprema Corte de justi-
cia, el treinta (30) de agosto de dos mil die-
cinueve (2019), se debió dejar claramente
asentado la adopción del precedente jado
por este tribunal constitucional median-
te la referida sentencia TC/0038/12, en
cuanto a que: c) El principio de celeridad
y economía procesal supone que en la ad-
ministración de justicia deben aplicarse las
soluciones procesales que sean menos one-
rosas en lo que concierne a la utilización de
tiempo y de recursos; de manera que si en
la especie puede solucionarse la admisibi-
lidad y el fondo del recurso mediante una
sola decisión, sin lesionar los intereses de
las partes, el Tribunal no debe dictar dos
sentencias., y con ello cumplir con el de-
ber congurado en el ya señalado artículo
7. 13) de la Ley 137-11 sobre el Tribunal
Constitucional y los Procedimientos Cons-
titucionales, sobre la vinculatoriedad de las
decisiones jadas por Tribunal Constitu-
cional.
Firmado: Rafael Díaz Filpo, juez primer
sustituto
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
LINO VÁSQUEZ SÁMUEL
En el ejercicio de mis facultades consti-
tucionales y legales, y especícamente las
previstas en el artículo 3022 de la Ley Or-
gánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales, 137-11,
de fecha trece (13) de junio del año dos mil
once (2011), en lo adelante Ley 137-11; y
respetando la opinión de la mayoría del Ple-
no, formulo el presente voto salvado, mi di-
vergencia se sustenta en la posición que de-
fendí en las deliberaciones del Pleno, pues
aun cuando comparto la solución provista
diero de algunos de sus fundamentos, tal
como expongo a continuación:
VOTO SALVADO LA SATISFACCIÓN
O NO DE LOS REQUISITOS DE AD-
MISIBILIDAD DEL RECURSO NO ES
UN SUPUESTO VÁLIDO, CUANDO EN
REALIDAD DEVIENEN EN INEXIGI-
BLES
1. El dieciséis (16) de octubre de dos mil
diecinueve (2019), Distribuidora Farma-
cia Caribe, SRL., interpuso un recurso de
22 Artículo 30.- Obligación de Votar. Los jueces no
pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en
contra en cada oportunidad. Los fundamentos del
voto y los votos salvados y disidentes se consignarán
en la sentencia sobre el caso decidido.
Anuario 2022 Tribunal Constitucional • 695
revisión constitucional de decisión juris-
diccional contra la Sentencia núm. 337-
2019, dictada por la Tercera Sala de la
Suprema Corte de Justicia el treinta (30)
de agosto de dos mil diecinueve (2019),
que rechazó el recurso de casación, tras
considerar que la Tercera Sala del Tribu-
nal Superior Administrativo23 realizó una
correcta aplicación de la ley con base en lo
dispuesto en los artículos 287 y 288 de la
Ley 11-92, que aprueba el Código Tribu-
tario.
2. Los honorables jueces que integran
este Colegiado hemos concurrido con el
voto mayoritario en la dirección de acoger
el recurso y anular la sentencia recurrida,
tras considerar que la Tercera Sala de la
Suprema Corte de Justicia, al dictar el fallo
impugnado, prescinde referirse al carácter
excepcional del procedimiento de determi-
nación de impuesto —sobre base presun-
ta— realizado por la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII) y, asimismo,
omite las razones por las que dicho órgano
administrativo no aplicó el método de de-
terminación de impuesto sobre base cierta,
conforme lo dispone el artículo 44 del refe-
rido Código Tributario.
3. Al analizar los requisitos de admisibili-
dad del recurso de revisión jurisdiccional,
exigidos en el artículo 53.3 en sus literales
a) y b) de la Ley 137-11, la decisión adop-
tada por la mayoría de los jueces que inte-
gran este Tribunal los da por satisfechos
en aplicación del precedente sentado en la
Sentencia TC/0123/18, del cuatro (4) de
julio de dos mil dieciocho (2018).
23 Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00052 de fecha
28 de febrero de 2017.
4. Sin embargo, si bien me identico con
el razonamiento mayoritario del fallo pro-
visto, es necesario dejar constancia de mi
discrepancia con el abordaje de la decisión
al examinar los diferentes criterios para el
tratamiento de la admisibilidad del recurso
de revisión, que prevé la normativa legal
cuando se ha invocado vulneración a un de-
recho fundamental (artículo 53.3, literales
a) y b) de la Ley 137-11).
5. En la especie, reitero el criterio que he
venido exponiendo en votos particulares,
respecto a que al examinar los requisitos
de admisibilidad del recurso de revisión ju-
risdiccional exigidos en el artículo 53.3 en
sus literales a) y b) de la Ley 137-11, no de-
ben de considerarse satisfechos por aplica-
ción del precedente sentado en la referida
Sentencia TC/0123/18, sino inexigibles;
en razón de que, tal como estimó esta Cor-
del dos (2) de noviembre de dos mil doce
(2012), la Ley 137-11 no previó que la
sentencia dictada por la Suprema Corte
de Justicia podría violar un derecho funda-
mental.
6. Este razonamiento tiene su fundamento
en que la semántica de la palabra satisfac-
ción reere a la acción y efecto de satisfacer
o satisfacerse, razón, acción o modo con
que se sosiega y responde enteramente una
queja24, mientras que la inexigibilidad alu-
de a la dicultad o imposibilidad de exigir,
obligar, reclamar, reivindicar, exhortar, re-
querir, demandar, conminar, solicitar o pe-
dir algo; supuesto último que se desprende
de la imposibilidad material de exigir el
cumplimiento de esos requisitos de admisi-
bilidad cuando es a la sentencia dictada por
24 Diccionario de la Real Academia Española.
696 • Anuario 2022 Tribunal Constitucional
la Suprema Corte de Justicia que se le im-
puta vulneración a derechos fundamentales
y no a las dictadas por las vías jurisdicciona-
les anteriores.
7. Por consiguiente, resulta razonable
que el Tribunal Constitucional valore este
supuesto desde una aproximación a la ver-
dad procesal, dando cuenta que la satis-
facción no es un supuesto válido cuando
dichos requisitos devienen en inexigibles.
Este criterio ha sido desarrollado, entre
otras, en las sentencias TC/0434/18 del
trece (13) de noviembre de dos mil die-
ciocho (2018), TC/0582/18 del diez
(10) de diciembre de dos mil dieciocho
(2018), TC/0710/18 del diez (10) de
diciembre de dos mil dieciocho (2018),
TC/0274/19 del ocho (08) de agosto de
dos mil diecinueve (2019), TC/0588/19
del diecisiete (17) de diciembre de dos
mil diecinueve (2019), TC/0387/19 del
veinte (20) de septiembre de dos mil die-
cinueve (2019), TC/0423/20 del veinti-
nueve (29) de diciembre de dos mil veinte
(2020), TC/0483/20 del veintinueve
(29) de diciembre de dos mil veinte (2020),
TC/0006/21 del veinte (20) de enero de
dos mil veintiuno (2021) y TC/0055/21
del veinte (20) de enero de dos mil veintiu-
no (2021).
Firmado: Lino Vásquez Sámuel, juez se-
gundo sustituto
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
VÍCTOR JOAQUÍN CASTELLANOS
PIZANO
Con el mayor respeto, en el ejercicio de
las facultades constitucionales y legales
que nos corresponden, tenemos a bien
emitir un voto particular con relación a
la sentencia precedente. Nuestra opinión
obedece a la errónea interpretación del
modus operandi previsto por el legislador
en el párrafo capital del artículo 53.3, en
la que incurrió este colegiado al no reali-
zar el análisis de si en la especie hubo o
no la apariencia de violación a un derecho
fundamental, como requiere la referida
disposición legal. Hemos planteado el
fundamento de nuestra posición con rela-
ción a este tema en numerosas ocasiones,
emitiendo votos al respecto, a los cuales
nos remitimos con relación al caso que ac-
tualmente nos ocupa25.
Firmado: Víctor Joaquín Castellanos Piza-
no, juez
25 En este sentido, pueden ser consultados, entre
muchos otros, los votos de nuestra autoría que
guran en las siguientes sentencias: TC/0070/14,
TC/0134/14, TC/0135/14, TC/0160/14,
TC/0163/14, TC/0157/14, TC/0306/14,
TC/0346/14, TC/0390/14, TC/0343/14,
TC/0397/14, TC/0400/14, TC/0404/14,
TC/0039/15, TC/0040/15, TC/0072/15,
TC/0280/15, TC/0333/15, TC/0351/15,
TC/0367/15, TC/0381/15, TC/0407/15,
TC/0421/15, TC/0482/15, TC/0503/15,
TC/0580/15, TC/0022/16, TC/0031/16,
TC/0155/16, TC/0208/16, TC/0357/16,
TC/0358/16, TC/0365/16, TC/0386/16,
TC/0441/16, TC/0495/16, TC/0497/16,
TC/0501/16, TC/0508/16, TC/0535/16,
TC/0551/16, TC/0560/16, TC/0693/16,
TC/0028/17, TC/0064/17, TC/0070/17,
TC/0072/17, TC/0073/17, TC/0086/17,
TC/0091/17, TC/0098/17, TC/0152/17,
TC/0185/17, TC/0204/17, TC/0215/17,
TC/0303/17, TC/0354/17, TC/0380/17,
TC/0382/17, TC/0397/17, TC/0398/17,
TC/0457/17, TC/0543/17, TC/0600/17,
TC/0702/17, TC/0735/17, TC/0741/17,
TC/0743/17, TC/0754/17, TC/0787/17,
TC/0794/17, TC/0799/17, TC/0800/17,
TC/0812/17, TC/0820/17, TC/0831/17,
TC/0004/18, TC/0008/18, TC/0027/18,
TC/0028/18.
Anuario 2022 Tribunal Constitucional • 697
La presente sentencia es dada y rmada
por los señores jueces del Tribunal Cons-
titucional que anteceden, en la sesión del
Pleno celebrada el día, mes y año anterior-
mente expresados, y publicada por mí, se-
cretaria del Tribunal Constitucional, que
certico.
Grace A. Ventura Rondón
Secretaria
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