TC/0461/21, tres (3) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

• Páginas: 526-542
• Fecha: 01 Enero 2022
• Fecha de publicación: 01 Enero 2022
• Materia: Derecho Constitucional

526 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

SENTENCIA TC/0461/21

Referencia: Expediente núm. TC-01-

2020-0049, relativo a la acción

directa de inconstitucionalidad in-

terpuesta por los señores Onelia Alta-

gracia Jiménez y Fidencio de la Cruz

contra el numeral 2, del artículo 37,

de la Ley núm. 41-08, de Función

Pública del dieciséis (16) de enero

del año dos mil ocho (2008).

En el municipio Santo Domingo Oeste,

provincia Santo Domingo, República Do-

minicana, a los tres (3) días del mes de di-

ciembre del año dos mil veintiuno (2021).

El Tribunal Constitucional, regularmen-

te constituido por los magistrados Milton

Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo,

primer sustituto; Lino Vásquez Sámuel, se-

gundo sustituto; José Alejandro Ayuso, Alba

Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonne-

lly Vega, Víctor Joaquín Castellanos Pizano,

Domingo Gil, José Alejandro Vargas Gue-

rrero y Eunisis Vásquez Acosta, en ejerci-

cio de sus competencias constitucionales y

legales,especícamentelasprevistasenlos

artículos 185.4 de la Constitución, 9 y 36

de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribu-

nal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, del trece (13) de junio del

año dos mil once (2011), dicta la siguiente

sentencia:

I. ANTECEDENTES

1. Descripción de las normas

impugnadas

La norma impugnada en inconstitucionali-

dad es el numeral 2, del artículo 37 de la

Ley núm. 41-08, de Función Pública, del

dieciséis (16) de enero de dos mil ocho

(2008), que establece uno de los requisitos

para ingresar a las Carreras Administrativa

General y Especial, disponiendo, textual-

mente, lo siguiente:

Artículo 37.- Para el ingreso a las

Carreras Administrativa General y

Especiales, los candidatos deberán

acreditar, además de los requisitos

generales de ingreso al servicio público,

los siguientes:

2. Tener edad inferior a los cincuenta

y cinco (55) años y no ser acreedor del

beneficio de jubilación o pensión.

2. Pretensiones de la parte accionante

2.1. Los señores Onelia Altagracia Jiménez

y Fidencio de la Cruz, mediante instancia

recibida el quince (15) de octubre de

septiembre de dos mil veinte (2020),

interpusieron la presente acción directa

de inconstitucionalidad contra el numeral

2, del artículo 37, de la Ley núm. 41-08,

de Función Pública, del dieciséis (16) de

enero de dos mil ocho (2008) que dispone

que para ingresar a las Carreras Adminis-

trativa General y Especial deberá tener una

edad inferior a los cincuenta y cinco (55)

años y no ser acreedor del benecio de

jubilación o pensión, por ser violatorias a la

Constitución dominicana, en sus artículos

6, 7, 39.1, 43, 57, 60 y numerales 2 y 5 del

artículo 62, de la Constitución dominicana,

relativos a la Supremacía Constitucional,

Estado Social y Democrático de Derecho,

Derecho a la Igualdad, Derecho al Traba-

jo, Libre Desarrollo de la Personalidad,

Derechos a la Persona de Tercera Edad y

Derecho a la Seguridad Social.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 527

2.2. En ese sentido, la parte accionante,

mediante la instancia antes señalada, tiene

a bien concluir de la siguiente forma:

ÚNICO: DECLARAR LA INCONS-

TITUCIONALIDAD de: El Numeral

2 del artículo 37, de la Ley 41-18 de

Función Pública. Por ser contario a los

artículos 6, 7, 39, 43, 57, 60 y 62 de la

Constitución de la República; Debido

a la conculcación o vulneración a la su-

premacía constitucional, El estado social

democrático y de derecho, Derecho a la

igualdad, Derecho al trabajo, Derecho

al libre desarrollo de la personalidad,

Derecho de las personas de la tercera

edad y Derecho a la seguridad social.

3. Infracciones constitucionales alega-

das

3.1. La parte accionante fundamenta en

su acción directa de inconstitucionalidad,

mediante instancia recibida el quince (15)

de octubre de septiembre de dos mil veinte

(2020), que el numeral 2 del artículo 37

de la Ley núm. 41-08, de Función Pública,

del dieciséis (16) de enero de dos mil ocho

(2008), que dispone que para ingresar a las

Carreras Administrativa General y Especial

se deberá tener una edad inferior a los

cincuenta y cinco (55) años y no ser acree-

dordel benecio dejubilacióno pensión,

vulnera la Constitución dominicana, en sus

artículos 6, 7, 39.1, 43, 57, 60 y numera-

les 2 y 5 del artículo 62, de la Constitución

dominicana, relativos a la Supremacía

Constitucional, Estado Social y Democrá-

tico de Derecho, Derecho a la Igualdad,

Derecho al Trabajo, Libre Desarrollo de

la Personalidad, Derechos a la Persona de

la Tercera Edad y Derecho a la Seguridad

Social, los cuales establecen lo siguiente:

Artículo 6.- Supremacía de la

Constitución. Todas las personas y

los órganos que ejercen potestades

públicas están sujetos a la Constitución,

norma suprema y fundamento del

ordenamiento jurídico del Estado. Son

nulos de pleno derecho toda ley, decreto,

resolución, reglamento o acto contrarios

a esta Constitución.

Artículo 7.- Estado Social y Democrático

de Derecho. La República Dominicana

es un Estado Social y Democrático

de Derecho, organizado en forma de

República unitaria, fundado en el

respeto de la dignidad humana, los

derechos fundamentales, el trabajo, la

soberanía popular y la separación e

independencia de los poderes públicos.

Artículo 39.-Derecho a la igualdad.

Todas las personas nacen libres e iguales

ante la ley, reciben la misma protección

y trato de las instituciones, autoridades

y demás personas y gozan de los mismos

derechos, libertades y oportunidades,

sin ninguna discriminación por razones

de género, color, edad, discapacidad,

nacionalidad, vínculos familiares,

lengua, religión, opinión política o

filosófica, condición social o personal.

En consecuencia:

1)La República condena todo privilegio

y situación que tienda a quebrantar la

igualdad de las dominicanas y los

dominicanos, entre quienes no deben

existir otras diferencias que las que

resulten de sus talentos o de sus virtudes;

Artículo 43.-Derecho al libre desarro-

llo de la personalidad. Toda persona

tiene derecho al libre desarrollo de su

528 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

personalidad, sin más limitaciones que

las impuestas por el orden jurídico y los

derechos de los demás;

Artículo 57.-Protección de las personas

de la tercera edad. La familia, la so-

ciedad y el Estado concurrirán para la

protección y la asistencia de las perso-

nas de la tercera edad y promoverán su

integración a la vida activa y comunita-

ria. El Estado garantizará los servicios

de la seguridad social integral y el sub-

sidio alimentario en caso de indigencia.

Artículo 60.-Derecho a la seguridad

social. Toda persona tiene derecho a la

seguridad social. El Estado estimulará

el desarrollo progresivo de la seguridad

social para asegurar el acceso universal

a una adecuada protección en la enfer-

medad, discapacidad, desocupación y

la vejez.

Artículo 62.-Derecho al trabajo. El tra-

bajo es un derecho, un deber y una fun-

ción social que se ejerce con la protección

y asistencia del Estado. Es finalidad

esencial del Estado fomentar el empleo

digno y remunerado. Los poderes pú-

blicos promoverán el diálogo y concer-

tación entre trabajadores, empleadores

y el Estado. En consecuencia:

2)Nadie puede impedir el trabajo de los

demás ni obligarles a trabajar contra su

voluntad;

5)Se prohíbe toda clase de discrimi-

nación para acceder al empleo o du-

rante la prestación del servicio, salvo

las excepciones previstas por la ley

con fines de proteger al trabajador o

trabajadora;

4. Hechos y argumentos jurídicos de la

accionante

4.1. La parte accionante, Onelia Altagracia

Jiménez y Fidencio de la Cruz, fundamenta

su acción directa de inconstitucionalidad,

esencialmente, en los siguientes motivos:

PRIMER MEDIO: violación al artículo

62, de la Constitución.

FUNDAMENTACIÓN:

ATENDIDO: A que desde el punto de

vista fáctico, los accionantes pretenden

justificar el privilegio que significa

poder entrar a la admirativa, ya que por

los requisitos establecidos en el numeral

2 del artículo 37 de la ley 41-08 de

función pública, estos se ven coartados

de acceder a la carrera administrativa,

por el simple hecho tener más de 55

años de edad no pueden hacer valer

sus méritos profesionales, donde la

Constitución establece que no puede

haber ningún tipo de discriminación

para acceder a un empleo.

ATENDIDO: A que de manera muy

clara y precisa el Artículo 62 de la car-

ta magna dominicana, sobre el Dere-

cho al trabajo, establece El trabajo es

un derecho, un deber y una función

social que se ejerce con la protección

y asistencia del Estado. Es nalidad

esencial del Estado fomentar el em-

pleo digno y remunerado. Los poderes

públicos promoverán el diálogo y con-

certación ente trabajadores, emplea-

dores y el Estado. En consecuencia: 2)

Nadie puede impedir el trabajo de los

demás ni obligarles a trabajar contra

su voluntad.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 529

ATENDIDO: A que el Artículo 62.5 de

la carta magna dominicana se refiere

a las distinciones, y manda que se

prohíbe toda clase de discriminación

para acceder al empleo o durante

la prestación del servicio, salvo las

excepciones previstas por la ley con fines

de proteger al trabajador o trabajadora.

ATENDIDO: A que la edad de una per-

sona no determina que esta tenga pleno

y efectivo usos de sus cinco sentidos,

capacidad y facultades mentales, enten-

diéndose que una persona de 55 años

tiene toda una vida por vivir. La ley no

puede jamás crear desigualdad.

SEGUNDO MEDIO: violación al

artículo 39 de la constitución.

ATENDIDO: A que por coartarle a los

accionantes el acceso a poder ingresar a

la carrera administrativa se le violenta

sus derechos a la aguardad, ya que se le

está prohibiendo el ingreso a la misma

por el solo hecho de estos tener más de

55 años de edad.

ATENDIDO: A que la Constitución dice

que todos somos iguales según el Artícu-

lo 39.1 Derecho a la igualdad, al esta-

blecer Todas las personas nacen libres

e iguales ante la ley, reciben la misma

protección y trato de las instituciones,

autoridades y demás personas y gozan

de los mismos derechos, libertades y

oportunidades, sin ninguna discrimina-

ción por razones de género, color, edad,

discapacidad, nacionalidad, vínculos

familiares, lengua, religión, opinión po-

lítica o filosófica, condición social o per-

sonal. En consecuencia: La República

condena todo privilegio y situación que

tienda a quebrantar la igualdad de las

dominicanas y los dominicanos, entre

quienes no deben existir otras diferen-

cias que las que resulten de sus talentos

o de sus virtudes.

5. Intervencionesociales

5.1. Opinión del Senado de la República

5.1.1. El Senado de la República Domi-

nicana emitió su opinión, mediante co-

municación recibida el veintidós (22) de

noviembre de dos mil veinte (2020), en

la cual solicitan que, en cuanto al conoci-

miento, aprobación y promulgación de la

referida ley, se rechace la presente acción

directa de inconstitucionalidad por haber-

se cumplido el procedimiento correspon-

diente, fundamentado en los siguientes

argumentos:

1. Que conforme al artículo 96 de la

Constitución de la República, de fecha

25 de julio del año 2002, vigente al

momento de ser sometido como proyecto

de ley, la Ley No. 41-08, Función

Pública y crea la Secretaría de Estado

de Administración Pública, de fecha 16

de enero de 2008, objeto de la presente

opinión, tenían iniciativa de proyecto

de ley, los Senadores y Senadoras y los

Diputados y Diputadas, el Presidente

de la República, la Suprema Corte

de Justicia, en asuntos judiciales y la

Junta Central Electoral, en asuntos

electorales.

2. Que la ley objeto de esta opinión, fue

presentada como proyecto de ley en el

Senado de la República, en fecha 17 de

diciembre del año 2007, procedente de

la Cámara de Diputados.

530 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

3. Que conforme a la Constitución de la

República se procedió a tomar en consi-

deración dicho proyecto de ley en fecha

18/12/2007, dicha iniciativa fue libera-

da de trámites el 28/12/2007. Aproba-

da en Primera lectura el 28/12/2007.

Aprobada en Segunda Lectura el

4/1/2008. Promulgada el 16/1/2008.

En cumplimiento a los artículos 39 y 40

de la Constitución de la República, de

fecha 25 de julio del año 2002, Consti-

tución que regía para esa época, que es-

tipulaban: “Artículo 39.- Todo proyecto

de ley admitido en una de las cámaras

se someterá a dos discusiones distintas,

con un intervalo de un día por lo menos

entre una y otra discusión. En caso de

que fuere declarado previamente de ur-

gencia deberá ser discutido en dos sesio-

nes consecutivas”. “Artículo 40.-Apro-

bado un proyecto de ley en cualquiera

de las Cámaras, pasará a la otra, para

su oportuna discusión observándose

en ella las mismas formas constitucio-

nales. Si esta Cámara le hiciere modifi-

caciones, devolverá dicho proyecto con

Observaciones a la Cámara en que se

inició, y, en caso de ser aceptadas, en-

viará la ley al Poder Ejecutivo. Si fueren

rechazadas las observaciones, se consi-

derará desechado el proyecto.

Después de su correspondiente sanción,

se dio continuidad con los trámites cons-

titucionales y reglamentarios de lugar,

consistentes en la transcripción de la

Ley, revisión, firmas del Bufete Directi-

vo y remitido al Poder Ejecutivo, para

los fines correspondientes.

A partir de lo antes señalado, entende-

mos que el Senado de la República cum-

plió de manera cabal con el mandato

constitucional al momento de sancionar

la Ley No. 41-08 de Función Pública y

crea Secretaría de Estado de Adminis-

tración Pública, de fecha 16 de enero de

2008, por lo que, en cuanto al trámite,

estudio y sanción de dicha iniciativa no

se incurrió en ninguna violación al pro-

cedimiento constitucional establecido.”

5.1.2. El Senado de la República Domi-

nicana en la audiencia pública celebrada

por este Tribunal Constitucional el dieci-

siete (17) de diciembre de dos mil veinte

(2020), concluyó de la manera siguiente:

Primero: Ratificar en todas sus partes

la opinión del Senado de la República,

presentada y depositada por ante la

Secretaría de ese Honorable Tribunal

Constitucional, sobre el Procedimiento

y trámites legislativo realizado por el

Senado, al momento del estudio y san-

ción del Proyecto de ley que creó la Ley

núm. 41-18 de Función Pública, por lo

que en cuanto este aspecto el Senado de

la República, cumplió fiel y satisfacto-

riamente con el Mandato Constitucional

y el Reglamentario requerido.

Segundo: Rechazar en cuanto al fondo

la presente acción directa de inconsti-

tucionalidad incoada por los Accio-

nantes, señora Onelia Altagracia Jimé-

nez y Fidencio de la Cruz, mediante la

cual persiguen que ese Honorable Tribu-

nal Constitucional, declare no conforme

con la Constitución el Artículo 37, nu-

meral 2, de la Ley núm. 41-08 de Fun-

ción Pública, de fecha dieciséis (16) de

enero del año dos mil ocho (2008), por

la alegada vulneración de los Artículos

6, 7, 39, 43, 60 y 62 de la Constitución

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 531

Dominicana, toda vez que el articulo

atacado no contraviene de modo algu-

no la Constitución de la República.

Tercero: Declarar conforme con la Cons-

titución el Artículo 37, numeral 2, de

la Ley núm. 41-08 de Función Públi-

ca por estar en consonancia con los

preceptos constitucionales consagra-

dos en la carta sustantiva.

Cuarto: Declarar el presente proceso li-

bre de costas por la naturaleza de la ma-

teria de que se trata, y haréis justicia.

5.2. Opinión de la Cámara de Diputados

de la República Dominicana

La Cámara de Diputados emitió su opi-

nión mediante instancia recibida el veinti-

cinco (25) de noviembre de dos mil veinte

(2020), mediante la cual solicita, en cuan-

to a la forma, que se admita la presente ac-

ción directa en inconstitucionalidad de la

referida ley, y en cuanto al fondo deja a la

soberana apreciación del Tribunal Consti-

tucional la constitucionalidad de la norma,

argumentado lo siguiente:

6.- En el presente caso, Onelia Altagracia

Jimenez y Fidencio de la Cruz, contra

el artículo 37, numeral 2 de la Ley

41-08, de Función Pública y crea la

Secretaria de Estado de Administración

Pública, por alegada vulneración de los

siguientes artículos: 6, 7, 39, 43, 57, 60

y 62 de la Constitución dominicana. En

tal sentido, proponen la nulidad de ese

texto legal.

6.1.- Conviene precisar, que tras evaluar

la denuncia de inconstitucionalidad

que nos ocupa, la CAMARA DE DIPU-

TADOS no presentará conclusiones al

fondo en la presente acción directa en

inconstitucionalidad, dejará la decisión

a la soberana y sabia interpretación del

Tribunal Constitucional.

5.3. Procuraduría General de la

República

En el marco de la presente acción directa

de inconstitucionalidad, el procurador ge-

neral adjunto emitió su opinión, mediante

instancia recibida el diecinueve (19) de

noviembre de dos mil veinte (2020), en

la cual solicita que la acción directa de in-

constitucionalidad sea admitida, en cuanto

a la forma y en cuanto al fondo, sea rechaza-

da la misma, fundamentada en los siguien-

tes argumentos:

b. Aduce el accionante que el citado

artículo transgrede el derecho al traba-

jo, derecho a la igualdad, entre otros

derechos, como el libre desarrollo a la

personalidad, supremacía constitucio-

nal y seguridad social siendo estos tres

últimos solo citados por el accionante

sin que el mismo haya desarrollado en

qué sentido la norma atacada afecta los

indicados derechos, por lo que, al no ser

preciados, ni certeros sus argumentos,

en palabras del Tribunal Constitucional

y conforme al el precedente TC/ 150/13,

no merecen ser analizados como medios

de inconstitucionalidad por no cumplir

con los requisitos mínimos de motiva-

ción de pretensiones. Cabe valorar en

consecuencia los alegatos relativos a la

igualdad y derecho al trabajo.

c. En cuando a la transgresión al dere-

cho de igualdad, cuando este es invo-

cado, procede agotar el test o juicio de

532 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

igualdad instaurado en el precedente

TC/00033/12 donde fue establecido lo

siguiente:

La Corte Constitucional ha diseñado

un test o juicio de igualdad, cuya im-

portancia radica en que otorga obje-

tividad y transparencia a los exámenes

de igualdad que realizan los jueces so-

bre las normas y su fin no es otro que

el de analizar si una norma trasgrede

el principio de igualdad. La estructura

analítica básica del juicio de igualdad

puede reseñarse de la siguiente forma:

(i) Lo primero que debe advertir el juez

constitucional es si, en relación con

un criterio de comparación, o tertium

comparationis, las situaciones de los

sujetos bajo revisión son similares. En

caso de que encuentre que son clara-

mente distintas, no procede el test de

igualdad; (ii) Si resulta procedente el

juicio de igualdad, deberá analizarse

la razonabilidad, proporcionalidad,

adecuación e idoneidad del trato dife-

renciado que consagra la norma censu-

rada, destacando los fines perseguidos

por el trato disímil, los medios emplea-

dos para alcanzarlos y la relación en-

tre medios y fines.

d. En cuando al primer análisis, esto es

verificar si “las situaciones de los sujetos

bajo revisión son similares” en el caso

que nos ocupa, el cuestionamiento de la

norma se enmarca mediante el proceso

de acción directa de inconstitucionali-

dad, la cual es una acción que no agota

el principio de contradicción entre las

partes que procuran la protección de un

derecho, sino que se trata de un proceso

que inicia de una voluntad unilateral y

las partes que se pronuncian en el curso

del proceso, lo hacen a modo consulti-

vo, por tratarse de un proceso que cues-

tiones normas de orden público por lo

que amerita la protección del principio

democrático.

e. En cuanto al segundo aspecto de la

igualdad, esto es, “constatar si la cues-

tión de desigualdad planteada resulta

razonable, proporcional, adecuada e

idónea”, en el caso que nos ocupa, cier-

tamente el límite de edad para acceder

a la carrera administrativa resulta ex-

cluyente para una parte de la sociedad,

causando así una desigualdad aplica-

ble concretamente a todo aquel que pro-

cure ingresar a esta carrera.

f. En la comunidad internacional este

ha sido un tema debatido, pues dicha

práctica de incluir límites máximos o

mínimo de edad en el ámbito laboral, es

muy común, y lo propio entra en conflic-

to con el derecho de no discriminación

por razón de edad.

g. En un caso análogo el Tribunal Cons-

titucional Español en su sentencia STC

75/1983, de 3 de agosto, consideró que

“en cuanto la edad es en sí un elemento

diferenciador será legítima la decisión

legislativa que, atendiendo a ese ele-

mento diferenciador, y a las caracte-

rísticas del puesto de trabajo de que se

trate, fije objetivamente límites de edad

que supongan, para los que lo hayan

rebasado, la imposibilidad de acceder a

estos puestos”.

h. En el caso que nos ocupa la Ley 41-

08, entre otras cosas, regula todo lo

concerniente a los servidores públicos

haciendo hincapié en lo relativo a su

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 533

formación y capacitación, para lo cual

la misma Ley crea el Instituto Nacional

de la Administración Pública, mediante

el cual todo personal de los Órganos y

Entidades de la Administración Públi-

ca es beneficiado con talleres, cursos,

acreditaciones y todo tipo de formación

y capacitación otorgadas de manera di-

recta, o a través de entidades académi-

cas públicas o privadas, para lo cual, a

su vez realiza alianzas académicas para

proporcionar convenios de cooperación

técnica con organismos nacionales, ex-

tranjeros o internacionales, públicos o

privados, y en especial establecer pro-

gramas de cooperación horizontal con

organismos gubernamentales de forma-

ción y capacitación de otros países, todo

lo anterior en aras de garantizar una

optimización, eficiencia y calidad en

los servicios prestados a los ciudadanos

y toda persona que acceda a una insti-

tución pública (ver Art. 11 y siguientes

Ley 41-08).

i. La indicada formación implica una

prestación importante por parte del Es-

tado, por lo que para hacer esto efecti-

vo se requiere por mandato legislativo,

que en la Ley de Gastos Públicos de

cada año sean consignados los recur-

sos provenientes del presupuesto nacio-

nal necesarios para el cumplimiento de

las funciones del Instituto Nacional de

Administración Pública (ver Art 10y si-

guientes Ley 41-08).

j. Quiere decir, que el personal que for-

ma parte de la Carrera Administrativa

es un personal en el cual el Estado ha in-

vertido recursos del presupuesto nacio-

nal del Estado y además es un personal

depurado y evaluado periódicamente

con sistemas de evaluaciones especiales,

realizadas por expertos que a su vez son

contratados por el Estado para obtener

resultados óptimos.

k. Por todo lo anterior, resulta razo-

nable, adecuado e idóneo que dicha

inversión pueda ser retrotraída por el

personal que se beneficia de la misma

y que dicha retribución perdure por

un tiempo moderado, de manera que

exista un beneficio para todos, muy

especialmente para los usuarios del

sistema, quienes son los que de manera

indirecta, hacen posible la prestación

realizada por el Estado para estos fi-

nes, sin que esta especial distinción

resulte discriminatoria por los motivos

antes expuestos.

l. En cuando a la alegada transgresión

del derecho al trabajo, en primer or-

den, la accionante no ha demostrado

en qué momento le ha sido negado la

posibilidad de gozar de este derecho,

así como tampoco nos consta la nega-

tiva que le fuere realizada mediante la

norma hoy atacada, es decir, el artí-

culo hoy cuestionado establece condi-

ciones para formar parte de la Carrera

Administrativa, sin que en ningún mo-

mento esto se refiera a que no pueda ser

contratada como servidora pública,

para lo cual, siempre que cuente con la

formación, aptitud y capacidad reque-

ridas podrá ser designada como tal si

así lo procurare, agotando a su vez las

evaluaciones técnicas y psicológicas

propias de cualquier personal contra-

tado para realizar labores. Analizado

esto, tampoco se configura la transgre-

sión del derecho al trabajo ni ninguna

de sus desmembraciones.

534 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

6. Pruebas documentales

En el marco del conocimiento de la presente

acción directa de inconstitucionalidad fue-

ron depositados los siguientes documentos:

1. Original de la instancia depositada ante

la secretaría del Tribunal Constitucional el

quince (15) de octubre de dos mil veinte

(2020), contentiva de la acción directa de

inconstitucionalidad interpuesta por los

señores Onelia Altagracia Jiménez y Fiden-

cio de la Cruz, contra el numeral 2, del artí-

culo 37, de la Ley núm. 41-08, de Función

Pública, del dieciséis (16) de enero de dos

mil ocho (2008);

2. Copia de las cédulas de identidad y elec-

toral de los accionantes, señores Onelia

Altagracia Jiménez y Fidencio de la Cruz.

7. Celebración de audiencia pública

En atención a lo dispuesto en el artículo 41

de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Cons-

titucional celebró audiencias públicas para

conocer de las presentes acciones directas

de inconstitucionalidad el diecisiete (17)

de diciembre de dos mil veinte (2020), a la

cual comparecieron las accionantes, señores

Onelia Altagracia Jiménez y Fidencio de la

Cruz, las autoridades de las cuales emana la

norma impugnada, Cámara de Diputados y

Senado de la República, quedando el expe-

diente en estado de fallo.

II. CONSIDERACIONES Y

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

8. Competencia

Este tribunal es competente para conocer

de las acciones directas en inconstitucio-

nalidad, en virtud de lo que establece el

artículo 185, numeral 1, de la Constitu-

ción del 2010 y los artículos 9 y 36 de la

Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, del trece (13) de junio

dos mil once (2011).

9. Legitimación activa o calidad del

accionante

La legitimación procesal activa es la ca-

pacidad procesal reconocida por el Es-

tado a una persona física o jurídica, así

como a órganos o agentes estatales, en

los términos previstos por la Constitu-

ción o la ley, para actuar en procesos y

procedimientos, en este caso, de justicia

constitucional.

En la República Dominicana, a partir de

la proclamación de la Constitución del

veintiséis (26) de enero de dos mil diez

(2010), se adoptó un control abstracto

y directo de la constitucionalidad de las

normas para, ante este Tribunal Consti-

tucional, hacer valer los mandatos cons-

titucionales, velar por la vigencia de la

supremacía constitucional, defender el

orden constitucional y garantizar el in-

terés general o bien común. Lograr este

objetivo conllevó la predeterminación de

un conjunto de autoridades u órganos es-

tatales que por su posición institucional

también tienen a su cargo la defensa de la

Constitución, legitimándoles para accio-

nar ante este fuero, sin condicionamiento

alguno, a fin de que este último expur-

gue del ordenamiento jurídico las nor-

mas inconstitucionales. De igual forma,

se extendió esta prerrogativa a cualquier

persona con un interés legítimo y jurídi-

camente protegido.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 535

Sobre tal legitimación o calidad, se dispone

en el artículo 185, numeral 1), de la Cons-

titución dominicana:

El Tribunal Constitucional será

competente para conocer en única

instancia: 1) Las acciones directas de

inconstitucionalidad contra las leyes,

decretos, reglamentos, resoluciones y

ordenanzas, a instancia del presidente

de la República, de una tercera parte de

los miembros del Senado o la Cámara

de Diputados y de cualquier persona

con interés legítimo y jurídicamente

protegido.

En igual tenor, se establece en el artículo

37 de la Ley núm. 137-11:

Calidad para Accionar. La acción

directa en inconstitucionalidad

podrá ser interpuesta, a instancia del

presidente de la República, de una

tercera parte de los miembros del

Senado o de la Cámara de Diputados

y de cualquier persona con un interés

legítimo y jurídicamente protegido.

Tal y como se advierte de las disposiciones

preceptivas esbozadas precedentemente, si

bien la Constitución vigente no contempla

una acción popular, existe la posibilidad

de que cualquier persona, con un interés

legítimo y jurídicamente protegido, pueda

ejercer la acción directa de inconstitucio-

nalidad. Ahora bien, desde la primera sen-

tencia dictada por este tribunal en el marco

de un recurso de inconstitucionalidad (Sen-

tencia TC/0047/12), estos requisitos han

sido aplicados con diversos matices.

En este orden, a los nes de reducir esa

brecha en la interpretación de los requisi-

tos que establece el citado artículo 37, de

la Ley núm. 137-11, este tribunal adoptó

la Sentencia TC/0345/19, del dieciséis

(16) de septiembre de dos mil diecinue-

ve (2019), mediante la cual se precisan

los criterios aplicables para valorar la le-

gitimación activa de los accionantes. En

efecto, de ahora en adelante, atendiendo

al criterio sentando por la citada Senten-

cia TC/0345/19, tanto la legitimación

procesal activa o calidad de cualquier per-

sona que interponga una acción directa de

inconstitucionalidad, como su interés ju-

rídico y legítimamente protegido, se pre-

sumirán en consonancia con lo previsto en

los artículos 2, 6, 7 y 185.1 de la Consti-

tución dominicana.

Esta presunción, para el caso de las perso-

nas físicas, estará sujeta a que el Tribunal

identiquequelapersona gozade susde-

rechos de ciudadanía. En cambio, cuando

se trate de personas jurídicas, dicha pre-

sunción será válida siempre y cuando el

Tribunalpuedavericarqueseencuentran

constituidas y registradas de conformidad

con la ley y, en consecuencia, se trata de

una entidad que cuente con personería ju-

rídica y capacidad procesal para actuar en

justicia, lo que constituye un presupuesto

a ser complementado con la prueba de una

relación existente entre su objeto o un de-

recho subjetivo del que sea titular y la apli-

cación de la norma atacada, justicando,

en la línea jurisprudencial ya establecida

por este tribunal, legitimación activa para

accionar en inconstitucionalidad por apo-

deramiento directo.

En el caso concreto, atendiendo a

que la parte accionante constituyen

personas físicas, con sus documentos

de identidad correspondientes, motivo

536 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

por el cual ostentan un interés legítimo

y jurídicamente protegido que revela su

legitimidad para incoar la presente acción

en inconstitucionalidad.

10. Análisis de los medios de inconstitu-

cionalidad

Los señores Onelia Altagracia Jiménez y

Fidencio de la Cruz, mediante instancia

recibida el quince (15) de octubre de sep-

tiembre de dos mil veinte (2020), inter-

pusieron la presente acción directa de in-

constitucionalidad contra el numeral 2 del

artículo 37 de la Ley núm. 41-08, de Fun-

ción Pública, del dieciséis (16) de enero de

dos mil ocho (2008), que dispone que para

ingresar a las Carreras Administrativa Ge-

neral y Especial se deberá tener una edad

inferior a los cincuenta y cinco (55) años y

noseracreedordelbeneciodejubilación

o pensión, por ser violatorias a la Consti-

tución dominicana, en sus artículos 6, 7,

39.1, 43, 57, 60 y numerales 2 y 5 del ar-

tículo 62, de la Constitución dominicana;

relativos a la Supremacía Constitucional,

Estado Social y Democrático de Derecho,

Derecho a la Igualdad, Derecho al Trabajo,

Libre Desarrollo de la Personalidad, Dere-

chos a la Persona de Tercera Edad y Dere-

cho a la Seguridad Social.

10.1. Respecto a las violaciones de los

artículos 6, 7, 43, 57 y 60 de la

Constitución dominicana

La parte accionante, señores Onelia Al-

tagracia Jiménez y Fidencio de la Cruz y

compartes, pretenden que sea declarada

la inconstitucionalidad del numeral 2, del

artículo 37, de la Ley núm. 41-08, de Fun-

ción Pública, del dieciséis (16) de enero de

dos mil ocho (2008), por vulnerar los artí-

culos 6, 7, 43, 57 y 60 de la Constitución

dominicana.

Al analizar el contenido de la instancia in-

troductoria de la presente acción en rela-

ción con estas alegadas violaciones consti-

tucionales,estetribunalhapodidovericar

que carece de presupuestos argumentati-

vos pertinentes y precisos que pongan en

evidencia de qué manera las disposiciones

impugnadas infringen los referidos precep-

tos de la Carta Sustantiva, situación que im-

posibilita que este tribunal pueda efectuar

una valoración objetiva de las pretensiones

de los accionantes.

De conformidad con el artículo 38, de la

Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, el escrito en el cual se in-

coe la acción directa de inconstitucionali-

dad debe exponer sus fundamentos en for-

ma clara y precisa, con la cita concreta de

las disposiciones constitucionales que en el

caso en cuestión se consideren vulneradas.

Es decir, es necesaria una exposición ade-

cuada, clara y concreta de lo que se supone

contraviene los postulados de Constitución

de la República en relación con el acto ata-

cado. En tal sentido, este tribunal, hacien-

do una interpretación de lo preceptuado

en el artículo 38, de la Ley núm. 137-11

y la jurisprudencia comparada, ha preci-

sado que es requisito de exigibilidad de la

acción directa de inconstitucionalidad, el

señalamientoyjusticaciónargumentativa

de las normas constitucionales que resultan

infringidas por el acto cuyo control abstrac-

to o concentrado de constitucionalidad se

reclama, señalando que, sin caer en forma-

lismos técnicos, los cargos formulados por

el demandante deben contener y revelar:

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 537

Certeza. La infracción denunciada debe

ser imputable a la norma infra constitu-

cional objetada, lo cual no fue cumpli-

do por los accionantes, toda vez que la

alegada infracción constitucional no fue

precisada ni vinculada expresamente a

las disposiciones atacadas. Especifici-

dad. Debe argumentarse en qué sentido

el acto o norma cuestionada vulnera la

Constitución de la República. Esta con-

dición ha sido insatisfecha en la especie,

puesto que el escrito introductivo de la

acción carece de presupuestos argumen-

tativos pertinentes y precisos, que indi-

quen de qué manera las disposiciones

objetos de la presente acción infringen la

Constitución de la República. Pertinen-

cia. Los argumentos invocados deben

ser de naturaleza constitucional y no

legal o referida a situaciones puramente

individuales, como se verifica en la es-

pecie, toda vez que los alegatos en tor-

no al derecho de propiedad que los ac-

cionantes reclaman, más bien podrían

corresponder a una demanda en pago

de justo precio y son totalmente ajenos

a la naturaleza de la presente acción”.

Este precedente ha sido reiterado en las

sentencias TC/0150/13, del veinti-

trés (23) de septiembre de dos mil tre-

ce (2013); TC/0197/14, del dieciséis

(16) de septiembre de dos mil catorce

(2014); TC/0359/14, del veintitrés

(23) de diciembre de dos mil catorce

(2014); TC/0061/17, del siete (7) de

febrero de dos mil diecisiete (2017); y

TC/0465/18, del catorce (14) de no-

viembre de dos mil dieciocho (2018)].

El tribunal ha podido advertir la circunstancia

de que los accionantes en su instancia se limi-

tan simplemente a enunciar la inconstitucio-

nalidad del numeral 2, del artículo 37, de la

Ley núm. 41-08, de Función Pública, del die-

ciséis (16) de enero de dos mil ocho (2008),

por vulnerar los artículos 6, 7, 43, 57 y 60 de

la Constitución dominicana; sin especicar

ensuescritodemaneraconcretayespecíca

de qué manera los referidos artículos del tex-

to legal impugnado vulneran la Carta Sustan-

tiva, sin que tampoco hayan presentado los

argumentos jurídicos que eventualmente po-

dríanjusticar ladeclaratoriadeinconstitu-

cionalidad de las disposiciones legales objeto

de impugnación, pues, en la especie sólo se

hacen referencias y aseveraciones generales,

sin que en ningún momento se hayan hecho

precisionesoespecicacionesconducentes

a establecer cómo es que uno cualquiera de

los artículos argüidos de inconstituciona-

lidad, contravienen los preceptos del texto

constitucional; y, en la especie, tal desarrollo

nopuedeseraportadoosuplidodeociopor

este Tribunal Constitucional.

En tal virtud, al no cumplirse en el presente

caso las mencionadas exigencias, y dado

el hecho de que no se expresa de forma

concreta cómo los artículos argüidos de

inconstitucionalidad entran en colisión

con los referidos textos supremos, hay

que convenir en la inadmisibilidad del

presente medio de la acción directa de

inconstitucionalidad, cuestión que se

decide sin necesidad de hacerlo constar en

el dispositivo de la presente sentencia.

10.2. Respecto a la inconstitucionali-

dad del numeral 2, del artículo 37,

de la Ley núm. 41-08 de Función

Pública del dieciséis (16) de enero

de dos mil ocho (2008), por vulne-

rar los artículos 39 y 62 de la Consti-

tución dominicana

La parte accionante argumenta en su pri-

mer medio de inconstitucionalidad que el

538 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

numeral 2, del artículo 37, de la Ley núm.

41-08, de Función Pública, que establece

que para ingresar a las Carreras Adminis-

trativa General y Especiales, los candidatos

deberán acreditar, además de los requisitos

generales de ingreso al servicio público, te-

ner una edad inferior a los cincuenta y cin-

co(55)añosynoseracreedordelbenecio

de jubilación o pensión vulnera los artícu-

los 39 y 62 de la Constitución, en sus nu-

merales 2 y 5, que establecen lo siguiente:

Artículo 39.-Derecho a la igualdad. To-

das las personas nacen libres e iguales

ante la ley, reciben la misma protección

y trato de las instituciones, autoridades

y demás personas y gozan de los mis-

mos derechos, libertades y oportuni-

dades, sin ninguna discriminación por

razones de género, color, edad, discapa-

cidad, nacionalidad, vínculos familia-

res, lengua, religión, opinión política o

filosófica, condición social o personal.

Artículo 62.-Derecho al trabajo. El tra-

bajo es un derecho, un deber y una fun-

ción social que se ejerce con la protección

y asistencia del Estado. Es finalidad

esencial del Estado fomentar el empleo

digno y remunerado. Los poderes pú-

blicos promoverán el diálogo y concer-

tación entre trabajadores, empleadores

y el Estado. En consecuencia:

2)Nadie puede impedir el trabajo de los

demás ni obligarles a trabajar contra su

voluntad;

5)Se prohíbe toda clase de discrimina-

ción para acceder al empleo o durante

la prestación del servicio, salvo las ex-

cepciones previstas por la ley con fines

de proteger al trabajador o trabajadora;

En sus argumentos precisa lo siguiente:

A que la edad de una persona no

determina que esta tenga pleno y efectivo

usos de sus cinco sentidos, capacidad y

facultades mentales, entendiéndose que

una persona de 55 años tiene toda una

vida por vivir. La ley no puede jamás

crear desigualdad.

A que por coartarle a los accionantes

el acceso a poder ingresar a la carrera

administrativa se le violenta sus

derechos a la aguardad, ya que se le

está prohibiendo el ingreso a la misma

por el solo hecho de estos tener más de

55 años de edad.”

Este Tribunal ha reconocido la importancia

que tiene el derecho al trabajo, así como su

doble condición de deber y derecho dentro

de un Estado de Derecho. Así en la Senten-

cia TC/0067/18, se precisó que:

el derecho al trabajo está estipulado en

nuestro texto sustantivo en su artículo

62, el cual establece que El trabajo es

un derecho, un deber y una función

social que se ejerce con la protección

y asistencia del Estado. Es finalidad

esencial del Estado fomentar el empleo

digno y remunerado. Lospoderes

públicos promoverán el diálogo y

concertación entre trabajadores,

empleadores y el Estado (...).

Asimismo, ha reconocido como discrimina-

torias las prácticas tendentes a limitar el ac-

ceso al empleo por razones de edad confor-

me los artículos 39 y 62 de la Constitución

dominicana. La Sentencia TC/0005/20,

declaró inconstitucional la disposición

contenida en el artículo 101.2, de la Ley

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 539

núm. 63-17, que imponía un requisito

máximo de edad de 65 años, por vulnerar

el principio de razonabilidad y el derecho

al trabajo contenido en los artículos 62 y

40.15 de la Constitución dominicana.

En el presente caso, no se trata de una li-

mitante respecto al derecho al trabajo, pues

el artículo impugnado en inconstitucionali-

dad no establece una prohibición para tra-

bajar en el sector público, sino, más bien,

para ingresar a las Carreras Administrativa

General y Especiales. En vista de lo ante-

rior, este Tribunal procederá a analizar si

dicha norma es contraria al principio de

igualdad.

El Tribunal Constitucional, a nes de

determinar si una norma es contraria al

principio de igualdad contenido en el

artículo 39 de la Constitución, ha asumido

el test de igualdad como mecanismo

idóneoaesosnes.ConformelaSentencia

TC/0033/12, del quince (15) de agosto

de dos mil doce (2012), se establecieron

los siguientes parámetros a evaluar para

determinar si la norma analizada es

conforme al principio de igualdad:

• Determinar si la situación de los su-

jetos bajo revisión son similares.

• Analizar la razonabilidad, propor-

cionalidad, adecuación e idonei-

dad del trato diferenciado.

• Destacar los fines perseguidos por

el trato disímil, los medios para al-

canzarlos y la relación entre medios

y fines.

Sobre el primer requisito, este Tribunal

entiende que se cumple, pues las personas

mayores de edad y menores de 55 años se

encuentran bajo una situación similar, es

decir, ambos sujetos son comparables des-

de el punto de vista en que no hay una dis-

tinción importante, más allá de la edad.

Sobre el segundo requisito, respecto a la

razonabilidad, proporcionalidad, adecua-

ción e idoneidad del trato diferenciado,

este Tribunal es de opinión que dichos

parámetrosnojusticanlaexclusióndelas

personas mayores de 55 años para ingre-

sar a la Carrera Administrativa y Especial

en razón de que el numeral 2, del artículo

37, de la Ley núm. 41-08, impugnada en

inconstitucionalidad es contrario al man-

dato constitucional dispuesto en el artículo

57, de la Constitución dominicana respec-

to a la protección reforzada de las personas

de tercera edad, disposición que lejos de

excluirlos de la vida laboral, promueve su

integración a la vida activa y comunitaria.

En cuanto al tercer requisito, analizar los

nesperseguidos por el trato disímil, los

medios para alcanzarlos y la relación entre

mediosynes,tampocosejusticalarela-

ciónmedio-nni el trato disímil coneste

grupo de personas exclusivamente en ra-

zón de la edad, pues contrario a lo que dis-

pone dicha norma, se estaría discriminando

a un grupo de personas exclusivamente por

su edad, la cual conforme a la Sentencia

TC/0005/20, estableciendo lo siguiente:

Y es que resultaría contradictorio el

hecho de que, por un lado, la Cons-

titución, en su artículo 57, establezca

como deber del Estado la promoción

de las personas de la tercera edad en la

vida activa, mientras que, por el otro, el

Congreso apruebe una ley que limite el

acceso al disfrute de cualquier derecho

fundamental basado exclusivamente en

el criterio de la edad.

540 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

Igualmente, en la Sentencia TC/0093/12,

este Tribunal Constitucional dispuso la in-

constitucionalidad de los artículos 1, litera-

les a) y c); 2, y su párrafo; 3 y 6 del Decreto

núm. 452-02, del Poder Ejecutivo, que es-

tablecía un límite de edad de setenta (70)

años para pagar las cuotas de las viviendas

de interés social argumentando que con di-

cha norma:

se está excluyendo por razones de edad

a potenciales propietarios de viviendas

que no pudieran pagar la totalidad de

las cuotas antes de llegar a esa edad, li-

mitación ésta que no está contemplada

en la ley que rige la materia y que ade-

más no fue consignada en el contrato,

por lo que la misma deviene en incons-

titucional al resultar discriminante para

la población en dicho rango de edad.

Otro argumento que refuerza la contra-

dicción de dicha normativa impugnada en

inconstitucionalidad es el Considerando

Tercero de la Ley núm. 41-08, que estable-

ce que “los niveles de desarrollo socio-eco-

nómico de las naciones más avanzadas se

vinculan con la puesta en práctica de siste-

mas de administración pública basados en

la profesionalización que resulta de la apli-

cación de principios meritocráticos”, con-

trarioalaprácticadejarrequisitosdiscri-

minatorios en base a la edad para limitar el

desarrollo profesional de un determinado

grupo de personas.

En vista de los argumentos anteriores, este

Tribunal procederá a acoger la referida

acción directa en inconstitucionalidad en

contra del numeral 2, del artículo 37, de

la Ley núm. 41-08, de Función Pública,

del dieciséis (16) de enero de dos mil ocho

(2008), por vulnerar el principio de igual-

dad contenido en el artículo 39 de la Cons-

titución dominicana.

Finalmente, se hace preciso aclarar que el

texto del numeral 2 del artículo 37 de la

Ley núm. 41-08 de Función Pública, del

dieciséis (16) de enero de dos mil ocho

(2008), regula un requisito múltiple, toda

vez que expresa: “2. Tener edad inferior

a los cincuenta y cinco (55) años y no ser

acreedor del beneficio de jubilación o pen-

sión;”. No obstante, el aspecto declarado

inconstitucional es exclusivamente el re-

lativo a tener edad inferior a los cincuenta

y cinco (55) años y, al resultar anulable

solamente esa condición y no el texto ínte-

gro del numeral 2 del artículo 37, procede

declarar su nulidad mediante la modalidad

de una sentencia reductora que, conforme

la Sentencia TC/0093/12, del veintiuno

(21) de diciembre de dos mil doce (2012),

sereerea:

“aquellas que señalan que una parte

(frases, palabras, líneas, etc.) del

texto cuestionado es contraria a

la Constitución, y ha generado un

vicio de inconstitucionalidad por su

redacción excesiva y desmesurada (…)

En ese contexto, la sentencia ordena

una restricción o acortamiento de la

“extensión” del contenido normativo de

la ley impugnada1.

Por tales razones, la declaratoria de nulidad

en el presente caso se hace exclusivamente

de la expresión que señala “[t]ener edad in-

ferior a los cincuenta y cinco (55) años” que

guraeneltextodelnumeral2,delartículo

37, de la referida Ley núm. 41-08.

1 Criterio reiterado en la Sentencia TC/0214/19, de

veintidós (22) de julio de dos mil diecinueve (2019).

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 541

Esta decisión, rmada por los jueces del

Tribunal, fue adoptada por la mayoría re-

querida.No guran las rmas de losma-

gistrados Justo Pedro Castellanos Khoury,

Maria del Carmen Santana de Cabrera y

Miguel Valera Montero, en razón de que

no participaron en la deliberación y vota-

ción de la presente sentencia por causas

previstas en la ley.

Por las razones y motivos de hecho y de de-

recho anteriormente expuestos, el Tribu-

nal Constitucional

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible,

en cuanto a la forma, la presente acción

directa de inconstitucionalidad incoada

por los señores Onelia Altagracia Jiménez

y Fidencio de la Cruz, contra el numeral

2, del artículo 37, de la Ley núm. 41-08,

de Función Pública, del dieciséis (16) de

enero de dos mil ocho (2008), respecto

a los artículos 39 y 62 de la Constitución

dominicana.

SEGUNDO: ACOGER la presente acción

directa de inconstitucionalidad y, en con-

secuencia, DECLARAR no conforme con

la Constitución dominicana el numeral 2,

del artículo 37, de la Ley núm. 41-08 de

Función Pública, del dieciséis (16) de ene-

rodedosmilocho(2008),especícamen-

te el requisito de [t]ener edad inferior a los

cincuenta y cinco (55) años, por vulnerar

el principio de igualdad contenido en el

artículo 39 de la Constitución dominicana

y, en consecuencia, DECLARAR que la

interpretación constitucional del numeral

2, del artículo 37, de la Ley núm. 41-08,

de Función Pública, es el que se consigna a

continuación:

Artículo 37.- Para el ingreso a las

Carreras Administrativa General y

Especiales, los candidatos deberán

acreditar, además de los requisitos

generales de ingreso al servicio público,

los siguientes:

2. No ser acreedor del beneficio de

jubilación o pensión;

TERCERO: DECLARAR el presente pro-

cedimiento libre de costas de conformidad

con las disposiciones del artículo 7.6 de la

Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos

constitucionales.

CUARTO: ORDENAR que la presente

sentencia sea noticada, por secretaría,

parasuconocimientoynesdelugar,alas

accionantes, señores Onelia Altagracia Ji-

ménez y Fidencio de la Cruz, así como tam-

bién a los órganos que produjeron la norma

impugnada, Cámara de Diputados, Senado

de la República, y a la Procuradora General

de la República.

QUINTO: ORDENAR que en todas las

publicaciones ociales de la Ley núm.

41-08, de Función Pública, del dieciséis

(16) de enero de dos mil ocho (2008), se

consigne la reducción del numeral 2 del

artículo37,andecumplirconlaforma-

lidad del párrafo III del artículo 49 de la

Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales.

SEXTO: ORDENAR que la presente sen-

tencia sea publicada en el Boletín del Tri-

bunal Constitucional, en virtud del artículo

4 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tri-

bunal Constitucional y de los Procedimien-

tos Constitucionales.

542 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presi-

dente; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sus-

tituto; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segun-

do Sustituto; José Alejandro Ayuso, Juez;

Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Manuel

Ulises Bonnelly Vega, Juez; Víctor Joa-

quín Castellanos Pizano, Juez; Domingo

Gil, Juez; José Alejandro Vargas Guerrero,

Juez; Eunisis Vásquez Acosta, Jueza; Gra-

ce A. Ventura Rondón, Secretaria.

Lapresentesentenciaesdadayrmadapor

los señores jueces del Tribunal Constitu-

cional que anteceden, en la sesión del Pleno

celebrada el día, mes y año anteriormente

expresados, y publicada por mí, secretaria

delTribunalConstitucional,quecertico.

Grace A. Ventura Rondón

Secretaria