TC/0522/23, dieciocho (18) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

512 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

SENTENCIA TC/0522/23

Referencia: Expediente núm. TC-01-

2022-0001, relativo a la acción

directa de inconstitucionalidad

interpuesta por Cándido Teja-

da contra el artículo 30 de la

Resolución núm. 009-2020, del

cuatro (4) de agosto de dos mil

veinte (2020), sobre el Protoco-

lo de actuación para entrevistas

forenses a víctimas y testigos

en condición de vulnerabilidad,

dictada por el Consejo del Poder

Judicial.

En el municipio Santo Domingo Oes-

te, provincia Santo Domingo, Repú-

blica Dominicana, a los dieciocho (18)

días del mes de agosto del año dos mil

veintitrés (2023).

El Tribunal Constitucional, regular-

mente constituido por los magistra-

dos Milton Ray Guevara, presidente;

Rafael Díaz Filpo, primer sustituto;

Lino Vásquez Sámuel, segundo sus-

tituto; Alba Luisa Beard Marcos,

Manuel Ulises Bonnelly Vega, Justo

Pedro Castellanos Khoury, Domingo

Gil, Miguel Valera Montero, y Euni-

sis Vásquez Acosta, en ejercicio de

sus competencias constitucionales y

legales, específicamente las previstas

en los artículos 185.1 de la Constitu-

ción; 9 y 36 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucio-

nal y de los Procedimientos Consti-

tucionales, del trece (13) de junio del

dos mil once (2011), dicta la siguien-

te sentencia:

I. ANTECEDENTES

1. Descripción y fundamento de la

norma impugnada

La parte accionante procura la incons-

titucionalidad del artículo 30 de la

Resolución núm. 009/20, dictada por

el Consejo del Poder Judicial el cuatro

(4) de agosto de dos mil veinte (2020),

sobre el Protocolo de actuación para

entrevistas forenses a víctimas y testi-

gos en condición de vulnerabilidad. El

contenido del artículo impugnado es el

parecencia virtual o presencial. Tra-

tándose de una vista de toma de testi-

monio, no de una audiencia o acto en

el que la normativa procesal vigente

indique imprescindible la compare-

cencia de todas las partes procesa-

les en circunstancias excepcionales,

cuando la parte imputada en estatus

de libertad y defensa técnica debida-

mente convocadas y el/la juez advierte

que aun agotadas las diligencias por

parte del despacho judicial no com-

parecen, ni justican causa atendi-

ble de su incomparecencia, y se trata

de una actividad dilatoria haciendo

uso abusivo de sus derechos, podrá

ordenar se practique la toma de testi-

monio prescindiendo de su presencia.

Celebrando el acto a n de resguar-

dar el derecho de defensa se le pone en

conocimiento de este conforme reglas

descritas en el presente protocolo a ta-

les nes.

Párrafo I. En caso de la perso-

na privada de libertad, cuando se

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requiera su traslado para la entre-

vista el centro de entrevistas o el lu-

gar habilitado por el Poder Judicial

a tales nes al no depender su pre-

sencia de su autonomía, sino de su

custodia y las autoridades peniten-

ciarias, se requiere su traslado para

otra oportunidad a n de resguardar

su derecho de defensa.

Párrafo II. En toda entrevista vir-

tual el juez vericará que se han cum-

plido las diligencias procesales para

garantizar la oportunidad de partici-

pación de todas las partes del proceso.

La presente acción directa de inconsti-

tucionalidad fue comunicada a la Pro-

curaduría General de la República y al

Consejo del Poder Judicial, el cinco (5)

de enero de dos mil veintidós (2022);

lo anterior, de acuerdo con los acuses

de recibo de los Ocios núms. PTC-

AI-002-2022 y PTC-AI-003-2022 ela-

borados, respectivamente, por la Pre-

sidencia del Tribunal Constitucional.

2. Pretensiones de la parte accionante

El tres (3) de enero de dos mil veintidós

(2022), Cándido Tejada depositó ante

la Secretaría de este tribunal constitu-

cional una instancia mediante la cual

promueve la declaratoria de inconsti-

tucionalidad del artículo 30 de la Reso-

lución núm. 009/20, sobre el Protocolo

de actuación para entrevistas forenses

a víctimas y testigos en condición de

vulnerabilidad, dictada por el Conse-

jo del Poder Judicial. Las infraccio-

nes constitucionales invocadas por la

parte accionante consisten en que di-

cho precepto normativo contradice el

derecho a ser oído, a la contradicción,

la igualdad procesal y el derecho a una

defensa, tanto técnica como material.

Tales prerrogativas se encuentran pre-

vistas en los artículos siguientes de la

norma fundamental:

Artículo 69.- Tutela judicial efectiva

y debido proceso. Toda persona, en el

ejercicio de sus derechos e intereses le-

gítimos, tiene derecho a obtener la tu-

tela judicial efectiva, con respeto del

debido proceso que estará conformado

por las garantías mínimas que se es-

tablecen a continuación:

(…),

2) El derecho a ser oída, dentro de un

plazo razonable y por una jurisdic-

ción competente, independiente e im-

parcial, establecida con anterioridad

por la ley;

(…),

4) El derecho a un juicio público, oral

y contradictorio, en plena igualdad y

con respeto al derecho de defensa;

(…),

10) Las normas del debido proceso se

aplicarán a toda clase de actuaciones

judiciales y administrativas.

3. Hechos y argumentos jurídicos de

la parte accionante

El accionante, Cándido Tejada, solici-

ta que el artículo 30 de la Resolución

núm. 009/20 sea declarado no confor-

me con la Constitución dominicana

por ser violatorio de su artículo 69,

514 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

numerales 2), 4) y 10); a tales nes

plantea que:

a) 18. El derecho a ser oído es una ga-

rantía de las que componen el debido

proceso cuya importancia es capital

para las partes, pero de manera es-

pecial para el imputado, puesto que,

sobre éste se cierne todo el aparato re-

presivo del Estado, por tanto, es quien

se encuentra en evidente desventaja

frente al curso del proceso. (sic)

b) 19. El respaldo legal de esta ga-

rantía de las que componen el debi-

do proceso la encontramos en los ar-

tículos 69.2 de la CRD; en el plano

supranacional la encontramos en los

artículos 8.1 de la Convención Ame-

ricana de Derechos Humanos y en el

artículo 14.1 del Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos. (sic)

c) 21. Que al disponer el artículo 30

de la resolución 009/20 la posibilidad

de que se escuche el testimonio del tes-

tigo sin la presencia del imputado y

de su defensa legalmente citada, está

desconociendo la importancia del

derecho a ser oído dentro del proce-

so penal, puesto que se debate la li-

bertad de una persona y con ello su

dignidad y su reputación, que como

vericamos en el preámbulo constitu-

cional es un principio sobre el que los

Constituyentes construyeron nuestra

Carta Magna. En tal sentido sería

contrario, incluso, a la concepción de

un Estado Social Democrático y de

Derecho, el permitir que se violente el

derecho de defensa del principal actor

del proceso pena, que es el acusado.

(sic)

d) Que aunado al anterior razona-

miento es preciso destacar que el im-

putado es el protagonista del proceso

penal, por tanto, tiene el derecho a

intervenir en todas las etapas del pro-

ceso por lo que es de suma importan-

cia su presencia dentro de la toma de

testimonio de un testigo, puesto que

de esta manera el mismo puede for-

mular las preguntas que entiende de

lugar ya sea por medio a su defensa

técnica o él mediante el uso de su voz,

por lo que desconocer esto sería obrar

contrario a la Constitución, a los tra-

tados y convenios internacionales,

así como también al propio criterio

sentado por esta Alta Corte en su

función del control concentrado de la

Constitucionalidad. (sic)

e) 24. Si analizamos a profundidad

el aspecto material al cual hace refe-

rencia la Corte IDH y con esto al n

para el cual fue concebido el artículo

30 de la resolución 009-20, incluso

la propia resolución como protocolo

para tomar testimonios de personas

en condición de vulnerabilidad, debe-

mos concluir que dicho n es obtener

un testimonio que, por las razones es-

tipuladas en la ley, no pueda ser escu-

chado en condiciones normales en la

audiencia de juicio. (sic)

f) 25. Esto implica que el n es apor-

tarlo como medio de prueba en el pro-

ceso penal, por tanto, si el objetivo es

este, es lógico pensar que si este medio

de prueba se recoge sin la presencia

del imputado, su defensor técnico o en

ausencia de ambos, dicha prueba no

podía ser valorada por no haber pasa-

do el ltro de la contradicción, además

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 515

devendrá en nula por ser recogida con

violación a derechos fundamentales

de conformidad con la disposición del

artículo 69.8 de la CRD, por tanto,

el artículo precitado es contrario a la

Constitución, los tratados internacio-

nales, la norma adjetiva procesal y

las disposiciones del Tribunal Cons-

titucional como máximo intérprete de

la Constitución Dominicana. (sic)

g) 31. Que vista la manera en la

cual fue concebido el artículo 287 del

CPP vemos que la naturaleza de este

artículo es garantizar la obtención de

un elemento de prueba de tipo testi-

monial, que por las circunstancias

excepcionales pueda brindar infor-

mación importante para el proceso

y que, además, de no ser complacida

por medio a esta gura no habría ma-

nera de obtenerla en la etapa posterior

en la que se desahogan las pruebas,

para el caso: la fase de juicio. (sic)

h) 32. Que visto esto, observamos que

el primer párrafo de dicho artículo

consagra la presencia de las partes

como un derecho, el cual no puede ser

cercenado de manera unilateral por la

decisión de un juez, o por una norma-

tiva de inferior jerarquía, en este caso

el artículo 30 de la resolución 009/20,

puesto que, todo lo relativo al debido

proceso de ley y a la tutela judicial

efectiva consagrada en el artículo 69

de la Constitución dominicana, como

están integrados por un catálogo de

derechos fundamentales del proceso,

por su naturaleza de conformidad

con la disposición de la Carta Mag-

na en el artículo 112, solo deben ser

regulados mediante una ley orgánica,

no así por un protocolo emanado por

una resolución del Consejo del Poder

Judicial. (sic)

i) 33. Que desde la parte capital del

artículo 30 de la resolución 009/20

inicia la contradicción con el artículo

287 del CPP al disponer que: “Tra-

tándose de una vista que se toma de

testimonio, no de una audiencia o

acto en el que la normativa procesal

vigente indique imprescindiblemente

la comparecencia de todas las partes

procesales en circunstancias excep-

cionales…” Lo cual evidencia la no

vericación del párrafo del artículo

287 del CPP, que consagra como “de-

recho” la asistencia de “las partes”

en el proceso al disponer lo siguiente:

“El juez practica el acto, si lo consi-

dera admisible, y cita a las partes,

quienes tienen derecho a asistir, a ha-

cer uso de la palabra con autorización

del juez (sic)

j) 34. Entendemos que no puede con-

siderarse dicha audiencia como “una

vista de toma de testimonio” única-

mente por el hecho de que más ade-

lante, en el artículo 312 del Código

Procesal Penal, permite la incorpora-

ción del elemento de prueba levantado

conforme las reglas de excepción a la

oralidad (…). (sic)

k) 35. De lo anterior se desprende

que, mal haría la defensa técnica si

no se opone a la toma de un testimo-

nio en el que no se encuentra presen-

te el imputado, máxime cuando en

atención a lo contemplado en la nor-

ma, este elemento de prueba puede ser

aportado en el juicio y valorado para

516 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

tomar una decisión que a la postre

le sería contraria o serviría para la

construcción de una sentencia conde-

natoria. (sic)

l) 37. Como bien podemos observar,

el artículo 312 del Código Procesal

Penal en su numeral 2, contempla la

posibilidad de que los anticipos pro-

batorios sean introducidos al juicio

como elementos de prueba con excep-

ción a la oralidad, por lo que ese tes-

timonio que se recoge conforme a las

formalidades descritas en la resolu-

ción 009-20 no constituye una sim-

ple toma de testimonio, sino que re-

presenta un elemento de prueba cuya

importancia puede signicar la con-

dena del imputado, por tanto amerita

de la rigurosidad de todo lo dispuesto

en la Carta Magna, los tratados in-

ternacionales y las normas adjetivas

para ser levantado, de manera que se

respete el derecho de defensa del im-

putado. (sic)

m) 38. Dicho esto, entendemos que,

el no permitir que el imputado pue-

da ejercer el derecho a contradecir so

pretexto de que la audiencia es una

simple toma de testimonio, escapa a

la esencia de lo contemplado en el ar-

tículo 287 del CPP modicado por la

ley 10/15 así como también al man-

dato constitucional y convencional

anteriormente transcrito, por lo que

dicha norma no es compatible con el

derecho de defensa en su dimensión

del derecho a contradecir, razón por

la cual creemos que el artículo ataca-

do en inconstitucionalidad no puede

formar parte del ordenamiento penal

dominicano. (sic)

n) 41. Es evidente que con lo contem-

plado en el artículo 30 de la resolu-

ción 009-20 no se respeta el derecho

a la igualdad entre las partes, puesto

que, se dispone la posibilidad de es-

cuchar el testimonio que se tomará

sin la presencia del imputado o su

defensor técnico, pero con la presen-

cia del ministerio público y la par-

te adversa. Sin embargo, sobre esta

parte del proceso, imputado, es sobre

la que recae el peso del Estado en su

función represiva, Ius Puniendi

Estatal. Es evidente que la ausen-

cia del imputado o de su defensa,

implica una desigualdad de armas

con relación a las demás partes del

proceso. (sic)

o) 43. De manera clara, los hono-

rables jueces del Tribunal Constitu-

cional advierten la importancia del

principio de igualdad de armas en

el proceso penal, materializado en la

posibilidad de presentar alegatos, re-

futar pruebas producidas por medio

a la inmediación y sobre todo contra-

decir los postulados esgrimidos. La

pregunta necesaria ante este escena-

rio es la siguiente: ¿Puede el imputa-

do que no compareció a una toma de

testimonio que servirá como elemento

de prueba para su juicio ejercitar este

derecho? La respuesta notoriamente

salta a la vista. (sic)

p) 44. Es por esto que entendemos que

el artículo 30 de la resolución 009-20

es incompatible con el derecho de de-

fensa en su vertiente del principio de

igualdad de armas, componente vital

del debido proceso de ley cuyo res-

paldo lo contempla el numeral 4 del

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 517

artículo 69 de la Constitución Domi-

nicana. (sic)

q) 49. (…), cuando analizamos el

artículo 30 de la resolución 009-20

podemos concluir que no se respeta

el derecho de defensa en ninguna de

sus dimensiones, puesto que, estaría-

mos cohibiendo al imputado de poder

estar presente en la toma de un testi-

monio que sería utilizado como me-

dio de prueba en su proceso, de igual

modo el tribunal lo cohibiría de poder

estar presente en una de las diligen-

cias propias de su proceso, así como

también estaría impedido de conocer

la suerte del testimonio que habrá de

conocerse en su perjuicio. (sic)

r) 51. (…), que la resolución 009/20

en su artículo 30 es contradictoria

con este fallo del tribunal constitu-

cional [TC/0440/14], puesto que,

ordena la celebración de la audiencia

sin la presencia del imputado ni su

defensa técnica, elemento indispen-

sable para salvaguardar el derecho

que tiene la persona sobre la cual se

debate la suerte procesal, puesto que

sin lugar a dudas son los que se afec-

tan con la producción o colección de

testimonios bajo la modalidad de an-

ticipo de prueba. (sic)

s) 53. Es importante establecer, que el

referido artículo 30 de la resolución

pretendido inconstitucional, supone

la ausencia del imputado o su defensa

debidamente citado como una táctica

dilatoria para entorpecer la entrevis-

ta, pero la ley procesal contempla la

manera en la cual se hace comparecer

a un imputado en estado de libertad,

en caso de que éste no obtempere el lla-

mado de la justicia; y en el caso de

la defensa el Código Procesal Penal

también contiene la solución pro-

cesal en este caso, razón por la cual

el tribunal debe tomar las medidas

de lugar, según corresponda en cada

caso, y en consecuencia asegurar el

conocimiento de la diligencia con la

asistencia de esta parte del proceso, y

con ello protegiendo los derechos que

les asisten. (sic)

t) 54. Vistos los precedentes anterior-

mente citados, entendemos que el Tri-

bunal Constitucional coincidirá con

los criterios vertidos y pronunciará

la inconstitucionalidad del artículo

atacado, puesto que su conguración

contraviene las disposiciones consti-

tucionales referidas, así como tam-

bién los criterios jurisprudenciales

evacuados por esta Alta Corte y otras

que desarrollan la dimensión de los

derechos transcritos, cuyas decisiones

–en el caso de nuestro Tribunal Cons-

titucional– tienen carácter vinculan-

te para todos los poderes del Estado.

(sic)

Basado en estos motivos, el ciudadano

Cándido Tejada concluye solicitando

lo siguiente:

PRIMERO: Que este Honorable

Tribunal Constitucional Domini-

cano, ACOJA la acción directa de

inconstitucionalidad presentada por

el accionante CANDIDO TEJA-

DA, por intermedio de sus repre-

sentantes Licda. MARIBEL DE

LA CRUZ, Defensora Pública y los

Aspirantes a Defensores Públicos

518 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

Lic. RAINIERI CABRERA y

ROSMERI ROQUE NÚÑEZ, por

haberse demostrado la no conformi-

dad del artículo 30 de la resolución

009/20 con el artículo 69 numerales

2, 4 y 10 de la Constitución de la Re-

pública Dominicana.

SEGUNDO: Que como consecuencia

de lo anterior, en virtud del artículo

45 de la LOTCPC se anule la nor-

ma impugnada y se pronuncie la eli-

minación del ordenamiento Jurídico

Dominicano, por ser contraria a la

Constitución Dominicana.

TERCERO: Que de conformidad con

las disposiciones del artículo 49 de la

LOTCPC se notique la decisión a

la parte accionante SR. CANDIDO

TEJADA, y a los defensores titulares

de la presente acción, en el domicilio

de la Ocina Nacional de Defensa

Pública, ubicada, sito en Las Palmas

no. 52, esquina Calle Tercera, edicio

de la Fiscalía de Santo Domingo Oes-

te, cuarto piso, Santo Domingo, R. D.

CUARTO: Que las costas sean decla-

radas de ocio, de conformidad con

el artículo 7.6 de la LOTCPC. (sic)

4. Intervenciones ociales

En ocasión de esta acción directa de in-

constitucionalidad, las siguientes auto-

ridades han presentado sus opiniones:

4.1. Opinión del Consejo del Poder

Judicial

El diez (10) de febrero de dos mil

veintidós (2022), el Consejo del Poder

Judicial remitió, vía Secretaría Gene-

ral del Tribunal Constitucional, su opi-

nión en relación con el presente caso.

En síntesis, expresó que:

a) 16. (…), la Resolución 009-2020

contiene el Protocolo de Actuación

para Entrevistas Forenses a Vícti-

mas y Testigos en Condición de Vul-

nerabilidad. De entrada, esto quiere

decir que las reglas de dicho protocolo

se dirigen a personas que requieren

una tutela judicial diferenciada en

el ámbito del derecho procesal penal.

(sic)

b) 19. Del artículo anterior [rerién-

dose al artículo 30 de la resolución

número 009-2020] se desprenden

las siguientes consideraciones: a. La

toma de testimonio de la persona en

condición de vulnerabilidad sin la

presencia del imputado que se en-

cuentra en libertad es excepcionalísi-

ma. Esto ocurre cuando se ha citado

correctamente al imputado y este no

ha comparecido, ni ha presentado

causa justicable, y con su accionar

demuestra una actividad dilatoria

dolosa, haciendo un uso abusivo de

sus derechos como parte imputada

para impedir el conocimiento del tes-

timonio; y, b. El testimonio de la per-

sona en condición de vulnerabilidad

es comunicado al imputado con pos-

terioridad, con el objetivo de que este

tome conocimiento y se mantengan

satisfechas las garantías mínimas

del debido proceso. (sic)

c) 20. De conformidad con la Resolu-

ción 009-2020, la toma de testimonio

se les realiza a personas en condición

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 519

de vulnerabilidad, víctimas o testi-

gos de delitos, con el n de obtener

declaraciones informativas o testi-

moniales, donde se graba un video

que puede ser utilizado como medio

de prueba en las distintas fases del

proceso penal. Estas entrevistas se

llevan a cabo en los Centros de Entre-

vistas dispuestos por el CONSEJO

DEL PODER JUDICIAL, con la

técnica de Cámaras de Gesell. Esta

última consiste en espacios destina-

dos a que los profesionales de la psi-

cología forense realicen entrevistas

evidenciales a personas en condición

de vulnerabilidad, víctimas o testigos

de delitos, conformado por dos áreas

principales, Sala de Entrevista y

Sala de Observación, separadas por

vidrio de visión unidireccional e in-

tercomunicadas, que permiten obser-

var y escuchar la entrevista mientras

se realiza. (sic)

d) 21. La toma de testimonio en

tiempo oportuno es fundamental

para la obtención de un testimonio

el y conforme a la realidad de los he-

chos. En casos de personas menores

de edad víctimas de abuso sexual, por

citar un ejemplo, que se encuentran

en este contexto en condición de vul-

nerabilidad, el tiempo en que se toma

el testimonio condiciona el relato pre-

ciso de los hechos. Sobre lo anterior

el psicólogo forense Josep Ramón

Juárez López, en su investigación

“Entrevistando a niños preescolares

víctimas de abuso sexual y/o maltra-

to infantil”, arma lo siguiente: La

fuerza de la memoria es entendida

como la huella que todavía perdura

en la mente del niño. Cuanto más

tiempo haya transcurrido desde el

acontecimiento, más inuencia del

olvido. Y a más inuencia del olvido,

menos posibilidades reales de obtener

un relato preciso de los hechos. Por lo

tanto, hay más riesgo de que llene el

olvido con información que le propor-

cione el investigador o cualquier otra

persona. (sic)

e) 22. La situación anterior no solo

atañe a las personas menores de edad,

sino que debe considerarse extensiva

a todas aquellas en condición de vul-

nerabilidad que han sido víctimas o

han presenciado ilícitos traumáticos

que ameritan una tutela judicial di-

ferenciada. (sic)

f) 24. De ahí que, cuando el impu-

tado y su defensa técnica han sido

correctamente citados y el juez que co-

noce del caso evidencia una actividad

dilatoria en perjuicio de una toma de

testimonio oportuna, procede la apli-

cación de lo preceptuado en el artícu-

lo 30 de la Resolución 009-2020, de

continuar con la toma de testimonio

de la persona en condición de vulne-

rabilidad. Con esto se garantiza la

tutela judicial diferenciada que ema-

na de los artículos 39, 68 y 69 de la

Constitución, así como la no victimi-

zación secundaria o la revictimiza-

ción al mantener en un largo proceso

a la persona que ha sido víctima o

testigo. (sic)

g) 25. La parte accionante en su ac-

ción directa de inconstitucionalidad

concibe su derecho a estar presente

en la toma de testimonio como un

derecho absoluto y sin límites. Sin

520 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

embargo, como bien ha reiterado este

Tribunal Constitucional, en su Sen-

tencia TC/0092/19 de fecha 21 de

mayo de 2019, “ningún derecho fun-

damental es absoluto en cuanto a su

ejercicio. (sic)

h) 26. Admitir como imprescindible

la presencia del imputado en liber-

tad, que ha sido debidamente citado,

es decir, que él mismo se encuentra

en incumplimiento, para la toma de

testimonio de una persona en condi-

ción de vulnerabilidad, conllevaría

la anulación del derecho a la prueba

de la víctima, en momento oportuno,

ante los riesgos de no obtener un tes-

timonio el a los hechos con el pasar

del tiempo. (sic)

i) 28. En este punto es importante

destacar que, en la toma de testimo-

nio que se da en el marco de lo dis-

puesto en la Resolución 009-2020,

la ausencia de defensa técnica es un

supuesto materialmente improbable y

remoto, ya que la propia norma pro-

cesal penal conmina a que todo impu-

tado cuente con defensa técnica pri-

vada o pública, provista esta última

por la Ocina Nacional de Defensa

Pública. En ese sentido, ante la in-

comparecencia del imputado en esta-

do de libertad producto de una correc-

ta citación, los defensores privados

citados deben estar presentes o, en su

defecto, la designación de la defensa

técnica a cargo de los funcionarios de

la Ocina Nacional de Defensa Pú-

blica. (sic)

j) 30. Por tanto, ante el escenario en

que comparezca la defensa técnica del

imputado ¿Cómo se viola el derecho

a ser oído, a contradecir y a ejercer

la defensa? Como hemos indicado, el

imputado en libertad puede conspi-

rar contra la continuidad de la ins-

trucción del proceso en detrimento del

derecho a la prueba de la víctima y

la tutela judicial diferenciada que es

importante destacar, corresponde en

el marco de la Resolución 009-2020

a personas en condición de vulnera-

bilidad. (sic)

k) 31. El artículo 30 de la Resolu-

ción 009-2020 modula y matiza los

efectos de los abusos procesales que

pueden cometer los imputados en li-

bertad con el objetivo de obstruir la

obtención oportuna de una prueba

el a los hechos. El contenido del

artículo objeto de la presente acción

busca la protección reforzada de los

derechos de las personas en condición

de vulnerabilidad que exige la Cons-

titución dominicana y los tratados

internacionales en materia de dere-

chos humanos suscritos por el Estado

dominicano. (sic)

l) 32. Esto quiere decir que el están-

dar internacional, inclusive, pro-

mueve la menor interacción posible

entre los imputados, quienes serían

los eventuales agresores o victima-

rios, en caso de ser condenados, y las

personas menores de edad en condi-

ción de vulnerabilidad. (sic)

m) 33. El hecho de que el testimo-

nio sea grabado, conforme manda el

procedimiento de la Resolución 009-

2020, garantiza el derecho de defensa

del imputado. (sic)

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 521

n) 34. Por lo expuesto, el CONSE-

JO DEL PODER JUDICIAL,

mediante la Resolución 009-2020,

ha ejercido sus facultades reglamen-

tarias que se encuentran consagradas

en su ley orgánica y ha elaborado un

protocolo que atiende al debido proce-

so y a la tutela judicial diferenciada

de las personas en condición de vul-

nerabilidad. Por tanto, no es posible

acreditar violación alguna a los artí-

culos 69.2, 69.4 y 69.10 de la Consti-

tución. (sic)

Basándose en los argumentos anterio-

res, el Consejo del Poder Judicial esta-

bleció,comoconsideracionesnalesde

su escrito de opinión, las siguientes:

(…) consideramos que este Tribunal

Constitucional debe declarar confor-

me con la Constitución de la Repú-

blica el artículo 30 de la Resolución

núm. 009-2020, de fecha 4 de agosto

de 2020, que aprueba el Protocolo de

Actuación para Entrevistas Forenses

a Víctimas y Testigos en Condición de

Vulnerabilidad, muy especialmente:

a. Por no vulnerar el derecho a ser

oído, al exigir que la parte imputa-

da que se encuentre en libertad sea

debidamente citada a la toma de tes-

timonio, y tratarse de un testimonio

de una persona en condición de vul-

nerabilidad, el cual debe realizarse

en tiempo oportuno y sin dilaciones

innecesarias para garantizar una tu-

tela judicial diferenciada y el derecho

a la prueba de la víctima;

b. Por no vulnerar el derecho a con-

tradecir, la igualdad entre las partes

y el derecho de defensa, al exigir que

la parte imputada que se encuentre en

libertad sea debidamente citada a la

toma de testimonio, que su incompa-

recencia no tenga causa justicable y

se aprecie que sea una táctica o ac-

tividad dilatoria del procedimiento,

en detrimento de la obtención de una

prueba testimonial veraz y el a los

hechos emanada de una persona en

condición de vulnerabilidad” (sic)

4.2. Opinión de la Procuraduría General

de la República

El cuatro (4) de febrero de dos mil vein-

tidós (2022), la Procuraduría General

de la República remitió su opinión a la

Secretaría General del Tribunal Cons-

titucional; en tal dictamen solicita el

rechazo de la acción de que se trata;

para esto presenta, en resumen, los si-

guientes argumentos:

a) El hoy accionante procura la nuli-

dad del Artículo 30 de la Resolución

No. 009/20 emitida por el Consejo

del Poder Judicial que crea el Pro-

tocolo de actuación para entrevistas

forenses a víctimas y testigos en con-

dición de vulnerabilidad de fecha 4

de agosto del 2020, alegando que la

misma vulnera el derecho al debido

proceso en su vertiente de derecho de

defensa. (sic)

b) No obstante, e independiente-

mente de las pretensiones del accio-

nante, el Tribunal Constitucional

ha desarrollado la tesis relativa a

los actos administrativos que son

objeto de control del Tribunal Cons-

titucional por vía directa y los actos

522 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

administrativos objeto de Control

por ante el Tribunal Superior Ad-

ministrativo, lo cual obedece en

principio a si se trata de un acto

por efecto directo de la ley o dictado

por efecto directo de la Constitución

y en segundo orden, la tesis obedece

a su vez, al alcance del acto del que

se trata, esto es, si sus efectos son de

aplicación general o si se trata de un

alcance a particulares (sic)

c) En consecuencia, las facultades

enumeradas por el artículo 156 de la

Constitución y por el artículo 8 de la

Ley núm. 28-11, se limitan a la re-

gulación de los sistemas de provisión

de cargos judiciales, escalafón judi-

cial y carrera administrativa judicial

y disciplinaria (sic)

d) Quiere decir que por mandato del

constituyente el Consejo del Poder

Judicial tiene la facultad de dictar

resoluciones, sin embargo, esta atri-

bución es limitada a aspectos en con-

creto que se encuentran numerados

en el citado Art. 156, en el cual se

constata que no ha sido incorporada

la facultad de pronunciarse sobre as-

pectos de procesos o procedimientos

judiciales como al efecto ocurre en la

Resolución cuya nulidad se procura

mediante la acción directa de incons-

titucionalidad (sic)

e) (…), que el Consejo del Poder Ju-

dicial solo tiene competencia para ad-

ministrar el régimen presupuestario,

nanciero, disciplinario y de capital

humano del Poder Judicial y no pue-

de inmiscuirse en ningún aspecto que

entrañe vinculación con los aspectos

jurisdiccionales que habrán de ser

dirimidos por la Suprema Corte de

Justicia y demás tribunales del orden

judicial (sic)

f) De lo anterior resulta evidente,

que la resolución que ha sido ata-

cada es contraria a la Constitución

en tanto, el Consejo del Poder Judi-

cial no tiene atribución para regular

asuntos que conciernan a la labor

jurisdiccional como son los aspectos

de entrevistas a víctimas y testigos

en condición de vulnerabilidad y su

comparecencia ante los tribunales de

justicia (sic)

g) Que el Tribunal Constitucional se

ha pronunciado en un caso homólogo

donde fueron atacadas resoluciones

anes, también dictadas por el Con-

sejo del Poder Judicial y con anterio-

ridad a la Resolución atacada, esto

es el precedente TC/0286/21 (…).

(sic)

Por tales motivos, en su opinión con-

cluye formalmente estableciendo lo

al fondo la presente acción direc-

ta de control de constitucionalidad

interpuesta por Cándido Tejada en

contra del Artículo 30 de la Reso-

lución No. 009/20, emitida por el

Consejo del Poder Judicial que crea

el Protocolo de actuación para entre-

vistas forenses a víctimas y testigos

en condición de vulnerabilidad de

fecha 4 de agosto del 2020, en apli-

cación del precedente constitucional

TC/0286/21 (sic)

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 523

5. Celebración de audiencia pública

Este tribunal, en atención a lo dispues-

to en el artículo 41 de la Ley núm. 137-

11, celebró el veintiséis (26) de agosto

de dos mil veintidós (2022) una au-

diencia pública respecto de la presente

acción directa en inconstitucionalidad.

A dicha audiencia comparecieron re-

presentados: el accionante, Cándido

Tejada; la autoridad de donde dima-

na la disposición preceptiva atacada,

esto es el Consejo del Poder Judicial,

así como la Procuraduría General de la

República.

6. Pruebas documentales

En el presente expediente fueron apor-

tados por la parte accionante, entre

otros, los siguientes documentos:

1. Copia fotostática de la Resolución

núm. 009-2020, emitida el cuatro (4)

de agosto de dos mil veinte (2020), por

el Consejo del Poder Judicial; contenti-

va del Protocolo de actuación para en-

trevistas forenses a víctimas y testigos

en condición de vulnerabilidad.

2. Copia fotostática de acta de entre-

vista llevada a cabo el dieciséis (16) de

noviembre de dos mil veintiuno (2021)

ante el Centro de entrevista para per-

sonas en condición de vulnerabilidad,

víctimas o testigos de delitos de la pro-

vincia Santo Domingo.

3. Copia fotostática de escrito de recu-

sación a la magistrada presidenta de

la Sala de Entrevistas de la provincia

Santo Domingo, tramitado el dieciséis

(16) de noviembre de dos mil veintiuno

(2021) ante la Cámara Penal de la Cor-

te de Apelación de Santo Domingo.

II. CONSIDERACIONES Y

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

7. Competencia

El Tribunal Constitucional es compe-

tente para conocer de la presente ac-

ción directa de inconstitucionalidad,

en virtud de lo que establece el artícu-

lo 185, numeral 1 de la Constitución,

y los artículos 9 y 36 de la Ley núm.

137-11, Orgánica del Tribunal Consti-

tucional y de los Procedimientos Cons-

titucionales, del trece (13) de junio de

dos mil once (2011).

8. Le gitimación activa o calidad de los

accionantes

En cuanto a la legitimación acti-

va o calidad de la parte accionan-

te, el Tribunal expone las siguientes

consideraciones:

8.1. La legitimación procesal activa es

la capacidad procesal reconocida por el

Estado a una persona física o jurídica,

así como a órganos o agentes estatales,

en los términos previstos en la Consti-

tución o la ley, para actuar en procesos

y procedimientos, en este caso, de jus-

ticia constitucional.

8.2. La República Dominicana, a par-

tir de la proclamación de la Consti-

tución del veintiséis (26) de enero de

dos mil diez (2010, adoptó un control

abstracto y directo de la constitucio-

nalidad de las normas para, ante este

524 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

tribunal constitucional, hacer valer

los mandatos constitucionales, velar

por la vigencia de la supremacía cons-

titucional, defender el orden constitu-

cional y garantizar el interés general

o bien común. Lograr este objetivo

conllevó la predeterminación de un

conjunto de autoridades u órganos

estatales que por su posición institu-

cional también tienen a su cargo la

defensa de la Constitución, legitimán-

doles para accionar ante este fuero,

sincondicionamientoalguno,ande

que este último expurgue del ordena-

miento jurídico de normas inconstitu-

cionales. De igual forma, se extendió

esta prerrogativa a cualquier persona

con un interés legítimo y jurídica-

mente protegido.

8.3. Sobre tal legitimación o calidad,

en el artículo 185, numeral 1), de la

Constitución dominicana, se dispone:

Atribuciones. El Tribunal Constitu-

cional será competente para conocer

en única instancia: 1) Las acciones

directas de inconstitucionalidad con-

tra las leyes, decretos, reglamentos,

resoluciones y ordenanzas, a instan-

cia del presidente de la República, de

una tercera parte de los miembros del

Senado o la Cámara de Diputados y

de cualquier persona con interés legí-

timo y jurídicamente protegido.1

8.4. En igual tenor, el artículo 37 de

la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tri-

bunal Constitucional y de los Proce-

dimientos Constitucionales, establece

que:

1 El subrayado es nuestro.

Calidad para Accionar. La acción di-

recta en inconstitucionalidad podrá ser

interpuesta, a instancia del presidente de

la República, de una tercera parte de los

miembros del Senado o de la Cámara de

Diputados y de cualquier persona con un

interés legítimo y jurídicamente protegi-

do.

8.5. Tal y como se advierte en las dis-

posiciones preceptivas esbozadas pre-

cedentemente, si bien la Constitución

vigente no contempla una acción po-

pular existe la posibilidad de que cual-

quier persona, con un interés legítimo

y jurídicamente protegido, pueda ejer-

cer la acción directa de inconstitucio-

nalidad.

8.6. Sobre la susodicha legitimación

procesal el Tribunal Constitucional se-

ñaló en su Sentencia TC/0345/19, del

dieciséis (16) de septiembre de dos mil

diecinueve (2019), que:

(…) de ahora en adelante tanto la

legitimación procesal activa o ca-

lidad de cualquier persona que in-

terponga una acción directa de in-

constitucionalidad, como su interés

jurídico y legítimamente protegi-

do, se presumirán en consonancia

a lo previsto en los artículos 2, 6, 7

y 185.1 de la Constitución domi-

nicana. Esta presunción, para el

caso de las personas físicas, estará

sujeta a que el Tribunal identifique

que la persona goza de sus derechos

de ciudadanía. En cambio, cuando

se trate de personas jurídicas, di-

cha presunción será válida siempre

y cuando el Tribunal pueda verifi-

car que se encuentran constituidas

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 525

y registradas de conformidad con

la ley.

8.7. En la especie, tras analizar el es-

crito introductorio de la acción directa

de inconstitucionalidad que nos ocupa,

constatamos que el accionante, Cándi-

do Tejada, se encuentra en pleno goce

de sus derechos de ciudadanía y, de

acuerdo con lo anterior, está revestido

de la calidad o legitimación procesal

activa suciente para presentar una

acción directa de inconstitucionalidad

como la que nos ocupa, acorde con lo

previsto en la Constitución y la ley.

9. Cuestión previa sobre los vicios de

constitucionalidad

9.1. Antes de llevar a cabo cualquier

análisis sobre los méritos de los medios

de inconstitucionalidad planteados

contra la disposición preceptiva im-

pugnada, conviene tener presente que

la garantía objetiva de la Constitución

dominicana se encuentra en la cláusu-

la de supremacía que ella reconoce en

su artículo 6, cuando puntualiza que:

Todas las personas y los órganos que

ejercen potestades públicas están su-

jetos a la Constitución, norma supre-

ma y fundamento del ordenamiento

jurídico del Estado. Son nulos de

pleno derecho toda ley, decreto, reso-

lución, reglamento o acto contrarios a

esta Constitución.2

9.2. Además, de acuerdo con el prin-

cipio rector de nuestra justicia consti-

tucional asentado en el artículo 7.7 de

2 El subrayado es nuestro.

la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tri-

bunal Constitucional y de los Procedi-

mientos Constitucionales, relativo a la

inconvalidabilidad: [l]a infracción de

los valores, principios y reglas constitu-

cionales, está sancionada con la nulidad

y se prohíbe su subsanación o convalida-

ción.3

9.3. De hecho, el artículo 6 de la Ley

núm. 137-11 delimita, aún más, la

cuestión tras mencionar los escena-

rios donde el Tribunal Constitucional

podrá determinar si la norma, acto u

omisión atacada, incurre en alguna in-

fracción constitucional. Ese texto, sin

más, reza:

Se tendrá por infringida la Consti-

tución cuando haya contradicción

del texto de la norma, acto u omisión

cuestionado, de sus efectos o de su in-

terpretación o aplicación con los va-

lores, principios y reglas contenidos

en la Constitución y en los tratados

internacionales sobre derechos hu-

manos suscritos y raticados por la

República Dominicana o cuando los

mismos tengan como consecuencia

restar efectividad a los principios y

mandatos contenidos en los mismos.4

9.4. Por tanto, para asegurar la su-

premacía normativa de la Constitución

sobre toda norma, acto u omisión pro-

ducida en el ejercicio del poder públi-

co, la propia Carta Política, en su ar-

tículo 185.1, delinea un marco jurídico

general para que este tribunal consti-

tucional, fundado en los postulados de

3 El subrayado es nuestro.

4 El subrayado es nuestro.

526 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

nuestra justicia constitucional, ejerza

el control de la constitucionalidad so-

bre dichos actos estatales y, a su vez,

pueda expulsarlos del ordenamiento

jurídico cuando estos, tras su escru-

tinio, resulten contrarios a la norma

fundamental.

9.5. De hecho, tempranamente, así lo

advirtió este colegiado constitucional

cuando en la Sentencia TC/0150/13,

del doce (12) de septiembre de dos mil

trece (2013), indicó que:

La acción directa de inconstituciona-

lidad tiene como objeto sancionar in-

fracciones constitucionales, es decir,

la no conformidad por parte de nor-

mas infra constitucionales en cuanto

a su espíritu y contenido con los va-

lores, principios y reglas establecidos

en la Constitución.5

5 Criterio reiterado en las Sentencias TC/0320/14,

del veintidós (22) de diciembre de dos mil catorce

(2014); TC/0350/14, del veintitrés (23) de diciembre

de dos mil catorce (2014); TC/0157/15, del tres (3)

de junio de dos mil quince (2015); TC/0247/15, del

veintiuno (21) de agosto de dos mil quince (2015);

TC/0260/15, del dieciséis (16) de septiembre de dos

mil quince (2015); TC/0406/16, del trece (13) de

septiembre de dos mil dieciséis (2016); TC/0110/17,

del quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017);

TC/0066/18, del veintitrés (23) de marzo de dos mil

dieciocho (2018); TC/0173/18, del dieciocho (18) de

junio de dos mil dieciocho (2018); TC/0195/18, del

diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018);

TC/0352/18, del seis (6) de septiembre de dos mil

dieciocho (2018); TC/0429/18, del doce (12) de

noviembre de dos mil dieciocho (2018); TC/0601/18,

del diez (10) de diciembre de 2018; TC/0804/18, del

diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018);

TC/0062/19, del nueve (9) de mayo de dos mil

diecinueve (2019); TC/0187/19, del veintiséis (26)

de junio de dos mil diecinueve (2019); TC/0277/19,

del ocho (8) de agosto de dos mil diecinueve (2019);

TC/0574/19, del dieciséis (16) de diciembre de dos

mil diecinueve (2019); TC/0267/20, del nueve (9)

de diciembre de dos mil veinte (2020); TC/0288/20,

9.6. De ahí que, en consecuencia, no

resulta ajeno a este proceso de justicia

constitucional que la fundamentación

de las infracciones o violaciones cons-

titucionales imputadas a la disposición

en cuestión consista en su incompati-

bilidad con algunos valores, principios

o reglas previstos en la Constitución

dominicana.

9.7. Situados en esta coyuntura, esta

corporación constitucional, previo a

valorar las pretensiones que sobre el

fondo de la presente acción directa

de inconstitucionalidad le han sido

expuestas, considera oportuno clasi-

carlas infracciones oviciosdecons-

titucionalidad denunciados contra la

resolución atacada por el accionante.

Esto, en ocasión de lo preceptuado en

las Sentencias TC/0421/19, del nueve

(9) de octubre de dos mil diecinueve

(2019); TC/0445/19, del diez (10) de

octubre de dos mil diecinueve (2019) y

TC/0560/19, del once (11) de diciembre

de dos mil diecinueve (2019).

9.8. En efecto, los escenarios que dan

lugar a este tipo de control pueden ser:

a) Vicios de forma o de procedimien-

to: que son los que se producen al mo-

mento de la formación de la norma y

se suscitan en la medida en que esta no

haya sido aprobada de acuerdo con la

preceptiva contenida en la Carta Sus-

tantiva, lo cual genera una irregulari-

dad que afecta irremediablemente la

del veintiuno (21) de diciembre de dos mil veinte

(2020); TC/0022/21, del veinte (20) de enero de dos

mil veintiuno (2021) y TC/0110/21, del veinte (20)

de enero de dos mil veintiuno (2021). El subrayado

es nuestro.

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 527

validez y constitucionalidad de la ley

[TC/0274/13, del veintiséis (26) de di-

ciembre de dos mil trece (2013)] o nor-

ma cuestionada.

b) Vicios de fondo: que son los que

afectan el contenido normativo de la

norma impugnada, por colisionar con

una o varias de las disposiciones de la

Carta Sustantiva y,

c) Vicios de competencia: los cuales

se suscitan cuando la norma ha sido

aprobada por un órgano que no estaba

facultado para hacerlo. Es decir, cuan-

do una autoridad aprueba una ley, de-

creto, reglamento, resolución o acto

sin que ninguna disposición le asigne

esta atribución o competencia para ac-

tuar de esa manera [TC/0415/15, del

veintiocho (28) de octubre de dos mil

quince (2015)].

9.9. Tras analizar el escrito introducto-

rio de la presente acción directa de in-

constitucionalidad interpuesta contra

el artículo 30 de la Resolución núm.

009-2020, del cuatro (4) de agosto de

dos mil veinte (2020), relativa al pro-

tocolo de actuación para entrevistas

forenses a víctimas y testigos en condi-

ción de vulnerabilidad, dictada por el

Consejo del Poder Judicial, es posible

advertir que en la especie se proponen

argumentos tanto alusivos a vicios de

competencia como de fondo, en razón

de que el accionante cuestiona que lo

regulado en dicho precepto debe esta-

blecerse por ley orgánica, no así me-

diante una resolución del Consejo del

Poder Judicial [vicio de competencia],

y porque tal disposición normativa

inadvierte elementos sustanciales del

derecho fundamental a un debido pro-

ceso, tales como: el derecho a ser oído,

el derecho a contradecir, el derecho a

la igualdad procesal y el derecho a una

defensa, lo mismo técnica que material

[vicio de fondo].

9.10. Dicho esto, entonces procede que

en lo adelante nos dediquemos a exa-

minar los medios de inconstitucionali-

dad presentados por el accionante, en

aras de determinar si en la especie con-

curre alguno de los vicios denunciados.

10. Sobre el fondo de la acción directa

de inconstitucionalidad

Sobre el fondo del control de consti-

tucionalidad promovido por el ciuda-

dano Cándido Tejada, este colegiado

constitucional estima lo siguiente:

10.1. En la especie nos encontramos

frente a una acción directa de incons-

titucionalidadquetienepornalidad

expulsar del ordenamiento jurídico el

artículo 30 de la Resolución núm. 009-

2020, dictada el cuatro (4) de agosto

de dos mil veinte (2020), por el Consejo

del Poder Judicial, contentiva del pro-

tocolo de actuación para entrevistas

forenses a víctimas y testigos en condi-

ción de vulnerabilidad, por comportar

un atentado al derecho fundamental a

un debido proceso de todo justiciable

sometido a un proceso penal, ya que

allí se permite la posibilidad de llevar

a cabo la vista de un testimonio en au-

sencia del imputado y su defensa técni-

ca, en contraposición con las garantías

inherentes al derecho a ser oído, a con-

tradecir, a defenderse y a la igualdad

de armas procesales que integran la

528 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

constitucional prerrogativa a un debi-

do proceso.

10.2. En ese tenor, el accionante ar-

gumenta, por un lado, que el Consejo

del Poder Judicial carece de aptitud

jurídica para disponer las cuestiones

tasadas en el texto del artículo 30 de

la Resolución núm. 009-2020, de ahí

que entre de los argumentos del escri-

to introductorio de su acción, señala lo

artículo consagra la presencia de las

partes como un derecho, el cual no

puede ser cercenado de manera uni-

lateral por la decisión de un juez, o

por una normativa de inferior jerar-

quía, en este caso el artículo 30 de la

resolución 009/20, puesto que, todo lo

relativo al debido proceso de ley y a la

tutela judicial efectiva consagrada en

el artículo 69 de la Constitución do-

minicana, como están integrados por

un catálogo de derechos fundamenta-

les del proceso, por su naturaleza de

conformidad con la disposición de la

Carta Magna en el artículo 112, solo

deben ser regulados mediante una

ley orgánica, no así por un protocolo

emanado por una resolución del Con-

sejo del Poder Judicial.

10.3. Asimismo, el accionante cuestio-

na que el artículo 30 de la resolución

impugnada contraviene las disposi-

ciones contenidas en el artículo 69,

numerales 2), 4) y 10) de la Consti-

tución dominicana, alusivas al dere-

cho a ser oído, a la contradicción, a la

igualdad procesal y a defenderse como

elementos sustanciales de la garantía

y derecho fundamental a un debido

proceso.

10.4. Contrario a lo argumentado por

el accionante, el Consejo del Poder

Judicial arguye que el presente con-

trol de constitucionalidad debe des-

estimarse, ya que el indicado artículo

30 de la Resolución núm. 009-2020,

no vulnera ninguna de las disposicio-

nes constitucionales invocadas por el

accionante.

10.5. La Procuraduría General de la

República, a pesar de opinar que la

acción directa de inconstitucionalidad

debe ser rechazada, considera que en la

especie tiene aplicación el precedente

contenido en la Sentencia TC/0286/21,

ya que: el Consejo del Poder Judicial

no tiene atribución para regular asuntos

que conciernan a la labor jurisdiccio-

nal como lo son aspectos de entrevistas

a víctimas y testigos en condición de vul-

nerabilidad y su comparecencia ante los

tribunales de justicia.

10.6. Esbozadas las posiciones asumi-

das por el accionante y las autoridades

públicas cuya opinión fue requerida,

este tribunal constitucional advierte

que se encuentra ante un control di-

recto de constitucionalidad en que se

precisa, primero, evaluar las contesta-

ciones formuladas respecto al fuero del

Consejo del Poder Judicial para emitir

una resolución como la contentiva del

precepto impugnado; de ahí que, de

ser necesario, ulteriormente evalua-

remos el mérito de los medios de in-

constitucionalidad presentados por el

accionante, Cándido Tejada, en su es-

crito introductorio.

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 529

10.7.Enocasión anterior hemos ar-

mado que la habilitación legal previa

para la emisión de disposiciones nor-

mativas debe ser expresa, cuestión in-

dispensablea n de poner en marcha

la potestad reglamentaria de los órga-

nos públicos.6 De hecho, sobre el prin-

cipio de juridicidad establecimos en la

Sentencia TC/0619/16, del veinticinco

(25) de noviembre de dos mil dieciséis

(2016), que:

(…) el fundamento de la legalidad

de las actuaciones de la Administra-

ción está contenida en nuestra Carta

Magna en su artículo 138, el cual

propugna por el sometimiento de la

Administración al ordenamiento ju-

rídico del Estado.

De esa disposición constitucional se

desprende el hecho de que la sumisión

de las actuaciones administrativas

a la ley y al derecho debe ser plena,

es decir, cabal, completa y sin ex-

cepciones. Con ello, la Constitución

ha querido excluir la legitimidad de

cualquier actuación administrativa

contra legem y contra ius, puesto que

el Estado de derecho conlleva el some-

timiento de los poderes públicos al or-

denamiento, norma que obviamente

incluye a la Administración. En este

sentido, conviene tener presente que

el principio de legalidad de la Ad-

ministración resulta consustancial al

Estado de derecho.

6 Cfr. Tribunal Constitucional de la República

Dominicana. Sentencias TC/0048/20, dictada el

diecisiete (17) de febrero de dos mil veinte (2020);

y TC/0268/20, dictada el nueve (9) de diciembre de

dos mil veinte (2020).

10.8. En efecto, las funciones y compe-

tencias del Consejo del Poder Judicial

están previstas tanto en el artículo 156

de la Constitución dominicana como

en el artículo 8 de su Ley Orgánica,

núm. 28-11; estos textos rezan:

Artículo 156 de la Constitución

dominicana:

Funciones. El Consejo del Poder Ju-

dicial es el órgano permanente de ad-

ministración y disciplina del Poder

Judicial. Tendrá las siguientes fun-

ciones: 1) Presentar al pleno de la Su-

prema Corte de Justicia los candida-

tos o candidatas para nombramiento,

determinación de jerarquía y ascenso

de los jueces de los diferentes tribuna-

les del Poder Judicial, de conformidad

con la ley; 2) La administración -

nanciera y presupuestaria del Poder

Judicial; 3) El control disciplinario

sobre jueces, funcionarios y emplea-

dos del Poder Judicial con excepción

de los integrantes de la Suprema Corte

de Justicia; 4) La aplicación y ejecu-

ción de los instrumentos de evaluación

del desempeño de jueces y personal

administrativo que integran el Poder

Judicial; 5) El traslado de los jueces

del Poder Judicial; 6) La creación de

los cargos administrativos del Poder

Judicial; 7) El nombramiento de to-

dos los funcionarios y empleados que

dependan del Poder Judicial; 8) Las

demás funciones que le conera la ley.

Artículo 8 de la Ley núm. 28-11, Or-

gánica del Consejo del Poder Judicial:

Atribuciones administrativas.

En el ejercicio de sus facultades

530 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

administrativas corresponde al Con-

sejo del Poder Judicial ejercer las

siguientes atribuciones: 1) Elabo-

rar y remitir al Poder Ejecutivo la

propuesta del presupuesto anual del

Poder Judicial, en base a las cargas

jas y programas presentados por

sus distintas dependencias, conforme

las normas legales y reglamentarias

correspondientes, a n de que sea in-

corporado en el Presupuesto General

del Estado. 2) Elaborar y aprobar la

memoria anual de gestión del Poder

Judicial. 3) Presentar al pleno de la

Suprema Corte de Justicia los can-

didatos o candidatas para nombra-

miento, determinación de jerarquía y

ascenso de los jueces de los diferen-

tes tribunales del Poder Judicial. 4)

Reglamentar el Sistema de Provisión

de Cargos Judiciales, el Sistema de

Escalafón Judicial y el Sistema de

Carrera Administrativa Judicial.

5) Aprobar mediante resolución la

actualización anual del Escalafón

Judicial propuesta por la Dirección

General de Administración y Carrera

Judicial y ordenar su publicación y

difusión masiva. 6) Aprobar anual-

mente los instrumentos de evaluación

de desempeño de los jueces del Poder

Judicial y de los funcionarios y em-

pleados administrativos a ser apli-

cados por la Dirección General de

Administración y Carrera Judicial.

7) Presentar a la Escuela Nacional

de la Judicatura un reporte cada dos

años de las necesidades estratégi-

cas de capacitación de los jueces del

Poder Judicial de conformidad con

los resultados de las evaluaciones

anuales de desempeño aplicadas a los

mismos. 8) Presentar al Pleno de la

Suprema Corte de Justicia propues-

tas de proyectos de ley para el mejo-

ramiento de la Carrera Judicial, los

servicios judiciales o aspectos orga-

nizativos del Poder Judicial a los -

nes de ser sometidos al Congreso Na-

cional. 9) Formular los programas,

normas complementarias y políticas

de la Carrera Judicial de conformi-

dad con la Constitución y las leyes.

10) Aprobar los manuales de cargos

clasicados del Poder Judicial y esta-

blecer mediante reglamento la escala

de remuneraciones y viáticos de los

miembros de la Carrera Judicial y

de los funcionarios y empleados que

dependan del Poder Judicial. 11)

Designar, mediante concurso públi-

co de méritos, al Director General de

Administración y Carrera Judicial,

al Contralor General del Poder Judi-

cial, al Inspector General del Poder

Judicial, al Director y Subdirector de

la Escuela Nacional de la Judicatu-

ra y al Director General Técnico. 12)

Designar a los funcionarios y em-

pleados del Poder Judicial de confor-

midad con la presente ley y el Sistema

de Carrera Administrativa del Poder

Judicial. 13) Conceder licencias re-

muneradas o no a los jueces, funcio-

narios y empleados del Poder Judi-

cial cuando las mismas superen los

30 días, con excepción de las corres-

pondientes a embarazo y postparto,

de conformidad con la ley y los regla-

mentos correspondientes. 14) Admi-

nistrar el Plan de Retiro, Pensiones,

Jubilaciones y de Seguridad Social

del Poder Judicial, de conformidad

con los principios establecidos en la

Ley 87-01, sobre el Sistema Nacional

de Seguridad Social. 15) Aprobar los

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 531

reglamentos y directrices que permi-

tan implementar la presente ley.

10.9. Analizando estas disposiciones

alusivas a las potestades del Consejo

del Poder Judicial, de las cuales no se

inerehabilitación alguna para dicho

órgano poder reglamentar cuestiones

inmanentes a la función jurisdiccional,

este tribunal constitucional estableció

en su Sentencia TC/0286/21, del cator-

ce (14) de septiembre de dos mil vein-

tiuno (2021), lo siguiente:

13.24 Como se comprueba de las dis-

posiciones transcritas anteriormente,

al Consejo del Poder Judicial se le

ha conferido, expresamente las fa-

cultad para reglamentar el Sistema

de Provisión de Cargos Judiciales,

el Sistema de Escalafón Judicial y el

Sistema de Carrera Administrativa

Judicial (numeral 4 del artículo 8 de

la Ley 28-11) y para aprobar los re-

glamentos y directrices que permitan

implementar su propia ley orgánica

(numeral 15 del artículo 8 de la Ley

28-11).

13.25 Sobre el alcance de ese poder

reglamentario del Consejo del Poder

Judicial, conviene recordar que este

Tribunal, mediante Sentencia núm.

TC/0268/20, del nueve (9) de di-

ciembre de dos mil veinte (2020), de-

limitó - para estos casos- el ámbito de

competencia, de dicho órgano en los

siguientes términos:

10.15. En efecto, el Consejo del Po-

der Judicial, ciertamente, tiene apti-

tud para emitir las reglamentaciones

que correspondan en lo que se reera

a materia administrativa o disci-

plinaria, en el ámbito del Poder Ju-

dicial. Sin embargo, no ocurre así

respecto del ámbito jurisdiccional,

como el caso de la especie, en el que

el legislador ha otorgado expresamen-

te a la Suprema Corte de Justicia, la

facultad de emitir los reglamentos que

fueren necesarios para la aplicación

de la Ley núm. 108-05, de Registro

Inmobiliario.

13.26 El referido precedente se en-

cuentra en armonía con el régimen

delineado a partir de la reforma

constitucional del año 2010 que de-

cidió sacar del ámbito de competen-

cia de la Suprema Corte de Justicia

todo lo relativo al autogobierno del

Poder Judicial (facultades admi-

nistrativas-nancieras y disciplina-

rias) creando un órgano denominado

Consejo del Poder Judicial al que se

le otorgó tales facultades y al que no

se le otorgó ninguna competencia de

carácter jurisdiccional que quedaron

en el ámbito exclusivo de la Suprema

Corte de Justicia.

13.27 En consecuencia, las faculta-

des enumeradas por el artículo 156

de la Constitución y por el artículo 8

de la Ley núm. 28-11, se limitan a

la regulación de los sistemas de pro-

visión de cargos judiciales, escalafón

judicial y carrera administrativa ju-

dicial y disciplinaria.

13.28 De lo anterior queda claro que

el Consejo del Poder Judicial sólo tie-

ne competencia para administrar el

régimen presupuestario, nanciero,

disciplinario y de capital humano del

532 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

Poder Judicial y. no puede inmis-

cuirse en ningún aspecto que

entrañe vinculación con los as-

pectos jurisdiccionales que ha-

brán de ser dirimidos por la Su-

prema Corte de Justicia y demás

tribunales del orden judicial.7

10.10. En efecto, en la indicada Sen-

tencia TC/0286/21 continuamos argu-

mentando que:

13.29 La propia Ley núm. 28-11,

Orgánica del Consejo del Poder Judi-

cial, en su parte motiva deja claro ese

ámbito de competencia reglamentaria

de este órgano cuando dice, en su con-

sideración tercera, lo siguiente:

CONSIDERANDO TERCERO:

Que la creación del Consejo del Poder

Judicial está inspirada en la promo-

ción del fortalecimiento institucional

del Poder Judicial y asegurar la se-

paración entre las atribuciones ju-

risdiccionales y administrativas del

Poder Judicial, así como propiciar y

consolidar la independencia y demo-

cratización del Poder Judicial.

13.30 Por su parte, la potestad re-

glamentaria de la Suprema Corte de

Justicia resulta del literal h) del artí-

culo 14 de la Ley núm. 25-91, Orgá-

nica de la Suprema Corte de Justicia,

que establece entre las facultades de

esa Alta Corte: el trazado del pro-

cedimiento a seguir en todos los

7 Tribunal Constitucional de la República

Dominicana. Sentencia TC/0286/21, dictada el

catorce (14) de septiembre de dos mil veintiuno

(2021). Los subrayados provienen del documento

original, mientras que las negritas son nuestras.

casos en que la Ley no establez-

ca el procedimiento a seguir.

13.31 De lo anterior queda claro

que la potestad reglamentaria

para los asuntos jurisdicciona-

les recae, de manera exclusiva,

en la Suprema Corte de Justi-

cia. Una potestad que, por cierto, tie-

ne carácter subsidiario y que se activa

en ausencia de regulación legal ati-

nente al trazado de los procedimien-

tos a ventilarse ante los tribunales del

orden judicial.8

10.11. Esto lo juzgamos en igual sen-

tido en nuestra Sentencia TC/0268/20,

en la que expresamos que las faculta-

des de regulación jurisdiccional han

sido delegadas a la Suprema Corte de

Justicia, mientras que los asuntos de

carácter administrativo recaen sobre

el Consejo del Poder Judicial.

10.12. La disgregación competencial

anterior fue tácitamente reconoci-

da en el artículo 17 de la Ley núm.

339-22, que habilita y regula el uso

de medios digitales para los procesos

judiciales y administrativos del Po-

der Judicial, cuando precisa que es al

Pleno de la Suprema Corte de Justicia

que le corresponde la potestad regla-

mentaria sobre asuntos que inciden

en la labor jurisdiccional donde se

precisa la asistencia de medios digi-

tales, descartándose por analogía la

posibilidad de que tal atribución re-

8 Cfr. Tribunal Constitucional de la República

Dominicana. Sentencia TC/0286/21, dictada el

catorce (14) de septiembre de dos mil veintiuno

(2021). Los subrayados provienen del documento

original, mientras que las negritas son nuestras.

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 533

caiga sobre su órgano de gobierno: el

Consejo del Poder Judicial. En efecto,

dicho texto legal reza:

Potestad reglamentaria. El Pleno

de la Suprema Corte de Justicia

queda facultado para reglamentar

los siguientes aspectos: 1) El uso de

los canales virtuales y los servicios

judiciales. 2) El uso, procedimien-

to y efectos de las notificaciones di-

gitales, en los casos que la ley no lo

prevea. 3) La firma digital o fir-

ma electrónica cualificada para los

documentos de naturaleza jurisdic-

cional. 4) La forma, realización,

responsabilidades y obligaciones de

quienes participen en audiencias

virtuales.

10.13. El artículo 30 impugnado en in-

constitucionalidad es parte de la Reso-

lución núm. 009-2020 dictada, el cuatro

(4) de agosto de dos mil veinte (2020),

por el Consejo del Poder Judicial, don-

de se recoge un protocolo de actuación

para entrevistas forenses a víctimas y

testigos en condición de vulnerabilidad.

Esta resolución, conforme argumenta

el propio Consejo del Poder Judicial,

vía su escrito de opinión, regula: la toma

de testimonio a las personas en condición

de vulnerabilidad, víctimas o testigos de

delitos, con el n de obtener declaracio-

nes informativas o testimoniales, donde

se graba un video que puede ser utilizado

como medio de prueba en las distintas fa-

ses del proceso penal.

10.14. La referida Resolución núm.

009-2020, en su artículo 2, sobre el ob-

jeto del protocolo que contiene, señala

lo siguiente:

Este instrumento ha sido elaborado

para facilitar el marco operacional

para la obtención de las declaraciones

de personas en condición de vulnera-

bilidad, víctimas o testigos de un pro-

ceso judicial a través de una entrevis-

ta única que se convierte en elemento

probatorio levantada bajo el marco

del respeto a los derechos humanos de

cada parte interviniente. Igualmen-

te unicar mecanismos de acceso a

la justicia, reducir la victimización

secundaria de víctimas y testigos en

condición de vulnerabilidad, garanti-

zando el pleno derecho de sus derechos

y la tutela del derecho de defensa de

las demás partes que intervienen en

los procesos judiciales, lo que ejerci-

ta el n fundamental del sistema de

justicia.

10.15. Bajo ese mismo hilo argumenta-

tivo, la Resolución núm. 009-2020, en

su artículo 3, sobre el alcance del pro-

tocolo indica:

Este protocolo será aplicable para to-

dos los jueces, juezas y servidores(as)

judiciales a nivel nacional, así como

a usuarios(as) del servicio de justi-

cia, en los procesos judiciales según

corresponda.

10.16. Además de lo anterior, conviene

dejar constancia de que la resolución

en cuestión está fundamentada, entre

otras disposiciones, en la Resolución

núm. 002-2020, también dictada por el

ConsejodelPoderJudicial,andees-

tablecerunapolíticade rmaelectró-

nica en el Poder Judicial; esta última

declarada no conforme con la Consti-

tución por este tribunal constitucional

534 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

mediante la mencionada Sentencia

TC/0286/21, precisamente por la falta

de aptitud jurídica de dicho órgano de

gobierno del Poder Judicial para regu-

lar asuntos con incidencia en la fun-

ción jurisdiccional.

10.17. Tanto de lo establecido ante-

riormente como del contenido inte-

gral de la Resolución núm. 009-2020,

es ostensible que las regulaciones allí

previstas tienden a repercutir en cues-

tiones netamente ligadas a la función

jurisdiccional, especícamente en lo

atinente al proceso penal, puesto que

se establece todo un sistema para re-

cabar las entrevistas forenses a sujetos

procesales –víctimas y testigos– con

una condición de vulnerabilidad; de

ahí que, conforme a lo establecido en el

Precedente TC/0286/21, la reglamen-

tación de tal protocolo no es atribución

del Consejo del Poder Judicial, sino

del órgano pleno de la Suprema Corte

de Justicia por concernir a cuestiones

propias de la función jurisdiccional.

10.18. Si se ausculta bien, el eje de la

regulación de esta resolución subyace

en la expansión del marco de protec-

ción instaurado en el artículo 202 del

Código Procesal Penal respecto a los

testimonios especiales, que reza:

Testimonios especiales. El testimo-

nio de personas que se encuentren en

circunstancias especiales de vulnera-

bilidad, puede recibirse en privado y

con la asistencia de familiares o per-

sonas especializadas.

Cuando se trate de personas que no

puedan expresarse fácilmente en

español o que adolezcan de algún

impedimento maniesto se pueden

disponer las medidas necesarias para

que el interrogado sea asistido por un

intérprete o traductor o se exprese por

escrito o de la forma que facilite la

realización de la diligencia.

10.19. De ahí que la reglamentación

de tales disposiciones necesariamente

deba llevarse a cabo por el órgano del

Poder Judicial con competencia para

regular aquellos aspectos que no se en-

cuentren delimitados en la normativa

procesal penal, a saber: el Pleno de la

Suprema Corte de Justicia, conforme

a las atribuciones que le coneren la

Ley núm. 25-91, Orgánica de la Su-

prema Corte de Justicia y el Código

Procesal Penal; poder reglamentario

que, conviene recordar, está circunscri-

to estrictamente a los casos de naturale-

za jurisdiccional –en cualquiera de sus

manifestaciones– donde exista un vacío

en el procedimiento y aquellos casos es-

tablecidos por otras leyes especiales;9 sin

que esto quebrante los términos del

artículo 74.2 de la Constitución domi-

nicana.10

10.20. Por supuesto, esta potestad del

Pleno de la Suprema Corte de Justicia

tiene carácter subsidiario frente a las

9 Cfr. Tribunal Constitucional de la República Do-

minicana. Sentencia TC/0286/21, dictada el catorce

(14) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

10 Este reza: Principios de reglamentación e inter-

pretación. La interpretación y reglamentación de los

derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la

presente Constitución, se rigen por los principios si-

guientes: (…) 2) Sólo por ley, en los casos permitidos

por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de

los derechos y garantías fundamentales, respetando su

contenido esencial y el principio de razonabilidad.

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 535

atribuciones ordinarias del Poder Le-

gislativo, de tal manera que se activa

en ausencia de regulación legal atinente

al trazado de los procedimientos ventilar-

se ante los tribunales del orden judicial,

tal como detallamos en la Sentencia

TC/0286/21.Enesadecisión,especi-

camos que:

el poder reglamentario atribuido a la

Suprema Corte de Justicia por las

mencionadas disposiciones legales

sólo está circunscrito estrictamente a

los casos de naturaleza jurisdiccional

-en cualquiera de sus manifestacio-

nes- donde exista un vacío en el pro-

cedimiento y aquellos casos estableci-

dos por otras leyes especiales.

13.34Pero este poder reglamentario

se encuentra sometido a las condicio-

nes de que la norma reglamentaria

no contravenga lo expresamente es-

tablecido por la ley, ni puede regular,

de ninguna forma, el ejercicio de los

derechos y garantías fundamentales

reconocidos por la Constitución, en

estricto apego a la previsión del nu-

meral 2) del artículo 74 de la Carta

Sustantiva.

10.21. Recogiendo todo lo anterior,

estimamos que en la especie se pone

de maniesto un vicio de competen-

cia insalvable que da lugar no solo a

la inconstitucionalidad del precepto

normativo impugnado, sino de la Re-

solución núm. 009-2020, en su totali-

dad toda vez que con ella el Consejo

del Poder Judicial se dispuso a regu-

lar cuestiones que escapan a su fuero

y que, en consecuencia, le hicieron in-

fringir los principios constitucionales

de la separación del poder [artículo 4

constitucional],11 la supremacía jurídi-

ca de la Carta Política [artículo 6],12 la

cláusula sobre la nulidad de los actos

subversores del orden constitucional

[artículo 73]13 y las competencias lista-

das para dicho órgano de gobierno del

Poder Judicial en el artículo 156 de la

Carta Política.

10.22. En ese sentido, ha lugar a

acoger la acción directa de inconsti-

tucionalidad promovida por Cándido

Tejada y, en consecuencia, declarar no

conforme con la Constitución la Reso-

lución núm. 009-2020, por aplicación

del artículo 46 de la Ley núm. 137-11,

que reza:

La sentencia que declare la inconsti-

tucionalidad de una norma o dispo-

sición general, declarará también la

de cualquier precepto de la misma o

de cualquier otra norma o disposición

11 Este reza: Gobierno de la Nación y separación de

poderes. El gobierno de la Nación es esencialmente

civil, republicano, democrático y representativo. Se

divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder

Judicial. Estos tres poderes son independientes en el

ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados

son responsables y no pueden delegar sus atribuciones,

las cuales son únicamente las determinadas por esta

Constitución y las leyes.

12 Este reza: Supremacía de la Constitución. Todas

las personas y los órganos que ejercen potestades

públicas están sujetos a la Constitución, norma

suprema y fundamento del ordenamiento jurídico

del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley,

decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta

Constitución.

13 Este reza: Nulidad de los actos que subviertan el

orden constitucional. Son nulos de pleno derecho los

actos emanados de autoridad usurpada, las acciones

o decisiones de los poderes públicos, instituciones

o personas que alteren o subviertan el orden

constitucional y toda decisión acordada por requisición

de fuerza armada.

536 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

cuya anulación resulte evidente-

mente necesaria por conexidad, así

como la de los actos de aplicación

cuestionados

10.23. Lo anterior en virtud de que,

como pudimos constatar, el contenido

de la Resolución núm. 009-2020 tra-

ta sobre asuntos jurisdiccionales que

van más allá de las competencias de

administración del régimen presupues-

tario,nanciero,disciplinarioydeca-

pital humano del Poder Judicial; por

lo que ante tal escenario este tribunal

constitucional debe garantizar el or-

den constitucional vigente y el Estado

de Derecho ante cualquier tentativa

de lesionarlo o desconocerlo, como ha

ocurrido en la especie con la emisión de

una resolución normativa por parte de

una autoridad usurpada.

10.24. Ahora bien, debido a que la

resolución cuya inconstitucionalidad

se pronunciará mediante esta decisión

regula derechos de víctimas y de per-

sonas en condición de vulnerabilidad,

con el propósito de evitar que se revic-

timicen, este tribunal constitucional

estima prudente diferir los efectos de

la inconstitucionalidad. En ese senti-

do, sus efectos no son inmediatos, sino

hasta después de transcurrido el plazo

que se indicará en el dispositivo. Esta

decisión se basa en el artículo 48 de la

Ley núm. 137-11, que permite a este

tribunal constitucional graduar excep-

cionalmente los efectos de sus decisio-

nes, de acuerdo con las exigencias del

caso.

10.25. Por último, a raíz de que el vi-

cio de competencia detectado por este

tribunal constitucional compromete

la conformidad con la Carta Política

de la disposición impugnada y, por tal

razón, se declara su inconstituciona-

lidad, esta corporación estima inne-

cesario referirse a los vicios de fondo

invocados por el accionante, Cándido

Tejada, a través de los medios plantea-

dos en el escrito introductorio del con-

trol directo de constitucionalidad de

que se trata.

Esta decisión, rmada por los jueces

del tribunal, fue adoptada por la mayo-

ríarequerida.Noguranlasrmasde

los magistrados José Alejandro Ayuso,

Víctor Joaquín Castellanos Pizano y

María del Carmen Santana de Cabre-

ra, en razón de que no participaron en

la deliberación y votación de la presen-

te sentencia por causas previstas en la

ley.Nogurala rma delmagistrado

José Alejandro Vargas Guerrero por

motivo de inhibición voluntaria. Figu-

ran incorporados los votos salvados de

los magistrados Lino Vásquez Sámuel,

segundo sustituto; y Justo Pedro Cas-

tellanos Khoury.

Por las razones de hecho y de derecho

anteriormente expuestas, el Tribunal

Constitucional

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a

la forma, la acción directa de incons-

titucionalidad interpuesta por Cándi-

do Tejada, contra el artículo 30 de la

Resolución núm. 009-2020, dictada el

cuatro (4) de agosto de dos mil veinte

(2020) por el Consejo del Poder Judi-

cial, sobre el Protocolo de actuación

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 537

para entrevistas forenses a víctimas y

testigos en condiciones de vulnerabili-

dad, por los motivos expuestos.

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al

fondo, la citada acción directa de in-

constitucionalidad y, en consecuencia,

DECLARAR la no conformidad de la

Resolución núm. 009-2020, dictada el

cuatro (4) de agosto de dos mil veinte

(2020) por el Consejo del Poder Judi-

cial, sobre el Protocolo de actuación

para entrevistas forenses a víctimas y

testigos en condiciones de vulnerabi-

lidad, con los artículos 4, 6, 73 y 156

de la Constitución dominicana, por los

motivos expuestos.

TERCERO: DIFERIR los efectos de

la inconstitucionalidad decretada por

esta sentencia por el término de dos

años (2), contados a partir de su publi-

cación, de conformidad con lo expues-

to en el cuerpo de la misma.

CUARTO: DECLARAR el presente

procedimiento libre de costas de acuer-

do con lo establecido en el artículo 7.6

de la Ley núm. 137-11, Orgánica del

Tribunal Constitucional y de los Pro-

cedimientos Constitucionales, del trece

(13) de junio de dos mil once (2011).

QUINTO: ORDENAR que la presente

sentencia sea comunicada por Secreta-

ría,parasuconocimientoynesdelu-

gar, al accionante, Cándido Tejada, y a

sus representantes legales; al Consejo

del Poder Judicial y a la Procuraduría

General de la República.

SEXTO: ORDENAR que la presente

sentencia sea publicada en el Boletín

del Tribunal Constitucional, en virtud

de los artículos 4 y 49.III de la Ley

núm. 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimien-

tos Constitucionales, del trece (13) de

junio de dos mil once (2011).

Firmada: Milton Ray Guevara, juez

presidente; Rafael Díaz Filpo, juez pri-

mer sustituto; Lino Vásquez Sámuel,

juez segundo sustituto; Alba Luisa

Beard Marcos, jueza; Manuel Ulises

Bonnelly Vega, juez; Justo Pedro Cas-

tellanos Khoury, juez; Domingo Gil,

juez; Miguel Valera Montero, juez; Eu-

nisis Vásquez Acosta, jueza; Grace A.

Ventura Rondón, secretaria.

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO

LINO VÁSQUEZ SÁMUEL

En ejercicio de mis facultades consti-

tucionalesylegales,yespecícamente

las previstas en el artículo 3014 de la

Ley núm. 137-11, Orgánica del Tri-

bunal Constitucional y de los Proce-

dimientos Constitucionales, del trece

(13) de junio de dos mil once (2011), en

lo adelante “Ley núm. 137-11”, y res-

petando la opinión de los honorables

jueces que en su mayoría de votos con-

currentes aprobaron la sentencia de

que se trata, formulo el presente voto

salvado, mi divergencia se sustenta en

la posición que defendí en las delibe-

raciones del Pleno, pues, aun cuando

compartolasoluciónprovista,diero

14 Artículo 30.- Obligación de Votar. Los jueces no

pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en

contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto

y los votos salvados y disidentes se consignarán en la

sentencia sobre el caso decidido.

538 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

de algunos de sus fundamentos, tal

como expongo a continuación:

I. PLANTEAMIENTO DE LA

CUESTIÓN

1. El tres (3) de enero de dos mil veinti-

dós (2022), el señor Cándido Tejada in-

terpuso una acción directa de incons-

titucionalidad contra el artículo 30 de

la Resolución núm. 009-2020,15 sobre

el protocolo de actuación para entre-

vistas forenses a víctimas y testigos en

condición de vulnerabilidad, dictada

por el Consejo del Poder Judicial, por

presunta violación a los artículos 69,

numerales 2, 4, y 10 de la Constitución

dominicana.

2. Los honorables jueces que integran

este tribunal hemos concurrido con

el voto mayoritario en la dirección de

acoger la acción directa de inconstitu-

cionalidad y declarar no conforme con

la Constitución la referida norma, por

vulnerar los artículos 4, 6, 73 y 156

constitucionales.

3. Sibienmeidenticocon elrazona-

miento mayoritario del presente fallo

en tanto ha decretado la inconstitucio-

nalidad de la aludida Resolución núm.

009-2020, cuyas disposiciones violan

los principios constitucionales de la se-

paración del poder [artículo 4 constitu-

cional],16 la supremacía jurídica de la

15 De cuatro (4) de agosto de dos mil veinte (2020).

16 Este reza: Gobierno de la Nación y separación de

poderes. El gobierno de la Nación es esencialmente

civil, republicano, democrático y representativo. Se

divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder

Judicial. Estos tres poderes son independientes en el

ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados

son responsables y no pueden delegar sus atribuciones,

Carta Política [artículo 6]17, la cláusula

sobre la nulidad de los actos subversores

del orden constitucional [artículo 73]18

y las competencias listadas para dicho

órgano de gobierno del Poder Judicial en

el artículo 156 de la Carta Política,19 a

mi juicio, este colegiado debió dictar

una sentencia interpretativa-exhorta-

tiva para que en uso de sus facultades

constitucionales, el Congreso Nacional

dictara en el plazo previsto en la sen-

tencia la Ley de Atención y Protección

a Víctimas, Testigos y Sujetos en Ries-

go, disposiciones contenidas en la reso-

lución declarada inconstitucional, tal

como se expone a continuación.

II. ALCANCE DEL VOTO: EN

LA CUESTIÓN PLANTEADA,

PROCEDÍA DICTAR UNA SEN-

TENCIA INTERPRETATIVA-EX-

HORTATIVA PARA QUE, EN

EL PLAZO INDICADO EN LA

SENTENCIA, EL PODER LEGIS-

LATIVO HACIENDO USO DE SUS

FACULTADES CONSTITUCIO-

NALES DICTARA UNA LEY DE

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTE-

GRAL A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y

las cuales son únicamente las determinadas por esta

Constitución y las leyes.

17 Este reza: Supremacía de la Constitución. Todas

las personas y los órganos que ejercen potestades

públicas están sujetos a la Constitución, norma

suprema y fundamento del ordenamiento jurídico

del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley,

decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta

Constitución.

18 Este reza: Nulidad de los actos que subviertan el

orden constitucional. Son nulos de pleno derecho los

actos emanados de autoridad usurpada, las acciones

o decisiones de los poderes públicos, instituciones

o personas que alteren o subviertan el orden

constitucional y toda decisión acordada por requisición

de fuerza armada.

19 Ver literal 10.21, pág. 30 de esta sentencia.

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 539

OTROS SUJETOS EN RIESGO QUE

CONTENGA LAS DISPOSICIONES

RELATIVAS AL PROTOCOLO DE

ACTUACIÓN PARA ENTREVIS-

TAS FORENSES A VÍCTIMAS Y

TESTIGOS EN CONDICIONES DE

VULNERABILIDAD

4. La acción directa de inconstitucio-

nalidad que ocupó la atención del Tri-

bunal Constitucional está fundamen-

tada en la violación de los principios y

valores constitucionales de separación

de poderes, supremacía constitucional

y nulidad de los actos que subvierten

el orden constitucional.

5. En la parte dispositiva de la sen-

tencia que acoge la acción directa de

inconstitucionalidad, este colegiado

decidió:

PRIMERO: ADMITIR en cuanto

a la forma la acción directa de in-

constitucionalidad incoada por Cán-

dido Tejada contra el artículo 30 de

la resolución número 009-2020 dic-

tada, el 4 de agosto de 2020, por el

Consejo del Poder Judicial, sobre el

protocolo de actuación para entrevis-

tas forenses a víctimas y testigos en

condiciones de vulnerabilidad, por

los motivos expuestos.

SEGUNDO: ACOGER en cuan-

to al fondo la citada acción directa

de inconstitucionalidad y, en conse-

cuencia, DECLARAR la no con-

formidad de la resolución número

009-2020 dictada, el 4 de agosto de

2020, por el Consejo del Poder Judi-

cial, sobre el protocolo de actuación

para entrevistas forenses a víctimas y

testigos en condiciones de vulnerabi-

lidad, con los artículos 4, 6, 73 y 156

de la Constitución dominicana, por

los motivos expuestos.

TERCERO: DIFERIR los efectos

de la inconstitucionalidad decretada

por esta sentencia por el término de

dos años (2), contados a partir de

su publicación, de conformidad con

lo expuesto en el cuerpo de la misma

(…)

6. La Constitución dominicana esta-

blece en el artículo 185.1 que el Tribu-

nal Constitucional es competente para

conocer en única instancia de las ac-

ciones directas de inconstitucionalidad

contra las leyes, decretos, reglamentos,

resoluciones y ordenanzas.

7. Cuando la norma atacada es decla-

rada conforme a la Constitución con-

tinúa regulando los aspectos para los

cuales fue creada, por el contrario, si

su contenido viola el mandato cons-

titucional es expulsada del ordena-

miento, produciendo cosa juzgada de

conformidad con lo estipulado en los

artículos 185 de la Constitución y 4520

de la Ley núm. 137-11.

8. Tomando en consideración los efec-

tos que derivan de la presente decisión,

no comparto en su integralidad el al-

cance de la solución adoptada, ya que

20 Artículo 45. Acogimiento de la Acción. Las sen-

tencias que declaren la inconstitucionalidad y pronun-

cien la anulación consecuente de la norma o los actos

impugnados, producirán cosa juzgada y eliminarán la

norma o acto del ordenamiento. Esa eliminación regi-

rá a partir de la publicación de la sentencia.

540 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

la jurisprudencia21 de este colegiado y

otras cortes constitucionales22 han de-

mostrado la importancia de dictar –en

supuestos como este– una sentencia in-

terpretativa-exhortativa al Congreso

Nacional para que legisle sobre la ma-

teria objeto de anulación, sobre todo

cuando la norma a dictar es una ne-

cesidad prevista en los artículos 16923,

párrafo I, y 17724 de la Constitución.

9. Desde hace muchos años los tri-

bunales constitucionales vienen re-

curriendo a otros tipos de sentencias

cuando analizan el cuestionamiento

de constitucionalidad de las normas,

que en cierta medida se diferencian

de las tradicionales decisiones estima-

tivas o de desestimación de la acción,

es decir, que se limiten a declarar la

constitucionalidad o inconstituciona-

lidad de la norma impugnada, con el

21 Ver, entre otras, las Sentencias TC/0489/15,

TC/0110/13 y TC/0447/21.

22 Ver sentencias del Tribunal Constitucional

español. STC 195/1998, STC 208/1999 y STC

13/2015.

23 Artículo 169.- Denición y funciones. El Minis-

terio Público es el órgano del sistema de justicia res-

ponsable de la formulación e implementación de la

política del Estado contra la criminalidad, dirige la

investigación penal y ejerce la acción pública en repre-

sentación de la sociedad. Párrafo I.- En el ejercicio

de sus funciones, el Ministerio Público garantizará

los derechos fundamentales que asisten a ciudadanos

y ciudadanas, promoverá la resolución alternativa de

disputas, dispondrá la protección de víctimas y testigos

y defenderá el interés público tutelado por la ley. (sub-

rayado nuestro para resaltar).

24 Artículo 177.- Asistencia legal gratuita. El

Estado será responsable de organizar programas y

servicios de asistencia legal gratuita a favor de las

personas que carezcan de los recursos económicos para

obtener una representación judicial de sus intereses,

particularmente para la protección de los derechos

de la víctima, sin perjuicio de las atribuciones que

correspondan al Ministerio Público en el ámbito del

proceso penal.

correspondiente efecto de derogación o

vigencia de la misma25. Se trata de las

llamadas sentencias interpretativas las

que, de acuerdo a la doctrina, pueden

serdenidascomoaquellasque:

son el resultado del examen minu-

cioso de todas las posibles normas

que pueden desprenderse del precep-

to discutido, para determinar cuáles

son legítimas desde una perspectiva

constitucional y cuáles dejan de serlo.

Basta que una sola de sus interpreta-

ciones respete la primacía de la Cons-

titución para que el precepto jurídico

no sea inconstitucional.26

10. La doctrina sostiene que, en ma-

teria de control de constitucionali-

dad de normas, la sentencia que po-

dría denominarse “clásica” es la que

acepta la postulación que impugna la

25 EGUIRUREN PRAELI, FRANCISCO JOSÉ.

Las sentencias interpretativas o “manipulativas” y su

utilización por el Tribunal Constitucional Peruano.

Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Inves-

tigaciones Jurídicas de la UNAM, pág. 322. Apunta

el autor que “a partir de la interpretación buscan

encontrar formas de adecuación de las normas a la

Constitución o de otorgarles un sentido normativo

y de aplicación que las haga compatible con ésta, a

ndeevitarladeclaracióndeinconstitucionalidad,

que implicaría su derogación. Cuando aquí se habla

de interpretación estamos aludiendo al proceso de

análisis y razonamiento jurídico destinado a escla-

recer y determinar el contenido de un precepto o

disposición constitucional, así como la compatibi-

lidad con éste de una norma legislativa concreta.

La interpretación viene así a “agregar” o “concreti-

zar”uncontenidonormativoquenouyeexplícita

o expresamente del texto literal de una disposición

constitucional, completando este contenido por la

acción del intérprete”.

26 GUTIERREZ ZARZA, MARÍA DE LOS

ÁNGELES. Las sentencias interpretativas y aditivas

del Tribunal Constitucional español. Revista de

Derecho Procesal. núm. 3, 1995, pp. 1.032 y 1.033.

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 541

constitucionalidad de un precepto (sen-

tencia estimatoria) o la que rechaza el

acuse de inconstitucionalidad (senten-

cia desestimatoria). El efecto de tal ve-

redicto podrá tener resultados, según

el sistema del caso, inter partes o erga

omnes, en cuanto los sujetos afectados

por el pronunciamiento jurisdiccional;

y si acepta la proclamación de incons-

titucionalidad, consecuencias ex tunc

o ex nunc (retroactivas o no retroacti-

vas), en razón de su proyección en el

tiempo.27

11. Entre la modalidad de sentencias

interpretativas podemos citar las sen-

tencias exhortativas, también denomi-

nadas “apelativas” o de “aviso”28, de

acuerdo con la doctrina constitucio-

nal, constituyen alternativas en casos

de normas inconstitucionales enco-

mendando al legislador la sanción de

un nuevo texto acorde con la Constitu-

ción,jandoonounplazoprecisopara

llevar a cabo esa labor29.

12. En efecto, esta tipología de sen-

tencia es una deferencia con el legis-

lador apuntalada en el principio de

separación o división de poderes, en

la medida en que no se invade ni se

asume las competencias legislativas

del Parlamento, y a menudo, de modo

directo o indirecto, da pautas sobre el

contenido del nuevo precepto normati-

vo, con lo que también se economizan

27 SAGÜÉS, NÉSTOR PEDRO. las sentencias

constitucionales exhortativas. centro de estudios

constitucionales de chile, volumen 4, núm. 2, 2006,

pp. 189-192.

28 RIVERA SANTIVÁÑEZ, JOSÉ ANTONIO.

jurisdicción constitucional, ob. cit., p. 98.

29 sagüés, néstor pedro. ob. cit., p. 193.

posibles futuras declaraciones de in-

constitucionalidad, si las directrices

son satisfechas.

13. Sigue señalando la doctrina, en re-

lación a las sentencias exhortativas:

El tema es necesariamente polémico.

A favor de las sentencias exhorta-

tivas se ha dicho que no invaden la

libertad de conguración normativa

del legisla-dor, porque solamente con-

tienen indicaciones, sugerencias, re-

comendaciones o propuestas para él.

Sin embargo, algunas de estas senten-

cias incluyen directri-ces mucho más

terminantes y contundentes –incluso

con plazos para ser cumplidas –que

de hecho condicionan las competen-

cias del Parlamento30.

14. Asimismo, las sentencias exhortati-

vas han asumido diferentes contornos:

a) Sentencia exhortativa “de dele-

gación”. Declara inconstitucional a

una norma, y advierte al Poder Le-

gislativo qué pautas debería satisfa-

cer una nueva ley compatible con la

Constitución. Al decir de Predieri,

se asemeja a una ley de delegación

legislativa (ley de bases) esta úl-

tima en favor del Poder Ejecutivo,

cuando enuncia las directrices a que

debe someterse éste al emitir la ley

delega-da. En el caso de la sentencia

exhortativa, ella operaría como una

especie de “norma de base” de la le-

gislación que tendrá que sancionar el

Poder Legislativo.

30 SAGÜÉS, NÉSTOR PEDRO. Ob. Cit., p. 194.

542 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

b) Sentencia exhortativa de “incons-

titucionalidad simple”. En esta va-

riable, el Tribunal Constitucional

constata que una norma es incons-

titucional, pero no la invalida (por

los efectos desastrosos que podría

producir esa nulicación), pero im-

pone al Poder Legislativo el deber de

suprimir la situación de inconstitu-

ciona-lidad, por lo que deberá mo-

dicar el régimen legal vigente para

amoldarlo a la Constitución. La ley

reputada inconstitucional se conti-

núa aplicando hasta que se apruebe

la nueva norma que esté conforme

con la Constitución.

c) Sentencia exhortativa por consti-

tucionalidad precaria. Aquí la ju-

risdicción constitucional estima que

una norma es “todavía” constitucio-

nal, pero que puede pronto dejar de

serlo; o que no resulta del todo satis-

factoriamente constitucional, por lo

que insta al legislador a que produzca

una nueva regulación plenamente

constitucional, para lo cual puede

darle también pautas de contenido.

Se trata-ría de situaciones que deno-

minamos de constitucionalidad en-

deble o precaria. 31:

15. Para Mesía Ramírez,32 las senten-

cias exhortativas son aquellas en que:

se advierte una manifestación de in-

constitucionalidad en un determina-

do dispositivo legal, sin embargo, el

31 SAGÜÉS, NÉSTOR PEDRO. Ob. Cit., pp. 194-

195.

32 MESÍA RAMÍREZ, CARLOS. Exegesis del

Código Procesal Constitucional de Perú. Cuarta

edición, Gaceta Judicial, 2013, pp. 183-184.

Tribunal Constitucional solo decla-

ra su mera incompatibilidad y ex-

horta al legislador para que, en un

plazo razonable, introduzca aquello

que es necesario para desaparezca

el vicio meramente declarado (y no

sancionad). En cualquiera de los

escenarios, detrás de dichas sen-

tencias se halla la necesidad de no

crear vacíos legislativos peores que

los que se podrían crear con la de-

claración de inconstitucionalidad de

una disposición legal. Al igual que

cualquier sentencia constitucional,

ellas también vinculan a los poderes

públicos, y si bien no determinan un

plazo concreto o determinado dentro

del cual deba subsanarse la omisión,

sin embargo, transcurrido un plazo

razonable, a propósito de la protec-

ción de derechos constitucionales,

pueden alcanzar por completo sus

efectos estimatorios, hasta ahora solo

condicionados.

16. Acorde con la doctrina constitucio-

nal, los artículos 47, párrafo III y 48,

de la referida Ley núm. 137-11, esta-

blecen lo siguiente:

Artículo 47.- Sentencias Interpreta-

tivas. El Tribunal Constitucional, en

todos los casos que conozca, podrá dic-

tar sentencias interpretativas de des-

estimación o rechazo que descartan

la demanda de inconstitucionalidad,

declarando la constitucionalidad del

precepto impugnado, en la medida en

que se interprete en el sentido que el

Tribunal Constitucional considera

como adecuado a la Constitución o no

se interprete en el sentido o sentidos

que considera inadecuados.

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 543

(…) Párrafo III.- Adoptará, cuan-

do lo considere necesario, sentencias

exhortativas o de cualquier otra mo-

dalidad admitida en la práctica cons-

titucional comparada.

Artículo 48.- Efectos de las Decisio-

nes en el Tiempo. La sentencia que

declara la inconstitucionalidad de una

norma produce efectos inmediatos y

para el porvenir. Sin embargo, el Tri-

bunal Constitucional podrá reconocer

y graduar excepcionalmente, de modo

retroactivo, los efectos de sus decisiones

de acuerdo a las exigencias del caso.

17. En n, la sentencia exhortativa

tiene por objeto que después de pro-

nunciada la decisión que declara la in-

constitucionalidad de una norma, en

la misma se adopten los recaudos para

que el órgano legislativo en un plazo

razonable –contado a partir de la no-

ticacióndelasentencia–legislesobre

el objeto de la norma o de uno o varios

aspectos afectados con la inconstitu-

cionalidad declarada, pero que es ne-

cesario que estén normados en nuestro

ordenamiento jurídico según las exi-

gencias del caso.

18. En la especie, las consideraciones

deestasentenciareeren,losiguiente:

10.19 De ahí que la reglamentación

de tales disposiciones necesariamente

deba llevarse a cabo por el órgano del

Poder Judicial con competencia para

regular aquellos aspectos que no se en-

cuentren delimitados en la normativa

procesal penal33, a saber: el Pleno de

33 Subrayado nuestro para resaltar.

la Suprema Corte de Justicia, confor-

me a las atribuciones que le coneren

la ley número 25-91, orgánica de la

Suprema Corte de Justicia y el código

procesal penal; poder reglamentario

que, conviene recordar, “está circuns-

crito estrictamente a los casos de na-

turaleza jurisdiccional –en cualquie-

ra de sus manifestaciones– donde

exista un vacío en el procedimiento y

aquellos casos establecidos por otras

leyes especiales” ; sin que esto que-

brante los términos del artículo 74.2

de la Constitución dominicana.

10.20 Por supuesto, esta potestad del

Pleno de la Suprema Corte de Justi-

cia “tiene carácter subsidiario” frente

a las atribuciones ordinarias del Po-

der Legislativo, de tal manera que “se

activa en ausencia de regulación legal

atinente al trazado de los procedimien-

tos (sic) ventilarse ante los tribunales

del orden judicial”, tal como detalla-

mos en la Sentencia TC/0286/2 (…)

19. Dado que este tribunal reconoce

que, conforme a las atribuciones que le

conerenlaLeynúm.25-91,lacompe-

tencia del Pleno de la Suprema Corte

de Justicia solo se activa para regular

aquellos aspectos que no se encuentren

delimitados en la normativa procesal

penal y, por tanto, en ausencia de re-

gulación legal, somos de opinión que

procedía exhortar, como hemos dicho,

al Congreso Nacional, la creación de

una norma que establezca la atención

y protección integral a las víctimas,

testigos y otros sujetos en riesgo34 a

34 Estosse denencomotodos aquellos que siendo

víctimas, testigos o funcionarios del sistema de

544 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

consecuencia de una investigación o

proceso judicial, con la nalidad de

impedir que sean vulnerados sus de-

rechos fundamentales, mediante la

creación de disposiciones que cumplan

con los estándares básicos de atención,

protección y recuperación, permitien-

do el acceso al proceso en condiciones

de igualdad, evitando impunidad.

20. En este contexto, es oportuno des-

tacar que si bien la presente sentencia

estimó prudente diferir los efectos de

la inconstitucionalidad de la Resolu-

ción núm. 009-2020, por un periodo de

dos (2) años, atendiendo a la materia

regulada por esta, se imponía de igual

modo al amparo del artículo 47 de la

Ley núm. 137-11 y los autopreceden-

tes de esta corporación, recomendar al

Congreso Nacional producir las nor-

mas exhortadas, en el tiempo que ha

sido diferida la presente decisión.

21. En este sentido, este tribunal me-

diante la Sentencia TC/0189/15,35 del

quince (15) de julio de dos mil quince

(2015) indicó que:

justicia que, a consecuencia de su intervención en la

investigación o en el proceso, o por su relación con

los intervinientes, están expuestos a una amenaza

o un daño para su vida, integridad física, libertad,

seguridad o patrimonio. Anteproyecto de ley de

atención y protección integral a víctimas, testigos

y otros sujetos en riesgo, pág.3. Disponible en:

https://observatoriojusticiaygenero.poderjudicial.

gob.do/documentos/PDF/topicos_interes/TPI_

Anteproyrcto_Ley_Victimas_27_1.pdf

35 Sentencia que decidió la acción directa de

inconstitucionalidad interpuesta por Hermés

Guerrero Báez y Reemberto Pichardo Juan contra

el Decreto núm. 847-08, emitido por el presidente

de la República el veintidós (22) de diciembre de dos

mil ocho (2008).

9.11. La sentencia exhortativa es

una modalidad de sentencia interpre-

tativa, la cual puede ser dictada por

este tribunal, en virtud de lo previsto

en el artículo 47 de la Ley núm. 137-

11; texto según el cual: El Tribunal

Constitucional, en todos los casos

que conozca, podrá dictar sentencias

interpretativas de desestimación o

rechazo que descartan la demanda

de inconstitucionalidad, declarando

la constitucionalidad del precepto

impugnado, en la medida en que se

interprete en el sentido que el Tribu-

nal Constitucional considera como

adecuado a la Constitución o no se

interprete en el sentido o sentidos que

considera inadecuados. En la espe-

cie, la pertinencia de la sentencia ex-

hortativa es incuestionable, ya que en

el artículo 128, numeral 1, literal (j)

de la Constitución se establece que

los indultos deben concederse “(…)

de conformidad con la ley (…)”. De

manera que estamos en presencia de

un mandato constitucional dirigido

al legislador de manera expresa.

22. Esa misma solución fue asumida

por el Tribunal en la aludida Sentencia

TC/0110/13,36 párrafos 10.14 y 10.15,

en los que se estableció:

(…) 10.14. Al mismo tiempo, la sen-

tencia a intervenir también será ex-

hortativa, que suele emplearse cuando

36 Sentencia que decide la acción directa de

inconstitucionalidad incoada por la Asociación

Dominicana de Alguaciles contra la Resolución

núm. 14379-05, de once (11) de noviembre de dos

mil cinco (2005), emitida por la Procuraduría

General de la República y la Circular de cuatro

(4) de abril de dos mil doce (2012), emitida por la

Suprema Corte de Justicia.

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 545

se somete a la decisión por el Tribu-

nal Constitucional el conocimiento del

control de constitucionalidad de una

norma, no la declarará inconstitucio-

nal sino que –reconociendo lo anómalo

de la situación– exhorta sea al legisla-

dor, sea al ejecutivo para que regule el

tema mediante los mecanismos que el

ordenamiento jurídico le concede, sea

la ley stricto sensu o alguna norma in-

ferior cuando se reere al Poder Eje-

cutivo (decretos, reglamentos).

10.15. En ese sentido, se adoptarán

los recaudos para que después del

pronunciamiento de la presente sen-

tencia, el vencimiento del plazo para

la emisión de la normativa repara-

dora tiene como consecuencia la nu-

lidad de la Resolución núm. 14379-

05, del once (11) de noviembre de

dos mil cinco (2005), emitida por la

Procuraduría General de la Repúbli-

ca. De ahí que se otorga al Congreso

Nacional un plazo de dos (2) años,

contados a partir de la noticación

de la presente sentencia, a n de que

legisle en orden a posibilitar que los

tribunales y juzgados determinados

por la ley, además de juzgar sobre

los conictos entre personas físicas

o morales, en derecho privado o pú-

blico, en todo tipo de procesos, salvo

en materia penal, que sí se encuentra

regulado, hagan ejecutar lo juzgado.

23. Asimismo, en la Sentencia

TC/0274/13,37 del veintiséis (26) de

37 Sentencia que falló la acción directa de

inconstitucionalidad incoada por Manuel Ramón

Tapia López, contra la Ley núm. 91, de tres (3) de

febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983),

que crea el Colegio de Abogados de la República.

diciembre de dos mil trece (2013), se

estableció:

(…) k) En igual sentido, al ponde-

rar la probable falta de legislación,

el Tribunal entiende que la gravedad

del vicio no tiene incidencia directa

en los efectos de la ley y resulta me-

nos gravoso para la protección de los

derechos y deberes de la clase jurídica

nacional postergar los efectos de la de-

cisión sobre la inconstitucionalidad

de la norma y exhortar al Congreso

Nacional para que dicte una ley acor-

de con el procedimiento contenido en

la Constitución.

24. En este mismo sentido, en la Sen-

tencia TC/0447/21,38 de veintiséis (26)

de noviembre de dos mil veintiuno

(2021), determinó:

11.28. En la especie la desaparición

de la norma conduciría a dejar un

vacío que puede resultar más perjudi-

cial que la propia vigencia temporal

de la misma, al quedar excluidos del

Consejo de Desarrollo Ecoturístico de

El Seibo (CODEPRES) el Senador

y los Diputados de la provincia que

integran su dirección, sin que exista

un mecanismo institucional para re-

solver su inmediata designación, lo

que plantea la cuestión de determinar

38 Sentencia en que decidió la acción directa de

inconstitucionalidad incoada por la Seccional del

Colegio de Abogados de la provincia El Seibo,

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

(CNDH-RD),lialSeibo,ylosseñoresColónCotes

Candelaria, Juan Ramón Sierra Nolasco, Ramona

Báez Girón, Kenia Rosa Mercedes Mejía y Juan

Alberto Báez Mercedes, contra el párrafo II del

artículo 2 de la Ley núm. 511-05, que declara la

provincia de El Seibo como provincia Ecoturística.

546 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

la naturaleza de la decisión a ser

adoptada.

11.32 (…) este Tribunal se inclina

por una sentencia de tipo exhortati-

va y de efectos diferidos en el tiempo,

pues aun considerando inconstitucio-

nal el precepto de la norma atacada,

decide otorgar un plazo suciente al

Congreso Nacional para que legisle

en la dirección, de excluir a los legis-

ladores del citado Consejo provincial,

modicando el párrafo II, del artícu-

lo 2, de la referida Ley núm. 511-05,

que declara a la provincia de El Seibo

como provincia ecoturística.

25. En los precedentes citados, re-

sulta pertinente destacar, que con

independencia del Poder, órgano o

entidad estatal que haya dictado la

norma atacada de inconstitucionali-

dad (decreto del Presidente de la Re-

pública, TC/0189/15; resolución de la

Procuraduría General de la Repúbli-

ca, TC/0110/13; y, leyes dictadas por

el Congreso Nacional, TC/0274/13 y

TC/0447/21), esta corporación consti-

tucional se ha decantado por aplicar

las previsiones de los artículos 47, Pá-

rrafo III y 48 de la referida Ley núm.

137-11, por lo que en el presente caso,

donde el objeto de la inconstituciona-

lidad alcanza a las víctimas y testigos

de delitos, los cuales precisan de una

protección integral de sus derechos

fundamentales mediante la formula-

ción e implementación de políticas pú-

blicasecaces,eranecesarioelrecaudo

de este instituto procesal para que el

Congreso Nacional dictara en un tiem-

po razonable una ley integral, consti-

tucionalmente adecuada, acorde a las

necesidades actuales de la sociedad do-

minicana y a estándares internaciona-

les de protección.

26. Finalmente, partiendo de lo es-

tablecido en los referidos autoprece-

dentes, es oportuno volver sobre la

importancia de dictar sentencias ex-

hortativas, sobre todo en casos como

el ocurrente, donde la acción directa

de inconstitucionalidad se interpone

contra una resolución que procura –en

cumplimiento de los compromisos in-

ternacionales de derechos humanos ra-

ticadopornuestropaísparalatutela

de las garantías inherentes a las perso-

nas que intervienen en un proceso ju-

dicial39–, regular la actuación para en-

trevistas forenses a víctimas y testigos

en condición de vulnerabilidad.

III. CONCLUSIÓN

27. En la cuestión planteada, como he-

mos referido, era de rigor que el Tribu-

nal Constitucional dictara una senten-

cia exhortativa, para que en el ejercicio

de la función legislativa que es propia

del Congreso Nacional, dictara la Ley

de Atención y Protección a Víctimas,

Testigos y Sujetos en Riesgo, que con-

tenga los contenidos sustanciales del

protocolo de actuación para entrevis-

tas forenses a víctimas y testigos en

condiciones de vulnerabilidad, sobre

todo cuando la norma a dictar es una

necesidad prevista en los citados artí-

culos 169, párrafo I, y 177 de la Consti-

tución. Por las razones expuestas salvo

39 Ver numeral 2, pág. 5 de la referida Resolución

núm. 009-2020, objeto de control de constituciona-

lidad.

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 547

mi voto concurriendo con los demás

aspectos de esta decisión.

Firmado: Lino Vásquez Sámuel, juez

segundo sustituto

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO

JUSTO PEDRO CASTELLANOS

KHOURY

Con el debido respeto hacia el criterio

mayoritario reejado en la sentencia,

a n de ser coherentes con la posición

mantenida en las deliberaciones del caso,

ejercemos la facultad prevista en el artí-

culo 186 de la Constitución y, en tal sen-

tido, presentamos nuestro voto salvado,

fundado en las siguientes razones:

1. La especie trata de la acción direc-

ta de inconstitucionalidad incoada por

Cándido Tejada contra el artículo 30

de la Resolución núm. 009-2020, del

cuatro (4) de agosto de dos mil veinte

(2020), sobre el protocolo de actuación

para entrevistas forenses a víctimas y

testigos en condición de vulnerabili-

dad, dictada por el Consejo del Poder

Judicial.

2. En efecto, la mayoría del Tribu-

nal Constitucional decidió reiterar

el precedente jado con la Sentencia

TC/0286/21 –con el que no estuvimos

de acuerdo y en ocasión del cual pre-

sentamos un voto disidente– y, para

resolver el caso, estableció que la reso-

lución del Consejo del Poder Judicial

atacada deviene en inconstitucional

por un insalvable vicio de competen-

cia; razón por la que fue anulada y sus

efectos diferidos por un intervalo de

dos (2) años.

3. En esta ocasión coincidimos con el

colectivo constitucional en el sentido

de que el Consejo del Poder Judicial

está desprovisto para regular o esta-

blecer el protocolo de actuación para

entrevistas forenses a víctimas y tes-

tigos en condiciones de vulnerabilidad

en el marco de los procesos penales,

puesto que –como veremos– se trata

de un asunto netamente jurisdiccio-

nal para el cual, ciertamente, no tiene

competencia; sin embargo, salvamos

nuestra posición a los nes de dejar

constancia de que hay escenarios en

los que el órgano de autogobierno del

Poder Judicial tiene facultad para re-

gular aspectos administrativos de la

función jurisdiccional.

4.A n deexponerlaargumentación

que soporta nuestro salvamento, pun-

tualizaremos unas breves notas sobre

las atribuciones del Consejo del Po-

der Judicial (I); para luego establecer

nuestra posición particular con rela-

ción al presente caso (II).

I. BREVES NOTAS SOBRE LAS

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO

DEL PODER JUDICIAL

5. El Consejo del Poder Judicial es el

órgano constitucional instituido para

el gobierno, administración y discipli-

na del Poder Judicial. Este consejo tie-

ne, sin paliativos –como veremos–, un

rol institucional importante en el ser-

vicio público de administración judi-

cial; pues es el principal protector de la

independencia del Poder Judicial tan-

to a lo interno del mismo poder estatal

como respecto de los demás poderes

públicos y entes constitucionales.

548 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

6.Lanalidadesencialdelservicioju-

dicial deriva de la función jurisdiccio-

nal del Estado. Esta, conforme Duver-

ger:

[C]onsiste, según su propia etimolo-

gía, en denir el derecho (jurisdictio:

acción de decir el derecho). Todos

los ciudadanos pueden acudir a los

tribunales por medio de una acción

procesal, para hacer precisar el senti-

do de las normas jurídicas estableci-

das. De esta forma, los miembros de

las jurisdicciones –llamados jueces o

magistrados– tienen el poder de in-

terpretar los textos jurídicos jando

su sentido ocial: el conjunto de sen-

tencias forma la jurisprudencia, que

aclara y completa los textos.40

7. En efecto, dicha función estatal es

la función de juzgar;el calicativode

jurisdiccional se impone al de judicial

porque, en palabras de Amiama, es

más genérico, amplio y abarca la activi-

dad de los tribunales ordinarios, llama-

dos también judiciales, y la actividad de

los tribunales administrativos.41

8. Dicha función, actualmente, está

denidaenelpárrafoIdelartículo149

de la norma suprema. Este reza:

40 DUVERGER, Maurice. Instituciones políticas

y derecho constitucional, 11va. Ed., traducción cas-

tellana de Isidro Molas, Jorge Solé-Tura, José Ma.

Vallés, Eliseo Aja y Manuel Gerpe (Barcelona: Edi-

ciones Ariel, 1982), p. 221.

41 AMIAMA, Manuel A. Notas de Derecho Constitu-

cional, Colección Clásicos de Derecho Constitucio-

nal: Tribunal Constitucional de la República Domi-

nicana, Volumen 2 (Santo Domingo: Editora Búho,

2016), p. 183.

La función judicial consiste en ad-

ministrar justicia para decidir

sobre los conictos entre personas fí-

sicas o morales, en derecho privado

o público, en todo tipo de proce-

sos, juzgando y haciendo eje-

cutar lo juzgado. Su ejercicio

corresponde a los tribunales y

juzgados determinados por la

ley. El Poder Judicial goza de au-

tonomía funcional, administrativa y

presupuestaria.42

9. Es decir que la función judicial o ju-

risdiccional es todo aquello que supone

una acción jurídica tendente a la de-

claración e interpretación del derecho,

en ocasión de situaciones concretas o

abstractas, de orden contencioso o no

y capaces de generar cosa juzgada; por

tanto, es en ocasión de esta potestad

estatal que los órganos jurisdiccionales

–salvo las excepciones expresamente

consagradas en la ley– pueden juzgar

y hacer ejecutar lo juzgado.

10. A partir de la reforma experi-

mentada por la Constitución domini-

cana el veintiséis (26) de enero de dos

mil diez (2010),43 la función jurisdic-

cional del Estado fue objeto de una

de las más innovadoras y dilatadas

remodelaciones; pues desde allí se de-

termina con precisión una estructura o

Poder Jurisdiccional compuesto por las

Altas Cortes, a saber: el Tribunal Cons-

42 Las negritas y subrayados son nuestros.

43 Nota: Las cuestiones inherentes a la función

jurisdiccional fueron ulteriormente reproducidas

sin cambios en la reforma constitucional del trece

(13) de junio de dos mil quince (2015), vigente hasta

el momento.

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 549

titucional,44 el Tribunal Superior Elec-

toral45 y la Suprema Corte de Justicia,

esta última como máximo tribunal del

Poder Judicial;46 todos, órganos ju-

risdiccionales instaurados para llevar

a cabo la administración de justicia

atendiendo a sus respectivas caracte-

rísticas.

11. Al respecto, en la Sentencia

TC/0175/13, del veintisiete (27) de sep-

tiembre de dos mil trece (2013), el Tri-

bunal Constitucional estableció que:

En el caso dominicano, el constitu-

yente del año dos mil diez (2010)

consagró un modelo de justicia en

el cual la función jurisdiccional del

Estado se reparte entre tres (3) cor-

tes o tribunales, autónomos entre

sí, y con funciones jurisdiccionales

especícas:

44 El cual, conforme al artículo 184 de la Carta

Política tiene la obligación de (…) garantizar la

supremacía de la Constitución, la defensa del orden

constitucional y la protección de los derechos funda-

mentales. Sus decisiones son denitivas e irrevocables

y constituyen precedentes vinculantes para los poderes

públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de au-

tonomía administrativa y presupuestaria.

45 El cual, conforme al artículo 214 de la Carta Po-

lítica es (…) el órgano competente para juzgar y deci-

dir con carácter denitivo sobre los asuntos contencioso

electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a

lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos

políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad

con la ley, los procedimientos de su competencia y todo

lo relativo a su organización y funcionamiento admi-

nistrativo y nanciero.

46 En ese sentido, la parte capital del artículo 149

de la Carta Política establece: La justicia se admi-

nistra gratuitamente, en nombre de la República, por

el Poder Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema

Corte de Justicia y los demás tribunales creados por

esta Constitución y por las leyes.

El Tribunal Constitucional, faculta-

do para conocer de aquellos procesos

señalados expresamente en la Cons-

titución y la Ley Orgánica núm.

137-11, y orientados a garantizar la

supremacía y el orden constitucional,

así como la protección de los derechos

fundamentales (art. 185 de la Cons-

titución de la República).

El Tribunal Superior Electoral, fa-

cultado para conocer con carácter de-

nitivo sobre los asuntos contenciosos

electorales y los diferendos intra par-

tidarios (art. 214 de la Constitución

de la República).

La Suprema Corte de Justicia y de-

más tribunales judiciales inferiores

(Poder Judicial), facultados para

conocer sobre conictos entre personas

físicas o morales en derecho privado

o público en las materias que le con-

fían expresamente la Constitución y

las leyes (art. 149, párrafos I y II

de la Constitución de la República).

12. Independientemente de esta es-

tructuración tripartita de la admi-

nistración judicial, en el precedente

anterior el colegiado constitucional

concluyó que la función jurisdiccio-

nal del Estado es una sola conforme al

principio de unidad, ya que las tres (3)

Altas Cortes:

(…) funcionan con un nivel de au-

tonomía una respecto de la otra, sal-

vo lo relativo al recurso constitucio-

nal de revisión de sentencias que le

permite al Tribunal Constitucional

ejercer un control de constitucionali-

dad sobre las sentencias del Tribunal

550 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

Superior Electoral o de la Suprema

Corte de Justicia, de conformidad

con la interpretación combinada de

los artículos 185.4 y 277 de la Cons-

titución de la República, así como de

los artículos 3 de la Ley núm. 29-11

y 53 de la Ley núm. 137-11.

13. El Tribunal Constitucional del

Perú considera que ese principio de

unidad de la función jurisdiccional del

Estado:

(…) implica que el Estado, en con-

junto, posea un sistema jurisdiccio-

nal unitario, en el que sus órganos

tengan idénticas garantías, así como

reglas básicas de organización y fun-

cionamiento, ya que, como ha señala-

do este Tribunal, de ello no se deduce

que el Poder Judicial sea el único en-

cargado de la función jurisdiccional

(pues tal función se le ha encargado

también al Tribunal Constitucional,

al Jurado Nacional de Elecciones,

a la jurisdicción especializada en lo

militar y, por extensión, al arbitraje),

sino que no exista ningún órgano ju-

risdiccional que no posea las garan-

tías propias de todo órgano jurisdic-

cional. Como se ha mencionado, la

función jurisdiccional del Estado es

una sola y debe ser ejercida con todas

las garantías procesales establecidas

por la Constitución.47

14. Dicho esto, también es preciso re-

saltar que los órganos, organismos y

entes del Estado –incluidas las Altas

47 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia del

caso relativo al expediente número 00142-2011-PA/

TC, dictada el veitiuno (21) de septiembre de dos

mil once (2011), F. J. 23, p. 10.

Cortes– gozan de una función adminis-

trativa. En el caso del Tribunal Consti-

tucional y del Tribunal Superior Elec-

toral estas atribuciones recaen sobre

su órgano cabecera: el Pleno de jueces

y juezas; mientras que en el Poder Ju-

dicial estas cuestiones le corresponden

al Consejo del Poder Judicial: órgano

colegiado y democrático donde cada

uno de los niveles judiciales –desde los

jueces de paz hasta los magistrados de

la Suprema Corte– está debidamente

representado.

15. Esta función administrativa del

Estado, según el artículo 2 de la Ley

núm. 247-12, Orgánica de la Adminis-

tración Pública, comprende:

(…) toda misión, competencia o ac-

tividad de interés general, otorgada

conforme al principio de juridicidad

para regular, diseñar, aprobar, eje-

cutar, scalizar, evaluar y controlar

políticas públicas o suministrar ser-

vicios públicos, aunque éstos tengan

una nalidad industrial o comercial

y siempre que no asuman un carácter

legislativo o jurisdiccional.48

16. A partir de esta acepción podemos

inferir que dentro del Poder Judicial

cualquier disposición que tienda a re-

gular, diseñar, aprobar, ejecutar, s-

calizar, evaluar y controlar aspectos

administrativos que viabilizan la ope-

ratividad y ejercicio de la función ju-

risdiccional o de la administración de

justicia –no así la realización per se de

la facultad de juzgar y hacer ejecutar

lo juzgado– puede perfectamente di-

48 El subrayado es nuestro.

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 551

manar del órgano administrativo, de

gestión y disciplina de ese Poder del

Estado, a saber: del Consejo del Poder

Judicial.

17. Esto así en virtud de que, como

señala López López, la función de go-

bierno que le corresponde al Consejo

del Poder Judicial es una función ma-

terialmente ejecutiva e instrumen-

tal de la función de juzgar;49 por

tanto, el hecho de que dicho Consejo

tenga una función instrumental res-

pecto de la función jurisdiccional per-

mite inferir que dentro de su campo de

regulación puede –y debe, siempre que

sea pertinente y razonable– reglamen-

tar las cuestiones administrativas que

permiten llevar a cabo los procesos y

procedimientos jurisdiccionales esta-

blecidos en la Constitución y las leyes.

18. Una obviedad maniesta es que

dentro de las jurisdicciones se produ-

cen distintas actividades para hacer

posible la administración de justicia;

algunas de ellas, efectivamente, tien-

den a comportar procesos donde se

ventilan intereses litigiosos entre par-

ticulares, el Estado y particulares o

entre órganos, organismos y entes es-

tatales. Otras, en cambio, son activi-

dades de mera organización, coordina-

ción o proyección del servicio judicial;

es a estas últimas a las que nos refe-

rimos cuando aludimos que el Consejo

49 López López, Enrique. El Consejo Nacional de

la Magistratura. En: González-Trevijano, Pedro y

Arnaldo Alcubilla, Enrique (directores). Comenta-

rios a la Constitución de la República Dominicana,

Tomo II (comentario sistemático), Editora La Ley:

Madrid, 2012, pp. 937-964, en p. 943. El subrayado

y las negritas son nuestros.

del Poder Judicial puede –y debe– re-

gular cuestiones administrativas de la

función jurisdiccional.

19. De hecho, en la Sentencia

TC/0415/15, del veintiocho (28) de oc-

tubre de dos mil quince (2015), el Tri-

bunal Constitucional puntualizó, so-

bre el Consejo del Poder Judicial como

órgano de gobierno de dicho poder es-

tatal, lo siguiente:

En atención a su función esencial

de administrar justicia, el Poder

Judicial se muestra como una orga-

nización cuya complejidad aumenta

proporcionalmente a la diversidad y

complejidad de los asuntos que se en-

comienda resolver a los tribunales y

juzgados, así como al propio órgano

que asume tareas de administración.

Por ello, la existencia de dicho poder

en la actualidad requiere combinar

ambos aspectos: el jurisdiccional y el

organizacional. De ahí la necesidad

de que existan instancias de gobier-

no del Poder Judicial, dotados de

una autonomía organizativa que

le permita desenvolverse como Poder

del Estado. Al respecto, la doctrina

ha distinguido tres modelos: 1) El

gobierno y administración a cargo

del Poder Judicial; 2) El gobierno

y administración a cargo del Poder

Ejecutivo y 3) El modelo institucio-

nal que encomienda el gobierno del

Poder Judicial a órganos creados por

el constituyente para desempeñar ese

cometido, denominados Consejos de

la Judicatura o Magistratura.50

50 El subrayado y las negritas son nuestros.

552 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

20. El Consejo del Poder Judicial fue

creado por el constituyente del vein-

tiséis (26) de enero de dos mil diez

(2010) –inspirándose en la experiencia

comparada de los órganos de gobierno

judicial existentes en Argentina, Méxi-

co, Francia, Italia y España–, para re-

gular las cuestiones disciplinarias y de

administración de dicho poder estatal;

separando la función jurisdiccional

pura y dura de las cuestiones inheren-

tes a la función administrativa que ha-

cen funcionar el aparato judicial.

21. En este sentido, la norma consti-

tucional en sus artículos 155 y 156 es-

tablece tanto la conformación de ese

Consejo como las funciones –no limi-

tativas– que desde la Carta Política le

son impuestas. Veamos:

Artículo 155.- Integración. El Con-

sejo del Poder Judicial estará inte-

grado de la forma siguiente:

1) El Presidente de la Suprema Cor-

te de Justicia, quien lo presidirá;

2) Un Juez de la Suprema Corte de

Justicia, elegido por el pleno de la

misma;

3) Un Juez de Corte de Apelación o

su equivalente, elegido por sus pares;

4) Un Juez de Primera Instancia o

su equivalente, elegido por sus pares;

5) Un Juez de Paz o su equivalente,

elegido por sus pares.

Párrafo I.- Los integrantes de este

consejo, con excepción del Presidente

de la Suprema Corte de Justicia, per-

manecerán en estas funciones por

cinco años, cesarán en el ejercicio de

sus funciones jurisdiccionales mien-

tras sean miembros de dicho consejo y

no podrán optar por un nuevo perío-

do en el consejo.

Párrafo II.- La ley denirá el fun-

cionamiento y organización de este

consejo.

Artículo 156.- Funciones. El Con-

sejo del Poder Judicial es el órgano

permanente de administración y dis-

ciplina del Poder Judicial. Tendrá

las siguientes funciones:

1) Presentar al pleno de la Suprema

Corte de Justicia los candidatos o

candidatas para nombramiento, de-

terminación de jerarquía y ascenso de

los jueces de los diferentes tribunales

del Poder Judicial, de conformidad

con la ley;

2) La administración nanciera y

presupuestaria del Poder Judicial;

3) El control disciplinario sobre jue-

ces, funcionarios y empleados del

Poder Judicial con excepción de los

integrantes de la Suprema Corte de

Justicia;

4) La aplicación y ejecución de los

instrumentos de evaluación del des-

empeño de jueces y personal adminis-

trativo que integran el Poder Judicial;

5) El traslado de los jueces del Poder

Judicial;

6) La creación de los cargos adminis-

trativos del Poder Judicial;

7) El nombramiento de todos los fun-

cionarios y empleados que dependan

del Poder Judicial;

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 553

8) Las demás funciones que le con-

era la ley.51

22. Como se aprecia, del artículo 156.8

de la Carta Política se desprende una

reserva legal para ampliar el catálogo

de atribuciones del Consejo del Poder

Judicial. Al respecto, el veinte (20) de

enero de dos mil once (2011) fue pro-

mulgada la Ley núm. 28-11, Orgánica

del Consejo del Poder Judicial. Esta

dotó al Consejo de un generoso listado

de competencias y aumentó el estric-

to e irreductible sílabo de atribuciones

que la Constitución encomienda a este

órgano administrativo y de gobierno

del Poder Judicial.

23. La aludida ley establece, en su

considerando tercero, lo siguiente:

CONSIDERANDO TERCERO:

Que la creación del Consejo del Poder

Judicial está inspirada en la promo-

ción del fortalecimiento institucional

del Poder Judicial y asegurar la se-

paración entre las atribuciones ju-

risdiccionales y administrativas del

Poder Judicial, así como propiciar y

consolidar la independencia y demo-

cratización del Poder Judicial.52

24. La Ley núm. 28-11, en su artículo

2 establece que [e]l Consejo del Poder

Judicial es el órgano constitucional de

administración y disciplina del Poder

Judicial de la República Dominicana y,

conforme al artículo 3 –relativo a sus

atribuciones generales–, se establece

que:

51 Los subrayados son nuestros.

52 El subrayado es nuestro.

En el ejercicio de sus facultades cons-

titucionales dirige y administra todos

los aspectos de carácter presupuestario,

nanciero y de gestión administrativa

del Poder Judicial, así como el Siste-

ma de Carrera Judicial y la Carrera

Administrativa Judicial conforme

establece la Constitución y la presente

ley. En el ejercicio de sus facultades de

máximo órgano disciplinario del Po-

der Judicial, es el responsable de deter-

minar el nivel de responsabilidad y de

aplicar las sanciones correspondientes

a los jueces del Poder Judicial, con ex-

cepción de los Jueces de la Suprema

Corte de Justicia, por la comisión de

faltas en el ejercicio de sus funciones,

así como de los funcionarios y emplea-

dos del Poder Judicial.53

25. Es decir que, conforme a estas dis-

posiciones, el Consejo del Poder Judicial

tiene el poder de dirección y adminis-

tración de todos los aspectos concernien-

tes a la gestión administrativa del Poder

Judicial; debiendo entenderse incluidos

allí los aspectos de orden administrati-

vo que hacen posible la puesta en mar-

cha de la función jurisdiccional y llevar

a cabo la administración de justicia.

26. Entonces, ahora veamos unas

breves notas sobre el alcance de la fa-

cultad reglamentaria de ese órgano

constitucional.

A. Breves notas sobre la facultad regla-

mentaria del Consejo del Poder Judicial

27. El artículo 8.15 de la Ley núm.

28-11, sobre las atribuciones adminis-

53 Los subrayados son nuestros.

554 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

trativas del Consejo del Poder Judicial,

establece:

En el ejercicio de sus facultades ad-

ministrativas corresponde al Consejo

del Poder Judicial ejercer las siguien-

tes atribuciones: (…),

15) Aprobar los reglamentos y direc-

trices que permitan implementar la

presente ley.

28. Esta disposición es fundamental,

toda vez que de ella se desprende la

facultad reglamentaria del Consejo del

Poder Judicial como una (…) com-

petencia accesoria e instrumental de su

autonomía para el cumplimiento de sus

funciones esenciales; pues esta facultad

legalmente reconocida al órgano de au-

togobierno del Poder Judicial es, en los

términos de este colegiado constitucio-

nal, (…) la concretización de la autono-

mía que la Constitución le atribuye en

su condición de órgano de gobierno del

Poder Judicial y acorde con el principio

de la potestad organizativa, reconocida a

distintos órganos para dictar normas

relativas a su funcionamiento.54

29.Deestas argumentacionesseine-

re que es al Consejo del Poder Judicial

que le corresponde reglamentar los

asuntos de naturaleza administrativa

del Poder Judicial en un marco de ra-

zonabilidad y sin innovar o alterar el

sustrato de procesos o procedimientos

instituidos en la Constitución o la ley;

cuestión que no es ajena a la esencia de

este tipo de órgano, pues su homólogo

54 Tribunal Constitucional de la República

Dominicana. Sentencia TC/0415/15, dictada el

veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015).

El subrayado y las negritas son nuestros.

argentino –el Consejo de la Magistra-

tura–, por ejemplo, tiene facultad para

dictar los reglamentos relacionados con la

organización judicial y todos aquellos

que sean necesarios para asegurar

la independencia de los jueces y la

ecaz prestación de los servicios

de justicia.55

30. Ahora bien, no podemos mostrar-

nos apáticos y dar la espalda a una

gran realidad que nos azota con rela-

ción a la puesta en marcha de esa fa-

cultad o potestad reglamentaria.

31. Nos referimos a las reiteradas oca-

siones en que el Tribunal Constitucio-

nal ha tenido que resolver procesos

sobre el control directo de la constitu-

cionalidad de actas y resoluciones dic-

tadas por el Consejo del Poder Judicial

en un uso desmedido de los poderes

quela Constitución y laleylecone-

ren; excesos que, habitualmente, se

deben a que este órgano de gobierno

del Poder Judicial se ha inmiscuido en

asuntos netamente jurisdiccionales o

que no le corresponde regular.

32. Sin embargo, precisa es la ocasión

para recordar que aquellos actos, ac-

tuaciones o resoluciones del Consejo

del Poder Judicial que tienden a faci-

litar la administración de justicia for-

man parte integral de sus facultades

como órgano de gestión administrativa

del Poder Judicial y, pues, no implican

–no pueden implicar– exceso alguno

55 Cfr. Artículo 114.6 de la Constitución de la

Nación Argentina (Ley núm. 24.430), promulgada

el tres (3) de enero de mil novecientos noventa

y cinco (1995). Las negritas y el subrayado son

nuestros.

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 555

ni, por tanto, la puesta en movimiento

de un régimen sancionatorio destinado

a mejores causas.

33. Algunas de las decisiones vertidas

por el colegiado constitucional al res-

pecto son:

39.1. La Sentencia TC/0446/18,

dictada el trece (13) de noviembre de

dos mil dieciocho (2018), en ocasión

de una acción directa de inconstitu-

cionalidad presentada contra la Re-

solución núm. 17/2015, emitida por

el Consejo del Poder Judicial.

39.1.1. En dicha resolución se esta-

bleció la obligatoriedad del auxilio de

la fuerza pública para la ejecución de

las sentencias que ordenen embargos,

desalojos, expulsiones de lugares y

otros actos análogos; para responder

los medios de inconstitucionalidad

planteados en la acción y, en conse-

cuencia, declarar no conforme con la

Carta Política la resolución atacada

el Tribunal Constitucional estableció:

Es preciso indicar que en relación

con la ejecución de las sentencias,

este tribunal constitucional dictó la

Sentencia TC/0110/13, donde decla-

ró no conforme con la Constitución

de la República la Resolución núm.

14379-05, de once (11) de noviembre

de dos mil cinco (2005), emitida por

la Procuraduría General de la Repú-

blica, que regula el otorgamiento de

la fuerza pública, por contravenir los

artículos 40.15, 68, 69, 93.q y 149,

párrafo I, de la Constitución de la

República, diriendo los efectos de

dicha inconstitucionalidad por dos

(2) años, por lo que nalizado dicho

plazo el Consejo del Poder Judicial

dictó la Resolución núm. 17- 2015,

que establece la obligatoriedad de la

fuerza pública para la ejecución de

las sentencias que ordenen el embar-

go, desalojo, expulsión de lugares y

otros actos análogos.

(…),

Del análisis del precitado preceden-

te, este tribunal determinó que si

bien el Ministerio Público posee la

potestad para emitir resoluciones en

lo concerniente al desenvolvimiento

y orden de la Procuraduría Gene-

ral de la República y sus miembros,

conforme a su Ley núm. 133-11, le

está vedado el regular y ordenar las

funciones y actuaciones de los algua-

ciles, ya que dicha función es de la

competencia exclusiva de la Suprema

Corte de Justicia, lo que trajo como

consecuencia la inconstitucionalidad

de la Resolución núm. 14379-5, por

violación al principio de legalidad

establecido en el artículo 40.15 de la

Constitución.

Tomando como base lo anterior, y al

analizar lo establecido en la Resolu-

ción núm. 17-2015, que en su nu-

meral tercero de su dispositivo dis-

pone: Que toda sentencia dictada en

el sentido precisado en el ordinal que

antecede, consignará en el dispositi-

vo a cargo del Ministerio Publico la

obligación de otorgar el auxilio de la

fuerza pública para su ejecución y en

consecuencia dispondrá su notica-

ción a los órganos competentes de este

a requerimiento de parte interesada.

556 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

Es menester realizar la interpretación

de rigor en lo relativo a si la Resolu-

ción núm. 17-2015 cumple con el

principio de legalidad establecido en

el artículo 40.15 de la Constitución,

a los nes de comprobar si el Consejo

del Poder Judicial se extralimitó en

sus atribuciones.

(…),

(…) que el Consejo del Poder Judi-

cial tiene la facultad para establecer

normas relativas al funcionamiento y

organización de los alguaciles. Ahora

bien, la Resolución núm. 17-2015,

del Consejo del Poder Judicial, le

impone una obligación al Ministerio

Publico al establecer en el dispositivo

tercero que toda sentencia dictada en

el sentido precisado en el ordinal que

antecede, consignará en el dispositi-

vo a cargo del Ministerio Público la

obligación de otorgar el auxilio de la

fuerza pública para su ejecución y en

consecuencia dispondrá su notica-

ción a los órganos competentes de este

a requerimiento de parte interesada.

Con lo cual incurre en violación al

principio de legalidad, al principio

de la interdependencia y al principio

de actuación establecidos en los artí-

culos 40.15, 151 y 170 de la Cons-

titución, al extralimitarse en sus

atribuciones, al reglamentar las

actuaciones del Ministerio Pú-

blico, en lo relativo a la ejecu-

ción de sus decisiones.

En virtud de lo anterior, como bien

estableció este tribunal en su Sen-

tencia TC/0110/13, la ejecución de

las sentencias no puede ser regulada

mediante una resolución, sino que es

competencia exclusiva del legislador

ordinario crear mediante una ley,

cómo serán ejecutadas las sentencias,

y no como en el presente caso median-

te una resolución del Consejo del Po-

der Judicial. Se trata de dos poderes

–legislativo-judicial-, que, conforme

al artículo 4 de la Constitución, son

independientes en el ejercicio de sus

funciones.

Además, es importante acotar que si

bien el artículo 76 de la Ley núm.

327- 98 le otorga al Pleno de la Su-

prema Corte de Justicia la organiza-

ción de los alguaciles en sus funcio-

nes y necesidades, no menos cierto es

que cuando se trata de la ejecución de

decisiones o actos ejecutorios, donde

está involucrado otro órgano del Es-

tado, como el Ministerio Público, es

necesario que su regulación sea con-

forme a una ley y dicha iniciativa

no es facultad del Consejo del Poder

Judicial, sino que recae en el Pleno

de la Suprema Corte de Justicia, de

someterla ante el Congreso Nacional,

conforme lo establece el artículo 96.3

de la Constitución.

De lo anterior se desprende que con

su Resolución núm. 17-2015, el Con-

sejo del Poder Judicial se extralimitó

en sus competencias. En ese sentido,

procede declarar no conforme con la

Constitución la norma atacada.56

39.1.2. El criterio anterior reconoce cla-

ramente las facultades administrativas

56 Las negritas y subrayados son nuestros.

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 557

y de organización que recaen sobre el

Consejo del Poder Judicial en aras de

viabilizar el ejercicio de la función ju-

risdiccional por parte de los tribunales

que componen dicho poder estatal; lo

que no se permite –y comporta el eje

de la inconstitucionalidad retenida– es

que dicho órgano de gobierno emplee

su potestad reglamentaria para inci-

dir en cuestiones que pertenecen a la

discrecionalidad de un órgano consti-

tucional autónomo e independiente

como es el Ministerio Público.

39.2. La Sentencia TC/0205/20, dic-

tada el catorce (14) de agosto de dos

mil veinte (2020), en ocasión de una

acción directa de inconstitucionalidad

presentada contra la Resolución núm.

21/2018, emitida por el Consejo del Po-

der Judicial.

39.2.1. La resolución impugnada apro-

bó el reglamento sobre registro de

actos notariales y sus equivalentes;

para responder los medios de incons-

titucionalidad presentados y, en con-

secuencia, declarar no conforme con

la Constitución dominicana la aludida

resolución, el Tribunal Constitucional

estableció lo siguiente:

Este tribunal constitucional compar-

te el criterio de la parte accionante

en el sentido de que el Consejo del

Poder Judicial excede el ejerci-

cio de sus competencias al dic-

tar la Resolución núm. 21/2018,

pues si bien es cierto que la Ley núm.

140-15 reere en su artículo 64 que

“el Consejo del Poder Judicial queda

facultado para establecer de manera

obligatoria, por vía reglamentaria,

todo lo relativo al funcionamiento del

registro de testamentos y poderes”, no

menos cierto es que el reglamen-

to emitido el seis (6) de junio de

dos mil dieciocho (2018) por el

Consejo del Poder Judicial no

solo se limita a establecer todo

lo relativo al funcionamiento

del registro de testamentos y

poderes como habilita la Ley,

sino que regula respecto de to-

dos los actos notariales y sus

equivalentes, como su propio

nombre lo indica.

La potestad reglamentaria no

puede ser asumida sin una nor-

ma que expresamente faculte

a la Administración para ello.

El artículo 52 de la mencionada ley

núm. 140-15 habilita a la Supre-

ma Corte de Justicia para vigilar

y supervisar “el correcto ejercicio

de la función notarial, mediante

mecanismos por ella establecidos”

y auxiliarse “del Consejo del Po-

der Judicial para cumplir ecien-

temente con la responsabilidad de

vigilar y supervisar el ejercicio de

la función notarial”. Las atribu-

ciones del Consejo del Poder

Judicial, por ende, no pueden

presumirse que se extienden

más allá de establecer por vía

reglamentaria todo lo relativo

al funcionamiento del registro

de testamentos y poderes, y de

colaborar con la Suprema Cor-

te de Justicia para que esta última

cumpla con su responsabilidad de

vigilar y supervisar el ejercicio de la

función notarial, mediante los me-

canismos por ella establecidos.

558 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

(…),

Como se observa, el reglamento es un

producto de la actividad administra-

tiva cuyas reglas sobre su elaboración,

ecacia, validez y límites se estable-

cen en la Constitución y en las leyes.

La potestad reglamentaria no se pre-

sume, sino que debe estar prevista por

la Ley de manera expresa. En el caso

que nos ocupa, si bien como alega el

Consejo del Poder Judicial y la Pro-

curaduría General de la República,

hay un reenvío o remisión normativa

por medio de una cláusula general en

el artículo 52 de la referida ley núm.

140-15 para que la Suprema Corte de

Justicia supervise y vigile la función

notarial mediante los mecanismos

por ella establecidos, esto no sig-

nica que debe presumirse que

también se encuentra habilita-

do el Consejo del Poder Judicial

para hacerlo.

(…), por todo lo expuesto procede

acoger el medio de inconstituciona-

lidad y declarar que la Resolución

núm. 21/2018, que aprueba el Re-

glamento de Actos Notariales y sus

equivalentes, emitida por el Consejo

del Poder Judicial vulnera los prin-

cipios de competencia, legalidad y de

jerarquía normativa establecidos en

los artículos 4, 6 y 73 de la Constitu-

ción dominicana.57

39.2.2. Este precedente es similar al

analizado previamente en el sentido de

que el Consejo del Poder Judicial puso

en marcha su facultad reglamentaria

57 Las negritas y subrayados son nuestros.

en un escenario donde la Constitución

ni la ley le otorgaron competencia para

regular; pues aunque cuenta con una

reserva reglamentaria, de acuerdo a

los términos del párrafo I del artícu-

lo 64 de la Ley núm. 140-15,58 sobre el

notariado, esta es única y exclusiva-

menteconlanalidaddeestablecerlas

exigencias para el registro de los actos

notariales que comporten poderes y

testamentos.

39.2.3. Por tanto, tras emitir un regla-

mento sobre el registro del universo de

los actos notariales y sus equivalentes,

sin estar respaldado por una base ju-

rídica habilitante, soslayó el principio

de juridicidad o de sometimiento al

ordenamiento jurídico del Estado pre-

visto en el artículo 138 constitucional

e incurrió, de facto, en una práctica

antijuridica.

39.3. Por último, la Sentencia

TC/0268/20, dictada el nueve (9) de

diciembre de dos mil veinte (2020), en

ocasión de una acción directa de in-

constitucionalidad presentada contra

la Resolución núm. 1/2016, emitida

por el Consejo del Poder Judicial.

39.3.1. Con esta resolución el Consejo

delPoderJudicialmodicóvariasdis-

posiciones del reglamento de los Tri-

bunales Superiores de Tierras y de Ju-

58 Dicho texto legal reza: Registro de testamento y

poderes. La presente ley crea un registro de testamentos

y poderes el cual estará adscrito al Departamento de

Auxiliares de Justicia del Consejo del Poder Judicial

bajo la supervisión del director del mismo. Párrafo I.-

El Consejo del Poder Judicial queda facultado para

establecer de manera obligatoria, por vía reglamenta-

ria, todo lo relativo al funcionamiento del registro de

testamentos y poderes. El subrayado es nuestro.

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 559

risdicción Original; para responder los

medios de inconstitucionalidad pre-

sentados y, en consecuencia, determi-

nar la no conformidad de la resolución

atacada con la Carta Política, el Tribu-

nal Constitucional precisó lo siguiente:

(…) el Consejo del Poder Judi-

cial, ciertamente, tiene aptitud

para emitir las reglamenta-

ciones que correspondan en lo

que se reera a materia admi-

nistrativa o disciplinaria, en el

ámbito del Poder Judicial. Sin

embargo, no ocurre así respecto

del ámbito jurisdiccional, como

el caso de la especie, en el que el le-

gislador ha otorgado expresamente a

la Suprema Corte de Justicia, la fa-

cultad de emitir los reglamentos que

fueren necesarios para la aplicación

de la Ley núm. 108-05, de Registro

Inmobiliario.

Lo anterior se evidencia en lo estable-

cido en el artículo 122 de la Ley núm.

108-05, de Registro Inmobiliario, del

veintidós (22) de febrero de dos mil

cinco (2005), en el que el legislador

dejó claramente establecida la facul-

tad de la Suprema Corte de Justicia

para emitir los reglamentos de lugar.

La indicada disposición establece lo

mentaria de la Suprema Corte de

Justicia. La Suprema Corte de Jus-

ticia queda facultada para dictar 1os

reglamentos y normas complementa-

rias requeridos para la aplicación y

desarrollo de las previsiones conteni-

das en la presente ley y dictará dentro

de los ciento ochenta (180) días des-

pués de promulgada y publicada los

reglamentos y normas requeridos.

De lo establecido en este texto legal se

observa de manera inequívoca que la

Suprema Corte de Justicia conserva

competencia para dictar reglamentos

y normas relativas al funcionamien-

to de la jurisdicción inmobiliaria, y

no así el Consejo del Poder Judicial,

pues se trata de una facultad jurisdic-

cional delegada expresamente a esta

alta corte, más no así de un asunto

de carácter administrativo, caso en el

que el Consejo del Poder Judicial sí

sería competente para emitir los re-

glamentos que fueren necesarios.

Este tribunal entiende que dicho pre-

cedente se aplica mutatis mutandis a

la especie, puesto que está claro que el

criterio sentado por el Tribunal Cons-

titucional es que, si bien el Consejo

del Poder Judicial posee atribu-

ción para establecer normas de ca-

rácter presupuestario, nanciero y de

gestión administrativa del Sistema

de Carrera Judicial y la Carrera Ad-

ministrativa Judicial, así como tam-

bién relativas al régimen disciplina-

rio de los jueces y todo lo relativo a la

Escuela Nacional de la Judicatura,

le está vedado regular y ordenar

asuntos propios de las actuacio-

nes procesales, funcionamiento

y organización de los tribunales

del orden judicial del país.

(…),

En virtud de las motivaciones prece-

dentes, este tribunal constitucional ha

560 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

podido llegar a la conclusión de que

la Resolución núm. 01/2016, dictada

por el Consejo del Poder Judicial, ha

sido dictada en vulneración al prin-

cipio de legalidad y juridicidad, es-

tablecido en el artículo 138 y 110 de

la Constitución, pues el indicado ór-

gano, al emitir dicha resolución

excedió sus competencias. Por

todo lo anterior, tras haberse compro-

bado la vulneración de los artículos

138 y 110 de la Constitución domi-

nicana, procede declarar no conforme

con la Constitución la Resolución

núm. 01/2016.59

39.3.2. La decisión anterior es más

categórica que sus predecesoras al

momento de precisar los límites a la

facultad reglamentaria del Consejo

del Poder Judicial; pues si bien reco-

noce que la regulación de los asuntos

administrativos es de su imperio, con

especial sutileza machaca y deniega,

en principio, toda posibilidad de que

dicho órgano regule aspectos ligados a

cuestiones jurisdiccionales; pues tien-

deadesactivarla real ecaciadeesa

facultad reguladora del Consejo.

34. Sin embargo, tales decisiones no

impiden reconocer que el Consejo del

Poder Judicial cuenta con habilitación

legal y constitucional para ejercer una

facultad reglamentaria que dentro de

sus funciones como órgano adminis-

trativo y autogobierno del Poder Judi-

cial le permite regular las cuestiones de

naturaleza administrativa que inciden

y viabilizan la función jurisdiccional;

pues lo que le está vedado desde la

59 Las negritas y subrayados son nuestros.

Constitución y su ley orgánica es juz-

gar y hacer ejecutar lo juzgado, más no

implementar las medidas y herramien-

tas necesarias para que los operadores

jurisdiccionales puedan administrar

una sana, eciente, independiente y

vigorosa justicia.

35. Pues de eso se trata la naturaleza,

esencia y sustrato del Consejo del Poder

Judicial que funge como “administra-

dor” de la administración de justicia;

ya que, en efecto, es a ese Consejo, ins-

tituido constitucionalmente en el ám-

bito institucional del Poder Judicial,

que insustituiblemente le corresponde

adoptar las regulaciones y medidas

pertinentes:(i)andegarantizar,tan-

to a los servidores judiciales o personal

al servicio de la administración de jus-

ticia, la posibilidad de materializar sus

respectivas labores y, (ii) para que los

jueces, las juezas y los tribunales pue-

dan llevar a cabo su función de juzgar

y hacer ejecutar lo juzgado conforme a

la Constitución y las leyes.

36. Esto lo consideramos así en virtud

de que el hecho de que la Constitución

dedique un capítulo especialmente al

Consejo del Poder Judicial –el Capítu-

loIIdelTítuloV–,calicándolocomo

órgano permanente de administración

y disciplina del Poder Judicial no es

baladíytieneunsignicadoinstitucio-

nal que no puede –no debe– descono-

cerse, ni rebajar su verdadera esencia

con distinciones restrictivas que soca-

van y mutilan parte de sus funciones

esenciales.

37. Dicho esto, ahora veamos, breví-

simamente, algunas puntualizaciones

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 561

sobre el alcance de la facultad re-

glamentaria de la Suprema Corte de

Justicia.

B. Algunas puntualizaciones sobre el

alcance de la facultad reglamentaria de

la Suprema Corte de Justicia

38. La parte capital del artículo 154 de

la Constitución dominicana introduce

las atribuciones de la Suprema Corte

de Justicia indicando: [c]orresponde

exclusivamente a la Suprema Corte de

Justicia, sin perjuicio de las demás

atribuciones que le conere la ley

(…);60 es decir, que su sílabo de atri-

buciones puede ser ampliado por el

legislador.

39. El artículo 14.h) de la Ley núm.

25-91, Orgánica de la Suprema Corte

de Justicia, establece que: [c]orres-

ponde, asimismo, a la Suprema Corte

de Justicia en pleno el conocimiento de:

(…) h) Trazado del procedimiento

a seguir en todos los casos en que la

Ley no establezca el procedimiento

a seguir.61

40. Una lectura sistemática de tales

disposiciones constitucionales y lega-

les permite inferir que el Pleno de la

Suprema Corte de Justicia tiene facul-

tad reglamentaria para diseñar y dis-

poner los procedimientos o cuestiones

de índole jurisdiccional cuando la ley

nada dice al respecto.

41. Ahora bien, de tales normativas no

es posible deducir que es sobre el Pleno

60 Las negritas y el subrayado son nuestros.

61 Las negritas y el subrayado son nuestros.

de la Suprema Corte de Justicia que

recae la atribución de regular cuestio-

nes administrativas para hacer opera-

tiva la función jurisdiccional; pues no

se trata, en esta coyuntura, de que la

ley omita referirse a determinados as-

pectos que resultan indispensables o

inciden en el normal desarrollo de la

administración de justicia, como ocu-

rre con las resoluciones emitidas por el

Consejo del Poder Judicial impugna-

das en inconstitucionalidad.

42. Consideramos preciso dejar cons-

tancia de que la facultad reglamentaria

para la regulación de cuestiones admi-

nistrativas referidas al funcionamiento

del servicio de administración judicial

no implica que el órgano competente

tenga el poder de alterar la esencia,

sustrato o núcleo de los procesos y pro-

cedimientos jurisdiccionales mutando

cuestiones que puedan afectar dere-

chos o intereses de los justiciables; sino

que dicha facultad solo alcanza para

buscar y desarrollar alternativas que

hagan viable y accesible la administra-

ción de justicia.

43. Luego de esbozar sucintamente los

elementos más relevantes –para los

nesde este votoparticular–sobreel

alcance de las facultades reglamenta-

rias del Consejo del Poder Judicial y el

Pleno de la Suprema Corte de Justicia;

conviene referirnos al caso concreto.

II. SOBRE EL CASO PARTICULAR

44. Como hemos dicho, en la espe-

cie, estamos de acuerdo con la deci-

sión de la mayoría del Tribunal Cons-

titucional en cuanto a declarar la

562 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

inconstitucionalidad de la Resolución

núm. 009-2020 dictada, el cuatro (4)

de agosto de dos mil veinte (2020), por

el Consejo del Poder Judicial, sobre el

protocolo de actuación para entrevis-

tas forenses a víctimas y testigos en

condiciones de vulnerabilidad, bajo

el argumento de que dicho órgano ad-

ministrativo y de gobierno del Poder

Judicial carece de facultad o potestad

normativa para regular tales aspectos

que inciden directamente en el desen-

volvimiento del proceso penal y la pro-

ducción de elementos probatorios.

45. Ahora bien, dejamos clara cons-

tancia de que el Consejo del Poder

Judicial –desde nuestra perspectiva–

cuenta con suciente legitimación

para regular aspectos administrativos

de la función jurisdiccional que, como

su apelativo lo indica, se ciñan a esta-

blecer aspectos que viabilicen el acceso

a la justicia o desenvolvimiento de los

procesos, más no incidan en la potes-

tad de juzgar ni de ejecutar lo juzgado.

Firmado: Justo Pedro Castellanos

Khoury, juez

Lapresentesentenciaesdadayrma-

da por los señores jueces del Tribunal

Constitucional que anteceden, y pu-

blicada por mí, secretaria del Tribunal

Constitucionalquecertico,eneldía,

mes y año anteriormente expresados.

Grace A. Ventura Rondón

Secretaria

Páginas	512-562
Fecha	01 Enero 2023
Fecha de publicación	01 Enero 2023
Materia	Derecho Constitucional

TC/0522/23, dieciocho (18) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

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