TC/0526/21, veintidós (22) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

• Páginas: 706-756
• Fecha: 01 Enero 2022
• Fecha de publicación: 01 Enero 2022
• Materia: Derecho Constitucional

706 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

SENTENCIA TC/0526/21

Referencia: Expediente núm. TC-01-

2011-0002, relativo a la acción direc-

ta de inconstitucionalidad interpuesta

por el señor José Cristóbal Flores de

la Hoz contra los artículos 1, 3, 4, 6,

7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del Con-

cordatormadoentrelaSantaSedey

la Repúlbica Dominicana, el dieciséis

(16) de junio de mil novecientos cin-

cuenta y cuatro (1954), aprobado me-

diante Resolución núm. 3874, dictada

el diez (10) de julio de mil novecientos

cincuenta y cuatro (1954).

En el municipio Santo Domingo Oeste,

provincia Santo Domingo, República Do-

minicana, a los veintidós (22) días del mes

de diciembre del año dos mil veintiuno

(2021).

El Tribunal Constitucional, regularmen-

te constituido por los magistrados Milton

Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Fil-

po, primer sustituto; Lino Vásquez Sá-

muel, segundo sustituto; José Alejandro

Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Manuel

Ulises Bonnelly Vega, Justo Pedro Caste-

llanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos

Pizano, Domingo Gil, María del Carmen

Santana de Cabrera, José Alejandro Var-

gas Guerrero y Eunisis Vásquez Acosta,

en ejercicio de sus competencias consti-

tucionales y legales, especícamente las

previstas en los artículos 185.4 de la Cons-

titución, 9 y 36 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y

los Procedimientos Constitucionales, del

trece (13) de junio del año dos mil once

(2011), dicta la siguiente sentencia:

I. ANTECEDENTES

1. Descripción de la norma impugnada

1.1. La presente acción directa de incons-

titucionalidad fue interpuesta, el veinticin-

co (25) de enero de dos mil once (2011),

por el señor José Cristóbal Flores de la Hoz

contra los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25,26 y 27 del Concordato rmado en-

tre la Santa Sede y el Estado dominicano,

el dieciséis (16) de junio de mil novecien-

tos cincuenta y cuatro (1954), aprobado

mediante Resolución núm. 3874, dictada

el diez (10) de julio de mil novecientos

cincuenta y cuatro (1954). El contenido

de la normativa objeto de control de cons-

titucionalidad descrita anteriormente es el

siguiente:

Artículo I

La Religión Católica, Apostólica,

Romana sigue siendo la de la Nación

Dominicana y gozará de los derechos y

de las prerrogativas que le corresponden

en conformidad con la Ley Divina y el

Derecho Canónico.

Artículo III

1. El Estado Dominicano reconoce a la

Iglesia Católica el carácter de sociedad

perfecta y le garantiza el libre y pleno

ejercicio de su poder espiritual y de su

jurisdicción, así como el libre y público

ejercicio del culto.

2. En particular, la Santa Sede podrá

sin impedimento promulgar y publicar

en la República Dominicana cualquier

disposición relativa al gobierno de la

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Iglesia y comunicarse con los Prelados,

elcleroyloselesdelPaís,delamisma

manera que éstos podrán hacerlo con la

Santa Sede.

Gozarán de las mismas facultades los

Ordinarios y las otras Autoridades

eclesiásticas en lo referente a su clero y

fieles.

Artículo IV

1. El Estado Dominicano reconoce la

personalidad jurídica a todas las insti-

tuciones y asociaciones religiosas, exis-

tentes en la República Dominicana a la

entrada en vigor del presente Concorda-

to, constituidas según el Derecho Canó-

nico; en particular a las Diócesis y a la

Prelatura nullius con sus instituciones

anejas, a las Parroquias, a las Ordenes

y Congregaciones religiosas; a las Socie-

dades de vida común y a los Institutos

seculares de perfección cristiana canó-

nicamente reconocidos, sean de derecho

pontificio o de derecho diocesano, a sus

provincias y a sus casas.

Las Autoridades eclesiásticas compe-

tentes comunicarán al departamento

correspondiente del Gobierno Domi-

nicano la lista de las instituciones y

asociaciones religiosas que se acaban

de mencionar, dentro de los dos meses

que sigan a la ratificación de este Con-

cordato.

2. Gozarán de igual reconocimiento las

entidades de la misma naturaleza que

sean ulteriormente erigidas o aprobadas

en la República Dominicana por las

Autoridades eclesiásticas competentes,

con la sola condición de que el decreto

de erección o de aprobación sea

comunicado oficialmente por escrito a

las Autoridades competentes del Estado.

Artículo VI

1. La organización y circunscripción

eclesiástica, del territorio de la República

Dominicana queda constituida así:

Arquidiócesis Metropolitana de Santo

Domingo; Diócesis de Santiago de

los Caballeros; Diócesis de La Vega;

Prelatura nullius de San Juan de la

Maguana.

2. Para la erección de una nueva Diócesis

o Prelatura nullius y para otros cambios

de circunscripciones diocesanas que

pudieran juzgarse necesarias, la Santa

Sede se pondrá previamente de acuerdo

con el Gobierno Dominicano, salvo si

se tratase de mínimas rectificaciones de

territorio reclamadas por el bien de las

almas.

Artículo VII

1. El Gobierno Dominicano se compro-

mete a construir la Iglesia Catedral o

Prelaticia y los edificios adecuados que

sirvan de habitación del Obispo o Pre-

lado nullius y de oficinas de la Curia,

en las Diócesis y Prelatura nullius ac-

tualmente existentes que lo necesiten, y

en las que se establezcan en el futuro.

2. Además el Gobierno asegura a la Ar-

quidiócesis de Santo Domingo y a cada

Diócesis o Prelatura nullius actualmen-

te existentes o que se erijan en el futuro

una subvención mensual para los gas-

tos de administración y para las iglesias

pobres.

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Artículo IX

1. La erección, modificación o supresión

de parroquias, beneficios y oficios ecle-

siásticos, así como el nombramiento del

Vicario General, oficiales de la Curia,

párrocos y todo sacerdote o funcionario

encargado de cualquier oficio eclesiás-

tico serán hechos por las Autoridades

eclesiásticas competentes, ciñéndose a

las disposiciones del Derecho Canónico.

Sin embargo las Autoridades eclesiásti-

cas correspondientes comunicarán al

Gobierno con la mayor rapidez el nom-

bramiento del Vicario General, de los

párrocos y, en caso de vacancia de una

parroquia, del vicario encargado de la

misma. Al hacer estas designaciones,

las Autoridades eclesiásticas preferirán,

a ser posible, a sacerdotes idóneos que

sean ciudadanos dominicanos.

2. La eventual objeción del Gobierno

al comportamiento de un funcionario

eclesiástico será objeto de consideración

y decisión por las Autoridades eclesiás-

ticas competentes.

Artículo XI

1. Los eclesiásticos gozarán en el ejerci-

cio de su ministerio de una especial pro-

tección del Estado.

2. Los eclesiásticos no podrán ser inte-

rrogados por jueces u otras autoridades

sobre hechos o cosas cuya noticia les

haya sido confiada en el ejercicio del sa-

grado ministerio y que por lo tanto caen

bajo el secreto de su oficio espiritual.

3. Los clérigos y los religiosos no estarán

obligados a asumir cargos públicos o

funciones que, según las normas del

Derecho Canónico, sean incompatibles

con su estado.

Para poder ocupar otros empleos o

cargos públicos, necesitarán el Nihil

obstat de su Ordinario propio y del

Ordinario del lugar donde hubieren

de desempeñar su actividad. Revocado

el Nihil obstat, no podrán continuar

ejerciéndolos.

Artículo XIV

El uso del hábito eclesiástico o religioso

por personas eclesiásticas o religiosas a

quienes haya sido prohibido por orden

de las competentes Autoridades ecle-

siásticas, oficialmente comunicada a las

Autoridades del Estado, así como el uso

abusivo del mismo hábito por otras per-

sonas, será castigado con las mismas pe-

nas previstas para el caso de uso abusivo

del uniforme militar. Será castigado en

los mismos términos el ejercicio abusivo

de jurisdicción o funciones eclesiásticas.

Artículo XV

1. La República Dominicana reconoce

plenos efectos civiles a cada matrimonio

celebrado según las normas del Derecho

Canónico.

2. En armonía con las propiedades

esenciales del matrimonio católico

queda entendido que, por el propio

hecho de celebrar matrimonio católico,

los cónyuges renuncian a la facultad

civil de pedir el divorcio, que por esto

mismo no podrá ser aplicado por los

tribunales civiles a los matrimonios

canónicos.

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Artículo XVI

1. Las causas concernientes a la nulidad

del matrimonio canónico y la dispensa

del matrimonio rato y no consumado,

así como el procedimiento relativo al

Privilegio Paulino, quedan reservados

a los Tribunales y a los órganos

eclesiásticos competentes.

La Santa Sede consiente que las

causas matrimoniales de separación

de los cónyuges sean juzgadas por los

Tribunales civiles.

2. Las decisiones y sentencias de los

órganos y Tribunales eclesiásticos,

cuando sean definitivas, se elevarán

al Supremo Tribunal de la Signatura

Apostólica para su comprobación y se-

rán transmitidas después, con los res-

pectivos decretos de dicho Supremo Tri-

bunal, por vía diplomática al Tribunal

dominicano competente, que las hará

efectivas y mandará que sean anotadas

en los registros civiles al margen del acta

del matrimonio.

Artículo XVII

El Estado Dominicano garantiza

la asistencia religiosa a las fuerzas

armadas de tierra, mar y aire y a este

efecto se pondrá de acuerdo con la Santa

Sede para la organización de un cuerpo

de capellanes militares, con graduación

de oficiales, bajo la jurisdicción del

Arzobispo Metropolitano en lo que se

refiere a su vida y ministerio sacerdotal,

y sujetos a la disciplina de las fuerzas

armadas en lo que se refiere a su servicio

militar.

Artículo XVIII

El Estado tendrá por festivos:

1) los días de precepto establecidos en

toda la Iglesia por el Código de Derecho

Canónico, es decir:

— todos los domingos;

— las fiestas de Circuncisión (1 de enero),

Epifanía (día de Reyes, 6 de enero),

San José (19 de marzo), Ascensión,

Corpus Christi, Santos Apóstoles Pedro

y Pablo (29 de junio), Asunción (15

de agosto), Todos los Santos (1 de

noviembre), Inmaculada Concepción

(8 de diciembre), Navidad de Nuestro

Señor Jesucristo (25 de diciembre);

2) además los días de precepto estable-

cidos en la República Dominicana, es

decir:

— festividad de Ntra. Sra. de la Altagra-

cia (21 de enero);

— festividad de Ntra. Sra. de las Merce-

des (24 de septiembre).

El Estado dará en su legislación las fa-

cilidades necesarias para que los fieles

puedan cumplir en esos días sus deberes

religiosos.

Las Autoridades civiles, tanto naciona-

les como locales, velarán por la debida

observancia del descanso en los días

festivos.

Artículo XIX

1. El Gobierno Dominicano facilitará

la necesaria asistencia religiosa a los

establecimientos nacionales, como

son los colegios, los hospitales, los

asilos de ancianos o de niños, las

cárceles, etc.

710 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

A tal fin, si el establecimiento no tiene

capellán propio, el Estado permitirá el

libre acceso y el ejercicio de la asistencia

espiritual en dicho establecimiento al

párroco del lugar o al sacerdote encar-

gado por el Ordinario competente.

2. En los asilos, orfanatos, estableci-

mientos o instituciones oficiales de edu-

cación, corrección y reforma de menores

dependientes del Estado, se enseñará la

religión católica y se asegurará la prác-

tica de sus preceptos.

3. El Gobierno Dominicano, cuando

sea posible, confiará a religiosos y re-

ligiosas la dirección de los hospitales,

asilos y orfanatos y otras institucio-

nes nacionales de caridad. La Santa

Sede, por su parte, favorecerá tal pro-

yecto.

Artículo XX

1. La Iglesia podrá libremente fundar

Seminarios o cualesquiera otros

institutos de formación o de cultura

eclesiástica; su régimen no estará sujeto

a la fiscalización del Estado.

2. Los títulos, grados, certificados y

comprobaciones escolares otorgados

por tales centros tendrán la misma.

fuerza que los concedidos por los

establecimientos del Estado en el orden

correspondiente.

En vista de ello la Autoridad eclesiástica

comunicará a la competente Autoridad

del Estado los textos adoptados en

dichas instituciones para la enseñanza

de las disciplinas que no sean teológicas

y filosóficas.

3. Los grados académicos adquiridos

en las Universidades o Institutos

Pontificios de Altos Estudios

serán reconocidos en la República

Dominicana, para todos sus efectos

civiles, como los grados conferidos y

reconocidos por el Estado.

Artículo XXI

1. El Estado Dominicano garantiza a la

Iglesia Católica la plena libertad de esta-

blecer y mantener, bajo la dependencia

de la Autoridad eclesiástica, escuelas de

cualquier orden y grado. En considera-

ción de la utilidad social que de ellas de-

riva a la Nación, el Estado las amparará

y procurará ayudarlas también median-

te congruas subvenciones.

La enseñanza religiosa en dichas

escuelas siempre será organizada e

impartida libremente por la Autoridad

eclesiástica.

2. Los certificados y comprobaciones

escolares otorgados por los estableci-

mientos de enseñanza primaria depen-

dientes de la Autoridad eclesiástica ten-

drán la misma fuerza que los otorgados

por los correspondientes establecimien-

tos del Estado.

3. Los exámenes y pruebas de aprove-

chamiento para la concesión de certifi-

cados y títulos oficiales de estudio a los

alumnos de las escuelas secundarias y

normales dependientes de la Autoridad

eclesiástica se celebrarán, a petición de

ésta, en los mismos establecimientos,

por medio de comisiones especiales

compuestas, al menos parcialmente, por

docentes del plantel.

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Artículo XXII

1. La enseñanza suministrada por el

Estado en las escuelas públicas estará

orientada por los principios de la

doctrina y de la moral católicas.

2. En todas las escuelas públicas prima-

rias y secundarias se dará enseñanza

de la religión y moral católicas —según

programas fijados de común acuerdo

con la competente Autoridad eclesiás-

tica— a los alumnos cuyos padres, o

quienes hagan sus veces, no pidan por

escrito que sean exentos.

3. Para dicha enseñanza sólo se utiliza-

rán textos previamente aprobados por

la Autoridad eclesiástica, y el Estado

nombrará maestros y profesores que

tengan un certificado de idoneidad ex-

pedido por el Ordinario competente. La

revocación de tal certificado les priva,

sin más, de la capacidad para la ense-

ñanza religiosa.

En la designación de estos maestros y

profesores el Estado tendrá en cuenta

las sugestiones de la Autoridad ecle-

siástica y, en las escuelas secundarias

y normales, cuando haya sacerdotes y

religiosos en número suficiente y los pro-

ponga el Ordinario del lugar, les dará la

preferencia sobre los seglares.

4. El párroco, por sí o por su delegado,

tendrá acceso a las escuelas primarias

para dar lecciones catequísticas perió-

dicas.

5. Los Ordinarios de los lugares podrán

cerciorarse, por sí mismos o por sus de-

legados, mediante visitas a las escuelas,

del modo como se da la enseñanza de la

religión y moral.

6. El Estado cuidará de que en las

instituciones y servicios de información

que estén a su cargo, y en particular

en los programas de radio-difusión y

televisión, se dé el conveniente puesto

a la exposición y defensa de la verdad

religiosa, por medio de sacerdotes y

religiosos designados de acuerdo con el

Ordinario competente.

Artículo XXIII

1. El Estado Dominicano reconoce

a las instituciones y asociaciones

religiosas, de quienes trata el art. IV, la

plena capacidad de adquirir, poseer y

administrar toda clase de bienes.

2. La gestión ordinaria y extraordinaria

de los bienes pertenecientes a entidades

eclesiásticas o asociaciones religiosas

y la vigilancia e inspección de dicha

gestión de bienes corresponderán a las

Autoridades competentes de la Iglesia.

3.La República Dominicana reconoce

y garantiza la propiedad de la Iglesia

sobre los bienes muebles e inmuebles que

el Estado reconoció como pertenecientes

a ella con la Ley n. 117 del 20 de abril

de 1931, aclarada por Ley n. 390 del

16 de septiembre de 1943, así como

de los bienes que, después de tal fecha,

la Iglesia ha legítimamente adquirido

o adquiera, incluidos los que han

sido o sean declarados monumentos

nacionales.

La República Dominicana declara

propiedad de la Iglesia también todos

712 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

los templos y otros edificios con fines

eclesiásticos que el Estado ha venido

construyendo desde el año 1930 y

construya en adelante.

4.La Iglesia puede recibir cualquiera

donación destinada a la realización de

sus fines, y organizar colectas especial-

mente en el interior o a la puerta de los

templos y de los edificios y lugares que

le pertenezcan.

Artículo XXIV

1. Los edificios sagrados, los Seminarios

y otros edificios destinados a la formación

del clero, los edificios de propiedad de la

Iglesia empleados en fines de utilidad pú-

blica, las residencias de los Obispos y de

los ministros del culto, cuando sean pro-

piedad de la Iglesia, estarán exentos de

cualquier impuesto o contribución.

Queda expresamente convenido que

los bienes, cuya propiedad adquiera

la Iglesia por donación entre vivos o

por disposición testamentaria, estarán

exentos de los impuestos de donación o

de sucesión, siempre que los bienes reci-

bidos en esa forma, se destinen a un fin

propio del culto o de utilidad pública

por voluntad del donante o del testante

o por ulterior disposición de la Autori-

dad eclesiástica competente.

2. Los bienes eclesiásticos no compren-

didos en el número precedente no po-

drán ser gravados con impuestos ni con-

tribuciones especiales.

3. Los eclesiásticos estarán exentos de

cualquier impuesto o contribución en ra-

zón del ejercicio de su ministerio espiritual.

4. Los Ordinarios de los lugares y los

rectores de parroquias gozarán de

franquicia postal y telegráfica en su

correspondencia oficial en el País.

5. Los edictos y avisos que se refieren

al ministerio sagrado, fijados en las

puertas de los templos, estarán exentos

de cualquier impuesto o contribución.

Artículo XXV

El Estado garantiza el derecho de libre

organización y funcionamiento de las

asociaciones católicas con fin religioso,

social y caritativo, y en particular de las

asociaciones de Acción Católica bajo la

dependencia de los Ordinarios de los

lugares.

Artículo XXVI

Los domingos y fiestas de precepto, así

como los días de Fiesta Nacional en to-

das las Iglesias Catedrales, Prelaticias

y parroquiales de la República Domi-

nicana se rezará o cantará al final de

la función litúrgica principal una ora-

ción por la prosperidad de la República

y de su Presidente.

Artículo XXVII

Las demás materias relativas a personas

o cosas eclesiásticas que no hayan sido

tratadas en los artículos precedentes

serán arregladas según el Derecho

Canónico vigente.

Si en el porvenir surgiere alguna duda

o dificultad sobre la interpretación del

presente Concordato, o fuere necesario

arreglar cuestiones relativas a personas

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 713

o cosas eclesiásticas, que no hayan sido

tratadas en los artículos precedentes

y que toquen también el interés del

Estado, la Santa Sede y el Gobierno

Dominicano procederán de común

inteligencia a solucionar amigablemente

la diferencia.

2. Pretensiones del accionante

2.1. El señor José Cristóbal Flores de la Hoz

mediante instancia, del veinticinco (25) de

enero de dos mil once (2011), pretende que

se declare la inconstitucionalidad de los ar-

tículos 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del

Concordato rmado entre la Santa Sede y

el Estado dominicano, el dieciséis (16) de

junio de mil novecientos cincuenta y cua-

tro (1954), aprobado mediante Resolución

núm. 3874, dictada el diez (10) de julio de

mil novecientos cincuenta y cuatro (1954).

3. Infracciones constituciones alegadas

El impetrante invoca la declaratoria de in-

constitucionalidad de la norma cuestiona-

da, por considerar que viola los artículos 1,

2, 3, 4, 6, 7, 8, 39, 45, 50, 55 y 68 de la

Constitución. El contenido de estos textos

constitucionales es el siguiente:

Artículo 1.- Organización del Estado. El

pueblo dominicano constituye una Na-

ción organizada en Estado libre e inde-

pendiente, con el nombre de República

Dominicana.

Artículo 2.- Soberanía popular. La so-

beranía reside exclusivamente en el pue-

blo, de quien emanan todos los poderes,

los cuales ejerce por medio de sus repre-

sentantes o en forma directa, en los tér-

minos que establecen esta Constitución

y las leyes.

Artículo 3.- Inviolabilidad de la sobe-

ranía y principio de no intervención.

La soberanía de la Nación dominicana,

Estado libre e independiente de todo

poder extranjero, es inviolable. Ningu-

no de los poderes públicos organizados

por la presente Constitución puede rea-

lizar o permitir la realización de actos

que constituyan una intervención direc-

ta o indirecta en los asuntos internos o

externos de la República Dominicana o

una injerencia que atente contra la per-

sonalidad e integridad del Estado y de

los atributos que se le reconocen y con-

sagran en esta Constitución. El princi-

pio de la no intervención constituye una

norma invariable de la política interna-

cional dominicana.

Artículo 4.- Gobierno de la Nación y

separación de poderes. El gobierno de

la Nación es esencialmente civil, repu-

blicano, democrático y representativo.

Se divide en Poder Legislativo, Poder

Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres

poderes son independientes en el ejerci-

cio de sus respectivas funciones. Sus en-

cargados son responsables y no pueden

delegar sus atribuciones, las cuales son

únicamente las determinadas por esta

Constitución y las leyes.

Artículo 6.- Supremacía de la Constitu-

ción. Todas las personas y los órganos

que ejercen potestades públicas están

sujetos a la Constitución, norma su-

prema y fundamento del ordenamiento

jurídico del Estado. Son nulos de pleno

derecho toda ley, decreto, resolución,

714 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

reglamento o acto contrarios a esta

Constitución.

Artículo 7.- Estado Social y Democrático

de Derecho. La República Dominicana

es un Estado Social y Democrático

de Derecho, organizado en forma de

República unitaria, fundado en el

respeto de la dignidad humana, los

derechos fundamentales, el trabajo, la

soberanía popular y la separación e

independencia de los poderes públicos.

Artículo 8.- Función esencial del Esta-

do. Es función esencial del Estado, la

protección efectiva de los derechos de

la persona, el respeto de su dignidad y

la obtención de los medios que le permi-

tan perfeccionarse de forma igualitaria,

equitativa y progresiva, dentro de un

marco de libertad individual y de justi-

cia social, compatibles con el orden pú-

blico, el bienestar general y los derechos

de todos y todas.

Artículo 39.- Derecho a la igualdad. To-

das las personas nacen libres e iguales

ante la ley, reciben la misma protección

y trato de las instituciones, autoridades

y demás personas y gozan de los mis-

mos derechos, libertades y oportuni-

dades, sin ninguna discriminación por

razones de género, color, edad, discapa-

cidad, nacionalidad, vínculos familia-

res, lengua, religión, opinión política o

filosófica, condición social o personal.

En consecuencia:

1) La República condena todo

privilegio y situación que tienda

a quebrantar la igualdad de las

dominicanas y los dominicanos,

entre quienes no deben existir otras

diferencias que las que resulten de sus

talentos o de sus virtudes;

2) Ninguna entidad de la República

puede conceder títulos de nobleza ni

distinciones hereditarias;

3) El Estado debe promover las condi-

ciones jurídicas y administrativas para

que la igualdad sea real y efectiva y

adoptará medidas para prevenir y com-

batir la discriminación, la marginali-

dad, la vulnerabilidad y la exclusión;

4) La mujer y el hombre son iguales

ante la ley. Se prohíbe cualquier acto

que tenga como objetivo o resultado me-

noscabar o anular el reconocimiento,

goce o ejercicio en condiciones de igual-

dad de los derechos fundamentales de

mujeres y hombres. Se promoverán las

medidas necesarias para garantizar la

erradicación de las desigualdades y la

discriminación de género;

5) El Estado debe promover y garantizar

la participación equilibrada de mujeres

y hombres en las candidaturas a los

cargos de elección popular para las

instancias de dirección y decisión en el

ámbito público, en la administración de

justicia y en los organismos de control

del Estado.”

Artículo 45.- Libertad de conciencia

y de cultos. El Estado garantiza la

libertad de conciencia y de cultos, con

sujeción al orden público y respeto a las

buenas costumbres.

Artículo 50.- Libertad de empresa. El

Estado reconoce y garantiza la libre

empresa, comercio e industria. Todas

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 715

las personas tienen derecho a dedicarse

libremente a la actividad económica de

su preferencia, sin más limitaciones que

las prescritas en esta Constitución y las

que establezcan las leyes.

1) No se permitirán monopolios, salvo

en provecho del Estado. La creación

y organización de esos monopolios

se hará por ley. El Estado favorece y

vela por la competencia libre y leal

y adoptará las medidas que fueren

necesarias para evitar los efectos nocivos

y restrictivos del monopolio y del abuso

de posición dominante, estableciendo

por ley excepciones para los casos de la

seguridad nacional;

2) El Estado podrá dictar medidas

para regular la economía y promover

planes nacionales de competitividad e

impulsar el desarrollo integral del país;

3) El Estado puede otorgar concesiones

por el tiempo y la forma que determine

la ley, cuando se trate de explotación de

recursos naturales o de la prestación de

servicios públicos, asegurando siempre

la existencia de contraprestaciones o

contrapartidas adecuadas al interés

público y al equilibrio medioambiental.

Artículo 55.- Derechos de la familia. La

familia es el fundamento de la sociedad

y el espacio básico para el desarrollo

integral de las personas. Se constituye

por vínculos naturales o jurídicos, por

la decisión libre de un hombre y una

mujer de contraer matrimonio o por la

voluntad responsable de conformarla.

1) Toda persona tiene derecho a cons-

tituir una familia, en cuya formación y

desarrollo la mujer y el hombre gozan

de iguales derechos y deberes y se deben

comprensión mutua y respeto recíproco;

2) El Estado garantizará la protección

de la familia. El bien de familia es ina-

lienable e inembargable, de conformi-

dad con la ley;

3) El Estado promoverá y protegerá la

organización de la familia sobre la base

de la institución del matrimonio entre

un hombre y una mujer. La ley estable-

cerá los requisitos para contraerlo, las

formalidades para su celebración, sus

efectos personales y patrimoniales, las

causas de separación o de disolución, el

régimen de bienes y los derechos y debe-

res entre los cónyuges;

4) Los matrimonios religiosos tendrán

efectos civiles en los términos que esta-

blezca la ley, sin perjuicio de lo dispues-

to en los tratados internacionales;

5) La unión singular y estable entre un

hombre y una mujer, libres de impedi-

mento matrimonial, que forman un ho-

gar de hecho, genera derechos y deberes

en sus relaciones personales y patrimo-

niales, de conformidad con la ley;

6) La maternidad, sea cual fuere la con-

dición social o el estado civil de la mujer,

gozará de la protección de los poderes

públicos y genera derecho a la asisten-

cia oficial en caso de desamparo;

7) Toda persona tiene derecho al reco-

nocimiento de su personalidad, a un

nombre propio, al apellido del padre y

de la madre y a conocer la identidad de

los mismos;

716 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

8) Todas las personas tienen derecho

desde su nacimiento a ser inscritas gra-

tuitamente en el registro civil o en el libro

de extranjería y a obtener los documen-

tos públicos que comprueben su identi-

dad, de conformidad con la ley;

9) Todos los hijos son iguales ante la

ley, tienen iguales derechos y deberes

y disfrutarán de las mismas oportuni-

dades de desarrollo social, espiritual y

físico. Se prohíbe toda mención sobre

la naturaleza de la filiación en los re-

gistros civiles y en todo documento de

identidad;

10) El Estado promueve la paternidad

y maternidad responsables. El padre y

la madre, aun después de la separación

y el divorcio, tienen el deber compartido

e irrenunciable de alimentar, criar, for-

mar, educar, mantener, dar seguridad y

asistir a sus hijos e hijas. La ley estable-

cerá las medidas necesarias y adecua-

das para garantizar la efectividad de

estas obligaciones;

11) El Estado reconoce el trabajo del

hogar como actividad económica que

crea valor agregado y produce riqueza

y bienestar social, por lo que se incorpo-

rará en la formulación y ejecución de las

políticas públicas y sociales;

12) El Estado garantizará, mediante

ley, políticas seguras y efectivas para la

adopción;

13) Se reconoce el valor de los

jóvenes como actores estratégicos en

el desarrollo de la Nación. El Estado

garantiza y promueve el ejercicio

efectivo de sus derechos, a través de

políticas y programas que aseguren de

modo permanente su participación en

todos los ámbitos de la vida nacional

y, en particular, su capacitación y su

acceso al primer empleo.”

Artículo 68.- Garantías de los derechos

fundamentales. La Constitución garan-

tiza la efectividad de los derechos fun-

damentales, a través de los mecanismos

de tutela y protección, que ofrecen a la

persona la posibilidad de obtener la

satisfacción de sus derechos, frente a

los sujetos obligados o deudores de los

mismos. Los derechos fundamentales

vinculan a todos los poderes públicos,

los cuales deben garantizar su efectivi-

dad en los términos establecidos por la

presente Constitución y por la ley.

4. Hechos y argumentos jurídicos del

accionante

El accionante, señor José Cristóbal Flores

de la Hoz, pretende que se acoja la presen-

te acción directa de inconstitucionalidad y

alega, para justicar dicha pretensión, lo

siguiente:

(…) el reconocimiento de prerrogativas

y jurisdicción a la Iglesia Católica. En

efecto, el artículo 1 del Concordato

reconoce, aparte de la confesionalidad,

los derechos y prerrogativas de la

Religión católica. En el artículo 3 del

Concordato se reconoce a la Iglesia

Católica como tal y se le garantiza el

ejercicio de su poder espiritual y de su

jurisdicción. En el artículo 4 se reconoce

personalidad jurídica a todas las

instituciones y asociaciones religiosas,

existentes en la República Dominicana

a la entrada en vigor del presente

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 717

Concordato, constituidas según el

Derecho Canónico. En el articulo 18,

el Estado acepta como festivos los días

que establezca la Iglesia asumiendo,

y aquí está la prerrogativa de Derecho

público a mi juicio, la obligación de

las autoridades civiles de velar por

la debida observancia del descanso

en los días festivos (es decir, que una

ley eclesiástica se asume como norma

jurídica estatal).

El artículo 6, trata de la organización

y circunscripciones diocesanas y el

artículo 7 numeral 1 y 2 prevé la

obligación del Estado de construir la

Iglesia Catedral y los edificios para

el obispo o prelado y de proveer a

las necesidades económicas de la

Arquidiócesis y Diócesis existentes y las

que se erijan en el futuro. Sin embargo, la

nota caracterizante de lo que intentamos

demostrar, es el reconocimiento de

efectos civiles al matrimonio canónico

que resulta ser obligatorio para los

católicos; y la competencia de los

Tribunales eclesiásticos en las causas

relativas a separación, nulidad, etc.,

del propio matrimonio (artículos 15

y 16 del Concordato); y el articulo 22

concede a los Ordinarios nada menos

que la misión de vigilancia (atribución

por consiguiente de una facultad, de una

prerrogativa estatal) sobre los centros

docentes públicos y privados, en lo que

concierne a la pureza de la educación

desde esquemas de la práctica católica.

Este articulo atenta contra los preceptos

1, 2, 3, 6, 7, 8, 39 y 45 de la nueva

constitución, en razón de que consagra

un odioso y discriminatorio privilegio

de una tendencia o de unas ideas

religiosas sobre otras, desconociendo:

1. El pluralismo ideológico, cultural,

político y religioso existente en la

República; 2. La unidad de la República

en cuanto a ente jurídico se refiere, pues

afecta su autonomía colocando a la

Iglesia -Apostólica Romana no sólo

como la religión oficial del Estado, sino

incluso por encima del Estado mismo,

al supeditar la actividad estatal al

concepto religioso de la citada iglesia;

3. Establece una dualidad en materia

de soberanía y permite la injerencia de

la persona jurídica denominada Iglesia

Católica, Apostólica y Romana, cuyo

representante legal es el Sumo Pontífice

gobernante del Estado Vaticano, en los

asuntos internos, es decir que la Ley

consagra la confesionalidad del Estado

dominicano, cuando la constitución la

rechaza, al disponer expresamente la

libertad de cultos.

Es importante observar que siendo el

Estado dominicano un Estado laico,

no puede tener preferencia por religión

alguna, pues todas las confesiones

religiosas son iguales ante la ley

conforme con el artículo 39 de la nueva

constitución. Igualmente hay que

reconocer que en nuestro ordenamiento

constitucional hay una separación entre

el Estado y las iglesias, porque el Estado

es laico. Ahora bien, esa laicidad del

Estado Dominicano no implica el

desconocimiento de las religiones, y

por el contrario, de este se desprenden

un conjunto de valores y principios de

contenido constitucional; entre otros, que

el Estado es ontológicamente pluralista

y que reconoce a todas las religiones

en término de igualdad. Por lo tanto,

no puede consagrar al mismo tiempo

718 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

una iglesia oficial o darle preeminencia

a alguna de ellas. Debe declararse

ideológicamente neutral y renunciar

a cualquier forma de adoctrinamiento

ideológico, a fin de respetar el abanico

de opciones ideológicas y religiosas

que surjan en la sociedad de manera

espontánea.

El concordato además de violar las

disposiciones relativas a la igualdad

religiosa y la libertad de conciencia y

culto, constituye una contrariedad a

la unidad de la República que como

ente jurídico se refiere, pues afecta

su autonomía colocando a la Iglesia

Apostólica Romana no sólo como

la religión oficial del Estado, sino

incluso por encima del Estado mismo,

al supeditar la actividad estatal al

concepto religioso de la citada iglesia y

ello es una violación de los artículos 1, 2

y 3 de la constitución.

(…) viola el artículo 4 al establecer

una pretendida autonomía de la

jurisdicción eclesiástica, ajena al

ordenamiento dominicano, pues no

existen en nuestro ordenamiento más

que tres poderes: el poder ejecutivo,

el legislativo y el poder judicial. Ello

no es más que la conculcación del

principio de División de Poderes según

el cual el Poder Ejecutivo administra,

el Poder Legislativo legisla cuidando

de no vulnerar la Ley Suprema y el

Poder Judicial juzga, custodiando

la seguridad jurídica y las garantías

constitucionales. También viola dicha

disposición el artículo 6 que declara

la supremacía de la constitución, al

establecer una jurisdicción diferente a la

establecida por la constitución.

Este artículo vulnera los artículos 2, 7,

8, 45, y 50-1 al restringir la soberanía

del Estado dominicano hasta el punto

de que para otorgar o reconocer una

personería jurídica a una entidad

religiosa se requiere una autorización

de la Entidad Católica, Apostólica y

Romana, o sea que la única Iglesia

que puede introducir comunidades

o entidades eclesiásticas en el país es

ésa. Se establece un privilegio que viola

el artículo 50-1 de la constitución al

permitir una especie de monopolio en

las autorizaciones religiosas a cargo de

la iglesia católica.

Este artículo contiene los lineamientos

generales para que las diferentes

confesiones en el desarrollo de sus

creencias puedan organizarse frente

al Estado. Lo primero que podemos

advertir es que se restringe la soberanía

del Estado dominicano hasta el punto

de que para otorgar o reconocer una

personería jurídica a una entidad

religiosa se requiere una autorización

de la Entidad Católica, Apostólica y

Romana, o sea que la única Iglesia

que puede introducir comunidades

o entidades eclesiásticas en el país es

ésa, violando con ello el artículo 2 de

la constitución relativo a la soberanía

y un franco avance sobre el artículo

3 al permitir la injerencia de la ley

católica en temas que son propios del

Estado dominicano. ¿Cómo es posible

que si las demás confesiones religiosas

no cumplen con los rigores canónicos

propios de la Iglesia Católica, no

puedan ser aceptados como tales?.

Este artículo en su párrafo 2, adolece

de inconstitucionalidad por facilitar

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 719

la intervención y participación del

Estado en el avance territorial en la

noción de la fe católica, permitiendo la

hegemonía religiosa que discrimina a

los ciudadanos, con lo que se afecta la

igualdad religiosa.

Además, al consagrar la elevación de

diócesis, se elevan también los cargos

económicos a cargo del Estado para

lo cual debe consolidarse la erogación

presupuestal de la Nación, violando el

pluralismo ideológico y la autonomía

del Estado. Todo ello compromete y

viola las disposiciones de los artículos

3, 39 y 45 de la nueva constitución.

Estos artículos 7, 19, 20, 21 y 22 per-

miten la concentración de la educación

del pueblo dominicano en manos de la

iglesia y al mismo tiempo le otorga exor-

bitantes privilegios a la iglesia. Además

van en detrimento de “la libertad de

culto” que consagra el artículo 45 de la

Constitución.

En el artículo 7 se consagra la obligato-

riedad para el Estado de contribuir con

fondos del presupuesto nacional al sos-

tenimiento de los planteles católicos, lo

que equivale, por un lado, a la confesio-

nalidad del Estado, lo que contradice

el artículo 45 de la nueva constitución

que implica la laicidad del Estado y

de otro, establecer una discriminación

frente a colegios de otras religiones dis-

tintas a la católica, violando con ello el

artículo 39 de la nueva constitución. El

financiamiento que hace el Estado a las

actividades de la Iglesia Católica sólo

puede concebirse de dos formas: como

servicios públicos o actividades de in-

terés general con la consiguiente confu-

sión entre fines estatales y los fines reli-

giosos de la Iglesia Católica, prohibida

por el principio de laicidad del Estado

dominicano o bien que no son ni lo uno

ni lo otro.

En la que respecta a la educación, el

concordato establece un monopolio de

la educación, discriminando las otras

confesiones religiosas, al tiempo que

transgrede la libertad de culto y religión

(artículo 45 de la nueva constitución)

que Tienen todos los ciudadanos. Para

una mejor comprensión de este aspecto

es preciso considerar las previsiones que

contiene la nueva constitución. En efecto

el artículo 68 numeral 2, dispone que la

familia “es responsable de la educación

de sus integrantes y tiene derecho a

escoger el Tipo de educación de sus

hijos.

Hay que recordar que el artículo 45 de

la nueva constitución consagra la li-

bertad de culto. Si combinamos ambos

textos constitucionales tendremos que

la educación ‘debe ser entendida en dos

vertientes: primero como un derecho de

las familias, es decir de los padres de

familia, a escoger el tipo de educación

de sus hijos y por otro lado, el derecho

a la educación religiosa, sin imposición,

como consecuencia directa de la liber-

tad religiosa. De ahí que en materia de

educación el Estado debe: a) reconocer

a toda persona el derecho fundamental

de libertad religiosa y de educación re-

ligiosa, reconocimiento que incluye los

derechos de las iglesias y confesiones

religiosas: b) reconocer a los padres el

derecho de escoger el tipo de educación

para sus hijos; c) el deber de ofrecer en

los establecimientos públicos educación

720 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

religiosa; y d) reconocer el derecho a

todo ciudadano a no ser obligado a re-

cibir educación.

La obligatoriedad de que exista edu-

cación religiosa en los establecimientos

públicos también encuentra sustento

en el derecho de libertad religiosa y en

el principio de libertad religiosa. ¿Qué

exige este derecho y este principio? El

derecho de libertad religiosa exige que

ninguna persona, mayor de edad o me-

nor con autorización o por petición de

sus padres, sea obligada a recibirla. El

principio de libertad religiosa exige que

se ofrezca educación religiosa y moral,

bien sea educación religiosa y moral

católica, si la mayoría de los padres de

esos alumnos son católicos, o educación

religiosa y moral para alumnos pertene-

cientes a distintas iglesias y confesiones

religiosas.

La inconstitucionalidad resulta, ade-

más, del hecho de que la enseñanza

religiosa no forma parte del derecho a

la educación, de carácter prestacional,

sino del contenido de un derecho-liber-

tad. También, la aportación económica

unida a la formula de nombramiento y

cese del profesorado, configuran a esa

enseñanza, tarea eminentemente ecle-

sial y pastoral como tarea del Estado

originando el tipo de confusión que el

Estado laico es incompatible. Los pro-

fesores realizan una tarea eclesial, la

enseñanza y difusión de la doctrina

católica, por cuenta de la Iglesia Ca-

tólica y a su servicio, pero dependen

económicamente y jurídico-laboral del

Estado. La contradicción es evidente.

Esta formula no es compatible ni con la

neutralidad ni con la separación, coli-

sionando frontalmente con la laicidad

del Estado.

Este artículo ratifica el rosario de privi-

legios otorgados a la Iglesia Católica, y

en el caso en particular del artículo 11

se pretende sustraer del ordenamiento

nacional a los miembros de la Iglesia

Católica al someterlo a la legislación

canónica, otorgando prevalencia al

derecho canónico, lo que equivale a

violar la soberanía nacional (articulo

3) de la nueva constitución y admitir

la injerencia del Vaticano en asunto in-

ternos, además de violar el principio de

igualdad, que establece que todas las

personas son iguales ante la ley, deben

recibir la misma protección y trato de

las instituciones, autoridades y demás

personas sin discriminación por razo-

nes de género, color, edad, discapaci-

dad, nacionalidad, vínculos familia-

res, lengua, religión, opinión política o

filosófica, condición social o personal,

al mismo que tiempo que condena todo

privilegio que quebrante la igualdad y

obliga al Estado promover las condi-

ciones para que la igualdad sea real y

efectiva y a adoptar las medidas para

prevenir y combatir la discriminación

la marginalidad, la vulnerabilidad y

la exclusión.

Este artículo es inconstitucional porque

no es competencia de la Iglesia Católica

tipificar ni imponer penas a conductas

no establecidas por la ley penal y por

extender por analogía una pena, en

este caso el uso del uniforme militar.

Además, viola el artículo 40 inciso

13 que dispone que nadie puede ser

condenado o sancionado por acciones

u omisiones que en el momento de

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 721

producirse no constituyan infracción

penal o administrativa.

Que “el matrimonio es la base de la

familia dominicana (articulo 55-3).

Nuestro ordenamiento reconoce dos ti-

pos de matrimonios: el civil y el católico

o canónico, que aunque es el de la ma-

yoría no es el único, ya que además de

la religión católica coexisten otras con-

fesiones religiosas como las evangélicas

o protestantes”.

El Estado reconoce por medio del con-

cordato que el contrato matrimonial

puede celebrarse ante la Iglesia Católica,

atribuyéndole efectos civiles mediante

la inscripción en el registro civil mat el

carácter pluralista de la nueva consti-

tución exige que el estado dominicano

recobre su potestad soberana, exclusiva

y excluyente, como lo manda el artículo

55 inciso 3 de la nueva constitución 19,

para regular el matrimonio, sus formas,

sus efectos jurídicos, régimen de separa-

ción y disolución del vínculo, derechos

y deberes de los cónyuges, en fin, los

efectos civiles de todos los matrimonios

celebrados de acuerdo con la ley civil o

con las normas religiosas de los contra-

yentes. En efecto, el artículo 55 inciso 3

confiere al Estado la potestad exclusiva

de reglamentar todo lo relativo al matri-

monio, sus formas, rito, naturaleza, efec-

tos, nulidad y disolución sin importar

las convicciones y creencias religiosas

de los contrayentes, sin menoscabar la

libertad de los ciudadanos de acudir a

la forma religiosa de su conveniencia o

predilección en respeto a las disposicio-

nes relativas a la libertad de conciencia y

culto imonio canónico de la certificación

que expida el funcionario eclesiástico.

5. Intervencionesociales

5.1. Opinión del procurador general de

la República

El procurador general de la República de-

posito opinón del presente expediente

mediante instancia, de dos (2) de junio de

dos mil once (2011), en la cual solicita lo

siguiente:

Unico: Que procede declarar inadmisible

la acción directa de inconstitucionalidad

interpuesta contra la Resolución del Con-

greso Nacional No. 3874, dictada el 10 de

julio de 1954 que aprueba el Concordato

firmado entre la Santa Sede y el Estado

Dominicano, el 16 de junio de 1954.

Dichas pretensiones se justifican en lo

siguiente:

A que conforme consta en la instancia

que contiene la presente acción directa

de inconstitucionalidad, la misma tiene

por objeto la Res. No. 3878 del 16 de

junio 1954 como aquella mediante la

cual el Senado de la República aprobó

el Concordato suscrito el 16 de junio

de 1954 entre el Estado Dominicano

y la Santa Sede; sin embargo, resulta

evidente que al respecto se incurrió en un

error material consistente en confundir

la Resolución arriba indicada con la No.

3874 de esa misma fecha, que es la que

en realidad tiene esa finalidad, toda vez

que la No. 3878 tiene por objeto aprobar

la Resolución del Ayuntamiento de

Hato Mayor sobre la venta de un solar

propiedad de la Común.

A que de conformidad con el criterio sen-

tado y mantenido de manera constante

722 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

por ese alto tribunal para interponer una

acción directa de inconstitucionalidad,

en virtud del 184 de la Constitución de la

República es necesario que el impetrante

ostente la calidad de parte interesada,

para lo cual es necesario que demuestre

ser titular de un interés legítimo, jurídi-

camente protegido, cuya violación por la

norma o disposición impugnada le haya

causado un perjuicio, lo que no se advier-

te en el caso de la especie.

A que la Convención de Viena sobre el

derecho de los tratados establece el pro-

cedimiento a seguir para la denuncia y

modificación de estos instrumentos, al

tiempo que prohíbe esgrimir una dispo-

sición de carácter interno para eximirse

de las obligaciones contraídas por los

estados, que deben ser cumplidas de

buena fe en virtud del principio “pacta

sum servanda”.

A que en relación a la Resolución ahora

impugnada es necesario consignar que

con anterioridad la Suprema Corte de

Justicia conoció y decidió de un recurso

de inconstitucionalidad con el mismo

objeto y por su sentencia constitucional

de fecha 22 de octubre de 2008 consi-

deró que la Resolución No. 3874 del 16

de junio de 1954 no es contraria al ar-

tículo 3, al primer párrafo del artículo

8, al inciso 5 del artículo 8; inciso 8 del

artículo 8, al artículo 9 párrafo b, al ar-

tículo 100 y 110 de la Constitución de la

República, así como a los artículos 2, 18

y 26 de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos del 10 de diciembre

de 1948; y 12 de la Convención Ameri-

cana de los Derechos Humanos, apro-

bada el 18 de julio de 1978, razón por la

cual declaró dicha Resolución conforme

con la Constitución de la República y re-

chazó la acción interpuesta.

A que de conformidad con lo dispuesto

por el Art. 277 de la Constitución de la

República del 26 de enero de 2010, “To-

das las decisiones judiciales que hayan

adquirido la autoridad de la cosa irre-

vocablemente juzgada, especialmente las

dictadas en ejercicio del control directo

de la constitucionalidad por la Suprema

Corte de Justicia, hasta el momento de

la proclamación de la presente Constitu-

ción, no podrán ser examinadas por el

Tribunal Constitucional y las posteriores

estarán sujetas al procedimiento que de-

termine la ley que rija la materia.

A que en tal virtud, y con total indepen-

dencia de las consideraciones que pue-

dan merecer los criterios en que se fun-

damenta la presente acción así como de

las opiniones que tanto la jurisprudencia

como la doctrina de mayor aceptación

han descrito en relación a que la jurisdic-

ción constitucional pueda ó no pronun-

ciarse sobre la constitucionalidad de una

norma previamente declarada conforme

con la Constitución de la República, en

cuanto al caso de la especie un mandato

expreso del texto sustantivo prohíbe a la

jurisdicción constitucional dominicana

conocer de la presente acción directa de

inconstitucionalidad.

II. CONSIDERACIONES Y

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

6. Competencia

6.1. Este Tribunal es competente para co-

nocer de las acciones de inconstitucionali-

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 723

dad, en virtud de lo que disponen los artí-

culos 185.1 de la Constitución Política del

Estado y el 9 y 36 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de

los Procedimientos Constitucionales.

6.2. En el 185.1 se establece que el Tri-

bunal Constitucional es competente para

conocer, en única instancia, de las ac-

ciones directas en inconstitucionalidad

contra las leyes, decretos, reglamentos,

resoluciones y ordenanzas a instancias del

presidente de la República, de una tercera

parte de los miembros del Senado o de la

Cámara de Diputados y de cualquier per-

sona con interés legítimo y jurídicamente

protegido.

7. Legitimación activa o calidad del

accionante

Al analizar la cuestión relativa a la legitima-

ción el tribunal responderá el medio de in-

admisión invocado por la Procuraduría Ge-

neral de la República, medios que tiene dos

fundamentos: a. la ausencia de legitimación

del accionantte y b. la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada.

7.1. Sobre la legitimación para accionar en

inconstitucionalidad el artículo 185, nu-

meral 1, de la Constitución de la República

dispone que:

Las acciones directas de inconstitu-

cionalidad contra las leyes, decretos,

reglamentos, resoluciones y ordenan-

zas, a instancia del Presidente de la

República, de una tercera parte de los

miembros del Senado o de la Cámara

de Diputados y de cualquier persona

con interés legítimo y jurídicamente

protegido.

De igual forma, el artículo 37 de la Ley

núm. 137-11 establece que:

La acción directa en inconstitucionali-

dad podrá ser interpuesta, a instancia

del Presidente de la República, de una

tercera parte de los miembros del Sena-

do o de la Cámara de Diputados y de

cualquier persona con un interés legíti-

mo y jurídicamente protegido.

7.2. En virtud de los textos transcritos an-

teriormente, este Tribunal Constitucional

considera que

(…) la legitimación procesal activa

o calidad de cualquier persona que

interponga una acción directa de in-

constitucionalidad, como su interés

jurídico y legítimamente protegido, se

presumirán en consonancia a lo pre-

visto en los artículos 2, 6, 7 y 185.1 de

la Constitución dominicana. Esta pre-

sunción, para el caso de las personas

físicas, estará sujeta a que el Tribunal

identifique que la persona goza de sus

derechos de ciudadanía. En cambio,

cuando se trate de personas jurídicas,

dicha presunción será válida siempre

y cuando el Tribunal pueda verificar

que se encuentran constituidas y re-

gistradas de conformidad con la ley

y, en consecuencia, se trate de una

entidad que cuente con personería ju-

rídica y capacidad procesal para ac-

tuar en justicia, lo que constituye un

presupuesto a ser complementado con

la prueba de una relación existente

entre su objeto o un derecho subjetivo

del que sea titular y la aplicación de

la norma atacada, justificando, en la

línea jurisprudencial ya establecida

por este Tribunal, legitimación activa

724 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

para accionar en inconstitucionalidad

por apoderamiento directo. (Véase la

Tentencia TC/0345/19)

7.3. En este sentido, el accionante, se-

ñor José Cristóbal Flores de la Hoz, tiene

calidad para interponer la presente acción

directa de inconstitucional, en la medida

de que es ciudadano dominicano y se en-

cuentra en pleno ejercicio de sus derechos

de ciudadanía, ya que en el expediente no

consta ningún documento que permita in-

ferir lo contrario. De manera que, contra-

rio a lo alegado por la Procuraduría General

de la República, en coherencia con la línea

jurisprudencia desarrollada en la materia

por el Tribunal Constitucional, el accio-

nante no tiene que demostrar que tiene un

interés legítimo y jurídicamente protegido.

8. Inadmisibilidad de la acción directa

de inconstitucionalidad

8.1. En el presente caso, el señor José Cris-

tóbal Flores de la Hoz aduce la inconstitu-

cionalidad de los artículos 1, 3, 4, 6, 9, 11,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26

y27delConcordatormadoentrelaSanta

Sede y el Estado dominicano, el dieciséis

(16) de junio de mil novecientos cincuenta

y cuatro (1954), aprobado mediante Reso-

lución núm. 3874, dictada el diez (10) de

julio de mil novecientos cincuenta y cuatro

(1954) y, por tanto, solicita que se declare

la nulidad de los artículos citados.

8.2. Como se observa, el objeto de la acción

de inconstitucionalidad recae en contra de

un Acuerdo o Tratado Internacional1 sus-

1 Resulta que los tratados internacionales son instrumentos

multilaterales regularmente celebrados entre dos o más

estados,conlanalidaddequeloconvenidoenelmismo

crito entre dos estados, particularmente,

entre el Estado del Vaticano y el Estado do-

minicano, por lo que, se hace necesario que

este Tribunal Constitucional evalue si este

tipo de actos se encuentra dentro de aque-

llos señalados por los artículos 185.1 de la

Constitución y 36 de la Ley núm. 137-11,

Organica del Tribunal Constitcional y de

los Procedimientos Constitucionales.

8.3. El control de constitucionalidad de los

tratados internacionales se encuentra con-

sagrado en el artículo 185.2 de la Consti-

tución,textoenel cualse indicaque: “[e]

l Tribunal Constitucional será competente

paraconocerenúnicainstancia: (…)2)El

control preventivo de los tratados interna-

cionalesantes desu raticaciónporel ór-

gano legislativo”.

8.4. Por su parte, el artículo 55 de la Ley

137-11, Organica del Tribunal Constitu-

cional y de los Procedimientos Constitu-

cionales, establece que

Previo a su aprobación por el Congreso

Nacional, el Presidente de la República

someterá los tratados internacionales

suscritos al Tribunal Constitucional,

a fin de que éste ejerza sobre ellos el

control previo de constitucionalidad.

8.5. En este sentido, el constituyente y el

legislador han optado por un control de

constitucionalidad preventivo de los tra-

tados internacionales, el cual permite que

este Tribunal Constitucional verique la

conformidad o no del tratado o acuerdo con

la Constitución con anterioridad a su com-

rija las relaciones entre dichos estados, asumiendo ambos

obligaciones a favor del otro y siempre enmarcado en las

normas del Derecho Público Internacional.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 725

pleta aceptación u aprobación por parte del

Congreso y, con ello, antes de su entrada

en vigor para el país como parte contratan-

te. Dicho control es obligatorio para todos

los tratados aprobados por el Poder Eje-

cutivo, los cuales solo en caso de anuencia

–tras considerarse constitucional– podrán

dirigirse a agotar el último paso de aproba-

ción por ante el Congreso Nacional.

8.6. Lo anterior quiere decir que los tra-

tados internacionales deben –antes de su

aprobaciónnalpor parte del Congreso–

ser previamente examinados en relación

con su constitucionalidad por este Tribu-

nal Consitucional.

8.7. Por su parte, este Tribunal está faculta-

do para conocer de las acciones de incons-

titucionalidad, en virtud de lo que disponen

los artículos 185.1 de la Constitución Po-

lítica del Estado y el 9 y 36 de la Ley núm.

137-11, Orgánica del Tribunal Constitu-

cional y de los Procedimientos Constitucio-

nales. En este sentido, en el artículo 185.1

de la Constitución se establece que el Tri-

bunal Constitucional es competente para

conocer, en única instancia, de las acciones

directas en inconstitucionalidad contra las

leyes, decretos, reglamentos, resoluciones

y ordenanzas, a instancias del Presidente

de la República, de una tercera parte de los

miembros del Senado o de la Cámara de Di-

putados y de cualquier persona con interés

legítimo y jurídicamente protegido.

8.8. De lo anterior se puede colegir que

la Constitución establece –a grandes ras-

gos– que este Tribunal Constitucional en

lo referente a los tratados o acuerdos in-

ternacionales conocerá de manera a priori

o preventiva de revisión de constituciona-

lidad.

8.9. Igualmente, el artículo 185.1 de la

Constitución es el encargado de establecer

la facultad de este Tribunal Constitucional

para ejercer el control de constitucionali-

dad de normas de forma a posteriori, texto

en el cual destaca el hecho de que no se en-

cuentran los tratados internacionales. En

este sentido, el ejercicio de un proceso a

posteriori de control de constitucionalidad

de tratados internacionales no se encuentra

contemplado por la Constitución, sino que

la garantía de conformidad se desarrolló

mediante el ejercicio de un control a prio-

ri opreventivo;estoasí,conlanalidadde

evitar la adopción de una norma contraria a

dicha Carta Magna, a la vez que se garantiza

la supremacía constitucional.

8.10. En este sentido, este Tribunal Cons-

titucional considera que no se puede pre-

tender que se decrete la inaplicabilidad o

expulsión del sistema jurídico de un tratado

internacional mediante la acción de incons-

titucionalidad, al no encontrarse dentro de

los actos reservados para su impugnación

(leyes, decretos, reglamentos, resolucio-

nes y ordenanzas). Sin embargo, el tribunal

actuará como frontera frente a los posibles

vicios de constitucionalidad mediante el

control a priori o preventivo que establece

el artículo 185.2 de la Constitución.

8.11. De lo anteriormente expuesto, re-

sulta que la presente acción deviene inad-

misible, al no tratarse el acto impugnado

de alguna de las normas susceptibles de ser

atacadas mediante el ejercicio de la acción

directaen inconstitucionalidad identica-

das en los aludidos artículos 185.1 de la

Constitución y 36 de la Ley núm. 137-11.

8.12. Sobre este particular, este Tribunal

Constitucional ha establecido mediante las

726 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

sentencias TC/0052/12, TC/0053/12,

TC/0055/12, TC/0066/12,

TC/0067/12, TC/0068/12,

TC/0099/15, TC/0294/15,

TC/0069/16, TC/0093/16,

TC/0402/17, TC/0558/18,

TC/0481/19, TC/0010/20, entre otras,

que procede declarar la inadmisibilidad de

la acción directa de inconstitucionalidad

que se hayan interpuesto contra un objeto

distinto a los previstos en los citados artí-

culos 185.1 de la Constitución de la Repú-

blica y 36 de la Ley núm. 137-11.

8.13. Debemos recordar que en la enven-

tualidad de que dicha facultad existiera, el

hecho de que sea decretada la inconstitu-

cionalidad de un tratado internacional no

implica la desvinculación y cese inmediato

de las obligaciones contraídas por el país;

esto así, porque dicha vinculación se en-

cuentra atada a las disposiciones del dere-

cho público internacional no sólo para su

nacimiento, sino, además, para su anula-

ción o disolución. Sobre este particular, el

artículo 27 de la Convención de Viena so-

bre derechos de los tratados establece que

“[u]naparte no podráinvocarlas disposi-

cionesdesuderechointernocomojusti-

cación del incumplimiento de un tratado.

Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo

dispuesto en el articulo 46”.

8.14. El texto transcrito anteriormente lo

que quiere destacar es que un Estado que

ha contratado libremente no puede justi-

carsu incumplimiento sustentado en su

derecho interno; esto así, porque esta sería

una herramienta sencilla para los estados

evadir su responsabilidad. Conviene indi-

car, además, que dicha regla tiene una ex-

cepción consagrada en el artículo 46 de la

Convención, texto según el cual:

SECCION 2. NULIDAD DE LOS

TRATADOS

Articulo 46. DISPOSICIONES DE DE-

RECHO INTERNO CONCERNIEN-

TES A LA COMPETENCIA PARA CE-

LEBRAR TRATADOS

1. El hecho de que el consentimiento de

un Estado en obligarse por un tratado

haya sido manifestado en violación

de una disposición de su derecho

interno concerniente a la competencia

para celebrar tratados no podrá ser

alegado por dicho Estado como vicio

de su consentimiento, a menos que esa

violación sea manifiesta y afecte a una

norma de importancia fundamental de

su derecho interno.

2. Una violación es manifiesta si resulta

objetivamente evidente para cualquier

Estado que proceda en la materia

conforme a la prdctica usual y de buena

fe.

8.15. Sobre este aspecto, el Tri-

bunal Constitucional en la Sentencia

TC/0256/14 del cuatro (4) de noviembre

estableció lo siguiente:

9.3. De acuerdo con este alegato, la

Convención de Viena sobre el Derecho

de los Tratados de 1969 impide a los

Estados, fundamentándose en una nor-

mativa interna, sustraerse de las obliga-

ciones internacionales asumidas confor-

me a las normas internacionales y a la

legislación nacional.

La aplicación de las reglas de obser-

vancia contenidas en dicha Convención

atañen, en lo que concierne al problema

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 727

que nos ocupa, al principio Pacta sunt

servanda, así como a la prohibición de

invocar normas del Derecho Interno

para incumplir responsabilidades asu-

midas en los tratados internacionales.

9.4. Sobre la aplicación de la regla Pac-

ta sunt servanda, conviene consignar

aquí las siguientes tres disposiciones de

la indicada Convención:

26. “Pacta sunt servanda”. Todo trata-

do en vigor obliga a las partes y debe ser

cumplido por ellas de buena fe.

27. El derecho interno y la observancia

de los tratados. Una parte no podrá in-

vocar las disposiciones de su derecho

interno como justificación del incumpli-

miento de un tratado. Esta norma se en-

tenderá sin perjuicio de lo dispuesto en

el artículo 46.

46. Disposiciones de derecho interno

concernientes a la competencia para

celebrar tratados. 1. El hecho de que el

consentimiento de un Estado en obligar-

se por un tratado haya sido manifiesto

en violación de una disposición de su

derecho interno concerniente a la com-

petencia para celebrar tratados no po-

drá ser alegado por dicho Estado como

vicio de su consentimiento, a menos que

esa violación sea manifiesta y afecte a

una norma de importancia fundamen-

tal de su derecho interno. 2. Una vio-

lación es manifiesta si resulta objetiva-

mente evidente para cualquier Estado

que proceda en la materia conforme a la

práctica usual y de buena fe.

9.5. La simple lectura de esos textos re-

vela inmediatamente que la prohibición

de invocar normas del Derecho Interno

para incumplir las responsabilidades

estatales provenientes de las convencio-

nes internacionales tiene una excepción

que figura en el precitado artículo 46

de la misma Convención. En efecto, el

numeral 1 (parte in fine), de esta dispo-

sición prescribe la ineficacia de dichas

reglas de la Convención cuando el con-

sentimiento de un Estado para partici-

par en un tratado no se ha producido,

o se encuentra afectado de nulidad ma-

nifiesta que afecte a una norma de im-

portancia fundamental para el Derecho

Interno.

9.6. En la especie, a la luz del aludido

artículo 46.1, cabe inferir que la regla

Pacta sunt servanda no se erige como

obstáculo para el conocimiento de la

presente acción directa de inconstitucio-

nalidad, en vista de que en dicha acción

se alega, precisamente, que el acto me-

diante el cual se ha pretendido mani-

festar el consentimiento de la República

Dominicana para aceptar la compe-

tencia de la CIDH ha sido otorgado en

violación de nuestra Constitución, nor-

ma suprema y fundamento del ordena-

miento jurídico del Estado dominicano.

Cabe recordar al efecto que, en definiti-

va, la excepción contenida en el artículo

46.1 del Convenio de Viena prescribe

la ineficacia de la regla Pacta sunt ser-

vanda cuando el consentimiento de un

Estado para participar en un tratado no

se ha producido o se encuentra afectado

de nulidad. Y cabe la posibilidad de que

esto último podría haber ocurrido en

la especie, lo cual examinaremos más

adelante en el cuerpo de esta decisión,

ya que el consentimiento dominicano a

la jurisdicción contenciosa de la CIDH

pudo haber sido otorgado en violación

728 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

manifiesta de una norma fundamental

del Derecho interno del Estado domini-

cano.

8.16. Cabe destacar que en el caso re-

suelto mediante la sentencia de referencia

se estaba cuestionando, precisamente,

la forma en que fue otorgado el consenti-

miento del Estado, es decir, el Instrumet-

no de Aceptación de la Competencia de la

Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos, suscrito por el presidente de la Repú-

blica, el cual determinó este Tribunal era

“unacto unilateralnoautónomo produci-

do en el marco de la referida Convención,

cuyanaturalezajuridicadieredelacorres-

pondiente a los actos unilaterales indepen-

dientes a los que el Derecho Internacional

otorgacaracterísticasespecicas respecto

a su perfección y efectos jurídicos”.

8.17. Lavericacióndelnocumplimien-

to de lo establecido en la Constitución que

regía para la fecha, así como el no cumpli-

miento con los parámetros del Derecho

Público Internacional fueron los que de-

terminaron su declaratoria de inconstitu-

cionalidad. Lo anterior quiere decir que

no estábamos ante un verdadero tratado o

acuerdo internacional, sino ante un acto

administrativo emanado del presidente,

carente de los requerimientos necesarios

para vincular al país.

8.18. Debemos destacar, sin embargo,

que este tribunal, en una especie similar a

la que nos ocupa, conoció sobre el fondo de

una acción de inconstitucionalidad en contra

de un tratado internacional; nos referimos a

lo decidido en la Sentencia TC/0495/15,

sobre el Expediente núm. TC-01-2007-

0013, relativo a la acción directa de incons-

titucionalidad incoada por la Asociación de

Concesionarios de Fabricantes de Vehí-

culos, INC. (ACOFAVE) y la Asociación

de Representantes de Firmas Extranjeras,

INC. (ARFE) contra la sección B (2) (a) del

anexo 11.13, correspondiente al capítulo

11, sobre comercio transfronterizo de servi-

cios, del Tratado de Libre Comercio entre la

República Dominicana, Centroamérica y los

Estados Unidos de América (DR-CAFTA);

y el artículo 69 del Título V de la Ley núm.

424-06, de implementación del Tratado de

Libre Comercio entre la República Domini-

cana, Centroamérica y los Estados Unidos

de América (DR-CAFTA), del veinte (20)

de noviembre de dos mil seis (2006). Sin

embargo, en virtud de los razonamientos

anteriores, dicha línea jurisprudencial será

abandonada a partir de la fecha y, en tal sen-

tido, en las acciones directas de inconstitu-

cionalidad en contra de tratados o acuerdos

internacionales este Tribunal Constitucio-

nal decretará su inadmisibilidad.

8.19. En virtud de las motivaciones ante-

riores, procede declarar inadmisible la ac-

ción de inconstitucionalidad que nos ocupa,

en virtud de lo que establecen los artículo

185.1 y 36 de la referida Ley núm. 137-11.

Esta decisión, rmada por los jueces del

Tribunal, fue adoptada por la mayoría re-

querida.No guralarma delmagistrado

Miguel Valera Montero, en razón de que

no participaron en la deliberación y vota-

ción de la presente sentencia por causas

previstas en la ley. Figuran incorporados

los votos disidentes de los magistrados José

Alejandro Ayuso, Víctor Joaquín Castella-

nos Pizano y Domingo Gil.

Por las razones de hecho y de derecho an-

teriormente expuestas, el Tribunal Consti-

tucional

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 729

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR inadmisible la

acción directa de inconstitucionalidad in-

coada por el señor José Cristóbal Flores

de la Hoz contra los artículos 1, 3, 4, 6, 9,

11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,

25,26y27delConcordatormadoentre

la Santa Sede y el Estado dominicano, el

dieciséis (16) de junio de mil novecientos

cincuenta y cuatro (1954), aprobado me-

diante Resolución núm. 3874, dictada el

diez (10) de julio de mil novecientos cin-

cuenta y cuatro (1954), por los motivos

expuestos.

SEGUNDO: DECLARAR el presente

procedimiento libre de costas, de confor-

midad con las disposiciones del artículo

7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del

Tribunal Constitucional y de los Procedi-

mientos Constitucionales, del trece (13)

de junio de dos mil once (2011).

TERCERO: ORDENAR la comunicación

de la presente sentencia, por secretaría, a la

parte accionante, señor José Cristóbal Flo-

res de la Hoz; a la Procuraduría General de

la República; a la Cámara de Diputados y al

Senado de la República.

CUARTO: DISPONER su publicación en

el Boletín del Tribunal Constitucional.

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presi-

dente; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sus-

tituto; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segun-

do Sustituto; José Alejandro Ayuso, Juez;

Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Manuel

Ulises Bonnelly Vega, Juez; Justo Pedro

Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín

Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil,

Juez; María del Carmen Santana de Cabre-

ra, Jueza; José Alejandro Vargas Guerrero,

Juez; Eunisis Vásquez Acosta, Jueza; Grace

A. Ventura Rondón, Secretaria.

VOTO DISIDENTE DEL

MAGISTRADO

JOSE ALEJANDRO AYUSO

En el ejercicio de las facultades constitu-

cionalesylegales,especícamentelaspre-

vistas en los artículos 186 de la Constitu-

ción de la República y 30 de la Ley núm.

137-11 Orgánica del Tribunal Constitu-

cional y de los Procedimientos Constitu-

cionales (LOTCPC), de fecha trece (13)

de junio del año dos mil once (2011), y

con el debido respeto a los honorables

magistrados quienes de forma mayoritaria

aprobaron la presente decisión, debo hacer

constar el presente voto disidente actuan-

do en coherencia con lo manifestado en la

deliberación sostenida en el pleno de este

tribunal, por las razones que expondré a

continuación:

I. Antecedentes

La presente acción directa de inconstitu-

cionalidad fue interpuesta por el señor José

Cristóbal Flores de la Hoz contra los artí-

culos 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del

ConcordatormadoentrelaSantaSedeyla

República Dominicana, el dieciséis (16) de

junio de mil novecientos cincuenta y cua-

tro (1954), aprobado mediante Resolución

núm. 3874, dictada el diez (10) de julio de

mil novecientos cincuenta y cuatro (1954).

De forma mayoritaria, esta Alta Corte deci-

dió lo siguiente:

Declarar inadmisible la acción directa de

inconstitucionalidad interpuesta por el se-

ñor José Cristóbal Flores de la Hoz contra

los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 15,

730 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

y27delConcordatormadoentrelaSanta

Sede y la República Dominicana debido a

que la norma impugnada no es susceptible

de ser atacada mediante el ejercicio de la

acción directa en inconstitucionalidad en

virtud de lo previsto en los artículos 185.1

de la Constitución y 36 de la Ley núm.

137-11.

Las motivaciones esenciales del criterio

mayoritario para declarar inadmisible la

presente acción directa de inconstituciona-

lidad son las siguientes:

8.2.- Como se observa, el objeto de la

acción de inconstitucionalidad recae

en contra de un Acuerdo o Tratado In-

ternacional suscrito entre dos estados,

particularmente, entre el Estado del

Vaticano y el Estado dominicano, por

lo que, se hace necesario que este Tribu-

nal Constitucional evalúe si este tipo de

actos se encuentra dentro de aquellos

señalados por los artículos 185.1 de la

Constitución y 36 de la Ley 137-11, Or-

gánica del Tribunal Constitucional y de

los Procedimientos Constitucionales.

(…)

8.9.- (…) el artículo 185.1 de la Consti-

tución es el encargado de establecer la

facultad de este Tribunal Constitucional

para ejercer el control de constituciona-

lidad de normas de forma a posteriori,

texto en el cual destaca el hecho de que

no se encuentran los tratados interna-

cionales. En este sentido, el ejercicio de

un proceso a posteriori de control de

constitucionalidad de tratados interna-

cionales no se encuentra contemplado

por la Constitución, sino que la garantía

de conformidad se desarrolló mediante

el ejercicio de un control a priori o pre-

ventivo; esto así, con la finalidad de evi-

tar la adopción de una norma contraria

a dicha Carta Magna, a la vez que se

garantiza la supremacía constitucional.

8.10.- En este sentido, este Tribunal

Constitucional considera que no se pue-

de pretender que se decrete la inaplica-

bilidad o expulsión del sistema jurídico

de un tratado internacional mediante

la acción de inconstitucionalidad, al

no encontrarse dentro de los actos re-

servados para su impugnación (leyes,

decretos, reglamentos, resoluciones y or-

denanzas). Sin embargo, el tribunal ac-

tuará como frontera frente a los posibles

vicios de constitucionalidad mediante el

control a priori o preventivo que estable-

ce el artículo 185.2 de la Constitución.

8.18.- Debemos destacar, sin embargo,

que este tribunal, en una especie simi-

lar a la que nos ocupa, conoció sobre el

fondo de una acción de inconstituciona-

lidad en contra de un tratado interna-

cional, nos referimos a lo decidido en la

Sentencia TC/0495/15 sobre el expe-

diente núm. TC-01-2007-0013, relativo

a la acción directa de inconstitucionali-

dad incoada por la Asociación de Con-

cesionarios de Fabricantes de Vehículos,

INC. (ACOFAVE) y la Asociación de

Representantes de Firmas Extranjeras,

INC. (ARFE) contra la sección B (2)

(a) del anexo 11.13, correspondiente

al capítulo 11, sobre comercio trans-

fronterizo de servicios, del Tratado de

Libre Comercio entre la República Do-

minicana, Centroamérica y los Estados

Unidos de América (DR-CAFTA); y el

artículo 69 del Título V de la Ley núm.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 731

424-06, de implementación del Tratado

de Libre Comercio entre la República

Dominicana, Centroamérica y los Es-

tados Unidos de América (DR-CAFTA)

del veinte (20) de noviembre de dos mil

seis (2006). Sin embargo, en virtud de

los razonamientos anteriores, dicha lí-

nea jurisprudencial será abandonada

a partir de la fecha y, en tal sentido, en

las acciones directas de inconstituciona-

lidad en contra de tratados o acuerdos

internacionales este Tribunal Constitu-

cional decretará su inadmisibilidad.

Al momento de producirse la deliberación

del presente caso nos apartamos del crite-

rio mayoritario debido a que entendimos

que el Tribunal Constitucional debió cono-

cer el fondo de la acción directa de incons-

titucionalidad del tratado internacional im-

pugnado, en atención a que este Colegiado

cuenta con la habilitación constitucional

dada tanto por los principios y preceptos

previstos en la Carta Magna, como en los

criterios e interpretaciones vinculantes

emitidos por el propio Tribunal Constitu-

cional.

II. Cuestión previa: la distinción entre

la acción directa de inconstitucio-

nalidad y la de revisión de decisiones

jurisdiccionales

Previo a desarrollar los argumentos nodales

donde radica nuestra disidencia, es preciso

referirnos a lo establecido por la Procura-

duría General de la República en la opinión

depositada sobre la presente acción direc-

ta. La PGR plantea en síntesis que la acción

debe ser declara inadmisible en vista de que

la Suprema Corte de Justicia en atribucio-

nes de corte constitucional había declarado

conforme con la constitución el Concorda-

to2 y que en ese sentido el artículo 277 de

nuestra Constitución no le permite a este

tribunal volver a conocer una acción direc-

ta de inconstitucionalidad respecto a dicha

norma impugnada.

En ese sentido es preciso señalar que la

Procuraduría General de la República

confunde la revisión de una decisión

jurisdiccional emitida por la SCJ con

anterioridad al 26 de enero de 2010, con

la acción directa de inconstitucionalidad

respecto a una norma preconstitucional que

se mantiene vigente en el ordenamiento

jurídico.

Esun temapacícoque estamosantedos

gurasjurídicas similaresperodiferentes:

la acción directa de inconstitucionalidad y

la de revisión de decisiones jurisdicciona-

les. La primera establecida en el artículo

185.1 constitucional y en los artículos 36 y

37 de la ley 137-11 Ley Orgánica del Tri-

bunal Constitucional y de los Procedimien-

tos Constitucionales (LOTCPC).

Es el mismo artículo 185 constitucional

que, en su numeral 4, otorga al legislador

la prerrogativa de atribuirle al Tribunal

Constitucional otras competencias en

adición a las establecidas de manera

expresa en otros numerales de dicho

texto. Tal prerrogativa fue ejercida en los

artículos 53 y 54 de la LOTCPC, los cuales

crean un mecanismo especializado para los

casos en que las decisiones jurisdiccionales

vulneren disposiciones constitucionales.

Dicha acción es la revisión de decisiones

jurisdiccionales.

2 Sentencia numero 6 dictada por la Suprema Corte de

Justicia, el veintidos (22) de octubre de dos mil ocho

(2008).

732 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

Como puede apreciarse, se trata de dos

acciones totalmente distintas en cuanto a

su objeto, sujetos, formalidades y sobre

todo en cuanto a sus efectos. Mientras

en el caso de la acción directa, los efectos

se encuentran descritos en el artículo 45

de la LOTCPC y son principalmente la

anulación consecuente de la norma o los

actos impugnados, producción de cosa

juzgada y eliminación de la norma o acto

del ordenamiento jurídico a partir de la

publicación de la sentencia.

Tal confusión, que llegó al Tribunal

Constitucional dominicano, parece

originarse en el ámbito de ejercicio de

las mismas y en el manejo del criterio de

cosa juzgada en materia constitucional.

Esta dicultad práctica en la dimensión

de la interpretación del artículo 277

constitucional queda ilustrada en la

sentencia TC/308/14. Es el voto

disidente de la magistrada emérita Katia

Miguelina Jiménez Martínez el que dilucida

el embrollo.

El mismo establece, entre otros aspectos,

“que la nalidad del recurso de revisión

no es otra que la de corregir o controlar las

actuaciones del Poder Judicial, efectuando

un control constitucional de las decisiones

judiciales. En cambio, la acción de

inconstitucionalidad constituye un control

alpoderdeconguracióndedisposiciones

normativas de alcance general, de

conformidad con el artículo 185.1 de la

Constitución (leyes, decretos, reglamentos,

resoluciones y ordenanzas), razón por la

cual estando el Tribunal apoderado de una

acción de inconstitucionalidad contra una

norma que está vigente en el ordenamiento

jurídico, como ocurrió en la especie, no

ha debido aplicarle una disposición ajena

al procedimiento del cual se encontraba

apoderado, dado que el artículo 277

de la Constitución fue concebido para

limitar el alcance controlador del Tribunal

Constitucional respecto de los recursos de

revisión de sentencias jurisdiccionales”.

En el caso del Concordato rmado entre

la Santa Sede y la República Dominicana,

la Suprema Corte de Justicia rechazó una

acción directa y declaró conforme con la

constitución vigente del año 2002 dicho

tratado y por tanto mantuvo su vigencia,

situación que permite al TC realizar un

control concentrado de la norma -no de la

decisión de la SCJ- más aun cuando se ha

producido una importante reforma cons-

titucional posteriormente -reforma del

2010- que plantea un salto cuantitativo

en materia de derechos fundamentales que

puede hacer que un tratado que antes era

conforme a la Constitución, hoy pueda in-

cluso declararse contrario a ella por incons-

titucionalidad sobrevenida.

La Corte Constitucional de Colombia, en

un caso similar, emitió el siguiente criterio

en su sentencia C-027/93:

En cuanto hace a la cuestión de fondo,

la confrontación y decisión que hubiere

hecho la Corte Suprema de Justicia de la

Ley 20 de 1974 ante la Constitución de

1886, no inhibe a la Corte Constitucio-

nal de efectuar el condigno examen ma-

terial frente a la Constitución de 1991 y

no se produciría cosa juzgada alguna,

pues, por tratarse de un ordenamiento

nuevo Superior, puede contener normas

a las cuales no se avenga dicha Ley,

como en efecto sucede. Se presenta en-

tonces el fenómeno de la inconstitucio-

nalidad sobreviniente.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 733

III. Fundamentos del voto disidente

3.1. La ecacia del control preventivo

de constitucionalidad de los tratados

internacionales

La profunda reforma constitucional de

2010 ha estable cido el instituto del control

preventivo de los tratados in ternacionales a

cargo del Tribunal Constitucional, defensa

jurisdiccional anticipada, automática, abs-

tracta e integral que permitirá armonizar la

supremacía normativa de la Consti tución

con la responsabilidad internacional del

Estado. Por igual ha consagrado una serie

de principios que rigen y orga nizan la inte-

racción entre el ordenamiento internacio-

nal y el ordenamiento interno.

Ahorabien, una vez raticado un tratado

internacional en donde el Tribunal Cons-

titucional haya realizado el control previo

o un tratado preconstitucional que nuestro

tribunal no tuvo la oportunidad de pro-

nunciarse sobre su conformidad con el

texto supremo, somos de opinión de que,

en atención al principio de supremacía de

la Constitución, está previsto un control a

posteriori mediante el cual se pueda evaluar

la constitucionalidad del mismo.

Lo anterior cobra más sentido en vista de

que luego de pasar por el tamiz del examen

de constitucionalidad in abstracto, el tra-

tado va a operar in concreto y bien pudiera

ocurrir una inconstitucionalidad sobreve-

nida por efecto de una reforma constitucio-

nal, o por transformaciones so ciales cuya

índole era imposible prever, o, como bien

apunta el profesor Massó Garrote, porque

“Puede ocurrir además que su aplicación

tenga efectos “anticonstitucionales” que

no haya sido posible detectarlos en la con-

frontación más teórica que práctica del

control preventivo”.3

Ladoctrinaestácontestequelacongura-

ción legal-orgánica de este control preven-

tivoconrmasu naturaleza jurisdiccional:

las sentencias emanadas del Tribunal Cons-

titucional en el desempeño de este juicio de

compatibilidad entre las normas del dere-

cho internacional y el ordenamiento cons-

titucional interno conllevan los mismos

efectos que una de control constitucional

sucesivo:ecaciavinculante erga omnes y

efecto de cosa juzgada.4

Si bien el Tribunal Constitucional tiene la

doble misión de garantizar la defensa de

la Constitución y, a la vez, de salvaguardar

la responsabilidad internacional del

Estado ante los compromisos con otros

Estados u organismos internacionales, es

indudable la posibi lidad de que también

un tratado preconstitucional devenga en

inconstitucional producto de una reforma

constitucional posterior.

Que, si bien el objetivo esencial del control

preventivo de los tratados sería impedir

que un eventual control sucesivo perturbe

el ordenamiento internacional, lo cierto

es que el constituyente del 2010 sí previó

3 MASSÓ GARROTE, Marcos Francisco, “El Control

previo de los tratados internacionales”, Universidad

Castilla-La Mancha, 2015.

4 Desde la óptica del Derecho Procesal Constitucional

la naturaleza jurisdiccional es proclive a imprecisar

sus contornos cuando el Tribunal Constitucional es

competente para conocer en única instancia el control

preventivo de los tratados internacionales. Esto se debe

al carácter no contencioso de este proceso constitucional

que “posee una conguración particular, distinta del

resto de los procesos constitucionales, porque su objeto

no es, o no tiene por qué ser, exactamente impugnatorio”.

Pérez Tremps, Pablo. Sistema de justicia constitucional.

España: Editorial Aranzadi, 2010. p. 80

734 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

el control a posteriori de los tratados

internacionales para evitar que estos

alteren el orden constitucional interno y

quebranten el principio de supremacía

constitucional.

Y esto a pesar de la clara opción del cons-

tituyente por un “Estado cooperativo”

(Peter Häberle), es decir un Estado abierto

al respeto del Derecho Internacional, a la

protección de los derechos humanos y a la

promoción de la integración regional y glo-

bal.

3.2. Habilitación constitucional

y legal del TC para conocer la

constitucionalidad de los tratados

internacionales.

Mediante la Reforma a la Constitución

en el año 2010 se crea el Tribunal

Constitucional y se le otorga competencias

de manera expresa en el texto fundamental

y se delega al legislador competencias

adicionales regladas mediante la reserva de

ley.

El artículo 185 de la Constitución establece

lo siguiente:

Atribuciones. El Tribunal Constitucional

será competente para conocer en única

instancia:

1) Las acciones directas de

inconstitucionalidad contra las leyes,

decretos, reglamentos, resoluciones y

ordenanzas, a instancia del Presidente

de la República, de una tercera parte de

los miembros del Senado o de la Cámara

de Diputados y de cualquier persona

con interés legítimo y jurídicamente

protegido;

2) El control preventivo de los tratados

internacionales antes de su ratificación

por el órgano legislativo;

3) Los conflictos de competencia entre

los poderes públicos, a instancia de uno

de sus titulares;

4) Cualquier otra materia que disponga

la ley.

En atención al citado artículo, el TC tiene

competencia exclusiva para conocer las ac-

ciones directas de inconstitucionalidad, el

control preventivo de los tratados interna-

cionales y los conictos de competencias

entre los poderes públicos.

La reserva legal dada por la Constitución

al legislador se tradujo principalmente en

la Ley núm. 137-11 Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los procedimientos

constitucionales, mediante la cual se le

sumaron otras competencias al Tribunal

Constitucional5 como son: Conocer

los recursos de revisión de decisión

jurisdiccional6 y revisión constitucional de

amparo7.

5 Artículo 9.- Competencia. El Tribunal Constitucional

es competente para conocer de los casos previstos por

el Artículo 185 de la Constitución y de los que esta ley

le atribuye. Conocerá de las cuestiones incidentales que

surjan ante él y dirimirá las dificultades relativas a la

ejecución de sus decisiones.

6 Artículo 53.- Revisión Constitucional de Decisiones

Jurisdiccionales. El Tribunal Constitucional tendrá

la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales

que hayan adquirido la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de

enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en

vigencia de la Constitución…

7 Artículo 94.- Recursos. Todas las sentencias emitidas

por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión

por ante el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las

condiciones establecidas en esta ley.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 735

Respecto a la competencia constitucional

dada al TC para conocer el control pre-

ventivo de los tratados internacionales an-

teriormente explicado debemos decir que

la Ley núm. 137-11, en el desarrollo de

su articulado, habilitó al Tribunal Consti-

tucional para ejercer un control de consti-

tucionalidad del tratado internacional aun

después de haberlo conocido y declarado

conforme con la Constitución y su poste-

riorraticaciónporelCongresoNacional.

El artículo 57 de la referida ley señala lo si-

guiente:

Efecto Vinculante. La decisión del

Tribunal Constitucional será vinculante

para el Congreso Nacional y el Poder

Ejecutivo.

Párrafo.- Si el tratado internacional es

reputado constitucional, esto impide

que, posteriormente, el mismo sea

cuestionado por inconstitucional ante el

Tribunal Constitucional o cualquier juez

o tribunal por los motivos que valoró el

Tribunal Constitucional.

En otras palabras, el legislador orgáni-

co mantiene la competencia del Tribunal

Constitucional para conocer la constitu-

cionalidad del tratado internacional aun

habiendo ejercido el control previo de

dicho tratado. Estamos en presencia de

un control a posteriori que radica, a nues-

tro modo de pensar, en la garantía que da

nuestro texto fundamental al principio de

supremacía de la constitución que ha sido

delegado exclusivamente en el Tribunal

Constitucional.

La lectura combinada de los artículos 6 y

184 de la Carta Magna expresa lo siguiente:

Supremacía de la Constitución. Todas

las personas y los órganos que ejercen

potestades públicas están sujetos

a la Constitución, norma suprema

y fundamento del ordenamiento

jurídico del Estado. Son nulos de pleno

derecho toda ley, decreto, resolución,

reglamento o acto contrarios a esta

Constitución.

Tribunal Constitucional. Habrá un

Tribunal Constitucional para garantizar

la supremacía de la Constitución,

la defensa del orden constitucional

y la protección de los derechos

fundamentales. Sus decisiones son

definitivas e irrevocables y constituyen

precedentes vinculantes para los poderes

públicos y todos los órganos del Estado.

Gozará de autonomía administrativa y

presupuestaria.

Ante una lectura integral de la constitución,

somos de opinión que, si el legislador le ha

otorgado al Tribunal Constitucional la fa-

cultad de controlar la constitucionalidad de

un tratado internacional que ya ha pasado

por el control previo en aras de garantizar

la supremacía de la constitución, a fortriori

ese mismo razonamiento debe aplicar para

que el TC conozca por vez primera cual-

quier tratado internacional preconstitucio-

nal para ejercer el control de constitucio-

nalidad previsto en nuestro ordenamiento.

Razones hay para hacerlo pues la evolución

misma de las sociedades y sus ordenamien-

tos jurídicos hacen que una norma tenga

sucientes fundamentos constitucionales

al momento de ser dictada pero que, pos-

teriormente, colisione con aspectos del or-

den constitucional reformado y devenga en

inconstitucionalidad sobrevenida.

736 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

En materias distintas el propio TC ha re-

conocidoeste fenómeno evolutivoaljar,

mediante precedentes, normas que al mo-

mento de ser dictadas cumplían un rol con-

forme a los tiempos pero que, ante el actual

Estado Social y Democrático de derecho,

devienen en inconstitucionales, a saber.

Sentencia TC/0208/21

10.33. Las precisiones indicadas

permiten inferir –que dicha medida–

de compeler a los propietarios o

inquilinos a realizar el depósito de

los valores en el Banco Agrícola de

República Dominicana, obedeció a

una circunstancia excepcional que

en la actualidad ha sido superada,

pues la realidad económica de hoy no

es equiparable a la que existía en el

país en el mil novecientos cincuenta y

cinco (1955), produciéndose lo que en

doctrina se denomina desvinculación

entre norma jurídica y realidad social.

10.35. Esto supone que, en la noción

de Estado constitucional de derecho,

las normas jurídicas deben satisfacer

las necesidades de los individuos y de

lo contario, cuando la ley no responde

a esos parámetros se aparta de su

finalidad, lo que termina socavando

su legitimidad, como ocurre en la

especie, pues una medida adoptada en

aquella época continúa hoy incidiendo

y limitando el ejercicio del derecho de

propiedad.

Sentencia TC/0174/14

11.2.7. Este tribunal considera, al igual

que lo consideró la Cámara Civil de

la Suprema Corte de Justicia, que las

restricciones al derecho de propiedad

que se derivan de la aplicación del

artículo 3 del Decreto núm. 4807 si

bien se justificaban a finales de los

años cincuenta del siglo pasado y

durante los siguientes años, no menos

cierto es que en la actualidad resultan

injustificables. Ciertamente, lo que

demanda la realidad actual es una

política inversa, orientada a fortalecer el

derecho de propiedad, con la finalidad

de incentivar la inversión de capitales

en viviendas que luego de construidas

podrán ser alquiladas o vendidas.

Este mismo fenómeno de inconstituciona-

lidad sobrevenida de tratados internacio-

nales preconstitucionales tambiénreerea

la recepción del Derecho Internacional de

los Derechos Humanos como veremos más

adelante en los casos de Colombia y de la

República Dominicana: en ambas naciones

el bloque de constitucionalidad está cons-

tituido por normas constitucionales, que

como tales gozan de supremacía constitu-

cional y sirven de parámetro para el control

de la constitucionalidad.

3.3. Un cambio de precedente que

presentó una motivación contradictoria

La cuestión que nos planteamos en este

voto es la siguiente: si el constituyente

y el legislador han optado por el control

preventivo de los tratados internacionales

para evitar la adopción de una norma con-

tra constitutionem y así garantizar la supre-

macía constitucional, ¿asumieron entonces

que todos los instrumentos internacionales

previos al 2010 eran conformes a la Cons-

titución reformada, es decir, establecieron

una presunción jure et de jure de constitu-

cionalidad de estos?

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 737

En esta decisión mayoritaria este Colegiado

“abandonó la línea jurisprudencial” de la

Sentencia TC/0495/15 que declaró admi-

sible y conoció el fondo de una ADI contra

varios artículos del DR-CAFTA, bajo funda-

mentos que, con el debido respeto a mis co-

legas que concurrieron en la admisibilidad

de la acción, no sólo resultan cuestionables

ante la normativa internacional, sino que,

por demás, contradicen las motivaciones del

precedente TC/0256/14 como trataremos

de demostrar a continuación.

Elcriteriomayoritario,aljusticarsudeci-

sión de inadmitir la presente acción utiliza

dos razonamientos que debemos resaltar:

un primer argumento que trata de dife-

renciar la presente acción directa con las

razones que tuvieron al momento de dictar

la sentencia TC/0256/14 y, un segundo

razonamiento que pretende apartarse del

precedente TC/0495/15 mediante el cual

conoció el fondo de una acción directa de

inconstitucionalidad en contra de un trata-

do internacional.

Los argumentos utilizados para distinguir

el caso de la especie con la facultad que ejer-

ció este Colegiado para conocer el fondo de

la acción directa en contra del Instrumen-

to de Aceptación de la Competencia de la

Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos, suscrito por el Presidente de la Repú-

blica, lucen contradictorios; pues mientras

en aquel momento se le dio preminencia a

las alegadas vulneraciones constitucionales

del citado instrumento sobre los efectos

que implicaba dicha decisión en el reco-

nocimiento de normas de derecho interna-

cional, en esta ocasión, no sólo inadmite la

acción directa invocando no tener compe-

tencia para ello, sino que además se limita

a indicar que el eventual conocimiento del

fondo de la acción no alcanzaría a afectar la

esfera de las obligaciones contraídas por el

Estado debido a las disposiciones del Dere-

cho Internacional Público.

Lo anterior queda evidenciado en la deci-

sión adoptada por la mayoría al establecer

lo siguiente:

8.10.- En este sentido, este Tribunal

Constitucional considera que no se pue-

de pretender que se decrete la inaplica-

bilidad o expulsión del sistema jurídico

de un tratado internacional mediante

la acción de inconstitucionalidad, al

no encontrarse dentro de los actos re-

servados para su impugnación (leyes,

decretos, reglamentos, resoluciones y

ordenanzas).

8.13.- Debemos recordar que en la

enventualidad de que dicha facultad

existiera, el hecho de que sea decretada

la inconstitucionalidad de un tratado

internacionalidad no implica la

desvinculación y cese inmediato de las

obligaciones contraídas por el país;

esto así, porque dicha vinculación se

encuentra atada a las disposiciones del

derecho público internacional no solo

para su nacimiento, sino, además, para

su anulación o disolución

Es de recibo que la profunda reforma

constitucional del 2010 amplió el

contenido normativo de la Constitución

tanto en su parte orgánica como

dogmática y, en esta última, acrecentó el

catálogo de derechos, deberes y garantías

fundamentalesal disponerque“no tienen

carácter limitativo”, así como conferir a los

tratados internacionales sobre derechos

humanos“jerarquíaconstitucional”.

738 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

Ante una opción constitucional de reco-

nocimiento y aplicación de las normas

de fuente internacional, ya sea de origen

convencional como los tratados o consue-

tudinario como las normas de ius cogens,

más de apertura a la cooperación con los

demás Estados y apego a las normas de

Derecho Internacional, se impone ana-

lizar si el diseño del control de constitu-

cionalidad por parte del constituyente del

2010 excluye los tratados internacionales

preconstitucionales.

3.4. Una visión del derecho comparado

sobre el tema

En clave comparada, veamos los casos de

Colombia y España donde también está

contemplado el control preventivo de

los tratados internacionales: aunque sus

respectivas conguraciones contienen

aspectos que dieren de la dominicana,

menos la colombiana que la española, a

los nes resulta de escasa trascendencia

en el análisis para determinar si un control

represivo de estas normas está contemplado

en la Constitución, en las leyes o en la

jurisprudencia.

3.4.1. El cambio de paradigma en el

constitucionalismo latinoamericano.

El proceso constituyente del 1991 en Co-

lombia recogió en el marco constitucional

de esta nación el anhelo histórico de elevar

a rango constitucional un catálogo de de-

rechosmuygeneroso que representó “un

cambio de paradigma en el constituciona-

lismo latinoamericano, mismo que se da

a partir de la pauta para la incorporación

de los derechos humanos establecidos en

tratados internacionales al ámbito consti-

tucional nacional, mediante el mandato del

artículo 93”8:

Los tratados y convenios internacio-

nales ratificados por el Congreso, que

reconocen los derechos humanos y que

prohíben su limitación en los estados de

excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en

esta Carta, se interpretarán de confor-

midad con los tratados internacionales

sobre derechos humanos ratificados por

Colombia.

Doce años después, la Suprema Corte

de Justicia de la República Dominicana,

mediante la Resolución No.1920-

03, estableció de forma pretoriana y

visionaria la modalidad de incorporación

constitucional del Derecho Internacional

de los Derechos Humanos, conformando el

bloque de constitucionalidad y el control de

convencionalidad en sede judicial interna.

Luego en el 2010 el constituyente dispone

que en el artículo 74.3 que:

Los tratados, pactos y convenciones re-

lativos a derechos humanos, suscritos y

ratificados por el Estado dominicano,

tienen jerarquía constitucional y son de

aplicación directa e inmediata por los

tribunales y demás órganos del Estado.

Sin embargo, es en Colombia donde el

desarrollo jurisprudencial acoge el control

de constitucionalidad de los tratados

8 BECERRA RAMÍREZ, José de Jesús. El constituciona-

lismo ante los instrumentos internacionales de derechos

fundamentales. Editorial UBIJUS. ARA Editores. CED-

HJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Méxi-

co. Perú. 2011. Pág. 136

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 739

internacionales preconstitucionales para

contrastarlos con la nueva normativa

supranacional en materia de derechos

humanos.

3.4.2. La doctrina de la Corte Constitu-

cional de Colombia

La Corte Constitucional de Colombia

emitió la Sentencia C-027/93 mediante la

cual conoció control de constitucionalidad

incoado en contra del Concordato. En

esta decisión la Corte, al momento de

pronunciarse sobre la posibilidad de conocer

una demanda en inconstitucionalidad de un

tratado internacional, planteó los siguientes

fundamentos.

La Corte tiene competencia para conocer

la constitucionalidad de la ley aprobatoria

de un tratado público aun después de

perfeccionado dicho tratado:

La ley aprobatoria de un tratado

público, pese a las características

especiales que ostenta no deja por

ello de ser una ley, sujeta al control

constitucional de la Corte. En el caso

en que la violación manifiesta de una

norma del derecho interno concerniente

a la competencia para celebrar tratados,

produzca como consecuencia la

violación de una norma fundamental de

nuestra Carta Política, aún después de

perfeccionado el tratado, la Corte tiene

competencia para pronunciarse sobre su

inconstitucionalidad.

Aunque la Constitución de 1991 no le dio

expresamente la competencia a la Corte

Constitucional de conocer demandas de

inconstitucionalidad en contra de tratados

internacionales, sí le reconoce como guar-

diana de los postulados fundamentales que

estructuran la organización jurídico-polí-

tica e ideológica del Estado colombiano y,

por tanto, debe realizar un control integral

e intemporal respecto de los tratados ya

perfeccionados que eventualmente com-

porten presunto desconocimiento de una

norma sobre derechos humanos o derecho

internacional humanitario perteneciente al

ius cogens:

Nuestra Constitución no reconoce la

supremacía de los tratados internacio-

nales sobre la Constitución Política. Por

tanto la Carta no autoriza a su guar-

diana a abstenerse de pronunciar la

inexequibilidad de un tratado que aún

perfeccionado viola los postulados fun-

damentales que estructuran la organi-

zación jurídico-política e ideológica del

Estado colombiano. Un control integral

e intemporal respecto de los tratados

ya perfeccionados que eventualmente

comporten presunto desconocimiento de

una norma sobre derechos humanos o

derecho internacional humanitario per-

teneciente al ius cogens, sirve, en lo fun-

damental y de manera simultánea, los

intereses del derecho internacional y del

derecho interno, como quiera que este se

endereza a dar plena vigencia a los con-

tenidos axiológicos integrantes del ius

cogens y en razón a que, tanto la Carta

de 1991 como el derecho internacional

público se identifican en el propósito úl-

timo de garantizar de manera concreta

y efectiva el respeto y la protección a los

derechos humanos.

El control de la Corte debe estar encamina-

do a la adaptación de sus normas naciona-

les e internacionales a las nuevas exigencias

constitucionales:

740 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

En una situación de tránsito constitucio-

nal como la que ha vivido el país en los

últimos tiempos, y teniendo en cuenta el

propósito de coordinación entre derecho

interno y externo previsto por la Cons-

titución de 1991, el control de la Corte

debe estar encaminado a la adaptación

de sus normas nacionales e internacio-

nales a las nuevas exigencias constitu-

cionales. Si se tiene en cuenta la identi-

dad de propósitos de ambos sistemas,

esta adaptación no puede ser más que

conveniente.

La Corte considera, que las incomodidades

propias de una denuncia del tratado

resultan menos perjudiciales para las

buenas relaciones internacionales que la

permanencia de un tratado cuyos principios

no respetan las exigencias jurídicas en

materia de derechos humanos, principios y

valores previstas en ambos sistemas.

Si bien la Corte reconoce que al órgano

ejecutivo la Constitución Política le reserva

la conducción y manejo de las relaciones

internacionales, considera que un aspecto

bien distinto es que, si en un caso dado lle-

gare a prosperar el control y a proferirse una

decisión de inexequibilidad, en virtud del

respeto y observancia a la norma Pacta Sunt

Servanda, el órgano ejecutivo del Estado

Colombiano, estaría conminado a acudir a

los conductos regulares, para, según un pro-

cedimiento de orden jurídico-internacional,

desatar en ese ámbito el vínculo, procedien-

do a denunciar el tratado.

La Corte debe realizar este tipo de control

armonizando los preceptos constitucio-

nales internos y el derecho internacional

cuando está de presente su jus cogens:

Surge una verdadera integración jurídi-

ca entre el derecho interno de los países,

en cuya cúpula se halla la Constitución

Política, y el derecho internacional

cuando está de presente su jus cogens,

dado que éste por representar valores

superiores, inalienables e inenajenables

del individuo como son los derechos

humanos, se coloca por encima de la

misma normación internacional que

pudiera desconocerlos y al mismo jus

cogens habrá de acomodarse la legis-

lación interna de los países. Dentro de

esta concepción es que esta Corte habrá

de juzgar el Concordato, el cual por ello

ofrece características de tratado sui gé-

neris. Una ley aprobatoria de tratados,

como lo es la 20 de 1974, si no puede

desconocer tratados internacionales so-

bre derechos humanos que están en pla-

no superior y ocupan su lugar, con más

razón ha de subordinarse a la Constitu-

ción, la cual consagra de manera magis-

tral, categórica y prolífica tales derechos

humanos.

3.4.3. España prevé el control a poste-

riori de los tratados internacionales.

Si bien el constituyente español del 1978,

igual que el dominicano del 2010, estable-

cieron el control preventivo de los tratados

internacionales para evitar la “perturba-

ción”queimplicala“inconstitucionalidad

sobrevenida” de estos frente a sus compro-

misarios, en ausencia de mención expresa

de los tratados internacionales en el artí-

culo 1619 sobre las competencias para co-

9 Artículo 161. 1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdic-

ción en todo el territorio español y es competente para co-

nocer: a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes

y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declara-

ción de inconstitucionalidad de una norma jurídica con

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 741

nocer de recursos de constitucionalidad, el

legislador orgánico incluyó “ladeclaración

sobre la constitucionalidad de los Tratados

Internacionales” en la norma competencial

del Tribunal Constitucional español10.

No obstante, el TC interpretó, en un ejer-

ciciohermenéuticoholísticoynalistadel

ordenamientoconstitucionalqueraticóla

visión del legislador orgánico al incluir los

tratados internacionales entre las normas

objeto de control de constitucionalidad a

posteriori, que lo es por el sólo efecto del

artículo 96.1 constitucional, que consiste

rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará

a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perde-

rán el valor de cosa juzgada. b) Del recurso de amparo

por violación de los derechos y libertades referidos en el

artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas

que la ley establezca. c) De los conflictos de competencia

entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de

éstas entre sí. d) De las demás materias que le atribuyan

la Constitución o las leyes orgánicas. 2. El Gobierno po-

drá impugnar ante el Tribunal Constitucional las dispo-

siciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las

Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la

suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero

el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en

un plazo no superior a cinco meses.

10 Artículo segundo. Uno. El Tribunal Constitucional cono-

cerá en los casos y en la forma que esta Ley determina: a)

Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra

Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley.

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y

libertades públicos relacionados en el artículo cincuenta y

tres, dos, de la Constitución. c) De los conflictos constitu-

cionales de competencia entre el Estado y las Comunida-

des Autónomas o de los de éstas entre sí. d) De los conflic-

tos entre los órganos constitucionales del Estado. d) bis.

De los conflictos en defensa de la autonomía local. e) De

la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados

internacionales. e) bis. Del control previo de inconstitucio-

nalidad en el supuesto previsto en el artículo setenta y nue-

ve de la presente Ley. f) De las impugnaciones previstas

en el número dos del artículo ciento sesenta y uno de la

Constitución. g) De la verificación de los nombramientos

de los Magistrados del Tribunal Constitucional, para juz-

gar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la

Constitución y la presente Ley. h) De las demás materias

que le atribuyen la Constitución y las Leyes orgánicas.

en la cláusula de incorporación del tratado

internacional al ordenamiento interno.

En su Sentencia 187/1991, de 3 de octu-

bre, en relación con un Acuerdo del Estado

español con la Santa Sede, indicó que al ser

aprobado por las Cortes y formar parte del

ordenamiento, ello le permite examinar si

existe contradicción con la Carta Magna.

Concretamente dice el Tribunal que:

No desvirtúa esta afirmación el hecho de

que las normas en cuestión sea los arts.

3 y 4 del Acuerdo entre el Estado espa-

ñol y la Santa Sede sobre enseñanza y

asuntos culturales, pues dicho acuerdo

es un Tratado internacional cuyo texto

ha sido aprobado por las Cortes Gene-

rales y publicado oficialmente (Boletín

Oficial del Estado, de 15 de diciembre

de 1979), lo que significa, en virtud de

lo dispuesto en el art. 96 de la CE, que

forma parte de nuestro ordenamiento

jurídico interno y que corresponde al

Tribunal Constitucional examinar su

posible contradicción con la Constitu-

ción española (art. 27.2 c).

Dichainterpretación luegofue rearmada

por el Tribunal Constitucional español

en su decisión DTC 1/1992, FJ1, en los

términos siguientes:

Mediante la vía prevista en su art. 95.2

la Norma fundamental atribuye al Tri-

bunal Constitucional la doble tarea de

preservar la Constitución y de garan-

tizar, al tiempo, la seguridad y estabi-

lidad de los compromisos a contraer

por España en el orden internacional

(subrayado nuestro). Como intérprete

supremo de la Constitución, el Tribunal

es llamado a pronunciarse sobre la posi-

742 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

ble contradicción entre ella y un tratado

cuyo texto, ya definitivamente fijado,

no haya recibido aún el consentimien-

to del Estado (art. 78.1 de la LOTC).

Si la duda de constitucionalidad se

llega a confirmar, el tratado no podrá

ser objeto de ratificación sin la previa

revisión constitucional (art. 95.1 de la

norma fundamental). De este modo, la

Constitución ve garantizada, a través

del procedimiento previsto en su Título

X, su primacía, adquiriendo también el

tratado, en la parte del mismo que fue

objeto de examen, una estabilidad jurí-

dica plena, por el carácter vinculante de

la declaración del Tribunal (art. 78.2 de

la LOTC), como corresponde al sentido

de este examen preventivo.

Aunque aquella supremacía quede en

todo caso asegurada por la posibilidad

de impugnar [arts. 27.2 C) 31 y 32.1

LOTC] o cuestionar (art. 35 LOTC) la

constitucionalidad de los tratados una

vez que formen parte del ordenamien-

to interno (art. 96.1 C.E.) (subrayado

nuestro), es evidente la perturbación

que, para la política exterior y las re-

laciones internacionales del Estado,

implicaría la eventual declaración de

inconstitucionalidad de una norma

pactada: el riesgo de una perturbación

de este género es lo que la previsión

constitucional intenta evitar.

Por su parte reconocidos doctrinarios

como el pasado magistrado del Tribunal

Constitucional español y eminente cate-

drático universitario Pablo Pérez Tremps

(QEPD), estiman que

…el control previo de tratados

internacionales se justifica en buena

medida por permitir compaginar

la supremacía constitucional con la

responsabilidad internacional del

Estado, puesto que impide contraer con

otros sujetos de Derecho Internacional

compromisos que sean contrarios a la

Norma Fundamental. Hay que destacar

que, aunque este control preventivo

tenga su lógica en el deseo de evitar los

efectos que en el ámbito internacional

puede comportar la declaración de

inconstitucionalidad de un tratado

ya incorporado al ordenamiento, el

control previo no excluye la posibilidad

de contralar a posteriori los tratados

internaciones, sea mediante recursos

de inconstitucionalidad, sea mediante

cuestión de inconstitucionalidad.11

Por su parte, Santaolalla López:

(…) se plantea que sucedería, en el caso

de que el control únicamente tuviera

carácter preventivo, con aquellos trata-

dos incompatibles con la Carta Magna

que ya estuvieran en vigor, bien porque

la inconstitucionalidad se observa con

posterioridad a su formalización, bien

porque ya estaban en vigor al aprobar-

se la Norma Constitucional, indicando

que “indudablemente, se deberá pro-

curarse compatibilizar y armonizar al

máximo la norma internacional con la

norma constitucional interna. Pero, si la

incompatibilidad entre ambas persiste,

entendemos que deberá darse la aplica-

ción preferente a la Constitución sobre

el tratado, sin perjuicio de proceder a la

denuncia o a la modificación de este en

11 PÉREZ TREMPS, Pablo. Sistema de Justicia

Constitucional. Thomson Reuters. Madrid. 2010. Pág.

80.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 743

la forma prevista en el artículo 96. Esta

aplicación preferente de la Constitución

sobre un tratado ya entrado en vigor es

una consecuencia del principio de jerar-

quía normativa recogido en el apartado

3 del artículo 9 de la Constitución y de

la determinación del apartado 1 de este

mismo artículo de que “los ciudadanos

y los poderes públicos están sujetos a la

Constitución y al resto del ordenamien-

to jurídico, precepto que, al mencionar

en forma separada y en primer lugar la

sujeción a la Constitución, quiere resal-

tar su supremacía general y su fuerza

inmediata de obligar”. Por ello se debe

considerar, y coincidimos plenamente

con ello, que lo dispuesto en el artículo

95, es decir el control previo, sería una

garantía adicional pero no excluyente

de otras.12

Vistas las mencionadas diferencias de

conguración del control previo en

España y República Dominicana, lo que

sí es coincidente en ambos sistemas de

acoplamiento entre los ordenamientos

nacional e internacional es que también

el artículo 26.2 constitucional es similar

al 96.1 español, a saber: [l]as normas

vigentes de convenios internacionales

ratificados regirán en el ámbito interno,

una vez publicados de manera oficial.

Es lamentable que, para hacer una correcta

aplicación de la reserva de ley en materia

de normas objeto de control a posteriori,

el legislador orgánico dominicano obvió en

12 Citado por VILLANUEVA TURNES, Alejandro.

“DeclaraciónsobrelaConstitucionalidaddelosTratados

Internacionales”. El Tribunal Constitucional Español,

Una visión actualizada del supremo intérprete de la

Constitución. Editorial Tébar Flores. Madrid (España).

2017. Pág. 296.

el artículo 36 de la LOTCPC 137-13 los

tratados internacionales y, en una interpre-

tación restrictiva y no sistémica de la Cons-

titución, este colegiado ha cambiado un

precedente que era el constitucionalmente

adecuado.

IV. La improcedencia de la TC/256/14

a la luz del Derecho Internacional

Enun vano intento de justicar las, a mi

juicio, desacertadas motivaciones de esta

sentencia, la mayoría del Tribunal Consti-

tucional citó algunos de los argumentos de

la TC/0256/14 mediante la cual declaró

no conforme el Instrumento de Aceptación

de la Competencia de la Corte Interameri-

cana de Derechos Humanos.

No obstante, en la sentencia TC/0256/14

se hacen constar 3 votos disidentes emitidos

por los magistrados hoy eméritos Ana

Isabel Bonilla, Katia Miguelina Jiménez y

Hermógenes Acosta.

A continuación, resumiremos los princi-

pales argumentos que avalan que la acepta-

ción de dicha competencia podía hacerse,

como al efecto se hizo, mediante un instru-

mento sin necesidad de una convención es-

pecial, según lo prescribe el artículo 62.1

de la Convención Interamericana de los

Derechos Humanos:

Todo Estado parte puede, en el momen-

to del depósito de su instrumento de

ratificación o adhesión de esta Conven-

ción, o en cualquier momento posterior,

declarar que reconoce como obligatoria

de pleno derecho y sin convención espe-

cial46, la competencia de la Corte sobre

todos los casos relativos a la interpreta-

ción o aplicación de esta Convención.

744 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

Al efecto, la aceptación de la jurisdicción con-

tenciosa de la Corte IDH es una disposición

de la Convención Americana de Derechos

Humanosqueya había sidormaday rati-

cada por el Estado dominicano, con lo cual

se daba cumplimiento a lo establecido en la

Constitución cuando el veinticinco (25) de

marzo de mil novecientos noventa y nueve

(1999) el Poder Ejecutivo emitió el instru-

mento de aceptación de la competencia de

la Corte IDH para formar parte de todos los

componentes del Sistema Interamericano de

Protección de los Derechos Humanos.

Por tanto, la aceptación de la jurisdicción

contenciosa de la Corte IDH no es un tra-

tado o convención especial que ameritara

deunaraticacióncongresualdistintaala

dada al tratado internacional que la contie-

ne (Convención IDH), por lo que el instru-

mentormadoporelpresidentedeenton-

ces fue un acto jurídico unilateral y no un

tratado o convención internacional, por

lo que no estaba sujeto a las disposiciones

del actual artículo 93, letra L de la Consti-

tución 2010 que conceden la atribución al

Congreso Nacional de aprobar o desapro-

bar los tratados y convenciones internacio-

nales que celebre el Poder Ejecutivo.

La regularidad del procedimiento de aproba-

ción de un instrumento internacional debe

determinarse al amparo de la legislación vi-

gente en el país que da su consentimiento y

resulta que el mencionado artículo 62.1 de

la Convención forma parte del derecho in-

terno dominicano desde el 25 de diciembre

de1977,fechaenquefueraticadalaCon-

vención Americana de Derechos Humanos

por parte del Estado dominicano.

De manera que como el referido artículo

62.1 es el texto que contempla de manera

expresa la forma de aceptación de la

competencia de la Corte Interamericana

bastaba con darle cumplimiento al mismo,

como efectivamente se hizo.

No obstante, la solidez de estas argumen-

taciones que demuestran la inobservancia

de normas supranacionales sobre derechos

humanos con rango constitucional (art.

74.3), la sentencia de la que hoy disenti-

mos también utiliza motivaciones conteni-

das en la TC/256/14 referidas a una inter-

pretación del artículo 46 de la Convención

de Viena sobre el Derecho de los Tratados

(1969) sobre la nulidad de los mismos.

Como hemos visto, la TC/256/14 parte del

supuesto, en mi opinión no demostrado, de

que el consentimiento de la República Do-

minicana para aceptar la competencia de la

Corte IDH fue otorgado en violación a la

Constitución en el año1999 y, por efecto

del precedente vinculante, es inconstitucio-

nal e inaplicable en el ordenamiento interno.

Noobstante,“Aquísedebedistinguirlae-

cacia del tratado en el plano interno y en el

plano internacional. La celebración de un

tratado al margen de la Constitución o in-

cluso la declaración de inconstitucionalidad

de un tratado por el órgano competente de

un Estado (Tribunal Constitucional, Corte

Constitucional, Corte Suprema, etc.) sólo

llevaalainecaciaoinvalidezoaloquecada

Estado determine y nombre, de ese tratado

en el plano interno. Sin embargo, en tanto la

nulidad no sea declarada en aplicación de la

Convención, el tratado seguirá siendo válido

en el ámbito internacional.13

13ABUGATTĀS,Gattās.Nulidad de los Tratados, Vicios

referidos a la capacidad jurídica del representante al Es-

tado. Ratio Legis. Salamanca (España), 2017. Pág. 162.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 745

Para el profesor Abugattás, doctor de la

Universidad de Salamanca con una tesis so-

bre la nulidad de los tratados, la redacción

del citado artículo 46 de la Convención de

Viena“pone tantas trabas para su aplica-

ción y deja tantos temas sujetos a interpre-

tación, que lo torna prácticamente inaplica-

ble en casos concretos”14. En todo caso y

“pesealvicio, aún nodeclarado,existela

obligación de aplicar el tratado en atención

a lo ordenado por la Convención, ya que,

de lo contrario, se podría incurrir en res-

ponsabilidad internacional.15

V. Conclusiones

En vista de las consideraciones previamente

expuestas, consideramos que, en la especie,

el Tribunal Constitucional debió conocer

el fondo de la presente acción directa de in-

constitucionalidad en atención a que posee

la habilitación constitucional y está en el de-

ber ineludible de garantizar la supremacía

de la Constitución para controlar la consti-

tucionalidad de los tratados internacionales,

sin importar el momento en que el Estado

dominicano haya suscrito dicho tratado.

En el caso eventual de que un tratado in-

ternacional preconstitucional sea declara-

do no conforme a la Carta Magna, el Tri-

bunal Constitucional debería diferir los

efectos de la sentencia para que el Poder

Ejecutivo actúe conforme a las normas

del Derecho Internacional Público en ge-

neral, y de la Convención de Viena sobre

el Derecho de los Tratados en particular,

para evitar así la perturbación que ocasio-

naríala inecaciaoinvalidez de estetra-

tado en el ordenamiento jurídico interno.

14 Op. cit. p. 155.

15 Op. cit. P. 162.

Firmado: José Alejandro Ayuso, Juez

VOTO DISIDENTE DEL

MAGISTRADO VÍCTOR JOAQUÍN

CASTELLANOS PIZANO

1) Con el mayor respeto, ejerciendo las fa-

cultades constitucionales y legales que nos

incumben, nos permitimos disentir de la

sentencia precedente mediante la emisión

del presente voto discrepante. Nuestro

desacuerdo estriba en la errónea aplicación

efectuada a nuestro juicio por el Pleno del

Tribunal Constitucional, respecto a la nor-

mativa prescrita en los artículos 185.1 cons-

titucional16 y 36 de la Ley núm. 137-1117.

2) Obsérvese, en efecto, la opción ejercida

por el consenso mayoritario de inadmitir la

acción directa de inconstitucionalidad inter-

puesta, por «no tratarse el acto impugnado

de alguna de las normas susceptibles de ser

atacadas mediante el ejercicio de la acción

directa en inconstitucionalidad»; a saber:

leyes, decretos, reglamentos, resoluciones

y ordenanzas. Sin embargo, la simple lectu-

ra de la instancia concerniente a la referida

acción directa muestra, de manera expresa

y taxativa, su objeto exclusivo, consistente

en lograr la declaración de inconstituciona-

lidad de la Resolución núm. 3878, aproba-

16 «Artículo 185.- Atribuciones. El Tribunal Constitucio-

nal será competente para conocer en única instancia: 1)

Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las

leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas,

a instancia del Presidente de la República, de una terce-

ra parte de los miembros del Senado o de la Cámara de

Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y

jurídicamente protegido;

17 «Artículo 36.- Objeto del Control Concentrado. La

acción directa de inconstitucionalidad se interpone ante

el Tribunal Constitucional contra las leyes, decretos, re-

glamentos, resoluciones y ordenanzas, que infrinjan por

acción u omisión, alguna norma sustantiva».

746 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

da por el Congreso Nacional el diez (10) de

julio de mil novecientos cincuenta y cuatro

(1954); es decir, la decisión administrativa

quedictaminólaraticacióndel Concorda-

to suscrito entre la Santa Sede y la República

Dominicana el dieciséis (16) de junio de mil

novecientos cincuenta y cuatro (1954).

3) En este sentido, la impugnación someti-

da por el accionante ante este colegiado no

fue el texto del Concordato per se, sino la

indicada resolución que dictaminó la incor-

poración de este último instrumento al orde-

namiento jurídico dominicano. Contrario a

lo decidido por el consenso mayoritario, re-

sulta obvio que, al tratarse de una resolución

dictada por el Congreso Nacional, se impo-

ne considerar su inclusión entre las disposi-

ciones contempladas por los artículos 185.1

constitucional y 36 de la Ley núm. 137-3.

4) Por tanto, estimamos que la acción direc-

ta de inconstitucionalidad de la especie de-

bió declararse admisible y, en consecuencia,

procederse al conocimiento del fondo de

esta última. El fundamento de este criterio

radica en que las resoluciones emanadas del

Congreso Nacional son disposiciones sus-

ceptibles de ser cuestionadas mediante el

aludido mecanismo constitucional, tal como

prescriben los artículos 185.1 constitucio-

nal y 36 de la Ley núm. 137-11.

Firmado: Víctor Joaquín Castellanos Piza-

no, Juez

VOTO DISIDENTE DEL

MAGISTRADO DOMINGO GIL

Con el debido respeto que me merece el

criterio mayoritario del Pleno del Tribunal,

discrepo, no obstante, de la solución dada

a este caso por este órgano constitucional.

Mediante el presente voto disidente tengo a

bien expresar las razones que, en derecho,

me apartan de esa solución.

Introducción

En fecha 25 de enero de 2011 el señor José

Cristóbal Flores de la Hoz interpuso ante la

Suprema Corte de Justicia18 formal acción

directa de inconstitucionalidad contra los

artículos I, III, IV, VI, VII, IX, XI, XIV,

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI,

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII

delllamado“Concordato”,suscritoentre

República Dominicana y la Santa Sede el

16 de junio de 1954. Dicho convenio fue

aprobado por el Congreso Nacional me-

diante la resolución núm. 3874, de 10 de

julio de 1954. Esa acción fue declarada in-

admisible mediante la presente sentencia;

decisión que es objeto de mi voto disidente.

An deprocuraruna mejor comprensión

de mi disidencia, la presente exposición

constará de dos partes, la referida a las

consideraciones generales sobre el llamado

“Concordato” (I) y la concerniente a los

criterios que constituyen el fundamento de

mi voto disidente (II).

I. Consideraciones generales sobre el

Concordato

En un interesantísimo ensayo titulado Tru -

jillo, Bonnelly, Pío XII y el Concordato, el

historiadorWenceslaoVegaBoyriearma

18 Cuando la presente acción se interpuso aún no había

sido integrado el Tribunal Constitucional. Debido a ello,

la acción presente fue incoada ante la Suprema Corte de

Justicia, conforme a lo previsto por la tercera disposición

transitoria de la Constitución de 2010, que prescribía:

“LaSuprema Cortede Justiciamantendrá lasfunciones

atribuidas por esta Constitución al Tribunal Constitucio-

nal y al Consejo del Poder Judicial hasta tanto se integren

esas instancias”.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 747

que“Trujillo,enelvigésimosegundoaño

de su régimen, se autoproclamó abande-

rado del anticomunismo en América en su

enfrentamiento con la Unión Soviética y,

almismotiempo,identicabacomocomu-

nista a todo dominicano o extranjero que le

fuera contrario. Fue en ese escenario que

el ‘Benefactor de la Patria’ consideró que

aanzaría su posición si se aliaba fuerte-

mente con el Vaticano, donde el papa Pío

XII, ultraconservador19, vivía los últimos

añosdesuponticado”.

19A ndetenerunaideasobreel ponticadodePío XII,

creo conveniente hacer constar aquí parte de un extenso

artículo escrito por Abril Phillips, publicado por el

periódico barcelonés La Vanguardia en su edición de 22

de febrero de 2020 con el título de ¿Por qué calló Pío XII

durante el exterminio nazi? En este artículo la autora dice lo

siguiente:“Pío XII (1876-1958) bien puede considerarse

como uno de los pontíces más controvertidos de la

historia. El que fue Papa durante la Segunda Guerra

Mundial ha sido retratado tanto como un héroe que ayudó

a salvar miles de vidas judías desde la discreción, como

un líder religioso atrapado en una situación que lo obligó

a callar para evitar una mayor represalia nazi, e incluso

como el “Papa ideal para el indecible plan de Hitler”,

tal como lo bautizó el historiador John Cornwell en su

famoso libro El Papa de Hitler (Planeta). El silencio papal

en torno al nazismo es innegable, pero la controversia

se centra más bien en las distintas explicaciones que se

le dieron: desde las interpretaciones más apologéticas

hasta otras mucho más críticas. Las acusaciones frente a

la pasividad del Sumo Pontíce empezaron a extenderse

al terminar la guerra, pero fue en 1963 cuando creció la

polémica, cuando se estrenó en Alemania la obra de Rolf

Hochhuth, El Diputado, donde el líder religioso aparecía

retratado como un abierto colaborador del régimen nazi.

Los historiadores críticos otorgan al Pontíce una

gran responsabilidad en el ascenso nazi y le acusan de

no afrontar el Holocausto. Se inició entonces un debate

historiográcoque aún hoy permanece abierto y que el

Vaticano ha intentado atajar liberando parcialmente alguna

documentación a la que con el tiempo se sumó información

procedente de otros archivos. La apertura completa de

los archivos de su ponticado (1939-1958), prevista

para el día 2 de marzo, puede poner n a la polémica

y abrir el camino a unas respuestas esperadas durante

décadas. Uno de los primeros aspectos controvertidos en

torno a Pío XII corresponde a la época en que todavía se le

conocía por su nombre, Eugenio Pacelli. Sus años como

En dicho escrito Vega Boyrie reseña el pro-

cesodenegociacióndelllamado“Concor-

dato”, suscrito entre República Dominica-

nuncio papal, entre 1917 y 1930, en Baviera, primero,

y en la República de Weimar, después,dieron lugar a su

reconocida germanolia, posteriormente utilizada por

muchos autores para justicar su supuesta complicidad

con la Alemania nazi. Sin embargo, fue su rol como

Secretario de Estado del Vaticano, en función del cual

impulsóla rmadel Concordato de 1933 entre la Santa

Sede y la emergente Alemania nazi, lo que lo terminó de

convertirle en blanco de críticas. Este acuerdo pretendía

garantizar los derechos de la Iglesia Católica en Alemania,

a cambio de que ésta prestara lealtad a la máxima autoridad

política del país y de que los clérigos se abstuvieran de

intervenir en política interna. Para muchos historiadores

críticos, esto fue visto como una manera de dar legitimidad

moral al régimen nacionalsocialista en sus inicios . John

Cornwell, por ejemplo, ve a Pacelli como el mentor del

Concordato y asegura que tuvo una gran responsabilidad

enelascensodelosnazis.“Negocióesteacuerdocaraacara

con Hitler, con escasa inclusión de los obispos alemanes y

del Partido del Centro Católico”, asegura el historiador

en diálogo con La Vanguardia. Los defensores de Pío XII

señalan que la Iglesia no tenía capacidad para frenar

al nacionalsocialismo y que su silencio evitó males

mayores. A su vez, explica que, a través de este tratado,

entendido como un instrumento de poder centrado en el

Vaticano, “la Iglesia alemana fue despojada de su poder

local en el momento en que podría haber ofrecido oposición

a Hitler y los nazis antes de la imposición total del estado

policial. Como resultado, la oposición se desmoralizó, la

generación más joven se escandalizó y ayudó a la imagen

de Hitler en la escena internacional. Es en este sentido que

sostengo que Pacelli fue el Papa de Hitler”. Sin embargo,

historiadores como Antonio Fernández García, profesor

en la Universidad Complutense,han matizado esta tesis.

“Quelos católicoshubieran podidofrenar aHitler deno

habersujetadolabridaelVaticanonoguraenlosestudios

que se han consagrado a las Iglesias y el nazismo, porque

en principio disponían de mayor peso social las iglesias

protestantes y no han recibido ninguna acusación de esta

naturaleza”, señala en un artículo. En cualquier caso, el

acuerdocon Alemania fueparecido a otrosrmados con

regímenes reaccionarios, como la Polonia autoritaria

(1925), la Italia fascista (1929), o más adelante con

la España franquista (1953). Muchos críticos explican

esta inclinación hacia al autoritarismo por una estrategia

orientada a recuperar la soberanía del papado y por una

aversión frente al posible ascenso comunista. Para León

Papeleaux, por ejemplo, los gestos de Pío XII se explicaban

por su convencimiento que el mayor peligro para Europa no

radicaba en el nazismo sino en el bolchevismo.

748 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

na y la Santa Sede el 16 de junio de 1954.

Vega Boyrie –quien consultó el expediente

personal de Rafael F. Bonelly, funcionario

dominicano enviado a Roma para negociar

el acuerdo con el Vaticano– relata que las

instrucciones dadas por el dictador domi-

nicanoRafaelLeónidasTrujilloera“lograr

un texto lo más parecido al borrador y de

negociar y conceder lo menos posible a

las pretensiones del Vaticano, reservando

ciertos asuntos a la soberanía nacional”.

Entreesos asuntoslos dosvitaleseran“la

designación de Arzobispos y Obispos, para

lo cual la posición dominicana era que para

llenar esos cargos el Gobierno Dominicano

tendría el derecho de objetar cualquier can-

didato antes de que fuese designado”, pri-

mero,y, segundo,“elrelativo a losmatri-

monios celebrados por la Iglesia Católica,

que el Vaticano proponía tuvieran la misma

fuerza que los civiles”.

Sobre este último punto el negociador do-

minicano indicaba (en un informe enviado

al gobierno dominicano) lo siguiente sobre

este último punto: “… para la Iglesia no

existe matrimonio civil, y como no existe,

no puede reconocerlo. Nuestra propues-

ta consistía en mantener lo que establece

nuestra Ley de Matrimonio: que previa-

mente al matrimonio religioso se celebrara

el matrimonio civil y que el único efecto de

matrimonio religioso fuese el colocar a los

contrayentes en la imposibilidad jurídica

de obtener divorcio civil”. Y agregaba: de

noacogersesuparecer,“elVaticanodecla-

raqueantespreerequeelConcordatono

se celebre”.

En esa situación el dictador Trujillo con-

sultó a Manuel de Jesús Troncoso de la

Concha, destacado jurista dominicano, es-

pecialista en derecho internacional y presi-

dente del Senado en ese entonces, quien,

en una respuesta por escrito, consignó,

entre otras consideraciones, lo siguiente:

“Lasituación estánetamentedenida por

la Santa Sede. O el Gobierno Dominicano

acepta sin modicación aquellas disposi-

ciones sustanciales o no hay concordato”.

Yagregaba:“…laRepúblicanotienenin-

guna necesidad de dar realidad jurídica en

un instrumento internacional a la renuncia

de un derecho, como es el de presentación,

que tan de cerca toca a sus inajenables atri-

butos de soberanía.

Este sacricio no quedaría compensado

con un bien suciente de magnitud para

justicarlo.El benecio espiritualquere-

cibe de la Iglesia el pueblo dominicano,

único que cabe tomar en consideración, no

aumentaría por ello. A esta razón se agrega

la de que la República ha ejercido en el pa-

sado ese derecho, sin estar ligada a un Con-

cordato, con mayor fundamento debería

ejercerlo al concertar uno”. Y terminaba

con la siguiente sugerencia: De tener for-

zosamente que contenerlos como condi-

ción esencial propuesta por la santa Sede,

preferible es que no haya Concordato”.

Pero esos criterios no prosperaron: el dic-

tador Trujillo desoyó la opinión y el conse-

jo de sus asesores, pues no perseguía otro

propósitoque no fueselasanticación de

su régimen de oprobio y terror; si el dicta-

dor Franco y el fascista Mussolini lo habían

logra, él también podía. Con ello satisfacía,

además, su extremo complejo de mega-

lomanía. Y de ello se aprovechó la Santa

Sede. Finalmente el Concordato se con-

cluyó sin que el Vaticano variara un ápice

sus posiciones iniciales en el sentido apun-

tado.Parasurmaelpropiodictadorviajó

a Roma (muestra fehaciente de su personal

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 749

interés en el acuerdo). Por la Santa Sede el

acuerdo fue suscrito por Domenico Tardi-

ni, Prosecretario de Estado para los Asun-

tos Eclesiásticos Extraordinarios.

Sin embargo, este acuerdo ha sido objeto

de importantes cuestionamientos a través

de los años. La evidencia de esa importan-

cia son la presente acción de inconstitucio-

nalidad y otras que la han precedido. Entre

esos cuestionamientos el más relevante es

el que consta en un ensayo del destacado

jurista Hipólito Herrera Billini, publica-

do por la revista Estudios Jurídicos, de

Ediciones Capeldom, en 1961, titulado

Constitución y Concordato. En ese escrito

HerreraBilliniarmabaqueelConcordato

contenía varias disposiciones que estaban

“en conicto con nuestra Constitución y

con la doctrina en que ella se inspira”. Su

estudio abarcaba cinco grandes tema:

a) Sobre la religión y el Estado. Al respecto

armabaqueelartículo1delConcordatoy

otras de sus estipulaciones, al declarar ex-

presamente que la religión católica, apos-

tólica, romana, es la del Estado Dominica-

no, está en pugna con la libertad religiosa

consagrada por primera vez en la Consti-

tución de 1907 y mantenida en todas las

subsiguientes.

b) Sobre matrimonio y divorcio. En este

sentidosostenía:“ElConcordatoreconoce

en su artículo XV plenos efectos civiles al

matrimonio canónico y prohíbe el divorcio

de los cónyuges que se unen en tal forma.

Esta última estipulación atenta contra un

derecho humano que teníamos por adqui-

rido, e incurso en la garantía consagrada en

el artículo 10 de la Constitución (y antes en

otro artículo, según la cual ‘la enumeración

contenida en el artículo 8 no es limitativa y

por tanto no excluye la existencia de otros

derechos de igual naturaleza. Al expresarse

así todos entendemos que la Constitución

se remite, no únicamente a derechos espe-

cícosen Constitucionesescritasanterio-

res, y a derechos consagrados por las leyes

en ocasiones de una inconfundible mani-

festación de la conciencia nacional en una

materia permanente, como es la de las re-

lacionesfamiliares”.Yagregaba:“…apar-

tir del Concordato, han surgido en el país

dos tipos de matrimonio, el que no puede

disolverse por divorcio, y el que se puede

deshacer por divorcio, lo cual crea una si-

tuación social confusa y heteróclita, que en

nada puede convenir a un orden jurídico

armónico”.

c) Sobre instrucción católica. Herrera Billi-

niarmabaaesterespectolosiguiente:“El

Concordato en sus artículos XIX, inciso 2,

XXII y en otras estipulaciones, prevee [sic]

lainstrucciónreligiosaenlasescuelaso-

ciales. La situación que ello crea, unida a la

declaración del catolicismo como religión

del Estado, aunque resulte de disposicio-

nes sutilmente arregladas para dar a los pa-

dres de familia una decisión facultativa en

esta materia, es incompatible con el prin-

cipio de libertad de conciencia y de cultos

[…].Laenseñanza de lareligióndebe es-

tar reservada a las Iglesias y a las escuelas

eclesiásticas, conforme a la religión que se

profese. Pero cuando el Estado promueve

esta enseñanza y acepta que las institucio-

nesociales,quesostienencontribuyentes

de todas las confesiones religiosas, se en-

señe una sola religión, no hay duda de que

la libertad de conciencia queda gravemente

comprometida”.

d) Sobre el empleo de fondos públicos. En

este sentido Herrera Billini sostenía: “…

750 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

Toda ayuda del Gobierno que favorece una

religión con respeto de otras viola el princi-

pio constitucional que consagra la libertad

religiosa”. Y agregaba, de manera lapida-

ria:“ElpoderdelEstadonodebeserusado

parafavorecerningunareligión…”.

e) Sobre la presentación obispal y pase de

obispos y sacerdotes. Al respecto el autor

señalaba:“ElConcordatoestableceacerca

de esos puntos, en sus artículos V y IX y en

otras partes del mismo, un procedimiento

que se aparta de esa tradición altamente

preservadora de los intereses nacionales, al

someter esos pases y esa presentación20 a

un sistema en el que la Santa Sede se reser-

va la última palabra. En esencia, esas regu-

laciones se apartan del caudal no escrito en

nuestra Constitución”.

Con base en esas consideraciones, Hipólito

HerreraBilliniconcluíasí:“ElConcordato

de 1954 es un simple pacto adjetivo entre

dos instituciones, la República Dominica-

na y la Santa Sede. No siendo un texto de

orden constitucional, debe sujetarse a los

supremos principios, escritos y no escritos,

que sirven de base a nuestra Constitución

Política. Cualquier estipulación de ese ins-

trumento internacional que no se conforme

con esos principios, carece de fuerza per-

manente, no puede tener sino un efecto

transitorio, y conspira contra la permanen-

cia jurídica que debe tener un pacto de su

importancia.

Mediante la presente acción de amparo

el accionante perseguía que el Tribunal

declarara la inconstitucionalidad de nu-

20Sereerealprivilegiodepresentarlos candidatospara

el arzobispado al gobierno dominicano, exigencia que se

estableció con el nacimiento de la República, como parte

de nuestro derecho público consuetudinario.

merosos textos del Concordato de 1954.

Como se ha dicho, los textos imputados

como inconstitucionales son los artículos

I, III, IV, VI, VII, IX, XI, XIV, XV, XVI,

XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXI-

II, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del men-

cionado convenio. Veintiún artículos en

total. Aunque la acción descansa en fun-

damentos cercanos a los enarbolados por

Hipólito Herrera Billini en el escrito que

he destacado precedentemente, la instan-

cia contentiva de la presente acción hace

hincapié o insiste sobre algunos aspectos

que vale la pena hacer constar, sea por su

relevancia, sea por la agudeza de las con-

clusiones que resultan del análisis del con-

tenido del convenio atacado.

Estos aspectos relevantes son los que indi-

co a continuación:

a) En cuanto a los artículos relativos a la

organización de las circunscripciones dio-

cesanas (prevista por los artículos VI y VII

del Concordato), el accionante sostiene

que esos textos atentan contra los artículos

1, 2, 3 6, 7, 8, 39 y 45 de la Constitución,

“…enrazón de queconsagranunodioso

y discriminatorio privilegio de una tenden-

cia o de unas ideas religiosas sobre otras,

desconociendo: 1. El pluralismo ideológi-

co, cultural, político y religioso existente

en la República; 2. La unidad de la Repú-

blicaencuantoaentejurídicose reere,

pues afecta su autonomía colocando a la

Iglesia -Apostólica Romana no sólo como

lareligiónocial del Estado, sino incluso

por encima del Estado mismo, al supeditar

la actividad estatal al concepto religioso de

la citada iglesia; 3. Establece una dualidad

en materia de soberanía y permite la inje-

rencia de la persona jurídica denominada

Iglesia Católica, Apostólica y Romana,

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 751

cuyo representante legal es el Sumo Pon-

tícegobernantedelEstado Vaticano, en

los asuntos internos, es decir que la Ley

consagra la confesionalidad del Estado do-

minicano, cuando la constitución la recha-

za, al disponer expresamente la libertad de

cultos”.Arma,demás,quela“pretendida

autonomía de la jurisdicción eclesiástica,

ajena al ordenamiento dominicano”, viola

elartículo4denuestraCartaSustantiva“al

establecer una jurisdicción diferente a la

establecida en la constitución”.

b) Señala, asimismo, que el referido conve-

nio vulnera los artículos 2, 7, 8, 45 y 50.1

de la Constitución, ya que restringe la so-

beranía del Estado al establecer un “mo-

nopolio en las autorizaciones religiosas a

cargo de la iglesia católica”.

c) Resalta que el Concordato es inconstitu-

cional“porfacilitarlaintervenciónyparti-

cipación del Estado en el avance territorial

en la noción de la fe católica, permitiendo

la hegemonía religiosa que discrimina a los

ciudadanos, con lo que se afecta la igualdad

religiosa”, el “pluralismo ideológico” y,

consecuentemente,“lalibertaddeculto”.

d) El accionante apunta, además, que va-

rias disposiciones del Concordato “per-

miten la concentración de la educación del

pueblo dominicano en manos de la igle-

sia”,conloque“elconcordato establece

un monopolio de la educación, discrimi-

nando las otras confesiones religiosas, al

tiempo que transgrede la libertad de culto

yreligión”.Armaalrespectoqueelloes

así pese a que, de conformidad con el ar-

tículo 45 de la Constitución corresponde

alEstado:“a)reconoceratodapersonael

derecho fundamental de libertad religiosa

y de educación religiosa, reconocimiento

que incluye los derechos de las iglesias y

confesiones religiosas: b) reconocer a los

padres el derecho de escoger el tipo de

educación para sus hijos; c) el deber de

ofrecer en los establecimientos públicos

educación religiosa; y d) reconocer el de-

recho a todo ciudadano a no ser obligado

a recibir educación”.

e) El accionante también sostiene que el

artículo VII del Concordato es contrario

a nuestra Carta Sustantiva debido a que

“consagralaobligatoriedadparaelEstado

de contribuir con fondos del presupuesto

nacional al sostenimiento de los planteles

católicos”. Y agrega en ese sentido: “El

nanciamientoquehaceelEstadoalasac-

tividades de la Iglesia Católica sólo puede

concebirse de dos formas: como servicios

públicos o actividades de interés general

conlaconsiguienteconfusión entre nes

estatalesy losnes religiososdelaIglesia

Católica, prohibida por el principio de lai-

cidad del Estado dominicano o bien que no

son ni lo uno ni lo otro”.

f) El accionante alega, por igual, que el

Concordato es inconstitucional en lo

relativo a las disposiciones relativas al

matrimonio “católico o canónico”. Dice

que en el convenio contraviene el artícu-

lo55.3delaCartasustantiva.“Enefecto

–arma–,elartículo55inciso3conere

al Estado la potestad exclusiva de regla-

mentar todo lo relativo al matrimonio, sus

formas, rito, naturaleza, efectos, nulidad y

disolución sin importar las convicciones y

creencias religiosas de los contrayentes,

sin menoscabar la libertad de los ciuda-

danos de acudir a la forma religiosa de su

conveniencia o predilección en respeto a

las disposiciones relativas a la libertad de

concienciayculto…”.

752 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

g) Finalmente, conviene consignar, como

cierre de esta breve reseña, la crítica

que el accionante hace al artículo XI del

Concordato, ya que ella constituye, en cierta

medida, una especie de planteamiento

general de su acción, pese a que no sirve de

colofón a la fundamentación de su acción.

Sobreese texto arma: “… en el caso en

particular del artículo 11 se pretende

sustraer del ordenamiento nacional a los

miembros de la Iglesia Católica al someterlo

a la legislación canónica, otorgando

prevalencia al derecho canónico, lo que

equivale a [1] violar la soberanía nacional

(artículo 3) de la nueva constitución y

admitir la injerencia del Vaticano en

asunto internos, además de [2] violar el

principio de igualdad, que establece que

todas las personas son iguales ante la ley,

deben recibir la misma protección y trato

de las instituciones, autoridades y demás

personas sin discriminación por razones

de género, color, edad, discapacidad,

nacionalidad, vínculos familiares, lengua,

religión, opinión política o losóca,

condición social o personal, al mismo que

tiempo que condena todo privilegio que

quebrante la igualdad y obliga al Estado

promover las condiciones para que la

igualdad sea real y efectiva y a adoptar

las medidas para prevenir y combatir

la discriminación la marginalidad, la

vulnerabilidad y la exclusión”.

La seriedad de esas imputaciones contra

el Concordato debió merecer la atención

del Tribunal Constitucional, conociendo

los méritos de la presente acción. Sin em-

bargo, el Tribunal se descantó por la inad-

misibilidad de la acción, como veremos a

continuación, a propósito del sustento de

mi voto disidente.

II. El fundamento de mi voto disidente

Como se comprueba, el Tribunal Cons-

titucional declaró la inadmisibilidad de la

acción directa de inconstitucionalidad a

quesereereelpresentecaso.Parasusten-

tar su decisión, el Tribunal se sostiene, en

sustancia, en dos pilares: a) que, de confor-

midad con los artículos 85.2 de la Consti-

tucióny55delaley 137-11,“… elcons-

tituyente y el legislador han optado por un

control de constitucionalidad preventivo

de los tratados internacionales, el cual

permite que este Tribunal Constitucional

veriquelaconformidadonodeltratadoo

acuerdo con la Constitución con anteriori-

dad a su completa aceptación o aprobación

por parte del Congreso y, con ello, antes de

su entrada en vigor para el país como par-

te contratante…”; que, por consiguiente,

dichos tratados están sujetos a un control

a priori; y 2) que, en cambio, el control de

constitucionalidadaquesereerenlosar-

tículos 185.1 de la Constitución y 36 de la

ley 137-11 se ejerce a posteriori y que en

ese texto no se encuentran los tratados in-

ternacionales. De esas dos ideas esenciales

el Tribunal concluye que “… el ejercicio

de un proceso a posteriori de control de

constitucionalidad de tratados internacio-

nales no se encuentra contemplado por la

Constitución, sino que la garantía de con-

formidad se desarrolló mediante el ejerci-

cio de un control a priori o preventivo; esto

asíconlanalidaddeevitarlaadopciónde

una norma contraria a dicha Carta Magna, a

la vez que se garantiza la supremacía cons-

titucional”. Y agrega: “En este sentido,

consideramos que ni la Constitución de la

República ni la Ley 137-11 contemplan

que este Tribunal Constitucional conozca

sobre la constitucionalidad del contenido

de los tratados internacionales después de

estos ser aprobados –ex post o posteriori–,

es decir, que no se puede pretender que

se decrete su inaplicabilidad o expulsión

del sistema jurídico mediante la acción de

inconstitucionalidad, al no encontrarse

dentro de los actos reservados para su im-

pugnación (leyes, decretos, reglamentos,

resoluciones y ordenanzas). Sin embargo,

el tribunal actuará como frontera frente a

los posibles vicios de constitucionalidad

mediante el control a priori o preventivo

que establece el artículo 185.2 de la Cons-

titución. De lo anteriormente expuesto –

agrega el Tribunal–, resulta que la presente

acción deviene en inadmisible, al no tratar-

se el acto impugnado de alguna de las nor-

mas susceptibles de ser atacadas mediante

el ejercicio de la acción directa en incons-

titucionalidadidenticadasenlosaludidos

artículos 185.1 de la Constitución y 36 de

la Ley núm. 137-112”.

Delestudiodeesasarmacionesseconclu-

ye que mediante esta decisión el Tribunal

Constitucional ha clasicado los tratados

internaciones en dos grandes grupos: los

que no están sujetos a control constitucio-

nal, por ser anteriores a la Constitución de

2010, y los que sí están sujetos a dicho con-

trol, por ser posteriores a esa Carta Sustan-

tiva. Ello no sólo es contrario a la misión de

guardián de la Constitución que el artículo

184de la LeyFundamentalha conadoa

este órgano, sino que, con ello desconoce

la voluntad del constituyente dominicano,

para quien la Constitución es la norma su-

prema del Estado, la cual, por esa elemen-

tal razón, no puede convivir con ninguna

norma que le sea contraria, sin importar su

origen, género o naturaleza. Esa voluntad

está expresamente consignada, de manera

expresa o implícita, en numerosos textos de

la Constitucional, sobre todo en su artículo

6, precepto que, de manera clara y palmaria

prescribe la nulidad de toda norma o acto

que le sean contrarios21. Esta es la piedra

angular en que se sustenta nuestro orden

constitucional. De esta idea se concluye,

de manera obvia, que la Constitución no

sólo es nuestra Norma Fundamental, sino,

además, nuestra Norma Fundacional, lo

que hace del Estado dominicano un Estado

Constitucional.

Aunque todo lo que vengo de decir es

muy obvio, quizá demasiado, he conside-

rado necesario señalarlo para resaltar el

peligro que constituye la conclusión a la

que ha llegado el Tribunal respecto de los

tratados internacionales, pues con ello se

admite, en denitiva, que en nuestro or-

denamiento jurídico pueden subsistir nor-

masenconictoconlaConstitución,con

tal de que hayan sido aprobadas antes de

la reforma constitucional de 2010. Esa no

puede ser la lectura lógica del artículo 277

constitucional, ya que con ello se pierde la

supremacía de la Constitución, lo que no

es posible en un estado constitucional de

derecho.“Laley–diceZagrebelsky–,por

primera vez en la época moderna, viene

sometida a una relación de adecuación,

y por tanto de subordinación, a un estra-

to más alto de derecho establecido por la

Constitución”22. Es por ello que, con el

propósito de evitar la sobrevivencia de

normas inconstitucionales después de una

reforma de la ley Fundamental, la doctrina

y la jurisprudencia han acudido al concep-

to de inconstitucionalidad sobrevenida,

21Elartículo 6constitucionaldispone: “…Sonnulos de

pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o

acto contrarios a esta Constitución”.

22 Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil (traducción de

Marina Gascón), octava edición, Editorial Trotta, Madrid,

2008, pág. 34.

754 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

como una manera de sujetar a la suprema-

cía constitucional a toda norma que haya

antecedido a la Norma Suprema. Y no pue-

de ser de otra manera después del cambio

de paradigma que se produjo cuando se

pasó del estado legal de derecho al esta-

do constitucional de derecho, en el que es

incuestionable que las normas infracons-

titucionales están subordinadas al manda-

to de Constitución, lo que exige que las

primeras sean coherentes con la segunda.

Por consiguiente, es constitucionalmente

imposible que una norma pueda escapar al

control de constitucionalidad, pues de lo

contrario se derrumbaría el ordenamiento

jurídico construido sobre la base de la su-

premacía constitucional.

Por tanto, es constitucionalmente incorrec-

to que se pretenda excluir el llamado Con-

cordato de las normas y actos jurídicos a que

sereerenlos artículos 185.1dela Cons-

titución y 36 de la ley 137-11. Ello no es

posible en un estado constitucional como el

nuestro, pues ello privaría a la Constitución

de la condición de Norma Suprema.

El Tribunal Constitucional parece decir,

además, que, en todo caso, el eventual

pronunciamiento de la inconstitucionali-

dad del Concordato no podría evitar que el

estado dominicano siga sujeto a su cumpli-

miento porque ello sería contrario al artí-

culo 27 de la Convención de Viena sobre el

Derecho de los Tratados. Al respecto dice

elTribunal: “Debemosrecordar queen la

eventualidad de que dicha facultad existie-

ra, el hecho de que sea decretada la incons-

titucionalidad de un tratado internaciona-

lidad no implica la desvinculación y cese

inmediato de las obligaciones contraídas

por el país; esto así, porque dicha vincula-

ción se encuentra atada a las disposiciones

del derecho público internacional no solo

para su nacimiento, sino, además, para su

anulación o disolución”.

Sin embargo, este juicio es contrario a dos

precedentes del propio Tribunal, los cuales

son citados, paradójicamente, en esta deci-

sión con la pretensión de obviarlos. Pro-

curaré demostrar la incorrección de este

razonamiento.

En primer lugar, el Tribunal descarta la

aplicación del precedente establecido por

este órgano en su sentencia TC/0256/14,

de 4 de noviembre de 2014. Hemos de re-

cordar que en esa decisión el Tribunal juz-

gó que la simple lectura de los artículos de

los artículos 26, 27 y 46 de la Convención

de Viena sobre el Derecho de los Tratados

“revelainmediatamentequelaprohibición

de invocar normas del Derecho Interno

para incumplir las responsabilidades es-

tatales provenientes de las convenciones

internacionales tiene una excepción que

gura en el precitado artículo 46 de la

misma convención. En efecto, el numeral

I(partein ne), deestadisposición pres-

cribe la inecacia de dichas reglas de la

Convención23 cuando el consentimiento

de un Estado para participar en un tratado

no se ha producido, o se encuentra afecta-

dodenulidad maniesta queafecteauna

norma de importancia fundamental para el

Derecho Interno”. Es precisamente esto

23Se reere al principiopacta sunt servanda, según el

cual “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe

ser cumplido por ellas de buena fe” (art. 26 de dicha

convención), así como a la regla contenida en el artículo

27 de dicho instrumento internacional, que dispone: El

derecho interno y la observancia de los tratados. Una

parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho

internocomo justicaciónde untratado, Estanorma se

entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 755

último –aunque el Tribunal pretenda des-

conocerlo, sin sustento jurídico alguno– lo

que justicabalano aplicaciónenel pre-

sente caso de las reglas contenidas en los

artículos 26 y 27 de dicha convención, y

obligaba a este órgano constitucional a co-

nocer los méritos de la presente acción de

inconstitucionalidad contra el Concordato.

En efecto, tal como señala el Tribunal en la

citada 0246/14, esas reglas tienen aplica-

ciónbajocondición:“…cuandoelconsen-

timiento de un Estado para participar en un

tratado no se ha producido, o se encuentra

afectado de nulidad maniesta que afecta

a una norma de importancia fundamental

para el Derecho Interno”.

De ello se concluye que cuando –con oca-

sión de una acción de inconstitucionali-

dad– se impute a un convenio internacional

la afectación de una norma de importancia

fundamental (y ninguna puede serlo más

que la Constitución de la República), el

Tribunal Constitucional tiene la obligación

devericarlaveracidadonodeesaimpu-

tación y, consecuentemente, conocer los

méritos de dicha acción. Y como eso es lo

que se le ha imputado al Concordato, el

Tribunal estaba compelido a conocer el

fondo de la acción, no a pronunciar su in-

admisibilidad. Del anterior razonamiento

se concluye que, en el sentido apuntado, en

la presente especie el Tribunal desconoció

el precedente establecido por la sentencia

TC/0256/1624.

24Esimportanteresaltar–andeevitarladistorsión en

quese sustenta esta decisiónpara tratar de justicarla

no aplicación del precedente de la TC/0256/14- que la

condición determinante para la no aplicación de las reglas

de los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre

el Derecho de los Tratados es la afectación de una norma

de importancia fundamental (como la Constitución) por

parte del convenio internacional sometido al control de

la constitucionalidad, como en el presente caso, lo que

En segundo lugar, el Tribunal reconoce, al

menos, que la presente acción es similar a

la decidida por éste órgano mediante la sen-

tencia TC/0495/15, de 6 de noviembre de

2015. En aquel caso el Tribunal Constitu-

cional se declaró competente y conoció el

fondo de una acción de inconstitucionalidad

interpuesta contra varias disposiciones del

Tratado de Libre Comercio suscrito entre

la República Dominicana, Centroamérica y

los Estados Unidos de América (denomina-

do DR-CAFTA). En esa decisión el Tribu-

naldejó establecidoconsuciente claridad

losiguiente:“Deacuerdoconlaaplicación

al principio de soberanía, este tribunal

entiende que al ser nuestra Constitución el

máximo marco jurídico de nuestro ordena-

miento, cualquier disposición que contra-

vengaloestablecidoporellanotendráeca-

cia jurídica, con excepción de los tratados

de derechos humanos debidamente suscri-

tos, aprobados y adoptados por la República

Dominicana, en observancia de las normas

constitucionales al efecto, y en función

de las disposiciones del artículo 74, nume-

ral 3, de la Constitución”. De conformidad

con esta decisión, el control de constitucio-

nalidad se ejerce no sólo contra las normas

infraconstitucionales de derecho interno,

sino, además, contra los tratados o conve-

nios internacionales. De no ser así nuestra

Ley Fundamental carecería de valor frente a

esos instrumentos jurídicos, derribando así

el principio de supremacía constitucional

consagrado por el artículo 6 de nuestra Car-

ta Sustantiva.

No obstante, lo anterior, en la presente

decisiónelTribunalConstitucionalarma

obligaba al Tribunal a aplicar la excepción del artículo 46

de dicha convención, lo que no hizo, desconociendo su

propio precedente, como he dicho.

756 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

que“dichalíneajurisprudencialseráaban-

donada a partir de la fecha y, en tal sentido,

en las acciones directas de inconstituciona-

lidad en contra de tratados o acuerdos in-

ternacionales este Tribunal Constitucional

decretará su inadmisibilidad”. Sin embar-

go,el“abandono”de esa “línea jurispru-

dencial” no está debidamente motivada,

puesnobasta con armar queese“aban-

dono” se debe a los razonamientos ante-

riores, pues éstos no están explicitados, no

están claramente dicho o fundamentados.

De esto último se concluye que el tribunal

hacambiadounprecedentesinjusticarlo

de manera adecuada, desconociendo así,

nueva vez, su propia jurisprudencia, pese

a que en otras ocasiones ha censurado este

proceder a la Suprema Corte de Justicia

cuando han cambiado algún precedente sin

darrazonessucientesoválidasparaello.

A este respecto, este órgano constitucio-

nal sostuvo, con claridad meridiana, que el

desconocimiento de un precedente juris-

prudencial se traduce en la violación de los

principios de igualdad y de seguridad jurí-

dica en contra de los justiciables, ya que se

llega así a un resultado distinto al razona-

blemente previsible; que, si bien un criterio

jurisprudencialpuedeservariado,“cuando

se produzca dicho cambio el mismo debe

ser motivado de manera adecuada, lo

cual implica exponer las razones que

justicanelnuevocriterio”25.

A ello se agrega –lo que es tan grave como

lo anterior- que el Tribunal arma que a

partir de la presente decisión declarará la

inadmisibilidad de las acciones de incons-

titucionalidad contra tratados o acuerdos

25 TC/0094/13, de 4 de junio de 2013. Las negritas son

mías.

internacionales. Con ello se niega a ejercer

las atribuciones que le conere el artícu-

lo 185.1 de la Constitución, texto que no

excluye este tipo de acto de dicho control.

Aquí el Tribunal incurre, nuevamente, en

el vicio de cambiar de precedente sin moti-

varlo de manera adecuada, desoyendo, por

consiguiente, su propia jurisprudencia.

Conclusión

A guisa de conclusión es necesario señalar

que me resulta evidente que en el presente

caso el Tribunal Constitucional ha evadido

la obligación que le imponen los artículos

184 y 185 de la Constitución de la Repúbli-

ca,andepreservar elordenconstitucio-

nal y la supremacía de la Constitución fren-

te a toda norma o acto de carácter jurídico

que le sean contrarios. El conocimiento del

fondo de la acción de inconstitucionalidad

contra el llamado Concordato habría per-

mitido al Tribunal encarar los serios visos

de inconstitucionalidad de ese instrumento

jurídico, como han señalado el accionante

y parte de la doctrina dominicana más au-

torizada.

Firmado: Domingo Gil, Juez

Lapresentesentenciaesdadayrmadapor

los señores jueces del Tribunal Constitu-

cional que anteceden, en la sesión del Pleno

celebrada el día, mes y año anteriormente

expresados, y publicada por mí, secretaria

delTribunalConstitucional,quecertico.

Grace A. Ventura Rondón

Secretaria