TC/0816/23, veintisiete (27) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

• Páginas: 670-694
• Fecha: 01 Enero 2023
• Fecha de publicación: 01 Enero 2023
• Materia: Derecho Constitucional

670 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

SENTENCIA TC/0816/23

Referencia: Expediente núm. TC-11-

2023-0001, relativo al recurso

de revisión de sentencia del Tri-

bunal Constitucional y solicitud

de suspensión de ejecución de

sentencia interpuesto por la so-

ciedad comercial Corporación

70208, S.R.L. contra la Senten-

cia TC/0329/23, dictada por el

Tribunal Constitucional el cinco

(5) de junio de dos mil veintitrés

(2023).

En el municipio Santo Domingo Oes-

te, provincia Santo Domingo, Repú-

blica Dominicana, a los veintisiete (27)

días del mes de diciembre del año dos

mil veintitrés (2023).

El Tribunal Constitucional, regular-

mente constituido por los magistra-

dos Rafael Díaz Filpo, primer susti-

tuto en funciones de presidente; Lino

Vásquez Sámuel, segundo sustituto;

José Alejandro Ayuso, Alba Luisa

Beard Marcos, Manuel Ulises Bon-

nelly Vega, Justo Pedro Castellanos

Khoury, Víctor Joaquín Castellanos

Pizano, Domingo Gil, María del Car-

men Santana de Cabrera, Miguel Va-

lera Montero y Eunisis Vásquez Acos-

ta, en ejercicio de sus competencias

constitucionalesy legales,especíca-

mente las previstas en los artículos

185.4 de la Constitución; 94 de la Ley

núm. 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimien-

tos Constitucionales, del trece (13) de

junio de dos mil once (2011), dicta la

siguiente sentencia:

I. ANTECEDENTES

1. Descripción de la sentencia obje-

to del recurso de revisión y demanda en

suspensión de ejecución

La Sentencia TC/0329/23, objeto del

presente recurso de revisión y solicitud

de suspensión de ejecución de senten-

cia, fue dictada por el Tribunal Cons-

titucional el cinco (5) de junio de dos

mil veintitrés (2023). Este fallo recha-

zó el recurso de revisión constitucional

de decisión jurisdiccional interpuesto

por Corporación 70208, S.R.L., con-

tra la Sentencia núm. 1460/2021, dic-

tada por la Primera Sala de la Supre-

ma Corte de Justicia el veintiséis (26)

de mayo de dos mil veintiuno (2021).

El dispositivo de la indicada Senten-

cia TC/0329/23 reza de la siguiente

manera:

PRIMERO: ADMITIR, en cuan-

to a la forma, el recurso de revisión

constitucional de decisión jurisdic-

cional interpuesto por Corporación

70208, S.R.L., contra la Sentencia

núm. 1460/2021, dictada por la Pri-

mera Sala de la Suprema Corte de

Justicia, el veintiséis (26) de mayo

de dos mil veintiuno (2021).

SEGUNDO: RECHAZAR, en

cuanto al fondo, el referido recurso de

revisión constitucional y, en conse-

cuencia, CONFIRMAR la indicada

Sentencia núm. 1460/2021, con base

en las precisiones que guran en el

cuerpo de la presente decisión.

TERCERO: DECLARAR el pre-

sente recurso libre de costas, de

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 671

acuerdo con lo establecido en el artí-

culo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Or-

gánica del Tribunal Constitucional y

de los Procedimientos Constituciona-

les, del trece (13) de junio de dos mil

once (2011).

CUARTO: ORDENAR la comuni-

cación de esta sentencia por Secreta-

ría, para su conocimiento y nes de

lugar, a la parte recurrente, Corpo-

ración 70208, S.R.L.; a las partes

recurridas, señores Dennis Squires

y Dinah Lynn Medford, Lenka Isa-

belle Novak y la sociedad comercial

Perfectsea Group Development, S.A.

QUINTO: DISPONER que la pre-

sente sentencia sea publicada en el

Boletín del Tribunal Constitucional.

2. Presentación del recurso de revisión

y de la solicitud de suspensión de ejecu-

ción de sentencia

El presente recurso de revisión y la so-

licitud de suspensión de ejecución de

sentencia fueron sometidos por la so-

ciedad comercial Corporación 70208,

S.R.L. mediante una única instancia,

la cual fue depositada en la secreta-

ría general de este Tribunal Consti-

tucional el doce (12) de junio de dos

mil veintitrés (2023). Pese a no existir

constanciadenoticacióndelreferido

recurso de revisión y la aludida soli-

citud de suspensión de ejecución de

sentencia a los recurridos, señores Di-

nah Lynn Medford y Dennis Squires,

estos últimos depositaron su respecti-

vo escrito de defensa en la secretaría

general del Tribunal Constitucional el

primero (1ero.) de agosto de dos mil

veintitrés (2023).1 Dichos recurridos

noticaron el indicado escrito de de-

fensa a la sociedad recurrente, Corpo-

ración 70208, S.R.L., mediante el Acto

núm. 500/2023, instrumentado por

la ministerial Damaris Rojas Cabral2

el veintiocho (28) de junio de dos mil

veintitrés (2023).

En cuanto a las partes correcurridas,

señora Lenka Isabelle Novak y la so-

ciedad comercial Perfectsea Group De-

velopment, S.A., este colegiado advier-

te la inexistencia tanto de constancia

denoticacióndelpresenterecursode

revisión y de la solicitud de suspensión

de ejecución de sentencia, así como del

depósito de escrito de defensa alguno.

Sin embargo, el Tribunal Constitu-

cional ha sentado el criterio de que el

incumplimiento de este requisito pro-

cedimental carecerá de importancia

cuando el fallo que será emitido por

esta sede constitucional no cause per-

juicio a la(s) parte(s) recurrida(s) en

revisión, como ocurre en la especie.3

3. Fundamentos de la sentencia recu-

rrida en revisión y demandada en sus-

pensión de ejecución

Mediante la impugnada Sentencia

TC/0329/23, del cinco (5) de junio de

dos mil veintitrés (2023), el Tribunal

1 En su escrito de defensa, los recurridos citan como

anexo el Acto núm. 308/2023, de quince (15) de ju-

nio de dos mil veintitrés (2023), mediante el cual le

fuenoticadoelpresenterecursoderevisiónysoli-

citud de suspensión de ejecución de sentencia; sin

embargo, dicho documento no fue depositado por

ellos ante este tribunal constitucional.

2 Alguacil de estrados del Juzgado de Paz del

municipio Cabrera.

3 TC/0006/12, TC/0038/12, TC/0255/13.

672 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

Constitucional rechazó el recurso de

revisión de decisión jurisdiccional in-

coado por Corporación 70208, S.R.L.,

contra la Sentencia núm. 1460/2021,

dictada por la Primera Sala de la Su-

prema Corte de Justicia el veintiséis

(26) de mayo de dos mil veintiuno

(2021). Los argumentos esenciales de

dichofalloguranacontinuación:

Luego de ponderar tanto la senten-

cia recurrida y los argumentos de las

partes envueltas en el proceso, como

la documentación que obra en el ex-

pediente, este colegiado concluye que,

contrario a lo alegado por la sociedad

Corporación 70208, S.R.L., la Pri-

mera Sala de la Suprema Corte de

Justicia cumplió con su deber de mo-

tivar debidamente su dictamen. En

efecto, observamos que la alta corte

fundamentó el rechazó del recurso de

casación incoado por la entidad co-

mercial en los siguientes argumentos:

En el caso, la corte a qua revocó la

decisión de primer grado y ordenó la

ejecución del contrato suscrito entre

las partes en fecha 25 de octubre de

2012 bajo el entendido de que la Cor-

poración 70208, S. R. L. no cumplió

con la entrega del inmueble objeto del

contrato en el plazo jado, no obstan-

te, los actuales recurridos -en calidad

de compradores- haber realizado el

pago convenido. Para llegar a dicha

conclusión, la alzada valoró: a) el

contrato de promesa de venta de in-

mueble y acuerdo bajo rma priva-

da, documentos de los cuales se hace

constar que el monto jado como pre-

cio para la compra del inmueble fue

US$220,000.00; b) el cheque núm.

62292293, de fecha 13 de noviembre

de 2012, para pagar a Rebecca Mac-

Donald la suma de US$221,562.00

y, la transferencia bancaria realizada

a la cuenta de ahorros en dólares del

Banco Scotiabank, siendo esto últi-

mo corroborado por la comunicación

núm. 0222, de fecha 23 de enero de

2018, suscrita por el intendente de la

Superintendencia de Bancos, piezas

que demuestran que los compradores

cumplieron con su obligación de rea-

lizar el pago acordado.

El fallo impugnado también da cuen-

ta de que a pesar de que la parte re-

currente indica que el pago fue rea-

lizado por una persona distinta a los

compradores, reriéndose a Rebecca

MacDonald, cabe destacar, que la

indicada señora declaró bajo la fe

del juramento: que reconoce y deja

claramente establecido que el cheque

número 62292293, de fecha 13 de no-

viembre de 2012, emitido a favor de

(...), por la suma de US$221,562

dólares con el que hice una transfe-

rencia bancaria al Scotiabank su-

cursal de la ciudad de Nagua, en la

cuenta de la Corporación 70208, S.

R. L. de ahorros en dólares ameri-

canos, lo hice por concepto del pago

total de la compra que hicieron los se-

ñores Dinah Lynn Medford y Dennis

Squires (...) a la sociedad Corpora-

ción 70208 (...) de conformidad con

lo establecido en el contrato de pro-

mesa de venta de inmueble y acuer-

do bajo rma privada de fecha 25 de

octubre de 2012. Lo que signica que,

independientemente el pago haya

sido en nombre de Rebecca MacDo-

nald, lo cierto es que dicho pago fue

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 673

depositado en la cuenta de ahorros en

dólares de la entidad, tal y como fue

constatado por la corte a qua por los

demás medios probatorios.

La parte recurrente por otra parte

indica que la corte no vericó que el

monto pagado fue inferior a lo pac-

tado en el contrato, debido a que, el

monto acordado fue US$220,000.00

dólares, pero el pago fue una suma de

US$219,940.00. Ciertamente, esto

ocurrió así, ya que de la declaración

jurada -la cual fue depositada ante

esta Corte de Casación, se verica

que Rebecca MacDonald manifestó

que: la diferencia existente en valor

del cheque indicado anteriormente,

corresponde al valor cobrado por el

Banco para la ejecución de transac-

ción comercial. Esto, constituye la

justicación de la diferencia en el

monto, cuestión que se advierte de

conformidad con la valoración hecha

por la alzada del cheque y la trans-

ferencia bancarias descritas en el as-

pecto considerativo anterior.

Contrario a lo alegado por la parte

recurrente, una revisión del fallo ob-

jetado, especícamente en aquellos

aspectos que han sido impugnados,

permite a esta Primera Sala determi-

nar que la alzada realizó un correcto

análisis de aquellos documentos que

resultaban decisivos para el fallo,

fundada en su soberana apreciación

de las piezas aportadas a los debates,

que procedía revocar la decisión de

primer grado por demostrarse que la

entidad no cumplió con las obligacio-

nes acordadas en el contrato de fecha

25 de octubre de 2012, exponiendo

para ello motivos sucientes y perti-

nentes que justican su decisión, sin

incurrir en falta de motivos.

Además, esta Primera Sala no pue-

de retener vicio alguno por parte de la

corte a qua, en razón de que al deter-

minar la falta de medios probatorios

para la demostración de los alegatos

de la actual recurrente, dicha alzada

lo hizo de la valoración de los docu-

mentos sometidos a su escrutinio, que

no constan haber sido desnaturaliza-

dos; de manera que procede desesti-

mar los medios analizados y, con ello,

el recurso de casación.

Conforme puede advertirse de las

consideraciones reproducidas ante-

riormente, la Suprema Corte de Jus-

ticia contestó adecuada y claramente

los medios de casación planteados

por Corporación 70208, S.R.L. En

efecto, la aludida corte precisó que la

corte de apelación estimó que los re-

curridos, señores Dennis Squires y

Dinah Lynn Medford, cumplieron

cabalmente con la obligación de pago

pactada en el contrato de promesa de

venta suscrito el veinticinco (25) de

octubre de dos mil doce (2012), en

observancia de lo contemplado en el

art. 1315 de nuestro Código Civil,

cuyo texto reza como sigue: El que re-

clama la ejecución de una obligación,

debe probarla. Recíprocamente, el que

pretende estar libre, debe justicar el

pago o el hecho que ha producido la

extinción de su obligación.

En este tenor, la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia señaló

que la corte de alzada valoró las prue-

bas aportadas por los compradores,

674 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

indicando que la diferencia existen-

te entre el precio pactado y el monto

recibido por la entidad vendedora re-

caía en el porcentaje cobrado por la

institución bancaria por ejecutar la

transacción comercial. Al respecto,

observamos que en la Sentencia de

apelación núm. 449-2019-SSEN-

00157, se expuso lo siguiente:

Séptimo: Que, en fecha 11 de agos-

to del año dos mil catorce (2014) la

señora Ubavk Rebecca MacDonald

declaró bajo la fe del juramento lo

siguiente: Que su comparecencia

por ante la notaría, es con la na-

lidad de dejar de maniesto que re-

conoce y deja claramente establecido

que el Cheque número 62292293, de

fecha 13 de noviembre del año dos

mil doce (2012) emitido a favor de

Rebecca MacDonald, por la suma

de US$221,562.00 dólares del The

Toronto-Dominion Bank, con el que

hice una transferencia bancaria, al

Scotiabank Sucursal de la ciudad de

Nagua, en la cuenta de la Corpora-

ción 70208 S.R.L. de ahorros en dó-

lares americanos, marcada con el nú-

mero 334150000909805, lo hice por

concepto del pago total de la compra

que hicieran los señores Dinah Lynn

Medford y Dennis Squires canadien-

ses, mayores de edad, solteros, porta-

dores de los pasaportes viejos números

WQ696894 y WS104748 y vigentes

HB5009499 y QJ667618 respectiva-

mente, ambos domiciliados y residen-

tes en la ciudad de Toronto Canadá, a

la Corporaci6n 70208, S.R.L. socie-

dad comercial organizada de confor-

midad con las leyes de la República

Dominicana, con su domicilio social

en la calle Duarte sin número, pro-

yecto Residencial Los Cabos, del mu-

nicipio de Cabrera, Provincia María

Trinidad Sánchez, República Domi-

nicana con su Registro Nacional de

Contribuyente (RNC) número 130-

37230-6 y su Registro Mercantil nú-

mero NGA-304-2011 de conformi-

dad con lo establecido en el Contrato

de Promesa de Venta de Inmueble y

Acuerdo bajo rma Privada, de fecha

veinte y cinco (25) de octubre del año

dos mil doce (2012) legalizada por la

Licda. Venecia Rafaela Acosta San-

tana, Notario Público de los del nú-

mero para el municipio de Cabrera...

Octavo: Que, de acuerdo con la co-

municación numerada 0222 de fe-

cha 23 de enero del año 2018 suscri-

ta por el señor José Lozano Lucas

intendente de la Superintendencia

de Bancos de la República Domi-

nicana, en respuesta a solicitud de

información de cheque, consigna:

Cortésmente, en respuesta a la co-

municación de referencia, la Super-

intendencia de Bancos tiene a bien

informarle, que procedió a solicitarle

a The Bank of Nova Scotia, S.A.

información donde se haga constar

el cheque número 62292293, emitido

del The Toronto-Dominion Bank, de

fecha 13/11/2012 por un monto de

US$221,562.00 desde la cuenta nú-

mero 3341500009099805 registrada

a nombre de la Corporación 70208,

S.R.L. a favor de Rebecca MacDo-

nald [sic]. En ese sentido, la entidad

antes citada, mediante comunicación

de fecha 12 de enero del año 2018,

certica que registra una transferen-

cia realizada en fecha 9/11/2012, por

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 675

un monto de US$219,940.00, desde

Toronto, Ontario CA, en la cual -

gura como ordenante la señora Mac-

Donald. Adicionalmente, informa

que los fondos de dicha transferencia,

fueron destinados a la Cuenta No.

909805, registrada a nombre de la

empresa 70208, S.R.L.

De modo que tanto en grado de ape-

lación, como en sede casacional, fue

desarrollado ampliamente el razona-

miento empleado para estimar extin-

ta la obligación contractual de parte

de los compradores, señores Dennis

Squires y Dinah Lynn Medford, pese

a vericarse una diferencia mínima

entre el precio pactado y el monto reci-

bido. Por tanto, este colegiado decide

rechazar el medio de revisión plantea-

do al respecto por Corporación 70208,

S.R.L., desestimando, en cuanto a

ese aspecto, la supuesta comisión de

una falta de debida motivación.

En relación con el argumento de que

la Suprema Corte de Justicia legiti-

mó la omisión imputada por la so-

ciedad recurrente a la corte de apela-

ción, por supuestamente no haberse

referido al hecho de que Corporación

70208, S.R.L. había cumplido con

la entrega del inmueble al momento

de emitirse el fallo de segundo grado,

vericamos que, en la hoy impugna-

da Sentencia núm. 1460/2021, la

aludida corte de casación dictaminó

que:

la alzada realizó un correcto análisis

de aquellos documentos que resulta-

ban decisivos para el fallo, fundada

en su soberana apreciación de las

piezas aportadas a los debates, que

procedía revocar la decisión de pri-

mer grado por demostrarse que la en-

tidad no cumplió con las obligaciones

acordadas en el contrato de fecha 25

de octubre de 2012, exponiendo para

ello motivos sucientes y pertinentes

que justican su decisión, sin incu-

rrir en falta de motivos.

En este contexto, observamos que,

contrario a lo argüido por la parte

recurrente, la corte de alzada abordó

dicho medio claramente en su Fallo

núm. 449-2019-SSEN-00157, deci-

diendo lo siguiente:

Decimo: Que, no se ha aportado ele-

mento de prueba alguno que demues-

tre que las entidades Corporación

70208, S.R.L., y la Compañía Per-

fectsea Group Development, S.A.,

hayan procedido a la realización y r-

ma del contrato denitivo respecto del

contrato de promesa de venta de in-

mueble y acuerdo bajo rma privada

de fecha 25 del mes de octubre del año

dos mil doce (2012), suscrito entre

la sociedad de comercio Corporación

70208, S.R.L. y los señores Dinah

Lynn Medford y Dennis Squires, le-

galizado por la Licda. Venecia Ra-

faela Acosta Santana, Notario Pú-

blico del municipio de Cabrera.

Decimo primero: Que, no se ha apor-

tado elemento de prueba que demues-

tre que las entidades Corporación

70208, S.R.L., y la Compañía Per-

fectsea Group Development, S.A.,

hayan entregado el bien inmueble de

que se trata en el Contrato de Prome-

sa de Venta de Inmueble y Acuerdo

676 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

Bajo Firma Privada de fecha 25 del

mes de octubre del ao dos mil doce

(2012) suscrito entre la sociedad de

comercio Corporación 70208, S.R.L.

y los señores Dinah Lynn Medford

y Dennis Squires, legalizado por la

Licda. Venecia Rafaela Acosta San-

tana, Notario Público del municipio

de Cabrera. […]

Que, de igual forma constituyen he-

chos probados la realización del pago

del precio de los señores Dinah Lynn

Medford y Dennis Squires a favor

de la entidad de Corporación 70208,

S.R.L., de conformidad con el che-

que número 62292293 de fecha 13 de

noviembre del año 2012 para pagar-

se a la orden de Rebecca McDonald

por la suma de doscientos veinte y

un mil quinientos sesenta y dos dó-

lares ($221,562.00) y la transferen-

cia bancaria realizada a la cuenta

de ahorros en dólares Americanos

#334150000909805 del Scotiabank

lo que fue vericado por comunica-

ción suscrita por el señor José Lozano

Lucas, intendente de la Superinten-

dencia de Bancos numerada 0222 de

fecha 23 de enero del año 2018 y que

mediante el acto número 384/2015

de fecha 18 del mes de julio del año

2015, instrumentado por el ministe-

rial Ismael Acosta Ramírez, los se-

ñores Dinah Lynn Medford y Den-

nis Squires noticaron intimación

y advertencia a las entidades Corpo-

ración 70208, S.R.L., y la Compa-

ñía Perfectsea Group Development,

S.A., para que en el plazo de quince

(15) días hagan entrega voluntaria

del contrato de compra denitivo y del

inmueble objeto del Contrato, a cuya

entrega se comprometieron realizar en

fecha 30 de junio del año 2013.

Que, sin embargo no se ha demostra-

do al plenario que la entidad Corpo-

ración 70208, S.R.L., haya procedi-

do a realizar la realización y rma

del Contrato Denitivo de la Venta

respecto del bien objeto de la promesa

de venta descrito en el Contrato y en

el cuerpo de esta sentencia, como tam-

poco que haya procedido a realizar la

entrega del bien inmueble de que se

trata no obstante el tiempo transcu-

rrido desde la fecha acordada para la

entrega y de la intimación noticada

a tales nes.

Fundado en lo anterior, este colegia-

do estima evidente que no se trata de

una falta de estatuir respecto a dicho

medio, sino, más bien, de que la parte

recurrente discrepa de la apreciación

formulada por la corte de apelación

respecto a las pruebas aportadas. Sin

embargo, tal como hemos reiterado en

múltiples ocasiones, tanto la Supre-

ma Corte de Justicia, como el mismo

Tribunal Constitucional, se encuen-

tran impedidos de valorar las prue-

bas del proceso, en vista de que esto

les corresponde a los jueces del fondo.

Sobre este particular, al conocer de un

supuesto similar, pronunciamos en la

Sentencia TC/0851/18, lo siguiente:

[…] es preciso señalar que la Ter-

cera Sala de la Suprema Corte de

Justicia no vulnera el derecho a la

tutela judicial efectiva y el debido

proceso del recurrente al reconocer el

poder soberano que tienen los jueces

de fondo para valorar las pruebas y

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 677

determinar que las mismas no fue-

ron desnaturalizadas. Contario a lo

argüido por el recurrente, mal podría

la Suprema Corte de Justicia otorgar

credibilidad y verosimilitud a las va-

gas declaraciones de que los intiman-

tes en el proceso de apelación (hoy re-

curridos) estaban prestando servicios

en una obra de construcción, pues

si ponderara nueva vez las pruebas

presentadas durante el proceso, esta-

ría ejerciendo una función distinta

a la atribuida por el artículo 1 de la

Ley núm. 3726, sobre Procedimiento

de Casación, consistente en determi-

nar si la ley fue bien o mal aplicada,

cuestión que como hemos apreciado

no ocurrió en la especie.

En lo que respecta a la apreciación

de las pruebas por parte del Tribu-

nal Constitucional, en la Sentencia

TC/0764/17, de siete (7) de diciem-

bre de dos mil diecisiete (2017), se

precisó lo siguiente: […] este órga-

no se encuentra exento de revisar los

hechos conforme lo prevé el artículo

53.3 de la Ley núm. 137-11. Sin

embargo, cuando este Colegiado es-

time que los derechos fundamentales

hayan sido conculcados o no hayan

sido protegidos por la jurisdicción

cuya sentencia se revisa y en este últi-

mo caso la violación tenga lugar como

consecuencia de decisiones de fondo

de las que no se pueda inferir las ra-

zones que condujeron a los jueces a

dar preponderancia a unas pruebas

sobre otras, este Tribunal estaría obli-

gado a hacer las precisiones corres-

pondientes en aras de salvaguardar

los derechos de defensa y del debido

proceso; situación que no ocurre en

la especie en virtud de la valoración

realizada por los órganos judiciales

sobre las declaraciones testimoniales

y los documentos aportados.

En este mismo sentido nos pronun-

ciamos en la reciente Sentencia

TC/0131/22, expresando lo reprodu-

cido a renglón seguido:

Sin embargo, luego de estudiar los ar-

gumentos planteados por la parte re-

currente en el recurso de revisión cons-

titucional de decisión jurisdiccional,

se advierte que las pretensiones de la

parte recurrente están orientadas a

que este con base tribunal constitucio-

nal examine nuevamente la legalidad

o validez de las pruebas en las cuales

los jueces del fondo fundamentaron

su decisión; no obstante, este tribunal

se encuentra impedido de examinar

y apreciar las pruebas valoradas en

el fondo, pues eso implicaría una re-

visión a los hechos que originaron el

conicto, lo cual se encuentra expre-

samente prohibido, de conformidad

con lo dispuesto en la parte in ne,

del literal c), del numeral 3, del artí-

culo 53 de la Ley núm. 137-11, texto

en el cual se establece que el Tribunal

Constitucional debe limitarse a deter-

minar si se produjo o no la violación

invocada y si la misma es o no impu-

table al órgano que dictó la sentencia

recurrida (…) con independencia de

los hechos que dieron lugar al proceso

en que dicha violación se produjo, los

cuales el Tribunal Constitucional no

podrá revisar.

En cuanto a la apreciación de los he-

chos, este tribunal ha establecido de

678 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

manera reiterada, que no tiene com-

petencia para revisar los hechos de la

causa, ya que el recurso de revisión

constitucional de decisión jurisdic-

cional no es una cuarta instancia.

Así lo estableció en la Sentencia

TC/0070/16, del diecisiete (17) de

marzo de dos mil dieciséis (2016), el

literal j, numeral 9, que dice: El Tri-

bunal Constitucional debe limitarse a

determinar si se produjo o no la vio-

lación invocada y si la misma es o no

imputable al órgano que dictó la sen-

tencia recurrida (...) con indepen-

dencia de los hechos que dieron lugar

al proceso en que dicha violación se

produjo, los cuales el Tribunal Cons-

titucional no podrá revisar. En este

sentido, el legislador ha prohibido la

revisión de los hechos que han sido

ventilados ante los tribunales del ám-

bito del Poder Judicial, para evitar

que el recurso de revisión constitucio-

nal de decisión jurisdiccional se con-

vierta en una cuarta instancia y ga-

rantizar la preservación del sistema

de justicia y el respeto del principio

de seguridad jurídica.

A la luz de las precedentes considera-

ciones, este colegiado concluye que la

Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia emitió un fallo debidamen-

te motivado conforme al derecho. De

modo que esta alta corte actuó en ob-

servancia del precedente contemplado

en la Sentencia TC/0009/13, la cual

prescribe en su acápite 9, literal D, los

siguientes parámetros generales para

la debida motivación de las sentencias:

a)Que reviste gran importancia

que los tribunales no se eximan de

correlacionar los principios, reglas,

normas y jurisprudencia, en general,

con las premisas lógicas de cada fallo,

para evitar la vulneración de la ga-

rantía constitucional del debido pro-

ceso por falta de motivación; b) Que

para evitar la falta de motivación en

sus sentencias, contribuyendo así al

aanzamiento de la garantía consti-

tucional de la tutela efectiva al debido

proceso, los jueces deben, al momento

de exponer las motivaciones, incluir

sucientes razonamientos y conside-

raciones concretas al caso especíco

objeto de su ponderación; y c) Que

también deben correlacionar las pre-

misas lógicas y base normativa de

cada fallo con los principios, reglas,

normas y jurisprudencia pertinentes,

de forma que las motivaciones resul-

ten expresas, claras y completas.

A su vez, el literal G del mismo

acápite 9 de la referida Sentencia

TC/0009/13, enuncia los lineamien-

tos especícos que incumben a los tri-

bunales del orden judicial para satis-

facer el cabal cumplimiento del deber

de motivación, a saber:

a. Desarrollar de forma sistemática

los medios en que fundamentan sus

decisiones; b. Exponer de forma con-

creta y precisa cómo se producen la

valoración de los hechos, las pruebas

y el derecho que corresponde aplicar;

c. Manifestar las consideraciones

pertinentes que permitan determi-

nar los razonamientos en que se fun-

damenta la decisión adoptada; d.

Evitar la mera enunciación genérica

de principios o la indicación de las

disposiciones legales que hayan sido

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 679

violadas o que establezcan alguna li-

mitante en el ejercicio de una acción;

y e. Asegurar, nalmente, que la fun-

damentación de los fallos cumpla la

función de legitimar las actuaciones

de los tribunales frente a la socie-

dad a la que va dirigida la actividad

jurisdiccional.

En este contexto, el Tribunal Cons-

titucional estima que la impugnada

Sentencia núm. 1460/2021, satisface

los parámetros del test de debida mo-

tivación anteriormente enunciados,

en virtud de los siguientes motivos:

1. Desarrolla sistemáticamente los

medios en que fundamenta su deci-

sión. En efecto, del desarrollo de la

sentencia atacada, resulta notorio que

el tribunal a quo se avocó, de manera

sistemática, a contestar los medios de

casación planteados por la sociedad

Corporación 70208, S.R.L., hacien-

do la correspondiente correlación en-

tre la norma jurídica utilizada para

fundamentar la decisión y su aplica-

ción al caso en concreto, al tiempo de

abordar los razonamientos empleados

por la corte de segundo grado respecto

al fondo del asunto.

2. Expone concreta y precisamente

cómo fueron valorados los hechos,

las pruebas y el derecho aplicable.

Es decir, la decisión impugnada ex-

hibe los fundamentos justicativos

en los cuáles esta alta corte se apo-

yó, de forma clara y precisa, para

emitir su fallo, sustentando dichas

consideraciones en premisas lógicas

y la base legal aplicable al caso de la

especie.

3. Maniesta los argumentos perti-

nentes y sucientes para determinar

adecuadamente el fundamento de la

decisión. Al dictar la referida Sen-

tencia núm. 1460/2021, la Primera

Sala de la Suprema Corte de Justicia

formuló consideraciones jurídica-

mente correctas, efectuando un breve

y preciso análisis justicativo de la

decisión que emite.

4. Evita la mera enunciación genéri-

ca de principios o la indicación de las

disposiciones legales que hayan sido

violadas o que limiten el ejercicio de

la acción. Este colegiado ha compro-

bado que, en su desarrollo, la senten-

cia impugnada no ha sido plagada

de enunciaciones genéricas de prin-

cipios y normas. Muy por el contra-

rio, la Suprema Corte de Justicia se

ciñe a sustentar la desestimación de

cada medio de casación exponiendo

claramente la aplicación de los razo-

namientos jurídicos y la normativa

pertinente directamente al caso de la

especie.

5. Asegura que la fundamentación de

su fallo cumpla la función de legiti-

mar las actuaciones de los tribunales

frente a la sociedad a la que va diri-

gida la actividad jurisdiccional. Este

requerimiento de legitimación de las

sentencias fue, asimismo, reiterado

por esta sede constitucional median-

te la Sentencia TC/0440/16, en los

siguientes términos: Consideramos

que si bien es cierto que forma parte

de las atribuciones propias de cada

tribunal admitir o declarar inadmi-

sible, así como rechazar o acoger una

determinada demanda, instancia o

680 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

recurso, cada una de estas decisiones

debe estar amplia y debidamente mo-

tivada, no dejando en la oscuridad

los motivos y razonamientos jurídicos

que le llevaron a tomar su decisión.

Habiendo comprobado que la especie

trata de una decisión que contiene la

enunciación de los medios de casación

planteados, así como los principios

y reglas jurídicas aplicables al caso,

concluimos que la Primera Sala de

Suprema Corte de Justicia ha satisfe-

cho, igualmente, este quinto y último

requerimiento, actuando de manera

legítima, al emitir un fallo conforme a

derecho, debidamente motivado y sus-

tentado en razonamientos y considera-

ciones jurídicamente correctas.

Tras vericar que el recurrido Fa-

llo núm. 1460/2021, satisce los

lineamientos del aludido test de la

debida motivación, se impone con-

cluir que, en la especie, no se con-

gura el quebrantamiento por parte

de la Suprema Corte de Justicia del

precedente establecido en la Senten-

cia TC/0009/13. De igual manera,

resulta evidente la inexistencia de

violación alguna del derecho funda-

mental a la tutela judicial efectiva y

al debido proceso en el presente caso,

puesto que hemos comprobado que la

alta corte emitió un dictamen con las

motivaciones necesarias y sucientes

para justicar su decisión. Por estos

motivos, esta sede constitucional esti-

ma procedente rechazar el recurso de

revisión de decisión jurisdiccional

interpuesto por la sociedad recurren-

te Corporación 70208, S.R.L., así

como conrmar la recurrida Senten-

cia núm. 1460/2021.

4. Hechos y argumentos jurídicos de la

parte recurrente en revisión y deman-

dante en suspensión de ejecución de

sentencia

La parte recurrente, Corporación

70208, S.R.L., solicita al Tribunal

Constitucional, de manera cautelar,

ordenar la suspensión provisional de

la Sentencia TC/0329/23, dictada por

este colegiado el cinco (5) de junio de

dos mil veintitrés (2023), hasta tanto

se pronuncie respecto de la presente

solicitud de revisión de sentencia. De

manera principal, pide el acogimien-

to de la referida solicitud de revisión

y la nulidad de la impugnada Senten-

cia TC/0329/23, a n de disponer la

remisión del expediente a la Suprema

Corte de Justicia para que conozca

nuevamente del recurso de casación

por ella interpuesto contra la Senten-

cia civil núm. 449-2019-SSEN-00157,

expedida por la Cámara Civil y Comer-

cial de la Corte de Apelación del De-

partamento Judicial de San Francisco

de Macorís el diecinueve (19) de agosto

de dos mil diecinueve (2019), en estric-

ta observancia del derecho a la debida

motivación.

Como fundamento de dichas preten-

siones, la sociedad recurrente aduce,

esencialmente, en su instancia los ale-

gatos transcritos a continuación:

La presente instancia tiene como n

que este supremo intérprete constitu-

cional proceda revisar su autoprece-

dente. Ya esto ha sido efectuado por

esta alta judicatura. Inicialmen-

te, este TC entendía, que solo podía

subsanar faltas o errores materiales.

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 681

Entre estas se destaca la núm. TC/

0003/19.

La repetida resolución constituye el

primer precedente de corrección de

error material mediante el cual esta

judicatura reconoce la posibilidad

de recticar el contenido de su pro-

pio fallo más allá de lo meramente

formal, numérico o tipográco, reco-

nociendo que un error material de su

fallo puede proyectarse también en el

contenido jurídico del fallo. Pero más

aún, mediante resolución núm. TC/

0239/20, ya este TC ha tenido que ir

sobre sus propias decisiones, pues en

la repetida resolución fue anulado el

fallo TC/0028/20.

En el presente caso, la sentencia cuya

anulación se pretende encaja plena-

mente en el precedente TC/0239/20,

primer precedente de auto anulación

de sentencia del TC, la cual se justi-

có en la incongruencia material, y

en la «ostensible, probada, signica-

tiva y transcendental» contradicción

motiva.

Se explicó en dicho fallo que, anali-

zando la referida decisión constata-

mos que en ella se ha deslizado —por

demás involuntariamente— un error

de orden sustancial que suscita una

incongruencia entre los motivos que

la sustentan o ratio decidendi— y su

parte dispositiva o decisum—, especí-

camente en su ordinal segundo, com-

prometiendo su validez y legitimidad.

El gran iuspublicista venezolano

Allan Brewer-Carias ha explica-

do que la Corte Constitucional de

Colombia viene sosteniendo que las

decisiones judiciales, al ser una cla-

ra manifestación del poder de admi-

nistrar justicia y en mayor grado de

la actividad del Estado, deben contar

con mecanismos judiciales del con-

trol, en aquellos casos excepcionales

en que se contradigan los postulados

propios del derecho al debido proceso,

por lo cual la declaratoria de nulidad

de sentencia constituye una medida

especialísima que solo se justica

ante ...situaciones jurídicas especia-

lísimas y excepcionales [...] cuando

los fundamentos expuestos por quien

la alega muestran, de manera indu-

dable y cierta, que las reglas procesa-

les aplicables a los procesos constitu-

cionales [...] han sido quebrantadas,

con notoria y agrante vulneración

del debido proceso, no siendo sucien-

te que las situaciones jurídicas sean

especiales y excepcionales, sino que

se requiere que la trasgresión proce-

sal evidenciada sea ...signicativa y

trascendental, en cuanto a la decisión

adoptada, es decir, debe tener unas re-

percusiones sustanciales, para que la

petición de nulidad pueda prosperar.

Otro ejemplo del derecho constitucio-

nal comparado lo encontramos en el

Tribunal Constitucional de Perú, el

cual al igual que la Corte Constitu-

cional de Colombia, ha entendido

que el principio de intangibilidad de

las sentencias no es infranqueable ni

absoluto. Al respecto ha desarrolla-

do esta alta corte, como causales de

inexistencia o nulidad de la decisión

previamente dictada por el tribunal

constitucional de esta nación, los si-

guientes supuestos excepcionales:

682 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

(a) Cuando existan vicios graves

de procedimiento, en relación con:

el cumplimiento de las formalidades

necesarias y constitutivas de una re-

solución válida (a.1) y con vicios en

el procedimiento seguido en esta sede

que afecten de modo maniesto el de-

recho de defensa (a.2).

(b) Cuando existan vicios o errores

graves de motivación, los cuales, por

ejemplo, pueden estar referidos a: vi-

cios o errores graves de conocimiento

probatorio (b.1); vicios o errores gra-

ves de coherencia narrativa, consis-

tencia normativa o congruencia con

el objeto de discusión (b.2); y errores

de mandato, en caso se dispongan

mandatos imposibles de ser cumpli-

dos, que trasgredan competencias

constitucional o legalmente estatui-

das, destinados a sujetos que no in-

tervinieron en el proceso, etc. (b.3).

(c) Cuando existan vicios sustanti-

vos contra el orden jurídico constitu-

cional (en sentido lato), en alusión

a, por ejemplo: resoluciones emiti-

das contraviniendo arbitrariamente

precedentes constitucionales (c.1);

incuestionable doctrina jurispruden-

cial de este Tribunal (c.2); o cuan-

do se trasgreda de modo maniesto e

injusticado bienes, competencias o

atribuciones reconocidos constitucio-

nalmente (c.3).

Aspectos de derecho y presupuestos

jurídicos para el acogimiento del pre-

sente recurso

La sentencia atacada conrmó vicios

de nulidad que padecía la sentencia

que rechazó el recurso de casación

interpuesto por la hoy también impe-

trante, y la misma adolece de forma

grave de un vicio motivacional. En el

fallo inicialmente recurrido el mismo

se verica en los numerales 12) y 13)

de esta decisión, que es donde de for-

ma sucinta y exageradamente breve

la SCJ motiva el fallo dictado. […]

Es decir, sin una debida motivación,

que responda de forma suciente y

razonada lo invocado por quien im-

pugna, se vacía de contenido el debi-

do proceso y la tutela judicial efecti-

va. Justamente esto es lo que sucede

en el caso de marras.

¿Y que hizo este Tribunal Constitu-

cional? Pues avaló un fallo en el que

no se responden, EN DERECHO,

las invocaciones efectuadas. De he-

cho, solo basta leer los votos disiden-

tes del honorable juez presidente del

Tribunal Constitucional así como del

honorable magistrado José Alejan-

dro Ayuso, cuya sapiencia y correcta

observancia de nuestro ordenamiento

—tanto de manera general como en

el caso de marras— deben servir de

faro de luz que oriente la aplicación

de los textos legales en la situación a

ser juzgada. […]

Nos preguntamos, ¿Y es que el art.

1134 del Código Civil dominicano

fue derogado? ¿O se encuentra aún

vigente el texto que dispone que Las

convenciones legalmente formadas

tienen fuerza de ley para aquellos que

las han hecho. Al parecer, en el caso

de marras dicho artículo no apli-

ca, y una de las partes, en este caso,

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 683

Corporación 70802, debe cumplir con

las cláusulas pese al incumplimiento

de su contraparte. Para suerte del Es-

tado de Derecho, contamos con un TC

que puede subsanar las inobservan-

cias tanto de jueces inferiores como

de sus propias decisiones, que es lo

que entendemos sucedió en el caso de

la especie.

Al tenor de todo lo anterior, debemos

subrayar que un análisis del Memo-

rial de Casación presentado a la SCJ

permite visualizar de forma clara a

lo que nos referimos, pues allí fueron

presentados como medios de casación

la Falta de Base Legal y Violación

a la Ley, en el sentido de que, ...la

Corte a -qua al realizar la exposición

sumaria de los puntos de hecho omite

por completo que CORPORACIÓN

70208 SRL., no obstante, la señora

Ubavka Rebecca MacDonald haber

declarado realizar la transferencia

número 334150000909805 en fecha

13 de noviembre del 2012, NUN-

CA recibió la totalidad de la suma

pactada para la concretización de la

promesa de venta. De hecho […] la

transferencia fue realizada por un

tercero ajeno a la transacción motivo

por el cual, y segundo, por un monto

inferior al pactado en la promesa de

venta.

Si bien de forma tangencial la SCJ

se reere a algunos de los puntos an-

tes indicados, ni la Corte a quo ni la

SCJ dan respuesta a en base a que

disposición de nuestro ordenamiento

jurídico un contrato sinalagmático

—que es ley entre las partes—, puede

surtir efectos si una de las dos partes

no cumple con la obligación que le co-

rresponde de forma cabal y plena. Y

es que, si bien lo aún adeudado por la

parte recurrida puede ser considera-

do ínmo o poco trascendente, su no

cumplimiento hace que la otra parte

no sea vea obligado a responder a la

obligación que como contraprestación

le corresponde. A tales efectos, la pro-

pia SCJ reconoce en su fallo que la

parte recurrida no ha cumplido con

su obligación, pero aún así da aquies-

cencia y conrma el fallo en contra de

la exponente, esto sin dar respuesta

a la falta de base legal que justique

que una de las partes de un contra-

to pueda incumplir una cláusula del

pacto, y aún así pretenda obtener los

benecios y obligar a la contraparte

del pacto.

Incurre también en falta de motiva-

ción la SCJ al no responder en torno

a la desnaturalización de los hechos,

probada y sustentada que invocó la

recurrente en sede de casación. […]

Es decir, la SCJ avaló y dio aquies-

cencia a la falta de respuesta de la

Corte de Apelación, que en un vergon-

zoso ejercicio de la labor de impartir

justicia no se rerió a los hechos de

que: 1. El pago no fue efectuado de

forma completa y cabal (esto se com-

prueba en el propio fallo recurrido), y

2. Que la parte recurrente hizo entre-

ga formal del inmueble cuya entrega

nueva vez se ordena (esto se puede

comprobar de los medios probatorios

que reposan en el expediente). La

falta de motivación respecto a tales

argumentaciones de por si son vicios

de nulidad plena del fallo recurrido.

684 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

Este TC ha adoptado el test de la de-

bida motivación como herramienta

para racionalizar y vericar si los

fallos atacados cumplen o no con el

derecho fundamental al apropiado

sustento argumentativo de los fallos,

que permitan legitimar los mismos

frente a los justiciables. Ya hemos

demostrado los vicios de nulidad en

que ha incurrido el fallo de marras,

utilizaremos el test de la motivación

para hacer más evidente lo ya demos-

trado. […]

En cuanto al punto a), desarrollar de

forma sistémica los medios en que se

fundamenta la decisión, la SCJ no

cumple con tal presupuesto. No se

consigna en base a que disposición le-

gal puede una de las partes incumplir

una cláusula contractual y pretender

obtener el cumplimiento y ejecución

del contrato. De ser así, cualquier

ciudadano podría cumplir parcial-

mente los contratos y pretender, como

contraparte, obtener la contrapresta-

ción de la obligación que le benecia.

Según el art. 1135 del Código Civil,

Art. Las convenciones obligan [...]

a lo que se expresa en ellas.... Pero

la SCJ pretende que una de las dos

partes pueda incumplir las obligacio-

nes contractuales en franca violación

al pacto entre las partes y al propio

Código Civil.

La SCJ, al inobservar el incumpli-

miento contractual, también incum-

ple el literal b del test de la motiva-

ción, no hay forma alguna de exponer

como se produce la valoración de los

hechos —incumplimiento contrac-

tual— sin subsumir el mismo al

ordenamiento civil dominicano, en

particular, al art. 1135 del código Ci-

vil. La SCJ tomó una decisión con-

tra ius, pues ...toda norma legal di-

manada del Congreso Nacional como

representante del pueblo y, por ende,

depositario de la soberanía popular,

se encuentra revestida de una presun-

ción de constitucionalidad hasta tan-

to la misma sea anulada o declarada

inaplicable por el Tribunal Constitu-

cional, en caso de un control concen-

trado, o por los tribunales judiciales,

en caso de un control difuso de cons-

titucionalidad. (TC/0039/15). Es

decir, solo en caso de declaratoria de

inconstitucionalidad la SCJ puede

inaplicar una norma. Sin embargo,

por cuenta propia decidió inobservar

nuestro ordenamiento.

Esto también provoca de forma directa

que el fallo no pueda legitimar la ac-

tuación del Tribunal, y todo esto debi-

do a la falta clara y palmaria de fun-

damentación de sus consideraciones.

En consecuencia, por la sentencia im-

pugnada incurrir en la falta de motiva-

ción y con ello violentar el derecho al de-

bido proceso consignado en el artículo

69 de nuestra Constitución y trasgredir

el precedente TC/0009/13, la sentencia

impugnada tiene que ser anulada.

OTROS ASPECTOS DE

DERECHO QUE JUSTIFICAN

ANULACIÓN

La parte que hoy demanda en nulidad

justicó que el cumplimiento de lo or-

denado resulta imposible y carente de

objeto: ya el inmueble cuya entrega

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 685

se dispone hace años se encuentra en

dominio de la contraparte. Así lo de-

muestra el acto de comprobación de lu-

gar y las fotografías que lo acompañan.

Siendo un fallo sin objeto, su nulidad

se impone de pleno derecho, y es que

como se ha explicado en el precedente

TC/0730/18 como en tantos otros La

falta de objeto tiene como característica

esencial que el recurso no surtiría nin-

gún efecto, por haber desaparecido la

causa que da origen al mismo, es decir,

carecería de sentido que el Tribunal lo

conozca.... Siendo así las cosas, lo pro-

cedente es acoger la presente solicitud

de corrección y pasar a evaluar si exis-

te un objeto cierto cuyo n se pretenda

con lo ordenado en los fallos atacados y

erróneamente conrmados por este TC.

Finalmente y no menos importante,

los exponentes han intentado de disí-

miles y variadas maneras hacer en-

trega de los títulos de propiedad a la

contraparte, quienes como estrategia

procesal se niegan a recibir los mis-

mos. Por tanto, se procede a hacer for-

mal depósito ante este TC para que,

sirviendo como albacea de los mismos

haga formal trámite de entrega a la

contraparte, con lo que nueva vez que

la disposición formal de CORPORA-

CIÓN ya se ha materializado en los

hechos con la entrega de la propiedad

desde el 2013, y los intentos infruc-

tuosos de entrega de títulos, pese al no

pago completo de la obligación con-

tractual por parte de la contraparte.

SOBRE LA DEMANDA EN

SUSPENSIÓN DEL FALLO

TC/0326/23 […].

a) El daño irreparable […]

El fallo cuya suspensión pretende-

mos, decidió rechazar el recurso de

interpuesto por Corporación 70208,

decisión que pone n al proceso de

demanda en ejecución de contrato,

entrega de la cosa, desalojo y repara-

ción de daños y perjuicios, iniciada

por Dinah Lynn Medfor y Dennis

Squires contra la actual recurrente.

Este pone en riesgo de ejecución no

solo los bienes y el patrimonio de la

impetrante que es el patrimonio y vi-

vienda familiar de los gerentes de la

compañía.

Este Tribunal ha comprendido que en

principio no procede la suspensión de

sentencia cuando se trate de conde-

naciones económicas, pero ha hecho

una trascendental distinción: ...con

respecto a las sentencias que afectan

a bienes o derechos del recurrente de

imposible o muy difícil restitución a

su estado anterior, procedería, excep-

cionalmente, acordar la suspensión.

(TC/0243/14) Esto es lo que sucede

en el caso de marras, de continuarse

con la impropia ejecución contra el

patrimonio de los gerentes de la Socie-

dad Condenada, los mismos verían su

patrimonio irremediablemente afecta-

do, y como veremos, el fallo de marras

se encuentra viciado y posteriormente

será anulado por este propio Tribunal.

Mas aún, este TC ha sido enfático

explicando que en casos como estos

...no nos encontramos frente a un

caso puramente económico, sino más

bien de un desalojo a una vivienda

familiar y a todo su patrimonio, lo

686 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

que acarrearía graves daños criterio

establecido por este tribunal en la Sen-

tencia TC/0250/13, raticado en las

sentencias TC/0125/14, TC/0097/12,

TC/0063/13 y TC/0098/13....

Este es el criterio que aplica al caso de

marras: se comprueba la presencia de

un daño irreparable a los derechos de

los impetrantes, se les está ejecutando

su patrimonio y vivienda familiar, y

esto acarrearía no daños económicos,

sino daños personales irreparables

que vulnerarían su dignidad huma-

na, la de sus hijos y dependientes, con

un fallo que habrá de ser anulado.

B) La apariencia de buen derecho o

fumus boni iuris

Aunque ya demostramos de forma

irrefutable como las pretensiones de la

exponente cumplen plena y ventajosa-

mente con el requisito daño irrepara-

ble o periculum in mora, la presencia

del mismo no basta para que el órgano

jurisdiccional pueda acordar la medi-

da cautelar solicitada. Es necesario,

además, que la pretensión goce de la

apariencia de buen derecho, en otras

palabras, que parezca fundada en pre-

tensiones serias y fundadas, o lo que es

lo mismo, que sin prejuzgar el fondo el

juez valore supercialmente la juridi-

cidad de que plantea el caso.

Como se puede comprobar, se cumple

en el presente caso con la apariencia

de buen derecho que ha jado este TC

se requiere para el acogimiento de la

demanda en suspensión. […]

c) No afectación de los derechos de un

tercero

El tercero incumplidor contractual e

impropiamente beneciario del fallo

de marras se encuentra disfrutando

del bien litigioso, nunca se le ha im-

pedido su disfrute ni se le ha desaloja-

do del mismo. La presente litis solo se

sustenta en la persecución de obtener

un benecio económico adicional a lo

ya obtenido. Esto se comprueba en el

acto núm. 110/2021 anexo, de fecha

14 de abril de 2021, pues en este el

propio recurrido arma, en el penúl-

timo literal de la pág. 2 que, ATEN-

DIDO: Que mi requeriente el señor

DENNIS SQUIRES viene al país

en el mes de enero del presente año

Dos mil Veintiuno (2021), viviendo

en su Villa hasta el día de hoy....

Otras armaciones que demuestran

que el demandado en suspensión vie-

ne disfrutando de su inmueble se en-

cuentran establecidas en el referido

acto. Este nunca ha dejado de dis-

frutar de su inmueble. Por lo tanto,

sus derechos no han sido ni serían

afectados por la suspensión del fallo.

Es innegable: el demandado en sus-

pensión viene disfrutando su bien

de forma pacíca e initerrumpida

[sic], suspender la ejecución del fa-

llo atacado en nada le vulneraria en

lo más mínimo sus derechos.

5. Hechos y argumentos jurídicos de

las partes recurridas en revisión y de-

mandadas en suspensión de ejecución

de sentencia

Las partes recurridas, señores Dinah

Lynn Medford y Dennis Squires, de-

positaron su escrito de defensa en la

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 687

secretaría general del Tribunal Cons-

titucional el primero (1ero.) de agosto

de dos mil veintitrés (2023). Mediante

dicha instancia, los indicados seño-

res solicitan al Tribunal Constitucio-

nal raticar la recurrida Sentencia

TC/0329/23, aduciendo los argumentos

transcritos a continuación:

RESULTA: A que la Corporación

70208, S.R.L., a través de sus aboga-

dos apoderados, mediante instancia

deposita en fecha Doce (12) de Junio

del presente año 2023, solicita al Tri-

bunal Constitucional la Revisión de

Sentencia Constitucional, Corrección

de Error Material y/o Anulación de

Sentencia, así como también la Sus-

pensión de Sentencia Constitucional,

alegando en síntesis, que el tribunal

avaló un fallo en que no se responde

en derecho las invocaciones efectua-

das, entre otros argumentos.

RESULTA: A que tomando en

cuenta las consideraciones plasma-

das en la Sentencia marcada con el

No.TC/0329/23 la nueva petición de

la parte impetrante resulta ser COSA

JUZGADA, por tanto, la misma de-

viene en inadmisible.

RESULTA: Que el artículo 31 de la

Ley 137-11 establece que: las decisio-

nes del Tribunal Constitucional son

denitivas e irrevocables y constitu-

yen precedentes vinculantes para los

poderes públicos y todos los órganos

del Estado.

RESULTA: A que conforme a

nuestro ordenamiento jurídico, las

sentencias dictadas por el Tribunal

Constitucional no son recurribles y

menos anulable por el mismo órga-

no que la emitió; en el entendido de

que este tribunal no es otro grado de

apelación en contra de una sentencia

objeto de revisión y mucho menos de

su propia decisión.

6. Pruebas documentales

Entre los documentos depositados en

el trámite del presente recurso de re-

visión de sentencia del Tribunal Cons-

titucional y solicitud de suspensión de

ejecucióndesentenciaguran,princi-

palmente, los siguientes:

1. Instancia relativa al recurso de re-

visión y a la demanda en suspensión

de ejecución de sentencia interpuestos

por la sociedad comercial Corporación

70208, S.R.L., contra la Sentencia

TC/0329/23, dictada por el Tribunal

Constitucional el cinco (5) de junio de

dos mil veintitrés (2023), depositada

en la secretaría general de este colegia-

do, el día doce (12) del mismo mes y

año.

2. Copia fotostática de la Sentencia

TC/0329/23, dictada por el Tribunal

Constitucional el cinco (5) de junio de

dos mil veintitrés (2023).

3. Escrito de defensa depositado por

los recurridos, señores Dinah Lynn

Medford y Dennis Squires, en la secre-

taría general del Tribunal Constitucio-

nal el primero (1ero.) de agosto de dos

mil veintitrés (2023).

4. Acto núm. 500/2023, instrumenta-

do por la ministerial Damaris Rojas

688 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

Cabral4 el veintiocho (28) de junio de

dos mil veintitrés (2023), a requeri-

miento de los recurridos, señores Di-

nah Lynn Medford y Dennis Squires,

medianteelcuallenoticaronelindi-

cado escrito de defensa a la sociedad

recurrente, Corporación 70208, S.R.L.

II. CONSIDERACIONES Y

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

7. Síntesis del conicto

Mediante la Sentencia TC/0329/23,

del cinco (5) de junio de dos mil vein-

titrés (2023), el Tribunal Constitucio-

nal dominicano dictaminó el rechazo

del recurso de revisión constitucional

de decisión jurisdiccional interpuesto

por Corporación 70208, S.R.L., contra

la Sentencia núm. 1460/2021, dicta-

da por la Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia el veintiséis (26) de

mayo de dos mil veintiuno (2021). Este

último fallo dispuso, a su vez, el recha-

zo del recurso de casación igualmente

interpuesto por la aludida entidad co-

mercial contra la Sentencia núm. 449-

2019-SSEN-00157, expedida por la

Cámara Civil y Comercial de la Corte

de Apelación del Departamento Judi-

cial de San Francisco de Macorís el die-

cinueve (19) de agosto de dos mil nueve

(2019).

De modo que la Sentencia TC/0329/23,

emitida por esta sede constitucional

mantuvo en vigor la referida Sentencia

de alzada núm. 449-2019-SSEN-00157,

4 Alguacil de estrados del Juzgado de Paz del

municipio Cabrera.

mediante la cual la indicada corte de

apelación dispuso una serie de medi-

das más abajo enunciadas contra la

Corporación 70208, S.R.L.5 En des-

acuerdo con el fallo obtenido en sede

5 Dichas medidas fueron las siguientes: la revo-

cación de la Sentencia de primer grado núm. 454-

2017-SSEN-00050, dictada por la Cámara Civil, Co-

mercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Ins-

tancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sán-

chez el veintiséis (26) de enero de dos mil diecisiete

(2017); la ejecución y el cumplimiento del contrato

celebrado entre las partes en litis el veinticinco (25)

de octubre de dos mil doce (2012); la instrumenta-

ción y entrega inmediata por parte de Corporación

70208, S.R.L. del contrato de venta denitivo y

del inmueble, junto con los muebles, equipos, ma-

quinarias y mercancías enunciadas en el contrato

de promesa de venta de inmueble y acuerdo bajo

rmaprivadadeveinticinco(25)deoctubrededos

mil doce (2012); el desalojo de Corporación 70208,

S.R.L. y de cualquier persona que se encuentre ocu-

pando el inmueble objeto de la presente litis (Villa

Dconmodicaciones,dentrodelosCabosResiden-

tial, solares 6, 7, 30 y 31 manzana MN, amparado

enelociodeaprobaciónnúm.661201102814, del

distrito catastral núm. 3 del municipio Cabrera,

con una extensión supercial de 1,501.22 metros

cuadrados,amparadosenloscerticados detítulos

núm. 410751568616, 41075156911, 410751568430 y

410751567425); el rechazo del pedimento de indem-

nización requerido por la demandante original por

la suma de diez millones de pesos dominicanos con

00/100 ($10,000,000.00); la condena de la Corpora-

ción 70208, S.R.L. al pago del 0.3% x 1000 del valor

total de la venta por cada día de retraso en la entre-

ga de la casa a partir del treinta (30) de junio de dos

mil trece (2013), por aplicación de la cláusula penal

convenida en el párrafo del artículo tercero del con-

trato de veinticinco (25) de octubre de dos mil doce

(2012); la condena de la Corporación 70208, S.R.L.

al pago de una astreinte de cinco mil pesos domini-

canos con 00/100 ($5,000.00), por cada día de retar-

do en la ejecución de la sentencia, a partir de su no-

ticación;elrechazodelademandaenejecuciónde

contrato, entrega de la cosa, desalojo de inmueble y

daños y perjuicios respecto a la entidad Perfectsea

Group Development, S.A. y las señoras Lenka Re-

menyiova y Lenka Issabelle Novak; el rechazo de

la solicitud de ejecución provisional de la sentencia;

y,nalmente,lacondenade laCorporación70208,

S.R.L. al pago de las costas del procedimiento.

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 689

constitucional, la sociedad comercial

Corporación 70208, S.R.L. interpu-

so ante este colegiado el recurso de

revisión y la solicitud de suspensión

de ejecución contra la citada Senten-

cia TC/0329/23, que actualmente nos

ocupan. Dicha empresa aduce en su

recurso que, al rechazar el recurso de

revisión constitucional de decisión

jurisdiccional por ella interpuesto

contra la Sentencia de casación núm.

1460/2021, el Tribunal Constitucional

quebrantó su derecho a la tutela ju-

dicial efectiva y al debido proceso, al

tiempo de incurrir en una inobservan-

cia del precedente TC/0009/13.

8. Inexistencia jurídica del recurso de

revisión contra las decisiones jurisdic-

cionales del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional estima

procedente declarar la inexistencia

jurídica del recurso de revisión de la

especie, en atención a los siguientes

razonamientos:

a. Conforme hemos expuesto anterior-

mente, en la especie, este colegiado ha

sido apoderado de un recurso de re-

visión contra una de sus propias sen-

tencias, especícamente la Sentencia

TC/0329/23, de cinco (5) de junio de

dos mil veintitrés (2023). Sin embargo,

advertimos que esta acción recursiva

contraviene lo contemplado por el art.

184 de la Constitución de la República,

cuyo texto reza de la siguiente manera:

Habrá un Tribunal Constitucional

para garantizar la supremacía de la

Constitución, la defensa del orden

constitucional y la protección de los

derechos fundamentales. Sus deci-

siones son denitivas e irrevo-

cables y constituyen preceden-

tes vinculantes para los poderes

públicos y todos los órganos del

Estado. Gozará de autonomía admi-

nistrativa y presupuestaria.6

En este mismo sentido se pronun-

ció el legislador dominicano, dispo-

niendo en el art. 31 de la Ley núm.

137-11 que [l]as decisiones del

Tribunal Constitucional son de-

nitivas e irrevocables y constitu-

yen precedentes vinculantes para los

poderes públicos y todos los órganos

del Estado.7

b. La irrevocabilidad y vinculatorie-

dad del precedente constitucional para

todos los poderes y órganos del Estado

ha sido abordado por este colegiado en

múltiples ocasiones; entre ellas, se des-

taca la TC/0158/13, mediante la cual se

desarrolló el concepto de la cosa juzga-

da constitucional.8 Los textos transcri-

6 Subrayado nuestro.

7 Subrayado nuestro.

8 En dicha sentencia, el Tribunal Constitucional

expuso lo transcrito a continuación: […] por el

carácter irrevocable e incontrovertido de las sentencias

dictadas por el Tribunal Constitucional, en ejercicio

de sus competencias constitucionales y legales

orientadas a resguardar la supremacía y el orden

constitucional, así como la protección efectiva de los

derechos fundamentales, la presunción de verdad

jurídica que se deriva de la condición de cosa juzgada,

no solo atañe a las partes procesales, sino a todas las

personas públicas y privadas por la vinculatoriedad

erga omnes de los fallos del Tribunal. Dichos fallos

no pueden ser impugnados ante ningún otro órgano

del Estado dominicano, de conformidad con las

disposiciones del artículo 184 de la Constitución

de la República. Este criterio, respecto de la cosa

juzgada constitucional, es asumido también por

la jurisprudencia constitucional comparada: Las

decisiones adoptadas por la Corte Constitucional

690 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

tos más arriba, así como el preceden-

te anteriormente citado, evidencian

claramente la prohibición normativa

que se encuentra taxativamente con-

sagrada en nuestro ordenamiento jurí-

dico respecto a la imposibilidad de este

órgano de revisar sus propias decisio-

nes con el propósito de conrmarlas,

anularlas,revocarlasomodicarlas,so

pena de vulnerar dichas disposiciones.9

En este sentido, observamos que la

competencia del Tribunal Constitucio-

nal fue delimitada tanto por el art. 185

de nuestra Carta Sustantiva,10 como

en ejercicio del control de constitucionalidad tienen

fuerza de cosa juzgada constitucional, lo cual, como

se ha señalado por la jurisprudencia, implica que las

decisiones judiciales adoptadas por la Corporación en

cumplimiento de su misión de asegurar la integridad

y la supremacía de la Carta, adquieren un carácter

denitivo, incontrovertible e inmutable, de tal manera

que sobre aquellos asuntos tratados y dilucidados en

procesos anteriores, no resulta admisible replantear

litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento

de fondo. La cosa juzgada constitucional, además

de salvaguardar la supremacía normativa de la

Constitución, garantiza la efectiva aplicación de

los principios de igualdad, seguridad jurídica y

conanza legítima de los administrados, puesto que a

través de ella, el organismo de control constitucional

queda obligado a ser consistente con las decisiones que

adopta previamente, impidiendo que casos iguales o

semejantes sean estudiados y resueltos por el mismo

juez en oportunidad diferente y de manera distinta.

(Sentencia C-966/12 de fecha 21 de noviembre del

2012 de la Corte Constitucional de Colombia).

9 Véase Sentencia TC/0361/17.

10 Artículo 185 de la Constitución: Atribuciones.

El Tribunal Constitucional será competente para

conocer en única instancia: 1) Las acciones directas

de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos,

reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del

Presidente de la República, de una tercera parte de los

miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de

cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente

protegido; 2) El control preventivo de los tratados

internacionales antes de su raticación por el órgano

legislativo; 3) Los conictos de competencia entre los

poderes públicos, a instancia de uno de sus titulares;

4) Cualquier otra materia que disponga la ley.

por los arts. 5311 y 9412 de la Ley núm.

137-11, Orgánica del Tribunal Consti-

tucional y de los Procedimientos Cons-

titucionales.

c. Tal como puede apreciarse de las dis-

posiciones precedentemente citadas, la

facultad de revisar sus propias decisio-

nes resulta totalmente ajena al catálo-

go de atribuciones competenciales que

le fueron reconocidas taxativamente al

Tribunal Constitucional. Ante supues-

tos análogos al presente, este colegia-

do, tomando en consideración la deno-

minada teoría civil del acto inexistente,

dictaminó en la Sentencia TC/0521/16

que, en esos casos, el recurso de revisión

debe ser considerado como un re-

curso jurídicamente inexistente,

por no estar congurado entre los

procedimientos constitucionales

que el artículo 184 de la Constitu-

ción atribuye a este tribunal, ni en

las facultades que le conere su ley

orgánica [subrayado nuestro].13

11 Artículo 53 de la Ley núm. 137-11: Revisión

Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales. El

Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar

las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido

la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada,

con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de

proclamación y entrada en vigencia de la Constitución

[…].

12 Artículo 94 de la Ley núm. 137-11: Recursos.

Todas las sentencias emitidas por el juez de amparo

pueden ser recurridas en revisión por ante el Tribunal

Constitucional en la forma y bajo las condiciones

establecidas en esta ley.

13 A continuación, los párrafos fundamentales de

la citada sentencia TC/0521/16: a) La Teoría del

acto inexistente nace en la doctrina francesa clásica,

como un remedio procesal en el marco del derecho

civil, para denir aquellos actos que adolecen de los

elementos constitutivos esenciales o que no han sido

acompañados de las solemnidades indispensables para

darle una existencia jurídica conforme al espíritu

del derecho positivo, lo que impide su conguración;

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 691

d. En la especie, observamos que, con

su acción recursiva, la sociedad comer-

cial Corporación 70208, S.R.L. deman-

da al Tribunal Constitucional declarar

la nulidad de la impugnada Sentencia

TC/0329/13, alegando que esta decisión

conrmó un fallo carente de debida

por tanto, son actos que no surten ningún efecto

jurídico. El pronunciamiento de la inexistencia

constituye una sanción mayor a la pronunciada

por la nulidad absoluta, que está reservada para

actos existentes, pero afectados de vicios. b) En la

actualidad la gura de la inexistencia del acto jurídico

ha experimentado un desarrollo progresivo que la ha

proyectado a otras ramas del derecho, expandiéndose

al ámbito del derecho administrativo y a la esfera

procesal. En virtud de la máxima jurídica nadie

puede hacerse justicia por sí mismo, la inexistencia

debe ser pronunciada mediante decisión judicial; tal

es el caso de fallos rendidos por la Suprema Corte de

Justicia, que al examinar decisiones emanadas de

tribunales ordinarios, las ha considerado inexistentes

por contener un maniesto décit motivacional que las

convierte indefectiblemente en actos inexistentes. (Cfr.

sentencia Sala Civil y Comercial, del 10 de octubre de

2012, pág. 12). […] d) El Tribunal Constitucional,

el tres (3) de octubre de dos mil doce (2012), en su

Sentencia TC/0046/12, pronunció la inexistencia

jurídica del recurso de revisión constitucional de

decisión jurisdiccional, al valorar como una falta

procesal grave de un abogado la interposición de dicho

recurso en nombre de un recurrente fallecido un año

y cuatro meses antes de la interposición del mismo, y

cuyo poder de representación carecía de su rma. En

tal caso, el Tribunal consideró que la violación procesal

en la que se incurrió era gravísima y en consecuencia,

debe declarar la inexistencia del recurso que nos ocupa

y no la nulidad, ya que esta última sanción debe ser

reservada para los casos en que la irregularidad sea

menos grave. Si bien el supuesto fáctico decidido

mediante la referida sentencia es distinto al que nos

ocupa, lo relevante es señalar que este tribunal ya

interpretó que procede pronunciar la inexistencia

jurídica de un recurso en lugar de la nulidad, cuando

el recurso carece de un elemento esencial para su

viabilidad. e) En consecuencia, este tribunal estima

que el presente recurso de revisión debe ser considerado

como un recurso jurídicamente inexistente, por no estar

congurado entre los procedimientos constitucionales

que el artículo 184 de la Constitución atribuye a este

tribunal, ni en las facultades que le conere su le y

orgánica.

motivación. Para sustentar su imputa-

ción, reiteró los mismos vicios planteados

mediante su inicial recurso de revisión

constitucional de decisión jurisdiccional,

sometiendo el fallo obtenido en casación

al test de debida motivación establecido

en nuestra Sentencia TC/0009/13 para

identicarlos parámetrosque,asujui-

cio, fueron insatisfechos.

e. En su instancia, dicha sociedad co-

mercial aduce, además, que el presente

supuesto encaja plenamente en el criterio

adoptado por la Sentencia TC/0239/20,

indicando que dicho fallo constituye

el primer precedente de corrección de

error material mediante el cual este

colegiado reconoce la posibilidad de rec-

ticar el contenido de su propio fallo más

allá de lo meramente formal, numérico

o tipográco, reconociendo que un error

material de su fallo puede proyectarse

también en el contenido jurídico del fallo.

Sinembargo,estaarmacióncarecede

validez, dado que la petición formulada

por Corporación 70208, S.R.L. no radi-

ca en una incongruencia material, sino

en que la aludida sociedad no comparte

el razonamiento empleado por esta cor-

te constitucional al fallar su recurso de

revisión constitucional.

f. Por consiguiente, al verificarse la

carencia de viabilidad del recurso de

la especie en nuestro ordenamien-

to, este colegiado estima procedente

declarar su inexistencia jurídica, en

observancia de los precedentes cons-

titucionales dictados en la materia.14

14 En este sentido, véanse las sentencias

TC/0521/16, TC/0290/17, TC/0361/17, TC/0690/17,

TC/0401/18 y TC/0629/19.

692 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

La adopción de esta sanción se corres-

ponde con la gravedad que implica la

falta de configuración constitucional

o legal en el sistema normativo do-

minicano. De igual manera, con base

en lo anterior, el Tribunal Constitu-

cional entiende pertinente declarar

la inadmisibilidad de la solicitud de

suspensión de ejecución de senten-

cia formulada concomitantemente

por la sociedad comercial Corpora-

ción 70208, S.R.L., por encontrarse

indisolublemente ligada a la suerte

del recurso con el cual coexiste. Esta

medida se adopta sin necesidad de

incluirla en el dispositivo de la pre-

sente decisión.

Estadecisión, rmadaporlosjueces

del tribunal, fue adoptada por la ma-

yoríarequerida.Noguranlasrmas

de los magistrados Milton Ray Gue-

vara, presidente; y José Alejandro

Vargas Guerrero, en razón de que no

participaron en la deliberación y vo-

tación de la presente sentencia por

causas previstas en la ley. Figura in-

corporado el voto salvado conjunto

de los magistrados Rafael Díaz Fil-

po, primer sustituto; José Alejandro

Ayuso, Manuel Ulises Bonnelly Vega

y Miguel Valera Montero. Constan en

acta los votos disidentes de los ma-

gistrados Alba Luisa Beard Marcos

y Domingo Gil, los cuales se incorpo-

rarán a la presente decisión de con-

formidad con el artículo 16 del Re-

glamento Jurisdiccional del Tribunal

Constitucional.

Por las razones de hecho y de derecho

anteriormente expuestas, el Tribunal

Constitucional

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR jurídicamen-

te inexistente el recurso de revisión de

sentencia interpuesto por la sociedad

comercial Corporación 70208, S.R.L.,

contra la Sentencia TC/0329/23, dic-

tada por el Tribunal Constitucional el

cinco (5) de junio de dos mil veintitrés

(2023).

SEGUNDO: ORDENAR la comunica-

ción de esta sentencia, por secretaría,

parasuconocimientoynesdelugar,

a la parte recurrente, Corporación

70208, S.R.L.; y a las partes recurri-

das, señores Dennis Squires y Dinah

Lynn Medford, Lenka Isabelle Novak

y la sociedad comercial Perfectsea

Group Development, S.A.

TERCERO: DECLARAR el presente

recurso libre de costas, de acuerdo con

lo establecido en el artículo 7.6 de la

Ley núm. 137-11, Orgánica del Tri-

bunal Constitucional y de los Proce-

dimientos Constitucionales, del trece

(13) de junio de dos mil once (2011).

CUARTO: DISPONER que la presente

decisión sea publicada en el Boletín del

Tribunal Constitucional.

Firmada: Rafael Díaz Filpo, juez pri-

mer sustituto, en funciones de pre-

sidente; Lino Vásquez Sámuel, juez

segundo sustituto; José Alejandro

Ayuso, juez; Alba Luisa Beard Marcos,

jueza; Manuel Ulises Bonnelly Vega,

juez; Justo Pedro Castellanos Khoury,

juez; Víctor Joaquín Castellanos Piza-

no, juez; Domingo Gil, juez; María del

Carmen Santana de Cabrera, jueza;

Anuario 2023 Tribunal Constitucional • 693

Miguel Valera Montero, juez; Eunisis

Vásquez Acosta, jueza; Grace A. Ven-

tura Rondón, secretaria.

VOTO SALVADO CONJUNTO DE LOS

MAGISTRADOS RAFAEL DÍAZ

FILPO, JOSÉ ALEJANDRO AYUSO,

MANUEL ULISES BONNELLY Y

MIGUEL VALERA MONTERO

1. Con el debido respeto hacia el cri-

terio mayoritario desarrollado en

la presente decisión y conforme a la

posición sostenida en la deliberación

del caso, hacemos constar nuestro

voto salvado. Pese a estar de acuerdo

con la parte decisoria o resolutiva, no

compartimos los motivos desarrolla-

dos para fundamentar la misma. Este

voto salvado lo ejercemos en virtud de

las previsiones de los artículos 186 de

la Constitución y 30 de la Ley núm.

137-11, Orgánica del Tribunal Consti-

tucional y de los procedimientos cons-

titucionales, de fecha 13 de junio de

2011. En el primero de los textos se

establece lo siguiente: “(...) Los jue-

ces que hayan emitido un voto disidente

podrán hacer valer sus motivaciones en

la decisión adoptada”; y en el segundo

que: “Los jueces no pueden dejar de vo-

tar, debiendo hacerlo a favor o en contra

en cada oportunidad. Los fundamentos

del voto y los votos salvados y disidentes

se consignarán en la sentencia sobre el

caso decidido”.

2. En general, el presente voto salva-

dotienecomonjarnuestraposición

respecto a la decisión mayoritaria de

declarar la inexistencia jurídica del re-

curso, debido, esencialmente, a la su-

puesta “la falta de conguración consti-

tucional o legal en el sistema normativo

dominicano”.

3. Contrario al criterio mayoritario, los

jueces infrascritos somos de opinión

que procedía admitir en cuanto a la

forma el presente recurso, al tratarse

de una solicitud de corrección de error

material, procediendo a rechazar el

mismo en cuanto al fondo por no exis-

tir error material, lo cual se desprende,

incluso,deloarmadoporlamayoría

en el literal e) del acápite 8, en el cual

se establece lo siguiente:

“e) En su instancia, dicha sociedad

comercial aduce además que el pre-

sente supuesto «encaja plenamente»

en el criterio adoptado por la Sen-

tencia TC/0239/20, indicando que

dicho fallo constituye el primer prece-

dente de corrección de error material

mediante el cual este colegiado «re-

conoce la posibilidad de recticar el

contenido de su propio fallo más allá

de lo meramente formal, numérico o

tipográco, reconociendo que un error

material de su fallo puede proyectar-

se también en el contenido jurídico

del fallo». Sin embargo, esta arma-

ción carece de validez, dado que la

petición formulada por Corporación

70208, S.R.L. no radica en una in-

congruencia material, sino en que la

aludida sociedad no comparte el ra-

zonamiento empleado por esta corte

constitucional al fallar su recurso de

revisión constitucional.”

Firmado: Rafael Díaz Filpo, juez pri-

mer sustituto; José Alejandro Ayuso,

Manuel Ulises Bonnelly Vega y Miguel

Valera Montero, jueces

694 • Anuario 2023 Tribunal Constitucional

Lapresentesentenciaesdadayrma-

da por los señores jueces del Tribunal

Constitucional que anteceden, y pu-

blicada por mí, secretaria del Tribunal

Constitucionalquecertico,eneldía,

mes y año anteriormente expresados.

Grace A. Ventura Rondón

Secretaria