Tema IV. El orden económico

• Páginas: 45-97
• Autor: Manuel Ulises Bonnelly Vega

TEMA IV

EL ORDEN ECONÓMICO

Es bien sabido que, en la actualidad, se sigue trabajando

en la elaboración de un concepto universal de derecho penal

económico, y que aún existen discrepancias que no han per-

mitido a la doctrina fijar un concepto común. Estas diferen-

cias, a juicio de Tiedemann, constituyen un serio obstáculo

para «…el desenvolvimiento del pensamiento científico, el inter-

cambio de experiencias y el desarrollo de las reformas penales»39.

Así las cosas, queda claro que no es posible fijar un con-

cepto único y universal de derecho penal económico – igual-

mente válido para todos los países del mundo- ya que su alcance

va a depender de la manera como se desarrolla la vida econó-

mica del territorio sobre el cual se pretende aplicar.

Es decir, el significado que se le dé al adjetivo «económi-

co», en relación con el delito, está estrechamente vinculado a

la noción de Estado, de su modelo económico y a lo que se

quiera fijar como objeto de protección de este derecho40. Así,

39 Tiedemann, Klaus. Poder económico y delito. Editorial Ariel, Barcelona., España,

1985.

40 Issa El Kh oury, Henry. Delitos económicos mode rnos. San José, Costa Rica. 2004, p. 17.

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MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

se puede afirmar que la adopción de un concepto adecuado

de derecho penal económico solo es posible cuando se hace a

sabiendas del planteamiento económico del Estado en donde

se estudia la norma. Es decir, del planteamiento económico

contenido en su norma sustantiva, o sea, con el previo cono-

cimiento de la «Constitución Económica41».

Por otra parte, es sabido que la construcción de cualquier

concepto de una especialización del derecho penal se hace to-

mando en cuenta el bien jurídico que se pretende tutelar, y

que este bien jurídico, en el caso del derecho penal económi-

co, se haya establecido con la finalidad de proteger el modelo

económico descrito en la Constitución.

Resulta, pues, conveniente y oportuno conocer más de

este bien jurídico y de sus particularidades, conforme a lo es-

tablecido por la Constitución dominicana.

i. ¿Qué es el orden económico?

El vocablo orden refiere, en su significado jurídico, a un

sistema de normas que rige una sociedad. En otras palabras,

una manera de organizar o regular las relaciones, sociales, eco-

nómicas y/o políticas de una determinada comunidad.

Tomando en cuenta el significado de este vocablo se pue-

de afirmar, entonces, que orden económico resulta ser el «con-

junto de reglas promulgadas y aceptadas procedentes del derecho,

41 La doctrina constitucional entiende por Constitución Económica al modelo o siste-

ma económico adoptado o definido por la Constitución. Véase, en tal sentido, a Jorge

Prats, Eduardo. Derecho Constitucional, v. II, Santo Domingo, República Dominica-

na, 2005, p. 659 y ss.

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UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

del comportamiento ético-cultural y político, de las tradiciones y

convenciones que pueden formarse en torno a determinadas rea-

lidades económicas y que, junto con estas formas de orden, deli-

mitan de manera permanente el espacio de decisión y actuación

económica de los hombres»42. El orden económico se trata de «la

Constitución económica o régimen económico de un país»43.

La noción de orden público económico se refiere al sis-

tema de organización y planificación general de la economía

instituida en un determinado país.

En tal sentido, ha sostenido la Corte Constitucional de

Colombia: «La noción de orden público económico hace referen-

cia al sistema de organización y planificación general de la eco-

nomía instituida en un país. En Colombia, si bien no existe un

modelo económico específico, exclusivo y excluyente, el que actual-

mente impera, fundado en el Estado Social de Derecho, muestra

una marcada injerencia del poder público en las diferentes fases

del proceso económico, en procura de establecer límites razonables

a la actividad privada o de libre empresa y garantizar el interés

colectivo. En el sistema político colombiano, el orden público eco-

nómico se consolida sobre la base de un equilibrio entre la eco-

nomía libre y de mercado, en la que participan activamente los

sectores público, privado y externo, y la intervención estatal que

busca mantener el ordeny garantizar la equidad en las relaciones

económicas, evitando los abusos y arbitrariedades que se puedan

presentar en perjuicio de la comunidad, particularmente, de los

42 Schüller- Krüsselberg. Conceptos Básicos Sobre el Orden Económico. Editorial Folio,

S.A. Barcelona, España. 1997, p. 15.

43 Schüller- Krüsselberg. Conceptos Básicos Sobre el Orden Económico. Editorial Folio,

S.A. Barcelona, España. 1997, p. 16.

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MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

sectores más débiles de la población.» Mientras que «El orden

legal económico se constituye en objeto de tutela del derecho, par-

ticularmente del derecho punitivo, dado el interés que representa

para el Estado su conservación. Ciertamente, resulta de singular

importancia para la administración pública que el régimen eco-

nómico establecido por la Constitución y la ley se desenvuelva en

condiciones de normalidad, sin alteraciones, buscando asegurar

la prestación de los servicios que de él se desprenden»44.

El sistema económico que existe en República Domini-

cana se trata de un modelo económico fundado en el Estado

Social de Derecho. Así, se destaca una importante injerencia

del Estado en las diferentes fases del proceso económico, con

miras a establecer un ámbito razonable a la actividad privada

o de libre empresa y, al mismo tiempo, garantizar el interés

colectivo. En el sistema político que impera en la República

Dominicana, el orden público económico se fundamenta en

un equilibrio entre la llamada «economía de libre mercado»

-en la cual participan de forma activa tanto el sector público

como el privado- y la intervención estatal, cuyo propósito prin-

cipal es el de mantener el orden y garantizar que las relacio-

nes económicas sean equitativas, para lo cual debe evitar los

abusos y las arbitrariedades que puedan surgir en contra de la

comunidad y, en particular, de aquellos sectores más débiles

de la sociedad.

Por tal razón, existen leyes cuyo objeto principal es de ga-

rantizar que el régimen económico establecido en la Constitu-

ción se desenvuelva en condiciones normales y que se asegure

44 Sentencia C-083/99 de fecha diecisiete (17) días del mes de febrero de mil novecien-

tos noventa y nueve (1999).

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UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

la obligación de prestar todos los servicios que se derivan de

dicho régimen.

Cual que sea la definición o el concepto que se tome de

orden económico, sea en su sentido técnico, sea en su sentido

amplio o estricto45, lo cierto es que se trata del conjunto de re-

glas jurídicas que tienen por finalidad la de proteger una parte

o la totalidad de la economía.

Como el orden económico constituye un conjunto de

reglas que, a su vez, conforman el bien jurídico protegido46

de otro conjunto de reglas jurídicas que establecen sanciones

penales, resulta que el orden económico, más que un bien

jurídico protegido, es un objetivo político criminal47. Por esa

razón, corresponde a la política criminal delimitar su entorno,

o más bien sus límites o fronteras.

En el caso de la República Dominicana, esta política cri-

minal se encuentra delimitada por el ámbito de protección a

la economía descrito por la Constitución Económica. Por tal ra-

zón, para comprender cuál es el orden económico en Repúbli-

ca Dominicana, es necesario conocer el contenido económico

de su Constitución.

45 Tomando en cuenta la distinción que se hace entre el sentido estricto del orden

económico, entendido como «regulación jurídica del intervencionismo estatal en

la economía» y el sentido amplio, entendido como la «regulación jurídica de la

producción, distribución y consumo de bienes y servicios». En Bajo Fernández,

Concepto y Contenido del Derecho penal económico en Estudios de Derecho penal eco-

nómico, cit., p. 9.

46 Sobre el orden económico como bien jurídico tutelado del Derecho penal econó-

mico, cfr. Bernate Ochoa, Francisco. Estudios de derecho penal económico. Editorial

Ibáñez. Colombia. 2006. Pp. 20 y ss.

47 Ibíd, p. 10.

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MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

ii. Componentes del orden económico en República

Dominicana

El sistema económico dominicano se encuentra esbozado

por una serie de enunciados contenidos en diversos textos de

la Constitución, que imponen al Estado ciertos deberes.

El Estado para garantizar el cumplimiento efectivo de ta-

les deberes económicos, dicta una serie de normas que, en su

conjunto, forman el orden económico que tiene como marco el

régimen económico y social establecido en la Constitución,

y que implica, grosso modo, que el Estado y sus instituciones

deben:

1) Garantizar el desarrollo económico, social y

turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial,

comunicacional y productiva».

A tal efecto, debe: A) elaborar, ejecutar y priorizar po-

líticas y programas de inversión pública en obras sociales y

de infraestructura para asegurar estos objetivos; y B) asegurar

que el régimen de adquisición y transferencia de la propiedad

inmobiliaria en la Zona Fronteriza esté sometido a requisitos

legales específicos que privilegien la propiedad de los domini-

canos y dominicanas. (Artículo 10);

En atención a estos mandatos, se han dictado algunas dis-

posiciones legales tales como:

a) la Ley núm. 498-06, de Planificación e Inversión Pú-

blica, en cuyo artículo 1 se establece que «el Sistema

Nacional de Planificación e Inversión Pública está in-

tegrado por el conjunto de principios, normas, órganos y

procesos a través de los cuales se fijan las políticas, objeti-

51

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

vos, metas y prioridades del desarrollo económico y social

evaluando su cumplimiento» y

b) la Ley núm. 12 -21, que tiene por objeto crear una

Zona Especial de Desarrollo Fronterizo que abarca

las provincias: Pedernales, Independencia, Elías Piña,

Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoru-

co, y establecer un marco normativo que disponga

las reglas para el otorgamiento de un componente de

incentivos a las empresas que se instalen dentro del

territorio que comprende la zona especial y la fijación

del plazo de vigencia48.

2) Asegurar la protección a los recursos naturales no

renovables y de los recursos genéticos así como de

la biodiversidad que se encuentren en el territorio y

en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional

(Artículo 14).

Entre estos recursos naturales se hará especial énfasis en:

a) el agua y todos los recursos hídricos (Artículo 15),

b) la vida silvestre y las áreas protegidas (Artículo 16),

c) los yacimientos mineros y de hidrocarburos (Artículo

17).

Con relación a la necesidad de proteger los recursos natu-

rales, el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC/0122/13,

del cuatro (4) de julio del año dos mil trece (2013), estableció

que «En definitiva, la necesidad de proteger, conservar y restaurar

48 Artículo 1 de la Ley núm. 12-21, que crea la Zona Especial de Desarrollo Integral

Fronterizo y un Régimen de Incentivos.

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MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

los hábitats de estas especies marinas que se encuentran en peligro

de extinción, justifican las medidas apropiadas de la convención

que se examina, por lo que sus previsiones sobre este aspecto se en-

cuentran en concordancia con el conjunto de normas constitucio-

nales y adjetivas que resaltan el nivel de protección constitucional

que República Dominicana dedica a los recursos naturales y a las

distintas especies que forman la biodiversidad de la Nación››.

Mientras que, respecto a la protección constitucional del

agua, el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC/0289/16,

del doce (12) de julio del año dos mil dieciséis (2016), esta-

bleció que «La protección especial que dispensa el constituyente

dominicano, según el texto constitucional transcrito, se correspon-

de con la importancia que tiene este derecho, ya que de su disfrute

depende la vida y, en consecuencia, todos los demás derechos; por

estas razones, la Organización de las Naciones Unidas lo reconoce

como un derecho humano, mediante la Resolución núm. 64/292,

dictada en la 108 sesión plenaria, celebrada el veintiocho (28) de

julio de dos mil diez (2010). En efecto, en el artículo 1 de dicha

resolución se establece que se reconoce que el derecho al agua pota-

ble y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno

disfrute de la vida y de todos los derechos humanos››49.

Asimismo, el Tribunal Constitucional, en su sentencia

TC/0482/16, del dieciocho (18) de octubre del año dos mil

dieciséis (2016), estableció, por un lado, que «… cuando se

limita o restringe el derecho de acceso al agua se restringe de for-

ma directa el derecho a la salud, lo cual a su vez constituye una

violación al derecho a tener una vida digna›› y, por el otro lado,

49 Parágrafo 11.e Sentencia TC/0289/16, del doce (12) de julio del año dos mil dieci-

séis (2016).

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UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

que … «nada justifica la suspensión o racionalización del ser-

vicio público de agua, pues esto supone una interferencia en este

derecho que vulnera la dignidad humana y atenta contra el dere-

cho a la salud, de modo que dada la importancia de este recurso

natural, el mismo goza de una protección reforzada a nivel

constitucional››50.

En lo que respecta al Sistema Nacional de Áreas Protegi-

das y su compatibilidad con el derecho de propiedad, es im-

portante poner de manifiesto que el Tribunal Constitucional,

en su sentencia TC/0173/18, del dieciocho (18) del mes de

julio del año dos mil dieciocho (2018), se pronunció en los

siguientes términos: «Conviene precisar que cuando se integra

una porción de terreno al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y

se crea un parque nacional, la autoridad sustenta su actuación en

disposiciones constitucionales como los artículos 66 y 67 del texto

sustantivo, con los cuales se garantiza el cuidado de nuestro medio

ambiente y se preserva la diversidad ecológica. Esto se contrapone

al alegato de la parte accionante, en razón de que el hecho de que

sean incorporados los terrenos de su propiedad a un parque nacio-

nal, no implica la pérdida de su derecho de propiedad concebido

en los términos de nuestra Constitución, sino que tal afectación es

la resultante del compromiso que deriva de la función social que

entraña titularidad inmobiliaria, la cual siempre ha de impli-

car la obligación de privilegiar el interés general ante un interés

particular, garantizándose, en el caso objeto de tratamiento, la

ejecución de un plan de manejo equilibrado de la propiedad que

armonice con el medio ambiente, cuestión que permitiría, in-

50 Parágrafo 10.1 literales i) y r) sentencia TC/0482/16, del dieciocho (18) de octubre

del año dos mil dieciséis (2016).

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MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

clusive, la explotación económica mediante proyectos recreativos,

ecoturísticos, científicos, educativos y agrícolas››51.

Mientras que en el ámbito legislativo, para el desarrollo

de la protección de estos derechos se han promulgado, entre

otras:

La Ley núm. 64-00, General Sobre Medio Ambiente y

Recursos Naturales, cuyo objeto es el de establecer las normas

para la conservación, protección, mejoramiento y restaura-

ción del medio ambiente y los recursos naturales, asegurando

su uso sostenible52.

La Ley núm. 202-04, Sectorial de Áreas Protegidas, cuyo

objeto es el de garantizar la conservación y preservación de

muestras representativas de los diferentes ecosistemas y del pa-

trimonio natural y cultural de la República Dominicana, para

asegurar la permanencia y optimización de los servicios am-

bientales y económicos que estos ecosistemas ofrecen o pue-

dan ofrecer a la sociedad dominicana en la presente y futuras

generaciones53.

La Ley núm. 333-15, Sectorial sobre Biodiversidad, que

tiene por objeto: 1) desarrollar, reglamentar y aplicar los prin-

cipios y las disposiciones sobre la conservación y uso sostenible

de la biodiversidad contenida en la Constitución de la Repú-

blica y en la Ley Orgánica sobre Medio Ambiente y Recursos

Naturales, núm. 64-00, del dieciocho (18) de agosto del año

51 Parágrafo 10.23 sentencia TC/ 0173/18, del dieciocho (18) de julio del año dos mil

dieciocho (2018).

52 Artículo 1 de la Ley núm. 64-00, General Sobre Medio Ambiente y Recursos Natu-

rales.

53 Artículo 1 de la Ley núm. 202-04, Sectorial de Áreas Protegidas.

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UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

dos mil (2000); 2) establecer el marco legal necesario para

propiciar el mantenimiento y la recuperación de la biodiversi-

dad, que contribuya a restablecer el equilibrio y las tendencias

de los ecosistemas y los procesos ecológicos asociados en el

territorio nacional, como parte del Patrimonio Natural de la

Nación dominicana; 3) garantizar la conservación y el uso sos-

tenible de la biodiversidad; 4) regular el acceso a los recursos

genéticos y sus derivados de la biodiversidad; 5) asegurar la

participación justa y equitativa en los beneficios derivados de

la utilización de los recursos genéticos, y 6) establecer las san-

ciones administrativas y penales, así como la responsabilidad

civil objetiva que se aplicará a las violaciones a esta ley54.

La Ley núm. 100-13, que crea el Ministerio de Energía

y Minas como órgano de la Administración Pública, depen-

diente del Poder Ejecutivo, encargado de la formulación y ad-

ministración de la política energética y de minería metálica y

no metálica nacional55.

La Ley núm. 146 de 1971, Minera de República Domi-

nicana, que dispone que la concesión minera constituye un

derecho distinto al de la propiedad de la tierra en que se en-

cuentra, aunque aquella y esta correspondan a una misma per-

sona56. Por lo que la exploración, la explotación y el beneficio

de las substancias minerales se considera de utilidad pública e

interés nacional y gozará de preferencia sobre cualquier otro

aprovechamiento del terreno57.

54 Artículo 1 de la Ley núm. 333-15, Sectorial sobre Biodiversidad.

55 Artículo 1 de la Ley núm. 100-13, que crea el Ministerio de Energía y Minas.

56 Artículo 6 de la Ley núm. 146, de 1971, Minera de República Dominicana.

57 Artículo 7 de la Ley núm. 146, de 1971, Minera de República Dominicana.

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MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

Ley núm. 112-00, Sobre Hidrocarburos, que tiene como

uno de sus principales objetivos el de establecer un marco le-

gal impositivo para los combustibles e introducir un marco

legal de reforma, reordenamiento competitivo y un esquema

regulatorio apropiado para este subsector del sector energía58.

Ley núm. 125-01, General de Electricidad, cuyo objeto

principal es el de establecer un marco regulatorio del subsec-

tor eléctrico59 que incluye lo referente a la producción, trans-

misión, distribución y comercialización de electricidad y las

funciones de los organismos del Estado relacionados con estas

materias60.

A tal efecto, se procura: a) promover y garantizar la opor-

tuna oferta de electricidad que requiera el desarrollo del país,

en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y continui-

dad, con el óptimo uso de recursos y la debida consideración

de los aspectos ambientales; b) promover la participación pri-

vada en el desarrollo del subsector eléctrico; c) promover una

sana competencia en todas aquellas actividades en que ello sea

factible, y velar porque ella sea efectiva, impidiendo prácticas

que constituyan competencias desleales o abuso de posición

dominante en el mercado, de manera que en estas actividades,

las decisiones de inversión y los precios de la electricidad sean

libres y queden determinados por el mercado; d) regular los

precios de aquellas actividades que representan carácter mo-

nopólico, estableciendo tarifas con criterios económicos, de

eficiencia y equidad, a manera de un mercado competitivo;

58 Último considerando de la Ley núm. 112-00, Sobre Hidrocarburos.

59 Artículo 1 de la Ley núm. 125-01, General de Electricidad.

60 Artículo 3 de la Ley núm. 125-01, General de Electricidad.

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UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

e) velar porque el suministro y la comercialización de la elec-

tricidad se efectúen con criterios de neutralidad y sin discri-

minación; y f) asegurar la protección de los derechos de los

usuarios y el cumplimiento de sus obligaciones61.

Para la consecución de tales objetivos, las funciones esen-

ciales del Estado son de carácter normativo, promotor, regu-

lador y fiscalizador, y se ejercerán, en las materias pertinen-

tes al subsector eléctrico, por intermedio de las instituciones

establecidas en la mencionada ley. Mientras que la actividad

privada y la acción empresarial del Estado en este subsector

estarán sujetas a las normas y decisiones adoptadas por dichas

instituciones62.

Por otro lado, y en lo referente a los recursos hídricos, es

pertinente señalar que desde hace varios años cursa en el Con-

greso Nacional el Proyecto de Ley de Aguas de la República

Dominicana.

3) Prevenir la contaminación, proteger y mantener el

medio ambiente en provecho de las presentes y futuras

generaciones. A cuyos fines se garantiza que:

A) Toda persona tiene derecho al uso y goce sostenible de

los recursos naturales; a habitar en un ambiente sano,

ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarro-

llo y preservación de las distintas formas de vida, del

paisaje y de la naturaleza;

61 Artículo 4 de la Ley núm. 125-01, General de Electricidad.

62 Artículo 5 de la Ley núm. 125-01, General de Electricidad.

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MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

En torno a este derecho, resulta útil tomar en cuenta el

criterio establecido por el Tribunal Constitucional dominica-

no, en su sentencia TC/0167/13, del diecisiete (17) de sep-

tiembre del año dos mil trece (2013), en la que se dirimió

un conflicto entre los derechos fundamentales de la libertad

de empresa y de trabajo, por un lado, y el derecho al medio

ambiente sano, por el otro, señalando que:

«10.30. En ese sentido, al tener los derechos de libre empresa y

el derecho al trabajo componentes individuales frente al derecho

colectivo y difuso que representan las medidas para la preserva-

ción del medio ambiente, el cual, como indicamos antes, tiene

además un alcance supranacional, los dos primeros derechos de-

ben ceder en su ámbito de protección frente al último siempre y

cuando quede evidenciado que una actuación particular pueda

tener o tenga un efecto adverso e irreversible en el mantenimien-

to del equilibrio ecológico, máxime cuando la actuación a largo

plazo de los particulares pudiere arriesgarla seguridad y la sub-

sistencia de seres humanos.

10.31. En el presente caso se trata de la concurrencia de dere-

chos cuya restricción, por un lado, pudiera estar afectando los

derechos laborales y de empresa de un determinado número de

personas, incluyendo al propio Estado, que pudiera verse priva-

do de percibir ingresos económicos por concepto de exploración y

explotación minera; y por otro lado, la posibilidad de que resul-

ten afectados derechos e intereses colectivos o derechos de tercera

generación que procuran el bienestar de la comunidad a

través de la preservación de la ecología, la fauna, la flora y del

medio ambiente, elementos estos que constituyen parte esencial

de la riqueza natural, del patrimonio público y del propio futu-

ro del pueblo dominicano

10.32. En este punto, debemos precisar que las medidas desti-

nadas a la preservación del medio ambiente, al tener un alcance

59

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

general que traspasa el ámbito nacional, por propugnar, como

parte del sostenimiento ecológico del planeta, la protección de los

recursos eco sistémicos, hidrológicos y de biodiversidad existentes

en cada Estado, la misma deviene en configurar la existencia

de un derecho colectivo y difuso que tiene un alcance

supranacional, que encierra el compromiso de que cada nación

le otorgue preponderancia a la aplicabilidad de la misma en

aquellos casos en que una actividad pueda o esté afectando de

forma negativa ese sostenimiento, o ponga en riesgo el resguardo

ecológico del país.

10.33. Si bien la explotación de los yacimientos mineros puede

constituir una importante actividad generadora de riqueza que

contribuye con el impulso del desarrollo económico, no es menos

cierto que la necesaria protección del medio ambiente entraña

tomaren cuenta los efectos devastadores que con frecuencia pro-

duce esta actividad, y cuando los estudios relativos al impacto

ambiental de estos arroja resultados de tan alta negatividad,

como expresan los informes expuestos por el Programa de Na-

ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), capítulo República

Dominicana, y por la Academia de Ciencias de la República

Dominicana, es preciso concluir que se ha pretendido

la exploración y explotación de yacimientos mineros (recursos

naturales no renovables) sin la existencia de un criterio medio

ambiental sostenible.

10.34. Resulta evidente al tener las medidas destinadas a la pre-

servación del medio ambiente un carácter general supranacional

que propugna por la protección del bienestar de todos los seres

humanos, estas hacen que los derechos de libertad de empresa

y de trabajo queden limitados en su aplicación y efectos para

permitir la plena ejecución de dicha preservación».

B) Se prohíbe la introducción, desarrollo, producción, te-

nencia, comercialización, transporte, almacenamiento y

uso de armas químicas, biológicas y nucleares; y

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MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

En línea con lo anterior, el país es signatario de la Conven-

ción sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Alma-

cenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destruc-

ción, del año 1993, debidamente ratificada mediante resolución

núm. 448-08, del 10 de septiembre del año dos mil ocho (2008).

De la misma manera, se han suscrito y ratificado el Trata-

do de las Naciones Unidas sobre la No Proliferación de Armas

Nucleares, del 1 de julio de 1968, debidamente ratificado por

la República Dominicana mediante resolución núm. 17, dic-

tada por el Congreso Nacional en fecha 9 de septiembre de

1970; el Tratado de las Naciones Unidas sobre Prohibición

de Emplazar Armas Nucleares y Otras Armas de Destrucción

en Masa en los Fondos Marinos y Oceánicos y su Subsuelo,

del 11 de febrero de 1971, debidamente ratificado por la Re-

pública Dominicana mediante resolución núm. 184, dictada

por el Congreso Nacional en fecha 23 de agosto de 1971;

y el Tratado de la Organización de Estados Americanos para

la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina

(Tratado de Tlatelolco), del 14 de febrero de 1967, debida-

mente ratificado por la República Dominicana mediante reso-

lución núm. 270, dictada por el Congreso Nacional en fecha

12 de marzo de 1968, entre otras importantes convenciones y

tratados sobre la materia.

C) Se incentiva el uso de tecnologías y energías alternativas

no contaminantes (Artículo 67).

En este sentido, y en adición a la ya mencionada Ley

General Sobre Medio Ambiente, se ha promulgado la Ley

núm. 57-07, sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Reno-

vables de Energía y sus Regímenes Especiales, que constituye

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UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

el marco normativo y regulatorio básico que se ha de aplicar

en todo el territorio nacional, para incentivar y regular el de-

sarrollo y la inversión en proyectos que aprovechen cualquier

fuente de energía renovable y que procuren acogerse a dichos

incentivos63, teniendo como objetivos estratégicos y de interés

público, los siguientes: 1) Aumentar la diversidad energética

del país en cuanto a la capacidad de autoabastecimiento de los

insumos estratégicos que significan los combustibles y la ener-

gía no convencionales, siempre que resulten más viables; 2)

Reducir la dependencia de los combustibles fósiles importa-

dos; 3) Estimular los proyectos de inversión privada, desarro-

llados a partir de fuentes renovables de energía; 4) Propiciar

que la participación de la inversión privada en la generación

de electricidad a ser servida al SENI esté supeditada a las re-

gulaciones de los organismos competentes y de conformidad

al interés público; 5) Mitigar los impactos ambientales nega-

tivos de las operaciones energéticas con combustibles fósiles;

6) Propiciar la inversión social comunitaria en proyectos de

energías renovables; 7) Contribuir a la descentralización de la

producción de energía eléctrica y biocombustibles, para au-

mentar la competencia del mercado entre las diferentes ofertas

de energía; y 8) Contribuir al logro de las metas propuestas

en el Plan Energético Nacional, específicamente en lo relacio-

nado con las fuentes de energías renovables, incluyendo los

biocombustibles64.

63 Artículo 2 de la Ley núm. 57-07, sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renova-

bles de Energía y sus Regímenes Especiales.

64 Artículo 3 de la Ley núm. 57-07, sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renova-

bles de Energía y sus Regímenes Especiales.

62

MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

4) Reconocer y garantizar la libre empresa, comercio e

industria, asegurando que todas las personas puedan

dedicarse libremente a la actividad económica de su

preferencia (Artículo 50).

Con respecto a la libertad de empresa, nuestro Tribunal

Constitucional, en su sentencia TC/0049/13, del nueve (9)

de abril del año dos mil trece (2013) ha sostenido que ese

derecho «… consagrado en el artículo 50 de la Constitución de

la República, puede ser conceptualizado como la prerrogativa que

corresponde a toda persona de dedicar bienes o capitales a la rea-

lización de actividades económicas dentro del marco legal del Es-

tado y en procura de obtener ganancias o beneficios lícitos. Esta es

la concepción más aceptada en el derecho constitucional compa-

rado, tal y como se puede evidenciar de la jurisprudencia que en

ese sentido ha desarrollado la Corte Constitucional colombiana:

“La libertad de empresa comprende la facultad de las personas

de afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente

de capital) para la realización de actividades económicas para

la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las

pautas o modelos de organización típicas del mundo económico

contemporáneo con vistas a la obtención de un beneficio o ganan-

cia. Esta libertad comprende, entre otras garantías, (i) la libertad

contractual, es decir, la capacidad de celebrar los acuerdos que

sean necesarios para el desarrollo de la actividad económica; (ii)

la libre iniciativa privada” (Sentencia C-263/11, de fecha 6 de

abril del 2011; Corte Constitucional de Colombia)››.

Para reforzar este derecho, se establece la prohibición de

los monopolios, salvo que sean en provecho del Estado (Artí-

culo 50.1) y se pone en manos del Estado la regulación de la

63

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

economía y la promoción de planes nacionales de competiti-

vidad e impulsar el desarrollo integral del país (Artículo 50.2).

En apoyo a esta normativa constitucional, encontramos

la Ley núm. 42-08, General de Defensa de la Competencia,

que procura promover y defender la competencia efectiva para

incrementar la eficiencia económica en los mercados de bie-

nes y servicios, a fin de generar beneficio y valor en favor de

los consumidores y usuarios de estos bienes y servicios en el

territorio nacional65.

En ese mismo orden, encontramos la Ley núm. 1-02, so-

bre Prácticas Desleales del Comercio y Medidas de Salvaguar-

dia en el Mercado, cuyo objeto principal es el de establecer

las normas y procedimientos orientados a prevenir o corregir

los daños que puedan ocasionar a una rama de la producción

nacional las prácticas desleales de comercio internacional, y

adoptar las medidas temporales pertinentes frente a un incre-

mento de las importaciones en tal cantidad, y realizadas en ta-

les condiciones que causen o amenacen causar un daño grave

a los productores nacionales de bienes similares66.

De igual manera se dictó la Ley núm. 153-98, General de

Telecomunicaciones, que contiene reglas tendentes a evitar la

práctica desleal en el ámbito regulado67.

Y la Ley núm.125-01, General de Electricidad, que con-

tiene medidas tendentes a promover una sana competencia

65 Artículo 1 de la Ley núm. 42-08, General de Defensa de la Competencia.

66 Artículo 2 de la Ley núm. 1-02, sobre Prácticas Desleales del Comercio y Medidas de

Salvaguardia en el Mercado.

67 Véase los conceptos de competencia legal y prácticas desleales en el artículo 1 de la

Ley núm. 153-98, General de Telecomunicaciones.

64

MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

en todas aquellas actividades en que ello sea factible, y velar

porque ella sea efectiva, impidiendo prácticas que constituyan

competencias desleales o abuso de posición dominante en el

mercado, de manera que en estas actividades las decisiones de

inversión y los precios de la electricidad sean libres y queden

determinados por el mercado68.

5) Garantizar el derecho de propiedad asegurando

que las personas tengan derecho al goce, disfrute y

disposición de sus bienes (Artículo 51), incluyéndose

los derechos sobre la propiedad intelectual (Artículo

52)

Muchas disposiciones legales dispersas en la legislación

dominicana tienden a la protección del derecho de propiedad.

El Código Penal contiene todo un capítulo dedicado a los Crí-

menes y Delitos contra las propiedades donde se sancionan

múltiples conductas dirigidas a atentar contra este derecho

(vgr., el robo, la estafa y el abuso de confianza).

La Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario, cuyo ob-

jeto primordial es el de regular el saneamiento y el registro de

todos los derechos reales inmobiliarios, así como las cargas y

gravámenes susceptibles de registro en relación con los inmue-

bles que conforman el territorio de la República Dominicana

y garantizar la legalidad de su mutación o afectación con la

intervención del Estado a través de los órganos competentes

de la Jurisdicción Inmobiliaria69.

68 Artículo 4, literal C) de la Ley núm. 125-01, General de Electricidad.

69 Artículo 1 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario.

65

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

Mientras que la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad In-

dustrial, procura una efectiva protección de los derechos de

propiedad industrial, al tiempo que deben quedar claramente

establecidas las obligaciones a cargo de los titulares de tales de-

rechos, a fin de lograr un equilibrio de derechos y obligaciones

que promueva el desarrollo socioeconómico y tecnológico del

país70.

En tanto que la Ley núm. 65-00, sobre Propiedad Inte-

lectual se ocupa de la protección del derecho sobre las obras li-

terarias y artísticas, así como la forma literaria o artística de las

obras científicas, incluyendo todas las creaciones del espíritu

en los campos indicados, cualquiera que sea el modo o forma

de expresión, divulgación, reproducción o comunicación, o el

género, mérito o destino71.

Por su parte, el Tribunal Constitucional, mediante sen-

tencia TC/0088/1272, del quince (15) de diciembre del año

dos mil doce (2012), señaló que el derecho de propiedad abar-

ca tres dimensiones para que pueda ser plenamente eficaz «…

el goce, el disfrute y la disposición. Este derecho ha sido definido

como el derecho exclusivo al uso de un objeto o bien aprovecharse

de los beneficios que este bien produzca y a disponer de dicho

bien, ya sea transformándolo, distrayéndolo o transfiriendo los de-

rechos sobre los mismos››.

Posteriormente, en su sentencia TC/0125/18, del cuatro

(04) de julio del año dos mil dieciocho (2018), precisó que la

configuración constitucional del derecho de propiedad tam-

70 Cuarto Considerando de la Ley núm. 20-00 Sobre Propiedad Industrial.

71 Artículo 1 de la Ley núm. 65-00, sobre Propiedad Intelectual.

72 Parágrafo c) contenido en la página 8 de la referida sentencia.

66

MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

bién adiciona un componente social, no solo individual. De

ahí que señalara que:

«p. Sobre el particular, consideramos que el derecho de propiedad

privada está compuesto por dos elementos esenciales: utilidad in-

dividual y función social. Esto implica que no es posible desnatu-

ralizar el concepto de función social subyugándolo a su absoluta

discrecionalidad, sino que las limitaciones al ejercicio del derecho

por efecto de la función social han de estar constitucionalmente

justificadas.

q. La función social de un bien declarado patrimonio cultural im-

pone al propietario y poseedor un deber especial de conservación y

protección, el cual es ejercido bajo la supervisión e incluso asistencia

del Estado en caso de ser necesario. Indefectiblemente, esto limita

el ejercicio del derecho de propiedad en procura de satisfacer un

interés constitucional relevante.

r. Es evidente que por efecto de la función social el derecho de pro-

piedad queda limitado, pero el abanico de facultades del propieta-

rio, en mayor o menor amplitud, deben subsistir y, por tanto, este

debe estar habilitado para obtener la utilidad económica del bien,

aún en presencia de ciertas limitaciones; pues de lo contrario se

anularían elementos esenciales del derecho de propiedad.

s. Al respecto, si bien la propiedad tiene una función social que

implica obligaciones, esto debe conjugarse con el derecho al uso,

goce y disposición que tiene el propietario sobre sus bienes, y debe-

rían existir ciertas condiciones y requisitos que permitan activar

esas otras alternativas o medios que permitan garantizar el interés

particular del titular del derecho. En este escenario, debe existir

una comunicación fluida y constante entre las autoridades y el pro-

pietario, donde este deposite ante el órgano competente la debida

documentación que sustenta sus pretensiones y que ameritan una

intervención sobre el bien a fin de obtener un provecho económico

del mismo».

67

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

6) Asegurar y garantizar el derecho de las personas a

disponer de bienes y servicios de calidad, así como a

tener información objetiva, veraz y oportuna sobre el

contenido y las características de los productos y ser-

vicios que use o consuma, garantizando, además, que

las personas que resulten lesionadas o perjudicadas

por bienes y servicios de mala calidad, tengan dere-

cho a ser compensadas o indemnizadas (Artículo 53).

Las disposiciones contenidas en el artículo 53 de la Cons-

titución se encuentran desarrolladas por la Ley núm. 358-

05, General de Protección de los Derechos al Consumidor o

Usuario.

En efecto, el literal c) del artículo 33 de la indicada ley

establece como uno de los derechos de los consumidores o

usuarios el de: «… Recibir de los proveedores por cualquier medio

de mensaje de datos, Internet, servicios de mensajería, promoción

o cualquier otro medio análogo; una información veraz, clara,

oportuna, suficiente, verificable y escrita en idioma español sobre

los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como también

sobre sus precios, características, funcionamiento, calidad, origen,

naturaleza, peso, especificaciones en orden de mayor contenido de

sus ingredientes y componentes que permita a los consumidores

elegir conforme a sus deseos y necesidades, así como también cual-

quier riesgo que eventualmente pudieren presentar…››.

Mientras que el literal e) establece la posibilidad de «la

reparación oportuna y en condiciones técnicas adecuadas de los

daños y perjuicios sufridos por el consumidor, siempre y cuando el

riesgo o daño no haya sido previamente informado por el provee-

dor, conforme a la letra c) del presente artículo››.

68

MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

La ley contiene un sistema de sanciones administrativas

y penales imponibles a los proveedores de los servicios que

afecten los derechos de los consumidores.

7) Promover la investigación y la transferencia de

tecnología para la producción de alimentos y materias

primas de origen agropecuario, con el propósito de

incrementar la productividad y garantizar la seguridad

Alimentaria (Artículo 54).

Este texto constitucional encuentra desarrollo en múlti-

ples leyes que regulan lo relativo a la producción de alimentos.

Entre estas se pueden mencionar la Ley núm. 231, del 1971,

que establece un sistema de producción, procesamiento y co-

mercio de las semillas en República Dominicana, todo lo cual

se pone bajo la responsabilidad del Departamento de Semillas

adscrito al Ministerio de Agricultura73.

Por su parte, la Ley núm. 108-13 crea los Mercados Do-

minicanos de Abasto Agropecuario (Mercadom) y la Red

Nacional Alimentaria (Rena), con la finalidad de establecer y

operar una nueva y adecuada política de gestión de los merca-

dos públicos en la República Dominicana74.

En tanto que la Ley núm. 589-16, que ,tiene por objeto

establecer el marco institucional para la creación del Sistema

Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutri-

cional, le asigna a dicha institución la elaboración y desarro-

llo de las políticas al respecto, así como de los instrumentos

73 Véase artículo 4 de la Ley núm. 231 de 1971.

74 Véase artículo 1 de la Ley núm. 108-13, que crea los Mercados Dominicanos de

Abasto Agropecuario (Mercadom) y la Red Nacional Alimentaria (Rena).

69

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

orientados a respetar, proteger, facilitar y ejercer el derecho a

la alimentación adecuada, en conformidad con los principios

de los derechos humanos para mejorar la calidad de vida de la

población dominicana75.

Ello comprende la producción, transformación, conser-

vación, almacenamiento, intercambio, comercialización y

consumo, así como la inocuidad, calidad nutricional y sani-

dad de los alimentos; la participación social; el desarrollo rural

y agroalimentario; la agroindustria, el empleo rural y agrícola

en concordancia con los principios de sostenibilidad ambien-

tal y las buenas prácticas de producción y el cumplimiento del

derecho a la alimentación.

8) Estimular el desarrollo de la seguridad social para

asegurar el acceso universal a una adecuada protección

en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la

vejez (Artículo 60).

El Tribunal Constitucional, mediante sentencia

TC/0203/13, del trece (13) de noviembre del año dos mil

trece (2013), definió al derecho de seguridad social como «…

un derecho fundamental, como tal inherente a la persona, y es,

asimismo, un derecho prestacional, en la medida en que implica

un derecho a recibir prestaciones del Estado››76.

Entre otras importantes disposiciones y normativas lega-

les que regulan el régimen de la seguridad social en la Repú-

blica Dominicana se encuentran:

75 Artículo 1 de la Ley núm. 589-16, que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y

Seguridad Alimentaria y Nutricional en la República Dominicana.

76 Parágrafo f) contenido en la página 12 de la indicada sentencia.

70

MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

La Ley núm. 1896, de 1948, sobre Seguros Sociales, que

establece el Seguro Social obligatorio, facultativo y de familia

para cubrir, bajo determinadas condiciones, los riesgos de en-

fermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte77.

La Ley núm. 379, de 1981, que establece el Régimen de

Jubi lacion es y Pension es del Estado dominic ano para los f un-

cionarios y empleados públicos, que autoriza al presidente de

la República a hacer efectivo el beneficio de la jubilación con

pensiones vitalicias del Estado con cargo al Fondo de Pensiones

y Jubilaciones Civiles de la ley de Gastos Públicos, a los fun-

cionarios y empleados civiles que hayan prestado servicios en

cualquier institución o dependencia del Estado durante veinte

(20) a veinticinco (25) años y desde veinticinco (25) a treinta

(30) años y que hayan cumplido la edad de sesenta (60) años78.

La Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de

Seguridad Social, que regula y desarrolla los derechos y deberes

recíprocos del Estado y de los ciudadanos, en lo concerniente

al financiamiento para la protección de la población contra los

riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, so-

brevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos labora-

les. Este sistema comprende a todas las instituciones públicas,

privadas y mixtas que realizan actividades principales o comple-

mentarias de seguridad social, a los recursos físicos y humanos,

así como las normas y procedimientos que los rigen79.

77 Artículo 1 de la Ley núm. 1896, de 1948, sobre Seguros Sociales.

78 Artículo 1 de la Ley núm. 379, de 1981, que establece el régimen de jubilaciones y

pensiones del Estado dominicano para los funcionarios y empleados públicos.

79 Artículo 1 de la Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad

Social.

71

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

Ley núm. 397-19, que crea el Instituto Dominicano de

Prevención y Protección de Riesgos Laborales, que tiene como

funciones las de administrar y pagar las prestaciones del Segu-

ro de Riesgos Laborales del Sistema Dominicano de Seguri-

dad Social; contratar los servicios de salud para la atención de

afiliados por enfermedades producto del trabajo y accidentes

laborales; promover la prevención y control de los riesgos la-

borales; y promover el estudio, conocimiento y atención inte-

gral de la salud de los trabajadores80.

9) Asegurar el derecho que tienen todas las personas de

gozar de salud integral (Artículo 61), con especial

énfasis en:

a) la protección de la salud de todas las personas y el ac-

ceso al agua potable, al mejoramiento de la alimenta-

ción, de los servicios sanitarios, de las condiciones hi-

giénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar

los medios para la prevención y tratamiento de todas

las enfermedades, asegurando el acceso a medicamen-

tos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria

gratuita a quienes la requieran (Artículo 61.1); y

b) garantizar el ejercicio de los derechos económicos y

sociales de la población de menores ingresos prestan-

do su protección y asistencia a los grupos y sectores

vulnerables y combatiendo los vicios sociales (Artícu-

lo 61.2).

80 Artículo 5 de la Ley núm. 397-19, que crea el Instituto Dominicano de Prevención y

Protección de Riesgos Laborales.

72

MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

Con relación al derecho de salud, el Tribunal Constitu-

cional, en su sentencia TC/0031/18, del trece (13) de marzo

del año dos mil dieciocho (2018), fijó81 que su contenido se

concretiza «… como una obligación de medios y no de resultados,

cuya protección, de manera primordial recae sobre la responsabi-

lidad del Estado frente a las necesidades de los particulares. Por lo

tanto, el acceso a los medicamentos se configura como una garantía

fundamental del derecho a la salud, cuya cobertura debe ser de ín-

dole nacional, económicamente asequible para todas las personas

sin discriminación alguna, y otorgar los niveles de salubridad y ca-

lidad exigidas por las normativas de salud pública en la materia››.

En el ordenamiento jurídico, existe la Ley núm. 42-01,

General de Salud, que tiene por objeto la regulación de todas

las acciones que permitan a1 Estado hacer efectivo el derecho

a la salud de la población, reconocido en la Constitución de la

República Dominicana82.

Esta disposición legal entiende la salud como un medio

para el logro del bienestar común y un fin como elemento

sustantivo para el desarrollo humano. La producción social

de la salud está íntimamente ligada a1 desarrollo global de

la sociedad, constituyéndose en el producto de la interacción

entre el desarrollo y la acción armónica de la sociedad en su

conjunto, mediante el cual se brinda a 1os ciudadanos y ciu-

dadanas las mejores opciones políticas, económicas, legales,

ambientales, educativas, de bienes y servicios, de ingresos, de

empleos, de recreación y participación social para que, indivi-

dual y colectivamente, desarrollen sus potencialidades en aras

81 Párrafo h) contenido en la página 13 de la indicada sentencia.

82 Artículo 1 de la Ley núm. 42-01, General de Salud.

73

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

del bienestar. De ahí que la salud no sea una atribución exclu-

siva del sector salud83.

Mediante esta ley se asegura a todos los dominicanos y a

los extranjeros que residan en el territorio nacional el derecho

a la promoción de la salud, prevención de las enfermedades y

a la protección, recuperación y rehabilitación de su salud, sin

discriminación alguna84.

Por su parte, en torno a la asistencia social existen múlti-

ples leyes, dirigidas a establecer programas de asistencia social.

Entre otras, se pueden enumerar:

La Ley núm. 16 de 1942, por cuya consecuencia se or-

ganizaron los Comedores Económicos, más tarde organizados

mediante decreto del Poder Ejecutivo núm. 2052 de 1944,

como establecimientos para el expendio de comidas a precios

módicos en todo el territorio nacional mediante el servicio de

raciones de comida higiénica.

La Ley núm. 676 de 1965, que crea la Direccion Gene-

ral de Desarrollo de la Comunidad, que se encuentra bajo

la dependencia del Ministerio de la Presidencia, y que tiene

como fin estimular, organizar y completar el esfuerzo de las

comunidades sociales hacia su propio desarrollo socioeconó-

mico, proporcionándoles el asesoramiento técnico apropiado

y complementando el esfuerzo económico local85.

La Ley núm. 113 de 1967, que crea el Consejo Nacio-

nal de Fronteras, permanece vigente luego de la promul-

83 Artículo 2 de la Ley núm. 42-01, General de Salud.

84 Artículo 3 de la Ley núm. 42-01, General de Salud.

85 Artículo 2 de la Ley núm. 676, de 1965, que crea la Dirección General de Desarrollo

de la Comunidad.

74

MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

gación de la Ley Orgánica No. 630-16, del Ministerio de

Relaciones Exteriores. Este Consejo es el órgano rector gu-

bernamental de consulta interinstitucional, responsable de

coordinar, planificar, dirigir, ejecutar, promover y gestionar

proyectos y obras para el desarrollo integral sostenible de

los pueblos y comunidades fronterizas de la República Do-

minicana86.

Su principal objetivo es el de ejecutar proyectos de inver-

sión, promover el desarrollo económico, social, cultural y pa-

triótico de los pueblos fronterizos, garantizar la seguridad de

las pirámides establecidas a lo largo y ancho de la línea fronte-

riza que establece la división de la República Dominicana con

Haití, así como coordinar la participación de los diferentes

organismos e instituciones gubernamentales que intervienen

en la gestión fronteriza.

La Ley núm. 367 de 1972, que crea el Fondo Especial

de Desarrollo Agropecuarios, que se encarga de coordinar y

controlar los recursos que se destinen para la ejecución de

programas específicos de desarrollo agropecuario, a los cuales

podrán estar ligados aquellos departamentos, instituciones,

entidades y organismos públicos y/o autónomos que realizan

o puedan realizar actividades comprendidas dentro del sector

agropecuario87.

La Ley núm. 5-13, sobre Discapacidad en la República

Dominicana que ampara y garantiza la igualdad de derechos

86 Cfr. http://www.fronteras.gob.do/index.php/sobre-nosotros/historia

87 Artículo 1 de la Ley núm. 367, de 1972 que modifica el artículo 8 de la Ley de

Fomento Agrícola núm.. 6186, de fecha 12 de febrero de 1963 para crear el Fondo

Especial de Desarrollo Agropecuarios.

75

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

y la equiparación de oportunidades a todas las personas con

discapacidad y regula las personas morales, sin fines de lucro,

cuyo objeto social sea trabajar para mejorar la calidad de vida

de las personas con discapacidad88. Mediante esta ley se pro-

cura que las personas con discapacidad alcancen los más altos

niveles de igualdad, así como el reconocimiento en su condi-

ción de obligados frente a los deberes que les son correlativos

e inherentes a la persona humana, sin procura de privilegios

especiales, al tiempo de protegerlas de cualquier tipo de dis-

criminación.

Por otro lado, el gobierno dominicano implementa pro-

gramas -la mayoría de ellos dependientes directamente de la

presidencia de la República- que procuran el objetivo de dar

asistencia social en diversas áreas. Ese tipo de programas -no

necesariamente- permanecen en el tiempo, ya que suelen ser

específicos y dirigidos a la solución de un problema generado

por las circunstancias del momento.

En la actualidad, por ejemplo, se encuentran programas

como el de Tarjeta Progresando con Solidaridad, dirigido a

familias pobres a quienes se les provee de una tarjeta electró-

nica de débito, que les permite hacer consumos en los lugares

indicados y manejar múltiples subsidios sociales que el go-

bierno dominicano decida brindar a favor de los más pobres y

necesitados del país.

88 Artículo 1 de la Ley núm. 5-13, del año 2013, sobre Discapacidad en la República

Dominicana.

76

MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

10) Garantizar el derecho al trabajo, asegurando, prin-

cipalmente, la igualdad y equidad de mujeres y hom-

bres en el ejercicio del derecho al trabajo; la libertad

sindical, la seguridad social, la negociación colectiva,

la capacitación profesional, el respeto a su capacidad

física e intelectual, a su intimidad y a su dignidad

personal (Artículo 62).

El Tribunal Constitucional, mediante sentencia

TC/0128/21, del veinte (20) de enero del año dos mil vein-

tiuno (2021), estableció89, con relación a la naturaleza del de-

recho al trabajo, que: «Conforme con su configuración consti-

tucional prevista en el artículo 62 de la Constitución, el trabajo

es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la

protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Esta-

do fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos

promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, emplea-

dores y el Estado››.

Con respecto al alcance del derecho de todo trabajador a

obtener un salario justo y digno, el Tribunal Constitucional,

en su sentencia TC/0691/16, del dieciséis (16) de diciembre

del año dos mil dieciséis (2016), precisó90 que «El salario justo

y digno es conceptualizado por la jurisprudencia constitucional

comparada como la protección que el Estado debe garantizar a

todo trabajador para no percibir un salario inferior al mínimo

establecido, atendiendo a la naturaleza del sector laboral al que

pertenezca, de modo que dicho salario conserve el poder adquisi-

89 Párrafo 10.2.45 contenido en la página 72 de la indicada sentencia.

90 Parágrafo b) contenido en la página 21 de la indicada sentencia.

77

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

tivo que le permita vivir con dignidad, al permitirle satisfa-

cer sus necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales››.

Lo anterior implica la necesidad de dar garantías de que

las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, los

salarios mínimos y sus formas de pago, la participación de

los nacionales en todo trabajo, la participación de las y los

trabajadores en los beneficios de la empresa, así como a que el

trabajador tenga derecho a un salario justo y suficiente que le

permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia necesi-

dades básicas materiales, sociales e intelectuales.

Las relaciones laborales entre los particulares en la Re-

pública Dominicana están regidas por el Código de Traba-

jo puesto en vigor mediante la Ley núm. 16-92, su reglamen-

to de aplicación y otras leyes afines. Solo quedan excluidos de

regulación por esta legislación: 1. Los profesionales liberales

que ejerzan su profesión en forma independiente. 2. Los co-

misionistas y los corredores. 3. Los agentes y representantes

de comercio. 4. Los arrendatarios y los aparceros de los pro-

pietarios91.

De igual forma, no están reguladas por el Código las

relaciones de trabajo de las personas designadas por auto-

ridad competente para desempeñar los cargos presupuesta-

dos para la realización de funciones públicas en el Estado,

los municipios y las entidades autónomas, en un marco de

profesionalización y dignificación laboral de sus servidores.

Estas relaciones se regulan mediante la Ley núm. 41-08, de

Función Pública.

91 Artículo 5 del Código de Trabajo.

78

MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

11) Asegurar el derecho a la educación de todas las perso-

nas, lo cual implica, entre otras cosas, las siguientes:

a) dar garantías de que la educación pública sea gratuita y

financiada por el Estado, garantizando una distribución

de los recursos proporcional a la oferta educativa de las

regiones, de conformidad con lo que establezca la ley;

b) garantizar que la inversión del Estado en la educación, la

ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en

correspondencia con los niveles de desempeño macroeco-

nómico del país (Artículo 63);

En su sentencia TC/0058/13, del quince (15) de abril

del año dos mil trece (2013), el Tribunal Constitucional pun-

tualizó92 que «… el derecho a la educación se enmarca dentro de

los derechos económicos y sociales; también es un derecho civil y

un derecho político, ya que se sitúa en el centro de la realización

plena y eficaz de esos derechos. A este respecto, el derecho a la edu-

cación es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia

de todos los derechos humanos, razón por la cual no debe verse

desde la óptica comercial que aspira la accionante. De ahí que el

Estado sí tiene la potestad de intervenir en la regulación de ese

derecho fundamental, tal como puede intervenir en lo referente al

derecho a la salud, al trabajo, a la familia, entre otros derechos de

la misma jerarquía…››.

Mientras que, en su sentencia TC/0064/19, del trece (13)

de mayo del año dos mil diecinueve (2019), delimitó todavía

más la naturaleza del derecho a la educación, en los siguientes

términos:

92 Parágrafo 10.2.9, contenido en las páginas 21 y 22 de la indicada sentencia.

79

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

«j. Cabe precisar que el artículo 63 de la Constitución es muy

extenso y complejo. Contiene trece numerales con preceptos de

distinta naturaleza, pues mientras algunos de ellos consagran

derechos de ‘libertad (como los previstos en el encabezado, así

como en los numerales 2, 7 y 12), otros imponen deberes (como

obligatoriedad de la enseñanza en los niveles inicial, básico y

medio, numeral 3, o las establecidas en los numerales 5, 6 y

11, así como la enseñanza obligatoria de la Constitución en

el numeral 13); garantizan instituciones (como la autonomía

universitaria en los numerales 7 y 8); o derechos de prestación

(como la gratuidad de la enseñanza pública, numerales 3 y 4); o

atribuyen, en relación con ello, competencias a los poderes públi-

cos (así, por ejemplo, numerales 3, 4, 7 y 9); imponen mandatos

a los poderes públicos (como calcularon los numerales 9, 10, 11

y 12); o indican objetivos a alcanzar (como los previstos en los

numerales 1, 6 y 13).

k. Ese conjunto heterogéneo de prerrogativas individuales, ex-

pectativas colectivas, garantías institucionales, mandatos a los

poderes públicos y objetivos o valores constitucionales contenidos

en el artículo 63 de la Constitución, concurren armónicamente

al imponer al Estado obligaciones de planificación, promoción,

prestación y fiscalización que garanticen la calidad de la forma-

ción moral, física de las personas para promover el libre desarro-

llo de la intelectual y personalidad, mejoramiento económico,

social y cultural del pueblo, así como la convivencia pacífica».

La normativa constitucional que ahora examinamos se

encuentra desarrollada mediante la Ley núm. 66-97, General

de Educación. La misma tiene por objeto garantizar el dere-

cho de todos los habitantes del país a la educación. Regular, en

el campo educativo, la labor del Estado y de sus organismos

descentralizados y la de los particulares que recibieren autori-

zación o reconocimiento oficial a los estudios que imparten.

80

MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

La ley, además, encauza la participación de los distintos secto-

res en el proceso educativo nacional93.

De igual manera, el derecho a la educación se encuen-

tra desarrollado mediante la Ley núm. 139-01, de Educación

Superior, Ciencia y Tecnología, cuyo propósito fundamental

es la creación del Sistema Nacional de Educación Superior,

Ciencia y Tecnología, así como establecer la normativa para

su funcionamiento, los mecanismos que aseguren la calidad

y la pertinencia de los servicios que prestan las instituciones

que lo conforman y sentar las bases jurídicas para el desarrollo

científico y tecnológico nacional94.

Ese Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia

y Tecnología de la República Dominicana está compuesto

por un conjunto de instituciones que, de manera explícita,

están orientadas al logro de los fines y objetivos de la edu-

cación superior y del desarrollo científico y tecnológico del

país95.

El Estado, a través de los organismos correspondientes,

vela para que las instituciones de educación superior, ciencia

y tecnología y sus actividades, respondan adecuadamente a

las exigencias demandadas por los cambios en los contextos

nacional e internacional, en materia de educación superior,

ciencia y tecnología96.

93 Artículo 1 de la Ley núm. 66-97, General de Educación.

94 Artículo 1 de la Ley núm. 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

95 Artículo 2 de la Ley núm. 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

96 Artículo 3 de la Ley núm. 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

81

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

12) Informar y explicar las proyecciones macroeconómi-

cas y fiscales, los resultados económicos, financieros

y sociales esperados y las principales prioridades que

el gobierno se propone ejecutar (Artículo 114);

En la consecución de este mandato constitucional con-

vergen varias disposiciones del orden legal, entre las que se

puede enumerar:

La Ley núm. 6142 de1962, del Banco Central de la Re-

pública Dominicana, institución que tiene a su cargo pro-

mover y mantener las condiciones monetarias, cambiarias y

crediticias más favorables a la estabilidad y desenvolvimiento

ordenado de la economía nacional y regular el sistema mone-

tario y bancario de la Nación97.

La Ley núm. 11-92 o Código Tributario, que establece las

disposiciones generales aplicables a todos los tributos internos

nacionales y a las relaciones jurídicas emergentes de ellos, al

Impuesto sobre la Renta, al Impuesto sobre Transferencias de

Bienes Industrializados y Servicios y al Impuesto Selectivo de

Consumo, entre otros98.

La Ley núm. 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo

2030, que abarca el ejercicio por parte del sector público

nacional y local de sus funciones de regulación, promoción

y producción de bienes y servicios, así como la creación de

las condiciones básicas que propicien la sinergia entre las

acciones públicas y privadas para el logro de la visión de

97 Artículo 3 de la Ley núm. 6142, de 1962, del Banco Central de la República Domi-

nicana.

98 Artículo 1 de la Ley núm. 11-92 o Código Tributario.

82

MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

la nación de largo plazo y los objetivos y metas de dicha

estrategia99.

La Ley núm. 494-06, de Organización de la Secretaría de

Estado de Hacienda -en la actualidad denominado Ministerio

de Hacienda- ,cuya misión es la de elaborar y proponer al Poder

Ejecutivo la política fiscal del gobierno, la cual comprende los in-

gresos, los gastos y el financiamiento del sector público, así como

conducir la ejecución y evaluación de esta, asegurando la soste-

nibilidad fiscal en el corto, mediano y largo plazo, todo ello en el

marco de la política económica del gobierno y de los lineamien-

tos estratégicos que apruebe el Consejo Nacional de Desarrollo100.

La Ley núm. 498-06, del Sistema de Planificación e In-

versión Pública, que está integrado por el conjunto de prin-

cipios, normas, órganos y procesos a través de los cuales se

fijan las políticas, objetivos, metas y prioridades del desarrollo

económico y social, evaluando su cumplimiento. Dicho siste-

ma es el marco de referencia que orienta la definición de los

niveles de producción de bienes, prestación de servicios y eje-

cución de la inversión a cargo de las instituciones públicas101.

Este sistema está relacionado con los sistemas de Pre-

supuesto, Crédito Público, Tesorería, Contabilidad Guber-

namental, Compras y Contrataciones, Administración de

Recursos Humanos, Administración de Bienes Nacionales y

Control Interno102.

99 Artículo 1 de la Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

100 Artículo 2 de la Ley núm. 494-06, de Organización de la Secretaría de Estado de

Hacienda.

101 Artículo 1 de la Ley núm. 498-06, de Planificación e Inversión Pública.

102 Artículo 2 de la Ley núm. 498-06 de Planificación e Inversión Pública.

83

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

La Ley núm. 5-07, que crea el Sistema Integrado de Ad-

ministración Financiera del Estado, que comprende el con-

junto de principios, normas, sistemas, órganos y procesos que

hacen posible la captación de los recursos públicos y su apli-

cación para el cumplimiento de los fines del Estado103. El mis-

mo está compuesto por los sistemas de Presupuesto, Crédito

Público, Tesorería y Contabilidad Gubernamental. Si bien

estos sistemas están regulados por leyes y normas especiales,

se hallarán sujetos a la autoridad del órgano central y deben

estar, conceptual, normativa, orgánica y funcionalmente inte-

rrelacionados entre sí104.

13) En el ejercicio de la administración de los bienes del

Estado, los funcionarios estatales deberán ajustarse

a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad,

igualdad, transparencia, economía, publicidad y

coordinación. A cuyos fines deberán dictarse reglas

que aseguren el acceso a la función pública con arre-

glo al mérito y capacidad de los candidatos, la for-

mación y capacitación especializada y el régimen de

incompatibilidades (Artículo 138);

El Tribunal Constitucional, mediante sentencia

TC/0203/13, del trece (13) de noviembre del año dos

mil trece (2013), definió105 el principio de eficacia en la

103 Artículo 2 de la Ley núm. 5-07, Sobre el Sistema Integrado de Administración Finan-

ciera del Estado.

104 Artículo 3 de la Ley núm. 5-07, Sobre el Sistema Integrado de Administración Finan-

ciera del Estado.

105 Parágrafo kk contenido en la página 21 de la indicada sentencia.

84

MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

actuación de la Administración Pública como «… uno de

los soportes que garantizan la realización de las personas que

conforman un Estado y la protección efectiva de sus derechos

fundamentales, por lo que es innegable que la tardanza

innecesaria e indebida en la atención a las solicitudes de

los particulares pueden constituirse en violaciones a derechos

fundamentales, máxime cuando éstos derechos se encuentran

íntimamente vinculados con la satisfacción de las necesidades

básicas para la subsistencia digna de una persona envejeciente

que, sin las atenciones mínimas, se expone a penurias y enfer-

medades, por lo que su atención debe ser una prioridad para

el Estado››.

En otro orden, el Tribunal Constitucional, mediante

sentencia TC/0481/17, del diez (10) de octubre del año

dos mil diecisiete (2017), definió106 el concepto de función

pública como el «conjunto de las actividades que realiza el

Estado, a través de los órganos o ramas del poder público,

de los órganos autónomos e independientes y de las demás

entidades públicas, para cumplir con las finalidades que le

han sido encomendadas por el ordenamiento jurídico. En un

sentido estricto, se entiende por función pública, como el con-

junto de los principios y reglas que se aplican a quienes tienen

un vínculo laboral subordinado con los distintos organismos

del Estado».

El mandato constitucional, ahora abordado, se encuentra

regulado por varias disposiciones legales, entre las cuales se

enumeran:

106 Parágrafo 9.2.4 contenido en la página 38 de la indicada sentencia.

85

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

La Ley núm. 41-08, de Función Pública, que tiene por

objeto regular las relaciones de trabajo de las personas desig-

nadas por autoridad competente para desempeñar los cargos

presupuestados para la realización de funciones públicas en

el Estado, los municipios y las entidades autónomas, en un

marco de profesionalización y dignificación laboral de sus ser-

vidores. Los principios y disposiciones fundamentales de la

presente ley serán aplicables a aquellos regímenes de carrera

que sean establecidos por otras leyes107.

Esa ley no aplica con relación a quienes ocupan cargos

por elección popular, a los miembros de la Junta Central Elec-

toral ni a los miembros de la Cámara de Cuentas; ni al perso-

nal militar y policial108. Estas relaciones de trabajo, así como

aquellas relativas a otros poderes del estado y órganos cons-

titucionales se regulan por las leyes y reglamentos que rigen

tales instituciones.

La Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas

en sus Relaciones con la Administración y de Procedimien-

to Administrativo, que regula los derechos y deberes de las

personas en sus relaciones con la Administración Pública, los

principios que sirven de sustento a esas relaciones y las nor-

mas de procedimiento administrativo que rigen a la actividad

administrativa109.

107 Artículo 1 de la Ley 41-08, de Función Pública.

108 Artículo 2 de la Ley 41-08, de Función Pública.

109 Artículo 1 de la Ley 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con

la Administración y de Procedimiento Administrativo.

86

MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

14) Asegurar la prohibición de todo acto que pueda ser

considerado como corrupción en los órganos del Es-

tado. A tales fines, se establecerán penas contra toda

clase de sustracción, por parte de los funcionarios

públicos, de los fondos públicos o de aquellos que

prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos

y organismos del Estado; así como los que otorguen

ventajas a sus asociados, familiares, allegados, ami-

gos o relacionados (Artículo 146);

El Código Penal dominicano regula, bajo el Título I

de su Libro Tercero todo lo relativo a los Crímenes y De-

litos Contra la Cosa Pública, que incluye la fijación de

sanciones a varias conductas constitutivas de corrupción.

Entre ellas se pueden mencionar la prevaricación, la con-

cusión, el desfalco, el soborno o cohecho y la coalición de

funcionarios.

Ley núm. 5924, de 1962, sobre Confiscación General

de Bienes que establece el tipo penal de enriquecimiento

ilícito y establece como sanción la confiscación general de

los bienes.

Por su parte, la Ley núm. 10-04, de la Cámara de Cuentas

de la República Dominicana, que tiene por finalidad estable-

cer las atribuciones y competencias de la Cámara de Cuentas,

instituir el Sistema Nacional de Control y Auditoría, armo-

nizar las normas legales relativas al citado sistema, identificar

las instituciones responsables de aplicarlas y jerarquizar su au-

toridad, facilitar la coordinación interinstitucional, promover

la gestión ética, eficiente, eficaz y económica de los adminis-

tradores de los recursos públicos y facilitar una transparente

87

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

rendición de cuentas de quienes desempeñan una función pú-

blica o reciben recursos públicos110.

La Ley núm. 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la

Inversión.

La Ley núm. 10-07, que instituye el Sistema Nacional de

Control Interno y de la Contraloría General de la República,

que tiene por finalidad, entre otras cosas, la de regular el con-

trol interno de los fondos y recursos públicos y de la gestión

pública institucional y su interrelación con la responsabilidad

por la función pública, el control externo, el control político

y el control social; y señalar las atribuciones y deberes institu-

cionales en la materia.

De igual manera se encuentra la Ley núm. 311-14, so-

bre Declaración Jurada de Patrimonio de los Funcionarios y

Servidores Públicos, que tiene por objeto instituir el Sistema

Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas

de Patrimonio; establecer las instituciones responsables de su

aplicación y jerarquizar su autoridad, facilitar la coordinación

institucional, promover la gestión ética y proveer a los órganos

públicos de control e investigación de la corrupción adminis-

trativa las herramientas normativas que les permitan ejercer

sus funciones de manera eficiente111.

La República Dominicana es signataria de la Convención

de las Naciones Unidas Contra la Corrupción de 2003 y la

Convención Interamericana Contra la Corrupción de 2004.

110 Artículo 1 de la Ley núm. 10-04, sobre Cámara de Cuentas de la República Domini-

cana.

111 Artículo 1 de la Ley núm. 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio de los

Funcionarios y Servidores Públicos.

88

MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

En este ámbito, también resulta importante destacar

la existencia de la Dirección General de Ética e Integridad

Gubernamental, creada mediante decreto No. 486-12 y

adscrita al Ministerio de la Presidencia. Esta dirección es el

órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno

abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de intereses

y libre acceso a la información en el ámbito administra-

tivo gubernamental, que enlaza cuatro áreas básicas de la

transparencia que sirven de garantía a la concreción de un

Estado de derecho.

15) Asegurar que los servicios públicos se encuentren

destinados a satisfacer las necesidades de interés

colectivo (Artículo 147);

Este mandato constitucional viene a ser desarrollado me-

diante varias disposiciones legales, entre las que se destaca la

Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública,

que tiene por objeto concretizar los principios rectores y re-

glas básicas de la organización y funcionamiento de la Admi-

nistración Pública, así como las normas relativas al ejercicio

de la función administrativa por parte de los órganos y entes

que conforman la Administración Pública del Estado112. La

función administrativa comprende toda misión, competencia

o actividad de interés general, otorgada conforme al principio

de juridicidad para regular, diseñar, aprobar, ejecutar, fiscali-

zar, evaluar y controlar políticas públicas o suministrar servi-

cios públicos, aunque estos tengan una finalidad industrial o

112 Artículo 1 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública.

89

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

comercial y siempre que no asuman un carácter legislativo o

jurisdiccional113.

Sobre los servicios públicos, el Tribunal Constitucional,

mediante sentencia TC/0105/19, del veintisiete (27) de mayo

del año dos mil diecinueve (2019), estableció114 que «… el

concepto de servicio público está reservado para aquellas activi-

dades que deben ser ofrecidas, de manera general y continua por

parte del Estado, o mediante concesión, asociación o participa-

ción, y que tiendan a satisfacer las necesidades de orden colectivo,

cuya finalidad es responder a las distintas exigencias para el buen

funcionamiento de la sociedad y procurar el bienestar personal y

colectivo de los ciudadanos››.

16) Garantizar que el régimen económico se oriente hacia

la búsqueda del desarrollo humano y que procure

el crecimiento económico, la redistribución de la

riqueza, la justicia social, la equidad, la cohesión social

y territorial y la sostenibilidad ambiental, en un marco

de libre competencia, igualdad de oportunidades,

responsabilidad social, participación y solidaridad

(Artículo 217);

En cuanto al contenido del artículo 217 de la Constitu-

ción, el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC/0062/15,

del treinta (30) de marzo del año dos mil quince (2015), pre-

cisó115 que, a partir de su reconocimiento constitucional, «…

113 Artículo 2 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública.

114 Parágrafo 10.8.3, contenido en la página 46 de la indicada sentencia.

115 Parágrafo 10.8, contenido en la página 11 de la indicada sentencia.

90

MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

se desprende que el actual Estado dominicano se encuentra sus-

tentado sobre la base de un modelo económico, social y de mer-

cado ,obteniendo con ello una participación activa en el ámbito

económico nacional, lo que le permite funcionar como una fuente

principal en la búsqueda de un equilibrio de los intereses de los

ciudadanos para el logro efectivo de los objetivos trazados. Por

tanto, la intervención del Estado es un elemento que se mantiene

en igualdad de condiciones con las iniciativas privadas, a los fines

de obtener la facultad de suplir las deficiencias que surjan en la

economía, asegurando con ello la misión de proteger los servicios

básicos que la población necesita, a través de una política econó-

mica de mercado››.

En cuanto al aspecto normativo hay que tomar en cuenta

lo establecido por la Ley núm. 496-06, que crea el Ministe-

rio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es el Órga-

no Rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión

Pública. El mismo tiene la misión de conducir y coordinar

el proceso de formulación, gestión, seguimiento y evaluación

de las políticas macroeconómicas y de desarrollo sostenible

para la obtención de la cohesión económica, social, territorial

e institucional de la nación116. Además se encarga de la ordena-

ción, el ordenamiento y la formulación de políticas públicas

de desarrollo sostenible en el territorio, como expresión espa-

cial de la política económica, social, ambiental y cultural de

la sociedad117.

116 Artículo 2 de la Ley núm. 496-06, que crea el Ministerio de Economía, Planificación

y Desarrollo.

117 Artículo 3 de la Ley núm. 496-06, que crea el Ministerio de Economía, Planificación

y Desarrollo.

91

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

17) Procurar un crecimiento equilibrado y sostenido de

la economía; a cuyos fines asegurará la estabilidad

de precios, la utilización racional de los recursos

disponibles, la formación permanente de los recursos

humanos y el desarrollo científico y tecnológico

(Artículo 218);

Para concretar este mandato constitucional se encuentra

un marco normativo que contiene varias leyes. Aquí solo se

enumeran algunas:

La Ley núm. 1363, de 1937, sobre el Presupuesto de In-

gresos y la Ley de Gastos Públicos;

La Ley núm. 0055, del 22 de noviembre del 1965, que

crea e integra el Consejo Nacional de Desarrollo e Instituye el

Sistema Nacional de Planificación;

La Ley núm. 496-06, que crea el Ministerio de Econo-

mía, Planificación y Desarrollo y la Ley núm. 498-06, de Pla-

nificación e Inversión Pública.

18) Fomentar la iniciativa económica privada, creando

las políticas necesarias para promover el desarrollo

del país (Artículo 219);

Con miras a hacer realidad el mandato contenido en el

artículo 219 de la Constitución dominicana, el ordenamiento

jurídico está compuesto por un buen número de leyes, de las

cuales se mencionan solamente algunas:

La Ley núm. 6186, de 1963, de Fomento Agrícola, en-

tendido como el proceso encaminado a usar los recursos de

la agricultura de manera integral y acelerada, para obtener la

92

MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

óptima producción, a fin de mejorar el nivel de vida de todos

los sectores de la población118.

La Ley núm. 8-90, sobre el Fomento de Zonas Francas,

que fomenta el establecimiento de zonas francas nuevas y el

crecimiento de las existentes, regulando su funcionamiento y

desarrollo, definiendo las bases de identificación de metas y

objetivos que sean de interés nacional, para lograr una adecua-

da coordinación de acción de los sectores públicos y privados

a la consecución de los fines propuestos119.

La Ley núm. 84-99, de Reactivación y Fomento de las

Exportaciones, que establece los mecanismos para propiciar

una reactivación y expansión sostenida de las exportaciones

de bienes y servicios y, por tanto, del crecimiento económico

nacional120.

La Ley núm. 158-01, que establece la Ley de Fomento al

Desarrollo Turístico para los polos de escaso desarrollo y nue-

vos polos en provincias y localidades de gran potencialidad, y

crea el Fondo Oficial de Promoción Turística, que tiene como

objetivo acelerar un proceso racionalizado del desarrollo de la

industria turística en las regiones de gran potencialidad o que

reúnan excelentes condiciones naturales para su explotación

turística en todo el país121.

La Ley núm. 180-01, que crea el Consejo Nacional para

la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CO-

118 Artículo 1 numeral 1 de la Ley núm. 6186, de 1963 de Fomento Agrícola.

119 Artículo 1 de la Ley núm. 8-90, sobre el Fomento de Zonas Francas.

120 Último considerando de la Ley núm. 84-99, de Reactivación y Fomento de las Ex-

portaciones.

121 Artículo 1 párrafo I de la Ley núm. 158-01.

93

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

NALECHE), que tiene como función principal, lograr la au-

tosuficiencia en la producción de leche nacional por medio del

incremento de la producción, promoviendo el desarrollo de la

industria lechera y estimulando el consumo de leche y sus de-

rivados122.

La Ley núm. 108-10, para el Fomento de la Actividad

Cinematográfica en la República Dominicana, que tiene por

objeto propiciar un desarrollo progresivo, armónico y equita-

tivo de la cinematografía nacional y, en general, promover la

actividad cinematográfica en la República Dominicana me-

diante: 1) E1 ordenamiento de la producción y actividad ci-

nematográfica y audiovisual desarrollada en la República Do-

minicana; 2) La promoción y el fomento de la producción,

distribución y exhibición de obras cinematográficas y audiovi-

suales, así como el establecimiento, tanto de condiciones que

favorezcan su creación y difusión, como de medidas para la

conservación del patrimonio cinematográfico y audiovisual;

3)Promoción de la cinematografía desde un contexto de la

identidad nacional y el desarrollo de la cultura y la educación.

4) El fomento de modo viable y efectivo de la educación, la

formación cinematográfica y la investigación123.

Y la Ley núm. 688-16, de Emprendimiento (Régimen

especial para el fomento a la creación y formalización de

empresas) que crea el marco regulatorio e institucional que

fomente la cultura emprendedora y promueva la creación y

122 Artículo 2 de la Ley núm. 180-01, que crea el Consejo Nacional para la Reglamenta-

ción y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE).

123 Artículo 2 de la Ley núm. 108-10, para el Fomento de la Actividad Cinematográfica

en la República Dominicana.

94

MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

permanencia de emprendimientos incorporados formalmente

en la economía, mediante el establecimiento de incentivos y

eliminación de obstáculos que permitan su desarrollo y conso-

lidación en el mercado nacional e internacional124.

19) Garantizar la igualdad de condiciones a la inversión

nacional y extranjera, con las únicas limitaciones esta-

blecidas en la Constitución y las leyes (Artículo 221);

El Tribunal Constitucional, en su sentencia TC/0411/18,

del nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018),

garantizó el principio de igualdad de condiciones entre las em-

presas públicas y privadas en cuanto a la regulación que dispo-

ne la Ley núm. 340-06, cuando sostuvo, en el parágrafo 11.9

de la indicada decisión, que «En definitiva, en vista de que las

empresas públicas constituyen una especie de incursión del capital

estatal en un rubro determinado de la economía de libre mer-

cado, deben recibir el mismo tratamiento que sus competidoras

naturales, o sea, las empresas de capital exclusivamente privado;

principio que incluso figura previsto como mandato constitucio-

nal en el artículo 221 de nuestro Texto Fundamental››.

En el ámbito legislativo se encuentra la Ley núm. 16-95,

de Inversión Extranjera de La República Dominicana siendo

uno de sus principales objetivos el de que los inversionistas,

tanto extranjeros como nacionales, tengan similitud de dere-

chos y obligaciones en materia de inversión125.

124 Artículo 2 de la Ley núm. 688-16, de Emprendimiento (Régimen especial para el

fomento a la creación y formalización de empresas).

125 Considerando Segundo de la Ley núm. 16-95, de Inversión Extranjera de la Repúbli-

ca Dominicana.

95

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

20) Fomentar las condiciones de integración del sector in-

formal en la economía nacional; incentivar y proteger

el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empre-

sa, las cooperativas, las empresas familiares y otras

formas de asociación comunitaria para el trabajo, la

producción, el ahorro y el consumo, que generen con-

diciones que les permitan acceder a financiamiento,

asistencia técnica y capacitación oportunos (Artículo

222);

En el marco regulatorio relativo a este derecho consti-

tucionalmente reconocido se encuentra la Ley núm. 488-08,

que establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo y

Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

(MIPYMES), cuyo objeto general es el de crear un marco re-

gulatorio y un organismo rector para promover el desarrollo

social y económico nacional a través del fortalecimiento com-

petitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas del país;

contribuir por su intermedio a la creación de nuevos empleos

productivos; y mejorar la distribución del ingreso, mediante

la actualización de la base institucional vigente de las mismas,

y la instauración de nuevos instrumentos que promuevan y

faciliten su desarrollo integral y su participación eficiente en

la estructura productiva de la nación126.

La Ley núm. 37-17, que reorganiza el Ministerio de In-

dustria y Comercio para que, en lo adelante, se denomine Mi-

nisterio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), que es

126 Artículo 1 de la Ley núm. 488-08, que establece un Régimen Regulatorio para el

Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPY-

MES).

96

MANUEL ULISES BONNELLY VEGA

el órgano rector y el encargado de la formulación, adopción,

seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias,

planes generales, programas, proyectos y servicios de los sec-

tores de la industria, exportaciones, el comercio interno, el

comercio exterior, las zonas francas, regímenes especiales y las

Mipymes127.

Dentro de las atribuciones conferidas a dicho ministerio

por esta ley se encuentra la de establecer la política nacional

y aplicar las estrategias para el desarrollo, fomento y compe-

titividad de la industria y de las Mipymes; diseñar, financiar

y aplicar los instrumentos necesarios para promover su desa-

rrollo y crecimiento. Además de crear, monitorear, regular y

operar foros de resolución alternativa de conflictos para las

empresas que entren en la categoría de Mipymes, y diseñar su

clasificación, entre otras128.

21) Regular el sistema monetario y financiero de la Nación

(Artículo 223) y dirigir la adecuada aplicación de las

políticas monetarias, cambiarias y financieras de la

Nación y la coordinación de los entes reguladores del

sistema y del mercado financiero (Artículo 227).

El Tribunal Constitucional, en su sentencia

TC/0001/15, del veintiocho (28) de enero del año dos mil

quince (2015), aplicó los artículos 223 y 227 de la Cons-

titución, relativos a la regulación del sistema monetario y

127 Artículo 1 de la Ley núm. 37-17, que reorganiza el Ministerio de Industria y Comer-

cio.

128 Artículo 2 de la Ley núm. 37-17, que reorganiza el Ministerio de Industria y Comer-

cio.

97

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO DOMINICANO

Parte General

financiero y la dirección de la política monetaria y finan-

ciera, cuando afirmó, en el parágrafo 19 de la indicada de-

cisión, que «El Banco Central de la República Dominicana

tiene la potestad de regular el sistema monetario y financiero

de la nación, vía la Junta Monetaria, órgano superior de di-

cha institución. En este orden, corresponde al Banco Central

de la República Dominicana la dirección y aplicación de las

políticas monetarias, cambiarias y financieras de la nación; así

como la coordinación de los entes reguladores del sistema y el

mercado financiero... 9.2.3 El fundamento de la autonomía

del Banco Central es la neutralidad que debe caracterizar a

un órgano que debe ser independiente defensor de la mone-

da. Y es que las políticas monetarias y financieras deben estar

radicadas en un órgano que esté libre de presiones políticas y

electorales. Existe, pues, una estrecha relación entre la misión

que le fue asignada con carácter prevalente, esto es, velar por

la estabilidad de precios, y la amplia autonomía de la que ha

sido investido. Así, la Constitución ha querido dotar al Banco

Central de una estructura institucional que le permita remover

los obstáculos que eventualmente podrían llegar a entorpecer el

cumplimiento de su función primordial, que ha de ser confiada

a un cuerpo especializado, puesto por encima de todo tipo de

exigencias coyunturales, a fin de brindarle condiciones óptimas

para cumplir a cabalidad con tan alta misión, fundamental en

el mediano y largo plazo para la salud del sistema económico y

para el bienestar de la nación».

Todos estos componentes son, como hemos dicho, los

que sirven de marco para la elaboración del orden económico

dominicano y delimitar las conductas que deben ser conside-

radas penalmente reprochables.