Tema V. Control preventivo de los tratados internacionales

• Páginas: 85-355
• Autor: Rafael Díaz Filpo

5.1 Fundamento constitucional del control preventivo de

los tratados internacionales

De conformidad con el numeral 2 del artículo 185 de la

Constitución de la República Dominicana del 26 de enero de

2010, el Tribunal Constitucional es competente para conocer

del control previo de constitucionalidad de los tratados inter-

nacionales. De ahí se desprende el fundamento constitucional

de este mecanismo previo de constitucionalidad de los tratados

internacionales, con la finalidad de asegurar que estos, suscritos

por el Estado dominicano, no vulneren el texto constitucional

y que de una u otra forma se garantice la seguridad jurídica y la

supremacía de la Constitución.

Resulta pertinente señalar la opinión del destacado consti-

tucionalista Cristóbal Rodríguez, cuando comenta el indicado

artículo 185.2, señalando que:

“(…) Lo primero que vale señalar es la novedad y relevancia

de esta disposición, toda vez que el test preventivo de consti-

tucionalidad se presenta como una técnica para evitar que la

responsabilidad internacional del Estado se vea comprometida

por la puesta en vigor de un tratado contrario a la Constitución,

y al que con posterioridad a su puesta en vigor haya que dejar

sin efectos.

Si como resultado del análisis previo, el TC considera que exis-

te una contradicción entre el Tratado y algún contenido de la

RAFAEL DÍAZ FILPO

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Constitución, deberá llevarse a cabo una de dos acciones: a) o

el Tratado es llevado de nuevo a la mesa de negociaciones por

los mecanismos legalmente establecidos, de modo que se revise el

elemento de fricción, o b) si para el Estado dominicano resulta

de alta prioridad la entrada en vigencia del Tratado, y resultara

de suma dificultad su renegociación, lo recomendable sería que,

por vía de la Asamblea Nacional, se lleve a cabo la revisión de

la Constitución, a fin de compatibilizar las disposiciones nor-

mativas en conflicto.

Una cuestión sobre la que existe controversia y deberá ser resuel-

ta por el TC es la siguiente: cuando el numeral 2 del artículo

185 constitucional dispone que el órgano de control conocerá

de la inconstitucionalidad de los tratados internacionales antes

de su ratificación por el Congreso, ¿está dando una orden al

Ejecutivo para que produzca una remisión automática de todo

Tratado suscrito al TC o sólo se hace necesaria en los casos en que

exista duda sobre la inconstitucionalidad del Tratado o de parte

de su contenido?” (FINJUS: 2011)

5.2 El procedimiento del control preventivo de los

tratados internacionales

El procedimiento del control preventivo de los tratados

internacionales que realiza el máximo intérprete de la

constitucionalidad en el ordenamiento jurídico dominicano, se

encuentra previsto en la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales y en

el Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, dicho

procedimiento se encuentra dispuesto en los artículos 55 al 58

de la indicada ley, por lo que procederemos a reproducirlo tal

como se encuentra contemplado en el texto legal.

Artículo 55.- Control Preventivo. Previo a su aprobación por el

Congreso Nacional, el presidente de la República someterá los

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Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

tratados internacionales suscritos al Tribunal Constitucional, a

fin de que este ejerza sobre ellos el control previo de constitucio-

nalidad.

Artículo 56.- Plazo. El Tribunal Constitucional decidirá sobre

la constitucionalidad o no de los tratados internacionales suscri-

tos dentro de los treinta días siguientes a su recibo y al hacerlo, si

considerare inconstitucional el Tratado de que se trate, indicará

sobre cuáles aspectos recae la inconstitucionalidad y las razones

en que fundamenta su decisión.

Artículo 57.- Efecto Vinculante. La decisión del Tribunal Cons-

titucional será vinculante para el Congreso Nacional y el Poder

Ejecutivo.

Párrafo. - Si el tratado internacional es reputado constitucional,

esto impide que, posteriormente, el mismo sea cuestionado por

inconstitucional ante el Tribunal Constitucional o cualquier

juez o tribunal por los motivos que valoró el Tribunal Consti-

tucional.

Artículo 58.- Publicación. La decisión del Tribunal Constitu-

cional sobre el control preventivo de los tratados se publicará por

los medios oficiales del Tribunal Constitucional.

5.3 El precedente constitucional como garantía de la

seguridad jurídica

Cuando se habla del precedente, nos referimos a la inte-

gración o interpretación del ordenamiento realizado por el juez,

con la finalidad de darle solución a un caso que le fue planteado,

y que puede servir para resolver una situación de hecho con las

mismas características.

RAFAEL DÍAZ FILPO

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El catedrático colombiano Carlos Bernal Pulido sostiene que:

“El precedente constitucional es un caso especial de jurispruden-

cia. Es un precedente constitucional toda ratio decidendi que

haya servido a la Corte Constitucional para fundamentar una

decisión suya. En este sentido, el precedente constitucional es un

argumento contenido en la parte motiva de toda sentencia de la

Corte Constitucional, que (…), se diferencia del fallo y de los

obiter dicta o afirmaciones de carácter general, en que en estric-

to sentido no representa un pilar de la sentencia, sino sólo una

razón argumentativa de orden secundario2”.

El catedrático dominicano Franklin E. Concepción Acosta

expone que el precedente constitucional es la parte de una sen-

tencia dictada por una jurisdicción constitucional, donde se es-

pecifica el alcance de una disposición de rango constitucional; es

decir, es aquello que la Constitución prohíbe, admite, ordena o

habilita para un tipo concreto de hecho en indeterminadas cláusu-

las. Señala, además, que el precedente constitucional es la parte de

las motivaciones de una decisión emanada de un juez o tribunal,

tomada después de un razonamiento sobre un asunto de derecho

que le fue planteado en un caso concreto, y que es necesario para

el mismo tribunal y para otros tribunales de igual o inferior rango,

en casos siguientes en que se plantee otra vez la misma cuestión.

Con la proclamación de la Constitución de la República

Dominicana, el veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010),

se incorpora al sistema de justicia constitucional el Tribunal

Constitucional, el cual, de conformidad con el artículo 184 del

texto sustantivo, dictará decisiones que son definitivas e irrevo-

cables y constituyen precedentes vinculantes para todos los po-

deres públicos y todos los órganos del Estado. Esto indica de

2 BERNAL PULIDO (Carlos), El Derecho de los Derechos, Bogotá, Universidad Exter-

nado de Colombia, 2005, p. 151.

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Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

manera clara que el Tribunal Constitucional tiene una doble

función básica: por un lado, resolver los asuntos sometidos con

base en su competencia, y por el otro lado, ser un tribunal de

precedentes, es decir, establecer, por medio de su jurisprudencia,

la política constitucional a todos los poderes públicos, órganos

del Estado.

En ese mismo orden, la Ley núm. 137-11, en su artículo

7.13, consagra dentro de los principios rectores del sistema de

justicia constitucional lo siguiente:

13) Vinculatoriedad. Las decisiones del Tribunal Constitucio-

nal y las interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales

internacionales en materia de derechos humanos, constituyen

precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los ór-

ganos del Estado.

La regla que el Tribunal Constitucional establece como

precedente a partir de un caso determinado es una regla para

todos y frente a todos los poderes públicos; cualquier ciudadano

puede invocarla ante cualquier autoridad, sin tener que recurrir

previamente ante los tribunales, puesto que las sentencias del

Tribunal Constitucional tienen efectos vinculantes frente a

todos los poderes públicos y también frente a los particulares.

Si no fuese así, la propia Constitución estaría desprotegida,

ya que cualquier entidad, funcionario o persona podría

resistirse a cumplir una decisión del máximo intérprete de la

constitucionalidad.

Antecedentes del precedente constitucional

A juicio del jurista peruano Roger Rodríguez Santander, los

antecedentes del precedente constitucional se encuentran en la

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tradición anglosajona, comprendida en el reinado de Enrique II,

entre los años 1154 a 1189, ya que:

“(..) en ánimo de hacer frente a la diversidad del sistema jurí-

dico que pretendían imponer los tribunales de las distintas cor-

poraciones (feudos, iglesias, comercio, etc.), se relegó el derecho

de los libros a favor de un derecho de sentido práctico, aplicado

uniformemente por los tribunales reales y que imponían un De-

recho Común sustentado en las costumbres que derivaban del

reconocimiento de una ley natural”.

Rodríguez Santander señalaba, además, que el Derecho Co-

mún era un derecho de creación judicial, y que fallar en contra

de los criterios fijados por los tribunales de mayor jerarquía era

una violación flagrante del Derecho3. Este mismo autor indica

que esta fue la última tesis que “prevaleció en Inglaterra durante

todo el siglo XIX, siendo asumida a nivel institucional, y abriéndose

paso, consecuentemente, la doctrina del precedente vinculante”.

La jurisdicción constitucional en la República Dominicana

asume la función de ser un legislador negativo y positivo a la

vez, en virtud de las diversas modalidades de sentencias que este

órgano puede dictar, de conformidad con el artículo 47 de la

Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los

Procedimientos Constitucionales, el cual dispone lo siguiente:

“Artículo 47.- Sentencias interpretativas. El Tribunal Consti-

tucional, en todos los casos que conozca, podrá dictar sentencias

interpretativas de desestimación o rechazo que descartan la de-

manda de inconstitucionalidad, declarando la constitucionali-

dad del precepto impugnado, en la medida en que se interprete

3 CARPIO MARCOS (Edgar) y GRANDEZ CASTRO (Pedro) (coordinadores), Es-

tudios al precedente constitucional, Lima, Palestra Ediciones, 2007, p. 34.

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Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

en el sentido de que el Tribunal Constitucional considera como

adecuado a la Constitución o no se interprete en el sentido o

sentidos que considera inadecuados”..

Los tribunales constitucionales, al momento de emitir sus

fallos, deben tener claras sus decisiones, debido a que marcan

precedentes vinculantes para todos los poderes y órganos del Es-

tado, ya que los precedentes se convierten en una fuente obliga-

toria del Derecho.

Efectos del precedente constitucional

En sentido formal, la configuración del precedente consti-

tucional en el sistema de justicia dominicano es vinculante y se

remonta al artículo 184 de la Constitución proclamada y votada

por la Asamblea Nacional Revisora el veintiséis (26) de enero

de dos mil diez (2010), y al artículo 31 de la Ley No. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, los cuales, al establecer la figura del Tribunal

Constitucional, disponen que sus decisiones son definitivas e

irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los po-

deres públicos y todos los órganos del Estado.

A juicio de los catedráticos peruanos, Pedro Grández Cas-

tro y Edgar Carpio Marcos, los efectos del precedente constitu-

cional son los siguientes:

a) El precedente no puede ser desacatado por la legislación ordi-

naria;

b) Tratándose de precedentes que establecen criterios de interpre-

tación constitucional frente a supuestos normativos provenientes

de la ley que han confirmado la constitucionalidad de la misma,

no sólo no pueden ser revisados en sede judicial, sino que tienen

RAFAEL DÍAZ FILPO

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la virtud de anular la potestad de un eventual control judicial

difuso por parte del juez ordinario;

c) Solo el tribunal puede variar el contenido normativo de un

precedente normativo, aportando razones para ello;

d) Las limitaciones a su uso sólo pueden provenir del propio tri-

bunal), puesto que la imposición de límite terminaría por anu-

lar la propia esencia y la autonomía institucional irremplazable

en un Tribunal Constitucional”.4

El precedente constitucional vincula tanto a los poderes pú-

blicos, tribunales inferiores y superiores, así como a los ciuda-

danos en general que se encuentran efectivamente relacionados

con los criterios, orientaciones y principios establecidos median-

te la doctrina jurisprudencial. Respetar precedente es una fun-

ción esencial dentro del ordenamiento jurídico. Los tribunales,

en especial el Tribunal Constitucional, deben ser consistentes en

sus decisiones previas, por las razones siguientes:

• Mediante la seguridad jurídica, si se quiere regular la

conducta del ser humano, las decisiones de los jueces

deben ser razonablemente previsible.

• Se considera la seguridad jurídica como base para pro-

teger la libertad ciudadana; por tanto, una caprichosa

variación de los criterios de interpretación pone en ries-

go la libertad individual.

• En virtud del principio de igualdad, es necesario que

los casos iguales sean resueltos de manera igual, por el

mismo juez.

4 CARPIO MARCOS (Edgar) y GRANDEZ CASTRO (Pedro) (coordinadores), Es-

tudios al precedente constitucional, Lima, Palestra Ediciones, 2007.

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Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

• Mecanismo de control: el respeto del precedente

impone a los jueces un mínimo de racionalidad y

universalidad, ya que obliga a decidir el problema

que es planteado de manera que estarían dispuestos

a aceptar en otro caso diferente, pero que presente

similitudes.

Si bien es cierto que el artículo 31 de la Ley No. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales establece la vinculatoriedad de los precedentes

del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, par-

tiendo del fundamento que señala el artículo 185 de la Consti-

tución dominicana, no es menos cierto que el párrafo primero

del citado artículo contempla la posibilidad de que el preceden-

te constitucional pueda ser inaplicado o modificado, siempre y

cuando se establezcan los fundamentos de hecho y de derecho

por los cuales se decide variar el criterio.

Al respecto, el magistrado emérito del Constitucional do-

minicano Hermógenes Acosta de los Santos sostiene que: “…

el hecho de que los precedentes tengan fuerza normativa no

implica que los mismos no puedan ser cambiados o abando-

nados; dado el hecho de que las circunstancias que rodean el

conflicto cambian con el tiempo y, además, de que los tribu-

nales no son falibles, y deben tener la posibilidad de corregir

errores5”.

La jurisprudencia constitucional en un Estado Social y De-

mocrático de Derecho tiene que ser respetada por todos los ac-

tores del sistema; hay casos en que en un conflicto jurídico no es

posible utilizar una sentencia de precedente, debido a que podría

5 Ponencia del magistrado Hermógenes Acosta en la XXII Jornada de Derecho Cons-

titucional.

RAFAEL DÍAZ FILPO

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ocasionar consecuencias jurídicas inaceptables para la sociedad.

Ahí es donde los jueces deben actualizar las normas a las situa-

ciones nuevas.

La igualdad en la aplicación de la ley no impide que un

tribunal modifique sus criterios sentados en sentencias anterio-

res, ya que con la posibilidad de cambio o inaplicación de pre-

cedentes en casos específicos se evitan que se tomen decisiones

arbitrarias basadas en desigualdad no justificada.

De igual forma, el Tribunal Constitucional de la República

Dominicana ha tenido la oportunidad de pronunciarse con re-

lación a la fuerza vinculante de sus precedentes, en su Sentencia

TC/0150/17, del cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017),

literal d), página 48, en los siguientes términos:

En los sistemas constitucionales como el nuestro, el precedente se

constituye en obligatorio por la fuerza vinculante que supone su

doctrina, tanto en forma horizontal como vertical, caracterizán-

dose así la esencia de esta institución. La doctrina desarrollada

por el Tribunal Constitucional se produce a tenor de su labor

resolutiva, integrando e interpretando la aplicación de las dis-

posiciones normativas que realizan los tribunales ordinarios a

los supuestos de hecho sometidos a su consideración, conforme

a la Constitución; en fin, ejerciendo el poder normativo que

materializa con la extracción de una norma a partir de un caso

concreto.

También es importante destacar lo expresado en la Senten-

cia TC/360/17, dictada en fecha treinta (30) días de junio del

año dos mil diecisiete (2017) (p. 30), en la que al referirse a este

tema, afirma lo siguiente:

“s. Las decisiones del Tribunal Constitucional no sólo son vin-

culantes por el mandato constitucional que así lo expresa, sino

también por la función que realiza como órgano de cierre del

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Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

sistema de justicia constitucional”. Es innegable que, si un man-

dato constitucional pudiera ser eludido por los poderes públicos

y los órganos del Estado a los que va dirigido su acatamiento,

bajo argumento contrario a la realidad procesal incontrovertible

establecida por el órgano habilitado para ello, entonces la supre-

macía no residiría en la Constitución sino en sus destinatarios,

produciendo el quiebre del sistema de justicia constitucional”.

En la jurisprudencia constitucional se prevé la posibilidad

de que el precedente constitucional pueda ser inaplicado o mo-

dificado por el mismo Tribunal Constitucional, defendiendo la

tesis mediante la cual, si se quiere apartar del precedente, tiene la

obligación de motivar, clara y razonadamente, los fundamentos

jurídicos que justifican su decisión; a juicio del jurista colombia-

no Carlos Bernal Pulido, esta decisión no es viable en cualquier

caso, sino únicamente en los siguientes supuestos, que constitu-

yen la doctrina de la inaplicación del precedente anterior (distin-

guish) y del cambio de precedente (overruling)6:

1- El primer supuesto consiste en que, a pesar de que existan

similitudes entre el caso que se debe resolver y uno resuelto an-

teriormente por una alta corte, “existan diferencias relevantes

no consideradas en el primero y que impiden igualarlos”. Este

supuesto se corresponde con el distinguish del derecho anglosa-

jón. El juez puede inaplicar la jurisprudencia a un determina-

do caso posterior cuando considere que las diferencias relevantes

que median entre este segundo caso y el caso precedente exigen

otorgar al segundo una solución diferente. La Corte no esboza

los criterios de los que el intérprete puede valerse para distinguir

u homologar dos casos similares. La Corte sólo indica acertada-

mente que la similitud o diferencia decisiva debe referirse a la

6 BERNAL PULIDO (Carlos), “El precedente en Colombia”, publicado en la Revista

Derecho del Estado No. 21, diciembre de 2008.

RAFAEL DÍAZ FILPO

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ratio decidendi del primer caso. El tratamiento debe ser igual,

si la ratio decidendi del primer caso puede aplicarse al segundo,

porque este puede subsumirse bajo el supuesto hecho de aquella.

Si esta subsunción no es posible, el juez deberá apartarse de la

ratio decidendi del primer caso, introducir una excepción a ella

o fundamentar una nueva para el segundo caso”.

En la República Dominicana, el Tribunal Constitucional ha

utilizado la figura del distinguish, siendo por vez primera en la

Sentencia TC/0222/15, dictada el diecinueve (19) de agosto de

dos mil quince (2015). En esta sentencia el Tribunal no utilizó

el criterio de la violación continua, establecido en la Sentencia

TC/0205/13, de fecha trece (13) de noviembre de dos mil trece

(2013), bajo el argumento de que:

“No obstante, en el presente caso no se verifica la práctica de dili-

gencias de parte del accionante en procura de que le sea restablecido

el derecho alegadamente vulnerado. De ahí que, en concordancia

con las situaciones descritas anteriormente, en el presente caso es

de aplicación la técnica del distinguishing, es decir, la facultad del

juez constitucional de establecer excepciones al precedente cons-

titucional por existir, respecto de un caso, elementos particulares

que ameritan una solución diferente, sin que dicha circunstancia

suponga la derogación del precedente anterior”.7.

Desde el surgimiento del Tribunal Constitucional hasta

hoy día, este ha abandonado algunos precedentes. En la Sen-

tencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos

mil doce (2012), se estableció el criterio de que en el recurso

de revisión de sentencia de amparo no es necesario conocer el

fondo de la acción de amparo, puesto que no se trata de un

7 Sentencia TC/0222/15, dictada el diecinueve (19) de agosto de dos mil quince

(2015).

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Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

recurso de apelación. Este precedente fue variado en la Senten-

cia TC/0071/13, dictada el siete (7) de mayo de dos mil trece

(2013), bajo el argumento de que:

l) (…) la prerrogativa de conocer el fondo de la acción tampo-

co resulta del todo extraña al procedimiento establecido en la

referida Ley No. 137-11, en virtud de dos razones adicionales:

de una parte, su artículo 101 permite al Tribunal Constitu-

cional la posibilidad de sustanciar mejor el caso mediante el

llamamiento a una audiencia pública; y, de otra, dicha ley no

proscribe expresamente conocer del fondo de la acción en la re-

visión de sentencias de amparo, como sin embargo lo exige de

manera taxativa en su artículo 53.3.c, que atribuye competen-

cia al Tribunal Constitucional para conocer la revisión de deci-

siones jurisdiccionales firmes (en caso de violación a un derecho

fundamental), imponiéndole que lo haga con independencia de

los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se

produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.

Otro claro ejemplo de la variación de precedentes estableci-

da por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana

lo constituye la Sentencia TC/0143/15, de fecha primero (1) de

julio del año dos mil quince (2015).

El Tribunal Constitucional, interpretando el artículo 54,

numeral 1), de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Cons-

titucional y de los Procedimientos Constitucionales, establece

que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional interpuesto

contra sentencias de la Suprema Corte de Justicia deberá inter-

ponerse “en un plazo no mayor de treinta días a partir de la noti-

ficación de la sentencia”.

Sin embargo, estableció mediante la Sentencia TC/0335/14,

dictada el veintidós (22) de diciembre de dos mil catorce (2014),

que el plazo de treinta (30) días previsto en el artículo 54, nume-

ral 1, de la Ley No. 137-11, para la interposición de un recurso

RAFAEL DÍAZ FILPO

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de revisión de decisión jurisdiccional era franco y hábil, exclu-

yendo el primer y último día de la notificación, así como los días

no laborables.

Este criterio fue variado mediante la referida Sentencia

TC/0143/15, dictada por el Tribunal Constitucional el primero

de julio de dos mil quince (2015), bajo el argumento de que:

h. El plazo previsto en el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, para el recurso de revisión constitucional de

decisiones jurisdiccionales, no debe de ser interpretado como

franco y hábil, al igual que el plazo previsto en la ley para la re-

visión de amparo, en razón de que se trata de un plazo de treinta

(30) días, suficiente, amplio y garantista, para la interposición

del recurso de revisión jurisdiccional.

i. Este plazo del referido artículo debe ser computado de con-

formidad con lo establecido en el artículo 1033 del Código de

Procedimiento Civil, lo cual aplica en este caso, en virtud del

principio de supletoriedad. En efecto, el indicado artículo es-

tablece: “El día de la notificación y el del vencimiento no se

contarán en el término general fijado por los emplazamientos,

las citaciones, intimaciones y otros actos hechos a persona o do-

micilio”, de lo que se infiere que el plazo debe considerarse como

franco y calendario, por lo que este tribunal procede a variar el

criterio establecido en la Sentencia TC/0335/14.

4- “Por último, el juez posterior también puede apartarse de la

jurisprudencia, “por cambio en el ordenamiento jurídico positi-

vo, es decir, debido a un tránsito constitucional o legal relevan-

te”. Es apenas obvio que si varía la disposición deben variar las

razones decisorias”.

En ese orden, cabe destacar el cambio de precedente con-

tenido en la Sentencia TC/0235/21, en la que el Tribunal

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Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

Constitucional abandonó el criterio sobre la vía del amparo

para el conocimiento de los conflictos vinculados a las cancela-

ciones de los policías y militares de sus correspondientes insti-

tuciones, adoptado desde la Sentencia TC/0021/2012 hasta la

Sentencia TC/0110/20 y, apartándose del criterio adoptado en

la Sentencia TC/0048/12, a fin de declarar la inadmisibilidad,

por aplicación del artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, de las

acciones de amparo contra los órganos del Estado, en los casos

de desvinculación de cualquier servidor público, incluyendo a

los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. La

decisión se tomó sobre la base de que los militares y los policías,

al igual que los demás, son servidores del Estado.

Otro cambio de precedente a destacar es el relativo al cri-

terio sentado desde la sentencia TC/0047/12, del 3 de octubre

de 2012, en torno a que en materia de acción directa en in-

constitucionalidad, una persona tiene interés legítimo y jurídi-

camente protegido cuando ha demostrado que goza de sus de-

rechos de ciudadanía e invoca que la vigencia de la norma le

causa perjuicios. Este criterio fue abandonado, en consonancia

con la posición sostenida por quien les habla en numerosos vo-

tos disidentes, a partir del precedente contenido en la Sentencia

TC/0345/19, del 16 de septiembre de 2019, en la que dicha alta

corte estableció lo siguiente:

j. Por tanto, es imperativo recordar que la acción directa de in-

constitucionalidad supone un proceso constitucional instituido

para que la ciudadanía, profesando su derecho a participar de

la democracia de acuerdo a las previsiones de las cláusulas de

soberanía popular y del Estado social y democrático de Derecho

preceptuadas en los artículos 2 y 7 de la Constitución domi-

nicana, tenga la oportunidad –real y efectiva– de controlar

la constitucionalidad de aquellas leyes, decretos, resoluciones,

ordenanzas y actos que contravengan el contenido de nuestra

RAFAEL DÍAZ FILPO

100

Carta Política; esto, ante este Tribunal Constitucional, a fin de

preservar la supremacía constitucional, el orden constitucional y

garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

k. En efecto, de ahora en adelante, tanto la legitimación proce-

sal activa o calidad de cualquier persona que interponga una

acción directa de inconstitucionalidad, como su interés jurídico

y legítimamente protegido, se presumirán en consonancia a lo

previsto en los artículos 2, 6, 7 y 185.1 de la Constitución do-

minicana. Esta presunción, para el caso de las personas físicas,

estará sujeta a que el Tribunal identifique que la persona goza

de sus derechos de ciudadanía. En cambio, cuando se trate de

personas jurídicas, dicha presunción será válida siempre y cuan-

do el Tribunal pueda verificar que se encuentran constituidas y

registradas de conformidad con la ley.

También, en consonancia con la posición sostenida por

quien les habla en numerosos votos disidentes, operó un cam-

bio de precedente sobre el criterio de la inadmisibilidad de la

acción directa en inconstitucionalidad contra los actos de efecto

particular. Este criterio fue abandonado a partir del precedente

contenido en la Sentencia TC/0502/21, dictada en fecha veinte

(20) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), con base en los

argumentos siguientes:

“10.3 Sin embargo, si bien este criterio de admisibilidad en

materia de control concentrado de constitucionalidad esta-

blecido mediante la citada Sentencia TC/0052/12 ha sido

reiterado por esta sede constitucional en numerosas ocasio-

nes18, el Tribunal Constitucional, a partir de la Sentencia

TC/0051/12, de diecinueve (19) de octubre de dos mil doce

(2012), también ha considerado inadmisibles aquellas accio-

nes directas de inconstitucionalidad incoadas contra actos que,

si bien no se encuentran contemplados dentro de las dispo-

siciones de los referidos textos, tampoco ostentan un carácter

101

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

normativo y alcance general que permita el control in abstrac-

to de su contenido objetivo”.

“10.5 En la especie, la unificación se justifica ante la diver-

gencia y posible contradicción entre los criterios utilizados en

las decisiones que integran nuestra jurisprudencia, aplicando

los precedentes sentados mediante TC/0051/12 y TC/0052/12,

ambas decisiones de diecinueve (19) de octubre de dos mil doce

(2012), conforme a lo ya explicado. Con base en estos motivos,

a partir de la presente sentencia, el Tribunal Constitucional op-

tará por determinar que los presupuestos de admisibilidad de la

acción directa de inconstitucionalidad (prescritos en los artículos

185.1 de la Constitución y 36 de la Ley núm. 137- 11), se en-

cuentran satisfechos o no satisfechos, según la tipología del acto

impugnado. En este orden de ideas, el Tribunal asumirá que

los presupuestos de admisibilidad previstos en las dos preceden-

tes disposiciones citadas se encuentran satisfechos cuando el acto

objeto de acción directa de inconstitucionalidad corresponda a

uno cualquiera de los supuestos por ellas previstos: es decir, leyes,

decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas. Esta evalua-

ción será efectuada sin perjuicio de la autonomía procesal que

incumbe al Tribunal Constitucional de valorar otros elemen-

tos según cada caso en concreto. Los anteriores razonamientos

implican en sí un cambio de precedente, debido a que, en lo

adelante, sólo podrán ser susceptibles de control concentrado de

constitucionalidad las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y

ordenanzas, independientemente de su alcance”.

Tal como ha sido precisado por Bernal Pulido, esos supues-

tos de cambio de precedentes pueden ser aplicados tanto por

los tribunales supremos como por los tribunales de jerarquía in-

ferior. En caso de que el cambio se produzca en una alta corte,

consolidándose como una doctrina probable, es de cumplimien-

to obligatorio por los jueces de instancias inferiores. Si sucede lo

contrario, esto es, que un juez de inferior jerarquía se aparte de

RAFAEL DÍAZ FILPO

102

la jurisprudencia establecida por la alta corte, esta podrá avalar

o atacar los argumentos vertidos por el juez de inferior instancia

mediante las vías recursivas que estén diseñadas para tales fines.

El Tribunal Constitucional español ha establecido una serie

de requisitos para hacer el cambio de precedentes. Estos son los

siguientes:

a) El cambio de precedente debe ser razonado y razona-

ble8;

b) La reciente interpretación del derecho debe ser el pro-

ducto de reflexiones no discriminatorias9;

c) Debe tener vocación de universalidad, esto es, que pue-

da ser utilizado para solucionar casos semejantes.

El precedente constitucional como garantía de la

seguridad jurídica

La Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez

(2010), modificada por la Asamblea Nacional Revisora el trece

(13) de junio de dos mil quince (2015), en relación a la seguri-

dad jurídica, establece que en ningún caso los poderes públicos

o la ley podrán afectarla o alterarla, producto de situaciones es-

tablecidas conforme a una legislación anterior.

El principio de seguridad jurídica es considerado como un

elemento constitutivo del Estado de Derecho, ya que la mis-

ma está conectada con elementos objetivos del ordenamiento

jurídico (garantía de estabilidad jurídica, seguridad de orienta-

ción y realización del derecho), en tanto que la protección de

8 Sentencia 166/1985, de 9 de diciembre, Fj. 5 y 181/1987, de 13 de noviembre  1,

citada por ASÍS ROIG, ob. cit., p. 265.

9 Sentencia 121/1991, de 3 de junio, Fj 4; 201/1991, de 28 de octubre, Fj 2; 90/1993,

de 15 de mayo Fj 3, y 114/1993, de 29 de mayo, Fj 20, citada por ASÍS ROIG, ob.

cit., p. 265.

103

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

la confianza abarca los componentes subjetivos de la seguridad,

específicamente la calculabilidad y previsibilidad de los actos de

los poderes públicos y transparencia de los actos del poder, de

manera que en relación a los individuos se garantice la seguridad

en sus disposiciones personales y en los efectos jurídicos de sus

actos propios10.

En relación al principio de seguridad jurídica, el Tribu-

nal Constitucional dominicano ha fijado los siguientes pre-

cedentes:

1- Sentencia TC/0013/12, dictada en fecha diez (10) de mayo

de dos mil doce (2012), en la que se estableció lo siguiente:

“6.5. En efecto, la Constitución que rige dispone, en su Art. 110

lo siguiente:

“Irretroactividad de la ley. La ley sólo dispone y se aplica para lo

porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable

al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los

poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad

jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una le-

gislación anterior”1. Tal y como se desprende del texto constitu-

cional transcrito, el principio de irretroactividad es la máxima

expresión de la seguridad jurídica, el cual cede en casos excepcio-

nales por la aplicación retroactiva o ultractiva de disposición de

similar estirpe más favorable para el titular del derecho”.

2- En la Sentencia TC/100/13, del veinte (20) de junio de dos

mil trece (2013) se fijó el siguiente precedente:

“13.18. La seguridad jurídica, es concebida como un principio

jurídico general consustancial a todo Estado de Derecho, que se

10 CONCEPCIÓN ACOSTA (Franklin E.), El precedente constitucional en la Repúbli-

ca Dominicana. Compilación de las Sentencias del Tribunal Constitucional dominicano

y Precedentes Comentados, Impresora Castillo, marzo 2004, pp. 63-64.

RAFAEL DÍAZ FILPO

104

erige en garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo

que asegura la previsibilidad respecto de los actos de los poderes

públicos, delimitando sus facultades y deberes. Es la certeza que

tienen los individuos que integran una sociedad acerca de cuáles

son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o

la arbitrariedad de sus autoridades puedan causarles perjuicios.

(…)”

3- En la Sentencia TC/0121/13, del cuatro (4) de julio de dos

mil trece (2013), se precisó que:

“f) Respecto a la seguridad jurídica, cabe recordar que, junto a

la justicia, el orden y la paz, constituye uno de los elementos con-

sustanciales del bien común, objetivo supremo, no sólo del dere-

cho, en general, sino también, del Estado social y democrático

de derecho que consagra nuestra Carta Magna. Corresponde al

Estado, en efecto, como máximo exponente de los poderes públi-

cos, asegurar la estabilidad y permanencia del contenido de las

normas jurídicas, de forma que los particulares puedan adoptar

sus decisiones al tenor de estas, al abrigo de una capacitad exce-

siva de alteración de dichas normas por parte de los órganos del

Estado. En otras palabras, la seguridad jurídica consiste en la

certeza y confianza que debe infundir el derecho en cuanto a la

estabilidad del orden legal y la eficacia de su funcionamiento”.

“h) La seguridad jurídica depende, a su vez, del respeto a los

principios de irretroactividad de la ley y al de la cosa definitiva

e irrevocablemente juzgada, ambos de importancia cardinal. El

primero dispone que las leyes sólo rigen para el porvenir, para

evitar, mediante una simple intervención legislativa, la alte-

ración de situaciones jurídicas ya consumadas o cuyos efectos,

consolidados al amparo de una ley anterior, se prolongan en el

tiempo, luego de la entrada en vigencia de otra ley nueva. El se-

gundo, en cambio, como veremos más adelante (infra, literales i)

y siguientes), otorga validez definitiva a las decisiones judiciales,

reconociéndolas como asuntos resueltos e indiscutibles, no sólo

105

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

para que se ejecute lo que ellas han decidido, sino también para

impedir el pronunciamiento de una decisión distinta o contra-

dictoria en otro proceso”.

Franklin E. Concepción Acosta, citando a Eduardo Jorge

Prats, establece que el principio general de la seguridad jurídica

(abarcando la protección de la confianza) vendría a significar lo

siguiente: el individuo tiene el derecho de poder confiar en sus

actos, y las decisiones públicas incidentes sobre sus derechos,

posiciones o relaciones jurídicas, basados en normas jurídicas vi-

gentes y válidas, producirán los efectos previstos y prescritos en

el ordenamiento. En otras palabras, la seguridad jurídica, como

elemento esencial del Estado de Derecho, tiene como fin que

en la medida de lo posible, el ciudadano pueda presuponer y

calcular con tiempo la influencia del Derecho en su conducta

personal. De ahí se infiere que pueda confiar en el Derecho, una

vez establecido. La expectativa de protección de la confianza es

consecuencia, a la vez, del principio de buena fe que también

rige en el Derecho Público. Y es que el Estado no puede actuar

de mala fe frente a las personas sometidas a su ordenamiento

jurídico, y la persona debe confiar en ello11.

Analizando la relación del precedente constitucional con la

seguridad jurídica, el citado Concepción Acosta, nos expone12:

“La seguridad jurídica en la esfera de los actos jurisdiccionales

indica sobre todo la firmeza de las decisiones jurisdiccionales,

dado que las decisiones, una vez adoptadas, en forma y conforme

al procedimiento establecido en la ley, no pueden ser arbitraria-

mente alteradas, sólo pudiendo ser modificadas cuando ocurran

presupuestos materiales particulares relevantes que lo sustenten”..

11 CONCEPCIÓN ACOSTA (Franklin E.), El precedente…”, ob. cit.,. 64.

12 Idem., pp. 64-65.

RAFAEL DÍAZ FILPO

106

Podemos decir lo siguiente:

• Efectivamente, el precedente constitucional es una ga-

rantía del Estado de derecho y la seguridad jurídica, lo

cual es una gran responsabilidad que tiene a cargo el

Tribunal Constitucional. Entendemos que el derecho

judicial creado por los precedentes, es un derecho cam-

biante, lo que permite que el derecho se transforme y

pueda brindar una respuesta eficaz a las nuevas deman-

das sociales.

• Comprendemos que mediante una Constitución rígida

se tiene mayor garantía de la seguridad jurídica y dis-

minuye la posibilidad de vulneración de los derechos

fundamentales.

• Evitar a la mayor posibilidad, las reformas constitucio-

nales es un mecanismo para garantizar la estabilidad de

la legislación, así como del precedente constitucional.

• El juez, al momento de cambiar un precedente vincu-

lante, debe ofrecer verdaderas razones de peso para jus-

tificarlo, con sus motivaciones correspondientes.

• Es necesaria la capacitación de los representantes del

sistema, para poder garantizar los derechos fundamen-

tales y los demás derechos y garantías agregados a nues-

tra Constitución.

• El derecho judicial creado por los precedentes es un

derecho cambiante, lo que permite que el derecho se

transforme e incorpore a las nuevas demandas y valores

107

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

sociales, pero siempre garantizando el Estado de dere-

cho y la seguridad jurídica.

El Tribunal Constitucional, organismo instituido en la Re-

pública Dominicana, de conformidad con la Constitución pro-

clamada el veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), es

el facultado para interpretar las disposiciones consagradas en la

carta sustantiva por medio de sentencias que consagran prece-

dentes vinculantes para todos los poderes. a tales fines, con rela-

ción a la especial trascendencia o relevancia constitucional, esta

alta corte ha emitido diversas sentencias en las cuales se abordan

criterios relativos al tema objeto de la presente investigación, de

las cuales sobresalen los siguientes precedentes:

1- Mediante la Sentencia TC/0007/12, estableció lo siguien-

te: “En efecto, el recurso de revisión del señor Víctor

Radhamés Severino Fornet que nos ocupa carece de espe-

cial trascendencia o relevancia constitucional, puesto que

tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros,

en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre de-

rechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal

Constitucional no haya establecido criterios que permitan

su esclarecimiento; 2) que propicien por cambios sociales

o normativos que incidan en el contenido de un derecho

fundamental, modificaciones de principios anteriormente

determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional

reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de

la ley u otras normas legales que vulneren derechos fun-

damentales; 4) que introduzcan, respecto a estos últimos,

un problema jurídico de trascendencia social, política o

económica cuya solución favorezca en el mantenimiento

de la supremacía constitucional”.

RAFAEL DÍAZ FILPO

108

2- En la Sentencia TC/0010/12, el Tribunal Constitucional de

la República Dominicana, precisó que: “La especial trascen-

dencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción

abierta e indeterminada, razón por la cual este tribunal, si-

guiendo la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional

español, en particular la que se desarrolla en la sentencia

dictada el 25 de septiembre del 2009, fijó su posición al res-

pecto en la Sentencia TC/0007/12, dictada el 22 de marzo

del 2012, con diez votos favorables y tres votos disidentes”..

3- En la Sentencia TC/009/13, el Constitucional dominicano

estableció que: “Decidir sobre la admisibilidad del recurso

de revisión implica analizar el fundamento de las violaciones

invocadas respecto de las violaciones al grado de trascen-

dencia y relevancia constitucional de la cuestión planteada

dentro del marco de la referida Ley No. 137-11”.

4- De igual manera, el indicado Tribunal, precisó que: “Que el

recurso de revisión constitucional en materia de amparo es

inadmisible, en tanto que la parte recurrente no estableció

las razones por las cuales se configura la especial trascen-

dencia o relevancia constitucional. Esto, igualmente, resulta

improcedente. Sobre el particular, conviene aclarar que con-

forme a la legislación vigente en nuestro país –y según rei-

terada jurisprudencia–, cuando se interpone un recurso de

revisión constitucional en materia de amparo, es a este tri-

bunal constitucional a quien corresponde apreciar, en cada

caso concreto, la configuración de la “especial trascendencia

o relevancia constitucional”, al tenor de lo previsto en el ar-

tículo 100 de la Ley núm. 137-11, atendiendo a los criterios

establecidos en la Sentencia TC/0007/12 (…)”.

109

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

Hemos podido observar que en el ordenamiento legal do-

minicano se hace acopio de la figura de la especial trascendencia

o relevancia constitucional establecida en el sistema jurídico es-

pañol. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana,

órgano constitucional de reciente creación, tiene la labor de ir

construyendo el concepto indeterminado de lo que constituye

la especial trascendencia o relevancia constitucional como requi-

sito de admisibilidad de los recursos de revisión de decisión ju-

risdiccional y de amparo, lo cual evidenciaría la presencia de un

real Estado, democrático, social y de Derecho.

El Tribunal Constitucional es el facultado para interpretar

las disposiciones consagradas en la carta sustantiva por medio de

sentencias que consagran precedentes vinculantes para todos los

poderes. A tales fines, con relación al derecho de propiedad, esta

alta corte ha emitido diversas sentencias en las cuales se aborda

el derecho de propiedad, de las cuales sobresalen los siguientes

precedentes:

1- Mediante la Sentencia TC/0010/12, de fecha dos (2) de

mayo de dos mil doce (2012), estableció que: “cuando dicho

derecho recae sobre un arma de fuego, como ocurre en la especie,

su ejercicio está condicionado y limitado, por tratarse de un

susceptible de poner en riesgo la seguridad nacional, la integri-

dad personal y el derecho a la vida. Dichas limitaciones están

establecidas en una ley especial y de orden público, como lo es

la Ley No. 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, de

fecha 18 de octubre del 1965”. Este criterio ha sido reiterado

por diversas sentencias dictadas posteriormente.

2- Mediante la Sentencia TC/0205/13, de fecha veinte (20) de

junio de dos mil trece (2013), se establece que: “para que

una persona pueda ser privada de su propiedad de manera que

RAFAEL DÍAZ FILPO

110

la afectación a su derecho fundamental sea mínima, es preciso

que se garantice: 1) la legalidad de la actuación; 2) el debido

proceso y la tutela judicial efectiva; y 3) el pago previo del justo

valor del bien, es decir una previa indemnización, salvo que

interviniera una declaratoria de estado de emergencia o de de-

fensa, caso en que dicho pago podría ser posterior (…)” “(…)

cuando la privación de la propiedad se produce sin respetar los

principios que garantizan la afectación mínima de propiedad,

tal actuación, por parte de la Administración, se transforma en

un acto de confiscación, la cual sólo es posible en los casos y bajo

las condiciones que de manera expresa la Constitución”..

3- Median te l a Sen tencia TC/0088/2012, el Tribun al C onstitu-

cional de la República Dominicana dispuso que la concesión

del derecho de propiedad tiene tres dimensiones para que pue-

da ser efectivo, como son: el goce, el disfrute y la disposición,

definiendo el derecho de propiedad como el derecho exclusivo

al uso de un objeto, o bien aprovecharse de los beneficios que

este bien produzca, y a disponer de dicho bien, ya sea transfor-

mándolo, distrayéndolo o transfiriendo los derechos sobre este.

4- El intérprete máximo de la Constitución en la República Do-

minicana, esto es, el Tribunal Constitucional, interpretando

el artículo 51 de la carta sustantiva, estableció en su Sentencia

TC/018 5/13, que: “ Si bien el derecho de propiedad tiene una

función social, de acuerdo con el párrafo capital antes transcrito

(…), esta vocación no debe propiciar la producción de perjuicios

legalmente injustificados en contra del titular de dicho derecho”.

5- El Tribunal Constitucional mediante la Sentencia

TC/0242/13, dictada el veintinueve (29) de noviembre

de dos mil trece (2013), estableció que: “La propiedad

111

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

inmobiliaria registrada, por vía de consecuencia, amparada en

un certificado de título, documento oficial que el Estado otorga

al ciudadano como prueba y garantía de su titularidad, no pue-

de ser desconocido por acciones particulares, ni del Estado y sus

instituciones, pues esto entrañaría una transgresión al artículo

51 del texto constitucional, (…)”.

Como sostiene el doctor José Luis Jiménez Garrote13, “Re-

sulta extraordinariamente difícil encontrar una definición preci-

sa y acabada del concepto dignidad, puesto que corresponde a

uno de esos datos primarios irreductibles que no pueden ser for-

malmente definidos, sino que necesitan ser comprendidos en sí

mismos. Este tipo de nociones no admiten una definición lógi-

ca. En casos como estos, la tarea del filósofo consiste en intentar

dar una definición esencial14”. Por lo que sigue exponiendo que

“El término dignidad designa en latín lo que es estimado o con-

siderado por sí mismo, no como derivado de otro. La dignidad

humana significa el valor interno e insustituible que le corres-

ponde al hombre en razón de su ser, no por ciertos rendimientos

que prestara ni por otros fines distintos de sí mismo”15.

Al respecto, el jurista peruano Andrée Jesús Elguera Somo-

curcio, expone que: “podemos empezar afirmando que la dig-

nidad es el derecho que tiene cada ser humano, de ser valorado

y respetado como un componente social, además de ser indivi-

dualmente merecedor de dicha consideración, con sus propias

condiciones y características, por el único hecho de ser perso-

na. El término dignidad significa algo que es valioso, lo que es

13 JIMENEZ GARROTE (José Luís), Los fundamentos de la dignidad humana.

14 TABOADA P. La dignidad de la persona como fundamento de la ética, Centro de

Bioética, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

15 FERRER U. La dignidad y el sentido de la vida, Cuadernos de Bioética, 1996; 26(2º):

pp. 191-201.

RAFAEL DÍAZ FILPO

112

estimado o considerado por sí mismo, y no en función de otra

cosa. La dignidad humana radica en el valor interno e insusti-

tuible que le corresponde al hombre en razón de su ser, no por

ciertos rendimientos que prestara ni por otros fines distintos de

sí mismo. El hombre vale por lo que él mismo es, por su ser. Ya

hemos visto que lo que caracteriza al hombre es su ser persona”16.

La dignidad en los instrumentos normativos

internacionales.

La existencia de instrumentos normativos internacionales

que tienen un carácter supranacional ha permitido que se reco-

nozca un conjunto de valores, derechos y garantías a la persona

con una característica de universalidad, y la dignidad no ha esta-

do exenta del abordaje que se pueda hacer en dichos instrumen-

tos sobre ella. Es por ello que podemos partir de la referencia

a la dignidad en el preámbulo de la Declaración Universal de

los Derechos Humanos, adoptada por la Organización de las

Naciones Unidas17, que reza de la siguiente manera: “Conside-

rando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos

iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana

(…) Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los

derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para

la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la as-

piración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en

que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten

16 ELGUERA SOMOCURCIO (Andrée Jesús), “Derecho a morir dignamente como

causal que justifica despenalizar la eutanasia activa para enfermos en situación ter-

minal en el Perú”.

17 Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 217

A (III), del 10 de diciembre de 1948.

113

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”; dándole una

importancia a la dignidad humana de trascendencia primordial.

El colombiano Juan Pablo Montero Palacios, analizando el de-

sarrollo de la dignidad en la citada Declaración Universal de los

Derechos Humanos, expone que:

“Lo anterior da cuenta de la relevancia que adquirió la cuestión de

la Dignidad de las personas, tanto así que se incluye como principio

fundante de la misma Declaración de los Derechos Humanos; prin-

cipio que habrá de iluminar todos los aspectos de la misma y que,

inmediatamente, hace evidente una característica muy especial, a

saber: la Dignidad Humana es intrínseca, es decir, que forma parte

de la esencia de cada ser humano, que no es accidental o accesoria a

la condición humana. Esta concepción habrá de tomarse en la ju-

risprudencia de la Corte Constitucional, como se verá más adelante.

Posteriormente, la Declaración dice que “… las Naciones Unidas

han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales

del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana (…)

y se han declarado resueltos (…) a elevar el nivel de vida dentro de

un concepto más amplio de la libertad” (ONU, 1948).

Ahora bien, el artículo 1 reza de la siguiente manera: “Todos los se-

res humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmen-

te los unos con los otros” (ONU, 1948). La relación se hace ahora

entre la razón y la autoconciencia como rasero del trato digno entre

personas. Esto ha de implicar que son dignos los seres humanos en

razón a su capa cidad de autode termina rse y com prender razonabl e-

mente, la misma cualidad en los demás. Esto comportaría una difi-

cultad en el momento de revisar si existe la posibilidad entonces de

considerar la Dignidad de los no nacidos, de los embriones, etc.”18.

18 MONTERO PALACIOS ( Juan Pablo), La dignidad humana en la jurisprudencia

constitucional colombiana: un estudio sobre su evolución conceptual.

RAFAEL DÍAZ FILPO

114

Sustentado en esta Declaración Universal de los Derechos

Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Po-

líticos incorpora en su preámbulo la dignidad, al señalar que:

“Considerando que, conforme a los principios enunciados en

la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz

en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad

inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus

derechos iguales e inalienables (…). Reconociendo que estos de-

rechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana

(…)”. Texto similar que se encuentra incorporado en el Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En 1948, en la ciudad de Bogotá, Colombia, fue aprobado

dentro del marco de la Novena Conferencia Internacional Ame-

ricana, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre, señalando en su preámbulo que “Todos los hombres

nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como

están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse

fraternalmente los unos con los otros. El cumplimiento del de-

ber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y

deberes se integran correlativamente en toda actividad social y

política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad indivi-

dual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad”.

El 22 de noviembre de 1969, en la ciudad de San José de

Costa Rica fue aprobada la Convención Americana sobre Dere-

chos Humanos, conocida como Pacto de San José, en el marco

de la Conferencia especializada Interamericana sobre Derechos

Humanos. Dicha convención, en el numeral 2 de su artículo

5, reconoce que “Toda persona privada de libertad será tratada

con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”; y

precisando en su artículo 6.2, que “El trabajo forzoso no debe

afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del

115

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

recluido”. El artículo 11, parágrafo 1, de la Convención dice así:

“Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconoci-

miento de su dignidad”.

La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU

tiene dos referencias claras al tema de la dignidad. La primera, en

el preámbulo, dignidad intrínseca, y la segunda, dignidad y valor

de la persona humana.

Control de constitucionalidad concentrado

Antes de abordar de lleno el tema, debemos consignar el

concepto de la Constitución, conjunto de normas fundamenta-

les que caracterizan e identifican todo ordenamiento19.

El control de constitucionalidad es uno de los elementos

fundamentales del Estado democrático del derecho en el mundo

contemporáneo. El control de la constitucionalidad es el proce-

dimiento jurídico mediante el cual se procura asegurar y garan-

tizar el cumplimiento de las normas constitucionales.

El control concentrado de la constitucionalidad se establece

en la Constitución, mediante la regulación en el propio texto

constitucional, en forma expresa, de la acción de inconstitucio-

nalidad, y del control a priori de la constitucionalidad de los

tratos internaciones, de los procesos de resolución de conflictos

constitucionales entre órganos del Estado y del control de cons-

titucionalidad de las omisiones legislativas. En forma indirecta,

también se abre posibilidad en la Constitución para la estructu-

ración del control de la constitucionalidad y la actuación de los

partidos políticos.

El control es un elemento inseparable del concepto de Cons-

titución, si se quiere dotar de operatividad al mismo, es decir,

19 Derecho Constitucional, Volumen I, ob. cit.

RAFAEL DÍAZ FILPO

116

si se pretende que la carta magna se “realice,” en expresión de

Hesse; o, dicho en otras palabras, si la Constitución es norma

y no mero programa puramente retórico”, y continúa diciendo:

“El control no forma parte únicamente de un concepto “político” de

Constitución, como sostenía Schmitt, sino de un concepto jurídico,

de tal manera que sólo si existe control de la actividad estatal puede

la Constitución desplegar su fuerza normativa, y sólo si el control

forma parte del concepto de Constitución puede ser entendida esta

como norma”20.

Cuando se habla de garantía constitucional, lo que signifi-

ca es que el control de constitucionalidad es una garantía de la

Constitución, como salvaguarda de la normativa constitucional,

frente a los atentados producidos por los actos estatales incons-

titucionales.

El tribunal competente para conocer del control con-

centrado es el Tribunal Constitucional, artículo 18521. Antes

de la conformación de dicho tribunal, la Suprema Corte de

Justicia mantendría las referidas funciones hasta tanto este se

instalará.

En tal virtud, el artículo 184 de la Constitución domini-

cana del 26 de enero de 2010 creó el Tribunal Constitucional,

siendo sus funciones las de: “Para garantizar la supremacía de

la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protec-

ción de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e

irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes

públicos y todos los órganos del Estado…”, y conforme con el

artículo 9 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitu-

cional y los Procedimientos Constitucionales, le da competen-

cia para conocer de los casos previstos por el artículo 185 de

20 ARAGÓN (Manuel), ob. cit.

21 Constitución dominicana del 26 de enero de 2010.

117

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

la Constitución y de los que les atribuyen en la referida Ley

137-1122.

El sentido pleno de lo dispuesto en el referido artículo 184

de la Constitución se alcanza, cuando se analiza conjuntamente

con lo establecido en el artículo 623 de la misma. Este texto es-

tablece el principio de la supremacía constitucional y dispone la

nulidad de toda norma jurídica que le sea contraria y por consi-

guiente la expulsa del ordenamiento jurídico.

Los autores Medrano y Mejía, Brewer-Carías, Aragons y

Ray Guevara, coinciden en que el control de la constitucionali-

dad es indispensable para que la supremacía de la Constitución

sea verdaderamente efectiva y cumpla su contenido.

Existen cuatro modelos de control de constitucionalidad:

(i) el control concreto (Judicial Review), que se inició en los

EE.UU. en el siglo XIX; (ii) el control abstracto o concentra-

do, que surgió en Austria en el siglo XX; (iii) el control híbrido

europeo, que surge después de la Segunda Guerra Mundial; y

por último tenemos, (iv) el modelo híbrido iberoamericano, que

surge en el siglo XXI; este modelo es una combinación del con-

trol concentrado y del control difuso.

22 Artículo 185.- Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competentes para co-

nocer en única instancia:

1. Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos,

reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del presidente de la República,

de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y

de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido;

2. El control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por

el órgano legislativo;

3. Los conflictos de competencia entre los poderes públicos, a instancia de uno

de sus titulares;

4. Cualquier otra materia que disponga la ley.

23 El Artículo 6 de la Constitución dominicana establece la Supremacía Constitucio-

nal. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos

a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del

Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto

contrarios a esta Constitución.

RAFAEL DÍAZ FILPO

118

El modelo de Control Concentrado tiene su origen con la

teoría planteada por Hans Kelsen, en el siglo XX, que creó un

esquema de control de constitucionalidad de leyes, y propuso

que el control de constitucionalidad quedara concentrado en

las manos de un órgano creado específicamente para asegurar el

ejercicio regular de las funciones estatales.

El Tribunal Constitucional es el que tiene el control con-

centrado absoluto de la constitucionalidad, y todos los demás

tribunales de la República, vía el control difuso, tienen la potes-

tad de garantizar la supremacía de la Constitución.

El control concentrado es la facultad para juzgar sobre la

inconstitucionalidad y le pertenece a un sólo y único órgano o

jurisdicción. Así entonces, vemos cómo en Europa el control de

la constitucionalidad es concentrado o centralizado en contraste

con Estados Unidos, donde es difuso o descentralizado.

Asimismo, el Considerando quinto de la Ley 137-11 Orgá-

nica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitu-

cionales24 señala: “[que] a tales efectos la tutela de la justicia cons-

titucional fue conferida, tanto al Tribunal Constitucional como al

Poder Judicial, a través del control concentrado y el control difuso”.

Además, en su considerando sexto, expone que el objetivo del

Tribunal Constitucional es garantizar la supremacía de la Cons-

titución, defensa del orden constitucional y la protección de los

derechos fundamentales. También comenta, en su considerando

séptimo, que sus decisiones son definitivas e irrevocables, y cons-

tituyen precedentes vinculantes.

Se puede resumir diciendo que el sistema concentrado de

constitucionalidad sólo puede existir: a) cuando está estableci-

do en la Constitución, b) su atribución es de un sólo órgano

24 Modificada por la Ley No. 145-11, de fecha 29 de junio de 2011.

119

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

constitucional de las funciones constitucionales, y, c) su control

puede ser mixto, difuso o concentrado.

El control de la acción directa de inconstitucionalidad

La concentración de dicha acción es un recurso especiali-

zado de la facultad para pronunciar la nulidad de las normas

contrarias a la Constitución; es el rasgo distintivo del modelo

tradicional de justicia constitucional en la Europa continental,

desde que el mismo fuera ideado por Hans Kelsen, a finales de la

segunda década del siglo XX. El control concentrado de consti-

tucionalidad, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad

contra una ley, norma o decreto es la competencia estrella de las

jurisdicciones constitucionales. Esta modalidad de control opera

sobre normas abstractas y, por tanto, no precisa de la existencia

de una acción principal en el marco del cual se suscita el alegato

de inconstitucionalidad, tal como sucede en el caso del control

difuso. En otras palabras, la acción tiene carácter autónomo y,

en la medida en que no hay parte con intereses subjetivos invo-

lucrados, la decisión que rinde el órgano de control tiene efectos

jurídicos generales, siendo el resultado, por tanto, no la inaplica-

ción de la norma, sino la salida del ordenamiento, en caso de que

contradiga la Constitución. El Tribunal Constitucional domini-

cano tiene competencia para conocer el control de las acciones

directas de inconstitucionalidad de las que sea apoderado25.

La reforma del 1994, que reincorporó en nuestro sistema el

modelo concentrado de control de constitucionalidad dispuso,

25 Artículo 185.1 de la Constitución dominicana del 26 de enero de 2010.

Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos,

resoluciones y ordenanzas, a instancia del presidente de la República, de una tercera

parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier per-

sona con interés legítimo y jurídicamente protegido;

RAFAEL DÍAZ FILPO

120

en su artículo 67.1, parte final, que entre las competencias ex-

clusivas de la Corte Suprema de Justicia estaba la de conocer “de

la inconstitucionalidad de las leyes, a instancias del presidente

de la República, de los presidentes de las cámaras del Congreso

Nacional o de parte interesada”.

El antes referido artículo 185, específicamente numeral 1,

amplía considerablemente el objeto del control concentrado,

pues antes de la reforma constitucional de 2010, la Constitución

se refería únicamente sólo a las leyes, y ahora hace referencia a

la acción de inconstitucionalidad contra la ley, decreto, resolu-

ción, reglamento u ordenanza contrarios a la Constitución. El

presidente de la República y la tercera parte de los legisladores

de cualquiera de las cámaras legislativas tienen calidad para in-

terponer la acción de inconstitucionalidad, sin que tengan que

demostrar ningún interés para accionar, pero una persona física

o jurídica que decida interponer dicha acción por ante el Tri-

bunal Constitucional sí debe demostrar un interés legítimo y

jurídicamente protegido.

El control preventivo de constitucionalidad de los

tratados internacionales

Otra de las competencias exclusivas, atribuidas al Tribunal

Constitucional, consiste en la que lo habilita para llevar a cabo

el control preventivo de constitucionalidad de los tratados inter-

nacionales, “antes de ser ratificados por el órgano legislativo”26.

El Capítulo II del Control Preventivo de los Tratados In-

ternacionales de la Ley 137-11, LOTCPC en sus artículos 55

al 58, establece el procedimiento que debe seguir el Tribunal

26 Artículo 185.2 de la Constitución dominicana del 26 de enero de 2010.

121

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

Constitucional para ejercer el control previo de la constituciona-

lidad de un tratado internacional27.

La abstracción del control, conforme al control kelseniano,

se ejerce sobre cuestiones puras de Derecho, en ausencia de li-

tigios y controversias, en abstracto, por razones rigurosamente

teóricas. Ello explica por qué el control concentrado de consti-

tucionalidad puede injerirse aún antes de que la ley sea promul-

gada y aplicada, es decir, a priori, tal como se ha establecido en

nuestra Constitución.

El control concentrado de los conflictos constitucionales

En virtud del control concentrado de la constitucionalidad

tiene por objeto, en particular, asegurar la efectiva vigencia de la

parte orgánica de la Constitución, la cual en el mundo moderno

y en el Estado democrático, siempre se ha construido sobre la

base de los principios, tanto de la separación orgánica de pode-

res, como de la distribución territorial del Poder Público. En la

ley de leyes se asigna también al Tribunal Constitucional, com-

petencia para resolver los “conflictos de competencia” entre los

poderes públicos28.

27 Artículo 55 de la Ley 137-11, LOTCP.- Control Concentrado Preventivo. Previo a

su aprobación por el Congreso Nacional, el presidente de la República someterá los

tratados internacionales suscritos al Tribunal Constitucional, a fin de que éste ejerza

sobre ellos el control previo de constitucionalidad.

Artículo 56 Plazo. El Tribunal Constitucional decidirá sobre la constitucionalidad

o no de los tratados internacionales suscritos dentro de los treinta día siguientes a su

recibo y al hacerlo, si considerare inconstitucional el Tratado de que se trate, indicará

sobre cuáles aspectos recae la inconstitucionalidad y loas razones en que fundamenta

su decisión.

Los artículos 57 y 58 de la referida Ley 137-11, establecen el efecto vinculante y la

publicación de dicha sentencia, respectivamente.

28 Artículo 185.3 de la Constitución dominicana del 26 de enero de 2010.

RAFAEL DÍAZ FILPO

122

Estos conflictos son básicamente, los que se originan entre

los Poderes Legislativo y Ejecutivo y, además, respecto de los otros

órganos constitucionales con autonomía funcional, de manera

que todos actúen conforme a los poderes atribuidos en la Consti-

tución, sancionando toda usurpación, por inconstitucionalidad.

El control concentrado, en cuanto a lo dispuesto en

cualquier otra materia que disponga la ley

A partir de que la Constitución dominicana, como norma

de normas jurídicas plantea principios constitucionales en senti-

do general, es a la Ley (que rige la materia)29 la que viene a suplir

y a crear disposiciones adicionales no contempladas en la Cons-

titución, definiendo, organizando, estructurando y creando un

procedimiento en tal sentido.

Si solamente nos concentráramos en el artículo 185 de

la Constitución dominicana de 2010 supondríamos que son

pocas las atribuciones del Tribunal Constitucional, pero el ar-

tículo 266.5 de la Constitución establece que “la declaratoria

de los estados de excepción y los actos adoptados durante los mismos

estarán sometidos al control constitucional”, lo que refiere al Tí-

tulo VII, relativo al control constitucional y, por ende, otorga

competencia tanto al Poder Judicial, a través del control difuso

(artículo 188) y de los procesos constitucionales de amparo,

habeas corpus y habeas data (artículo 188) y de los procesos

constitucionales establecidos para ser conocidos en el Tribu-

nal Constitucional (artículos 72, 71 y 70)30, para controlar la

29 Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitu-

cionales (LOTCPC).

30 Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitu-

cionales (LOTCPC).

123

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

constitucionalidad de los actos de las autoridades durante los

estados de excepción. Por su parte, el artículo 27731 establece

que “todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la au-

toridad de la cosa irrevocablemente juzgadas, especialmente las

dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad

por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la procla-

mación de la presente Constitución, no podrán ser examinados

por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al

procedimiento que determine la ley”.

La ley que regula los procedimientos constitucionales y

lo relativo a la organización y al funcionamiento del Tribunal

Constitucional es la No. 137-11, del 13 de junio de 2011, ley

que podrá conferir atribuciones al Tribunal para el conocimien-

to de cualquier otra materia, siempre vinculada a garantía de la

supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucio-

nal y la protección de los derechos fundamentales. Estas otras

materias pueden ser el conocimiento de los recursos de revisión

constitucional de: sentencia de amparo32 y de decisiones juris-

diccionales33.

31 Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitu-

cionales (LOTCPC).

32 Artículo 94 de la Ley 137-11. Recursos. Todas las sentencias emitidas por el juez de

amparo pueden ser recurridas en revisión por ante el Tribunal Constitucional en la

forma y bajo las condiciones establecidas en esa ley.

33 Artículo 53 de la Ley 137-11. Revisión Constitucional de Decisiones Jurisdiccio-

nales. El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones juris-

diccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada

con posterioridad al 26 de enero de 2010.

RAFAEL DÍAZ FILPO

124

CUADRO COMPARATIVO

CONTROL DIFUSO CONTROL CONCENTRADO

Durante cualquier proceso

judicial de fondo, la persona

física o moral pudiera alegar

como medio de defensa la

acción de inconstituciona-

lidad de carácter normativo

ante el mismo juez o tribu-

nal de fondo.

Las decisiones tomadas por

un juez de un tribunal or-

dinario, son casadas en últi-

ma instancia por el Tribunal

Constitucional.

Acciones de inconstitucionalidad

que se interponen directamente al

Tribunal Constitucional, controles

a priori de los tratados, convenios,

pactos internacionales, conflictos

de competencia, y las que disponga

la ley de la materia, No. 137-11, en

cuanto a revisiones constitucionales

de sentencias dictadas en amparo

y decisiones jurisdiccionales que

hayan adquirido la condición

de lo irrevocablemente juzgado

después de la promulgación de la

Constitución, en fecha 26 de enero

de 2010.

Las sentencias del control concen-

trado son conocidas en única ins-

tancia e inapelable.

Naturaleza del control de constitucionalidad concentrado

El fundamento o razón de asegurar un tipo de supremacía

de la Constitución ha sido el de aseverar la peculiar forma de

Estado creada por la carta magna y secundariamente, prever que

por esa vía se pudiera llegar a un mecanismo que asegurara la su-

premacía de la Constitución en las leyes, normas, decretos, actos

tratados, pactos, acuerdos y sobre las demás normas integradoras

de la pirámide jurídica.

Los fundamentos del modelo concentrado de constitucio-

nalidad, según Hans Kelsen, siembran las bases para la cons-

trucción de un nuevo tipo de justicia constitucional opuesto al

125

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

modelo estadounidense, siendo los rasgos fundamentales del

modelo kelseniano: (i) el control como una medida técnica; (ii)

la abstracción del control; (iii) la anulación del acto institucional

como efecto del control; y (iv) la concentración del control en

un tribunal que monopoliza el mismo.34

Los presupuestos que deben estar para la existencia del

control de constitucionalidad, son cinco: (1) una Constitu-

ción rígida; (2) un órgano de control independiente del órgano

controlado; (3) facultades decisorias del órgano de control; (4)

posibilidad de los particulares interesados de cuestionar por sí

mismos los actos inconstitucionales; y (5) la sumisión de toda la

actividad estatal de control de constitucionalidad (Sagüés: 15)35.

En el sistema concentrado, la declaración de

inconstitucionalidad produce efectos erga omnes, con la

consiguiente anulación de la norma cuestionada, que pierde

sus efectos en forma total y con presidencia del acto político,

esto es, que en los sistemas concentrados es el propio órgano de

control “La Corte Constitucional” que recibe de la Constitución

la competencia necesaria para producir esa anulación con los

efectos generales, ocupando así el lugar de los otros poderes (el

legislador o el ejecutivo, según el caso) el conflicto queda diluido

con la desaparición de la norma cuestionada.

La nominación como control concentrado proviene de la

acepción formal que destina la tarea de controlar la supremacía

de la Norma Fundamental en un órgano creado para conocer

especial y exclusivamente de los conflictos constitucionales que

se sitúan fuera del aparato jurisdiccional clásico (la magistratura

ordinaria). Las cortes o tribunales supremos pueden ser

34 Derecho Constitucional, Volumen I, Eduardo Jorge Prats.

35 Derecho Constitucional, Vol. I, Eduardo Jorge Prats.

RAFAEL DÍAZ FILPO

126

jurisdicciones constitucionales pero no son, en sentido estricto,

Tribunales Constitucionales.

El sistema de constitucionalidad concentrado es ejercido

por el Tribunal Constitucional. Según la Constitución política

del Estado, el Tribunal Constitucional es el máximo órgano de

la Constitución. La labor interpretativa del Tribunal Constitu-

cional supone un examen abstracto de la norma cuestionada de

constitucionalidad, en donde el referente constitucional deter-

minará si la misma es compatible con los parámetros estable-

cidos por la carta magna, incluyendo sus principios generales y

valores intrínsecos a la misma. Corresponde al Tribunal Cons-

titucional la interpretación de la Constitución, como intérprete

auténtico, en tanto que corresponde a los jueces del Poder Judi-

cial la interpretación auténtica de la ley.

El primer Tribunal Constitucional que utilizó el control

concentrado de constitucionalidad fue creado por la Constitu-

ción de Austria de 1920. En la República Dominicana, con la

proclamación de la Constitución del año 1884 se inicia el con-

trol judicial de la constitucionalidad, estableciendo el control

difuso; siendo en la Constitución del año 1924, que plasma por

primera vez el control concentrado de la constitucionalidad, en

su literal 5.- artículo 61, siendo eliminado dicho control en las

Constituciones posteriores, hasta la Constitución de 1994 que

se implementa nueva vez ambos controles de constitucionalidad,

el difuso y el concentrado, dentro del Poder Judicial, hasta llegar

a la Constitución que nos rige en la actualidad, del 26 de enero

de 2010, que adopta el Modelo Híbrido Iberoamericano de con-

trol de la constitucionalidad, incorporando el control difuso de

constitucionalidad, para ser implementado por el Poder Judicial

ordinario y el control concentrado de constitucionalidad para

ser ejercido por el Tribunal Constitucional dominicano.

127

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

Son varias las características que tipifican el control concen-

trado de la constitucionalidad, tales como: a) El carácter abstrac-

to y objetivo del proceso; b) El carácter popular de la acción; y c)

El carácter imprescriptible del ejercicio de la acción.

Para entender cuál es el ámbito del control concentrado de

la constitucionalidad se debe diferenciar entre el control concen-

trado a priori y el control concentrado a posteriori.

El control concentrado a priori, también llamado control

preventivo.

Nuestra Constitución establece que el Tribunal Constitu-

cional deberá conocer, como control preventivo de los tratados

internacionales, el contenido de estos antes de su ratificación por

el órgano legislativo. El control a posteriori se encuentra abor-

dado en la carta magna, en cuanto a que establece las acciones

directas de inconstitucionalidad, pudiendo interponerse contra

las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, tal

como lo consignáramos anteriormente, en la cita del artículo

185.1 de la Ley 137-11.

Relación del control de constitucionalidad concentrado

con el Poder Legislativo

La Constitución dominicana dispone que las decisiones del

Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables36, decisión

esta que se encuentra ratificada en la Constitución, en su artículo

36 Ley 137-11. Artículo 31. Decisiones y los precedentes. Las decisiones del Tribunal

Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes

para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.

RAFAEL DÍAZ FILPO

128

184. La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional tiene

capacidad para vincular y obligar a los poderes públicos. Si no

fuera así, no tendría sentido establecer el control concentrado de

constitucionalidad. Esta vinculación significa que la sentencia

constitucional tiene fuerza de ley, tanto en su parte decida, como

en las partes esenciales que la motiva.

En ocasión del control concentrado de constitucionalidad

puede llevarse a cabo la fiscalización de una omisión del legis-

lador que resulte inconstitucional. La omisión legislativa, para

poder servir de fundamento a una acción de inconstitucionali-

dad, debe vincularse con una exigencia constitucional de acción,

pues la violación por el Congreso del simple deber general de

legislar no constituye un silencio legislativo capaz de ganar sig-

nificado autónomo y motivar dicha acción. Hay omisión legis-

lativa constitucionalmente relevante cuando el legislador viola

una imposición constitucional de legislar, omisión que impide

la ejecución de los preceptos constitucionales. Del mismo modo,

hay omisión legislativa cuando el legislador viola órdenes de le-

gislar que exigen del legislador la emanación de una o varias leyes

necesarias para la creación de una nueva institución.

Frente a la construcción de un Estado Democrático de De-

recho, es el Poder Legislativo el encargado de emanar las normas

que desenvuelven los cánones constitucionales y por ello es que

la propia Constitución faculta, ahora al Tribunal Constitucio-

nal, (anteriormente a la Suprema Corte de Justicia), a vigilar

que dichas normas estén acorde con ella, conforme a los pro-

cedimientos establecidos por la Ley 137-11, y en caso de que

la ley atacada adolezca de inconstitucionalidad y sea sacada del

ordenamiento jurídico del Estado, deberá ser acatada dicha de-

cisión, y en caso de que sea decidida la elaboración de una nueva

norma, el Poder Legislativo deberá cumplir con dicho mandato.

129

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

Relación del control de constitucionalidad concentrado

con el Poder Judicial

El Tribunal Constitucional, cuando ejerce sus atribuciones

del control de constitucional concentrado conferido por la carta

magna dominicana del 2010 y la ley que rige la materia No.

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedi-

mientos Constitucionales, y declara no conforme con la Consti-

tución, ya sea una ley, norma, reglamento o acto y los expulsa del

ordenamiento jurídico; así como en una sentencia dictada por

alguna instancia del Poder Judicial, se declara la conculcación

de derecho fundamental, protegido y garantizado por la ley de

leyes, la Suprema Corte de Justicia y los tribunales ordinarios

deben acatar dicha decisión, ya que las sentencias dictadas por

el Tribunal Constitucional, como se ha dicho, son de carácter

definitivo, vinculantes y de ejecución obligatoria.

La Constitución de 1994, en la parte in fine del numeral 1,

de su artículo 67 le confirió la atribución de conocer la constitu-

cionalidad de las leyes a la Suprema Corte de Justicia, a instancias

del Poder Ejecutivo, de uno de los presidentes de las Cámaras del

Congreso Nacional o de parte interesada. Al ser derogada por la

carta magna del 2010, confiriéndole dicho control concentrado

al Tribunal Constitucional, dejando el control difuso para la vi-

gilancia de la aplicación de la supremacía constitucional al Poder

Judicial, a través de las diversas instancias que lo componen, ha

hecho que las decisiones dictadas por el Tribunal Constitucional

sean de cumplimiento obligatorio, cuyo precedente es vinculan-

te a conflictos similares.

Para concluir, podemos decir que a partir de la nueva

Constitución dominicana, de fecha 26 de enero de 2010,

y con el surgimiento del Tribunal Constitucional, hemos

comparado que desde tiempo pasado ya existían en nuestro

RAFAEL DÍAZ FILPO

130

ordenamiento jurídico los controles de constitucionalidad,

atribuidos a la Suprema Corte de Justicia, la comprobación

de la constitucionalidad de las leyes atacadas, examinando su

evolución en las diferentes reformas constitucionales, hasta

asumir los nuevos retos, con la aprobación de la gran reforma

de la Constitución del 2010, en que se creó el Tribunal Cons-

titucional, con diferentes modalidades para ejercer los contro-

les de constitucionalidad.

El Tribunal Constitucional dominicano fue considerado y

configurado por primera vez en la Constitución del 26 de enero

de 2010, en su artículo 184, que establece que habrá un Tribunal

Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución,

siendo un órgano supremo encargado de la interpretación y con-

trol de la constitucionalidad, siendo independiente y autóno-

mo de los poderes públicos y demás instituciones del Estado.

Asimismo, dispone que las decisiones emanadas del Tribunal

Constitucional sean definitivas e irrevocables y constituyen pre-

cedentes vinculantes para todos los poderes públicos y todos los

órganos del Estado.

La creación constitucional de un sistema de precedentes

con base en las decisiones del Tribunal Constitucional, con ca-

rácter vinculante para todos los poderes públicos, plantea una

transformación en la realidad jurídica, ya que modifica el siste-

ma tradicional de fuentes del derecho.

El Tribunal Constitucional dominicano es el décimo en La-

tinoamérica. En este análisis, además de abordar la Constitución

dominicana del 2010, es necesario considerar la Ley 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, promulgada el 13 de junio de 2011, modifica-

da por la Ley 145-11, promulgada el 4 de julio de 2011, para así

concretizar todo lo concerniente a este.

131

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

a) Composición del Tribunal Constitucional domini-

cano

El artículo 186 de la Constitución dominicana, y el ar-

tículo 10 de la Ley 137-11, del 13 de junio de 2011, Orgá-

nica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Cons-

titucionales, en lo adelante LOTCPC, modificada por la Ley

No. 145-11, establecen que el Tribunal Constitucional está

integrado por trece (13) miembros, que se denominarán jue-

ces del Tribunal Constitucional. Asimismo, dispone que sus

decisiones se adoptarán con una mayoría de nueve (9) o más

miembros. El o los jueces que hayan emitido un voto disidente

podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada.

La cuestión del voto disidente establecido en la Constitución

es un presupuesto sustantivo de la democracia jurisdiccional,

toda vez que su práctica se sustenta en un clima de libertad e

independencia en el ejercicio de los criterios adoptados por los

jueces del tribunal.

“Artículo 186.- Integración y decisiones. El Tribunal

Constitucional estará integrado por trece miembros y sus de-

cisiones se adoptarán con una mayoría calificada de nueve o

más de sus miembros. Los jueces que hayan emitido un voto

disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión

adoptada”.

El primer comentario que nos surge, leyendo de manera

detallada esa última oración es el siguiente: es obligatorio hacer

valer las motivaciones del voto disidente en la decisión adoptada;

no obstante, en dicho artículo decir “podrán”, es decir que no es

obligatorio, no es mandatorio constitucionalmente hablando, y

a pesar de esto, todos los votos disidentes y salvados de los jueces

que componen este tribunal han sido motivados.

RAFAEL DÍAZ FILPO

132

Entendemos que la motivación de todos los votos disiden-

tes o salvados de los jueces del Tribunal Constitucional han sido

motivados, para no entrar en contradicción con los nuevos tiem-

pos y con la nueva doctrina jurídica y constitucional sobre la

motivación de sentencia.

Nos preguntamos, ¿y es que existió un desliz del legisla-

dor, cuando construyó el referido artículo y utilizó el término

“podrán” y no el término “deberán”, para así darle el carácter

de obligatoriedad a las motivaciones de los votos disidentes o

salvados?

La Ley 137-11, LOTCPC, en su artículo 10 recoge y con-

signa la cantidad de miembros que integrarán el Tribunal Cons-

titucional, de la forma que sigue:

“Artículo 10.- Integración. El Tribunal está integrado por

trece miembros que se denominarán jueces del Tribunal Cons-

titucional.

Para muchos es tema de controversia el alto número de jue-

ces, superior a las dos terceras partes de la matrícula de tribunal,

necesarios para tomar una decisión. Esto podría dificultar la ra-

pidez, fluidez y prontitud de los consensos internos necesarios

para la adopción de las decisiones jurisdiccionales.

Incluso, es probable que los resultados dilatados de las

decisiones que han sido recurridas ante el Tribunal Constitu-

cional hayan tenido lugar por la dificultad de consenso por la

cantidad de miembros del órgano, y más aún por la cantidad

de trabajo que nos llega cada día, y a pesar de esto, los resulta-

dos anuales nuestros son bien vistos por el Estado y los ciuda-

danos, razón fundamental de nuestra rápida legitimación ante

la sociedad.

133

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

Requisitos para ser juez del Tribunal Constitucional

El artículo187 de la Constitución establece los requisitos

que se requieren para ser juez del Tribunal Constitucional. Dis-

pone el referido artículo 187 que serán las mismas condiciones

para ser juez de la Suprema Corte de Justicia, y que los mismos

se encuentran configurados en el artículo 153 de la Constitu-

ción y el 13 de la Ley 137-11, LOTCPC. Además, dispone que

la condición de ser juez sólo se pierda por muerte, renuncia o

destitución por faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Sus

integrantes serán inamovibles durante el tiempo de su mandato.

1) Ser dominicana o dominicano de nacimiento u origen y tener

más de treinta y cinco años de edad.

2) Hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.

3) Ser licenciado o doctor en derecho.

4) Haber ejercido durante por lo menos doce años la profesión de

abogado, la docencia universitaria del derecho o haber desem-

peñado, por igual tiempo, las funciones de juez dentro del Poder

Judicial o de representante del Ministerio Público. Estos períodos

podrán acumularse.

El referido artículo 13 de la Ley 137-11, LOTCPC, agregó

a los requisitos requeridos por la Constitución dominicana para

ser juez del Tribunal Constitucional que no debe tener más de

setenta y cinco (75) años.

ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIO

NAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Acción directa en inconstitucionalidad

En relación a lo establecido en el numeral 1 del referi-

do artículo 185 de la Constitución dominicana del 2010, en

RAFAEL DÍAZ FILPO

134

cuanto a la interposición de la acción directa en inconstitucio-

nalidad, también contenida en los artículos 38 al 50 de la Ley

No. 137-11, LOTCPC, tiene como finalidad verificar que toda

ley, decreto, reglamento, resolución, u ordenanza se encuentre

conforme con las disposiciones contenidas en la Constitución

vigente en la República Dominicana. En tal virtud, el Tribunal

Constitucional determina, a través del juicio de constituciona-

lidad, si existe una oposición objetiva entre el contenido de la

disposición enjuiciada y lo que la Constitución política dispone

sobre el particular. Pueden interponer la acción ante el Tribunal

Constitucional el presidente de la República, los miembros del

Senado o de la Cámara de Diputados y cualquier persona con un

interés legítimo y jurídicamente protegido. Los actos que pue-

den ser atacados en inconstitucionalidad son: las leyes, decretos,

reglamentos, resoluciones y ordenanzas que contravengan el or-

denamiento constitucional. Las sentencias que declaren la in-

constitucionalidad conllevan la anulación de la norma o los ac-

tos impugnados, eliminándolos del ordenamiento jurídico. Las

decisiones que denieguen la acción únicamente surtirán efecto

entre las partes en el caso concreto.

Control preventivo de los tratados internacionales

El artículo 55 de la Ley No. 137-11, LOTCPC, faculta

al Tribunal Constitucional para examinar los tratados

internacionales que han sido firmados por el Poder Ejecutivo,

a fin de establecer si las normas y acuerdos contenidos en ellos

están acordes o respetan los principios, derechos y garantías de la

Constitución. Los efectos de este control son: 1) Si el tratado es

declarado conforme a la Constitución, entonces pasa al Congreso

Nacional, para ser ratificado; y 2) Si es declarado no conforme,

porque viola preceptos de nuestra Constitución, no podrá ser

135

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

ratificado por el Congreso Nacional hasta tanto se logre alcanzar

la compatibilidad con los preceptos constitucionales examinados

por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana.

Los conflictos de competencia

El conflicto de competencia consiste en la controversia por

la titularidad que asigna la Constitución a los órganos o personas

de derecho público para conocer de diversos tópicos, que puede

referirse a la jerarquía, la territorialidad o las funciones. Se habla

de conflicto de competencia positivo cuando existe disputa por

la atribución de las mismas facultades a dos órganos distintos.

Se produce un conflicto de competencia negativo cuando dos

o más entidades constitucionales se niegan a asumir una atribu-

ción constitucional. Para que se configure un conflicto de com-

petencia constitucional se requiere que:

• Exista una disputa entre órganos constitucionales u

otras personas de derecho público por las atribuciones

competenciales;

• Las competencias en disputa estén asignadas en la

Constitución;

• El conflicto se inicie a instancia del titular del órgano

que invoca el conflicto;

• El titular esté legitimado por la norma que establece el

mecanismo de su elección, nombramiento o designa-

ción.

Se persigue, con la solución de un conflicto de compe-

tencia ante el Tribunal Constitucional, precisar la titularidad

de la competencia o atribución, así como anular las normas,

RAFAEL DÍAZ FILPO

136

resoluciones o actos violados de incompetencia que hayan ge-

nerado el conflicto.

Revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales

El recurso de revisión constitucional de decisiones juris-

diccionales consiste en la potestad del Tribunal Constitucional

para examinar las sentencias de los órganos del Poder Judicial

que sean definitivas o firmes. Este recurso está contenido en el

artículo 277 de la Constitución del año 2010 y los artículos 53

y 54 de la Ley No. 137-11, LOTCPC. El Tribunal Constitu-

cional tendrá la potestad de revisar las decisiones jurisdicciona-

les definitivas, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha

de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución. El

procedimiento a seguir está configurado en el artículo 54 de la

Ley No. 137-11, LOTCPC, se inicia con la interposición de un

escrito motivado, depositado en la Secretaría del tribunal que

dictó la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de 30 días,

hábiles y francos, contados a partir de la fecha de la notificación

de la sentencia recurrida.

El recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdic-

cionales procede en los siguientes casos:

a. Cuando se trate de decisiones firmes dictadas por los

tribunales ordinarios, que en el ejercicio del control di-

fuso de constitucionalidad hayan declarado inaplicable

alguna ley, reglamento y cualquier ordenanza.

b. Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal

Constitucional de la República Dominicana.

c. Cuando se haya producido una violación de un dere-

cho fundamental, siempre que concurran y se cumplan

todos y cada uno de los siguientes requisitos:

137

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

Que el derecho fundamental vulnerado se haya

invocado formalmente en el proceso, tan pronto

quien invoque la violación haya tomado conoci-

miento de ella.

Que se haya agotado todos los recursos disponibles

dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y

que la violación no haya sido subsanada.

Que la violación al derecho fundamental sea im-

putable de modo inmediato y directo a una acción

u omisión del órgano jurisdiccional, con indepen-

dencia de los hechos que dieron lugar al proceso en

que dicha violación se produjo, los cuales el Tribu-

nal Constitucional no podrá revisar.

El artículo 53 de la Ley 137-11, LOTCP, dispone que cuan-

do se alegue violación de algún derecho fundamental, además se

debe examinar si posee especial trascendencia o relevancia cons-

titucional, de la forma en sigue:

“Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3)

de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitu-

cional cuando este considere que, en razón de su especial trans-

cendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso

de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto

planteado. El Tribunal siempre deberá notificar sus decisiones”.

Revisión constitucional de sentencias de amparo

En la República Dominicana se ha diseñado un mecanismo

de protección de los derechos fundamentales, en el cual la acción

de amparo se convierte en el medio procesal para la tutela de

RAFAEL DÍAZ FILPO

138

todos ellos, quedando los jueces del orden judicial encargados de

conocer y decidir sobre las violaciones a los mismos, sin impor-

tar si proviene de la autoridad pública o de los particulares. La

acción de amparo se encuentra configurada en los artículos 72

de la Constitución, y 65 al 93 de la Ley 137-11, LOTCPC. La

Constitución dominicana la instauró como el proceso judicial

que tiene como finalidad proteger los derechos fundamentales

de la persona, con excepción de los que protegen el habeas cor-

pus y la acción de habeas data, ante violaciones o amenazas de

violación provenientes de una autoridad o de un particular. El

recurso de revisión constitucional de sentencias de amparo se en-

cuentra configurado en los artículos 94 al 11 de la Ley 137-11,

LOTCPC, como el medio a través del cual se pueden impugnar

las sentencias de amparo que hayan violado los derechos funda-

mentales de los accionantes, este es un recurso extraordinario de

impugnación, por medio del cual se somete a la consideración

del Tribunal Constitucional una controversia ya resuelta por

otro tribunal. El procedimiento a seguir en el presente recurso,

se encuentra establecido en los artículos 95 al 103 de la Ley 137-

11, LOTCPC. Dicho recurso se interpondrá mediante escrito

depositado en la Secretaría del juez o del tribunal que dictó la

sentencia recurrida, en el cual se expondrá a los derechos funda-

mentales que han sido alegados por la parte agraviada.

Solicitud de suspensión de ejecución de sentencia

En un principio, la interposición del recurso de revisión

constitucional de sentencias de amparo y el recurso de revisión

constitucional de decisiones jurisdiccionales no suspende la eje-

cución de las sentencias recurridas, de manera excepcional, el

numeral 8) del artículo 54 de la Ley 137-11, LOTCPC dispone

139

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

que: “El recurso no tiene efecto suspensivo, salvo que, a petición,

debidamente motivada, de parte interesada, el Tribunal Constitu-

cional disponga expresamente lo contrario”, por lo que el Tribunal

Constitucional de la República Dominicana en múltiples sen-

tencias, ha establecido en este sentido que, en la especie debe

tener los circunstancias excepcionales que eventualmente pudie-

ran justificar la suspensión solicitada.

En cuanto a la suspensión de ejecutoriedad de las senten-

cias de amparo, este Tribunal Constitucional, aunque el legis-

lador no previó el otorgamiento de dicha suspensión, pero si

lo estableció conforme a lo señalado en el párrafo anterior, en

relación a las sentencias que hayan adquirido la autoridad de

lo irrevocablemente juzgado, ha decido concebir dichos térmi-

nos para estos casos, dictando el precedente en su Sentencia

TC/0013/13 de la forma que sigue: “La inexistencia de un texto

que de manera expresa faculte al Tribunal Constitucional a sus-

pender la ejecución de la sentencia en la materia que nos ocupa;

así como la ejecutoriedad de pleno derecho de la sentencia de la

sentencia que resuelve acciones de amparo e igualmente la posi-

bilidad de que el juez pueda ordenar la ejecución sobre minuta

constituyen elementos que permiten a este Tribunal establecer que

en esta materia, como regla general, dicha demanda es precedente

sólo en casos muy excepcionales”.

La Constitución dominicana del 2010 estableció en su artí-

culo 188 el control difuso, de la forma en que sigue:

Artículo 188.- Control difuso. Los tribunales de la República

conocerán la excepción de constitucionalidad en los asuntos so-

metidos a su conocimiento.

Asimismo, la Ley 137-11, LOTCPC, en su Sección III, ar-

tículo 51, establece el control difuso de la siguiente manera:

RAFAEL DÍAZ FILPO

140

Artículo 51.- Control difuso. Todo juez o tribunal del Poder

Judicial apoderado del fondo de un asunto ante el cual se ale-

gue como medio de defensa la inconstitucionalidad de una ley,

decreto, reglamento o acto, tiene competencia y está en el deber

de examinar, ponderar y decidir la excepción planteada como

cuestión previa al resto del caso.

Párrafo.- La decisión que rechace la excepción de inconstitucio-

nalidad sólo podrá ser recurrida conjuntamente con la sentencia

que recaiga sobre el fondo del asunto.

Artículo 52.- Revisión de ocio. El control difuso de la cons-

titucionalidad debe ejercerse por todo juez o tribunal del Poder

Judicial, aún de oficio, en aquellas causas sometidas a su cono-

cimiento.

Es importante señalar que aunque la Constitución del 2010

estableció un órgano especializado para la justicia constitucio-

nal, y con ello ejercer el control concentrado, no menos cierto es

que mantuvo el modelo del control difuso, toda vez que asignó

competencia a los tribunales ordinarios de la República para co-

nocer de la excepción de la inconstitucionalidad.

b) Organización de los trabajos del Tribunal Constitu-

cional. Aspectos vinculados a su autonomía

Autonomía presupuestaria y administrativa e independen-

cia funcional del Tribunal Constitucional.

El artículo 1 de la ley 137-11, LOTCPC, nos habla sobre la

naturaleza y autonomía:

Artículo 1.- Naturaleza y autonomía. El Tribunal Consti-

tucional es el órgano supremo de interpretación y control de la

141

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

constitucionalidad. Es autónomo de los poderes públicos y de los

demás órganos del Estado.

Es decir que este órgano es el máximo y último intérprete

de la Constitución, a fin de garantizar la supremacía de la Cons-

titución, la defensa del orden constitucional y la protección de

los derechos fundamentales (art. 184 de la Constitución).

Al ser el Tribunal Constitucional el máximo intérprete de la

Constitución, sólo sus decisiones constituyen precedentes vin-

culantes para los poderes públicos y todos los órganos del Esta-

do, no así las decisiones provenientes del Poder Judicial.

A pesar de que el Tribunal Constitucional no es el único

órgano competente para conocer del control de constitucionali-

dad, goza de supremacía interpretativa respecto del Poder Judi-

cial y todos los demás poderes y órganos del Estado.

Uno de los mecanismos para garantizar la independencia de

los órganos de administración de justicia es la autonomía presu-

puestaria y administrativa. Con esto se entiende que las interfe-

rencias de los otros poderes del Estado en el manejo de cuestiones

administrativas tan básicas como la facultad para la designación

del cuerpo de funcionarios y empleados para la conformación

o continuidad de los trabajos de este Tribunal Constitucional, y

también sobre las presiones que normalmente ejercen dichos po-

deres en casos específicos, y así amenazar con la independencia de

los jueces miembros del órgano, ya que de no ser así y de no haber

esta independencia presupuestaria y administrativa, pudiese inci-

dir directamente en todo el aparato jurisdiccional constitucional.

El capítulo III de la Ley 137-11, LOTCPC, establece, sobre

las reuniones, deliberaciones y decisiones del Tribunal, que:

Artículo 26.- Reuniones. Para conocer asuntos de su compe-

tencia, el Tribunal se reunirá a requerimiento de su presidente o

RAFAEL DÍAZ FILPO

142

a solicitud de cuatro o más de sus miembros en cuantas ocasiones

sean necesarias. Si todos los integrantes se encontraren presentes

y todos estuvieren de acuerdo, el Tribunal podrá deliberar váli-

damente sin previa convocatoria.

Párrafo I.- Las reuniones del Tribunal serán dirigidas por su

presidente. En ausencia de este y de sus sustitutos, ocupará la

presidencia el juez de mayor edad.

Párrafo II.- Cuando cuatro o más jueces solicitaren la reunión

del Tribunal y el presidente no la convocare, estos podrán trami-

tar la convocatoria y reunirse válidamente cuando la reunión

contare con la presencia de nueve o más de sus integrantes.

Artículo 27.- Deliberaciones. El Tribunal delibera válida-

mente con la presencia de nueve miembros y decide por mayoría

de nueve, o más votos conformes.

“Artículo 29.- Obligación de asistencia. Los jueces deben

asistir a las convocatorias del Pleno. Las ausencias reiteradas a

las sesiones del Tribunal se consideran faltas graves en el ejercicio

de sus funciones.

Artículo 30.- Obligación de votar. Los jueces no pueden dejar

de votar, debiendo hacerlo a favor o en contra en cada oportuni-

dad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se

consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.

El Tribunal Constitucional dominicano escogió el color

rojo vino, colocado en la toga y en el birrete, porque el mismo

evoca energía, fuerza de voluntad, coraje, dinamismo, lo que

asociado al pacto y compromiso que representa, simboliza el ca-

rácter y fuerza de voluntad de cada uno de los integrantes de la

matrícula de dicho tribunal; y el color negro representa la auto-

ridad proveniente de la Constitución, que ordena y garantiza su

143

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

supremacía, la defensa del orden constitucional y la defensa de

los derechos fundamentales.

Después del exhaustivo estudio a las normas que instituyen

el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hemos

podido puntualizar la conceptualización del por qué la necesi-

dad de crear un organismo como este, conteste a la Constitución

dominicana del 26 de enero de 2010.

Así mismo, en el desarrollo de este tema pudimos dejar

claramente consignado que tanto en la Constitución domi-

nicana del 2010 como en la ley que rige la materia 137-11,

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional y de los

Procedimientos Constitucionales, promulgada el 13 de junio

de 2011, modificada por la Ley 145-11 promulgada el 4 de

julio de 2011, se han configurado las normativas a regir en el

desenvolvimiento del tribunal, situación que coloca al Tribunal

Constitucional dominicano como uno de los mejor configura-

dos, no importando ser el más reciente de los tribunales cons-

titucionales de Latinoamérica.

1. Concepto de interpretación constitucional.

Antes de entrar en el desarrollo de esta investigación es preci-

so destacar qué se entiende por interpretación constitucional. Para

los juristas Franny González y Manuel Ramírez, sostienen que:

“La Interpretación Constitucional es la especialidad de interpre-

tación efectuada a los textos constitucionales y realizada por la

persona u órgano correspondiente, en consonancia con los prin-

cipios que los sustentan, los principios generales del Derecho y

los principios de interpretación constitucional y, en la medida

en que son aplicados o confrontados con normas de menor jerar-

quía, o entre ellos mismos, en caso de incoherencia manifiesta,

a fin de atribuirle sentido y conformidad desde la óptica del

RAFAEL DÍAZ FILPO

144

Derecho. Con esta interpretación el intérprete no descubre la

norma jurídica, sino que atribuye el significado al enunciado

correspondiente y establece su alcance, previamente determi-

nado, de cuál es el material jurídico apreciable, estructura del

análisis lógico de las normas en conflicto, superación de las du-

das, atribución de significados preexistentes de las disposiciones

normativas, de donde se extraen las normas jurídicas; subsume

las reglas y el caso particular y pondera los principios constitucio-

nales y generales del Derecho37”.

De manera escueta, se puede decir que la interpretación

constitucional es la labor realizada por los intérpretes constitu-

cionales, con la finalidad de dotar de contenido real los valores

consignados en la Constitución.

2. Diferencias de la interpretación constitucional y la

interpretación legal

La labor de interpretar la Constitución no es igual a la de

interpretar una norma de carácter legal; para interpretar las

Constitución es necesario verla como una norma que está por

encima de todas las normas, dentro de un ordenamiento jurídico

determinado, en el que se organiza la estructura del Estado, así

como se le atribuye la competencia de los órganos constituidos

y se garantizan los lineamientos de los derechos fundamentales y

sus garantías. El intérprete constitucional debe evaluar la Cons-

titución, los valores constitucionales, así como los principios ge-

nerales del Derecho. La interpretación constitucional requiere

del intérprete la utilización de los principios derivados de la carta

sustantiva a ser interpretada, excluyendo las normas que contra-

digan el contenido del texto constitucional. En la interpretación

37 Taller de interpretación constitucional, Escuela Nacional de la Judicatura.

145

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

legal o de la ley se toman como referencia los principios gene-

rales del Derecho y las disposiciones de las normas envueltas

en conflicto, “independientemente de que se tomen en cuenta los

principios de norma primera y superior, cuando se confronte, por

ejemplo, una ley anterior con una posterior, o cuando se coteje una

ley con un decreto, o con un reglamento, o en último caso, cuando

se plantee la inconstitucionalidad por inaplicación concreta o mal

aplicación de alguna ley; pero, realmente, esto último es asunto de la

Excepción de Ilegalidad, no de la Constitucionalidad38”.

3. Métodos de interpretación

Los métodos de interpretación constitucional son aquellos

utilizados por los intérpretes, cuya finalidad primordial es que:

“(…) toda interpretación implementada conforme a los criterios y

teorías ya desarrollados, se somete a lo establecido en la Constitución,

es decir, deberá siempre preferirse la interpretación que sea conforme

o más conforme a la Constitución, y si por su alcance, su fuente o por

su método, se llega a una interpretación que termine transgrediendo

alguna norma del texto constitucional, se deberá recurrir a la in-

terpretación, que esté acorde con [el] previsto en la Constitución39”.

Antes de la década de 1920 no existía un método especia-

lizado para la interpretación constitucional, y las disposiciones

contenidas en las constituciones debían ser interpretadas como

cualquier otra norma jurídica, por medio de los métodos tradi-

cionales, como lo son el gramatical, sistemático, teleológico y el

histórico. Esto se mantuvo hasta que los alemanes, con Rudolf

Smend a la cabeza, establecieron que los problemas del Derecho

Constitucional son predominantemente político y no jurídico,

38 VV.AA. Taller de interpretación constitucional, Escuela Nacional de la Judicatura”.

39 VV.AA. “Taller de interpretación constitucional. Escuela Nacional de la Judicatura”.

RAFAEL DÍAZ FILPO

146

por lo que la interpretación de la carta sustantiva debía realizarse

de manera flexible. Los métodos tradicionales utilizados ante-

riormente para la interpretación de las diversas normas eran in-

suficientes, por lo que para la interpretación de la Constitución

debían emplearse otros métodos. Los métodos utilizados por la

interpretación constitucional son los siguientes:

A) El método hermenéutico clásico. Este método establece

que la Constitución se interpreta igual que la ley, recu-

rriendo para ello a los cuatro métodos clásicos de inter-

pretación jurídica definidos por Savigny: el gramatical,

el histórico, el lógico y el sistemático. Este método ha

sido rechazado por su impertinencia al momento de in-

terpretar la Constitución, debido principalmente a que

las constituciones tienen fórmulas cuya acepción literal

no daría la respuesta necesaria del momento; porque se

corre el riesgo de que el constituyente originario preva-

lezca petrificando la norma e impidiendo que se adecue

a la realidad cambiante de la sociedad; porque no se

pueden explicar los principios con fórmulas. No obs-

tante, en algunos casos es posible el uso de este método,

siempre que las condiciones de tiempo y del texto lo

permitan.

B) El método tópico. Sobre la base de lugares comunes o

puntos en los que se está de acuerdo es que se inicia la

interpretación constitucional, la cual vendría siendo un

proceso abierto de argumentación entre varios partici-

pantes, a través de la cual se busca adaptar o adecuar la

norma constitucional a la solución del problema concre-

to. Lamentablemente, esto conduce al cuestionamiento

147

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

de la vigencia normativa de las leyes, que son degrada-

das a la condición de puntos de vista relevantes para la

solución de problemas. En consecuencia, este método

presupone un amplio consenso constitucional, lo que

implica que si se llega al estallido de conflictos políti-

cos en sociedad, y, por consiguiente, a una polarización

de las posturas sobre valores, toda interpretación tópica

pende del aire, pues se halla privada de la base presu-

puesta de consenso.

C) El método comparativo. Ha sido llamado por

Häberle, “el quinto método de interpretación”, y

se manifiesta en la apertura de la Constitución a

los derechos fundamentales internacionalmente

reconocidos y garantizados, obligando a acudir

al derecho comparado para verificar cómo han

sido tratados los temas por otras jurisdicciones,

en cuanto los principios generales y valores de las

constituciones de los estados sociales de derecho con

Constitución escrita son, en la mayoría, los mismos,

por lo que las soluciones pueden (y lo hacen) surgir

de textos constitucionales importados y/o hallarse

en las soluciones jurisprudenciales de los tribunales

constitucionales reconocidos mundialmente.

D) El método extensivo. Se trata aquí de extender el alcance

normativo, a los fines de ampliar su rango de aplicación

a través de mecanismos o razonamientos lógicos.

E) El método liberal o gramatical. Este persigue asignar a

los términos utilizados en la Constitución el significado

RAFAEL DÍAZ FILPO

148

exacto que dichas palabras tienen en el lenguaje ordi-

nario, según las definiciones que de estas se den en los

mejores diccionarios o en el lenguaje técnico-jurídico

usado en la respectiva área de conocimiento.

F) El método histórico. Se trata del método utilizado para

investigar los antecedentes de la norma constitucional

para deducir su espíritu, donde se toman en cuenta

las motivaciones y circunstancias que en su momento

llevaron la adopción de la norma constitucional inter-

pretada, así como las circunstancias políticas, económi-

cas, sociales y culturales que rodearon el momento de

la consagración de la norma. Este fue uno de los mé-

todos más utilizados por la Suprema Corte de Justicia

de la República Dominicana, actuando como órgano

de intérprete de la norma suprema, al conocer de la

acción directa de inconstitucionalidad de algunas dis-

posiciones de la Ley General de la Carrera Judicial, en

tanto nuestro supremo tribunal acudió a las actas de la

Asamblea Revisora del año mil novecientos noventa y

cuatro (1994) donde el legislador constituyente plasmó

su intención de consagrar la inamovilidad de los jueces.

El método histórico se confunde con el método teleo-

lógico subjetivo porque ambos buscan la finalidad de la

norma constitucional a través de la determinación de la

voluntad del constituyente.

G) El método lógico. Este utiliza los argumentos de la lógi-

ca formal para extraer el sentido de la norma, que sirve

para demostrar que la interpretación hecha se compa-

dece con la doctrina de los más reputados autores y con

149

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

la jurisprudencia de los tribunales constitucionales más

importantes.

H) El método sistemático. Este parte de la idea de que

la Constitución es un todo coherente, que recoge los

principios esenciales de la sociedad, al cual deben suje-

tarse todas las normas e instituciones del ordenamiento

jurídico y cuyas normas no deben ser interpretadas de

manera aislada.

I) El método teleológico. Este entiende que el fin de la

norma radica no en la intención del constituyente, sino

que está ligada esencialmente a esta.

J) El método de razonabilidad. Este método persigue que

toda actividad, para ser constitucional, debe ser razona-

ble. La ley que cambia el sentido o suprime el Derecho

cuyo ejercicio pretende reglamentar, incurre en irrazo-

nabilidad o arbitrariedad. En este sentido, los princi-

pios, derechos y garantías no podrán ser alterados por

las leyes que reglamenten su ejercicio (o por cualquier

otro acto de los órganos del Estado).

K) El método científico espiritual. Este método fue formu-

lado por Rudolf Smend, el cual sostiene que la Cons-

titución no puede entenderse sólo como un estatuto

de la organización, sino como una forma para los ciu-

dadanos que participan en el Estado. Smend rechaza

el método formalista de interpretación constitucional,

debido a que este método olvida la especificidad de la

Constitución. Para sustentar dicho método, Smend

RAFAEL DÍAZ FILPO

150

emplea las siguientes premisas: i) Deben tenerse en

cuenta las bases de la valoración (sistema de valores)

subyacentes al texto constitucional; ii) El sentido y la

realidad de la Constitución está dado como elemento

del proceso de integración. La interpretación del texto

constitucional está destinada a desentrañar el sentido

y realidad de una norma; articulando la norma a una

integración espiritual real de la comunidad (valores,

realidad, existencias del Estado, etc.); iii) Los hechos

particulares del derecho político no deben considerarse

de forma aislada, sino como “elementos pertenecientes

al todo funcional de la integración”; iv) el distinto valor

y rango de las diversas normas del Derecho político, en

función de la relación en la que se encuentren con el

sistema del contexto integrativo40.

Para Rudolf Smend, el sistema de valores constituye el

sustrato integrador de la comunidad. Señala que el proceso

de creación constitucional y la función que cumple esta en la

realidad social y política son los parámetros para determinar el

contenido de la Constitución. Esta teoría da gran importancia

a los valores como parte del proceso de integración e interpre-

tación de la Constitución. Debe aceptarse la influencia de los

valores y de los factores sociológicos, al momento de inter-

pretar la Constitución, pero sólo para concretar o desarrollar

los valores consagrados en la Carta Fundamental, nunca para

agregar valores ni menos para imponerlos, contraviniendo los

textos constitucionales expresos.

40 SMEND (R.), Constitución y Derecho Constitucional, traducción de J. M. Beneyto

Pérez. Centro de Estudios Cosntitucionales. España 2012

151

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

4. Los principios de interpretación constitucional

Los principios de interpretación constitucional son las lla-

madas guías de la interpretación constitucional, y constituyen

pautas que orientan la labor del intérprete y cuya aplicación de-

pende de si se hace una interpretación desde la Constitución.

Estos principios, usados por el Tribunal Constitucional, co-

múnmente son aceptados como los siguientes:

1- Principio pro homine, implica que la interpretación jurídi-

ca siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser hu-

mano, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia

o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos

protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpreta-

ción más restringida, cuando se trata de establecer límites

a su ejercicio. El principio pro homine tiene varias formas

de aplicación, entre las que se destacan: en primer lugar, en

los casos en los cuales está en juego la aplicación de varias

normas relativas a derechos humanos, debe aplicarse aquella

que contenga protecciones mejores o más favorables para el

individuo. En segundo lugar, en casos en los cuales se está

en presencia de una sucesión de normas, debe entenderse

que la norma posterior no deroga la anterior, si esta consagra

protecciones mejores o mayores que deben conservarse para

las personas. En tercer lugar, cuando se trate de la aplicación

de una norma, debe siempre interpretarse en la forma que

mejor tutele a la persona41. Un ejemplo de este principio en

la doctrina del Tribunal Constitucional, se encuentra en la

Sentencia TC/0013/13, en la que se establece que:

41 CACHÓN BAZÁN (Iván), Aplicación del derecho internacional en la judicialización

de violaciones de derechos humanos, Revista IIDH.

RAFAEL DÍAZ FILPO

152

En la especie, no existen circunstancias excepcionales que justi-

fiquen la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida;

muy por el contrario, lo coherente con los principios pro homine,

pro libertatis y el interés superior de los niños, niñas y adoles-

centes es que se garantice el derecho fundamental a la educación

de la menor C.R.L., mientras se determina si con ocasión de

la sanción que le fue aplicada se respetaron las normativas que

rigen la materia y las garantías del debido proceso.

Este principio ha sido utilizado para reincorporar a los mi-

litares cancelados a los que se les han vulnerado derechos

fundamentales al momento de ser separados de las filas de

las instituciones castrenses a las que pertenecían, en la ex-

pulsión de menores de edad de instituciones educativas por

falta de pago, para proteger a la mujer de la violencia, etc.

2- Principio de unidad de la Constitución. Por este principio se

entiende que la Constitución se interpreta como un todo o

una unidad, sin considerar sus disposiciones como normas

aisladas.

3- Corrección funcional. De acuerdo con este principio, el in-

térprete debe respetar el marco de distribución de las funcio-

nes estatales establecido por la Constitución.

4- Principio de fuerza normativa. Este principio significa que

para la solución de los problemas jurídico-constitucionales

debe darse preeminencia a aquellas soluciones interpretati-

vas que posibilitan una eficacia óptima de la Constitución.

5- Principio de concordancia práctica. Partiendo de la con-

cepción de la Constitución como unidad fundamental, este

153

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

principio se basa en la conexidad entre los bienes constitu-

cionalmente protegidos, lo que conlleva a que los valores

constitucionalmente amparados deban ser armonizados los

unos con los otros, y que se evite que un valor se realice en

base al sacrificio del otro.

6- Principio de la coherencia. Principio este por el cual no

deberían tener cabida las contradicciones entre las normas

constitucionales. Postula la concordancia entre las distintas

normas constitucionales que protejan diferentes bienes jurí-

dicos.

7- Principio de la funcionalidad. Por el que se busca el respeto

a las competencias de los distintos órganos, conforme al di-

seño preestablecido por la Constitución. Así, ningún órgano

estatal invadirá el ámbito competencial de otro, lográndose

de esta manera un trabajo coordinado y en armonía.

8- Principio in dubio pro libertate. Por este principio, en caso

de duda, esta se dilucidará a favor de la libertad del ser hu-

mano, como garantía de la efectiva vigencia de los derechos

(subjetivos) fundamentales.

9- Principio de duración de la Constitución. Esta interpreta-

ción persigue como objetivo esencial una Carta que tenga

duración como texto normativo y como programa político.

10- Principio de respeto al régimen político consagrado en la

Constitución. Implica que cada régimen político significa

una especial concepción de la sociedad y el Estado. La in-

terpretación constitucional tenderá así a afianzar el régimen

RAFAEL DÍAZ FILPO

154

político adoptado por la sociedad a través de la propia Cons-

titución.

11- Principio de autonomía procesal. Es la potestad discrecional

que tienen los Tribunales Constitucionales para crear figuras

procesales y procedimientos distintos a los previstos en la

legislación.

5. Criterios de interpretación constitucional en la

República Dominicana

La Constitución dominicana, en su artículo 74, establece

que la interpretación y reglamentación de los derechos y garan-

tías fundamentales, consagrados en el texto constitucional, se

rigen por los principios siguientes:

1) No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no

excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza;

2) Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitu-

ción, podrá regularse el ejercicio de los derechos y ga-

rantías fundamentales, respetando su contenido esen-

cial y el principio de razonabilidad;

3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos

humanos, suscritos y ratificados por el Estado domi-

nicano, tienen jerarquía constitucional y son de apli-

cación directa e inmediata por los tribunales y demás

órganos del Estado;

4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas

relativas a los derechos fundamentales y sus garan-

tías, en el sentido más favorable a la persona titular

de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos

155

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

fundamentales, procurarán armonizar los bienes e inte-

reses protegidos por esta Constitución.

Este último numeral del referido texto constitucional

encuentra respaldo en el artículo 7, numeral 5 de la Ley No. 137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, el cual establece que: “La Constitución y los

derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo

que se optimice su máxima efectividad para favorecer al titular

del derecho fundamental. Cuando exista conflicto entre normas

integrantes del bloque de constitucionalidad, prevalecerá la que

sea más favorable al titular del derecho vulnerado. Si una norma

infraconstitucional es más favorable para el titular del derecho

fundamental que las normas del bloque de constitucionalidad, la

primera se aplicará de forma complementaria, de manera tal que se

asegure el máximo nivel de protección. Ninguna disposición de la

presente ley puede ser interpretada, en el sentido de limitar o suprimir

el goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales”.

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha

emitido diversas decisiones sobre la interpretación de derechos

fundamentales, en las que sobresalen las siguientes:

a) En la Sentencia TC/200/13, de fecha 7 de noviembre

de 2013, el Tribunal se pronuncia respecto una

acción directa de inconstitucionalidad incoada por

el Dr. Rafael Molina Morillo y compartes contra la

Resolución No. 086-11 de INDOTEL, que aprueba

el “Reglamento para la obtención y preservación de

los datos e informaciones por parte de los proveedores

de servicios de telecomunicaciones”. Entre otras cosas,

el Tribunal consideró que permitir la interceptación

de datos, sin una orden judicial que le ampare,

RAFAEL DÍAZ FILPO

156

violenta el derecho a la intimidad (derecho al secreto

y privacidad de la comunicación). Además, indicó

que con tal Resolución se vio afectado el principio

de reglamentación e interpretación de los derechos

fundamentales, el principio de razonabilidad, el

principio del debido proceso y el principio de legalidad

penal. En consecuencia, el Tribunal procedió a declarar

la nulidad de los artículos contrarios a la Constitución.

b) En la Sentencia TC/0204/13, de fecha 13 de noviem-

bre de 2013, emitida a propósito de un recurso de revi-

sión de habeas data, interpuesto por la Sra. Rosa Elena

Rijo, la recurrente solicitó la nulidad de la sentencia,

alegando falta de base legal y errónea interpretación de

la Constitución y de los procesos constitucionales, esta-

do de indefensión por violación a la carta sustantiva y

desnaturalización de los hechos de la causa. El Tribunal

consideró que los documentos solicitados por la recu-

rrente, como es la constancia del pago de los impuestos

correspondientes al contrato de venta de inmuebles de

su propiedad, le revisten importancia y que por lo tan-

to, la negativa de entrega constituye una vulneración a

su derecho a accionar en habeas data. Así las cosas, el

Tribunal procedió a anular la sentencia y ordenó que

en un plazo de cinco (5) días, la Dirección General de

Impuestos Internos (DGII) procediera a la entrega de

las certificaciones solicitadas por la recurrente.

c) “Cabe señalar, sobre este aspecto, que la Constitución

dominicana, en los artículos 68 y 69, respectivamen-

te, consagra un conjunto de garantías para la aplica-

ción y protección de los derechos fundamentales, como

mecanismo de tutela frente a los sujetos obligados o

157

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

deudores de los mismos, que vinculan a todos los po-

deres públicos con el objetivo de garantizar su efectivi-

dad; así como los principios para la interpretación de

los derechos y garantías fundamentales contenidos en

la misma”. Esto implica que todas las personas físicas y

morales vinculadas por las leyes internas o a través de

las convenciones internacionales suscritas por el Esta-

do, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,

son sujetos de protección de sus derechos y pueden exi-

gir estas garantías establecidas en la Constitución ante

todos los órganos públicos para obtener la tutela judi-

cial efectiva. Sentencia TC/0070/12.

d) “De todo lo antes referido, podemos colegir que al

momento de ocurrir el hecho y de la interposición de

la acción de amparo que nos ocupa, la Constitución

dominicana de dos mil cuatro (2004), no estipulaba

concretamente el derecho a la información sobre datos

personales, tal como lo delimita la carta magna domi-

nicana de dos mil diez (2010); no obstante, sí regía la

Ley núm. 200-04, precedentemente citada. Con el pro-

pósito de garantizar su derecho de acceso a información

personal, realizamos una interpretación de las normas

antes señaladas, acogiéndonos al principio de favorabi-

lidad prescrito en el numeral 5 del artículo 7 de la Ley

núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y

de los Procedimientos Constitucionales, en cuanto a

que impone la exigencia de que todo el ordenamiento

jurídico debe ser interpretado de conformidad y con la

máxima efectividad con los derechos fundamentales”.

e) “De los planteamientos argüidos precedentemente se

analiza de manera razonable que de otorgarse la citada

RAFAEL DÍAZ FILPO

158

obra para la construcción de la referida escuela a un in-

geniero electromecánico, y de ser construida la misma

por este profesional, pondría en peligro la vida de las

personas que a ella asistan, por lo que más allá de pon-

derar si el Ministerio de Educación (MINERD) vul-

neró derechos fundamentales como los invocados por

el recurrido, este tribunal constitucional, como órgano

supremo de interpretación y control de la constitucio-

nalidad, considera que el ingeniero Agustín Cruz no

posee las condiciones y requisitos exigibles para la cons-

trucción de la referida escuela, por no ser la persona

idónea para la ejecución de la citada obra ganada. Este

tribunal considera que el Ministerio de Educación (MI-

NERD) deberá abocarse a convocar un nuevo concurso

público, bajo la modalidad de sorteo, para la construc-

ción de la escuela denominada Caoba Cael, ubicado en

el municipio de Yaguate, provincia San Cristóbal”.

5.4 El Tribunal Constitucional y el control preventivo de

constitucionalidad de los tratados internacionales

La Constitución dominicana del 26 de enero del 2010

creó un Tribunal Constitucional, pero dicho organismo no en-

tró en funciones sino hasta el 28 de diciembre de 2011, fecha

en que fueron juramentados los jueces de dicho órgano. Con

anterioridad a esta fecha, las funciones del Tribunal Consti-

tucional eran ejercidas por la Suprema Corte de Justicia, en

virtud del mandato de la tercera disposición transitoria de la

Constitución, la cual, mediante la Resolución No. 754-2010,

de fecha 15 de abril de 2010, estableció de manera provisional

un procedimiento para el control preventivo de los tratados

internacionales.

159

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

La Suprema Corte de Justicia, dentro de esta atribución,

ejerció el control preventivo de 25 tratados internacionales, de

la forma siguiente42:

42 http://ojd.org.do/index.php/132-resenas-bibliograficas/analisis/388-los-trata-

dos-internacionales-y-su-control-preventivo-en-el-nuevo-orden-constitucional

RAFAEL DÍAZ FILPO

160

Con la entrada en funcionamiento del Constitucional do-

minicano este ha sido apoderado de 91 controles preventivos de

tratados internacionales:

NO. DE

EXPEDIENTE

TRATADO OBJETO DEL

CONTROL PREVENTIVO SENTENCIA

1 TC-02-2012-0001 ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉ-

REO ENTRE EL GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA Y EL GO-

BIERNO DE COLOMBIA

TC/0037/12

2 TC-02-2012-0002 CONVENIO PAR A LA REPRESIÓN DE

ACTOS ILÍCITOS RELACIONADOS

CON LA AVIACIÓN CIVIL INTERNA-

CIONAL Y PROTOCOLO COMPLE-

MENTARIO DEL CONVENIO PARA

LA REPRESIÓN DEL APODERAMIEN-

TO ILÍCITO DE AERONAVES

TC/0009/12

3 TC-02-2012-0003 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y

EL ORGANISMO INTERNACIONAL

REGIONAL DE SANIDAD AGROPE-

CUARIA

TC/0008/12

4 TC-02-2012-0004 PROYECTO DE ACUERDO ENTRE EL

GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNI-

DOS DE AMÉRICA Y EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

CONCERNIENTE A LA COMPARTI-

CIÓN DE ACTIVOS DECOMISADOS

O CONFISCADOS

Sin fallo

5 TC-02-2012-0005 CONVENIO ENTRE REPÚBLICA DO-

MINICANA Y EL REINO DE ESPAÑA

PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSI-

CIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FIS-

CAL EN MATERIA DE IMPUESTOS

SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO,

DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2011

TC/0014/12

6 TC-02-2012-0006 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DE COREA REL ATIVO A LOS PRÉS-

TAMOS DEL FONDO DE COOPERA-

CIÓN PARA EL DESARROLLO ECO-

NÓMICO

TC/0034/12

161

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

7 TC-02-2012-0007 CONVENIO SOBRE LA DISTRIBU-

CIÓN DE SEÑALES PORTADORAS DE

PROGRAMAS TRANSMITIDAS POR

SATÉLITE

TC/0072/12

8 TC-02-2012-0008 CONVENIO No. 156 SOBRE LOS TRA-

BAJADORES CON RESPONSABILIDA-

DES FAMILIARES

Sin fallo

9 TC-02-2012-0009 CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA

DOMINICANA Y EL REINO DE ESPA-

ÑA SOBRE TRANSPORTE AÉREO

Sin fallo

10 TC-02-2012-0010 CONVENIO SOBRE PROTOCOLO

DE NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS

RECURSOS GENÉTICOS Y PARTICI-

PACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN

LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN

DE SU UTILIZACIÓN AL CONVENIO

SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA,

ADOPTADO EN LAS NACIONES UNI-

DAS Y SUSCRITO POR LA REPÚBLICA

DOMINICANA

TC/0070/12

11 TC-02-2012-0011 CONVENIO SOBRE ASISTENCIA

JURÍDICA MUTUA EN MATERIA PE-

NAL ENTRE EL GOBIERNO DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DO-

MINICANA

TC/0030/13

12 TC-02-2012-0012 CONVENIO SOBRE LA ENMIENDA

DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA

PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS MATE-

RIALES NUCLEARES, APROBADA EL

26-10-1979

TC/0099/12

13 TC-02-2012-0013 CONVENIO SOBRE EL ACUERDO

INTERNACIONAL DE CAFÉ 2007, DE

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIO-

NAL DEL CAFÉ

TC/0019/13

14 TC-02-2013-0001 ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA

DOMINICANA Y LA ORGANIZACIÓN

PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS AR-

MAS QUÍMICAS SOBRE LOS PRIVILE-

GIOS E INMUNIDADES DE LA OPAQ

TC/0177/13

RAFAEL DÍAZ FILPO

162

15 TC-02-2013-0002 CONVENCIÓN INTERAMERICANA

PARA LA PROTECCIÓN Y CONSER-

VACIÓN DE LAS TORTUGAS MARI-

NAS

TC/0122/13

16 TC-02-2013-0003 ACUERDO ENTRE LAS NACIONES

UNIDAS Y EL GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA, SOBRE

MEDIDAS PARA ACELERAR LA IM-

PORTACIÓN, LA EXPORTACIÓN Y

EL TRÁNSITO DE LOS ENVÍOS DE

SOCORRO EN CASO DE DESASTRE Y

EMERGENCIA

TC/0139/13

17 TC-02-2013-0004 CONVENIO SOBRE EL TRASLADO

DE PERSONAS CONDENADAS EN-

TRE SUIZA Y LA REPÚBLICA DOMI-

NICANA

TC/0208/13

18 TC-02-2013-0005 PROTOCOLO COMPLEMENTARIO

ANTE EL ACUERDO ENTRE EL GO-

BIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINI-

CANA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚ-

BLICA DE COREA, CONCERNIENTE

A PRÉSTAMOS DEL FONDO COOPE-

RATIVO PARA EL DESARROLLO ECO-

NÓMICO

TC/0077/13

19 TC-02-2013-0006 CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y

EL BANCO EUROPEO DE INVERSIO-

NES RELATIVO AL ESTABLECIMIEN-

TO, PRIVILEGIO E INMUNIDADES

DE LA DELEGACIÓN DEL BANCO.

TC/0179/13

20 TC-02-2013-0007 CONVENIO DE COOPERACIÓN EN-

TRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLI-

CA DOMINICANA Y EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR,

PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVA-

CIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTITU-

CIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO

CULTURAL Y NATURAL, QUE HAYAN

SIDO MATERIA DE ROBO, SAQUEO,

TRANSPORTE, TRÁFICO Y/O CO-

MERCIALIZACIÓN ILÍCITOS

TC/0230/13

21 TC-02-2013-0008 CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚ-

BLICA DOMINICANA Y EL GOBIER-

NO DE ECUADOR

TC/0229/13

163

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

22 TC-02-2013-0009 CONVENIO DE COLABORACIÓN

TURÍSTICA ENTRE LA REPÚBLICA

DOMINICANA Y LA REPÚBLICA DE

COLOMBIA

Sin fallo

23 TC-02-2013-0010 CONVENIO SOBRE TRANSPORTE

AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DE

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DO-

MINICANA

TC/0511/15

24 TC-02-2013-0011 CONVENIO DE “TRATADO DE CO-

MERCIO DE ARMAS” ADOPTADO

POR LAS NACIONES UNIDAS

TC/0289/13

25 TC-02-2013-0012 PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA A

LA CARTA DE LA ORGANIZACIÓN

DE ESTADOS CENTROAMERICANOS

(ODECA)

TC/0136/13

26 TC-02-2013-0013 DECISIÓN No. XXXVIII/D453, ADOP-

TADA POR LA XXXVIII REUNIÓN DE

MINISTROS DE LA ORGANIZACIÓN

LATINOAMERICANA DE ENERGÍA,

MEDIANTE LA CUAL SE DECIDIÓ

REFORMAR EL ART. 1, DEL CONVE-

NIO QUE ESTABLECE LA ORGANI-

ZACIÓN L ATINOAMERICANA DE

ENERGÍA, CAMBIANDO EL NOMBRE

DE LA ORGANIZACIÓN LATINOA-

MERICANA DE ENERGÍA (OLADE),

POR ORGANIZACIÓN L ATINOAME-

RICANA Y CARIBEÑA DE ENERGÍA

(OLACDE)

TC/0059/15

27 TC-02-2013-0014 PROTOCOLO RELATIVO A UNA

ENMIENDA AL CONVENIO SOBRE

AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

QUE INTRODUCE EL ART. 3 BIS

TC/0049/14

28 TC-02-2013-0015 TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DOMINICANA Y EL GOBIERNO DE

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TC/0087/14

29 TC-02-2013-0016 CONVENIO CONSTITUTIVO DEL

CONSEJO DE MINISTRAS DE LA

MUJER DE CENTROAMÉRICA

(COMMCA)

TC/0014/14

RAFAEL DÍAZ FILPO

164

30 TC-02-2013-0017 CONVENIO ENTRE LA ENTIDAD

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA

IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EM-

PODERAMIENTO DE LAS MUJERES

(ONU MUJERES) Y LA REPÚBLICA

DOMINICANA (RELATIVO AL ESTA-

BLECIMIENTO DE LA OFICINA DE

ONU MUJERES)

TC/0266/14

31 TC-02-2014-0001 CONVENIO SOBRE LA INTEGRA-

CIÓN SOCIAL CENTROAMERICANA

TC/0121/14

32 TC-02-2014-0002 CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA

DOMINICANA Y AGRO ACCIÓN ALE-

MANA (WELTHUNGERHIFE)

TC/0213/14

33 TC-02-2014-0003 ACUERDO DE CREACIÓN DE LA

CONFERENCIA DE LAS FUERZAS

ARMADAS CENTROAMERICANAS

(CFAC), ACUERDO DE INCORPORA-

CIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

COMO INTEGRANTES DE LA CON-

FERENCIA DE LAS FUERZAS ARMA-

DAS CENTROAMERICANAS (CFAC)

y ACUERDO QUE REFORMA EL RE-

GLAMENTO DE LA CONFERENCIA

DE LAS FUERZAS ARMADAS CEN-

TROAMERICANAS (CFAC) EN SUS

ARTÍCULOS 3 Y 18

TC/0181/14

34 TC-02-2014-0004 SEGUNDO PROTOCOLO FACULTA-

TIVO DEL PACTO INTERNACIONAL

DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTI-

COS, DESTINO A ABOLIR LA PENA

DE MUERTE

TC/0061/15

35 TC-02-2014-0005 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE

LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE

TURQUÍA SOBRE COOPERACIÓN

ECONÓMICA

TC/0212/14

36 TC-02-2014-0006 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE

LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EL

CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL

DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

(CATIE)

Sin fallo

165

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

37 TC-02-2014-0007 ACUERDO DE COOPERACIÓN FI-

NANCIERA ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE

ALEMANIA

TC/0407/14

38 TC-02-2014-0008 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DE TURQUÍA SOBRE LA SUPRESIÓN

MUTUA DE VISAS PARA POSEEDO-

RES DE PASAPORTES DIPLOMÁTI-

COS Y OFICIALES

TC/0126/15

39 TC-02-2014-0009 ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚ-

BLICA DOMINICANA Y EL GOBIER-

NO DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA

TC/0396/14

40 TC-02-2014-0010 CONVENCIÓN SOBRE LA CONSER-

VACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRA-

TORIAS DE ANIMALES SILVESTRES

TC/0218/15

41 TC-02-2014-0011 ACUERDO BÁSICO DE COOPERA-

CIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS DE

LA REPÚBLICA DOMINICANA Y LA

MANCOMUNIDAD DE LAS BAHA-

MAS 24/07/2014

TC/0295/14

42 TC-02-2014-0012 ENMIENDA DE DOHA AL PROTO-

COLO DE KYOTO DE LA CONVEN-

CIÓN MARCO DE LAS NACIONES

UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁ-

TICO, SUSCRITA EN DOHA 08-12-

2012

TC/0368/14

43 TC-02-2014-0013 ACUERDO DE COOPERACIÓN EN

MATERIA DE PESCA MARÍTIMA Y DE

ACUICULTURA ENTRE EL GOBIER-

NO DE LA REPÚBLICA DOMINICA-

NA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE

MARRUECOS 26-02-2014

TC/0285/15

44 TC-02-2015-0001 PROTOCOLO QUE MODIFICA EL

CONVENIO SOBRE LAS INFRACCIO-

NES Y CIERTOS ACTOS COMETIDOS

A BORDO DE LAS AERONAVES TO-

KIO, 14/09/1963

TC/0219/15

RAFAEL DÍAZ FILPO

166

45 TC-02-2015-0002 CONVENIO CONSTITUTIVO DEL

CENTRO DE COORDINACIÓN

PARA LA PREVENCIÓN DE LOS DE-

SASTRES NATURALES EN AMÉRICA

CENTRAL (CEPREDENAC)

TC/0220/15

46 TC-02-2015-0003 ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA

DOMINICANA Y LOS ESTADOS UNI-

DOS DE AMÉRICA SOBRE ESTATUS

DEL PERSONAL DE LOS ESTADOS

UNIDOS EN LA REPÚBLICA DOMI-

NICANA 20/01/2015

TC/0315/15

47 TC-02-2015-0004 TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DOMINICANA Y EL GOBIERNO DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

12/01/2015

TC/0191/15

48 TC-02-2015-0005 MARCO DE ACCIÓN REGIONAL

PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL

DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN

CENTROAMÉRICA

TC/0301/15

49 TC-02-2015-0006 TRATADO MARCO DE SEGURIDAD

DEMOCRÁTICA EN CENTROAMÉ-

RICA

TC/0293/15

50 TC-02-2015-0007 CONVENIO MARCO DE COOPERA-

CIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DOMI-

NICANA Y LA REPÚBLICA DE COSTA

RICA

TC/0253/15

51 TC-02-2015-0008 PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL

ACUERDO DE MARRAKECH, POR EL

QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZA-

CIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

TC/0537/15

52 TC-02-2015-0009 ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A

LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMI-

NACIONES DE ORIGEN Y SU REGIS-

TRO INTERNACIONAL

TC/0476/15

53 TC-02-2015-0010 CONVENIO DE INTEGRACIÓN CI-

NEMATOGRÁFICA IBEROAMERICA-

NA Y SU PROTOCOLO DE ENMIEN-

DA 11/11/1989

TC/0626/15

54 TC-02-2015-0011 CONVENIO DE MINYAMATA SOBRE

EL MERCURIO

TC/0605/16

167

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

55 TC-02-2015-0012 CONVENIO DE COOPERACIÓN RE-

GIONAL PARA LA CREACIÓN Y FUN-

CIONAMIENTO DEL CENTRO DE

COOPERACIÓN REGIONAL PARA LA

EDUCACIÓN DE ADULTOS EN AMÉ-

RICA LATINA Y EL CARIBE (CREFAL)

Sin fallo

56 TC-02-2015-0013 ACUERDO LATINOAMERICANO DE

COOPERACIÓN CINEMATOGRÁFICA

TC/0100/16

57 TC-02-2016-0001 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE

LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EL

CONSEJO FEDERAL SUIZO SOBRE LA

EXENCIÓN MUTUA DE VISAS PARA

TITULARES DE PASAPORTES DIPLO-

MÁTICOS OFICIALES 14/02/2016

TC/0370/16

58 TC-02-2016-0002 TRATADO DE BEIJING SOBRE IN-

TERPRETACIONES Y EJECUCIONES

AUDIOVISUALES

TC/0302/16

59 TC-02-2016-0003 TRATADO DE MARRAKECH PARA

FACILITAR EL ACCESO A LAS OBRAS

PÚBLICAS A LAS PERSONAS CIEGAS,

CON DIFICULTAD VISUAL O CON

OTRAS DIFICULTADES PARA ACCE-

DER AL TEXTO IMPRESO

TC/0303/16

60 TC-02-2016-0004 CONVENCIÓN INTERAMERICANA

SOBRE RESTITUCIÓN INTERNA-

CIONAL DE MENORES 15/07/1989

TC/0760/17

61 TC-02-2016-0005 CONVENCIÓN INTERAMERICANA

SOBRE OBLIGACIONES ALIMENTA-

RIAS 15/07/1989

Sin fallo

62 TC-02-2016-0006 CONVENIO MULTILATERAL IBE-

ROAMERICANO DE SEGURIDAD SO-

CIAL 10/11/2007

TC/0662/17

63 TC-02-2016-0007 ACUERDO DE PARÍS 12/12/2015 TC/0651/16

64 TC-02-2016-0008 CONVENIO SOBRE EL TRASLADO

DE PERSONAS CONDENADAS EN-

TRE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS

25/07/2016

Sin fallo

RAFAEL DÍAZ FILPO

168

65 TC-02-2016-0009 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉ-

RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚ-

BLICA DOMINICANA EN RELACIÓN

CON LA PRE/AUTORIZACIÓN EN EL

TRANSPORTE AÉREO 01/12/2016

Sin fallo

66 TC-02-2016-0010 ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚ-

BLICA DOMINICANA Y EL GOBIER-

NO DE LA REPÚBLICA DE FINLAN-

DIA 24/10/2016

TC/0420/17

67 TC-02-2017-0001 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE

LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EL

GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNI-

DOS DE AMÉRICA PARA MEJORAR

EL CUMPLIMIENTO FISCAL Y PARA

IMPLEMENTAR EL FATCA 15/09/2016

TC/0404/18

68 TC-02-2017-0002 ACUERDO DE COOPERACIÓN EN-

TRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLI-

CA DOMINICANA Y EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA EN

EL CAMPO DE TURISMO 02/02/2017

TC/0798/17

69 TC-02-2017-0003 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y

EL GOBIERNO DE JAMAICA SOBRE

EXENCIÓN DE VISAS MUTUAS PARA

PORTADORES DE PASAPORTES DI-

PLOMÁTICOS 16/05/2017

TC/0691/17

70 TC-02-2017-0004 CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA

ADMINISTRATIVA MUTUA EN MA-

TERIA FISCAL 28/06/2016

TC/0819/17

71 TC-02-2017-0005 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE

LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL GO-

BIERNO DE LA REPÚBLICA DOMI-

NICANA, SOBRE EL EMPLEO DE LOS

CÓNYUGES DE AGENTES DE MISIO-

NES OFICIALES DE CADA ESTADO

EN EL OTRO ESTADO 18/04/2017

TC/0067/18

169

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

72 TC-02-2017-0006 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE

LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL

SALVADOR SOBRE SUSPENSIÓN DE

VISAS EN PASAPORTES ORDINARIOS

23/02/2017

TC0012/18

73 TC-02-2017-0007 ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS

ENTRE EL GOBIERNO DE LA RE-

PÚBLICA DOMINICANA Y EL GO-

BIERNO DEL ESTADO DE KUWAIT

07/12/2016

TC/0045/18

74 TC-02-2017-0008 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DE PARAGUAY SOBRE EXENCIÓN

DE VISAS PARA TITULARES DE PASA-

PORTES ORDINARIOS 06/03/2017

TC/0789/17

75 TC-02-2017-0009 ESTATUTO DE LA CONFERENCIA

DE LA HAYA DE DERECHO INTER-

NACIONAL PRIVADO 30/06/2005

TC/0783/17

76 TC-02-2017-0010 ACUERDO CONSTITUTIVO POR EL

CUAL SE CREA LA FUNDACIÓN IN-

TERNACIONAL UE-ALC 25/10/2016

TC/0746/17

77 TC-02-2017-0011 CONVENIO ENTRE LA REPÚBLI-

CA DOMINICANA Y LA REPÚBLICA

DE PANAMÁ SOBRE EL TRASLA-

DO DE PERSONAS CONDENADAS

29/06/2017

TC/0074/18

78 TC-02-2017-0012 CONVENIO MARCO DE COOPERA-

CIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DOMI-

NICANA Y LA REPÚBLICA DE HON-

DURAS 17/05/2016

TC/0751/17

79 TC-02-2017-0013 ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA

DOMINICANA Y EL REINO DE ESPA-

ÑA SOBRE EXENCIÓN DE VISADOS

PARA ESTANCIAS DE CORTA DURA-

CIÓN PARA TITULARES DE PASA-

PORTES DIPLOMÁTICOS 18/10/2017

TC/0277/18

RAFAEL DÍAZ FILPO

170

80 TC-02-2018-0001 CONVENIO INTERNACIONAL

PARA EL CONTROL Y LA GESTIÓN

DEL AGUA DE L ASTRE Y LOS SEDI-

MENTOS DE LOS BUQUES (BWM)

13/02/2004

TC/0412/18

81 TC-02-2018-0002 PROTOCOLO DE 1988 RELATIVO AL

CONVENIO INTERNACIONAL SO-

BRE LÍNEAS DE CARGA, 1966, Y SUS

ENMIENDAS 11/11/1988

Sin fallo

82 TC-02-2018-0003 ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLI-

CA DOMINICANA SOBRE COOPERA-

CIÓN Y ASISTENCIA ADMINISTRA-

TIVA MUTUA EN ASUNTOS ADUA-

NEROS 15/05/2017

TC/0620/18

83 TC-02-2018-0004 ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS

ENTRE EL GOBIERNO DE LA RE-

PÚBLICA DOMINICANA Y EL GO-

BIERNO DEL ESTADO DE QATAR

06/12/2017

Sin fallo

84 TC-02-2018-0005 CONVENIO SOBRE COBRO INTER-

NACIONAL DE ALIMENTOS PARA

LOS NIÑOS Y OTROS MIEMBROS DE

LA FAMILIA 23 DE NOVIEMBRE DE

2007

TC/0310/18

85 TC-02-2018-0006 ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA

DOMINICANA Y LA REPÚBLICA DE

HONDURAS SOBRE LA SUPRESIÓN

DE LOS REQUISITOS DE VISAS PARA

SUS NACIONALES EN PASAPOR-

TES ORDINARIOS O CORRIENTES

25/07/2017

TC/0350/18

86 TC-02-2018-0007 ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA

DOMINICANA Y LA REPÚBLICA FE-

DERATIVA DE BRASIL SOBRE COO-

PERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA

DEFENSA 14/05/2018

Sin fallo

87 TC-02-2018-0008 ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA

DOMINICANA Y LA REPÚBLICA

FEDERATIVA DE BRASIL SOBRE LA

EXONERACIÓN DE VISADOS DE TU-

RISMO Y NEGOCIOS 14/05/2018

TC/0614/18

171

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

88 TC-02-2018-0009 ACUERDO DE COOPERACIÓN EN-

TRE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA

EL CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO

DE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS

PSICOTRÓPICAS Y DELITOS CONE-

XOS 05/06/2018

Sin fallo

89 TC-02-2018-0010 ENMIENDA AL PROTOCOLO DE

MONTREAL RELATIVO A LAS SUS-

TANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE

OZONO 15/10/2016

Sin fallo

90 TC-02-2019-0001 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE

REPÚBLICA DOMINICANA Y EL GO-

BIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR

CHINA SOBRE EXONERACIÓN MU-

TUA DE VISAS PARA PORTADORES

DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS,

PASAPORTES OFICIALES, PASAPOR-

TES DE SERVICIOS Y PASAPORTES

DE ASUNTOS PÚBLICOS 2/11/2018

Sin fallo

91 TC-02-2019-0002 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y

EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN

DE RUSIA SOBRE LAS CONDICIO-

NES DE SUPRESIÓN DE LAS FOR-

MALIDADES DE VISADO EN VIAJES

MUTUOS DE LOS NACIONALES DE

LA REPÚBLICA DOMINICANA Y LOS

NACIONALES DE LA FEDERACIÓN

DE RUSIA 27/11/2018

Sin fallo

92 TC-02-2019-0003 ENTRE REPÚBLICA DOMINICANA Y

LA REPÚBLICA ITALIANA 13/2/2019

TC/0480/19

93 TC-02-2019-0004 ACUERDO EN MATERIA DE COPRO-

DUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN-

TRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLI-

CA ITALIANA Y EL GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA 14/2/2019

TC/0408/19

94 TC-02-2019-0005 CONVENIO SOBRE LA PROTEC-

CIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

SUBACUÁTICO 2/11/2011

TC/0612/19

RAFAEL DÍAZ FILPO

172

95 TC-02-2019-0006 TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN

DE LAS ARMAS NUCLEARES 7/6/2018

TC/0444/20

96 TC-02-2019-0007 TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA

DOMINICANA Y LA REPÚBLICA ITA-

LIANA SOBRE ASISTENCIA LEGAL

RECÍPROCA EN MATERIA PENAL

13/2/2019

TC/0477/19

97 TC-02-2019-0008 ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECO-

NÓMICA ENTRE LOS ESTADOS DEL

CARIFORO Y EL REINO UNIDO DE

GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL

NORTE 4/4/2019

TC/0490/19

98 TC-02-2019-0009 ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA

DOMINICANA Y EL REINO DE MA-

RRUECOS SOBRE LA EXONERACIÓN

DE VISADOS DE TURISMO Y NEGO-

CIO 11/6/2019

TC/0040/20

99 TC-02-2019-0010 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DE SERBIA SOBRE LA EXENCIÓN DE

VISAS PARA PORTADORES DE PASA-

PORTES DIPLOMÁTICOS Y OFICIA-

LES 10/12/2018

TC/0066/20

100 TC-02-2019-0011 ACUERDO DE SERVICIOS DE TRANS-

PORTE AÉREO ENTRE L A REPÚBLI-

CA DOMINICANA Y LA REPÚBLICA

DEL PERÚ 18/3/2019

TC/0150/20

101 TC-02-2019-0012 ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚ-

BLICA DOMINICANA Y EL GOBIER-

NO DEL REINO DE MARRUECOS

20/7/2018

TC/0326/20

102 TC-02-2019-0013 TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE

LA REPÚBLICA DOMINICANA Y LA

REPÚBLICA DEL PERÚ 18/3/2019

TC/0056/20

173

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

103 TC-02-2019-0014 PROTOCOLO RELATIVO A UNA

ENMIENDA AL CONVENIO DE

AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

FIRMADO EN NEW YORK 12/3/1971

ACUERDO O TRATADO:

PROTOCOLO RELATIVO A UNA EN-

MIENDA AL CONVENIO DE AVIA-

CIÓN CIVIL INTERNACIONAL FIR-

MADO EN ROMA 15/9/1962

ACUERDO O TRATADO:

PROTOCOLO RELATIVO A UNA EN-

MIENDA AL CONVENIO DE AVIA-

CIÓN CIVIL INTERNACIONAL FIR-

MADO EN MONTREAL 26/10/1990

ACUERDO O TRATADO:

PROTOCOLO RELATIVO A UNA EN-

MIENDA AL CONVENIO DE AVIA-

CIÓN CIVIL INTERNACIONAL EN

SU ART. 56 FIRMADO EN MONTREAL

6/10/2016

ACUERDO O TRATADO:

PROTOCOLO RELATIVO A UNA EN-

MIENDA AL CONVENIO DE AVIA-

CIÓN CIVIL FIRMADO EN MON-

TREAL 6/10/1989

ACUERDO O TRATADO:

PROTOCOLO RELATIVO A UNA

ENMIENDA AL CONVENIO DE

AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

ART. 50 FIRMADO EN MONTREAL

6/10/2016

TC/0083/20

104 TC-02-2019-0015 CONVENIO CONSTITUTIVO DEL

FONDO MULTILATERAL DE INVER-

SIONES III 24/5/2019

ACUERDO O TRATADO:

CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN

DEL FONDO MULTILATERAL DE IN-

VERSIONES III 24/5/2019

TC/0194/20

105 TC-02-2019-0016 ACUERDO ENTRE EL REINO DE LOS

PAÍSES BAJOS Y LA REPÚBLICA DO-

MINICANA PARA LOS SERVICIOS

AÉREOS ENTRE Y MÁS ALLÁ DE

SUS RESPECTIVOS TERRITORIOS

13/5/2019

TC/0195/20

RAFAEL DÍAZ FILPO

174

106 TC-02-2019-0017 ACUERDO DE TRASPORTE AÉREO

ENTRE LA REPÚBLICA DOMINICA-

NA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA

20/5/2019

TC/0061/20

107 TC-02-2019-0018 ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO

ENTRE EL REINO DE LOS PAÍSES BA-

JOS RESPECTO A SAN MARTIN Y LA

REPÚBLICA DOMINICANA RESPEC-

TO AL TRANSPORTE AÉREO ENTRE

Y MÁS ALLÁ DE SUS RESPECTIVOS

TERRITORIOS 13/5/2019

TC/0237/21

108 TC-02-2019-0019 ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS

ENTRE EL REINO DE LOS PAÍSES

BAJOS CON RESPECTO A CURAZAO

Y LA REPÚBLICA DOMINICANA

13/5/2019

TC/0212/20

109 TC-02-2019-0020 ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS

ENTRE EL GOBIERNO DE LA RE-

PÚBLICA DOMINICANA Y EL GO-

BIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL

21/2/2019

Sin fallo

110 TC-02-2019-0021 ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS

ENTRE EL GOBIERNO DE REPÚBLI-

CA DOMINICANA Y EL GOBIERNO

DE ANTIGUA Y BARBUDA 7/7/2019

TC/0316/22

111 TC-02-2019-0022 CONVENCIÓN INTERAMERICANA

SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DE-

RECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-

NAS MAYORES 15/6/2015

Sin fallo

112 TC-02-2019-0023 CONVENIO CONSTITUTIVO DEL

CENTRO PARA L A PROMOCIÓN DE

LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN

CENTROAMÉRICA (CENPROMYPE)

15/6/2001

TC/0122/20

113 TC-02-2019-0024 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE

LA MANCOMUNIDAD DE LAS BA-

HAMAS Y EL GOBIERNO DE LA RE-

PÚBLICA DOMINICANA PARA SER-

VICIOS AÉREOS ENTRE Y MÁS ALLÁ

DE SUS RESPECTIVOS TERRITORIOS

12/12/2018

TC/0295/21

175

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

114 TC-02-2019-0025 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DE LA INDIA PARA LA EXENCIÓN

DE REQUISITOS DE VISA PARA LOS

PORTADORES DE PASAPORTES DI-

PLOMÁTICOS Y OFICIALES 26/8/2019

TC/0223/20

115 TC-02-2020-0001 ACUERDO DE COOPERACIÓN EN

LOS CAMPOS DE LA JUVENTUD Y

EL DEPORTE ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE

TURQUÍA 26/9/2019

TC/0231/20

116 TC-02-2020-0002 CONVENIO MARCO DE COOPERA-

CIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA Y EL GO-

BIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA

6/5/2019

TC/0330/20

117 TC-02-2020-0003 ESTATUTO DEL CENTRO INTERNA-

CIONAL DE INGENIERÍA GENÉTICA

Y BIOTECNOLOGÍA 13/09/1983

TC/0332/20

118 TC-02-2020-0004 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y

EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS

ÁRABES UNIDOS PARA SERVICIOS

AÉREOS ENTRE Y MÁS ALLÁ DE

SUS RESPECTIVOS TERRITORIOS

03/11/2014

TC/0114/21

119 TC-02-2020-0005 ACUERDO REGIONAL SOBRE EL AC-

CESO A LA INFORMACIÓN LA PAR-

TICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO

A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AM-

BIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y

EL CARIBE (ACUERDO DE ESCAZÚ)

27/8/2018

TC/0076/23

120 TC-02-2021-0001 CONVENIO SOBRE LA NOTIFICA-

CIÓN O TRASLADO EN EL EXTRAN-

JERO DE DOCUMENTOS JUDICIA-

LES Y EXTRAJUDICIALES EN MATE-

RIA CIVIL O COMERCIAL 15/11/1965

TC/0450/22

RAFAEL DÍAZ FILPO

176

121 TC-02-2021-0002 ACUERDO PARA EL ESTABLECI-

MIENTO DE UNA OFICINA DE PAIS

DEL BANCO CENTROAMÉRICANO

DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

16/12/2020

TC/0448/21

122 TC-02-2021-0003 ENMIENDA AL CONVENIO DE BA-

SILEA SOBRE EL CONTROL DE LOS

MOVIMIENTOS TRANSFRONTERI-

ZOS DE LOS DESECHOS PELIGRO-

SOS Y SU ELIMINACIÓN 22/9/1995

TC/0455/22

123 TC-02-2021-0004 ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚ-

BLICA DOMINICANA Y EL GOBIER-

NO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL

DEL URUGUAY 12/11/2018

TC/0148/22

124 TC-02-2021-0005 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

POPULAR CHINA RELATIVO A LOS

SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO

CIVIL 2/11/2018

TC/0353/21

125 TC-02-2021-0006 COMVENIO MARCO PARA EL IM-

PULSO DE LA CIRCULACIÓN DEL

TALENTO EN EL ESPACIO IBE-

ROAMERICANO 21/4/2021

Sin fallo

126 TC-02-2021-0007 ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA

DOMINICANA Y EL REINO DE LOS

PAÍSES BAJOS SOBRE DELIMITA-

CIÓN MARÍTIMA 5/7/2021

Sin fallo

127 TC-02-2021-0008 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE

LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE

COLOMBIA SOBRE EL LIBRE EJER-

CICIO DE ACTIVIDADES REMUNE-

RADAS POR PARTE DE DEPENDIEN-

TES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO

CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y

TÉCNICO 30/8/1999

TC/0040/22

177

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

128 TC-02-2021-0009 ACUERDO SOBRE MEDIDAS DEL ES-

TADO RECTOR DEL PUERTO DESTI-

NADAS A PREVENIR, DESALENTAR

Y ELIMINAR LA PESCA ILEGAL, NO

DECLARADA Y NO REGLAMENTADA

22/11/2009

Sin fallo

129 TC-02-2022-0001 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE

LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE

GUATEMALA SOBRE EL LIBRE EJER-

CICIO DE ACTIVIDADES REMUNE-

RADAS PARA DEPENDIENTES DEL

PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSU-

LAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO

26/11/2021

TC/0460/22

130 TC-02-2022-0002 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE

LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE

COSTA RICA SOBRE EL LIBRE EJER-

CICIO DE ACTIVIDADES REMUNE-

RADAS PARA DEPENDIENTES DEL

PERSONAL DIPLOMÁTICO CONSU-

LAR ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO

10/12/2021

TC/0158/22

131 TC-02-2022-0003 ACUERDO SOBRE EXENCIÓN DE

VISADO PARA LOS TITULARES DE

PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, OFI-

CIALES Y ESPECIALES ENTRE EL GO-

BIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINI-

CANA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO

DE QATAR 26/1/2022

TC/0239/22

132 TC-02-2022-0004 ACUERDO SOBRE TRANSPORTE

AÉREO ENTRE LA REPÚBLICA DO-

MINICANA Y EL REINO DE ESPAÑA

21/2/2022

Sin fallo

133 TC-02-2022-0005 CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA

AGENCIA LATINOAMERICANA Y CA-

RIBEÑA DEL ESPACIO ALCE 8/2/2022

TC/0389/22

134 TC-02-2022-0006 CONVENIO DE COOPERACIÓN

POLICIAL REFORZADA CONTRA

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

1/8/2018

Sin fallo

RAFAEL DÍAZ FILPO

178

135 TC-02-2022-0007 ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS

ENTRE EL GOBIERNO DE REPÚBLI-

CA DOMINICANA Y EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

25/2/2022

TC/0494/22

136 TC-02-2022-0008 ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y

PROTECCIÓN DE INVERSIONES EN-

TRE EL FDI Y LA REPÚBLICA DOMI-

NICANA 27/5/2022

TC/0492/22

137 TC-02-2022-0009 ACUERDO SOBRE SERVICIOS AÉ-

REOS ENTRE EL GOBIERNO DE

LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE

ECUADOR 10/3/2022

TC/0493/22

138 TC-02-2022-0010 ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚ-

BLICA DOMINICANA Y EL GOBIER-

NO DE LA REPÚBLICA DE GUATE-

MALA 1/6/2022

TC/0525/22

139 TC-02-2022-0011 ACUERDO SOBRE EL ESTABLECI-

MIENTO DE LA RED INTERNA-

CIONAL DEL BAMBÚ Y EL RATÁN

6/11/1997

Sin fallo

140 TC-02-2022-0012 ADENDA AL PROTOCOLO QUE FIJA

EL ESTATUTO PARTICULAR DEL

GRUPO CAJA FRANCESA DE DESA-

RROLLO DEL 23 DE JUNIO DE 1997

ENTRE LA REPÚBLICA DOMINI-

CANA POR UN LADO Y EL GRUPO

AGENCIA FRANCESA DE DESARRO-

LLO 26/4/2022

Sin fallo

141 TC-02-2022-0013 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y

EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS

ÁRABES UNIDOS PARA SERVICIOS

AÉREOS ENTRE Y MÁS ALLÁ DE

SUS RESPECTIVOS TERRITORIOS

3/11/2014

Sin fallo

142 TC-02-2022-0014 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE

LA REPÚBLICA DE KAZAJSTAN Y EL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DO-

MINICANA SOBRE LA EXENCIÓN DE

LOS REQUISITOS DE VISA PARA LOS

TITULARES DE PASAPORTES DIPLO-

MÁTICOS OFICIALES Y DE SERVICIO

22/9/2022

TC/0107/23

179

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

143 TC-02-2022-0015 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DE KAZAJSTAN SOBRE LA EXEN-

CIÓN DE LOS REQUISITOS DE VISA

PARA LOS TITULARES DE PASAPOR-

TES NACIONALES Y ORDINARIOS

22/9/2022

Sin fallo

144 TC-02-2022-0016 TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA

DOMINICANA Y LA REPÚBLICA DEL

PARAGUAY SOBRE TRASLADO DE

PERSONAS CONDENADAS 19/9/2022

TC/0163/23

145 TC-02-2022-0017 ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA

DOMINICANA Y LA REPÚBLICA DEL

PARAGUAY SOBRE EL EJERCICIO DE

ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA

FAMILIARES DEPENDIENTES DEL

PERSONAL DIPLOMÁTICO CONSU-

LAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Y DE ORGANISMOS INTERNACIO-

NALES 19/9/2022

TC/0164/23

146 TC-02-2022-0018 ADHESIÓN AL CONVENIO CONSTI-

TUTIVO DE LA CORPORACIÓN AN-

DINA DE FOMENTO (CAF) 7/2/1968

Sin fallo

147 TC-02-2022-0019 CONVENIO SOBRE LA PROTEC-

CIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS CUR-

SOS DE AGUA TRANSFRONTERIZOS

Y DE LOS LAGOS INTERNACIONA-

LES 17/3/1992

Sin fallo

148 TC-02-2022-0020 ACUERDO DE EXENCIÓN DEL RE-

QUISITO DE VISADO PARA PORTA-

DORES DE PASAPORTES DIPLOMÁ-

TICOS Y OFICIALES ENTRE EL GO-

BIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINI-

CANA Y EL GOBIERNO DE ANTIGUA

Y BARBUDA 20/7/2022

Sin fallo

149 TC-02-2022-0021 ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA

DOMINICANA Y EL REINO DE BÉL-

GICA SOBRE EL DESEMPEÑO DE

ACTIVIDADES DE CARÁCTER LU-

CRATIVO POR CIERTOS MIEMBROS

DE LA FAMILIA DEL PERSONAL DE

MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICI-

NAS CONSULARES 17/6/2022

Sin fallo

RAFAEL DÍAZ FILPO

180

150 TC-02-2023-0001 ACUERDO MARCO DE COOPERA-

CIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA Y EL GO-

BIERNO DE EL SALVADOR 8/12/2022

Sin fallo

151 TC-02-2023-0002 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DEL SALVADOR SOBRE EL LIBRE

EJERCICIO DE ACTIVIDADES RE-

MUNERADAS PARA FAMILIARES

DEPENDIENTES DEL PERSONAL DI-

PLOMÁTICO CONSULAR ADMINIS-

TRATIVO TÉCNICO Y DE SERVICIO

DE LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS

Y OFICINAS CONSULARES 8/12/2022

Sin fallo

152 TC-02-2023-0003 ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉ-

REO ENTRE EL GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA Y EL GO-

BIERNO DE CANADÁ 2/2/2023

Sin fallo

153 TC-02-2023-0004 CONVENIO DEL METRO 20/5/1875 Sin fallo

154 TC-02-2023-0005 ACUERDO MARCO SOBRE EL ES-

TABLECIMIENTO DE LA ALIAN-

ZA SOLAR INTERNACIONAL (ISA)

13/9/2022

Sin fallo

155 TC-02-2023-0006 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO

DEL ESTADO PLURINACIONAL DE

BOLIVIA Y EL GOBIERNO DE L A

REPÚBLICA DOMINICANA SOBRE

LA EXENCIÓN DEL REQUISITO DE

VISADO PARA NACIONALES PORTA-

DORES DE PASAPORTES DIPLOMÁ-

TICOS Y OFICIALES 24/3/2023

Sin fallo

156 TC-02-2023-0007 ACUERDO MARCO DE COOPERA-

CIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DOMI-

NICANA Y LA REPÚBLICA PORTU-

GUESA 23/3/2023

Sin fallo

Respecto al control preventivo del expediente TC-02-

2012-0001, relativo al “Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre

el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la

181

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

República Dominicana”, decidió declararlo conforme con la

Constitución. El objetivo del acuerdo procura favorecer el de-

sarrollo del transporte aéreo entre los territorios de ambas na-

ciones, de tal manera que se propicie su expansión económica y

comercial, estableciendo, de conformidad con el Artículo 44 del

Convenio sobre Aviación Civil Internacional, del 7 de diciembre

de 1944, oportunidades justas y equitativas para la explotación

de empresas de transporte aéreo internacional. Esto fue decidido

en la Sentencia TC/0037/12, del siete (7) de septiembre de dos

mil doce (2012).

Del Expediente TC-02-2012-0002, el Tribunal Consti-

tucional dictó la sentencia TC/0009/12, del diecisiete (17) de

abril de dos mil doce (2012), relativo al control preventivo del

“Convenio para la Represión de Actos Ilícitos relacionados con

la Aviación Civil Internacional” y “Protocolo Complementario

del Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de

Aeronaves”, ambos de fecha diez (10) de septiembre del año dos

mil diez (2010). Dicho objetivo es “dar mejor respuesta a las

amenazas y a los actos ilícitos contra la aviación civil, los cuales

ponen en peligro la seguridad y la protección de las personas y

bienes; afectan gravemente la explotación de los servicios aéreos,

los aeropuertos y la navegación aérea y socavan la confianza de

los pueblos del mundo en el desenvolvimiento seguro y ordena-

do de la aviación civil para todos los Estados”.

Del expediente TC-02-2012-0003, relativo al control pre-

ventivo sobre el “Acuerdo entre el Gobierno de la República

Dominicana y el Organismo Internacional Regional de Sanidad

Agropecuaria (OIRSA)”, suscrito en fecha doce (12) de diciem-

bre del año dos mil once (2011) y cuyo objetivo es “(…) consiste

en establecer las reglas básicas sobre las relaciones instituciona-

les, privilegios e inmunidades entre el Gobierno de la República

RAFAEL DÍAZ FILPO

182

Dominicana y el Organismo Internacional Regional de Sanidad

Agropecuaria (OIRSA), sus miembros y personal, en su calidad

de entidad internacional, conforme las reglas de la Convención

de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, ratificada por Repú-

blica Dominicana el dieciocho (18) de mayo del año mil no-

vecientos noventa y tres (1993)”, el Tribunal Constitucional,

emitió la Sentencia No. TC/0008/12, de fecha diecisiete (17) de

diciembre de dos mil doce (2012), en la que declaró conforme

con la Constitución el indicado tratado, esencialmente bajo los

siguientes argumentos:

El Tribunal Constitucional verifica que el acuerdo de referencia

cumple con los requerimientos sustanciales de naturaleza consti-

tucional, entre otros, los previstos en:

El artículo 3, que consagra la inviolabilidad de la soberanía de

la nación dominicana y el principio de no intervención como

normas invariables de su política internacional; y

El artículo 6 que establece: “Todas las personas y los órganos

que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución,

norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del

Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución,

reglamento o acto contrarios a esta Constitución”.

El artículo 26, en su parte capital y en sus numerales 1, 2 y 5,

que disponen:

“La República Dominicana es un Estado miembro de la comu-

nidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las

normas del derecho internacional, en consecuencia:

1) Reconoce y aplica las normas del derecho internacional, ge-

neral y americano, en la medida en que sus poderes públicos las

hayan adoptado;

183

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

2) Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados

regirán en el ámbito interno, una vez publicados de manera

oficial”;

5) “La República Dominicana promoverá y favorecerá la in-

tegración con las naciones de América, a fin de fortalecer una

comunidad de naciones que defienda los intereses de la región. El

Estado podrá suscribir tratados internacionales para promover

el desarrollo común de las naciones, que aseguren el bienestar

de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes, y para

atribuir a organizaciones supranacionales las competencias re-

queridas para participar en procesos de integración.”

El acuerdo de referencia es cónsono con las disposiciones de la

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que reco-

gen los principios sobre privilegios e inmunidades aceptados por

la comunidad internacional.

En consecuencia, el presente acuerdo sometido a control preven-

tivo es compatible con el régimen de privilegios e inmunidades

vigente y se enmarca dentro de los principios que integran dicho

régimen.

Hasta la fecha, el Constitucional dominicano no ha emi-

tido sentencia del expediente TC-02-2012-0004, relativo a un

control preventivo ejercido sobre un acuerdo suscrito entre el

gobierno de los Estados Unidos y el de la República Dominicana

respecto a la compartición de activos decomisados o confiscados.

Mediante la Sentencia TC/0014/12, del veintitrés (23) de

mayo de dos mil doce (2012), correspondiente al expediente

TC-02-2012-0005, el Tribunal Constitucional dominicano de-

terminó la constitucionalidad del “Convenio entre la República

Dominicana y el Reino de España para evitar la doble imposición

y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Ren-

ta” y su protocolo, ambos de fecha dieciséis (16) de noviembre

RAFAEL DÍAZ FILPO

184

del año dos mil once (2011), “el objetivo general del convenio

de referencia es evitar la doble imposición y prevenir la evasión

fiscal en materia de impuestos sobre la renta, exigibles por cada

uno de los Estados contratantes, sus divisiones políticas o sus

entidades locales, cualquiera que sea el sistema de su exacción”.

El Tribunal Constitucional tomó su decisión, bajo el argu-

mento de que:

En consecuencia, el Tribunal Constitucional verifica que el

Convenio y su Protocolo no vulneran el principio de legalidad

en materia impositiva. También constata el Tribunal que su

contenido no hace más gravosa la situación del contribuyente,

que aquella prevista en la legislación nacional, salvaguardando

así el principio de no agravación. El Convenio y su Protocolo de

referencia son coherentes con el principio de reciprocidad, que se

concretiza en el hecho de que ambos Estados velarán para impe-

dir que sus nacionales evadan el pago de impuestos.

Por todo lo anterior, este Tribunal considera que el “Convenio

entre la República Dominicana y el Reino de España para evitar

la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de

impuestos sobre la renta” y su Protocolo, ambos de fecha dieciséis

(16) de noviembre del año dos mil once (2011), son conformes

con la Constitución.

En la Sentencia TC/0034/12, del quince (15) de agosto

de dos mil doce (2012), el Constitucional dominicano

declaró conforme con la Constitución el control preventivo

correspondiente al expediente TC-02-2012-0006, relativo al

Acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el

Gobierno de la República de Corea, sobre los Préstamos del Fondo

de Cooperación para el Desarrollo Económico, cuyo objetivo:

“(…) consiste en que el Gobierno de la República de Corea

extenderá préstamos al Gobierno de la República Dominicana

185

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico, para

la ejecución de los proyectos a ser convenidos entre ambas partes.

Para fines de ejecución de este Acuerdo, las Partes Contratantes

concertarán disposiciones separadas que especificarán el monto,

los términos y condiciones de los préstamos del Fondo de

Cooperación para el Desarrollo Económico”

En dicha decisión el Tribunal Constitucional argumentó

que:

Esta previsión constitucional sobre las rentas nacionales queda

también expresada en la formulación del Presupuesto General

de la Nación, cuya elaboración corresponde al Poder Ejecutivo,

“el cual contempla los ingresos probables, los gastos propuestos

y el financiamiento requerido, realizado en un marco de

sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento público

sea compatible con la capacidad de pago del Estado (…)”.4

El endeudamiento interno y externo está estrechamente

relacionado con las Finanzas Públicas del Estado, y a su

vez, con la estructuración del Presupuesto General, pues las

decisiones adoptadas en esta materia por el Congreso Nacional,

inciden en el uso de los recursos asignados para cumplir los

compromisos asumidos por la Nación; de manera que cuando el

endeudamiento afecte las rentas nacionales su aprobación debe

garantizar la sostenibilidad de las Finanzas Públicas.

Para este órgano, en su labor de control de constitucionalidad

de las actuaciones de los poderes públicos, este aspecto del

acuerdo analizado, si bien contiene disposiciones que implican

obligaciones del Estado que afectan las rentas nacionales, se ajusta

a las previsiones de la Constitución en cuanto al mecanismo de

suscribir convenios internacionales.

El segundo aspecto objeto de análisis es que el Acuerdo estipula

que el Gobierno dominicano “exonerará al Banco cualquier

gravamen fiscal o impuesto gravado en conexión con el Préstamo

RAFAEL DÍAZ FILPO

186

e intereses devengados a partir del mismo”, por lo que conviene

precisar si este punto se ajusta a la Constitución.

El régimen tributario de la República Dominicana está fun-

damentado en los principios de legalidad, justicia, igualdad y

equidad para que cada ciudadano y ciudadana pueda cumplir

con el mantenimiento de las cargas públicas. Ello implica que

sólo por ley puede establecerse una carga tributaria y de la mis-

ma manera, sólo por ley puede otorgarse exenciones de impuestos.

Las exenciones están reguladas en el artículo 244, sección

III, capítulo II de la Constitución, dedicado a las Finanzas

Públicas, que dispone: “Exenciones de impuestos y transferencias

de derechos. Los particulares sólo pueden adquirir, mediante

concesiones que autorice la ley o contratos que apruebe el

Congreso Nacional, el derecho de beneficiarse, por todo el

tiempo que estipule la concesión o el contrato y cumpliendo con

las obligaciones que la una y el otro les impongan, de exenciones

(…), que inciden en determinadas obras o empresas hacia las

que convenga atraer la inversión de nuevos capitales para el

fomento de la economía nacional o para cualquier otro objeto

de interés social (…)”.

Si bien el otorgamiento de las exenciones está previsto

constitucionalmente siempre que se haga mediante concesiones

que autorice la ley o contratos que apruebe el Congreso Nacional,

por el tiempo que estipule la concesión o el contrato y cumpliendo

con las obligaciones que se impongan, esta prerrogativa está

supeditada a que las exenciones sean concedidas en proyectos

que incidan en determinadas obras a las que convenga atraer

la inversión de nuevos capitales para el fomento de la economía

nacional o para cualquier otro objeto de interés social.

Según el Acuerdo, los proyectos a ser financiados con los fondos

provenientes del Fondo de Cooperación para el Desarrollo

Económico, serán destinados a programas que los Estados Partes

187

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

han asumido de interés para la ejecución de los proyectos a

ser convenidos entre ambos Estados, por lo que las exenciones

de impuestos o gravamen fiscal otorgadas se enmarcan en la

previsión constitucional antes citada.

Mediante la Sentencia TC/0072/12, de fecha veintinueve

(29) de diciembre de dos mil doce (2012), el Constitucional

dominicano respecto al expediente TC-02-2012-0007,

declaró conforme con la Constitución el Control Preventivo

de Constitucionalidad del “Convenio sobre Distribución de

Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite”, de

fecha veintiuno (21) de mayo de mil novecientos setenta y cuatro

(1974), cuyo objeto es “establecer una reglamentación de carácter

internacional que prohíba la distribución de señales portadoras

de programas transmitidas mediante satélite por distribuidores a

quienes esas señales no estén dirigidas”. El Tribunal para arribar

a dicha decisión, argumentó lo siguiente:

4.1.- El modelo de control preventivo de constitucionalidad

de los tratados internacionales que hemos adoptado implica

necesariamente un juicio entre estos y la Constitución, lo que

sugiere que al momento de analizar las cláusulas que integran

un acuerdo internacional se haga con la prudencia necesaria

para no afectar la norma fundamental, tal como lo estableció

este Tribunal en la sentencia TC/0037/12.

4.2.- Al momento de analizar este convenio, las cuestiones que

resultan relevantes para el Estado dominicano son:

a) En primer lugar, la obligación de tomar medidas necesarias

para evitar que se distribuya cualquier señal portadora de un

programa por un distribuidor a quien no esté destinada la

misma, si ésta ha sido dirigida hacia un satélite o ha pasado a

través de un satélite, especificando que ésta obligación existirá

RAFAEL DÍAZ FILPO

188

cuando la señal emitida lo haya sido desde el territorio de otro

Estado Contratante y la señal distribuida sea derivada.

En el convenio no se especifica cómo se llevarán a cabo estas obli-

gaciones contraídas, es decir, que deja en libertad al Estado de

cumplirlas a través de los mecanismos normativos conforme a su

legislación interna, lo que obviamente permite al Estado que se

adhiere regular los derechos que forman la materia convencional

de conformidad a la Constitución.

b) En segundo lugar, las cláusulas del convenio no deberán in-

terpretarse de modo que se limite o menoscabe la protección pres-

tada a los autores, a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los

productores de fonogramas o a los organismos de radiodifusión,

por la legislación nacional o por un convenio internacional, ni

impide a los Estados contratantes la aplicación de su legislación

nacional para combatir el abuso de los monopolios.

4.3.- La materia relacionada con este convenio ha sido objeto de

regulación respecto a los derechos de libre empresa, competencia

desleal y propiedad intelectual a los que República Dominicana,

otorga protección constitucional. En este sentido, el artículo 52

de la Constitución establece lo siguiente:

“Derecho a la propiedad intelectual. Se reconoce y protege el

Derecho de la Propiedad exclusiva de las obras científicas,

literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones,

marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto

humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que

establezca la ley”.

4.4.- La adopción de este convenio, al formar parte de nuestro

derecho interno, en virtud del mecanismo de reconocimiento y

aplicación de las normas de Derecho Internacional, implica que

el órgano de control somete su adhesión a los limites señalados

para la regulación interna de los derechos fundamentales de

189

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

conformidad con los artículos 74.2 y 40.15 de la Constitución,

en el sentido a que los mismos sólo pueden regularse a través de

leyes; que estas no pueden afectar su núcleo esencial de forma

que se desfigure el derecho, observando los principios de razona-

bilidad e igualdad de los ciudadanos y que sólo pueden regular

lo que es justo y útil para la comunidad y prohibir sólo lo que

le perjudica.

En relación al expediente TC-02-2012-0008, relativo al

control preventivo de constitucionalidad del “Convenio 156 so-

bre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores

y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares”,

adoptado el veintitrés (23) de junio de mil novecientos ochenta

y uno (1981)” el Constitucional dominicano emitió, en fecha

veinticinco (25) del mes de febrero de dos mil veinte (2020), la

Sentencia TC/0082/20, mediante la cual declaró conforme con

la Constitución el citado convenio 156, cuyo objetivo es “garan-

tizar la igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajado-

res y trabajadoras con responsabilidades familiares, mejorando

su condición mediante medidas que satisfagan sus necesidades

particulares y mediante medidas destinadas a mejorar la condi-

ción de los trabajadores en general”.

En la Sentencia TC/0082/20, el Tribunal Constitucional

precisó que:

En la especie, el Convenio 156, objeto del presente control pre-

ventivo, en su artículo 1 establece dos tipos de trabajadores con

responsabilidades familiares: 1) hijos a su cargo y 2) otros miem-

bros de su familia directa que de manera evidente necesiten de

su cuidado o sostén. En ese tenor el referido convenio reitera, por

un lado, la necesidad de otorgar igualdad de trato a los trabaja-

dores con responsabilidades familiares y, por otro lado, amplía el

catálogo de miembros de la familia directa previsto en el citado

RAFAEL DÍAZ FILPO

190

artículo 54 del Código de Trabajo, así como también propone al

estado tomar medidas o políticas públicas tendentes a garantizar

dicha igualdad, constituyendo todo lo anterior un aporte a la

legislación dominicana y, por tanto, no contraviene los preceptos

constitucionales ni los laborales.

Es preciso señalar que las medidas que propone el presente con-

venio están supeditadas a las condiciones nacionales de cada Es-

tado miembro y pueden ser adoptadas mediante vía legislativa,

convenios colectivos, reglamentos de empresa, laudos arbitrales,

decisiones judiciales o mediante una combinación de tales me-

didas (artículo 9).

En adición a la adopción del Convenio 156, la Organización

Internacional del Trabajo (OIT) consensuó la Recomendación

165 en mil novecientos ochenta y uno (1981), sobre los trabaja-

dores con responsabilidades familiares, la cual fue asumida por

República Dominicana constituyendo una sumisión a su conte-

nido sin necesidad de ratificación, puesto que las recomendacio-

nes solo señalan pautas para orientar la política, la legislación y

la práctica de los Estados miembros.

La citada recomendación detalla medidas concretas que los paí-

ses pueden adoptar para fortalecer la conciliación entre el traba-

jo y la vida familiar. Se especifica concretamente, y en el marco

de la política nacional, la necesidad de evitar la discriminación

contra los trabajadores con responsabilidades familiares, y de

ayudarles a combinar el trabajo remunerado, con esas respon-

sabilidades.

En consecuencia, el Convenio 156, sobre la igualdad de oportu-

nidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajado-

res con responsabilidades familiares adoptado en Ginebra, Sui-

za, el veintitrés (23) de junio de mil novecientos ochenta y uno

(1981), sometido a control, propicia la preservación de aspectos

fundamentales de los derechos derivados del mismo, a la vez que

191

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

expande el ámbito de protección a los derechos fundamentales

que conforman el bloque de constitucionalidad, por lo que sus

disposiciones no contradicen la Constitución.

Respecto al expediente TC-02-2012-0009, relativo al Con-

venio entre la República Dominicana y el Reino de España so-

bre Transporte Aéreo, el Tribunal Constitucional de la República

Dominicana no ha emitido fallo definitivo.

Con relación al expediente TC-02-2012-0010, el Tribunal

Constitucional emitió, en fecha veintinueve (29) de noviembre

de dos mil doce (2012), la Sentencia No. TC/0070/12, que de-

clara la conformidad con el texto constitucional sobre el Con-

trol Preventivo de Constitucionalidad del Protocolo de Nagoya

sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y

Equitativa sobre la Diversidad Biológica, de fecha veintinueve

(29) de octubre de dos mil diez (2010), cuyo objetivo es “es la

participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven

de la utilización de los recursos genéticos, incluso por medio

del acceso apropiado a los recursos genéticos y por medio de la

transferencia apropiada de tecnologías pertinentes, teniendo en

cuenta todos los derechos sobre dichos recursos y tecnologías

y por medio de la financiación apropiada, contribuyendo por

ende a la conservación de la diversidad biológica y la utilización

sostenible de sus componentes”.

La motivación de la señalada sentencia fue la siguiente:

El Protocolo prevé que al aplicar el párrafo 3 g) i) de sus artí-

culos 6 y 7, cada Parte exhortará a los proveedores y usuarios

de recursos genéticos, que incluyan en las condiciones mutua-

mente acordadas, disposiciones sobre resolución de controversias

que abarquen: (i) la jurisdicción a la que se someterán todos

los procesos de resolución de controversias; (ii) la ley aplicable;

RAFAEL DÍAZ FILPO

192

y (iii) opciones para la resolución alternativa de controversias,

tales como: mediación o arbitraje. Igualmente, que sus sistemas

jurídicos ofrezcan la posibilidad de presentar recursos, de con-

formidad con los requisitos jurisdiccionales correspondientes, en

casos de controversias dimanantes de las condiciones mutuamen-

te acordadas; así como medidas efectivas de acceso a la justicia y

utilización de mecanismos respecto al reconocimiento de senten-

cias extranjeras y laudos arbitrales.

Cabe señalar sobre este aspecto, que la Constitución dominicana

en los artículos 68 y 69, respectivamente, consagra un conjunto

de garantías para la aplicación y protección de los derechos fun-

damentales, como mecanismo de tutela frente a los sujetos obli-

gados o deudores de los mismos que vinculan a todos los poderes

públicos con el objetivo de garantizar su efectividad; así como

los principios para la interpretación de los derechos y garantías

fundamentales contenidos en la misma.

Esto implica que todas las personas físicas y morales vinculadas

por las leyes internas o a través de las convenciones internaciona-

les suscritas por el Estado en el ejercicio de sus derechos e intereses

legítimos, son sujetos de protección de sus derechos y pueden exi-

gir estas garantías establecidas en la Constitución ante todos los

órganos públicos para obtener la tutela judicial efectiva.

Desde este punto de vista, la disposición de que cada Parte

alentará a los proveedores y usuarios de recursos genéticos, que

incluyan para la resolución de controversias los dispositivos al-

ternativos arriba descritos, no contradicen la Constitución, pues

tales mecanismos forman parte de las garantías constitucionales

y adjetivas que en nuestro caso integran el debido proceso, tanto

en su dimensión sustancial como procesal.

En sentido general, las previsiones relacionadas a la materia

convencional resultan acorde a la configuración de bienes jurídi-

cos protegidos bajo la esfera constitucional, como son los recursos

193

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

naturales, y dentro de estos, específicamente, los genéticos que se

encuentren en el territorio nacional reconocidos como patrimo-

nio de la Nación.

De manera que el Protocolo constituye el desarrollo de uno de

los objetivos fundamentales del Convenio sobre la Diversidad

Biológica y sus cláusulas están acorde con el nivel de protección

que la Constitución otorga al manejo de los recursos objeto de

la convención.

En consecuencia, el “Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los

Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa sobre la

Diversidad Biológica”, es conforme con la Constitución.

En la Sentencia TC/0030/13, dictada el seis (6) de marzo

de dos mil trece (2013), el Constitucional dominicano se pro-

nunció sobre el expediente TC-02-2012-0011, sobre el Control

Preventivo de Constitucionalidad de la “Convención Interame-

ricana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal”, suscrito entre

el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de

la República Dominicana, en fecha diez (10) de agosto de dos

mil doce (2012), cuyo objeto es “la asistencia jurídica mutua en

materia penal para la investigación y persecución de los delitos

previstos en la legislación nacional de las partes; de igual forma,

dicha asistencia se prestará cuando la solicitud se refiera a deli-

tos relacionados con impuestos, derechos de aduana, control de

cambios y otros de naturaleza fiscal”.

El Tribunal Constitucional justificó su decisión bajo los si-

guientes argumentos:

El artículo 5 del Tratado establece que a solicitud escrita de la

parte requirente, y en caso de que el procedimiento requerido en

la solicitud de asistencia jurídica sea admisible de conformidad

con la legislación de la parte Requerida, esta podrá ejecutar las

RAFAEL DÍAZ FILPO

194

medidas precautorias correspondientes con el fin de mantener el

estado que guarde la situación de hecho y de derecho existente

protegiendo los intereses jurídicos amenazados o para preservar

las pruebas al respecto. Así mismo, en su artículo 21, numerales

del 1 al 7, se establece el procedimiento para la ubicación de

los bienes, activos e inmuebles que se sospeche procedan de un

delito y pone a cargo de la parte requerida adoptar las medidas

necesarias para impedir que estos sean transferidos o disipados,

todo esto previo a solicitud de la parte requirente cuya finalidad

sea restringir la posesión, propiedad o dominio de las ganancias

producto de actividades delictivas. La partición de las ganan-

cias producto de cualquier objeto relacionado con los delitos se

destinará a indemnizar a las víctimas o a restituir al propietario

legítimo sin perjudicar los derechos de terceros adquirientes de

buena fe.

Con respecto a lo anterior, la Constitución dispone en su artículo

51, que el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad

y que toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición

de sus bienes, salvo los límites establecidos en los numerales 5 y

6, relativos a la confiscación o decomiso de bienes de personas

físicas o jurídicas de origen ilícito y al régimen de administra-

ción y disposición de bienes incautados y abandonados. Se exige

para la confiscación o decomiso de los bienes la existencia de una

sentencia definitiva y para su administración y disposición, un

régimen creado por ley.

Esta colaboración se enmarca en el pleno respeto a los princi-

pios del derecho internacional, especialmente a los de soberanía,

integridad territorial y no intervención, de conformidad con el

espíritu del artículo 3 de la Constitución, que establece: “La So-

beranía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente

de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes

públicos organizados por la presente Constitución puede realizar

o permitir la realización de actos que constituyan una interven-

ción directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la

195

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

República Dominicana o una injerencia que atente contra la

personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le

reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la

no intervención constituye una norma invariable de la política

internacional dominicana”.

Por tanto, este Tribunal ha verificado y confirmado que el con-

tenido del “Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia

Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el

Gobierno de la República Dominicana” no contradice los pre-

ceptos establecidos en nuestra Constitución.

En la Sentencia TC/0099/12, dictada el veintiuno (21)

de diciembre de dos mil doce (2012), el Constitucional

dominicano se pronunció sobre el expediente TC-02-2012-

0012, sobre el Control Preventivo de Constitucionalidad de

la “Enmienda a la Convención sobre la Protección Física de

los Materiales Nucleares”, aprobada el ocho (8) de julio de dos

mil cinco (2005), cuyo objeto es “introducir modificaciones

y adiciones a la Convención sobre la Protección Física de

los Materiales Nucleares para establecer medidas efectivas de

protección a materiales e instalaciones nucleares a ser utilizados

con fines pacíficos, promoviendo mayor cooperación entre los

Estados respecto a su aplicación”. En ese sentido el Tribunal

Constitucional recalcó que:

El “Convenio para la Represión de Actos Ilícitos relacionados con

la Aviación Civil Internacional” y el “Protocolo Complementario

del Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de

Aeronaves” cumplen con los requerimientos sustanciales de

naturaleza constitucional, entre otros, los previstos en:

El artículo 2, que consagra la soberanía del Estado dominicano

que reside en el pueblo, de quien emanan todos los poderes;

RAFAEL DÍAZ FILPO

196

El artículo 3, que establece la inviolabilidad de la soberanía de

la nación dominicana y el principio de no intervención como

normas invariables de su política internacional;

El artículo 6, que establece: “Todas las personas y los órganos

que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución,

norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del

Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución,

reglamento o acto contrarios a esta Constitución”.

El artículo 260, numeral 1, de la Constitución, que dispone:

Constituyen objetivos de alta prioridad nacional “combatir ac-

tividades criminales trasnacionales que pongan en peligro los

intereses de la República y sus habitantes”.

En consecuencia, el “Convenio de la Haya, modificado por el

Protocolo de Beijing de dos mil diez (2010)”, sometido a control

preventivo de constitucionalidad, en su naturaleza, objetivos y

alcances es compatible con los principios de supremacía cons-

titucional, soberanía, autodeterminación, seguridad nacional,

así como prevención y persecución de delitos transnacionales y

fortalecen los principios de reciprocidad y solidaridad de la co-

munidad internacional.

Por todo lo anterior, este Tribunal considera que el “Convenio

para la Represión de Actos Ilícitos relacionados con la Aviación

Civil Internacional” y el “Protocolo Complementario del Con-

venio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aerona-

ves”, ambos de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil

diez (2010), son conformes a la Constitución.

Con relación al expediente TC-02-2012-0013, el Tribunal

Constitucional emitió, en fecha seis (6) de marzo de dos mil tre-

ce (2013), la Sentencia No. TC/0019/13, que declara la confor-

midad con el texto constitucional sobre el Control Preventivo de

197

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

Constitucionalidad del “Acuerdo Internacional del Café 2007”,

firmado en Londres el veinticinco (25) de enero de dos mil ocho

(2008), cuyo objetivo es “fortalecer al sector cafetero mundial y

promover la expansión sostenible, en un entorno basado en el

mercado, para beneficio de todos los participantes en el sector”.

Para justificar la indicada sentencia, el Tribunal Constitucional

especificó que:

En ese sentido el alcance de las disposiciones del Acuerdo está

enmarcadas en los principios de soberanía, legalidad, integridad

territorial y no intervención, consagrados como normas funda-

mentales en nuestra Carta Sustantiva.

Para este Tribunal, es de interés resaltar los temas que ocuparán

el análisis del presente Acuerdo sometido a control preventivo,

como son: (i) privilegios e inmunidades; (ii) la eliminación de

obstáculos al comercio y al consumo; y (iii) el nivel de vida y

condiciones de trabajo; por lo que resulta oportuno determinar

si estas materias están acorde con la Constitución.

i) Privilegios e inmunidades

El Acuerdo señala en su artículo 7, que la Organización Inter-

nacional del Café tendrá personalidad jurídica y que su director

ejecutivo, su personal, expertos y representantes de los Miembros,

tendrán el privilegio de la inmunidad en el territorio del país

anfitrión, en el desempeño de sus funciones.

El Tribunal Constitucional ha sentado precedente en lo relati-

vo a la inmunidad, mediante Sentencia TC/0008/12, de fecha

diecisiete (17) de abril de dos mil doce (2012), al establecer lo

siguiente: “la República Dominicana otorga a los organismos

internacionales acreditados en el país los privilegios e inmunida-

des necesarios para su buen funcionamiento mediante las dispo-

siciones de la Ley No.97, de fecha treinta (30) de diciembre del

RAFAEL DÍAZ FILPO

198

año mil novecientos sesenta y cinco (1965), y su Reglamento No.

24-31, de fecha trece (13) de octubre del año mil novecientos

ochenta y cuatro (1984)”.

ii) Eliminación de obstáculos al comercio y al consumo

El artículo 24, numeral 1, del Acuerdo establece: “Los

Miembros reconocen la importancia del desarrollo sostenible

del sector cafetero y de la eliminación de obstáculos actuales

y la prevención de nuevos obstáculos que puedan entrabar el

comercio y el consumo, reconociendo al mismo tiempo el derecho

de los miembros a regular y a introducir nuevas disposiciones

reglamentarias, para satisfacer los objetivos nacionales de salud

y de ambiente compatibles con sus compromisos y obligaciones en

virtud de acuerdos internacionales con inclusión de los relativos

a comercio internacional”.

Esta disposición va acorde con la esencia del contenido del

artículo 61, numeral 2, de la Constitución que establece:

“El Estado garantizará, mediante legislaciones y políticas

públicas, el ejercicio de los derechos económicos y sociales de

la población de menores ingresos y, en consecuencia, prestará

su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables;

combatirá los vicios sociales con las medidas adecuadas y con el

auxilio de las convenciones y las organizaciones internacionales”.

iii) Nivel de vida y condiciones de trabajo

El presente Acuerdo establece en su artículo 37 sobre el nivel

de vida y condiciones de trabajo: “Los miembros deberán

considerar la mejora del nivel de vida y de las condiciones

de trabajo de la población que se decida al sector cafetero, en

forma compatible con su nivel de desarrollo, teniendo presentes

los principios internacionalmente reconocidos y los estándares

aplicables a ese respecto. Además, los miembros convienen

199

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

en que los estándares de trabajo no se utilizarán para fines

comerciales proteccionistas”.

Esta disposición es conforme con los principios constitucionales,

pues una de las finalidades esenciales del Estado es la protección

y fomento de la función social del trabajo, por lo que la Cons-

titución exige al Estado la garantía, igualdad y equidad de ese

derecho fundamental de los ciudadanos, cuando dispone en su

artículo 62 lo siguiente: “El trabajo es un derecho, un deber y

una función social que se ejerce con la protección y asistencia del

Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo dig-

no y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y

concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado (…)”.

En consecuencia, este Tribunal ha confirmado y verificado

que el contenido del “Acuerdo Internacional del Café 2007”,

no contradice los preceptos y normas establecidas en nuestra

Constitución.

Respecto al expediente TC-02-2013-0001, el Tribunal

Constitucional emitió, en fecha once (11) de octubre de dos mil

trece (2013), la Sentencia No. TC/0177/13, que declara la con-

formidad con el texto constitucional sobre el control preventivo

de constitucionalidad del “Acuerdo entre República Dominica-

na y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas

sobre los Privilegios e Inmunidades de la OPAQ”, firmado en

La Haya, en fecha quince (15) de septiembre de dos mil once

(2011). “El Acuerdo entre la Organización para la Prohibición

de las Armas Químicas (OPAQ) y el Gobierno de la República

Dominicana sobre los Privilegios e Inmunidades de la OPAQ

tiene como objetivo conceder a este organismo y sus bienes,

cualquiera que sea el lugar en que se encuentren y quienquie-

ra que los tenga en su poder, inmunidad de toda jurisdicción,

salvo en la medida en que en algún caso en particular la OPAQ

RAFAEL DÍAZ FILPO

200

haya renunciado expresamente a esa inmunidad. Estas inmuni-

dades se extienden a que sus bienes estarán exentos de registro,

requisición, confiscación, expropiación y a cualquier otra forma

de injerencia, sea por acción ejecutiva, administrativa, judicial o

legislativa; así como la inviolabilidad de sus locales y archivos”.

En ese sentido el Tribunal Constitucional precisó que:

En cuanto a esto, es bueno señalar que nuestro país ha celebrado

acuerdos y convenios con otros organismos internacionales, con

características similares en cuanto a los privilegios e inmunida-

des que les son conferidos a sus representantes, funcionarios y sus

cónyuges, así como también con respecto a la inviolabilidad de

archivos y bienes.

En fecha diecisiete (17) de abril de dos mil doce (2012), este tri-

bunal constitucional se pronunció en su sentencia TC/0008/12,

relativa al control preventivo del “Acuerdo entre el gobierno de

la República Dominicana y el Organismo Internacional Regio-

nal de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)” en la que este órgano

jurisdiccional valoró la constitucionalidad de los privilegios e

inmunidades que les son conferidos a los funcionarios de orga-

nismos internacionales especializados.

Visto lo anterior, conviene señalar que la República Domini-

cana ratificó, en fecha siete (7) de marzo de mil novecientos

cuarenta y siete (1947), la “Convención sobre los privilegios e

inmunidades de la Naciones Unidas”, firmada el trece (13) de

febrero de mil novecientos cuarenta y seis (1946), la cual esta-

bleció en su artículo VI, Sección 22, que a los peritos que formen

parte de Misiones de las Naciones Unidas, en el desempeño de

las mismas se les otorgarán las inmunidades que sean necesa-

rias para el ejercicio de sus funciones, y que en especial goza-

rán de inmunidad contra arresto y detención, inviolabilidad de

todo papel y documento y además se les otorgarán las mismas

201

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

inmunidades y facilidades con respecto a su equipaje personal

que las que se dispensan a los enviados diplomáticos.

El “Acuerdo entre República Dominicana y la Organización

para la Prohibición de las Armas Químicas sobre los Privile-

gios e Inmunidades de la OPAQ” es cónsono, además, con el

artículo 67.2 de nuestra Constitución, que establece lo siguiente

“Se prohíbe la introducción, desarrollo, producción, tenencia,

comercialización, transporte, almacenamiento y uso de armas

químicas, biológicas y nucleares y de agroquímicos vedados in-

ternacionalmente, además de residuos nucleares, desechos tóxicos

y peligrosos”.

Por tanto, podemos colegir, que las medidas dispuestas por el

presente control se enmarcan dentro de la obligación estatal de

salvaguardar la seguridad nacional y, en cuanto a la protección

de privilegios e inmunidades, estas disposiciones resultan com-

patibles con el espíritu de los artículos de la Constitución de la

República antes citados, pues no contravienen el sentido ni el

propósito en el cual se enmarcan las normas en ellos contenidas

y son acordes con el precedente vinculante citado anteriormente.

En consecuencia, este tribunal ha confirmado y verificado que el

“Acuerdo entre República Dominicana y la Organización para

la Prohibición de las Armas Químicas sobre los Privilegios e In-

munidades de la OPAQ”, firmado en La Haya, en fecha quince

(15) de septiembre de dos mil once (2011), no contradice los

preceptos y normas establecidas en nuestra Constitución.

En la Sentencia TC/0122/13, dictada el cuatro (4) de julio

de dos mil trece (2013), el Constitucional dominicano se pro-

nunció sobre el expediente TC-02-2013-0002, sobre el control

preventivo de constitucionalidad de la “Convención Interame-

ricana para la Protección y Conservación de las Tortugas Mari-

nas”, suscrita el primero (1°) de diciembre de mil novecientos

RAFAEL DÍAZ FILPO

202

noventa y seis (1996), en la ciudad de Caracas, Venezuela, cuyo

objeto es “promover la protección, conservación y, según proce-

da, la restauración del hábitat y de los lugares de desove de las

tortugas marinas, así como la recuperación de sus poblaciones,

a fin de que los Estados parte puedan adoptar las medidas nece-

sarias para proteger las especies marinas que puedan encontrarse

en peligro de extinción”.

En la indicada sentencia, el tribunal señaló que:

7.5.1. Para solucionar las controversias que pudieran originarse,

el artículo XVI de la Convención señala que las Partes podrán

entablar consultas con otra u otras Partes sobre cualquier contro-

versia en relación con la interpretación o aplicación de sus dispo-

siciones, a fin de arribar a una solución satisfactoria, pudiendo

consultar entre ellas en caso de no solucionarse en un período

razonable, mediante el recurso a cualquier procedimiento pa-

cífico que elijan, de conformidad con el derecho internacional,

incluido la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho

del Mar.

7.5.2. El uso de procedimientos pacíficos para la solución de

controversias entre los Estados, se inspira en los propósitos de la

Carta de las Naciones Unidas, que en su artículo 1, numeral

2, persigue Fomentar entre las naciones relaciones de amistad

basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al

de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas

adecuadas para fortalecer la paz universal; lo mismo que en

su artículo 2, al señalar que para la realización de esos propó-

sitos, la Organización procederá de acuerdo con los siguientes

principios: […] 2. Los Miembros de la Organización, a fin de

asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de

tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos

de conformidad con esta carta. 3. Los Miembros de la Organi-

zación arreglarán sus controversias internacionales por medios

203

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y

la seguridad internacionales ni la justicia […]

7.5.3. En cuanto a los mecanismos de solución previstos en la

Carta, el artículo 33 señala que las Partes de una controversia,

cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mante-

nimiento de la paz y la seguridad internacionales, tratarán de

buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la inves-

tigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo

judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros

medios pacíficos de su elección.

7.5.4. Posteriormente, en la Declaración sobre Principios de Derecho

Intern acional referent es a las rel aciones de am istad y a l a coope ra-

ción entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones

Unidas, aprobada por la Asamblea General, en fecha veinticuatro

(24) de octubre de mil novecientos setenta (1970), se establece (res.

2625, xxv) que todos los Estados arreglarán sus controversias inter-

nacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en

peligro la paz, la seguridad internacional, ni la justicia.

7.5.5. Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas So-

bre los Derechos del Mar, del diez (10) de diciembre de mil

novecientos ochenta y dos (1982), al referirse a la solución de

controversias, en su Parte XV, Sección 1, artículo del 279, en

adelante, dispone que es una obligación resolver las controver-

sias por medios pacíficos. Los Estados Partes resolverán sus con-

troversias relativas a la interpretación o la aplicación de esta

convención por medios pacíficos de conformidad con el párrafo 3

del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y, con ese fin,

procurarán su solución por los medios indicados en el párrafo 1

del artículo 33 de la Carta.

7.5.6. Los instrumentos internacionales antes citados, ponen

de manifiesto el reiterado interés por el uso en el ámbito inter-

nacional, de mecanismos de solución pacífica para resolver las

RAFAEL DÍAZ FILPO

204

controversias que se originen entre las Partes que han suscrito

una convención. Si bien esta vocación no parte con carácter ex-

clusivo de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, ella

ha servido de fundamento al posterior desarrollo de acuerdos

que revelan la tendencia de los Estados a optar por la solución

pacífica de sus diferendos.

7.5.7. Esa misma postura asume República Dominicana en el

ámbito internacional, forjada en su compromiso constitucional

(artículo 26.4]) de actuar en el plano internacional, regional

y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, la

convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad

con todas las naciones, por lo que este aspecto de la Convención

está en consonancia con la Constitución.

7.5.8. Como consecuencia del examen de control preventivo, el

Tribunal ha verificado que el contenido de la “Convención In-

teramericana para la Protección y Conservación de las Tortugas

Marinas”, no contradice los preceptos y normas establecidas en

nuestra Constitución.

En la Sentencia TC/0139/13, dictada el veintidós (22) de

agosto de dos mil trece (2013), el Constitucional dominicano

declaró conforme con la Constitución el expediente TC-02-

2013-0003, sobre el control preventivo de constitucionalidad

del “Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la Re-

pública Dominicana, sobre Medidas para Acelerar la Importa-

ción, la Exportación y el Tránsito de los Envíos de Socorro en

caso de Desastre y Emergencia”, firmado en la ciudad de Santo

Domingo, en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil trece

(2013), cuyos objetivos son los siguientes:

1. Establecer medidas para la facilitación de operaciones de

socorro por parte de las naciones unidas en lo que respecta

205

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

a exportaciones, trasbordo o tránsito, importaciones y

administración temporal de los artículos y envíos de socorro

y otros bienes de primera necesidad, remitidos como ayuda a

personas afectadas por desastre, para que sean despachadas

rápidamente a su destino, libre de derechos e impuestos, así como

viabilizar su posterior reexportación.

2. Facilitar la labor desarrollada por las organizaciones inter-

gubernamentales y no gubernamentales en la prestación de asis-

tencia humanitaria;

3. Mejorar la capacidad de las naciones unidas en la esfera de la

prevención de los desastres naturales y otras emergencias.

4. Instar a los Estados afectados a la cooperación con los esfuerzos

internacionales en búsqueda del rápido tránsito de la asistencia

humanitaria.

En la Sentencia TC/0139/13, el Tribunal Constitucional

señaló que:

a) República Dominicana ratificó en fecha siete (7) de marzo de

mil novecientos cuarenta y siete (1947), la “Convención sobre

los Privilegios e Inmunidades de la Naciones Unidas”, firmada

el trece (13) de febrero de mil novecientos cuarenta y seis (1946),

la cual estableció en su artículo VI, sección 22, que a los peritos

que formen parte de misiones de las Naciones Unidas se les

otorgarán las inmunidades que sean necesarias para el ejercicio

de sus funciones, y que, en especial, gozarán de inmunidad contra

arresto y detención, inviolabilidad de todo papel y documento y

además se le otorgarán las mismas inmunidades que las que se

dispensan a los enviados diplomáticos, con respecto a su equipaje

personal.

b) El artículo 6 del “Acuerdo entre las Naciones Unidas y el

Gobierno de la República Dominicana, sobre Medidas para

Acelerar la Importación, la Exportación y el Tránsito de los

Envíos de Socorro en caso de Desastre y Emergencia”, establece

en su cláusula de no exención de inmunidad, lo siguiente:

RAFAEL DÍAZ FILPO

206

Nada de lo contenido en el presente Acuerdo se considerará una

exención, expresa o implícita, de cualquier inmunidad, juicio

o proceso legal, o de cualquier privilegio, exención u otra in-

munidad de que gocen, o puedan gozar, las Naciones Unidas

y su personal en virtud de la Convención sobre los privilegios e

inmunidades de las Naciones Unidas aprobada por la Asamblea

General el 13 de febrero de 1946.

c) El Artículo 26 de la Constitución, relativo a las relaciones

internacionales y derecho internacional establece: “La Repúbli-

ca Dominicana es un Estado miembro de la comunidad inter-

nacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del

derecho internacional”, y dispone, en sus numerales 1 y 2 lo

siguiente:

1) Reconoce y aplica las normas del derecho internacional,

general y americano, en la medida en que sus poderes públi-

cos las hayan adoptado.

2) Las normas vigentes de convenios internacionales rati-

ficados regirán en el ámbito interno, una vez publicados de

manera oficial.

d) Estas disposiciones constitucionales son conformes con lo esta-

blecido en el presente acuerdo y en las convenciones más arriba

citadas.

En consecuencia, este tribunal ha confirmado y verificado que el

“Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la Repúbli-

ca Dominicana, sobre Medidas para Acelerar la Importación, la

Exportación y el Tránsito de los

Envíos de Socorro en caso de Desastre y Emergencia”, firmado

en la ciudad de Santo Domingo, en fecha 16 de enero del año

2013, no contradice los preceptos y normas establecidas en nues-

tra Constitución.

207

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

En la Sentencia TC/0208/13, dictada el trece (13) de no-

viembre de dos mil trece (2013), el Constitucional dominicano

declaró conforme con la Constitución el expediente TC-02-

2013-0004, sobre el Control Preventivo de Constitucionalidad

del “Convenio sobre el traslado de personas condenadas entre

Suiza y la República Dominicana”, firmado el dieciséis (16) de

enero del año dos mil trece (2013). Este Convenio tiene por ob-

jeto el traslado de personas condenadas en Suiza y la República

Dominicana, como consecuencia de haber cometido un delito

penal, para que de esta forma tengan la posibilidad de cumplir

su condena en su medio social y de origen. En la señalada sen-

tencia el Tribunal Constitucional precisó que:

El Artículo 8 establece que El Estado de condena hará de forma

que la persona que deba prestar su consentimiento para el tras-

lado en virtud del artículo 3, 1, d), lo haga voluntariamente y

siendo plenamente consciente de las consecuencias jurídicas que

de ello se deriven. El procedimiento que se siga a este respecto se

regirá por la ley del Estado de condena. En su párrafo segundo el

convenio estipula que El Estado de condena deberá dar al Esta-

do de cumplimiento la posibilidad de verificar, por intermedio

de un cónsul o de otro funcionario designado, de acuerdo con el

Estado de cumplimiento, que el consentimiento se ha dado en las

condiciones previstas por el presente convenio.

Observamos en esta disposición que para trasladar un conde-

nado al Estado de cumplimiento, es preciso el consentimiento

de éste, garantizándose con ello la libertad individual de las

personas, como también el respeto a los derechos fundamentales;

ésta disposición es compatible con los postulados constitucionales

que garantizan el derecho a la vida (Art. 37), el respeto a la

dignidad humana (Art. 38), el derecho a la integridad personal

(Art. 42.1) y los mecanismos para una efectiva tutela y protec-

ción judicial, todo esto acorde con el espíritu de lo dispuesto en el

RAFAEL DÍAZ FILPO

208

Artículo 68 de la Constitución que consagra las garantías a los

derechos fundamentales.

En la Sentencia TC/0077/13, dictada el siete (7) de mayo

de dos mil trece (2013), el Constitucional dominicano declaró

conforme con la Constitución el expediente TC-02-2013-0005,

sobre el control preventivo de constitucionalidad del “Protocolo

Complementario al Acuerdo entre el Gobierno de la República

Dominicana y el Gobierno de la República de Corea, concer-

niente a Préstamos del Fondo de Cooperación para el Desarro-

llo Económico”, de fecha nueve (9) de agosto de dos mil doce

(2012). Este Convenio tiene por objeto especificar los términos

y condiciones adicionales a los préstamos otorgados en virtud

del acuerdo entre el Gobierno de la República de Corea y el

Gobierno de la República Dominicana, en relación a los présta-

mos con recursos del Fondo de Cooperación para el Desarrollo

Económico, para facilitar la realización de los proyectos de coo-

peración iniciados en el marco del acuerdo.

En la indicada sentencia el Tribunal Constitucional señaló

que:

b) Estas previsiones se enmarcan en los citados artículos 6 y 7

del Acuerdo, en el interés de facilitar las actividades requeridas

para llevar a cabo los proyectos en República Dominicana; así

como también, el aspecto que estipula que el Gobierno domini-

cano exonerará al banco cualquier gravamen fiscal o impuesto

gravado en conexión con el préstamo e intereses devengados a

partir del mismo, y que fue analizado en la citada Sentencia

TC/0034/12, de fecha quince (15) de agosto de dos mil doce

(2012), relativa al control preventivo del Acuerdo.

c) Sobre las exenciones de impuestos y transferencias, la Consti-

tución dispone en su artículo 244:

209

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

Los particulares sólo pueden adquirir, mediante concesiones que

autorice la ley o contratos que apruebe el Congreso Nacional, el

derecho de beneficiarse, por todo el tiempo que estipule la conce-

sión o el contrato y cumpliendo con las obligaciones que la una

y el otro les impongan, de exenciones, exoneraciones, reducciones

o limitaciones de impuestos, contribuciones o derechos fiscales o

municipales que inciden en determinadas obras o empresas hacia

las que convenga atraer la inversión de nuevos capitales para el

fomento de la economía nacional o para cualquier otro objeto de

interés social. La transferencia de los derechos otorgados median-

te contratos estará sujeta a la ratificación por parte del Congreso

Nacional.

d) En ese sentido, la Constitución (artículo 93, letra k) prevé

entre las facultades del Congreso Nacional, aprobar o desaprobar

los contratos que le someta el presidente de la República, de

conformidad con el artículo 128, numeral 2), literal d), así

como las enmiendas o modificaciones posteriores que alteren las

condiciones originalmente establecidas en dichos contratos, cuando

contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas

nacionales o cuando estipulen exenciones de impuestos en general.

e) Los literales a) y b) del citado artículo 3 del Protocolo exa-

minado, establecen que República Dominicana velará porque

todos los bienes y servicios suministrados por empresas coreanas

para implementar los citados proyectos, derechos de aduanas o

cualesquiera otras contribuciones, así como el reembolso del ca-

pital y el pago de los intereses, gastos y otros accesorios que se

relacionen con la implementación del Acuerdo, se ejecuten libres

de todos impuestos y tasas de la República Dominicana; lo que

implica exenciones de impuestos de un empréstito que supera el

monto de doscientos salarios mínimos del sector público y, por

tanto, se enmarca en las previsiones constitucionales que requie-

ren para su validez aprobación del Congreso Nacional.

f) Sobre este particular, la sentencia de referencia señala que:

RAFAEL DÍAZ FILPO

210

Si bien el otorgamiento de las exenciones está previsto consti-

tucionalmente siempre que se haga mediante concesiones que

autorice la ley o contratos que apruebe el Congreso Nacional,

por el tiempo que estipule la concesión o el contrato y cumplien-

do con las obligaciones que se impongan, esta prerrogativa está

supeditada a que las exenciones sean concedidas en proyectos

que incidan en determinadas obras a las que convenga atraer

la inversión de nuevos capitales para el fomento de la economía

nacional o para cualquier otro objeto de interés social.

g) Conforme se estableció en esta sentencia, la Constitución pre-

vé que las exenciones otorgadas se hagan mediante concesiones

autorizadas por ley o mediante contratos aprobados por el Con-

greso Nacional, en cuyo caso las supedita a que estas exenciones

sean conferidas a proyectos que incidan en determinadas obras

que beneficien la economía nacional o sean de interés social.

h) En los proyectos a ser ejecutados en el marco del Acuerdo, de-

tallados en el apéndice del Protocolo, se establecen sus respectivas

partidas y están destinados al financiamiento de programas con

recursos provenientes del Fondo de Cooperación para el Desarro-

llo Económico en áreas consideradas de interés social por el Es-

tado dominicano, tales como migración, transporte y comercio.

i) En consecuencia, el “Protocolo Complementario al Acuerdo

entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno

de República de Corea, concerniente a préstamos del Fondo de

Cooperación para el Desarrollo Económico”, es conforme a la

Constitución.

En la Sentencia TC/0179/13, dictada el once (11) de oc-

tubre de dos mil trece (2013), el Constitucional dominicano

declaró conforme con la Constitución sobre el expediente TC-

02-2013-0006, sobre el control preventivo de constitucionali-

dad del “Convenio de Sede entre el Gobierno de la República

211

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

Dominicana y el Banco Europeo de Inversiones Establecimiento,

Privilegios e Inmunidades de la Delegación del Banco”, suscrito

el diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013). Este Convenio

tiene por objeto, lo siguiente:

Mediante este Convenio, el Gobierno de la República Domi-

nicana acepta el establecimiento en el territorio dominicano de

una Delegación del Banco Europeo de Inversiones (BEI); la mis-

ma está destinada a la realización de las actividades del BEI en

la República Dominicana y los países del Caribe, principalmen-

te las actividades derivadas del Acuerdo de Cotonou (o cualquier

otro que lo remplace) y a los objetivos del BEI en general.

En este sentido, se contempla que el BEI y su delegación local

podrán disponer en el territorio dominicano de toda clase de

fondos y divisas de cualquier tipo, así como la realización de

operaciones financieras e incluso operar cuentas bancarias en

cualquier divisa.

El Tribunal Constitucional para declarar conforme con la

Constitución el control preventivo sometido a su consideración,

argumentó lo siguiente:

Los privilegios e inmunidades acordados en el presente Conve-

nio se inscriben dentro de la facultad constitucional del Poder

Ejecutivo para celebrar y firmar tratados o convenciones in-

ternacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

128, numeral 1), literal d), bajo la condición de someterlos al

Congreso Nacional para su validez y cumplimiento con carácter

obligatorio, en virtud del artículo 93, numeral 1), literal l).

Al amparo de estas disposiciones, la República Dominicana ha

celebrado acuerdos y convenios con otras entidades internaciona-

les con características similares en cuanto a privilegios e inmuni-

dades, consignados en la Convención de Viena sobre Relaciones

RAFAEL DÍAZ FILPO

212

Diplomáticas del 18 de abril de 1961, como es el “Acuerdo entre

el Gobierno de la República Dominicana y el Organismo Inter-

nacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)”, Senten-

cia TC/0008/12, de fecha 17 de abril de 2012.

En conclusión, y atendiendo a todo lo antes expresado, este Tri-

bunal considera que la concesión de los privilegios e inmunida-

des acordados para el BEI, funcionarios, familiares y miembros

de su personal, en el presente Convenio, no contraviene la Cons-

titución, por lo que el “Convenio de Sede entre el Gobierno de

la República Dominicana y el Banco Europeo de Inversiones

relativo al Establecimiento, Privilegios e Inmunidades de la De-

legación del Banco”, es conforme con la Constitución.

En la Sentencia TC/0230/13, dictada el veintinueve (29) de

noviembre de dos mil trece (2013), el Constitucional domini-

cano declaró conforme con la Constitución sobre el expediente

TC-02-2013-0007, sobre el control preventivo de constitucio-

nalidad del “Convenio de Cooperación entre el Gobierno de

la República Dominicana y Gobierno del Ecuador”, de fecha

veintidós (22) de abril de dos mil trece (2013). Este Convenio

tiene como objetivos, los siguientes:

Establecer las bases y procedimientos sobre los cuales las partes

cooperarán en materia de protección, conservación, recupera-

ción y restitución de los bienes arqueológicos, artísticos, históri-

cos, culturales y los que conforman el patrimonio natural, que

hayan sido materia de robo, saqueo, transporte, tráfico o comer-

cialización ilícita en sus territorios, así como también regular la

reciprocidad entre los dos países para la asistencia judicial para

la investigación, enjuiciamiento y sentencia de los responsables

de esos delitos, así se estipula en su artículo 1.

Artículo 4 literal (a): combatir por todos los medios apropia-

dos, el ingreso a su respectivo territorio, los bienes patrimoniales

213

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

arqueológicos, artísticos, históricos, culturales, y los pertenecientes

al patrimonio natural que no hayan cumplido con las formali-

dades de importación o de exportación legalmente establecidas en

cada país.

Artículo 4 literal (b): la colaboración entre ambos países en la

adopción de medidas preventivas, correctivas y de obligatorio

cumplimiento para combatir las prácticas ilegales y delictivas

relacionadas con el robo, el saqueo, así como el transporte, trá-

fico o comercialización ilícitos de los bienes patrimoniales ar-

queológicos, artísticos, históricos, culturales y las del patrimonio

natural, de conformidad con las responsabilidades y obligaciones

prescritas en las normatividad de cada país.

Artículo 4 literal (c): Mejorar la protección de su patrimonio

cultural y lograr la participación en estos esfuerzos de los en-

cargados de investigar, enjuiciar y sentenciar a los responsables

en casos de delitos contra el patrimonio cultural que faciliten la

restitución de bienes del patrimonio cultural. Artículo 4 literal

(d:): Incorporar en sus acciones la penalización del tráfico ilícito

de bienes culturales y naturales para combatir la oferta y deman-

da de estos, así como el crimen organizado.

Artículo 4 literal (f): Facilitar la asistencia administrativa y/o

judicial reciproca en la prevención del robo, saqueo, transporte,

tráfico o comercialización ilícitos de bienes patrimoniales ar-

queológicos, artísticos, históricos, culturales y de los que confor-

man el patrimonio natural.

Artículo 4 literal (g): Favorecer el intercambio de especialistas

y realizar cursos que tengan por objeto la prevención y control

del tráfico ilícito de bienes patrimoniales culturales y naturales.

Para justificar su decisión, el Tribunal Constitucional señaló

lo siguiente:

RAFAEL DÍAZ FILPO

214

5.22. A la luz del texto constitucional y legal, citados más arriba,

podemos inferir que lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio

no interfiere con las normas internas, toda vez que en el mismo

se indica que las exenciones de impuestos se harán de conformi-

dad a la legislación de cada Estado firmante, además, en el pre-

sente Convenio se colige que las exenciones impositivas recaerán

sobre bienes patrimoniales culturales y naturales del Estado, por

lo que el objeto perseguido es el interés social, ya que su propósito

no es la obtención de beneficios económicos directos, sino más

bien la protección, conservación, recuperación y restitución de

los bienes arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los que

conforman el patrimonio natural de cada Estado Parte, en ese

contexto la Constitución dominicana permite exenciones impo-

sitivas, exoneraciones, reducciones o limitaciones de impuestos,

para los casos que convengan atraer la inversión de nuevo capi-

tales para el fomento de la economía nacional o para cualquier

otro objeto de interés social como resulta ser el Convenio suscrito.

5.23. Por igual, ambos países han convenido que las controver-

sias que surjan de la interpretación, implementación y/o ejecu-

ción del Convenio, serán resuelta de mutuo acuerdo, mediante

consulta, utilizando la vía diplomática.

5.24. En ese mismo orden, se indica en el artículo 13, que el

Convenio, puede ser modificado por consentimiento mutuo de

las Partes, a petición de una de ellas y formalizado por escrito.

El mismo tiene una vigencia de 10 años, contados a partir de

la última notificación sobre el cumplimiento de los requisitos le-

gales internos entre ambas Partes, prorrogable automáticamente

por período de igual duración, a menos que una de las Partes

notifique a la otra, por la vía diplomática, su intención de darlo

por terminado.

5.25. Por último, en el Convenio se establece que el mismo no afecta

las obligaciones de las Partes que hayan sido contraídas en el marco

de otros convenios internacionales, multilaterales o bilaterales.

215

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

5.26. Que tal y como se establece en la Convención para la

Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, “el

deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y

natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio

de todos los pueblos del mundo”, afirmación que justifica que los

Estados procuren adoptar medidas tendentes a evitar el deterioro

y desaparición de los bienes que forman parte del patrimonio

cultural de cada Estado y lo que justifica la suscripción de

acuerdos de esta naturaleza.

5.27. Que en términos generales y del análisis del Convenio de

Cooperación entre el Gobierno de la República Dominicana

y el Gobierno del Ecuador, es posible inferir que en las

cláusulas convenidas en el mismo se procura la colaboración

e intercambio de información entre ambos países para la

protección, recuperación y mantenimiento de los bienes

patrimoniales arqueológico, artístico, histórico, culturales que

conforman el patrimonio natural que haya sido materia de

robo, saqueo, transporte, tráfico y/o comercialización ilícita,

así como la promoción de intercambios de conocimientos y

experiencias exitosas sobre las innovaciones tecnológicas en

materia de seguridad, con el fin de fortalecer la protección de

los bienes indicados en el Convenio.

5.28. Precisamente, la Convención para la Protección del Patri-

monio Mundial, Cultural y Natural, celebrada en la ciudad de

París el día 17 de octubre de 1972, ratificada por la República

Dominicana, en fecha 12 de febrero de 1985, establece en el

artículo 4, lo siguiente:

Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce

que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar

y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y

natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente.

Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta

el máximo de los recursos de que disponga, y llegando el caso,

RAFAEL DÍAZ FILPO

216

mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se

pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico,

científico y técnico.

5.29. De su parte los artículos 1.2 y 5 literal b, de la Ley núm.

41-00, que crea la Secretaría de Estado de Cultura (Ministerio

de Cultura), disponen que:

Artículo 1.2.: El patrimonio cultural de la Nación comprende

todos los bienes, valores y símbolos culturales tangibles e

intangibles que son expresión de la Nación dominicana,

tales como las tradiciones, las costumbres y los hábitos, así

como el conjunto de bienes, incluidos aquellos sumergidos en

el agua, materiales e inmateriales, muebles e inmuebles, que

poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico,

arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico,

lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico,

tecnológico, testimonial, documental, literario, bibliógrafo,

museográfico, antropológico y las manifestaciones, los productos

y las representaciones de la cultura popular.

Artículo 5, literal b): La Secretaría de Estado de Cultura, al

poner en ejecución la política cultural, tendrá en cuenta los

siguientes objetivos fundamentales: b) Preservar el patrimonio

cultural de la Nación tangible e intangible, como elemento

fundamental de la identidad nacional.

5.30. El Artículo 4, de la Ley núm. 64-00, General sobre Me-

dio Ambiente y Recursos Naturales, establece que: “Se declara

de interés nacional la conservación, protección, restauración y

uso sostenible de los recursos naturales, el medio ambiente y los

bienes que conforman el patrimonio natural y cultural.”

5.31. Que el derecho a la cultura constituye un derecho funda-

mental para el Estado dominicano, en ese sentido, el capítulo I,

sección II, artículo 64.4 de la Constitución reconoce que:

217

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

El patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial, está

bajo la salvaguarda del Estado que garantizará su protección,

enriquecimiento, conservación, restauración y puesta en valor.

Los bienes del patrimonio cultural de la Nación, cuya propiedad

sea estatal o hayan sido adquiridos por el Estado, son inalienables

e inembargables y dicha titularidad, imprescriptible. Los bienes

patrimoniales en manos privadas y los bienes del patrimonio

cultural sub acuático serán igualmente protegidos ante la

exportación ilícita y el expolio. La ley regulará la adquisición

de los mismos.

5.32. Que tal y como fue establecido más arriba, la esencia

del Convenio es la protección y conservación de los bienes

patrimoniales por ambos Estados. En ese tenor, el resguardo y

conservación de los bienes patrimoniales y el derecho a la cultura

son derechos reconocidos por la Constitución dominicana, por

lo que el referido convenio se enmarca en el respeto al derecho

a la cultura, reconocido en el artículo 64 de la Constitución,

previamente citado.

5.33. Que al procurar el convenio de referencia la preservación

del patrimonio cultural, podemos colegir, por igual, que dicho

convenio se enmarca dentro de los derechos colectivos y difusos

reconocidos por la Constitución dominica en su artículo 66, en

el cual se proclama lo siguiente:

Derechos colectivos y difusos. El Estado reconoce los derechos e

intereses colectivos y difusos, los cuales se ejercen en las condiciones

y limitaciones establecidas en la ley. En consecuencia protege:

1) La conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la

flora; 2) La protección del medio ambiente; 3) La preservación

del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico,

arquitectónico y arqueológico.

5.34. En definitiva, se trata de un convenio de reciprocidad

donde cada Parte Contratante pone a disposición de la otra los

RAFAEL DÍAZ FILPO

218

medios para proteger y reconocer el derecho de propiedad de cada

Estado Parte sobre sus respectivos bienes patrimoniales, ampara-

dos en las legislaciones vigentes que rigen sobre la materia

5.35. Por lo que podemos concluir diciendo que a la luz de

los textos legales y constitucionales arriba citados y luego de

la revisión detallada del “Convenio de Cooperación entre el

Gobierno de la República Dominicana y Gobierno del Ecua-

dor”, el Convenio ha sido suscrito conforme a la Constitución

dominicana, acorde a las normativas nacionales y la regula-

ción internacional sobre la materia, específicamente la Con-

vención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural

y Natural, celebrada en la ciudad de París el diecisiete (17) de

octubre de mil novecientos setenta y dos (1972), la Ley núm.

41-00, que crea el Ministerio de Estado de Cultura y la Ley

núm. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Na-

turales, toda vez que dicho convenio promueve la protección,

conservación, recuperación y restitución de los bienes patrimo-

niales arqueológico, artístico, histórico, culturales y de los que

conforman el patrimonio natural.

En la Sentencia TC/0229/13, dictada el veintinueve (29) de

noviembre de dos mil trece (2013), el Constitucional domini-

cano declaró conforme con la Constitución sobre el expediente

TC-02-2013-0008, sobre el control preventivo de constitucio-

nalidad del “Convenio de Seguridad Social suscrito entre los

Gobiernos de la República Dominicana y la República del Ecua-

dor” en fecha veintidós (22) de abril de dos mil trece (2013).

Este Convenio tiene como objeto asegurar una cobertura social

adecuada para mejorar las condiciones laborales de los trabaja-

dores dominicanos y ecuatorianos que se desplacen de un país a

otro en aplicación de sus respectivas legislaciones en materia de

seguridad social. Para declarar la conformidad del referido con-

venio, el Tribunal Constitucional señaló que:

219

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

11.1. Las Partes acuerdan, que las diferencias de interpretación

del Convenio y sus acuerdos administrativos, deberán resolverse

mediante negociaciones. Si la misma no puede resolverse a través

de la negociación en un plazo de 4 meses, deberá ser resuelta por

una Comisión Arbitral elegida por las Partes de conformidad

con su legislación. La decisión que intervenga, será obligatoria

y definitiva para las Partes.

11.2. La solución de controversias entre los Estados, mediante el

uso de medios pacíficos, se inspira en los propósitos de la Carta

de las Naciones Unidas que persigue fomentar entre las naciones

relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la

igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pue-

blos. A esos fines, se prevé que los miembros de la Organización,

cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de

conformidad con la Carta y arreglarán sus controversias inter-

nacionales por medios pacíficos, según los artículos 1 y 2 de la

Carta.

11.3. En cuanto a los mecanismos de solución previstos, la Car-

ta señala que las Partes tratarán de buscarle solución, ante todo,

mediante la negociación, la investigación, la mediación, la con-

ciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos

o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. En

el mismo tenor se expresa el Preámbulo de la Convención de

Viena sobre el Derecho de los Tratados, cuando sostiene que las

controversias relativas a los tratados, al igual que las demás con-

troversias internacionales, deben resolverse por medios pacíficos

y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho

internacional.

11.4. En la legislación adjetiva de República Dominicana, la

figura del arbitraje está regulada en la Ley núm. 489-08 , que

se aplicará a los arbitrajes realizados dentro del territorio de Re-

pública Dominicana, sin perjuicio de lo establecido en tratados

internacionales de los cuales el Estado dominicano sea parte o

RAFAEL DÍAZ FILPO

220

en leyes que contengan disposiciones especiales sobre arbitraje;

sin embargo, es el propio convenio que ha previsto la aplicación

de la legislación interna sobre el arbitraje si no se obtuviere la

solución de la controversia vía la negociación.

11.5. En ese sentido, la manifestación de ambos Estados de ele-

gir la negociación como mecanismo de solución de las diferencias

que puedan surgir en la interpretación del Convenio y sus Acuer-

dos Administrativos, y en su defecto mediante la designación de

una comisión arbitral, se enmarca en los citados propósitos de la

Carta de las Naciones Unidas y la Convención de Viena sobre

el Derecho de los Tratados, de fecha veintitrés (23) de mayo de

mil novecientos sesenta y nueve (1969), puesto que las obliga-

ciones internacionales deben ser cumplidas de buena fe y en caso

contrario utilizar los instrumentos puestos a su disposición por

las normas del derecho internacional o bien por la legislación

interna de los Estados.

11.6. Al referirse a este tema, en otros convenios sometidos a con-

trol preventivo, el Tribunal ha sostenido en forma reiterada que

República Dominicana manifiesta a través de estos instrumentos

su compromiso constitucional de actuar en el plano internacio-

nal y regional de modo compatible con los intereses nacionales,

la convivencia pacífica y los deberes de solidaridad con todas las

naciones.

12.7. En consecuencia, el Convenio de Seguridad Social, firma-

do entre los gobiernos de República Dominicana y la Repúbli-

ca de Ecuador, sometido a control, propicia la preservación de

aspectos fundamentales de la seguridad social de trabajadores

migrantes de las Partes Contratantes, por lo que sus disposiciones

no contradicen la Constitución.

El Constitucional dominicano emitió en fecha once (11)

de octubre de dos mil trece (2013) la Sentencia TC/0178/13,

221

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

mediante la cual declaró conforme con la Constitución el

control preventivo ejercido sobre un Convenio de colabora-

ción turística entre la República Dominicana y la República

de Colombia, cuyo objeto es: “propósito de fortalecer las re-

laciones recíprocas e intercambios en el campo del turismo,

para lo que llevarán a cabo un conjunto de acciones tendentes

a conocer las situaciones y perspectivas del turismo en cada

Estado”. En dicha sentencia el Tribunal Constitucional seña-

ló que:

a) El presente convenio se inscribe dentro de una tradición soste-

nida por nuestro país de celebrar acuerdos, convenios y tratados

con otros Estados para fomentar el desarrollo del área turística y

establecer vínculos de cooperación en esa materia.

b) El contenido del Convenio se limita a establecer compromisos

institucionales, a través de los órganos administrativos corres-

pondientes de cada país, para llevar a cabo eventos y progra-

mas de desarrollo recíproco en la industria turística. Además, el

mismo va dirigido a incrementar el flujo turístico entre ambos

Estados, así como al fomento de una alianza estratégica entre

los sectores turísticos de cada país, y a la conformación de una

comisión mixta que sea la que estructure y promocione las polí-

ticas entre ambas naciones, encaminadas a la implementación

del presente Convenio.

c) Con la firma y puesta en vigencia de este convenio se da cum-

plimiento a lo establecido en el artículo 26, numerales 5) y 6) de

la Constitución los cuales disponen lo siguiente:

“Artículo 26.- Relaciones internacionales y derecho interna-

cional. La República Dominicana es un Estado miembro

de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y

apegado a las normas del derecho internacional, en conse-

cuencia:

RAFAEL DÍAZ FILPO

222

5) La República Dominicana promoverá y favorece-

rá la integración con las naciones de América, a fin

de fortalecer una comunidad de naciones que defien-

da los intereses de la región. El Estado podrá suscribir

tratados internacionales para promover el desarrollo

común de las naciones, que aseguren el bienestar de

los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes,

y para atribuir a organizaciones supranacionales las

competencias requeridas para participar en procesos de

integración;

6) Se pronuncia en favor de la solidaridad económica

entre los países de América y apoya toda iniciativa en de-

fensa de sus productos básicos, materias primas y biodi-

versidad”.

En consonancia con lo anterior, este tribunal estima que las

disposiciones del “Convenio de Colaboración Turística entre la

República Dominicana y la República de Colombia”, son con-

formes con la Constitución.

En la Sentencia TC/0511/15, dictada el diez (10) de

noviembre de dos mil quince (2015), el Constitucional

dominicano declaró conforme con la Constitución el expediente

TC-02-2013-0010, sobre el Control Preventivo del “Acuerdo

Sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de

Colombia y el Gobierno de la República Dominicana”, de fecha

veintinueve (29) de noviembre de dos mil once (2011) y su

Protocolo de Enmienda, de fecha veintiuno (21) de mayo de

dos mil trece (2013). Este Convenio tiene como objeto favorecer

el desarrollo del transporte aéreo entre los territorios de ambas

naciones, de tal manera que se propicie su expansión económica

y comercial, estableciendo, de conformidad con el artículo 44 del

Convenio sobre Aviación Civil Internacional, del 7 de diciembre

223

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

de 1944, oportunidades justas y equitativas para la explotación

de empresas de transporte aéreo internacional.

Para arribar a la señalada decisión, el Tribunal Constitucio-

nal argumentó lo siguiente:

El Acuerdo prevé la posibilidad de que las partes puedan suscri-

bir acuerdos multilaterales sobre transporte aéreo. En estos casos,

si estos acuerdos multilaterales consagran derechos más favora-

bles que los pactados en este acuerdo objeto de control, este se

entenderá modificado por el convenio o acuerdo multilateral en

lo relativo a dichos derechos más favorables.

Esta previsión constituye una cláusula de protección de que los

acuerdos suscritos por los Estados partes vigentes o futuros, no

serán afectados cuando dichas obligaciones sean compatibles con

este tratado, ni podrá justificar iniciativas de anular otras con-

venciones que les obliguen a la cooperación en materia de trans-

porte aéreo, la cual no contraviene la Carta Fundamental. f.

Terminación y entrada en vigor.

Respecto a la terminación del presente Acuerdo y su Protocolo de

Enmienda, esta se podrá llevar a cabo en cualquier momento,

siempre que se siga el procedimiento establecido en el artículo 31

del Acuerdo.

Desde este punto de vista, el mecanismo diseñado para la du-

ración y retirara del Tratado es conforme a la costumbre gene-

ralmente aceptada en la materia y, por tanto, no contradicen la

Constitución.

El Acuerdo entrará en vigor en la fecha de aviso de recibo de

la segunda comunicación, por vía diplomática, mediante la

cual las partes se notifiquen el cumplimiento de los requisitos

constitucionales internos necesarios para tal fin. El Protocolo de

Enmienda entrará en vigor en la misma fecha que el Acuerdo.

RAFAEL DÍAZ FILPO

224

El consentimiento de un Estado para obligarse a una conven-

ción podrá manifestarse mediante cualquiera de los mecanismos

utilizados en la costumbre del derecho internacional, como la

firma, el canje de instrumento, ratificación, la aceptación, la

aprobación o la adhesión, tal como se establece en la Conven-

ción de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En ese tenor, los

artículos 31 y 33 del Acuerdo y el artículo 2 de su Protocolo

de Enmienda examinados versan sobre aspectos procedimentales

que en modo alguno contravienen la Constitución.

En la Sentencia TC/0289/13, dictada el treinta (30) de di-

ciembre de dos mil trece (2013), el Constitucional dominicano

declaró conforme con la Constitución sobre el expediente TC-

02-2013-0011, sobre el control preventivo de constitucionali-

dad del “Tratado sobre el Comercio de Armas”, adoptado en

las Naciones Unidas en fecha dos (2) de abril del año dos mil

trece (2013), y suscrito por la República Dominicana, en fecha

tres (3) de junio de dos mil trece (2013), en la ciudad de Nueva

York, Estados Unidos. Este Convenio tiene como objeto esta-

blecer normas internacionales comunes lo más estrictas posible

para regular el comercio internacional de armas convencionales,

así como prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas conven-

cionales y prevenir su desvío, con el fin de contribuir a la paz, la

seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e internacional;

reducir el sufrimiento humano y promover la cooperación, la

transparencia y la actuación responsable en el comercio inter-

nacional de armas convencionales, fomentando así la confianza

entre los Estados.

En la señalada sentencia, el Tribunal Constitucional precisó

que:

14.1. Dada la estrecha relación que comportan las previsiones

del Tratado, contenidas en sus artículos 11 y 12, relativas a

desvío y registro de armas convencionales, se hace necesario su

225

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

abordaje en forma conjunta y con ello facilitar la comprensión

de su alcance convencional.

14.2. De conformidad con el artículo 11 del Tratado, cada Es-

tado parte que participe en una transferencia de armas conven-

cionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, tomará medi-

das para evitar el desvío de armas convencionales comprendidas

en el artículo 2, párrafo 1, por medio de su sistema nacional de

control establecido con arreglo al artículo 5, párrafo 2, exami-

nando a las partes que participan en la exportación, exigiendo

documentación adicional, certificados o garantías, no autori-

zando la exportación o imponiendo otras medidas adecuadas.

Los Estados partes importadores, exportadores, de tránsito y de

transbordo cooperarán entre sí e intercambiarán información,

de conformidad con sus leyes nacionales, cuando sea adecuado y

factible, a fin de mitigar el riesgo de desvío de las transferencias

de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo

1; en fin, alentando a los Estados partes a que compartan infor-

mación conforme los numerales 4, 5 y 6 del citado artículo 11

del Tratado.

14.3. Estas medidas serán implementadas por medio de su sis-

tema nacional de control establecido con arreglo al artículo 5,

párrafo 2, evaluando el riesgo de que se desvíe la exportación y

examinando la posibilidad de establecer medidas de mitigación

para fomentar la confianza entre los Estados exportadores e im-

portadores.

14.4. Otras medidas pueden consistir, según el mismo artículo

11, en exigir documentación adicional, certificados o garantías,

no autorizar la exportación o imponer otras medidas adecua-

das, disponiendo que si un Estado parte detecta el desvío de una

transferencia de armas convencionales tomará las medidas nece-

sarias, con arreglo a sus leyes nacionales y de conformidad con el

derecho internacional, para hacer frente a ese desvío, alertando

a los Estados partes, potencialmente afectados, a examinar los

RAFAEL DÍAZ FILPO

226

envíos desviados de dichas armas y medidas de seguimiento en

materia de investigación y cumplimiento.

14.5. También se estimula a cada Estado parte a que lleve

registros de las armas convencionales que tengan como des-

tino final su territorio o sean objeto de una autorización de

tránsito o transbordo a través de él; que incluya en esos re-

gistros información sobre la cantidad, el valor y el modelo o

tipo de armas, las transferencias internacionales de armas

convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, que

hayan sido autorizadas, las armas convencionales efectiva-

mente transferidas y los datos precisos sobre los Estados ex-

portadores, importadores, de tránsito y transbordo y sobre los

usuarios finales, según proceda, los cuales se conservarán por

lo menos diez años.

14.6. Como se observa, las referidas medidas a ser ejecutadas,

previstas en el artículo 11, mediante un sistema nacional de

control con arreglo al artículo 5, párrafo 2, están estrechamente

relacionadas con la obligación derivada del artículo 12 del Tra-

tado, que exige también a cada Estado parte llevar registros na-

cionales de las autorizaciones de exportación que expida o de las

exportaciones realizadas de armas convencionales comprendidas

en el artículo 2, párrafo 1.

14.7. Cabe indicar que las armas convencionales descritas en

el artículo 2, párrafo 1, del Tratado corresponden a una catego-

ría de bienes que por su naturaleza pueden ser transportados de

un lugar a otro mediante los procedimientos de importación y

exportación utilizados para desaduanizar cualquier mercancía,

que es una actividad normal en el ámbito del comercio inter-

nacional, máxime en el caso de las armas pequeñas y ligeras,

por lo que resulta necesario que el Estado se dote de un registro

nacional de autorizaciones de exportación que expida o dé las

importaciones realizadas de armas convencionales comprendi-

das en el artículo 2, párrafo 1, a fin de mantener un sistema de

227

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

control actualizado que evite el desvío de las armas convencio-

nales objeto del Tratado.

14.8. Las medidas previstas en los artículos 11 y 12 del Tratado

fortalecen y amplían el sistema de control de armas consagrado

en la referida ley 36-65, sobre el Comercio, Porte y Tenencia de

Armas de la República Dominicana. En conclusión, la imple-

mentación de las mismas no contraviene la Constitución.

En la Sentencia TC/0136/13, del veintidós (22) de agosto

de dos Mil trece (2013), el Tribunal Constitucional dominicano

declaró conforme con la Constitución sobre el expediente TC-

02-2013-0012, sobre el control preventivo de constitucionali-

dad del “Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización

de Estados Centroamericanos (ODECA)”, de fecha trece (13)

de diciembre de mil novecientos noventa y uno (1991), que es-

tablece el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), y

su “Acuerdo Único”, de los jefes de Estado del Sistema de la Inte-

gración Centroamericana, suscrito el veintisiete (27) de junio de

dos mil trece (2013), en San José, Costa Rica, que reconoce a la

República Dominicana como “Miembro Pleno del SICA”. Este

Convenio tiene como objeto la realización de la integración de

Centroamérica para constituirla como régimen de paz, libertad,

democracia y desarrollo. Es el tratado constitutivo u originario

en el que se afirman los países centroamericanos como una co-

munidad económica y política que aspira a la integración global.

Para arribar a dicha decisión el Tribunal argumentó que:

10.1. El artículo 12 del Protocolo, en su segunda parte, subraya

la facultad de la Corte Centroamericana de Justicia, como un

órgano jurisdiccional permanente del SICA, para garantizar

el respeto del derecho en la interpretación y ejecución del

derecho comunitario y sus instrumentos complementarios o

RAFAEL DÍAZ FILPO

228

actos derivados del mismo, cuyas decisiones son obligatorias y

vinculantes para los Estados Miembros. En el mismo texto se

previó que la integración, funcionamiento y atribuciones están

reguladadas en su Estatuto suscrito en la XIII Cumbre de

Presidentes del Istmo Centroamericano de Panamá, celebrada

los días nueve (9), diez (10) y once (11) de diciembre de mil

novecientos noventa y dos (1992).

10.2. Conforme el artículo 22 del Estatuto, corresponde a la

Corte conocer, a solicitud de cualquiera de los Estados Miem-

bros, de las controversias que se susciten entre ellos, con excepción

de los conflictos fronterizos, territoriales y marítimos, para cuyo

conocimiento se requiere la solicitud de todas las partes concer-

nidas.

10.3. En cuanto a la competencia material de integración, el

Tribunal de justicia comunitario conoce:

a) De las acciones de nulidad y cumplimiento de los acuerdos de

los organismos del Sistema de la Integración Centroamericana;

b) A solicitud de cualquier interesado, acerca de las disposiciones

legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase

dictadas por un Estado, cuando afecten Convenios, Tratados y

de cualquier otra normativa del Derecho de la Integración Cen-

troamericana, o de los Acuerdos o resoluciones de sus órganos u

organismos;

c) Conocer de los asuntos que someta directa e individualmente

cualquier afectado por los acuerdos del Órgano u Organismos

del Sistema de la Integración Centroamericana;

10.4. En materia administrativa, la Corte conoce en últi-

ma instancia, en apelación, de las resoluciones administrati-

vas, dictadas por los Órganos u organismos del Sistema de la

Integración Centroamericana, que afecten directamente a un

229

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

miembro del personal del mismo y cuya reposición haya sido

denegada. Asimismo, en relación con competencia material

le corresponde a la Corte, cuando así le sea requerido por los

Estados partes, conocer y resolver a solicitud, del agraviado,

de conflictos que puedan surgir entre los Poderes u Órganos

fundamentales de los Estados, y cuando de hecho no se res-

peten los fallos judiciales; lo mismo que en materia conten-

ciosa respecto a las controversias suscitadas relativas: a) Los

conflictos entre los Estados miembros del SICA (22.a); b) Los

conflictos entre poderes u órganos del Estado (22.f ) c) Las

acciones de nulidad o incumplimiento de los acuerdos (22.b)

d) Las controversias o cuestiones que surjan entre un Estado

Centroamericano y otro que no lo sea, cuando, de común

acuerdo, le sean sometidos (22.h).

10.5. La Corte, dentro de sus atribuciones, tiene también com-

petencia funcional consultiva de interpretación, con un ámbito

de consulta doble: a) opera como Tribunal de Consulta Per-

manente de las Cortes Supremas de Justicia de los Estados, con

carácter ilustrativo y b) ejerce como órgano de Consulta de los

órganos u organismos del Sistema de la Integración Centroame-

ricana, en la interpretación y aplicación del Protocolo y de los

instrumentos complementarios y actos derivados de los mismos.

10.6. También le corresponde resolver toda consulta prejudicial

requerida por todo Juez o Tribunal judicial, que estuviere co-

nociendo de un caso pendiente de fallo encaminada a obtener

la aplicación o interpretación uniforme de las normas que con-

forman el ordenamiento jurídico del Sistema de la Integración

Centroamericana.

10.7. Al mismo tiempo, le compete conocer y fallar, si así lo

decide, como árbitro de los asuntos en que las partes la hubie-

ren solicitado como Tribunal competente, así como decidir,

conocer y resolver un litigio ex aequo et bono, si los interesados,

lo convienen.

RAFAEL DÍAZ FILPO

230

10.8. Hacer estudios comparativos de las Legislaciones de Cen-

troamérica para lograr su armonización y elaborar proyectos de

leyes uniformes para realizar la integración jurídica de Centroa-

mérica. Esta labor la realizará, en forma directa o por medio de

institutos u organismos especializados, como el Consejo Judicial

Centroamericano o el Instituto Centroamericano de Derecho de

Integración.

10.9. Los Estados que han aceptado la jurisdicción de la Corte,

aún cuando no hayan ratificado su Estatuto, se ven comprometi-

dos también a reconocer las nuevas competencias que atribuyen

otros tratados complementarios y protocolos derivados del Trata-

do constitutivo.

10.10. El citado Estatuto de la Corte prevé, en su artículo 48,

que no admitirá reservas, estableciendo que tendrá duración

indefinida e instaurando el procedimiento de su entrada en

vigencia ocho días después de la fecha en que los Estados que

han ratificado el Protocolo, hayan efectuado el depósito corres-

pondiente. Los Estados que a la fecha de vigencia no hayan

aún ratificado el Protocolo antes mencionado podrán pasar a

integrar La Corte previa ratificación y depósito de los instru-

mentos respectivos en la forma señalada en los mismos. Esto

supone que una vez se haya cumplido con el procedimiento de

ratificación, tanto la Corte como el Estatuto pasarán a formar

parte de los órganos a los que República Dominicana otorga

competencia para dirimir cualquier controversia suscitada a

raíz de su adhesión al Protocolo.

10.11. República Dominicana es parte integrante de la Conven-

ción Americana de los Derechos Humanos suscrita en San José,

Costa Rica, en el año mil novecientos sesenta y siete (1967), por

haberla ratificado mediante la Resolución núm. 739, de fecha

veinticinco (25) de diciembre de mil novecientos setenta y siete

(1977), del Congreso Nacional, publicada en la Gaceta Oficial

Núm. 9460, de fecha once (11) de febrero de mil novecientos

231

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

setenta y ocho (1978). Posteriormente, aceptó la competencia

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano

consultivo y contencioso, el veinticinco (25) de marzo de mil

novecientos noventa y nueve (1999).

10.12. En ese tenor, cabe preguntarse si la adhesión al presen-

te protocolo y en consecuencia a la Corte Centroamericana de

Justicia, como uno de los órganos del Sistema de Integración,

puede interferir con la competencia previamente atribuida a la

Corte Interamericana de Derechos Humanos, máxime cuando

su artículo 35 expresa que este protocolo y sus instrumentos com-

plementarios prevalecerán sobre cualquier convenio, acuerdo o

protocolo suscrito entre los Estados Miembros, bilateral o multi-

lateralmente, sobre las materias relacionadas con la integración

centroamericana.

10.13. Si bien los Estados miembros se han propuesto entre los

objetivos previstos en el artículo 3, letra a) del Protocolo, Conso-

lidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de

la existencia de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y

secreto, y del irrestricto respeto a los Derechos Humanos, se previó

en el artículo 25 del indicado Estatuto de la Corte Centroameri-

cana de Justicia, que su competencia no se extiende a la materia

de derechos humanos, la cual corresponde exclusivamente a la

Corte Interamericana de Derechos Humanos, quedando de esta

manera descartada la superposición de competencias de ambos

órganos sobre la materia.

10.14. Cabe agregar, en este aspecto, que la Constitución domi-

nicana dispone en su artículo 184 que habrá un Tribunal Cons-

titucional –como un órgano extra-poder– para garantizar la su-

premacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y

la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son de-

finitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para

los poderes públicos y todos los órganos del Estado; facultades que

no resultan restringidas con la entrada en vigencia del Protocolo.

RAFAEL DÍAZ FILPO

232

10.15. Además, la prevalencia sobre cualquier Convenio,

Acuerdo o Protocolo, suscrito previamente por esta Nación con

otros Estados Miembros, al aclarar el citado artículo que No

obstante, quedan vigentes entre dichos Estados las disposiciones

de aquellos Convenios, Acuerdos o Tratados, siempre que las

mismas no se opongan al presente instrumento u obstaculicen el

logro de sus propósitos y objetivos, le atribuye al Protocolo poder

derogatorio o modificador de los acuerdos previos suscritos entre

los Estados Miembros; sin embargo, el propio texto comentado

alude a las materias relacionadas con la integración centroa-

mericana, es decir, que dicha previsión sólo surte efecto jurídi-

co-convencional entre los Estados que han suscrito el Protocolo;

razón por la que este aspecto del Protocolo no contraviene la

Constitución.

En la Sentencia TC/0059/15, dictada el treinta (30) de

marzo del año dos mil quince (2015), el Tribunal Constitucio-

nal dominicano declaró conforme con la Constitución sobre

el expediente TC-02-2013-0013, sobre el control preventivo

de constitucionalidad de la Decisión núm. XXXVIII/D453,

adoptada por la XXXVIII Reunión de Ministros de la Orga-

nización Latinoamericana de Energía el treinta (30) de no-

viembre de dos mil siete (2007), mediante la cual se decidió

reformar el artículo 1, del Convenio que Establece la Organi-

zación Latinoamericana de Energía, cambiando el nombre de

la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), por

el de Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía

(OLACDE). Este Convenio tiene como objeto modificar el

artículo 1 del Convenio que establece la Organización Lati-

noamericana de Energía, cambiando su nombre: Organización

Latinoamericana de Energía, OLADE, por el de Organización

Latinoamericana y Caribeña de Energía OLACDE, con el fin

de reflejar la presencia activa de los países del Caribe. Entre las

233

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

motivaciones expuestas por el órgano de control de constitu-

cionalidad están las siguientes:

La reforma realizada al artículo 1, del Convenio que Establece

la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) pro-

cura reconocer la presencia activa de los países de la subregión

del Caribe en dicha organización, agregando un cambio en la

denominación de la misma, pero manteniendo intacto todos los

demás aspectos de dicho Convenio.

Si bien la Constitución le concede al Poder Ejecutivo la facultad

de firmar tratados o convenciones internacionales y someterlos a

la aprobación del Congreso Nacional, a los fines de que puedan

gozar de validez y obligar a la

República, según lo dispone en su artículo 128, numeral 1),

literal d), este Tribunal entiende que las reformas que pudieran

recibir dichos tratados o convenciones, sin importar su alcance,

después de haber sido ratificados, también quedan sujetas a con-

trol previo de constitucionalidad, debido a que las mismas im-

pactan de alguna manera el contenido y significación del texto

originalmente acordado por las partes.

En el presente Convenio, y debido a que la reforma introducida

en su artículo 1 solo se limita a introducir un cambio en la

denominación del mismo, este Tribunal es de opinión, que con

ello no se contraviene ninguna disposición constitucional y en

consecuencia entiende que dicha reforma no contraviene ningún

precepto establecido en la Constitución de la República.

En la Sentencia TC/0049/14, dictada el diecisiete (17) de

marzo de dos mil catorce (2014), el Constitucional dominicano

declaró conforme con la Constitución sobre el expediente TC-

02-2013-0014, sobre el control preventivo de constitucionali-

dad del “Protocolo relativo a una enmienda al Convenio sobre

Aviación Civil Internacional”, de fecha diez (10) de mayo de mil

RAFAEL DÍAZ FILPO

234

novecientos ochenta y cuatro (1984). Este Convenio tiene como

objeto que la aviación civil internacional pueda contribuir po-

derosamente a crear y a preservar la amistad y el entendimiento

entre las naciones y los pueblos del mundo. En la señalada sen-

tencia, el tribunal precisó lo siguiente:

6.14 En ese orden, el artículo 94 a) del Convenio sobre Aviación

Civil Internacional prescribe:

Enmiendas del Convenio: a) Toda enmienda que se proponga al

presente Convenio deberá ser aprobada por voto de dos tercios de

la Asamblea y entrará en vigor con respecto a los Estados que la

hayan ratificado, cuando la ratifique en número de Estados con-

tratantes fijado por la Asamblea. Este número no será inferior a

los dos tercios del total de Estados contratantes.

6.15 Es oportuno señalar que el Convenio sobre Aviación Civil

Internacional (Convenio Chicago), de fecha siete (7) de diciem-

bre de mil novecientos cuarenta y cuatro (1944), fue ratificado

por el país, en fecha veinticinco (25) de enero de mil novecientos

cuarenta y seis (1946), por lo que le corresponde cumplir con las

disposiciones contenidas en el Convenio, siempre que lo pactado

no entre en contraposición con la Carta Magna.

6.16 Al respecto, la Constitución dominicana proclama, en su

artículo 3, lo siguiente:

Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención.

La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e indepen-

diente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los

poderes públicos organizados por la presente Constitución puede

realizar o permitir la realización de actos que constituyan una

intervención directa o indirecta en los asuntos internos o exter-

nos de la República Dominicana o una injerencia que atente

contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos

235

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El princi-

pio de la no intervención constituye una norma invariable de la

política internacional dominicana.

6.17 En su numeral 3, el artículo 9 de la Constitución domini-

cana, de su parte, proclama: “El espacio aéreo sobre el territorio

nacional, el espectro

electromagnético y el espacio donde éste actúa. La ley regulará

el uso de estos espacios de conformidad con las normas interna-

cionales”.

6.18 En ese sentido, la Ley núm. 491-06, de Aviación Civil de

la República Dominicana, en su parte introductoria, establece

que el turismo es la fuente de ingreso económico más importante

del país y su medio de entrada es el transporte aéreo; que el Es-

tado dominicano es el compromisario de establecer las normas y

los principios para que la aviación civil pueda desarrollarse de

manera segura y regularizada y de que los servicios de transporte

aéreo puedan establecerse sobre una base de igualdad de oportu-

nidades y realizarse de modo sano y económico.

6.19 De su parte, la Ley núm. 188-11, sobre Seguridad Aero-

portuaria y de la Aviación Civil, establece en su Considerando

Segundo que, de conformidad con la Norma 2.1.1, del anexo

17 del Convenio sobre Aviación civil Internacional, es objetivo

primordial del Estado dominicano, la seguridad de los pasajeros,

las tripulaciones, el personal en tierra y el público en general, en

todos los asuntos relacionados con la salvaguarda de la aviación

civil contra actos de interferencia ilícita, así como la seguridad

de los aeropuertos, aeronaves e instalaciones al servicio de la

aviación civil, teniendo presente la seguridad, la regularidad y

eficacia de los vuelos.

6.20 Por igual, el artículo 35 de la referida ley núm. 188-11

establece que: “Defensa de las aeronaves. La FAD es el órgano

RAFAEL DÍAZ FILPO

236

responsable de garantizar la defensa de todas las aeronaves den-

tro de los límites del espacio aéreo de la República Dominicana”.

6.21 El artículo 37, de la misma ley núm. 188-11, indica:

“Del control del Tránsito Aéreo. El control del espacio aéreo y

de la navegación aérea por el territorio nacional, corresponderá,

de conformidad con sus respectivas leyes, al Ministerio de las

Fuerzas Armadas y al Instituto Dominicano de Aviación Civil

(IDAC)”.

6.22 En ese mismo sentido, el artículo 38 de la Ley núm. 188-

11 define a la Fuerza Aérea Dominicana como responsable

de la defensa aérea nacional dentro de los límites del espacio

aéreo de la República Dominicana, le corresponderá: 1) La

vigilancia, el control y la defensa del espacio aéreo de sobera-

nía nacional, y 2) El control de tránsito aéreo en el siguiente

caso: a) Cuando el Presidente de la República, ante situaciones

extraordinarias que ameriten la declaración de estado de ex-

cepción, decida que esta competencia sea ejercida por la Fuerza

Aérea Dominicana.

6.23 Por último, el artículo 252 de la Carta Magna proclama:

La defensa de la Nación está a cargo de las Fuerzas Armadas.

Por lo tanto: 1) Su misión es defender la independencia y sobe-

ranía de la Nación, la integridad de sus espacios geográficos, la

Constitución y las instituciones de la República; 2) Podrán, asi-

mismo, intervenir cuando lo disponga el Presidente de la Repú-

blica en programas destinados a promover el desarrollo social y

económico del país, mitigar situaciones de desastres y calamidad

pública, concurrir en auxilio de la Policía Nacional para man-

tener o restablecer el orden público en casos excepcionales; 3) Son

esencialmente obedientes al poder civil, apartidistas y no tienen

facultad, en ningún caso, para deliberar. Párrafo.- Corresponde

a las Fuerzas Armadas la custodia, supervisión y control de todas

las armas, municiones y demás pertrechos militares, material y

237

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

equipos de guerra que ingresen al país o que sean producidos por

la industria nacional, con las restricciones establecidas en la ley.

6.24 En resumen, tras analizar comparativamente el artículo 3

bis, inserto en el artículo 3 del Convenio sobre Aviación Civil

Internacional mediante el Protocolo de enmienda, este tribu-

nal puede advertir que no entra en conflicto con nuestra Carta

Magna ni con las leyes nacionales que regulan la aviación civil

dominicana.

6.25 Por igual, el Protocolo de enmienda reconoce la soberanía

plena y exclusiva que tienen los Estados en el espacio aéreo si-

tuado sobre su dimensión territorial; de esta forma otorga a los

Estados la responsabilidad de mantener la seguridad y el orden

en su espacio aéreo, razones estas por la que podemos inferir que

el Protocolo de enmienda es compatible con los artículos 3, 9.3,

y 26 de la Constitución dominicana, al respetar el ejercicio de la

soberanía que tiene el Estado.

6.26 Asimismo, se puede observar que el Protocolo de enmienda

no entra en contradicción con el artículo 252 de la Constitu-

ción, ni limita el ejercicio del poder que tienen las Fuerzas Ar-

madas de la República Dominica para defender el espacio aéreo

y la soberanía de la nación.

6.27 A la luz de los textos constitucional y legales arriba citados,

y luego de la revisión detallada del “Protocolo relativo a una

enmienda al Convenio sobre Aviación Civil Internacional”, po-

demos concluir señalando que ha sido elaborado conforme a la

Constitución dominicana, acorde con las normativas nacionales

y la regulación internacional sobre la materia, específicamente el

Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio Chica-

go), de fecha siete (7) de diciembre de mil novecientos cuarenta

y cuatro (1944); la Ley núm. 188-11, sobre Seguridad Aeropor-

tuaria y de la Aviación Civil; y la Ley núm. 491-06, de Avia-

ción Civil de la República Dominicana, en razón de que dicho

RAFAEL DÍAZ FILPO

238

protocolo procura el desarrollo de manera segura y ordenada de

la aviación civil internacional y, lo más importante, procura

garantizar la seguridad y la vida de las personas a bordo de las

aeronaves civiles, respetando siempre la soberanía en el espacio

aéreo situado sobre el territorio.

En la Sentencia TC/0087/14, dictada el veintiséis (26) de mayo

del año dos mil catorce (2014), el Constitucional dominicano

declaró conforme con la Constitución sobre el expediente TC-02-

2013-0015, sobre el control preventivo de constitucionalidad

del “Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República

Dominicana y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”,

suscrito en la ciudad de México el veintitrés (23) de julio de

dos mil trece (2013). Este Convenio tiene como objeto regu-

lar los procesos de extradición, de acuerdo con las disposiciones

que establece dicho tratado, de aquellas personas respecto de las

cuales las autoridades competentes de la parte requirente hayan

iniciado un proceso penal o sean requeridas para la imposición

o ejecución de una sentencia que implique una pena privativa

de libertad.

En la Sentencia TC/0014/14, dictada el catorce (14) de

enero de dos mil catorce (2014), el Constitucional dominica-

no declaró conforme con la Constitución sobre el expediente

TC-02-2013-0016, sobre el control preventivo de constitucio-

nalidad del “Convenio del Consejo de Ministras de la Mujer de

Centroamérica (COMMCA)”, suscrito en fecha once (11) de

agosto de dos mil cinco (2005), en San Salvador, República de

El Salvador. Este Convenio tiene como objetivos los siguientes:

a) Articular, coordinar, promover y emitir resoluciones vincu-

lantes e incluyentes que desarrollen acciones que se deriven y

emanen de las Reuniones Presidenciales coordinadas con el Con-

sejo de Ministros de Relaciones Exteriores y orientadas a que en

forma regional impacten el desarrollo político, socioeconómico,

239

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

ambiental y cultural que logre la transformación y moderni-

zación de la región para alcanzar un mejor nivel de desarro-

llo para lograr una mejor calidad de vida de sus ciudadanos y

ciudadanas en condiciones de equidad de género, con el fin de

promover el crecimiento económico sostenible en el tiempo y un

impacto equitativo en los hombres y mujeres que conforman la

sociedad.

b) Lograr que las políticas de equidad de género, tal como han

quedado plasmadas en las plataformas de acción y programas de

las conferencias internacionales, los informes y las declaraciones,

las convenciones, los protocolos y acuerdos regionales y las legisla-

ciones nacionales de cada país, encuentren su amplia expresión

dentro del Sistema de Integración Centroamericana SICA para

lograr procesos de institucionalización de las políticas que pro-

muevan la igualdad y la equidad.

c) Promover la igualdad de oportunidades entre todas las perso-

nas, eliminando las prácticas de violencia en general, violencia

doméstica e intrafamiliar, trata de personas para explotación

sexual, velar por el ejercicio de los derechos económicos, asegurar

la no discriminación por razones étnicas, promover el acceso a

sistemas de salud integral e impulsar estereotipos de tipo socio-

cultural para que todos los niños, niñas, adolescentes y mujeres

de los Estados que integran la región, puedan alcanzar un desa-

rrollo de valores, principios y prácticas democráticas.

d) Desarrollar una agenda regional con el financiamiento de los

Estados miembros y de la cooperación internacional, para apo-

yar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio.

e) Adoptar como parte de su agenda las políticas regionales de la

Integración Centroamericana y apoyar específicamente los obje-

tivos de desarrollo humano, social y económico que constituyen

parte sustantiva de la naturaleza, propósitos, principios y fines

del SICA.

RAFAEL DÍAZ FILPO

240

f) Desarrollar acciones que se orienten a la incorporación de las

mujeres en los procesos de integración económica, especialmente

en el actual contexto de la globalización y de negociación de Tra-

tados de Libre Comercio en la Región, con el fin de promover la

participación de las mujeres en la economía como una oportuni-

dad de desarrollo para los países Centroamericanos y contribuir

a los esfuerzos para la reducción de la pobreza.

g) Promover la cooperación horizontal, el desarrollo institucio-

nal y el establecimiento de programas de cooperación técnica en

la región ampliando las oportunidades para las mujeres de la

región.

h) Apoyar al sistema de Integración Centroamericana brindan-

do orientaciones para el tema de la transversalidad de la equi-

dad de género en las acciones que de sus funciones deriven.

Para sustentar la señalada decisión, el Tribunal Constitucio-

nal argumentó que:

a) El presente Convenio dispone, entre sus objetivos, un con-

junto de acciones mediante las cuales se privilegia la equidad

de género en el marco de las políticas públicas desarrolladas

por los Estados de la subregión centroamericana en interés de

promover la igualdad de oportunidades entre todas las perso-

nas, eliminando las prácticas de violencia en general, violencia

doméstica e intrafamiliar y la trata de personas para explota-

ción sexual.

Este objetivo encuentra correspondencia normativa en el nu-

meral 4) del artículo 39 de la Constitución, el cual dispone

que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y prohíbe

cualquier acto que tenga como objetivo menoscabar o anular

el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igual-

dad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres,

241

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

comprometiéndose a promover las medidas necesarias para

garantizar la erradicación de las desigualdades y la discrimi-

nación de género.

Asimismo, el numeral 2), del artículo 42 de la Constitución,

condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de

sus formas, comprometiéndose el Estado a garantizar, mediante

ley, la adopción de las medidas necesarias para prevenir, sancio-

nar y erradicar la violencia contra la mujer.

b) Otro aspecto que destaca el Convenio se refiere a que el

mismo procura cuidar el ejercicio de los derechos económicos,

asegurar la no discriminación por razones étnicas, promover

el acceso a sistemas de salud integral e impulsar estereotipos

de tipo sociocultural para que todos los niños, niñas, adoles-

centes y mujeres de los Estados que integran la región puedan

alcanzar un desarrollo de valores, principios y prácticas de-

mocráticas.

Respecto a este aspecto, la Constitución dispone, en su artículo

39 que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, razón

por la cual les corresponde recibir la misma protección y trato de

las instituciones, autoridades y personas, sin ninguna discrimi-

nación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacio-

nalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o

filosófica, condición social o personal.

En este sentido, también establece la Constitución, en su artícu-

lo 62, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo

digno y remunerado, garantizando la igualdad y equidad de

mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo.

Es en el marco de estas disposiciones constitucionales, y su corres-

pondencia con el contenido analizado del presente Convenio,

que este tribunal entiende que el mismo resulta compatible con

la Constitución dominicana.

RAFAEL DÍAZ FILPO

242

En la Sentencia TC/0266/14, dictada el seis (6) de noviem-

bre de dos mil catorce (2014), el Constitucional dominicano

declaró conforme con la Constitución sobre el expediente TC-

02-2013-0017, sobre el control preventivo de constituciona-

lidad del “Convenio del Consejo de Ministras de la Mujer de

Centroamérica (COMMCA)”, suscrito en fecha once (11) de

agosto de dos mil cinco (2005), en San Salvador, República de

El Salvador. Este Convenio tiene como objetivos, los siguientes:

1- Fortalecer las capacidades de los principales interesados en

integrar una perspectiva de género en las políticas, en los progra-

mas y en los proyectos.

2- Fortalecer la capacidad del sistema de la ONU, incluyendo

el de ONU Mujeres, para contribuir a la igualdad de género.

3- Participar en investigaciones orientadas a la acción desde una

perspectiva de género que tengan un impacto concreto sobre las

políticas, los programas y los proyectos.

4- Contribuir a crear sinergias para una gestión y una comu-

nicación eficaces de los conocimientos en materia de asuntos de

género; además de actividades relacionadas con los programas

nacionales.

Para arribar a dicha decisión el Tribunal Constitucional ar-

gumentó que:

a. El presente Acuerdo dispone, entre sus objetivos, la instalación

de la sede de la Oficina en Santo Domingo, República Domi-

nicana, con el fin de llevar a cabo las funciones de fortalecer

las capacidades de los principales interesados en integrar una

perspectiva de género en las políticas, en los programas y en los

proyectos, fortalecer las capacidades del sistema de la ONU Mu-

jeres, para contribuir con la igualdad de género, participar en

investigaciones orientadas a la acción desde una perspectiva de

243

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

género que tengan un impacto concreto sobre las políticas, los

programas y los proyectos; busca contribuir a crear sinergias para

una gestión y comunicación eficaz de los conocimientos en mate-

ria de asuntos de género.

b. La Oficina tendrá personalidad jurídica en la República

Dominicana, con capacidad de contratar, adquirir y vender

propiedades inmuebles y muebles, y entablar procedimientos ju-

diciales.

c. El Acuerdo regula el estatus de las instalaciones, de los/las fun-

cionarios/as, expertos/as en misión y de las personas que prestan

servicios de la Oficina en el país, dando el tratamiento a la Ofi-

cina igual e idéntico que al de cualquier otra misión extranjera

acreditada en el país.

d. La Oficina, sus fondos, bienes y propiedades gozarán de in-

munidad de toda forma de procedimiento legal, excepto en lo

que se refiere a un caso particular para el que las Naciones Uni-

das haya renunciado a su inmunidad y gozará de exención de

todos los impuestos, gravámenes, honorarios, cuotas y tasas di-

rectas e indirectas. Igualmente sus funcionarios/as gozarán de

inmunidad y facilidades en el país anfitrión; inmunidad ante

procedimientos legales en relación con palabras pronunciadas o

escritas y todo acto llevado a cabo dentro de su capacidad oficial;

exención de impuestos sobre salarios y emolumentos pagados por

las Naciones Unidas y de los impuestos de todo ingreso y propie-

dad, para sí mismo y para sus cónyuges o miembros dependientes

de su familia, en la medida en que esos ingresos se originen en

fuentes externas o que esas propiedades se encuentren fuera del

país anfitrión,

e. Tendrán el derecho a importar sus muebles y efectos perso-

nales, importar, libres de impuestos, las adiciones o reemplazos

necesarios para dichos muebles y efectos personales, las adiciones

para o reemplazos necesarios para dichos muebles y efectos, un

RAFAEL DÍAZ FILPO

244

vehículo y, según lo requiera, cantidades razonables de artículos

y alimentos para consumo, todo para su uso personal, libres de

impuestos, tasas, y otros gravámenes, prohibiciones y restricciones

a las importaciones.

Estos objetivos encuentran correspondencia normativa en el ar-

tículo 39 de la Constitución, el cual dispone que todas las per-

sonas nacen libres e iguales ante la ley, razón por la cual les co-

rresponde recibir la misma protección y trato de las instituciones,

autoridades y personas, sin ninguna discriminación por razones

de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos fa-

miliares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición

social o personal.

En consecuencia, este tribunal ha confirmado y verificado que

el “Acuerdo entre la Entidad de las Naciones Unidas para la

Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU

Mujeres) y el Gobierno de la República Dominicana, relativo

al establecimiento de la Oficina ONU Mujeres”, firmado en la

ciudad de Santo Domingo el catorce (14) de octubre de dos mil

trece (2013), no contradice los preceptos y normas establecidas

en nuestra Constitución.

Respecto al expediente TC-02-2014-0001, el Tribunal

Constitucional dominicano dictó el trece (13) de junio de dos

mil catorce (2014), la Sentencia TC/0121/14, sobre el control

preventivo de constitucionalidad del “Tratado de la Integración

Social Centroamericana”, adoptado en la República de El Sal-

vador y suscrito por las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá el treinta (30) de

marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), cuyo objetivo

fundamental es “alcanzar la integración social centroamericana

para constituirla en una región de paz, libertad, democracia y de-

sarrollo de manera voluntaria, y así promover en forma armónica

245

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

y equilibrada, el desarrollo sostenido económico, social, cultural

de los Estados miembros y de la región”. Para justificar su deci-

sión, el tribunal señaló que:

7.1. El artículo 8 del Tratado establece que los Estados Partes

tienen la responsabilidad de “identificar y tratar de manera con-

junta los problemas sociales de naturaleza regional”, así como

también de “propiciar la armonización gradual y progresiva de

las políticas sociales”. Estos compromisos son consistentes con el

propósito de “lograr un sistema regional de bienestar y justicia

económica y social para los pueblos centroamericanos”, esta-

blecido en el artículo 4 del Protocolo de Tegucigalpa y que fue

previamente reconocido por este tribunal mediante la Sentencia

TC/0136/13 antes citada.

7.2. Asimismo, los Estados signatarios se han comprometido con

“mejorar y fortalecer la asignación de recursos en el área del gasto

e inversión social…” como mecanismo para superar los factores

estructurales de pobreza, lo cual constituye una corroboración de

la responsabilidad previamente asumida por República Domi-

nicana al instituir en el artículo 75, numeral 6), de la Consti-

tución, el “deber fundamental del Estado de garantizar la racio-

nalidad del gasto público y la promoción de una administración

pública eficiente”.

7.3. Con relación a la responsabilidad de cada signatario de

“plantear políticas de mediano y largo plazo, para garantizar

el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas del

Subsistema Social” y de “establecer mecanismos de cooperación

e intercambio de metodologías, recursos y tecnologías entre los

países miembros”, la Constitución dispone en el artículo 26, nu-

meral 1), que el Estado dominicano reconoce y aplica las nor-

mas del derecho internacional una vez han sido adoptadas por

los poderes público, por lo que República Dominicana deberá

ejecutar acciones tendentes al cumplimiento de las obligaciones

RAFAEL DÍAZ FILPO

246

asumidas por medio del Tratado. En tal virtud, lo concerniente

a este aspecto del Tratado no infringe la Constitución.

7.4. Finalmente, el Tratado dispone la obligación que tendrán

los Estados signatarios de “propiciar el fortalecimiento de los go-

biernos locales y promover la organización de las comunidades”,

lo cual es cónsono con los artículos 201 y 202 de la Constitución,

en virtud de que instituyen normas de organización de los go-

biernos locales, la representación de los mismos, así como tam-

bién respecto de la delegación a establecer por ley las atribuciones

y facultades de estos órganos.

En la Sentencia TC/0213/14, del quince (15) de septiem-

bre de dos mil catorce (2014), el Tribunal Constitucional de la

República Dominicana, decidió la constitucionalidad del expe-

diente TC-02-2014-0002, concerniente al control preventivo de

constitucionalidad del “Acuerdo entre el gobierno de la Repúbli-

ca Dominicana y Agro Acción Alemana (WELTHUNGERHI-

FE)”, suscrito en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Dis-

trito Nacional, República Dominicana el doce (12) de febrero

de dos mil catorce (2014), cuyo objeto es el siguiente:

2.1 “Artículo Primero: El gobierno dominicano reconoce a Agro

Acción Alemana (Welthungerhife) como organismo no guber-

namental que gestionará todos los programas de cooperación de

Deutsche Welthungerhife e.v. en la República Dominicana.

2.2 Artículo Segundo: La Oficina Nacional de Agro Acción Ale-

mana (Welthungerhife) en la República Dominicana, en tanto

agencia gestora de Deutsche Welthungerhife e.v., se propone con-

tinuar y hacer esfuerzos por incrementar los proyectos y progra-

mas de ayuda siguientes: [A] programa de apoyo multinacional

para el Corredor Biológico en el Caribe (República Dominica-

na, Haití, Cuba); [B] programas de ayuda a contingencia para

247

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

emergencias y mitigación de desastres; [C] programas inteligen-

tes contra la desertificación insular.

De manera específica Agro Acción Alemana (Welthungerhife)

desarrollará programas de cooperación, a través de proyectos de

desarrollo tales como:

1. Reforestación, protección y manejo sostenible de recursos na-

turales relacionados.

2. Reducción de la pobreza en zonas periféricas de aéreas pro-

tegidas.

3. Apoyo para zonas de amortiguamiento, conexión Corredor

Biológico en el Caribe, con sede en Barahona.

4. Apoyo al intercambio comercial de productos agroforestales de

manera sostenible.

5. Aprovechamiento forestal con productos de la República Do-

minicana y construcciones de casas populares.

6. Apoyo a la contingencia para emergencia y mitigación de de-

sastres regionales.

7. Apoyo contra la desertificación insular especialmente en la

cuenca del rio Artibonito.

En la Sentencia TC/181/14, del catorce (14) de agosto de

dos mil catorce (2014) el Tribunal Constitucional de la Repú-

blica Dominicana, decidió la constitucionalidad del expedien-

te TC-02-2014-0003, concerniente al control preventivo de

constitucionalidad: control preventivo de constitucionalidad

de: 1) “Acuerdo de Creación de la Conferencia de las Fuerzas

Armadas Centroamericanas (CFAC)”, suscrito en Managua,

RAFAEL DÍAZ FILPO

248

capital de la República de Nicaragua, el doce (12) de noviem-

bre de mil novecientos noventa y siete (1997); 2) “Acuerdo

de Incorporación de las Fuerzas Armadas de la República Do-

minicana como Fuerzas Armadas Miembro de la Conferencia

de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC)”, suscrito

en Guatemala el catorce (14) de noviembre de dos mil siete

(2007); y 3) “Acuerdo que reforma el Reglamento de la Con-

ferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) en

sus artículos 3 y 18”, suscrito en San Salvador, República de

El Salvador, el treinta y uno (31) de enero de dos mil doce

(2012). Los objetivos de la creación de la conferencia son los

siguientes: a) Impulsar la consolidación de los procesos de paz,

libertad y democracia y el desarrollo sostenible, que en la ac-

tualidad fomentan los países centroamericanos; b) Impulsar las

actividades de fomento de la confianza, transparencia y coope-

ración mutua entre las instituciones armadas.

El Tribunal Constitucional para justificar su decisión señaló

que:

En cuanto al “Acuerdo de Creación de la Conferencia de las

Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC)”, la finalidad de

este acuerdo fue indicado en el apartado relativo a los objetivos,

apartado en el cual se indicó que el mismo buscaba impulsar la

consolidación de los procesos de paz, libertad y democracia y el

desarrollo sostenible, que en la actualidad fomentan los países

centroamericanos, así como impulsar las actividades de fomento

de la confianza, transparencia y cooperación mutua entre nues-

tras instituciones armadas.

Los referidos valores están acordes con los que se consagran en

nuestra Constitución. Ciertamente, el artículo 26 de nuestra

Constitución establece que la República Dominicana es un Es-

tado miembro de la comunidad internacional abierto a la coo-

peración. En el artículo 26.4 se consagra que:

249

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

En igualdad de condiciones con otros Estados, la República Do-

minicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que

garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la

justicia, y el desarrollo político, social, económico y cultural de

las naciones. Se compromete a actuar en el plano internacional,

regional y nacional de modo compatible con los intereses nacio-

nales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de

solidaridad con todas las naciones.

En este mismo sentido, en el artículo 26.5 se establece que

el Estado dominicano podrá suscribir tratados internacionales

para promover el desarrollo común de las naciones que asegu-

ren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus

habitantes, y para atribuir a organizaciones supranacionales

las competencias requeridas para participar en procesos de in-

tegración.

Finalmente, nos parece importante destacar que, según el ar-

tículo 260.1 de la Constitución, uno de los objetivos de alta

prioridad de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana

es combatir actividades criminales transnacionales que pongan

en peligro los intereses de la República y de sus habitantes.

Conforme en lo expuesto en los párrafos anteriores, el acuerdo

de creación del CFAC es compatible con la Constitución y, en

consecuencia, también lo es el “Acuerdo de Incorporación de las

Fuerzas Armadas de la República Dominicana como Fuerzas

Armadas Miembro de la Conferencia de las Fuerzas Armadas

Centroamericanas (CFAC)”, en la medida que se limita a inte-

grar a la República Dominicana en la Conferencia, cuyo conte-

nido ha sido objeto de examen.

Igualmente, resulta conforme con la Constitución el “Acuerdo

que reforma el Reglamento de la Conferencia de las Fuerzas

Armadas Centroamericanas (CFAC) en sus artículos 3 y 18”, ya

que las modificaciones que se realizan a dicho reglamento son las

RAFAEL DÍAZ FILPO

250

consecuencias de la incorporación de la República Dominicana

en la indicada conferencia.

Es en el marco de estas disposiciones constitucionales, y su corres-

pondencia con el contenido analizado de los acuerdos, que este

tribunal constitucional los considera compatibles con la Consti-

tución dominicana.

En lo concerniente al expediente TC-02-2014-0004, el

máximo órgano de control de la constitucionalidad en la República

Dominicana, emitió la sentencia TC/0061/15 del treinta (30) de

marzo de dos mil quince (2015), relativa al control preventivo de

constitucionalidad del “Segundo Protocolo Facultativo del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a Abolir

la Pena de Muerte”, aprobado y proclamado por la Asamblea

General de las Naciones Unidas, mediante Resolución núm.

44/128, del quince (15) de diciembre de mil novecientos ochenta

y nueve (1989), cuyo objetivo principal es “la abolición de la

pena de muerte de manera permanente; sin embargo, permite

a los Estados Partes mantenerla en tiempo de guerra, si hacen

una reserva a tal efecto en el momento de ratificar el Protocolo

o adherirse a él”. Respecto al examen de constitucionalidad el

tribunal expuso lo siguiente:

12.3.1. Tal y como se ha analizado, la pena de muerte no puede

ni podrá establecerse en la República Dominicana, tanto por

disposición constitucional como por el compromiso asumido por

el Estado dominicano mediante tratados y convenios internacio-

nales, por lo que no existe obstáculo que impida la incorporación

del referido Protocolo al derecho interno.

12.3.2. Como consecuencia del examen de control preventivo, el

Tribunal determina que el “Segundo Protocolo Facultativo del

251

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a

Abolir la Pena de Muerte”, no contradice las normas y preceptos

establecidos en nuestra Constitución.

De igual forma, el Tribunal Constitucional fue apoderado

del expediente TC-02-2014-0005 y mediante la Sentencia

TC/0212/14, de fecha once (11) de septiembre de dos mil catorce

(2014), decidió sobre el control preventivo de constitucionalidad

del “Acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana

y el Gobierno de la República de Turquía sobre Cooperación

Económica”, suscrito el quince (15) de abril de dos mil catorce

(2014), cuyos objetivos son los siguientes:

a. Promover las actividades de los respectivos sectores

para incrementar la cooperación bilateral económica,

técnica y tecnológica.

b. Apoyar y desarrollar contactos y oportunidades de

negocios.

c. Facilitar la expansión de inversión bilateral y la

identificación de las oportunidades económicas y de

inversiones en sus respectivos países.

d. Fomentar la cooperación en áreas de interés mutuo

relacionada con el desarrollo económico.

e. Reforzar la cooperación para el estrechamiento de la

relación económica entre los dos países.

Para justificar la decisión del referido control de constitu-

cionalidad, el tribunal argumentó que:

En cuanto al “Acuerdo entre el Gobierno de la Republica Do-

minicana y el Gobierno de la República de Turquía sobre

RAFAEL DÍAZ FILPO

252

Cooperación Económica”, la finalidad de este acuerdo es la pro-

moción de las actividades de los respectivos sectores para incre-

mentar la cooperación bilateral económica, técnica y tecnológi-

ca; apoyar y desarrollar contactos y oportunidades de negocios,

facilitar la expansión de inversión bilateral y la identificación de

las oportunidades económicas y de inversiones en sus respectivos

países, fomentar la cooperación en áreas de interés mutuo rela-

cionada con el desarrollo económico y reforzar la cooperación

para el estrechamiento de la relación económica entre los dos

países.

Los referidos valores están acordes con los previstos en nuestra

Constitución.

Ciertamente, el artículo 26 de nuestra Constitución establece

que República Dominicana es un Estado miembro de la comu-

nidad internacional abierto a la cooperación. En el artículo

26.4 se consagra que: en igualdad de condiciones con otros

Estados, la República Dominicana acepta un ordenamiento

jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos

fundamentales, la paz, la justicia, y el desarrollo político, so-

cial, económico y cultural de las naciones. Se compromete a

actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo

compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífi-

ca entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas las

naciones.

En este mismo sentido, en el artículo 26.5 se establece que el Es-

tado dominicano podrá suscribir tratados internacionales para

promover el desarrollo común de las naciones que aseguren el

bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitan-

tes, y para atribuir a organizaciones supranacionales las com-

petencias requeridas para participar en procesos de integración.

Nos parece útil destacar que según el artículo 26.6 de la Cons-

titución, República Dominicana es un Estado miembro de la

comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a

253

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

las normas del derecho internacional, el mismo se pronuncia en

favor de la solidaridad económica entre los países de América y

apoya toda iniciativa en defensa de sus productos básicos, mate-

rias primas y biodiversidad.

Finalmente, el Tribunal resalta dos cuestiones que le parecen

relevantes. La primera de ellas se refiere a los principios de la

economía de mercado libre, los cuales las Partes declaran que

comparten, según se indica en el artículo 2 del Convenio. En este

orden, conviene indicar que dichos principios deben implemen-

tarse en armonía con los que orientan el régimen económico de

República Dominicana y que se consagran en los artículos 217,

218, 218, 220, 221 y 222 de la Constitución.

La segunda y última cuestión atañe a la posibilidad de enmien-

da del Convenio, aspecto que se prevé en el artículo 7. En torno

a la enmienda, llamamos la atención en el sentido de que su

aprobación requiere del agotamiento de los mismos trámites pre-

vistos para la aprobación del Convenio.

Conforme en lo expuesto en los párrafos anteriores, el acuerdo

entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de

la República de Turquía sobre Cooperación Económica es com-

patible con la Constitución.

Referente al expediente TC-02-2014-0006, relativo al con-

trol preventivo de constitucionalidad del acuerdo suscrito entre

el gobierno de la República Dominicana y el Centro Agronómi-

co Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Tribunal

Constitucional dominicano emitió en fecha dieciocho (18) de

septiembre de dos mil diecinueve (2019), la Sentencia marcada

con el número TC/0374/19, la cual señala que el objetivo el

acuerdo es “mejorar el bienestar humano y reducir la pobreza ru-

ral mediante la educación, investigación y cooperación técnica,

RAFAEL DÍAZ FILPO

254

promoviendo la gestión sostenible de la agricultura y los recursos

naturales”. El Tribunal argumentó que:

7.12. Con el objetivo de ejercer el control preventivo de consti-

tucionalidad del acuerdo que nos ocupa, y sin dejar de cumplir

con su rol de realizar una revisión integral, el Tribunal Consti-

tucional entiende pertinente centrar su atención en aquellos as-

pectos que están vinculados directamente con su contenido y que

ameritan ser confrontados con los valores, derechos y principios

contenidos en la Constitución.

Previo a la realización de dicho análisis, es pertinente que esta

corporación constitucional reitere que, a la luz de sus preceden-

tes, el Tribunal Constitucional siempre deberá ejercer el control

preventivo de la constitucionalidad del tratado, acuerdo, conve-

nio o instrumento internacional en cuyo contenido se disponga

el establecimiento de una sede de un organismo internacional en

el territorio dominicano, como ocurre en la especie.

7.13. El propósito del «Acuerdo entre el Gobierno de la Repúbli-

ca Dominicana y el Centro Agronómico Tropical de Investiga-

ción y Enseñanza (CATIE)» consiste en establecer la oficina téc-

nica del CATIE en la República Dominicana. En este tenor, con

el Acuerdo se diseña la estructura de los locales, los documentos,

archivos, bienes muebles e inmuebles y las condiciones de trabajo

y permanencia en el territorio dominicano de los empleados de

dicho centro.

7.14. En esta tesitura, se impone recordar que el artículo 26.1

de la Constitución establece que:

La República Dominicana es un Estado miembro de la comu-

nidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las

normas del derecho internacional, en consecuencia: 1) Reco-

noce y aplica las normas del derecho internacional, general y

255

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan

adoptado.

A la luz de esta disposición, así como del análisis del Acuerdo

objeto de control preventivo, estimamos que su propósito se

ajusta a los cánones constitucionales establecidos en nuestro

ordenamiento.

7.15. El «Acuerdo entre el Gobierno de la República

Dominicana y el Centro Agronómico Tropical de Investigación

y Enseñanza (CATIE)», en su artículo 2, recoge lo relativo a la

inviolabilidad de la que gozará la oficina técnica del CATIE en

la República Dominicana, así como sus bienes. En este aspecto,

se incluyó una cláusula de inembargabilidad o prohibición

de medida de carácter judicial, legislativa o administrativa

en su contra. Cuestión esta que no es incompatible con la

Constitución, pues la República Dominicana forma parte de la

comunidad internacional y, por ende, de las normas del derecho

internacional que establecen este tipo de garantías a funcionarios

y organismos internacionales para establecer una mejor relación

de cooperación.

7.16. El artículo 3 hace referencia a los fondos y valores que

en moneda extranjera podrá manejar el CATIE a través de

su oficina técnica en el territorio dominicano, así como la

posibilidad de mover, transferir dichos fondos fuera y dentro del

país o convertirlo en otra moneda sin afectación fiscal, legal o

reglamentaria de cualquier naturaleza. Este aspecto es cónsono

con los principios que rigen las relaciones internacionales y no

atentan contra ninguna disposición constitucional.

7.17. En lo relativo al artículo 4 se dispone que el gobierno

dominicano reconoce a la oficina técnica del CATIE como

organismo que lo representa en el territorio para los fines de

gestionar los programas de acciones y cooperación de la República

Dominicana como país miembro. A su vez, el artículo 5 describe

RAFAEL DÍAZ FILPO

256

lo que tiene que ver con las funciones y tareas principales de

la oficina del CATIE en República Dominicana. Asimismo,

el artículo 6 hace referencia a la sede principal del CATIE

ubicada en Turrialba, Costa Rica. Resulta evidente que estos

artículos del Acuerdo sometido a control no son contrarios a la

Constitución, pues solo se limitan a establecer las características

de la representación en territorio dominicano y la ubicación de

la sede principal del referido Centro Agronómico Tropical de

Investigación y Enseñanza.

7.18. El artículo 7 del Acuerdo concierne a la capacidad jurídica

de la que gozará el CATIE para contratar, adquirir y enajenar

bienes muebles e inmuebles en el territorio dominicano, así como

para actuar en justicia. Constituye esta parte garantías que no

coliden con el contenido de nuestra ley fundamental. Esta es una

prerrogativa con la que cuenta el Estado dominicano de otorgar

capacidad o personalidad jurídica para el ejercicio de derechos

en la República Dominicana, puesto que con ello se garantiza

una mejor relación y hace efectivas las operaciones del CATIE en

el ordenamiento jurídico dominicano.

7.19. Además, el Acuerdo, en su artículo 8, hace referencia a las

inmunidades, privilegios y facilidades de las que gozará el o la

representante del CATIE en la República dominicana, así como

su cónyuge e hijos menores que no sean nacionales dominicanos.

Vale resaltar que los artículos 11, 12 y 13 del referido Acuerdo

también se refieren a las exenciones fiscales y tributarias del

CATIE y de su personal. El Tribunal Constitucional ha validado

instrumentos internacionales en los cuales se hace referencia a

este tipo de inmunidades y privilegios derivados de acuerdos,

convenios, enmiendas o demás instrumentos internacionales, así

como de exenciones fiscales y tributarias. En efecto, mediante la

Sentencia TC/0179/13, dictaminó lo siguiente:

En relación con el establecimiento de privilegios e inmunidades,

la Republica Dominicana ha celebrado otros acuerdos y

257

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

convenios con diferentes entidades y en diferentes áreas, como

es el caso del Convenio entre el Gobierno de la República

Dominicana y la Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales (FLACSO), suscrito el diecinueve (19) de marzo dedos

mil tres (2003); de igual manera, el Acuerdo entre el Instituto

Católico de Relaciones Internacionales (CIIR) y el Gobierno

de la República Dominicana, para el establecimiento de una

oficina en el país, suscrito en fecha once (11) de diciembre de

mil novecientos noventa (1990). Así como el Convenio para la

constitución del Organismo Internacional Regional de Sanidad

Agropecuaria (OIRSA), de fecha doce (12) de diciembre de dos

mil once (2011).

7.20. Más recientemente, mediante la Sentencia TC/0746/17,

este colegiado, refiriéndose a las inmunidades y exenciones fisca-

les, reafirmó lo que sigue:

En lo concerniente a esos señalamientos, este organismo de

justicia constitucional especializada entiende que los mismos

se apegan al principio de inviolabilidad de la soberanía

dispuesto en el artículo 3 de la Constitución, en razón de que

se permite a los Estados parte otorgar todo tipo de exenciones

fiscales e inmunidades conforme a sus legislaciones internas;

por demás, deja abierta la posibilidad de que los Estados Partes

puedan expresar su voluntad soberana de desvincularse de las

obligaciones que éstos han asumido al momento de proceder a la

suscripción y ratificación del presente convenio.

7.21. El artículo 14 establece que todo el personal que labore

en la oficina técnica del CATIE en el territorio dominicano o

que se encuentre en misión o proyecto específico deberá poseer

un pasaporte válido emitido por su país de origen. Mientras,

en el artículo 15 del Acuerdo sometido a control preventivo se

prevé que ninguna de sus disposiciones podrá ser interpretada

como impedimento para la adopción de medidas apropiadas

para los intereses del gobierno y que cualquier controversia se

RAFAEL DÍAZ FILPO

258

regirá conforme a los procedimientos pacíficos reconocidos por el

derecho internacional.

7.22. Respecto a la modificación del contenido del Acuerdo se dis-

pone, en su artículo 17 que se hará por mutuo consentimiento entre

los suscribientes. La vigencia del Acuerdo será indefinida y cuando

cualquiera de las partes tenga interés en terminar la relación deberá

informarlo a la otra parte por escrito con, por lo menos, seis (6) me-

ses de anticipación, conforme se describe en el artículo 18.

7.23. El artículo 19 del Acuerdo dispone que su entrada en vigor

será el día en que el Gobierno de la República Dominicana noti-

fique por escrito al CATIE haber completado los procedimientos

internos para tal efecto. Esta disposición se ajusta al ordenamiento

constitucional de la República Dominicana, porque sujeta la vi-

gencia del acuerdo al agotamiento de todas las fases internas para

su plena incorporación en el Estado, ya que después de que este

colegiado lo declare conforme con la Constitución debe agotar una

fase de ratificación en el Congreso Nacional.

7.24. En resumen, el Tribunal Constitucional ha podido esta-

blecer que el Acuerdo entre el Gobierno de la República Do-

minicana y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y

Enseñanza (CATIE), suscrito el veintidós (22) de abril de dos

mil catorce (2014), sometido al presente control preventivo de

constitucionalidad, se ajusta a las previsiones del artículo 185.2

de nuestra Constitución, el cual establece que incumbe a este

colegiado la facultad de ejercer el «control preventivo de los tra-

tados internacionales antes de su ratificación por el órgano legis-

lativo». En este contexto, consideramos que el referido Acuerdo se

ajusta al ordenamiento jurídico nacional y, en consecuencia, no

colisiona con ninguna norma, principio o precepto establecido

en nuestra Ley Fundamental.

Respecto al expediente Tc-02-2014-0007, el Tribunal

Constitucional, emitió la Sentencia TC/0407/14 del treinta (30)

259

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

de diciembre de dos mil catorce (2014), sobre control preventi-

vo de constitucionalidad del Acuerdo de Cooperación Financie-

ra para el proyecto de “Programa de Eficiencia Energética”, a ser

adoptado entre República Dominicana y la República Federal

de Alemania; que plantea como objeto consiste en posibilitar la

concesión de un préstamo a favor de la República Dominicana

o de otros destinatarios que ambos gobiernos acuerden, para la

financiación del proyecto “Programa de Eficiencia Energética”.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional sostuvo que:

10.1. Las condiciones relativas al monto del préstamo, a la

concesión y el procedimiento de adjudicación de encargos serán

fijados en los contratos que a los fines deban ser suscritos, los

cuales estarán sujetos a las disposiciones legales que se encuentren

vigentes en la República Federal de Alemania.

10.2. Este aspecto es cónsono con la Constitución, pues no existe

disposición alguna que obligue a la República Dominicana a

suscribir contratos cuyas ejecuciones deban efectuarse conforme a

las leyes nacionales. En ese sentido, al momento de la ratificación

del Acuerdo, el Estado debe procurar que el mismo se encuentre

conforme con los valores, principios, derechos y reglas consagra-

dos en la Carta Magna.

11.1. En lo que respecta al compromiso de pago que asuma la

República Dominicana en caso de que el prestatario sea un ter-

cero, conforme lo prescribe el párrafo 2.6 del Acuerdo; al tratarse

de una obligación pecuniaria cuya facultad de aprobación recae

en el Congreso Nacional, resulta indistinto el proceso de ratifi-

cación del Acuerdo. En este sentido, tampoco existe en la Cons-

titución disposición que impida al Estado contraer obligaciones

a favor de un tercero.

13.1. En otro orden, el Acuerdo dispone en el párrafo 2.8 res-

pecto a los transportes marítimos, terrestres y aéreos de personas y

RAFAEL DÍAZ FILPO

260

mercancías resultantes de la concesión del préstamo, el Gobierno

de la República Dominicana permitirá a sus pasajeros y provee-

dores elegir libremente entre las empresas de transporte, no adop-

tará medidas que excluyan o dificulten la participación en pie de

igualdad de las empresas de transporte con sede en la República

Federal de Alemania y otorgará en su caso las autorizaciones

necesarias para la participación de dichas empresas.

13.2. Al respecto, la Constitución promueve la libertad de trán-

sito y de empresa, siempre que observen las reglas legalmente

establecidas para ello, de conformidad con los artículos 46 y

50, respectivamente, por lo que el acápite 2.8 resulta cónsono

con estos principios constitucionales. Esta disposición había sido

aprobada en el Convenio celebrado el 27 de junio de 1984, para

el proyecto “Pequeña Central Hidráulica II Central Hidráulica

Nizaito”.

En virtud de que las disposiciones establecidas en el Acuerdo

no contravienen las disposiciones constitucionales ni los controles

internos que debe seguir el Estado dominicano al ratificar un

pacto internacional, el Tribunal Constitucional.

En lo atinente al expediente TC-02-2014-0008, mediante

la Sentencia TC/0126/15 del diez (10) de junio de dos mil quin-

ce (2015), el Tribunal Constitucional, decidió el control pre-

ventivo de constitucionalidad del “Acuerdo entre el Gobierno

de la República Dominicana y el Gobierno de Turquía sobre la

Supresión Mutua de Visas para poseedores de Pasaportes Diplo-

máticos y Oficiales”, firmado en Santo Domingo el quince (15)

de abril de dos mil catorce (2014), mediante el cual se preten-

de promover la cooperación y amistosas relaciones entre el Go-

bierno de la República Dominicana y el Gobierno de Turquía,

mediante la exención de requerimientos de visado para entrar,

transitar, salir y permanecer temporalmente en el territorio de

261

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

cada parte. El Tribunal Constitucional en la señalada sentencia

expuso lo siguiente:

9.1. Conviene señalar que, a la luz del artículo 3 de la Cons-

titución dominicana, la soberanía de la Nación, como Estado

libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable, por

lo que ninguno de los poderes públicos puede realizar o permitir

la realización de actos que constituyan una intervención directa

o indirecta en los asuntos internos o externos de la República

Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad

e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen

y consagran; constituyendo el principio de la no intervención

constituye una norma invariable de la política internacional

dominicana.

9.2. Del análisis del presente acuerdo, este tribunal constitu-

cional ha podido constatar que el mismo consagra normas des-

tinadas a respetar la soberanía de los Estados suscribientes del

mismo, y su capacidad de dictar su propia normativa interna,

respetando el marco constitucional.

9.3. Entre sus disposiciones tendentes a garantizar la soberanía,

el referido acuerdo establece las reservas en virtud de las cuales

las partes pueden negar la entrada o permanencia de los ciu-

dadanos antes señalados en su territorio, así como suspender el

acuerdo temporalmente, ya sea de manera parcial o completa,

por razones de orden público, seguridad y salud.

11.1. Este tribunal recuerda que el artículo 26 de la Constitu-

ción dominicana se pronuncia sobre las relaciones internacio-

nales del Estado dominicano como miembro de la comunidad

internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas

del derecho internacional.

11.2. En virtud de lo anterior, el constituyente ha reconocido

que las relaciones internacionales de la República Dominicana

RAFAEL DÍAZ FILPO

262

se fundamentan y rigen por la afirmación y promoción de sus

valores e intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos

y al derecho internacional. Así, en igualdad de condiciones con

otros Estados, nuestro país acepta un ordenamiento jurídico

internacional que garantice el respeto de los derechos funda-

mentales, la paz, la justicia, y el desarrollo político, social,

económico y cultural de las naciones, y se compromete a ac-

tuar, en el plano internacional, regional y nacional, de modo

compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica

entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas las na-

ciones, lo cual es posible también mediante la suscripción de

tratados internacionales para promover el desarrollo común,

que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva

de sus habitantes.

11.3. Ninguna de las disposiciones del referido acuerdo vulnera

las disposiciones de la Constitución, sino que, por el contrario, se

inclinan a hacer posible el cumplimiento de los compromisos del

Estado Dominicano, a la luz de las previsiones del Preámbulo

de la Constitución, que consagran los principios de soberanía,

libertad, solidaridad, convivencia fraterna, paz y progreso.

11.4. Tal y como se ha analizado, el presente acuerdo se ha sus-

crito sobre la base de los principios de soberanía, con sujeción a

sus ordenamientos jurídicos internos, a sus obligaciones interna-

cionales y a lo previsto en el mismo.

11.5. Como consecuencia del examen de control preventivo, el

Tribunal determina que el “Acuerdo entre el Gobierno de la Re-

pública Dominicana y el Gobierno de Turquía sobre la Supre-

sión Mutua de Visas para poseedores de Pasaportes Diplomáticos

y Oficiales”, no contradice las normas y preceptos establecidos en

nuestra Constitución.

De igual forma, el Constitucional dominicano, mediante

la sentencia TC/0396/14, dictada el treinta (30) de diciembre

263

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

de dos mil catorce (2014), decidió el Control Preventivo, rela-

tivo al expediente TC-02-2014-0009, del “Acuerdo sobre Ser-

vicios Aéreos entre el Gobierno de la República Dominicana y

el Gobierno de la República de Turquía”, de fecha quince (15)

de abril de dos mil catorce (2014), mediante el cual se persigue

“establecer y operar servicios aéreos entre y más allá de los res-

pectivos territorios de los Estados contratantes, persiguiéndose

mediante este convenido la búsqueda de facilitar la expansión de

oportunidades de servicios aéreos, la concesión de derechos para

la realización de servicios aéreos internacionales regulares en las

rutas especificadas en el acuerdo y la determinación e instaura-

ción de un régimen justo y equitativo para el funcionamiento de

los servicios aéreos entre los territorios de ambas partes”. En ese

sentido, el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente:

a. El presente Acuerdo se inscribe dentro de una tradición soste-

nida por nuestro país de celebrar acuerdos, convenios y tratados

con otros Estados para fomentar la expansión de oportunidades

de servicios aéreos internacionales, el desarrollo del área turísti-

ca, el comercio y establecer vínculos de cooperación en distintos

ámbitos de las relaciones internacionales.

b. El acuerdo sujeto al presente análisis de constitucionalidad

aborda el establecimiento de compromisos institucionales, a tra-

vés de los órganos administrativos y diplomáticos correspondien-

tes de cada país, para la instauración y realización de servicios

aéreos internacionales regulares en las rutas especificadas en el

cuerpo del Acuerdo y sus anexos.

c. Con la firma y puesta en vigencia de este convenio se da cum-

plimiento a lo establecido en el artículo 26, numerales 5) y 6) de

la Constitución, los cuales disponen lo siguiente:

Artículo 26.- Relaciones internacionales y derecho internacio-

nal. La Republica Dominicana es un Estado miembro de la

RAFAEL DÍAZ FILPO

264

comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a

las normas del derecho internacional, en consecuencia:

(…)

5) La República Dominicana promoverá y favorecerá la

integración con las naciones de América, a fin de fortalecer una

comunidad de naciones que defienda los intereses de la región. El

Estado podrá suscribir tratados internacionales para promover

el desarrollo común de las naciones, que aseguren el bienestar

de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes, y para

atribuir a organizaciones supranacionales las competencias

requeridas para participar en procesos de integración;

6) Se pronuncia en favor de la solidaridad económica entre los

países de América y apoya toda iniciativa en defensa de sus pro-

ductos básicos, materias primas y biodiversidad.

En consonancia con lo anterior, conviene destacar que el

Tribunal Constitucional, ejerciendo el control preventivo de

constitucionalidad verifica que el objeto de este Acuerdo y su

Protocolo de Enmienda, como lo señala su parte introductoria,

es el de favorecer el desarrollo del Servicios Aéreos entre ambos

territorios, de tal manera que se propicie la expansión económica

y comercial de ambos Estados, estableciendo que las disposiciones

del “Acuerdo Sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de la

República Dominicana y el Gobierno de la República de

Turquía” son conformes con la Constitución Dominicana, y

propician oportunidades justas y equitativas para la explotación

de empresas de Servicios Aéreos internacionales.

Sobre el expediente TC-02-2014-0010, el Tribunal

Constitucional emitió la sentencia TC/0218/15 del diecinueve

(19) de agosto de dos mil quince (2015), sobre control preventivo

de constitucionalidad de la “Convención sobre la Conservación

de las Especies Migratorias de Animales Silvestres”, elaborada y

aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU),

el veintitrés (23) de junio de mil novecientos setenta y nueve

265

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

(1979), con la cual se persigue “reconocer la importancia de

la conservación de las especies migratorias y de las medidas a

convenir para este fin por los Estados del área de distribución,

siempre que sea posible y apropiado, concediendo particular

atención a las especies migratorias cuyo estado de conservación

sea desfavorable; el mismo reconocimiento se extiende también a

las medidas apropiadas y necesarias, por ellas adoptadas separada

o conjuntamente, para la conservación de tales especies y de su

hábitat. Asimismo, reconoce la necesidad de adoptar medidas,

a fin de evitar que una especie migratoria pase a ser una especie

amenazada”.

Con relación al expediente TC-02-2014-0011, el Tribunal

Constitucional dominicano emitió, en fecha diecinueve (19) de

diciembre de dos mil catorce (2014), la sentencia TC/0295/14,

relativa al control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo

Básico de Cooperación Técnica entre los gobiernos de la República

Dominicana y la Mancomunidad de Las Bahamas”, suscrito el

veinticuatro (24) de julio de dos mil catorce (2014), en Nassau,

Bahamas, con el cual se persigue promover la cooperación

técnica mediante proyectos de interés mutuo en relación con los

objetivos que contribuyan al desarrollo económico y social de

ambas naciones. Al respecto el tribunal señaló lo siguiente:

7.1. Con el objetivo de ejercer el control preventivo de cons-

titucionalidad del Acuerdo y sin dejar de cumplir con su rol

de practicar una revisión integral, el Tribunal entiende per-

tinente centrar su atención en aquellos aspectos que están

vinculados directamente con su contenido y que ameritan ser

confrontados con los valores, derechos y principios contenidos

en la Constitución, tales como: i) propósito; ii) alcance; iii)

proyectos de cooperación; iv) cooperación en materia migra-

toria; v) cooperación en materia de pesca; vi) entrada en

vigor; y vii) enmiendas.

RAFAEL DÍAZ FILPO

266

7.2. En cuanto al propósito, el presente Acuerdo corresponde a

una tradición sostenida por nuestro país de celebrar acuerdos,

convenios y tratados con otros Estados para fomentar su desarro-

llo económico y social, dentro del marco previsto por el artículo

26, numerales 5 y 6, de la Constitución de la República, Ar-

tículo 26.- Relaciones internacionales y derecho internacional.

La República Dominicana es un Estado miembro de la comu-

nidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las

normas del derecho internacional, en consecuencia: 5) La Re-

pública Dominicana promoverá y favorecerá la integración con

las naciones de América, a fin de fortalecer una comunidad de

naciones que defienda los intereses de la región. El Estado podrá

suscribir tratados internacionales para promover el desarrollo

común de las naciones, que aseguren el bienestar de los pueblos

y la seguridad colectiva de sus habitantes, y para atribuir a or-

ganizaciones supranacionales las competencias requeridas para

participar en procesos de integración; 6) Se pronuncia en favor

de la solidaridad económica entre los países de América y apoya

toda iniciativa en defensa de sus productos básicos, materias pri-

mas y biodiversidad.

7.3. Acorde con lo anterior, el alcance del Acuerdo se dirige prin-

cipalmente a la promoción del comercio y la inversión, la coo-

peración sobre medidas para reducir las incidencias de la pesca

ilegal, no regulada, no reportada en la región por nacionales

de ambos países y el intercambio de información y cooperación

técnica. Al respecto, cabe destacar que la pesca ilegal, no regula-

da, no reportada, comprende un conjunto de actividades ilícitas

entre las que figuran el operar sin la autorización apropiada,

capturar especies protegidas, utilizar aparejos ilegales e inobser-

var las cuotas de capturas, lo cual constituye un problema de

carácter económico y medioambiental en todo el mundo en la

pesca marina y de agua dulce, afecta enormemente la gestión

pesquera, amenaza la sostenibilidad de las poblaciones de peces

y la seguridad alimentaria, y distorsiona el mercado. De ahí que

el alcance del Acuerdo y los proyectos de cooperación en materia

267

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

de pesca están acordes con el marco de protección especial que

tienen los recursos naturales, los espacios marítimos bajo juris-

dicción nacional y la biodiversidad, considerados como bienes

fundamentales de la Nación, conforme lo establecido en los artí-

culos 14 y 17.3 de la Constitución de la República.

7.4. Los términos de la cooperación migratoria prevista en el

presente Acuerdo disponen que cada Parte tomará las medidas

que considere apropiadas para facilitar la entrada, permanencia

y el movimiento local de nacionales de otro país, de acuerdo con

las previsiones contenidas en el acuerdo y conforme los regla-

mentos de inmigración y las leyes en vigor en cada país; en con-

sonancia con la disposición contenida en el artículo 93.1, literal

(g), de la Constitución Dominicana, que atribuye al Congreso

Nacional el establecimiento de las normas relativas a la migra-

ción y el régimen de extranjería.

7.5. La entrada en vigencia del Acuerdo estaría prevista para el

primer día del mes siguiente a la fecha en que las Partes inter-

cambien notas diplomáticas notificándose cada una que las

formalidades requeridas por sus respectivas legislaciones para

su entrada en vigencia han sido cumplidas, lo cual constituye

aspectos procedimentales que en modo alguno contravienen la

Constitución.

7.6. Por consiguiente, en lo referente a las enmiendas, el artículo

IX del Acuerdo prevé que el mismo puede ser enmendado por es-

crito mediante consentimiento mutuo de las partes, en cuyo caso

entrarán en vigor el primer día del mes siguiente de la fecha en

la que los países intercambien notas diplomáticas notificándose

cada uno que las formalidades requeridas por sus respectivas le-

gislaciones para su entrada en vigencia han sido cumplidas, lo

cual está conforme con el procedimiento establecido en la Con-

vención de Viena sobre el Derecho de los Tratados , de la que

República Dominicana forma parte, y por tanto, no contraviene

la Constitución.

RAFAEL DÍAZ FILPO

268

7.7. Luego de haber sometido los diferentes aspectos abordados a

control preventivo de constitucionalidad, este tribunal ha com-

probado que el “Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre los

gobiernos de la República Dominicana y la Mancomunidad de

Las Bahamas”, no contradice las normas y preceptos establecidos

en la Constitución.

Mediante el expediente TC-02-2014-0012, el Tribunal

Constitucional dominicano fue apoderado de un control pre-

ventivo de constitucionalidad de la Enmienda de DOHA al Pro-

tocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas

sobre Cambio Climático, elaborado y adoptada en la Confe-

rencia de las Partes, en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil

doce (2012), celebrada en Doha, Qatar, decidiendo mediante la

Sentencia TC/0368/14 del veintitrés (23) de diciembre de dos

mil catorce (2014), la constitucionalidad de dicho instrumento

internacional mediante el cual se procura como objetivos, los

siguientes:

a) Acordar el plazo de duración del período de compromi-

so de los Estados parte.

b) Establecer mediante el compromiso de los Estados el

porcentaje de reducción y limitación de las emisiones

globales.

c) Definir las bases del cumplimiento de los compromi-

sos asumidos de los estados del anexo I en el desarrollo

sostenible y a la necesidad de reducir y limitar las emi-

siones de gases de efecto invernadero.

De igual manera, el máximo órgano de control de la

constitucionalidad de la República Dominicana, mediante la

Sentencia TC/0285/15, del dieciocho (18) de septiembre de

dos mil quince (2015), se pronunció sobre el control preventivo

269

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

de constitucionalidad del expediente TC-02-2014-0013 del

“Acuerdo de Cooperación en Materia de Pesca Marítima y de

Acuicultura entre el Gobierno de la República Dominicana y

el Gobierno del Reino de Marruecos”, suscrito el veintiséis (26)

de febrero de dos mil catorce (2014), con el cual se procura

establecer los principios y las modalidades para la aplicación de

la cooperación en las áreas de la formación, de la investigación

técnica y científica de la pesca marítima, de la acuicultura y de

la transformación industrial de los productos de pesca entre

República Dominicana y el Reino de Marruecos. El Tribunal

Constitucional en la mencionada sentencia señaló que:

8.1. Este tribunal recuerda que el artículo 26 de la Constitución

dominicana se pronuncia sobre las relaciones internacionales

del Estado dominicano como miembro de la comunidad

internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas

del derecho internacional.

8.2. En virtud de lo anterior, el constituyente ha reconocido

que las relaciones internacionales de República Dominicana

se fundamentan y rigen por la afirmación y promoción de sus

valores e intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos

y al derecho internacional. Así, en igualdad de condiciones

con otros Estados, nuestro país acepta un ordenamiento

jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos

fundamentales, la paz, la justicia y el desarrollo político,

social, económico y cultural de las naciones, y se compromete

a actuar, en el plano internacional, regional y nacional, de

modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia

pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas

las naciones, lo cual es posible también mediante la suscripción

de tratados internacionales para promover el desarrollo común,

que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva

de sus habitantes.

RAFAEL DÍAZ FILPO

270

8.3. Ninguna de las disposiciones del referido acuerdo vulnera

las disposiciones de la Constitución, sino que, por el contrario,

se inclinan a hacer posible el cumplimiento de los compromisos

del Estado dominicano, a la luz de las previsiones del preámbulo

de la Constitución, que consagran los principios de soberanía,

libertad, solidaridad, convivencia fraterna, paz y progreso.

8.4. Como consecuencia del examen de control preventivo, el

Tribunal determina que el “Acuerdo de Cooperación en Ma-

teria de Pesca Marítima y de Acuicultura entre el Gobierno de

la República Dominicana y el Gobierno del Reino de Marrue-

cos”, no contradice las normas y preceptos establecidos en nuestra

Constitución.

Durante el año 2015, el Tribunal Constitucional domi-

nicano fue apoderado por el Poder Ejecutivo de trece (13) ex-

pedientes, relativos a control preventivo de tratados interna-

cionales. El expediente TC-02-2015-0001, fallado mediante

la Sentencia TC/0219/15, del diecinueve (19) de agosto del

dos mil quince (2015), relativo al control preventivo de cons-

titucionalidad del “Protocolo que modifica el Convenio sobre

las infracciones y ciertos actos cometidos a bordo de las aero-

naves” sobre el Protocolo de Tokio, de fecha 14 de septiembre

del 1963, cuyas modificaciones fueron suscritas el 4 de abril

de 2014, y que persigue “actualizar el Convenio de Tokio de

1963, en virtud de que los países miembros tienen la nece-

sidad de contar con un régimen jurídico internacional que

permita enfrentar los incidentes relacionados con pasajeros

disruptivos o insubordinados en vuelos comerciales regulares,

los cuales pueden poner en riesgo la seguridad operacional

de la aeronave, la integridad física o moral de las personas a

bordo, el orden y la disciplina”. En la señalada sentencia el

tribunal expuso lo siguiente:

271

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

9.1. El Convenio prevé mediante el artículo 15 bis que los Es-

tados contratantes tomen “las medidas que sean necesarias para

iniciar procedimientos penales, administrativos o cualquier otro

tipo de procedimiento judicial contra toda persona que a bordo

de la aeronave cometa una infracción”.

9.2. Mediante el numeral 2 de este artículo se dispone que las

disposiciones del convenio no afectarán “al derecho de cada Es-

tado contratante de introducir o mantener en su legislación na-

cional medidas apropiadas para sancionar actos” subordinados

o perturbadores cometidos a bordo”; por lo que el comandante

de la aeronave podrá entregar a las autoridades competentes de

cualquier Estado contratante en cuyo territorio aterrice la ae-

ronave a cualquier persona que haya cometido una infracción

a bordo. Del mismo modo no se excluyen ninguna jurisdicción

penal ejercida de acuerdo con las leyes nacionales.

9.3. Para determinar la jurisdicción de cada aeronave es preciso

señalar que en el artículo 3 del Convenio establece que “el Esta-

do de matrícula de la aeronave será competente para ejercer su

jurisdicción sobre las infracciones y actos cometidos a bordo”. El

artículo 1 bis establece que

Un Estado también es competente para ejercer su jurisdicción

sobre las infracciones y actos cometidos a bordo; a) en calidad de

Estado de aterrizaje, si la aeronave a bordo de la cual se comete

la infracción o el acto aterriza en su territorio con el probable

responsable todavía a bordo; y b) en calidad de Estado del ex-

plotador, si la infracción o el acto son cometidos a bordo de una

aeronave arrendada sin tripulación al arrendatario que tiene su

oficina principal o, de no tener el arrendatario tal oficina, que

tiene su residencia permanente en dicho Estado.

10.1. El párrafo 1 del artículo 16, establece que “las infraccio-

nes cometidas sean consideradas, a los fines de extradición entre

Estados contratantes, como si se hubiesen cometido no solo en el

RAFAEL DÍAZ FILPO

272

lugar en que hayan ocurrido, sino también en el territorio de los

Estados contratantes que deban establecer su jurisdicción”.

10.2. Con este párrafo se persigue que exista cooperación

internacional entre aquellos Estados contratantes que deter-

minen su jurisdicción y que pueda aplicar la ley correspon-

diente. En el caso de República Dominicana, la extradición

se regula mediante la Ley núm. 278-98, que modifica la

Ley núm. 489-99, mediante la que se busca preservar la paz

social, la seguridad y la integración física y moral de los seres

humanos, en busca de mantener la defensa de la soberanía

y la integridad territorial. En ese mismo orden de ideas, la

extradición también se encuentra regularizada a través del

Código Procesal Penal (artículo 160 y siguientes): la extra-

dición se rige por la Constitución, las normas de los tratados,

convenios y acuerdos internacionales adoptados por los pode-

res públicos y su ley especial en aquello que no se oponga el

Código Procesal Penal.

10.3. Este Protocolo, también creó la figura de un oficial de se-

guridad a través del artículo 6, para proteger la seguridad, de la

aeronave o de las personas o bienes en la misma, así como man-

tener el buen orden y la disciplina a bordo. En dicho convenio

fue insertado un artículo 18 bis, para que “nada de lo dispuesto

en el presente Convenio obstara al derecho que pudiera existir,

de conformidad con el derecho interno, de perseguir el cobro de

indemnización por daños y perjuicios de la persona que haya

sido entregada o desembarcada”.

11.1. El presente Protocolo estuvo abierto a partir del cuatro (4)

de abril de dos mil catorce (2014) en Montreal para la firma

de los Estados contratantes en la sede de la Organización de

Aviación Civil Internacional y entrará en vigor el primer día

del segundo mes a partir de la fecha del depósito del vigésimo

instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

ante el depósito.

273

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

11.2. Observamos que el mecanismo diseñado para la duración

y retirada del Tratado continuó el mismo proceso que llevaba

el Convenio, siendo solo objeto de mediación los artículos antes

mencionados.

11.3. Por último, conviene destacar que el Tribunal Constitu-

cional, ejerciendo el control preventivo de constitucionalidad,

verifica que el objeto de este acuerdo y su Protocolo, como lo se-

ñala su parte introductoria, es actualizar el “Convenio de Tokio

1963” con el fin de insertar un régimen jurídico internacional

que permita enfrentar el número de incidentes relacionados con

pasajeros disruptivos o insubordinados en vuelos comerciales re-

gulares, los cuales pueden poner en riesgo la seguridad operacio-

nal de la aeronave, la integridad física o moral de las personas a

bordo, el orden y la disciplina.

11.4. Luego del análisis de las modificaciones, insertadas al

Convenio de Tokio de mil novecientos sesenta y tres (1963) a

través de este Protocolo este tribunal es de consideración que

dichas implementaciones y modificaciones no alteran nuestro

ordenamiento jurídico, por lo que se encuentra conforme a la

Constitución.

El expediente TC-02-2015-0002 fue fallado por el

Constitucional dominicano mediante la sentencia TC/0220/15

del diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015), respecto

al control preventivo de constitucionalidad del “Convenio

Constitutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de

los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC)”,

suscrito en la ciudad de Belice, el tres (3) de septiembre de dos

mil tres (2003), con el que se persigue, en el marco del Sistema

de la Integración Centroamericana (SICA), la creación del

Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres

Naturales en América Central, como órgano encargado de

RAFAEL DÍAZ FILPO

274

contribuir en la reducción de la vulnerabilidad e impacto de los

desastres naturales, a través de la promoción, apoyo y desarrollo

de políticas y medidas de prevención, mitigación, preparación y

gestión de emergencias.

Mediante la Sentencia TC/0315/15, del veinticinco (25)

de septiembre de dos mil quince (2015), el Tribunal Cons-

titucional se pronunció sobre el expediente TC-05-2015-

0003, relativo al control preventivo de constitucionalidad del

“Acuerdo sobre Estatus del Personal de los Estados Unidos en

la República Dominicana”, intervenido entre el Gobierno de

la República Dominicana y el Gobierno de los Estados Unidos

de América, de fecha veinte (20) de enero de dos mil quince

(2015), con el que se “pretende regular a todo personal y a los

contratistas de los Estados Unidos que estén temporalmente

presentes en la República Dominicana en relación con visitas,

actividades de capacitación, ejercicios, actividades humanita-

rias, y otras actividades mutuamente acordadas entre ambos

países. Lo anterior, a los fines de que la República Dominicana

otorgue al personal de los Estados Unidos las facilidades y ga-

rantías que permitan el desempeño de las labores a realizar por

tales agentes dentro del espíritu de colaboración que prevalece

entre ambos gobiernos”.

En la Sentencia TC/0191/15, del quince (15) de julio de

dos mil quince (2015), el Constitucional dominicano decla-

ró conforme con la Constitución sobre el expediente TC-02-

2015-0004, sobre el control preventivo de constitucionalidad

del “Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República

Dominicana y el Gobierno de los Estados Unidos de América”,

suscrito en la ciudad de Santo Domingo, el doce (12) de enero

de dos mil quince (2015). Mediante este acuerdo se persigue “re-

gular aspectos procesales que traerán un importante avance en el

275

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

proceso de extradición, contemplando temas como la entrega en

extradición, principio de especialidad, enjuiciamiento previo y

prescripción, así como facilitar la extradición respecto a aquellos

delitos que no eran susceptibles de ser tipificados bajo el Tratado

de Extradición de 1909”. Para arribar a la señalada decisión el

tribunal expuso lo siguiente:

8.1. En relación con la cooperación se incorpora un artículo 3

bis, para que exista cooperación y coordinación de acciones cuan-

do se tenga conocimiento que dos o más Estados están apoderados

de la investigación, enjuiciamiento o procedimiento judicial con

respecto a las mismas infracciones o actos, imponiendo el deber

de consultar, según corresponda, con los Estados contratantes.

8.2. Nuestra Carta Magna, establece en su artículo 26, nu-

meral 4, que: En igualdad de condiciones con otros Estados, la

República Dominicana acepta un ordenamiento jurídico inter-

nacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales,

la paz, la justicia, y el desarrollo político, social, económico y

cultural de las naciones. Se compromete a actuar en el plano

internacional, regional y nacional de modo compatible con los

intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y

los deberes de solidaridad con todas las naciones.

8.3. La Constitución consagra República Dominicana como un

Estado abierto a la cooperación y apegado a las normas del dere-

cho internacional, en la medida que los poderes públicos las ha-

yan adoptado, garantizando mediante su ordenamiento jurídico

internacional el respeto, la paz y el desarrollo de las naciones;

por lo que dicho convenio trae consigo que los Estados partes se

presten mayor asistencia y cooperación recíproca.

9.1. El Convenio prevé mediante el artículo 15 bis que los Es-

tados contratantes tomen “las medidas que sean necesarias para

iniciar procedimientos penales, administrativos o cualquier otro

RAFAEL DÍAZ FILPO

276

tipo de procedimiento judicial contra toda persona que a bordo

de la aeronave cometa una infracción”.

9.2. Mediante el numeral 2 de este artículo se dispone que las

disposiciones del convenio no afectarán “al derecho de cada

Estado contratante de introducir o mantener en su legisla-

ción nacional medidas apropiadas para sancionar actos” su-

bordinados o perturbadores cometidos a bordo”; por lo que el

comandante de la aeronave podrá entregar a las autoridades

competentes de cualquier Estado contratante en cuyo territo-

rio aterrice la aeronave a cualquier persona que haya come-

tido una infracción a bordo. Del mismo modo no se excluyen

ninguna jurisdicción penal ejercida de acuerdo con las leyes

nacionales.

9.3. Para determinar la jurisdicción de cada aeronave es preciso

señalar que en el artículo 3 del Convenio establece que “el Esta-

do de matrícula de la aeronave será competente para ejercer su

jurisdicción sobre las infracciones y actos cometidos a bordo”. El

artículo 1 bis establece que

Un Estado también es competente para ejercer su jurisdicción

sobre las infracciones y actos cometidos a bordo; a) en calidad de

Estado de aterrizaje, si la aeronave a bordo de la cual se comete

la infracción o el acto aterriza en su territorio con el probable

responsable todavía a bordo; y b) en calidad de Estado del ex-

plotador, si la infracción o el acto son cometidos a bordo de una

aeronave arrendada sin tripulación al arrendatario que tiene su

oficina principal o, de no tener el arrendatario tal oficina, que

tiene su residencia permanente en dicho Estado

10.1. El párrafo 1 del artículo 16, establece que “las infraccio-

nes cometidas sean consideradas, a los fines de extradición entre

Estados contratantes, como si se hubiesen cometido no solo en el

lugar en que hayan ocurrido, sino también en el territorio de los

Estados contratantes que deban establecer su jurisdicción”.

277

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

10.2. Con este párrafo se persigue que exista cooperación

internacional entre aquellos Estados contratantes que deter-

minen su jurisdicción y que pueda aplicar la ley correspon-

diente. En el caso de República Dominicana, la extradición

se regula mediante la Ley núm. 278-98, que modifica la

Ley núm. 489-99, mediante la que se busca preservar la paz

social, la seguridad y la integración física y moral de los seres

humanos, en busca de mantener la defensa de la soberanía

y la integridad territorial. En ese mismo orden de ideas, la

extradición también se encuentra regularizada a través del

Código Procesal Penal (artículo 160 y siguientes): la extra-

dición se rige por la Constitución, las normas de los tratados,

convenios y acuerdos internacionales adoptados por los pode-

res públicos y su ley especial en aquello que no se oponga el

Código Procesal Penal.

10.3. Este Protocolo, también creó la figura de un oficial de se-

guridad a través del artículo 6, para proteger la seguridad, de la

aeronave o de las personas o bienes en la misma, así como man-

tener el buen orden y la disciplina a bordo. En dicho convenio

fue insertado un artículo 18 bis, para que “nada de lo dispuesto

en el presente Convenio obstara al derecho que pudiera existir,

de conformidad con el derecho interno, de perseguir el cobro de

indemnización por daños y perjuicios de la persona que haya

sido entregada o desembarcada”.

11.3. Por último, conviene destacar que el Tribunal Constitu-

cional, ejerciendo el control preventivo de constitucionalidad,

verifica que el objeto de este acuerdo y su Protocolo, como lo se-

ñala su parte introductoria, es actualizar el “Convenio de Tokio

1963” con el fin de insertar un régimen jurídico internacional

que permita enfrentar el número de incidentes relacionados con

pasajeros disruptivos o insubordinados en vuelos comerciales re-

gulares, los cuales pueden poner en riesgo la seguridad operacio-

nal de la aeronave, la integridad física o moral de las personas a

bordo, el orden y la disciplina.

RAFAEL DÍAZ FILPO

278

11.4. Luego del análisis de las modificaciones, insertadas al

Convenio de Tokio de mil novecientos sesenta y tres (1963) a

través de este Protocolo este tribunal es de consideración que

dichas implementaciones y modificaciones no alteran nuestro

ordenamiento jurídico, por lo que se encuentra conforme a la

Constitución.

En la Sentencia TC/0301/15, del veinticinco (25) de sep-

tiembre de dos mil quince (2015), el Constitucional dominica-

no declaró conforme con la Constitución, el acuerdo sometido

mediante el expediente TC-02-2015-0005, sobre el control pre-

ventivo de constitucionalidad del “Memorándum de Entendi-

miento entre los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guate-

mala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana,

mediante el cual se establece la ejecución del “Marco de Acción

Regional para el Abordaje Integral del Delito de Trata de Per-

sonas en Centroamérica y República Dominicana”, suscrito el

trece (13) de febrero de dos mil quince (2015). Mediante este

instrumento se persigue “llevar a cabo acciones de coordinación

y cooperación conjunta para orientar el quehacer de los actores

clave de las entidades interinstitucionales de cada país, a fin de

contribuir al mejoramiento de la capacidad organizacional para

la articulación y concertación de medios y esfuerzos para un efi-

ciente abordaje integral a la trata de personas”.

En la Sentencia TC/293/15, del veintitrés (25) de septiem-

bre de dos mil quince (2015), el Constitucional dominicano

declaró conforme con la Constitución el acuerdo sometido me-

diante el expediente TC-02-2015-0006, sobre el control pre-

ventivo de constitucionalidad del “el Tratado Marco de Seguri-

dad Democrática en Centroamérica, suscrito el quince (15) de

diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), en San

Pedro Sula, Departamento de Cortés, República de Honduras.

279

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

Mediante este instrumento se persigue “el fortalecimiento de las

instituciones y del Estado de Derecho, la existencia de gobier-

nos electos por sufragio universal, libre y secreto de los Estados,

reafirmando su compromiso con el respeto, promoción y tutela

de todos los derechos humanos, con miras al desarrollo de la

comunidad jurídica regional basadas en relaciones pacíficas e in-

tegracionistas”. Al respecto señala la referida sentencia que:

7.1. En cuanto al Tratado Marco de Seguridad Democrática en

Centroamérica, el cual tiene como finalidad el fortalecimiento

de las instituciones y del Estado de Derecho, la existencia de

gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto de los es-

tados, reafirmando su compromiso con el respeto, promoción y

tutela de todos los derechos humanos, con miras al desarrollo de

la comunidad jurídica regional basadas en relaciones pacíficas e

integracionistas, así como la de contribuir con la consolidación

de la paz, la libertad, la democracia y el desarrollo de la región.

7.2. La indicada finalidad coincide con las trazadas en nuestra

Constitución. Ciertamente, la existencia de un gobierno electo

por sufragio universal, libre y secreto, es un derecho y un deber

constitucional en República Dominicana, el cual está consa-

grado en el artículo 208 de la Constitución. En efecto, en el

indicado texto se establece que “es un derecho y un deber de

ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las

autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto

es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o

coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho

al sufragio ni a revelar su voto”.

7.3. Igualmente, la consolidación de la paz, la libertad y la de-

mocracia son funciones esenciales del Estado, así como la promo-

ción y tutela de los derechos humanos. En cuanto a este último

aspecto, el artículo 8 indica que “Es función esencial del Estado,

la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de

RAFAEL DÍAZ FILPO

280

su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfec-

cionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de

un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles

con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos

y todas”.

7.4. La promoción de la paz, la justicia, el respeto de los derechos

fundamentales y la seguridad democrática que busca el presente

tratado se identifican con los establecidos en nuestra Constitu-

ción, especialmente en el artículo 26.4 de la misma, cuando

establece que la República Dominicana como miembro de la

comunidad internacional, abierto a cooperación y apego a las

normas del derecho internacional busca que “En igualdad de

condiciones con otros Estados, la República Dominicana acepta

un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto

de los derechos fundamentales, la paz, la justicia, y el desarrollo

político, social, económico y cultural de las naciones. Se com-

promete a actuar en el plano internacional, regional y nacional

de modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia

pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas

las naciones”.

7.5. Por su parte, el compromiso que se asume en el tratado

referente a la consolidación de la región, con la finalidad de

promover la paz, la libertad, la democracia y el desarrollo, guar-

da relación con la facultad que tiene el Estado dominicano de

suscribir tratados internacionales que promuevan el desarrollo

común de las naciones, además que aseguren el bienestar de los

pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes y la posibilidad

de atribuir a organizaciones supranacionales las competencias

requeridas para participar en procesos de integración, según se

establece en el artículo 26.5 de la Constitución.

7.6. Asimismo, al estar sustentado en la supremacía y fortale-

cimiento del poder civil, el pluralismo político, la libertad eco-

nómica, la superación de la pobreza y la pobreza extrema, el

281

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

balance razonable de fuerzas, la seguridad de las personas y de

sus bienes, la promoción del desarrollo sostenible, la protección

del consumidor, la superación de la pobreza, la protección del

medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción,

la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y el tráfico de

armas, este tratado se encuentra acorde con los derechos y finali-

dades que persigue la Carta Magna, en razón de que los mismos

buscan garantizar los derechos constitucionalmente reconocidos,

especialmente con los consagrados en el Título II.

7.7. Nos parece pertinente agregar que, según el artículo 260.1

de la Constitución, el combate a las actividades criminales tras-

nacionales que pongan en peligro los intereses de la República y

de sus habitantes es un objetivo de alta prioridad; esto, unido al

compromiso de actuar de modo compatible con la convivencia

pacífica entre los pueblos (artículo 26 de la Constitución), nos

confirma que los objetivos perseguidos por el Tratado Marco de

Seguridad Democrática en Centroamérica coinciden con las ta-

reas básicas del Estado.

7.8. Cabe destacar que este tratado busca desarrollar y cumplir

con los propósitos del Sistema de Integración Centroamericana

(SICA) del cual República Dominicana es “Miembro Pleno”, el

cual fue declarado conforme con la Constitución por este Tribu-

nal Constitucional mediante la sentencia TC/0136/13. Igual-

mente, en la sentencia TC/0121/14 fue declarado conforme el

instrumento complementario que organiza, regula y estructura

el subsistema del área social SICA.

7.9. Según lo expuesto en los párrafos anteriores, el Tratado

Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, suscrito

el quince (15) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco

(1995), en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Repú-

blica de Honduras, es compatible con la Constitución, ya que

no contradice los preceptos y normas establecidas en nuestra

Constitución.

RAFAEL DÍAZ FILPO

282

En la Sentencia TC/253/15, del dieciséis (16) de septiembre

de dos mil quince (2015), el Constitucional dominicano declaró

conforme con la Constitución, el acuerdo sometido mediante

el expediente TC-02-2015-0007, sobre el control preventivo de

constitucionalidad del “Convenio marco de cooperación entre la

República Dominicana y la República de Costa Rica”, suscrito

el veintiséis (26) de mayo de dos mil quince (2015). Mediante

este instrumento se persigue “la promoción de la cooperación

técnica, económica, científica y cultural entre ambos países, a

través de la estructuración y la ejecución de programas y proyec-

tos específicos en áreas de interés común, conforme a las prio-

ridades establecidas en sus estrategias y políticas nacionales de

desarrollo, fomentando la transferencia de las mejores prácticas

en cada parte”.

En la Sentencia TC/537/15, del primero (1) de diciembre

de dos mil quince (2015), el Constitucional dominicano declaró

conforme con la Constitución el instrumento sometido median-

te el expediente TC-02-2015-0008, sobre el control preventivo

de constitucionalidad del “Protocolo de Enmienda del Acuerdo

de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial

del Comercio” suscrito en la ciudad de Ginebra el veintisiete

(27) de noviembre de dos mil catorce (2014). Mediante este

instrumento se persigue “el establecimiento de una cooperación

efectiva entre los miembros de la Organización en las cuestiones

relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los

procesos aduaneros, mejorando las disposiciones para agilizar el

movimiento, el levante y el despacho de las mercancías, inclui-

das las mercancías de tránsito. De igual manera, el instrumento

en cuestión contiene disposiciones con miras a la cooperación

y coordinación entre las autoridades aduaneras y otras autori-

dades competentes, que alientan a los miembros a intercambiar

283

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

información sobre las mejores prácticas de gestión del cumpli-

miento de los procedimientos aduaneros, y prevé, además, asis-

tencia técnica y mejoramiento de capacidades”.

En la Sentencia TC/476/15, del cinco (5) de noviembre de

dos mil quince (2015), el Constitucional dominicano declaró

conforme con la Constitución el instrumento sometido mediante

el expediente TC-02-2015-0009, sobre el control preventivo de

constitucionalidad del “Arreglo de Lisboa y a la Protección de las

Denominaciones de Origen y su Registro Internacional”, suscrito

el treinta y uno (31) de octubre de mil novecientos cincuenta y

ocho (1958), revisado en Estocolmo, el catorce (14) de julio de

mil novecientos sesenta y siete (1967) y modificado el veintiocho

(28) de septiembre de mil novecientos setenta y nueve (1979).

Median te este instrumento se persigue “proporci onar la protec-

ción de las denominaciones de origen, es decir, la denominación

geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva

para designar un producto originario del mismo. La protección

será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el

verdadero origen del producto figura indicado o si la denomina-

ción se emplea en la traducción o va acompañada de expresiones,

tales como: género, tipo, manera, imitación o palabras similares a

estas”. En ese sentido señaló el Tribunal Constitucional que:

6.2. Mediante este arreglo se busca regular entre los Estados par-

tes, la competencia desleal y garantizar la protección del consu-

midor, en razón de la existencia de disposiciones que utilizan

como características específicas y que funcionan para identificar

los productos que son de difícil aplicación, y que merecen protec-

ción, debido a las diferencias existentes en relación con conceptos

jurídicos distintos.

6.3. Como expresa su objetivo, a través del presente convenio,

se procederá a proporcionar protección a las denominaciones de

RAFAEL DÍAZ FILPO

284

origen, es decir, la denominación geográfica de un país, de una

región o de una localidad que sirva para designar un produc-

to originario del mismo. La protección será asegurada contra

toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del

producto figura indicado o si la denominación se emplea en la

traducción o va acompañada de expresiones, tales como género,

tipo, manera, imitación o palabras similares a estas.

6.4. Se entiende por denominaciones de origen, una indicación

geográfica constituida por la denominación de un país, de una

región o de un lugar determinado usada para designar un pro-

ducto originario de ellos, cuya calidad, reputación u otras ca-

racterísticas le sean atribuibles al medio geográfico en el cual se

produzca.

6.5. El artículo 1 del convenio establece que el arreglo se consti-

tuye en una unión que deberán tener los países miembros para

brindar la mayor protección a la propiedad intelectual, com-

prometiéndose en cada territorio a que los productos de otros

países que pertenezcan a la “unión particular”, sean reconocidas

y protegidas como tales en el país de origen, y que las mismas

sean registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad

Intelectual.

6.6. Es decir, este arreglo se constituyó para crear un sistema

internacional que sirva de eje protector de las denominaciones

de origen de sus países mediante su registro en la Oficina Inter-

nacional de la OMPI, por lo que, mediante este sistema, tales

denominaciones deban estar “reconocidas” y “protegidas”, por lo

que se entenderá por denominación, las denominaciones de un

país, de una región o de una localidad, que sirvan para designar

un producto originario del país proveniente con determinados

requisitos.

6.7. De acuerdo con el artículo 3 del presente convenio, los paí-

ses contratantes deben proteger las denominaciones de origen que

285

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

hayan sido registradas en la Oficina Internacional; esta protec-

ción permitirá que se produzca contra ellas toda usurpación o

imitación del verdadero origen del producto, e incluso si la deno-

minación se emplea en la traducción o va acompañada de expre-

siones sobre “género”, “tipo”, “manera” “imitación” o similares.

6.8. La República Dominicana cuenta con los instrumentos ju-

rídicos que norman los derechos de la propiedad industrial, así

como las denominaciones de origen, como son la Constitución,

la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial, y el Reglamento

núm. 599-01, creados con la intención de adecuar un sistema

efectivo de protección de los derechos de la propiedad industrial,

y establecer las obligaciones que deben cumplir sus titulares. A

través de estas normas, se busca lograr un equilibrio de derechos

y obligaciones con la finalidad de promover, en nuestro país, el

desarrollo permanente, tanto socioeconómico como tecnológico,

así como los de la unión.

6.9. Nuestra legislación dominicana dispone que la Oficina Na-

cional de la Propiedad Industrial (ONAPI), es la encargada de

intervenir en todo lo relativo a marcas, nombres comerciales y

denominaciones de origen o indicaciones geográficas.

6.10. En ese sentido, el derecho a la propiedad intelectual se

encuentra regulado en nuestra Constitución dominicana, en su

artículo 52, el cual establece: Se reconoce y protege el derecho de

la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísti-

ca, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos

distintos y demás producciones del intelecto humano por el tiem-

po, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley.

6.11. En ese mismo orden de ideas, el artículo 53 de la Cons-

titución consagra el derecho del consumidor, el cual establece:

Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de

calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el

RAFAEL DÍAZ FILPO

286

contenido y las características de los productos y servicios que use

o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley.

Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes

y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o

indemnizadas conforme a la ley.

6.12. De acuerdo con las disposiciones establecidas por los artí-

culos 52 y 53 de nuestra Constitución, se encuentran consagra-

dos el reconocimiento y protección de la propiedad intelectual,

así como también la protección del consumidor, por lo que toda

persona tiene derecho a obtener protección de sus intereses mora-

les y materiales que le correspondan, siendo este derecho regula-

do, tanto por las leyes adjetivas de nuestro país como mediante

acuerdos y normas internacionales, que protegen la titularidad

de los derechos intelectuales en el ámbito global.

6.13. El adherirse al presente arreglo, nuestro país procura rea-

lizar una mayor protección relativa a los derechos de propiedad

intelectual relacionada con el comercio, siendo necesaria la exis-

tencia de normativas internacionales y nacionales que permitan

la titularidad o protección de aquellos esfuerzos intelectuales que

están destinados a la innovación, los cuales, mediante este con-

venio, no podrán ser objeto de ningún tipo de maniobras que

vulnere el derecho de propiedad intelectual, y de igual forma, la

utilización de tales herramientas permitirá un mayor auge de

exportación y valorización de nuestros productos

6.14. Aunque el Estado dominicano es asignatario de otros con-

venios sobre esta materia, el artículo 4 del Arreglo de Lisboa

dispone que:

Las disposiciones del presente Arreglo no excluyen en modo al-

guno la protección ya existente en favor de las denominaciones

de origen en cada uno de los países de la Unión particular, en

virtud de otros instrumentos internacionales, tales como el Con-

venio de París del 20 de marzo de 1883 para la Protección de la

287

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

Propiedad Industrial y sus revisiones subsiguientes, y el Arreglo

de Madrid del 14 de abril de 1891 relativo a la represión de las

indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos y

sus revisiones subsiguientes, o en virtud de la legislación nacio-

nal o de la jurisprudencia.

6.15. Este tribunal constitucional como órgano que incide en los

controles preventivos de los tratados, y como lo es el “Arreglo de

Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen

y su Registro Internacional” considera que ha sido suscrito con-

forme a los cánones constitucionales y está en concordancia con

las legislaciones que regulan la materia en nuestro país, así como

con la regulación internacional sobre la misma.

En la Sentencia TC/626/15, del dieciocho (18) de

noviembre de dos mil quince (2015), el Tribunal Constitucional

dominicano declaró conforme con la Constitución el instrumento

sometido mediante el expediente TC-02-2015-0010, sobre

el control preventivo de constitucionalidad del “Convenio de

Integración Cinematográfica Iberoamericana” y el “Protocolo

de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica

Iberoamericana”, ambos relativos al desarrollo e integración en

materia cinematográfica en los países iberoamericanos, suscritos

el once (11) de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve

(1989) y el veintiocho (28) de noviembre de dos mil siete (2007).

El Convenio de Integración Cinematográfica

Iberoamericana contempla el compromiso de los Estados parte

para aunar voluntades y realizar esfuerzos conjuntos, a fin de

promover el desarrollo de la cinematografía mediante una

participación equitativa en la actividad cinematográfica regional.

El Protocolo de Enmienda a dicho convenio amplía y fortalece

las pretensiones del convenio supraindicado e introduce

modificaciones terminológicas; asimismo, contempla el cambio

RAFAEL DÍAZ FILPO

288

del nombre del convenio original por “Convenio de Integración

Cinematográfica y Audiovisual Iberoamericana”.

En la Sentencia TC/0605/16, del veintitrés (23) de noviem-

bre de dos mil dieciséis (2016), el Constitucional dominicano

declaró conforme con la Constitución el instrumento sometido

mediante el expediente TC-02-2015-0011, sobre el control pre-

ventivo de constitucionalidad del “Convenio de Minamata so-

bre el Mercurio suscrito por República Dominicana el diez (10)

de octubre de dos mil trece (2013). Mediante este instrumento

se persigue “proteger la salud humana y el medio ambiente de las

emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compues-

tos de mercurio, para lo cual se establecen prohibiciones para la

fabricación, importación y exportación de mercurio”.

Referente al expediente TC-02-2015-0012, relativo al

control preventivo de constitucionalidad del Convenio de

cooperación regional para la creación y funcionamiento del

Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adul-

tos en América Latina y el Caribe (CREFAL), el Tribunal

Constitucional dominicano dictó la Sentencia marcada con el

número TC/0941/18, de fecha diez (10) de diciembre de dos

mil dieciocho (2018), mediante la cual declara conforme con

la Constitución dominicana, el referido convenio que tiene

como objetivo principal “objetivo principal organizar las acti-

vidades de estudio, investigación, documentación, formación

y animación tendientes a promover la educación para adultos

en América Latina y el Caribe, formando recursos humanos

especializados en el área educativa para adultos, cooperar en

materia de educación con los países de la región, promover

y apoyar procesos de sistematización de experiencias innova-

doras e información especializada y coordinar sus activida-

des con centros subregionales o nacionales. Estas actividades

289

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

serán coordinadas por el CREFAL, la UNESCO, OEA y los

Estados miembros”.

En la Sentencia TC/0100/16, del trece (13) de abril de dos

mil dieciséis (2016), el Constitucional dominicano declaró con-

forme con la Constitución , el instrumento sometido mediante

el expediente TC-02-2015-0013, sobre el control preventivo de

constitucionalidad del “Acuerdo Latinoamericano de Copro-

ducción Cinematográfica”, suscrito el once (11) de noviembre

de mil novecientos ochenta y nueve (1989), en Caracas, Vene-

zuela; de su Protocolo de Enmienda, del catorce (14) de julio de

dos mil seis (2006), y de su Reglamento, del veintiocho (28) de

noviembre de dos mil siete (2007). Mediante este instrumento

se persigue “como propósito contribuir a un efectivo desarro-

llo de la comunidad cinematográfica de los Estados Miembros.

Su Protocolo de Enmienda tiene como propósito fortalecer y

ampliar el desarrollo de la coproducción cinematográfica de los

países iberoamericanos y enmendar el citado acuerdo, especial-

mente en su denominación para que en lo adelante figure como

“Acuerdo Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica”,

así como sustituir algunos términos contenidos en el mismo y

modificar disposiciones del Acuerdo. Su Reglamento tiene como

objeto dotar al Acuerdo de un instrumento regulador y de desa-

rrollo que permita su aplicación bajo principios de mediación,

en condiciones de uniformidad de criterio interpretativo, para

actualizar el marco normativo de la Conferencia de Autoridades

Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI)”.

En la Sentencia TC/0370/16, del cinco (5) de agosto de

dos mil dieciséis (2016), el Tribunal Constitucional dominicano

declaró conforme con la Constitución el instrumento someti-

do mediante el expediente TC-02-2016-0001, sobre el control

preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo entre el gobierno

RAFAEL DÍAZ FILPO

290

de la República Dominicana y el Consejo Federal Suizo sobre la

exención mutua de visas para titulares de pasaportes diplomáti-

cos, oficiales, especiales o de servicio”, suscrito el catorce (14) de

enero de dos mil dieciséis (2016). Mediante este instrumento se

persigue “facilitar los viajes entre República Dominicana y Suiza

para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, especiales

o de servicios”. En la señalada Sentencia el Tribunal Constitu-

cional expuso que:

6.5.1. Este tribunal recuerda que el artículo 26 de la Consti-

tución dominicana se pronuncia sobre las relaciones internacio-

nales del Estado dominicano como miembro de la comunidad

internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas

del derecho internacional.

6.5.2. En virtud de lo anterior, el constituyente ha reconocido

que las relaciones internacionales de República Dominicana se

fundamentan y rigen por la afirmación y promoción de sus va-

lores e intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos y al

derecho internacional. Así, en igualdad de condiciones con otros

Estado, nuestro país acepta un ordenamiento jurídico interna-

cional que garantice el respeto de los derechos fundamentales,

la paz, la justicia y el desarrollo político, social, económico y

cultural de las naciones, y se compromete a actuar, en el plano

internacional, regional y nacional, de modo compatible con los

intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y

los deberes de solidaridad con todas las naciones, lo cual es posi-

ble también mediante la suscripción de tratados internacionales

para promover el desarrollo común, que aseguren el bienestar de

los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes.

6.5.3. Ninguna de las disposiciones del referido acuerdo vulnera

las disposiciones de la Constitución, sino que, por el contrario,

se inclina hacer posible el cumplimiento de los compromisos del

Estado dominicano, a la luz de las previsiones del Preámbulo

291

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

de la Constitución, que consagran los principios de soberanía,

libertad, solidaridad, convivencia fraterna, paz y progreso.

6.5.4. Tal y como se ha analizado, el presente acuerdo se ha

suscrito sobre la base de los principios de soberanía, con sujeción

a sus ordenamientos jurídicos internos, a sus obligaciones inter-

nacionales y a lo previsto en el mismo.

6.5.5. Como consecuencia del examen de control preventivo, el

Tribunal determina que el “Acuerdo entre el gobierno de la Re-

pública Dominicana y el Consejo Federal Suizo sobre la exen-

ción mutua de visas para titulares de pasaportes diplomáticos,

oficiales, especiales o de servicio”, suscrito el catorce (14) de enero

de dos mil dieciséis (2016), no contradice las normas y preceptos

establecidos en nuestra Constitución.

En la Sentencia TC/0302/16, del veinte (20) de julio de dos

mil dieciséis (2016), el Constitucional dominicano declaró con-

forme con la Constitución el instrumento sometido mediante

el expediente TC-02-2016-0002, sobre el control preventivo de

constitucionalidad del “Tratado de Beijing sobre Interpretacio-

nes y Ejecuciones Audiovisuales”, del veinticuatro (24) de junio

de dos mil doce (2012). Mediante este instrumento se persigue

“desarrollar y mantener la protección de los derechos de los ar-

tistas intérpretes o ejecutantes, respecto de sus interpretaciones o

ejecuciones que se encuentren incorporadas a una obra audiovi-

sual, de la manera más eficaz y uniforme posible”.

En la Sentencia TC/0303/16, del veinte (20) de julio de

dos mil dieciséis (2016), el Constitucional dominicano declaró

conforme con la Constitución el instrumento sometido median-

te el expediente TC-02-2016-0003, sobre el control preventivo

de constitucionalidad del “Tratado de Marrakech para facili-

tar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con

RAFAEL DÍAZ FILPO

292

discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto

impreso”, suscrito por República Dominicana el veintiocho (28)

de junio de dos mil trece (2013). Mediante este instrumento

se persigue “facilitar el acceso a las obras publicadas a las per-

sonas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades

para acceder al texto impreso, formando parte, en lo adelante,

tal acción del cuerpo de tratados internacionales sobre derecho

de autor administrados por la Organización Mundial Intelectual

(OMPI)”. El Tribunal Constitucional justificó que:

En el preámbulo del Tratado de Marrakech, objeto del presen-

te control, es constatable que el mismo tiene por finalidad el

reconocimiento de los derechos que poseen las personas con dis-

capacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto

impreso, y a la vez procura fijar las limitaciones y excepciones

apropiadas para que esas personas puedan acceder a las obras,

en particular, cuando el mercado es incapaz de proporcionar

dicho acceso.

Este objetivo encuentra correspondencia normativa con lo que

dispone el artículo 39 de la Constitución, el cual establece que

“todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la

misma protección y trato de las instituciones, autoridades y de-

más personas y gozan de los mismos derechos, libertades y opor-

tunidades, sin ninguna discriminación por razones de género,

color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares,

lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social

o personal”.

Dadas estas consideraciones, entendemos que la finalidad del

presente tratado procura colocar en un plano de igualdad a la

persona con discapacidad visual o con otras dificultades para

que estos puedan tener las obras publicadas y textos impresos, lo

cual guarda relación y procura optimizar el derecho de igualdad

dispuesto en el artículo 39 de la Constitución.

293

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

Es evidente que el fin primordial del presente tratado es procurar

el desarrollo integral de las personas con discapacidad visual o

con otras dificultades para acceder al texto impreso, cuya im-

posibilidad propende a limitarles el derecho de acceder a una

educación integral.

Respecto a este, al ámbito de la Constitución dominicana, dispo-

ne en su artículo 63, que:

Toda persona tiene derecho a una educación integral, de cali-

dad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades,

sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación

y aspiraciones. En consecuencia: (…) 1) La educación tiene por

objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda

su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial crea-

tivo y de sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la

ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.

En ese orden, el referido Tratado se apega a la disposición con-

tenida en el artículo 63 de la Constitución, en razón de que su

contenido propende a que las personas con discapacidad accedan

al sistema educativo en plano de igualdad.

En ese sentido, en vista de que las disposiciones establecidas en

el “Tratado de Marrakech” para facilitar el acceso a las obras

publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con

otras dificultades para acceder al texto impreso”, no contravienen

las disposiciones constitucionales, este tribunal constitucional

entiende que el mismo resulta compatible con la Constitución.

En la Sentencia TC/0760/17, del siete (7) de diciembre de

dos mil diecisiete (2017), el Constitucional dominicano declaró

conforme con la Constitución el instrumento sometido median-

te el expediente TC-02-2016-0004, sobre el control preventivo

de constitucionalidad de la “Convención Interamericana sobre

RAFAEL DÍAZ FILPO

294

Restitución Internacional de Menores”, adoptada el quince (15)

de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989), en Monte-

video, Uruguay. Mediante este instrumento se persigue “asegurar

la pronta restitución de menores que tengan residencia habitual

en uno de los Estados parte y hayan sido trasladados ilegalmente

desde cualquier Estado a un Estado parte o que habiendo sido

trasladados legalmente hubieren sido retenidos ilegalmente. Es

también objeto de esta convención hacer respetar el ejercicio del

derecho de visita y el de custodia o guarda por parte de sus titu-

lares”. Al respecto el Tribunal Constitucional indicó que:

8.1. En la “Convención Interamericana sobre Restitución In-

ternacional de Menores” los países signatarios han hecho constar

que, para sus efectos, se considerará menor a toda persona que no

haya cumplido dieciséis (16) años de edad (artículo 2).

8.2. En tal sentido, a fin de verificar si la referida convención

riñe o no con la Constitución dominicana, hace falta analizar

el concepto de persona menor de edad planteado en el protocolo

estudiado en paralelo con lo establecido tanto en nuestra Carta

Sustantiva como en el derecho local en cuanto a la edad y la

protección especial conferida a estas personas, pues para una co-

rrecta aplicación de las garantías y procedimientos instituidos en

la convención objeto del presente control, se precisa determinar

quiénes, en efecto, son menores de edad en República Domini-

cana.

8.3. En ese tenor, es menor de edad –salvo las excepciones con-

templadas en la ley– toda persona que por encontrarse en una

etapa de formación no cuenta con la edad, grado de madurez

y capacidad de discernimiento suficientes para realizar los actos

propios de una persona que goza de plena capacidad jurídica y

la aptitud de procurar en justicia la satisfacción efectiva –en la

misma dimensión que lo haría a una persona adulta– de sus

295

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

derechos; razón por la cual constitucionalmente se beneficia de

una protección reforzada, a fin de que se le pueda garantizar

íntegramente sus derechos fundamentales y prevenir –entre otras

cosas– que sea víctima constante de los distintos flagelos que afec-

tan a la sociedad.

8.4. En efecto, la Constitución dominicana en su artículo 56, en

cuanto a la protección de las personas menores de edad, establece:

La familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés su-

perior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de

asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e

integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, con-

forme a esta Constitución y las leyes. En consecuencia:

1. Se declara del más alto interés nacional la erradicación del

trabajo infantil y todo tipo de maltrato o violencia contra las

personas menores de edad. Los niños, niñas y adolescentes serán

protegidos por el Estado contra toda forma de abandono, secues-

tro, estado de vulnerabilidad, abuso o violencia física, sicológi-

ca, moral o sexual, explotación comercial, laboral, económica y

trabajos riesgosos;

2. Se promoverá la participación activa y progresiva de los niños,

niñas y adolescentes en la vida familiar, comunitaria y social;

3. Los adolescentes son sujetos activos del proceso de desarrollo.

El Estado, con la participación solidaria de las familias y la

sociedad, creará oportunidades para estimular su tránsito pro-

ductivo hacia la vida adulta.

8.5. En este texto de la Constitución dominicana se consagra la

protección de la población de menos de dieciocho (18) años de

edad, teniendo como marco de referencia el principio del interés

superior del niño, niña y adolescente. La acogencia de dicho

principio en nuestra Ley Fundamental se nutre de las directrices

RAFAEL DÍAZ FILPO

296

asentadas en varias de las declaraciones, pactos y convenios

adoptados por la comunidad internacional, siendo algunas de

las más trascendentales, por ejemplo, las siguientes: la Declara-

ción de Ginebra sobre los Derechos del Niño, que tuvo lugar en

mil novecientos veinticuatro (1924); la Declaración Universal

de los Derechos del Niño adoptada en mil novecientos cincuenta

y nueve (1959), y la Convención sobre los Derechos del Niño,

firmada en mil novecientos ochenta y nueve (1989).

8.6. El principio de referencia ha sido abordado y defendido

incansablemente por este tribunal constitucional en distintas

ocasiones (Sentencias TC/0013/13; TC/0109/13, TC/0184/13,

TC/0265/14, TC/0007/16, TC/0221/16 ), llegándose a esta-

blecer –en la sentencia TC/0265/144– que: “[e]l interés del me-

nor está protegido frente a otros intereses que puedan tener las

instituciones o cualquier adulto; se persigue que la persona me-

nor de edad encuentre la mayor protección y que esta se exprese

de manera integral.”

8.7. Asimismo, en la Sentencia TC/0221/16, con relación

a un conflicto en donde un centro educativo mantenía una

negativa de matricular a un grupo de personas menores de

edad, justificándose en la necesidad de evitar los efectos perju-

diciales que podría acarrear una sobrepoblación estudiantil,

aclaramos que:

(…) el legislador ha querido hacer prevalecer el interés del me-

nor de edad ante cualquier otro interés, de manera que tal seg-

mento poblacional está protegido integralmente.

Estos principios sufragan a favor de evitar que los niños y niñas

sean expuestos a los riesgos que entraña en estos tiempos un tras-

lado significativamente distante del lugar de su residencia; de

ahí que, en la especie, resulta menester apelar al uso de la prerro-

gativa que ha reservado el legislador en el sentido de hacer una

aplicación racional y progresiva de los derechos con la finalidad

297

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

de garantizar la eficacia de las normas y los procedimientos cons-

titucionales.

8.8. De ahí la importancia en determinar, a fin del Tribunal

Constitucional evaluar la constitucionalidad de la “Convención

Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores”,

que la persona considerada en ella como menor de edad se co-

rresponda con los beneficiarios de dicha protección reforzada en

nuestro ordenamiento jurídico actual, pues de lo contrario, ha-

bría una cuota de la población que, aun estando comprendida

dentro de dicha etapa, quedaría excluida –injustificadamente–

del marco de aplicación del protocolo estudiado y sus beneficios.

8.9. Esta etapa –la de la minoría de edad–, conforme a nuestro

derecho interno, abarca desde el nacimiento hasta los dieciocho

(18) años de edad, pues así lo consagra el Principio I de la Ley

núm. 136-03, sobre el Código para la Protección de los Dere-

chos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que establece:

El presente Código tiene por objeto garantizar a todos los niños,

niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el

ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamen-

tales. Para tales fines, este Código define y establece la protección

integral de estos derechos regulando el papel y la relación del

Estado, la sociedad, las familias y los individuos con los sujetos

desde su nacimiento hasta cumplir los 18 años de edad.

8.10. En igual sentido, el Principio II del código instituido por

la Ley núm. 13603, establece que:

Se considera niño o niña a toda persona desde su nacimiento

hasta los doce años, inclusive; y adolescente, a toda persona desde

los trece años hasta alcanzar la mayoría de edad.

8.11. Así, conviene recordar que producto del vertiginoso de-

sarrollo y constante evolución de la persona menor de edad, a

RAFAEL DÍAZ FILPO

298

esta se le ha encasillado en dos (2) categorías distintas, pero no

disociables en cuanto a la protección reforzada sobre la cual

hemos venido haciendo hincapié. Estas –conforme a nuestro

derecho local– son: 1) la niñez, etapa que se genera con el

nacimiento y persiste hasta cumplidos los doce (12) años de

edad; y 2) la adolescencia, la cual empieza a los trece (13) años

de edad y culmina cuando la persona alcanza la mayoría de

edad.

8.12. Conviene subrayar que, conforme a nuestro derecho in-

terno, la mayoría de edad se adquiere a los dieciocho (18) años

de edad. Así lo establece el artículo 388 del Código Civil, al

disponer que “se entiende menor de edad el individuo de uno

u otro sexo que no tenga dieciocho años cumplidos.” , cuestión

corroborada por la Carta Magna en su artículo 21, el cual, en

cuanto al goce o disfrute de la ciudadanía dominicana dispone

que “todos los dominicanos y dominicanas que hayan cumplido

18 años de edad y quienes estén o hayan estado casados, aunque

no hayan cumplido esa edad, gozan de ciudadanía.”

8.13. Del mismo modo, en otras latitudes, instrumentos in-

ternacionales han establecido que todo ser humano es menor de

edad hasta tanto haya cumplido dieciocho (18) años de edad,

amén de los criterios –étnicos y culturales– tomados en cuenta

por cada Estado para determinar la mayoría de edad de sus

nacionales. Nos referimos a:

• La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada el

veinte (20) de noviembre de mil novecientos ochenta y nue-

ve (1989), por la asamblea general de la Organización de las

Naciones Unidas (ONU), a la cual se adhirió República Do-

minicana el once (11) de junio de mil novecientos noventa y

uno (1991), que en su artículo 1 establece: “Para los efectos de

la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano

menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley

que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

299

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

• La Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional

de Menores, adoptada el dieciocho (18) de marzo de mil nove-

cientos noventa y cuatro (1994), en la Ciudad de México, D.F.,

México, a la cual se adhirió República Dominicana el catorce

(14) de noviembre de dos mil once (2011), que en su artículo 2

establece: “Esta convención se aplicará a cualquier menor que se

encuentre o resida habitualmente en un Estado Parte al tiempo

de la comisión de un acto de tráfico internacional contra dicho

menor. Para los efectos de la presente Convención: a) “Menor”

significa todo ser humano cuya edad sea inferior a dieciocho

años. (…)”.

En efecto, conviene resaltar que los instrumentos internacionales

indicados precedentemente fueron elaborados y, por ende, tam-

bién, reconocidos por República Dominicana con posterioridad

a la adopción del protocolo estudiado. De ahí que a la fecha han

intervenido otros instrumentos de protección que consideran que

la etapa de minoridad es hasta los dieciocho (18) años.

8.14. De igual manera, el Fondo de las Naciones Unidas para

la Infancia (UNICEF) en su afán de salvaguardar los derechos

de la niñez, promueve, por ejemplo, que “los gobiernos tienen

que establecer una ley por la que la edad mínima de los jóvenes

para contraer matrimonio legalmente sea los 18 años y asegurar-

se de que dicha ley se lleve a la práctica”; de ahí que en asuntos

de tanta sensibilidad como la unión, sea ésta por vínculos natu-

rales o jurídicos, de dos personas debe estar condicionada, para

UNICEF, a que, entre otras cosas, estas tengan una edad míni-

ma que –por condiciones físicas, sicológicas y sociales– permita

constatar que cuentan con las aptitudes y madurez suficientes

para consumar dicho instituto.

8.15. Todo lo anterior revela que tanto en latitudes extranjeras

como locales el principio es que la etapa de la minoridad dura

hasta los dieciocho (18) años, no menos, como precisa el protoco-

lo estudiado en su artículo 2.

RAFAEL DÍAZ FILPO

300

8.16. En definitiva, habiéndose constatado de la revisión

exhaustiva de los artículos que integran esta convención, a la

cual República Dominicana pretende adherirse, que estos están

destinados a garantizar una efectiva –y reforzada– protección

de los derechos fundamentales de las personas menores de edad

que hayan sido víctimas de un traslado o retención ilegal en el

extranjero y, a su vez, modular el régimen de visita y guarda

ejercido respecto de los mismos por parte de sus titulares, es pre-

ciso advertir que las estipulaciones relativas a los sujetos sobre

los cuales sería aplicado el protocolo –las personas menores de

edad– dista de las disposiciones que al respecto establece nuestra

Constitución y derecho local.

8.17. Y es que, como hemos visto, conforme a nuestro derecho

una persona es considerada menor de edad hasta tanto cumpla

dieciocho (18) años de edad, mientras que para la convención

estudiada dicha condición culmina a los dieciséis (16) años de

edad. En tal sentido, la inclusión en la “Convención Interame-

ricana sobre Restitución Internacional de Menores” de un tope

inferior a la edad máxima establecida en República Dominica-

na para que una persona sea considerada menor de edad, limita

la protección reforzada y efectiva de los derechos fundamentales

de la persona menor de edad consagrada en el artículo 56 de la

Constitución dominicana y, por tanto, contradice dicha disposi-

ción constitucional.

8.18. En efecto, conforme a lo argumentado hasta aquí hemos

podido constatar que la “Convención Interamericana sobre Res-

titución Internacional de Menores” –objeto del control preven-

tivo de constitucionalidad que nos ocupa– no solo contradice

el contenido de los instrumentos internacionales marco en la

materia estudiada –la Convención sobre los Derechos del Niño

y la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de

Menores–, sino que también contraria lo consagrado en la Cons-

tituciónón dominicana, en su artículo 56; la Ley núm. 136-03,

sobre el Código para la Protección de los Derechos de los Niños,

301

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

Niñas y Adolescentes, y el artículo 388 del Código Civil, en

cuanto a quienes son las personas que son consideradas como me-

nores de edad y, por ende, beneficiarios de las prerrogativas que

pretende instaurar; pues, a la fecha, estas piezas jurídicas ofrecen

a las personas menores de edad un radio de protección mucho

mayor que el pretendido con el protocolo estudiado.

8.19. En consecuencia, ha lugar a declarar la no conformidad con

la Constitución dominicana de la “Convención Interamericana

sobre Restitución Internacional de Menores”, adoptada el quince

(15) de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989), en

Montevideo, Uruguay.

Referente al expediente TC-02-2016-0005, relativo al

control preventivo de constitucionalidad de la Convención

Interamericana sobre obligaciones alimentarias, el Tribunal

Constitucional dominicano no ha dictado sentencia alguna.

En la Sentencia TC/0662/17, del siete (7) de noviembre de

dos mil diecisiete (2017), el Constitucional dominicano declaró

conforme con la Constitución el instrumento sometido median-

te el expediente TC-02-2016-0006, sobre el control preventivo

de constitucionalidad del “Convenio Multilateral Iberoamerica-

no de Seguridad Social”, adoptado en Santiago de Chile, el diez

(10) de noviembre del año dos mil siete (2007). Mediante este

instrumento se persigue “la protección económica y social de los

trabajadores migrantes, sus familiares beneficiarios y derechoha-

bientes, en lo relativo a las prestaciones económicas por pensión

de invalidez, vejez, supervivencia y además las prestaciones eco-

nómicas por accidentes de trabajo y enfermedad profesional”.

En la Sentencia TC/0651/16, del siete (7) de diciembre de

dos mil dieciséis (2016), el Constitucional dominicano declaró

conforme con la Constitución el instrumento sometido median-

te el expediente TC-02-2016-0007, sobre el control preventivo

RAFAEL DÍAZ FILPO

302

de constitucionalidad del “Acuerdo de París”, surgido de la Vigé-

sima Primera Reunión de las Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático el doce (12) de diciembre de dos mil quince (2015).

Mediante este instrumento se persigue “reforzar la respuesta

mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del

desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza”.

Referente al expediente TC-02-2016-0008, relativo al con-

trol preventivo de constitucionalidad del Convenio sobre el

Traslado de Personas Condenadas entre la República Dominica-

na y el Reino de los Países Bajos, el máximo órgano de control de

constitucionalidad de la República Dominicana, emitió la Sen-

tencia No. TC/0099/19, de fecha veinticuatro (24) de mayo de

dos mil diecinueve (2019), mediante la cual declaraba conforme

con la Constitución el control preventivo sometido; destacando

además que el propósito del mismo es: “propósito de regular la

ejecución recíproca de las sentencias penales condenatorias a pe-

nas o medidas privativas o restrictivas de libertad que les hayan

sido impuestas en el territorio de una de las partes a los naciona-

les o ciudadanos de la otra parte”.

De igual manera, el Tribunal Constitucional no ha emiti-

do fallo sobre el control preventivo de Constitucionalidad del

expediente TC-02-2016-0009, relativo al Acuerdo entre el Go-

bierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la

República Dominicana, en relación con la preautorización en el

transporte aéreo.

En la Sentencia TC/0420/17, del siete (7) de agosto de dos

mil diecisiete (2017), el Constitucional dominicano declaró

conforme con la Constitución el instrumento sometido median-

te el expediente TC-02-2016-0010, sobre el control preventivo

de constitucionalidad del “Acuerdo de Servicios Aéreos entre

el Gobierno de la República de Finlandia y el Gobierno de la

303

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

República Dominicana”, firmado en Santo Domingo el veinti-

cuatro (24) de octubre de dos mil dieciséis (2016). Mediante este

instrumento se persigue “promover las relaciones de las partes

firmantes en el campo de la aviación civil y establecer servicios

aéreos entre y fuera de sus respectivos territorios; así como la

expansión de oportunidades de servicios aéreos internacionales”.

En la Sentencia TC/0404/18, del nueve (9) de noviembre de

dos mil dieciocho (2018), el Constitucional dominicano declaró

conforme con la Constitución el instrumento sometido mediante

el expediente TC-02-2017-0001, sobre el control preventivo de

constitucionalidad “Acuerdo entre República Dominicana y

Estados Unidos para mejorar el cumplimiento fiscal internacional

y para implementar el FATCA”, suscrito en Santo Domingo,

República Dominicana, el quince (15) de septiembre de dos

mil dieciséis (2016). Mediante este instrumento se persigue

“mejorar el cumplimiento de la tributación internacional a

través de la asistencia mutua en materia tributaria, basada en una

infraestructura efectiva que permita el intercambio automático

de información”.

En la Sentencia TC/0798/17, del ocho (8) de diciembre

de dos mil diecisiete (2017), el Constitucional dominicano

declaró conforme con la Constitución el instrumento sometido

mediante el expediente TC-02-2017-0002, sobre el control

preventivo de constitucionalidad “Acuerdo de cooperación entre

el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la

República de Turquía en el Campo del Turismo”, suscrito el dos

(2) de febrero de dos mil diecisiete (2017), en Santo Domingo,

capital de República Dominicana. Mediante este instrumento se

persiguen los siguientes objetivos:

a. Promover, desarrollar y aumentar la cooperación

en el ámbito del turismo dentro de sus respectivas

RAFAEL DÍAZ FILPO

304

jurisdicciones, sobre la base de igualdad y el beneficio

mutuo (artículo 1).

b. Fomentar, mejorar y apoyar los esfuerzos y actividades

de las instituciones, profesionales y otros órganos en

ambos países en el ámbito del turismo, con el fin

de promover la actividad empresarial y la inversión

mutua. Igualmente, las partes se comprometen a

informar a potenciales inversionistas respecto de

las oportunidades de inversión en el área turística

y compartir experiencia en la financiación y la

construcción de capacidades de las pequeñas y

medianas empresas (artículo 2).

c. Compartir experiencias en el campo de la clasificación

y control de calidad de los establecimientos de

alojamiento turístico y cooperar para la utilización

de experiencias de expertos en formación profesional,

organización de seminarios de sensibilización en el

turismo, la mejora e implementación de programas de

capacitación para el personal del establecimiento, y los

sectores de alimentos y bebidas (artículo 4).

d. Cooperar en el desarrollo de capacidades de recopila-

ción de datos análisis y publicación, así como en lo rela-

tivo a maximizar el beneficio del desarrollo económico

de la población local, a través del turismo rural (artícu-

los 5 y 6).

e. Intercambiar datos respecto de los eventos y festiva-

les turísticos desarrollados por cada país (Artículo 7);

igualmente, las partes se comprometen a organizar pro-

gramas de formación en el campo del turismo a nivel de

grado y posgrado (artículo 8).

305

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

En la Sentencia TC/0691/17, del ocho (8) de noviembre

de dos mil diecisiete (2017), el Constitucional dominicano de-

claró conforme con la Constitución el instrumento sometido

mediante el expediente TC-02-2017-0003, sobre el control

preventivo de constitucionalidad “Acuerdo entre el Gobierno

de la República Dominicana y el Gobierno de Jamaica sobre

exención de visas mutuas para portadores de pasaportes diplo-

máticos y oficiales”, suscrito el dieciséis (16) de mayo de dos

mil diecisiete (2017). Mediante este instrumento se persigue

“facilitar la entrada y salida a territorio de la República Domi-

nicana y de Jamaica a los portadores de pasaportes diplomáti-

cos y oficiales de ambos países”.

En la Sentencia TC/0819/17, del doce (12) de diciembre de

dos mil diecisiete (2017), el Constitucional dominicano declaró

conforme con la Constitución el instrumento sometido median-

te el expediente TC-02-2017-0004, sobre el control preventivo

de constitucionalidad “Convención sobre Asistencia Adminis-

trativa Mutua en Materia Fiscal”, suscrita el veintiocho (28) de

junio de dos mil dieciséis (2016). Mediante este instrumento

se persigue “la asistencia administrativa en materia tributaria,

estableciendo el intercambio de información por solicitud, auto-

mática o espontánea, así como inspecciones fiscales simultáneas.

Asimismo, facilitará las inspecciones en el extranjero, asistencia

en el cobro, medidas cautelares y medidas de conservación y ser-

vicio de documentos”.

En la Sentencia TC/0617/18, del veintitrés (23) de marzo

de dos mil dieciocho (2018), el TC dominicano declaró con-

forme con la Constitución el instrumento sometido mediante

el expediente TC-02-2017-0005, sobre el control preventivo de

constitucionalidad “Acuerdo entre el gobierno de la República

Francesa y el gobierno de la República Dominicana sobre el

RAFAEL DÍAZ FILPO

306

empleo de los cónyuges de agentes de misiones oficiales de cada

Estado con el otro Estado”, suscrito en fecha dieciocho (18) de

abril del año dos mil diecisiete (2017). Mediante este instru-

mento se persigue “el empleo de los cónyuges de agentes de mi-

siones oficiales de cada Estado con el otro Estado lo constituye

la autorización a emprender una actividad remunerada en el Es-

tado receptor a los cónyuges de agentes de misiones oficiales de

cada Estado en el otro Estado, sobre una base de reciprocidad”.

En la Sentencia TC/0012/18, del dieciocho (18) de

enero de dos mil dieciocho (2018), el TC dominicano declaró

conforme con la Constitución el instrumento sometido

mediante el expediente TC-02-2017-0006, sobre el control

preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo entre el Gobierno

de la República Dominicana y el Gobierno de la República de

El Salvador, sobre supresión de visas en pasaportes ordinarios”,

suscrito el veintitrés (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).

Mediante este instrumento se persigue que los nacionales de los

países suscribientes, portadores de pasaporte ordinario vigente,

puedan entrar, salir, transitar y permanecer en el territorio del

Estado de la otra parte sin visa hasta por noventa (90) días, si no

tuvieran como propósito dedicarse a actividades laborales”.

En la Sentencia TC/0045/18, del veintidós (22) de marzo

de dos mil dieciocho (2018), el Tribunal Constitucional domi-

nicano declaró conforme con la Constitución el instrumento

sometido mediante el expediente TC-02-2017-0007, sobre el

control preventivo de constitucionalidad del Acuerdo de Servi-

cios Aéreos entre el Gobierno de la República Dominicana y el

Gobierno de Kuwait”, suscrito en la ciudad de Nassau, el Com-

monwealth de las Bahamas, el siete (7) de diciembre de dos mil

dieciséis (2016). Mediante este instrumento se persigue “el esta-

blecimiento de una cooperación efectiva entre ambos Estados en

307

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

las cuestiones relativas a facilitar la expansión de oportunidades

de servicios aéreos, garantizando el más alto grado de protección

y seguridad internacionales; hacer posible que las aerolíneas

ofrezcan al público que viaja y envía paquetes, una variedad de

opciones de servicios, motivando el desarrollo de las aerolíneas

individuales e implementar precios innovadores y competitivos”.

En la Sentencia TC/0789/17, del ocho (8) de diciembre

de dos mil diecisiete (2017), el Constitucional dominicano

declaró conforme con la Constitución el instrumento

sometido mediante el expediente TC-02-2017-0008, sobre el

control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo entre

el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la

República del Paraguay sobre Exención de Visas para Titulares

de Pasaportes Ordinarios”, suscrito el seis (6) de marzo de dos

mil diecisiete (2017). Mediante este instrumento se persigue

“promover las relaciones amistosas, la cooperación entre

República Dominicana y Paraguay, el fomento del turismo, así

como facilitar la circulación de los ciudadanos de ambos países,

titulares de pasaportes ordinarios”.

En la Sentencia TC/0783/17, del siete (7) de diciembre de

dos mil diecisiete (2017), el Tribunal Constitucional dominicano

declaró conforme con la Constitución el instrumento sometido

mediante el expediente TC-02-2017-0009, sobre el control

preventivo de constitucionalidad del Estatuto de la Conferencia

de La Haya de Derecho Internacional Privado”, adoptado el

treinta y uno (31) de octubre de mil novecientos cincuenta y uno

(1951), con modificaciones adoptadas el treinta (30) de junio de

dos mil cinco (2005). Mediante este instrumento se persigue que la

Conferencia de La Haya, como organización intergubernamental

de carácter internacional, trabaje en la unificación progresiva de

las normas del derecho internacional privado.

RAFAEL DÍAZ FILPO

308

En la Sentencia TC/0746/17, del veintitrés (23) de noviembre

de dos mil diecisiete (2017), el Constitucional dominicano

declaró conforme con la Constitución el instrumento sometido

mediante el expediente TC-02-2017-0010, sobre el control

preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo Constitutivo por

el cual se crea la Fundación Internacional UEALC”, suscrito el

veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciséis (2016). Dicho

acuerdo tiene como objetivo centrarse en el fortalecimiento del

proceso de la asociación birregional entre la UE y los Estados

Miembros de la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos

y Caribeños (CELAC).

En la Sentencia TC/0074/18, del veintitrés (22) de marzo

de dos mil dieciocho (2018), el Constitucional dominicano

declaró conforme con la Constitución el instrumento sometido

mediante el expediente TC-02-2017-0011, sobre el control

preventivo de constitucionalidad del “Convenio sobre Traslado

de Personas Condenadas entre la República Dominicana y la

República de Panamá”, suscrito en la ciudad de San José, Costa

Rica, el veintinueve (29) de junio de dos mil diecisiete (2017).

Mediante este instrumento se persigue “regular la ejecución

recíproca de las sentencias penales condenatorias a penas o

medidas privativas o restrictivas de libertad, que les hayan sido

impuestas en el territorio de una de las partes, a los nacionales o

ciudadanos de la otra parte”.

En la Sentencia TC/0751/17, del veinticuatro (24) de

noviembre de dos mil diecisiete (2017), el Constitucional

dominicano declaró conforme con la Constitución el instrumento

sometido mediante el expediente TC-02-2017-0012, sobre el

control preventivo de constitucionalidad del “Convenio Marco

de Cooperación entre la República Dominicana y la República

de Honduras”, suscrito en la ciudad de Santo Domingo, el

309

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Dicho

instrumento internacional “promover las relaciones amistosas, la

cooperación técnica, científica y tecnológica entre ambos países,

siempre y cuando las mismas respondan a criterios afines con la

promoción de la paz y la seguridad internacional, el fomento al

respeto de los Derechos Humanos, el desarrollo sostenible y el

fortalecimiento a la democracia”.

En la Sentencia TC/0277/18, del veintitrés (22) de agosto de

dos mil dieciocho (2018), el TC dominicano declaró conforme

con la Constitución, el instrumento sometido mediante el

expediente TC-02-2017-0013, sobre el control preventivo de

constitucionalidad del “Acuerdo entre la República Dominicana

y el Reino de España sobre exención de visados para estancias

de corta duración para titulares de pasaportes diplomáticos”,

suscrito el dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete

(2017). Mediante este instrumento se persigue “que República

Dominicana y el Reino de España refuercen las relaciones

existentes mediante el fomento de la libre circulación de los

titulares de pasaportes diplomáticos entre ambos países”.

En la Sentencia TC/0412/18, el Constitucional domi-

nicano declaró conforme con la Constitución el instrumento

sometido mediante el expediente TC-02-2018-0001, sobre el

control preventivo de constitucionalidad del “Convenio Inter-

nacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los

Sedimentos de los Buques (BWM)”, del trece (13) de febrero del

dos mil cuatro (2004). Mediante este instrumento se persigue

“evitar la propagación de organismos acuáticos perjudiciales de

una región a otra, confiriendo a los Estados parte el derecho de

adoptar, de conformidad con el derecho internacional, medidas

más rigurosas para la prevención, reducción o eliminación de

la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes

RAFAEL DÍAZ FILPO

310

patógenos mediante el control y la gestión del agua de lastre y los

sedimentos de los buques”.

Referente al expediente TC-02-2018-0002, relativo al con-

trol preventivo de constitucionalidad del Protocolo de 1988,

relativo al Convenio Internacional sobre Líneas de Carga del

año 1966, y sus enmiendas del once (11) de noviembre de mil

novecientos ochenta y ocho (1988), el Tribunal Constitucional

dominicano emitió, en fecha ocho (8) de mayo de dos mil die-

cinueve (2019), la Sentencia TC/0042/19, mediante la cual de-

claraba conforme con la Constitución el referido instrumento

internacional que persigue incorporar en el mencionado con-

venio “disposiciones relativas a reconocimientos y certificación,

armonizadas con las correspondientes disposiciones de otros ins-

trumentos internacionales, así como perfeccionar todavía más

las disposiciones de orden técnico del citado convenio”.

En la Sentencia TC/0620/18, dictada el diez (10) de diciem-

bre de dos mil dieciocho (2018) el Constitucional dominicano

declaró conforme con la Constitución el instrumento sometido

mediante el expediente TC-02-2018-0003, sobre el control pre-

ventivo de constitucionalidad del “Acuerdo entre la República

Dominicana y los Estados Unidos Mexicanos sobre Coopera-

ción y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros”,

suscrito el quince (15) de mayo de dos mil diecisiete (2017), en

La Habana, República de Cuba. Mediante este instrumento se

persigue “evitar, tanto en la República Dominicana como en los

Estados Unidos Mexicanos, las infracciones aduaneras que per-

judican los intereses económicos, fiscales, comerciales, sociales,

industriales, agrícolas, de seguridad y salud pública de ambos

Estados, así como al comercio legítimo”.

Referente al expediente TC-02-2018-0004, relativo al

control preventivo de constitucionalidad del Acuerdo de

311

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República Dominicana y

el Gobierno del Estado de Qatar, suscrito el seis (6) de diciembre

de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal Constitucional

dominicano mediante la Sentencia TC/0042/20, de fecha once

(11) de febrero de dos mil veinte (2020), declaró conforme con

la Constitución el acuerdo que tiene por objeto “la creación de

una cooperación efectiva entre ambos Estados para facilitar la

expansión de oportunidades de servicios aéreos y garantizar el

más alto grado de protección y seguridad internacional, lo cual

motivará el desarrollo de mayor variedad de ofertas de servicios

y precios competitivos por parte de las aerolíneas con ha dictado

sentencia alguna”.

En la Sentencia TC/0310/18, dictada el treinta y uno (31)

de agosto de dos mil dieciocho (2018) el Constitucional do-

minicano declaró conforme con la Constitución el instrumen-

to sometido mediante el expediente TC-02-2018-0005, sobre

el control preventivo de constitucionalidad del “Convenio so-

bre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros

miembros de la Familia”, hecho el veintitrés (23) de noviembre

de dos mil siete (2007). Mediante este instrumento se persigue

“establecer un sistema de cooperación internacional que permita

la fijación y tramitación de ejecución de las decisiones que sean

adoptadas por los Estados signatarios en materia de pensión ali-

menticia”.

En la Sentencia TC/0350/18, dictada el cinco (5) de

septiembre de dos mil dieciocho (2018) el Constitucional

dominicano declaró conforme con la Constitución el

instrumento sometido mediante el expediente TC-02-2018-

0006, sobre el control preventivo de constitucionalidad del

“Acuerdo entre la República Dominicana y la República de

Honduras, sobre la supresión de los requisitos de visa para sus

RAFAEL DÍAZ FILPO

312

nacionales en pasaportes ordinarios o corrientes”, suscrito el

veinticinco (25) de julio de dos mil diecisiete (2017). Mediante

este instrumento se persigue “que la República Dominicana y

la República de Honduras promuevan el desenvolvimiento de

las relaciones amistosas, la cooperación mutua, el fomento del

turismo y facilitar la circulación de los ciudadanos dominicanos

y hondureños titulares de pasaportes ordinarios o corrientes”.

Referente al expediente TC-02-2018-0007, relativo al

control preventivo de constitucionalidad del Acuerdo entre la

República Dominicana y la República Federativa de Brasil sobre

cooperación en el ámbito de la defensa, suscrito el catorce (14)

de mayo de dos mil dieciocho (2018), el Tribunal Constitucional

dominicano ha dictado, en fecha seis (6) de octubre de dos mil

veinte (2020), la Sentencia TC/0235/20, en la que se destaca

que la finalidad del acuerdo es “la promoción de la cooperación

entre las partes en asuntos relativos a la defensa, con énfasis en las

áreas de investigación y desarrollo, apoyo logístico y adquisición

de productos y servicios de defensa”.

En la Sentencia TC/614/18, dictada el diez (10) de diciembre

de dos mil dieciocho (2018) el Constitucional dominicano

declaró conforme con la Constitución el instrumento sometido

mediante el expediente TC-02-2018-0008, sobre el control

preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo entre la República

Dominicana y la República Federativa del Brasil sobre la

Exoneración de Visados de Turismo y Negocios”, suscrito el

catorce (14) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Mediante este

instrumento se persigue “garantizar el principio de reciprocidad

y, además, facilitar los viajes de nacionales de ambos países con

fines turísticos y de negocios”.

Mediante la Sentencia TC/0422/19, dictada el nueve (9)

del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), del

313

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

expediente TC-02-2018-0009, relativo al control preventivo

de constitucionalidad del “Acuerdo de cooperación entre la

República Dominicana y la República de Colombia para

el control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias

psicotrópicas y delitos conexos”, suscrito el cinco (5) de junio

de dos mil dieciocho (2018), el Tribunal Constitucional

dominicano declaró el referido instrumento normativo

internacional conforme con la Constitución de la República, el

cual tiene por “objeto regular la cooperación entre República

Dominicana y República de Colombia para el control del tráfico

ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y delitos

conexos. Sus ejes de actuación se centran en los siguientes

aspectos: reducción de la demanda de drogas para uso indebido,

estrategias de control a la producción de drogas ilícitas ,mejorar

las condiciones de vida de la población involucrada en los

territorios afectados por el cultivo ilícito, el lavado de activos

relacionado con la producción, tráfico y consumo de drogas, la

generación de conocimiento técnico sobre el problema mundial

de las drogas, temas relacionados con los bienes incautados y

decomisados; así como, el análisis y generación de conocimiento

relacionado con la lucha combinada contra el narcotráfico”.

Respecto al Expediente núm. TC-02-2018-0010, relativo

al control preventivo de constitucionalidad de la Enmienda al

Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la

Capa de Ozono, adoptada en Kigali, Ruanda, el quince (15)

de octubre de dos mil dieciséis (2016), el Constitucional domi-

nicano el diez (10) del mes de diciembre del año dos mil die-

ciocho (2018), mediante la Sentencia No. TC/0899/18, declaró

conforme con la Constitución, con el que se persigue “dotar al

Protocolo de Montreal la responsabilidad de gestionar los HFC,

así como desempeñar una función rectora en la labor hacia un

RAFAEL DÍAZ FILPO

314

mundo ambientalmente sostenible en consonancia con la Agen-

da 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, permite a las

partes cierto grado de flexibilidad en la aplicación de sus obliga-

ciones, reconociendo que en algunas circunstancias se permitirá

el uso de los HF”.

Mediante la Sentencia TC/0041/19, de fecha seis (6) del

mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), el Tribunal

Constitucional declaró con la Constitución, el contenido del

Expediente núm. TC-02-2019-0001, relativo al control preven-

tivo de constitucionalidad del “Acuerdo entre el Gobierno de

la República Dominicana y el Gobierno de la República Popu-

lar China sobre Exoneración Mutua de Visas para Portadores

de Pasaportes Oficiales, Pasaportes de Servicios y Pasaportes de

Asuntos Públicos”, suscrito el dos (2) de noviembre de dos mil

dieciocho (2018), cuyo objetivo es el de “promover las relaciones

entre República Dominicana y la República Popular China, así

como facilitar el intercambio de visitas para los portadores de

pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicios o de asuntos pú-

blicos”. Para arribar a dicha decisión, el Tribunal Constitucional

señaló lo siguiente:

6.5.1. Este tribunal recuerda que el artículo 26 de la Consti-

tución dominicana se pronuncia sobre las relaciones internacio-

nales del Estado dominicano como miembro de la comunidad

internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas

del derecho internacional.

6.5.2. En virtud de lo anterior, el constituyente ha reconocido

que las relaciones internacionales de República Dominicana se

fundamentan y rigen por la afirmación y promoción de sus valores

e intereses nacionales y el respeto a los derechos humanos y al derecho

internacional. Así, en igualdad de condiciones con otros Estados,

nuestro país acepta un ordenamiento jurídico internacional

315

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

que garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz,

la justicia y el desarrollo político, social, económico y cultural

de las naciones, además de comprometerse a actuar, en el plano

internacional, regional y nacional, de modo compatible con los

intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los

deberes de solidaridad con todas las naciones, lo cual es posible

también mediante la suscripción de tratados internacionales para

promover el desarrollo común, que aseguren el bienestar de los

pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes.

6.5.3. De conformidad con lo precedentemente indicado,

ninguna de las disposiciones del referido acuerdo vulnera las

disposiciones de la Constitución, sino que, por el contrario, se

inclina a hacer posible el cumplimiento de los compromisos del

Estado dominicano, a la luz de lo previsto en el Preámbulo de

la Constitución, el cual consagra los principios de soberanía,

libertad, solidaridad, convivencia fraterna, paz y progreso.

6.5.4. Tal y como se ha analizado, el presente acuerdo ha sido

suscrito sobre la base de los principios de soberanía y con sujeción

a los ordenamientos jurídicos internos de cada estado-parte,

conforme a sus respectivas obligaciones internacionales.

6.5.5. Como consecuencia del examen de control preventivo, el

Tribunal determina que el “Acuerdo entre el Gobierno de la

República Dominicana y el Gobierno de la República Popular

China sobre Exoneración Mutua de Visas para Portadores de

Pasaportes Diplomáticos, Pasaportes Oficiales, Pasaportes de

Servicios y Pasaportes de Asuntos Públicos”, suscrito el dos (2)

de noviembre de dos mil dieciocho (2018)” en la ciudad de

Beijing, República Popular China, no contradice las normas y

preceptos establecidos en nuestra Carta Magna.

El Expediente núm. TC-02-2019-0002, relativo al control

preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo entre el Gobierno

de la República Dominicana y el Gobierno de la Federación de

RAFAEL DÍAZ FILPO

316

Rusia sobre las condiciones de supresión de las formalidades de

visado en viajes mutuos de los nacionales de la República Do-

minicana y de los nacionales de la Federación de Rusia”, suscrito

el veintisiete (27) de noviembre de dos mil dieciocho (2018),

fue declarado conforme con la Constitución mediante la Sen-

tencia TC/0036/19, dictada el tres (3) del mes de mayo del año

dos mil diecinueve (2019); dicho “acuerdo tiene como objetivo

principal que los nacionales de los países suscribientes –Repúbli-

ca Dominicana y Federación de Rusia–, portadores de pasaporte

ordinario vigente, puedan entrar, salir, transitar y permanecer en

el territorio del Estado de la otra parte sin visa hasta por sesenta

(60) días, durante cada período de ciento ochenta (180) días

desde el momento de su primera entrada, siempre que no tuvie-

ran como propósito permanecer por más tiempo o dedicarse a

actividades laboral eso comerciales”. En la indicada sentencia, el

tribunal expuso lo siguiente:

11.1. Este tribunal recuerda que el artículo 26 de la Constitu-

ción se pronuncia sobre las relaciones internacionales del Esta-

do dominicano como miembro de la comunidad internacional,

abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho

internacional.

11.2. En virtud de lo anterior, el constituyente ha reconocido

que las relaciones internacionales de la República Dominicana

se fundamentan y rigen por la afirmación y promoción de sus

valores e intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos

y al derecho internacional. Así, en igualdad de condiciones con

otros Estados, nuestro país acepta un ordenamiento jurídico in-

ternacional que garantice el respeto de los derechos fundamenta-

les, la paz, la justicia, y el desarrollo político, social, económico

y cultural de las naciones, y se compromete a actuar, en el plano

internacional, regional y nacional, de modo compatible con los

intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y

317

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

los deberes de solidaridad con todas las naciones, lo cual es posi-

ble también mediante la suscripción de tratados internacionales

para promover el desarrollo común, que aseguren el bienestar de

los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes.

11.3. Ninguna de las disposiciones del referido acuerdo vulnera

las disposiciones de la Constitución, sino que, por el contrario,

se inclinan a hacer posible el cumplimiento de los compromisos

del Estado dominicano, a la luz de las previsiones del Preámbulo

de la Constitución, que consagran los principios de soberanía,

libertad, solidaridad, convivencia fraterna, paz y progreso.

11.4. Tal y como se ha analizado, el presente acuerdo se ha sus-

crito sobre la base de los principios de soberanía, igualdad y re-

ciprocidad, con sujeción a sus ordenamientos jurídicos internos,

a sus obligaciones internacionales y a lo previsto en el mismo.

11.5. Como consecuencia del examen de control preventivo, el

Tribunal determina que el “Acuerdo entre el Gobierno de la

República Dominicana y el Gobierno de la Federación de Rusia

sobre las condiciones de supresión de las formalidades de visado

en viajes mutuos de los nacionales de la República Dominicana

y de los nacionales de la Federación de Rusia”, suscrito el veinti-

siete (27) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), no contra-

dice las normas y preceptos establecidos en nuestra Constitución.

En relación con el Expediente núm. TC-02-2019-0003,

relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Trata-

do de Extradición entre República Dominicana y la República

Italiana”, suscrito el trece (13) de febrero de dos mil diecinue-

ve (2019), el Constitucional dominicano emitió la Sentencia

TC/0480/19, de fecha cinco (5) del mes de noviembre del año

dos mil diecinueve(2019), mediante la cual declaró la conformi-

dad con la Constitución de la República del referido tratado, el

RAFAEL DÍAZ FILPO

318

cual tiene como objetivo “regular aspectos procesales relativos a

las solicitudes de extradición entre ambos Estados, contemplan-

do temas como la obligación de extraditar, causas obligatorias y

facultativas de denegación de extradición, principio de especia-

lidad, arresto y detenciones provisionales, guía para solución de

solicitudes concurrentes”. Al respecto el tribunal expuso en la ya

señalada sentencia que:

6.2.4.1. La nacionalidad de los extraditados no es un óbice para

su extradición. De acuerdo con el artículo 5 del Tratado, [la]

nacionalidad de la persona requerida no puede constituir mo-

tivo para la denegación de la extradición. En ese sentido, tanto

los ciudadanos dominicanos en República Dominicana como los

ciudadanos italianos en la República Italiana, pueden ser suje-

tos de extradición bajo los términos del tratado.

6.2.4.2. La Constitución dominicana establece en su artículo

46, lo siguiente:

Artículo 46.- Libertad de tránsito. Toda persona que se encuen-

tre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir

libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones le-

gales.

1) Ningún dominicano o dominicana puede ser privado del de-

recho a ingresar al territorio nacional. Tampoco puede ser expul-

sado o extrañado del mismo, salvo caso de extradición pronun-

ciado por autoridad judicial competente, conforme la ley y los

acuerdos internacionales vigentes sobre la materia;

(…)

6.2.4.3. El derecho fundamental a la libertad de tránsito de

los ciudadanos dominicanos encuentra uno de sus límites en la

extradición, siempre que sea conforme a la ley y los acuerdos

319

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

internacionales vigentes. En ese sentido, el tratado no transgrede

el contenido de la Constitución en la medida en que esta última

permite la extradición de nacionales siempre que se encuentre

conforme al tratado bajo el cual se llevaba a cabo la extradición.

6.2.5.1. De acuerdo con el artículo 12 del tratado:

1. La Parte Requirente podrá solicitar por la vía diplomática la

detención preventiva de la persona requerida, El pedido debe-

rá indicar que sobre la persona requerida pende una orden de

captura o de aprehensión, o una sentencia de condena en firme,

y deberá señalar la fecha y los hechos que motiven el pedido, así

como el tiempo y el lugar de la comisión parcial o total de los

hechos, además de tos datos que permitan la identificación de la

persona cuya detención se solicita.

2. Ejecutada la detención, la Parte Requirente deberá formali-

zar el pedido en el plazo de noventa (90) días calendario, conta-

dos a partir del día siguiente de la captura o aprehensión. En el

caso que no fuere formalizado et pedido en el tiempo indicado,

la persona objeto de la petición será puesta en libertad y sola-

mente se admitirá un nuevo pedido de detención por el mismo

hecho, sin son retomadas todas las formalidades exigidas en este

Tratado.

3. La ubicación de la persona requerida se podrá hacer a través

de la Organización Internacional de la Policía Criminal – IN-

TERPOL.

6.2.5.2. El Código Procesal Penal, que rige el procedimiento

de extradición en República Dominicana, prevé en su artículo

163 la facultad de la Suprema Corte de Justicia, como tribunal

competente, para ordenar la aplicación de medidas de coerción

a la persona solicitada en extradición, siempre que se invoque

la existencia de una sentencia o de una orden, se determine con

claridad la naturaleza del hecho punible y se trate de un caso

RAFAEL DÍAZ FILPO

320

en el cual proceda la prisión preventiva según este código, en

concordancia con el derecho internacional vigente.

6.2.5.3. Igualmente, en el mismo Código Procesal Penal se es-

tablece que en caso de urgencia la Suprema Corte de Justicia

de República Dominicana, como tribunal competente en ma-

teria de extradición, podrá ordenar una medida de coerción,

incluyendo la prisión preventiva, por un plazo máximo de un

mes (aun cuando no se hayan presentado todos los documen-

tos exigidos para la procedencia de la extradición), medida que

podría extenderse a dos meses, previa solicitud y comunicación

inmediata al Ministerio de Relaciones Exteriores.

6.2.5.4. El sistema procesal penal de República Dominicana

está fundado en el principio de libertad como regla general, es-

tablecido en el artículo 40 numeral 9, del derecho a la libertad

y la seguridad personal, de nuestra Carta Magna, que establece:

Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tie-

nen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al

peligro que tratan de resguardar.

6.2.5.5. Dado que el procedimiento de extradición está fun-

damentado en investigaciones que apuntan a identificar en el

Estado requerido la presencia de una persona imputada de la

comisión de un ilícito penal en el territorio del Estado solici-

tante, supone para el Estado tomar medidas que si bien pueden

constituir una restricción del estatuto de libertad de los ciuda-

danos como la detención provisional, resultan compatibles con

las garantías del debido proceso que la Constitución protege, por

lo que esta previsión del Tratado no contraviene la Constitución.

Respecto al Expediente núm.TC-02-2019-0004, relativo

al control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo en

materia de coproducción cinematográfica entre el gobierno de la

República Italiana y el gobierno de la República Dominicana”,

321

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

adoptado el catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019),

que persigue “que tanto la industria cinematográfica italiana

como la dominicana puedan tener beneficios de coproducción

de películas y proyectos audiovisuales que, debido a su calidad

técnica y su valor artístico contribuyan al prestigio y expansión

de la industria de producción y distribución cinematográfica y

televisiva, así como estrechar los vínculos culturales entre ambos

Estados”, el Tribunal Constitucional dominicano emitió en

fecha primero (1) del mes de octubre del año dos mil diecinueve

(2019), la sentencia TC/408/19, con la que se declara conforme

con la Constitución el indicado control preventivo.

El TC dominicano, en fecha veintiséis (26) del mes de

diciembre del año dos mil diecinueve (2019), emitió la Sentencia

TC/0612/19, en la que declaró conforme con la Constitución

el contenido del expediente núm. TC-02-2019-0005, relativo

al control preventivo de constitucionalidad de la “Convención

sobre la Protección Cultural Subacuático”, intervenido entre el

Gobierno de la República Dominicana y la Organización de

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO), suscrita en París el dos(2) de noviembre de dos mil

once (2001), cuyo objetivo es:

(…) la protección efectiva del patrimonio cultural

subacuático, tomando como punto de partida las diversas

fragmentaciones a nivel doméstico, la poca regulación en las

legislaciones nacionales y la inexistencia, en el marco vigente del

derecho internacional del mar, de un instrumento eficaz para la

protección de dicho patrimonio.

La Convención sobre Protección del Patrimonio Subacuá-

tico busca establecer métodos de protección, así como coordi-

nar entre los Estados parte la preservación, supervisión, estudio

del patrimonio cultural subacuático y su particular relevancia, al

RAFAEL DÍAZ FILPO

322

tiempo que crea los mecanismos para formalizar las relaciones

internacionales en lo concerniente a un patrimonio subacuático

común de la humanidad.

Mediante la Sentencia TC/0444/20, dictada el veintinue-

ve (29) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020),

con relación al Expediente núm. TC-02-2019-0006, el Tribunal

Constitucional dominicano declaró conforme con la Constitu-

ción el control preventivo de constitucionalidad del “Tratado

sobre la Prohibición de las Armas Nucleares entre la República

Dominicana y las Naciones Unidas”, suscrito en la ciudad de

Nueva York, el siete (7) de julio de dos mil dieciocho (2018), en

el que se señala que:

“El objetivo del presente convenio tiene por finalidad elimi-

nar por completo el uso de las armas nucleares, estableciendo la

responsabilidad de cada uno de los Estados parte de nunca, bajo

ninguna circunstancia, hacer uso de este tipo de armas.

Así mismo reafirmar el compromiso de una participación

plena y efectiva en contra del desarrollo, ensayo, producción,

fabricación y adquisición de cualquier modo de armas nuclea-

res, incluyendo la posesión o almacenamiento, trasferencia o

control de armas o dispositivos explosivos de manera directa o

indirecta”.

Con la Sentencia TC/0477/19, dictada el día treintaiuno

(31) del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), res-

pecto al Expediente núm. TC-02-2019-0006, el Tribunal Cons-

titucional dominicano declaró conforme con la Constitución el

control preventivo de constitucionalidad del “Tratado entre la

República Dominicana y la República Italiana sobre Asistencia

Legal Recíproca en Materia Penal”, adoptado el trece (13) de fe-

brero de dos mil diecinueve (2019), y que tiene como objeto “la

323

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

asistencia jurídica mutua en materia penal para la investigación

y persecución de los delitos previstos en la legislación nacional

de las partes”. El Tribunal Constitucional sostuvo en la señalada

Sentencia que:

i. Confidencialidad y limitaciones en el empleo de la infor-

mación

El presente acuerdo establece en su artículo 9 que la Parte Re-

quirente asegurará la confidencialidad de la recepción de la soli-

citud de asistencia jurídica, su contenido y cualquier actuación

emprendida conforme a la misma; además agrega que si para

la ejecución de esta solicitud fuera necesario contravenir la con-

fidencialidad, la Parte Requerida solicitará la autorización de

la Parte Requirente, la cual deberá informar de los alcances de

la confidencialidad que se invoca, haciendo depender de dicha

autorización, la ejecución de la solicitud.

Se dispone también, que la Parte Requirente no utilizará nin-

guna información o prueba obtenida para fines distintos a los

declarados, sin previa autorización de la Parte Requerida. En

los casos particulares que la Parte Requirente necesitará divulgar

y utilizar, total o parcialmente, la información o prueba para

propósitos diferentes a los especificados, solicitará la autorización

correspondiente a la Parte Requerida, la cual podrá acceder o

denegar, total o parcialmente. Esta restricción no aplicará cuan-

do la información o prueba obtenida tenga el carácter de públi-

ca en la Parte Requirente.

En relación con esta disposición del Acuerdo, la Constitución

dominicana consagra en su artículo 44 que toda persona tie-

ne derecho a la intimidad y se reconoce el derecho al honor, al

buen nombre y a la propia imagen. Además, toda persona tiene

el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre

ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así

RAFAEL DÍAZ FILPO

324

como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con

las limitaciones fijadas por la ley. El tratamiento de los datos e

informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando

los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad.

Las disposiciones del Acuerdo antes mencionadas se inscriben

en el ámbito de aplicación del artículo 44 de la Constitución,

permitiendo que su alcance y aplicación queden sujetos a control

constitucional sin menoscabo del derecho a la intimidad y el

honor personal de los ciudadanos.

ii. La obtención de pruebas

En el artículo 11 del Tratado se indica que la persona citada

a declarar tendrá la facultad de negarse a prestar declaraciones

cuando la legislación de la Parte Requerida o de la Parte

Requirente lo permita; para tal efecto, la Parte Requirente deberá

hacer mención expresa de ello en la solicitud de asistencia.

La Constitución establece en su artículo 69 que toda persona, en

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene el derecho a

obtener la tutela judicial efectiva con respeto del debido proceso,

resaltando en sus numerales 6 y 8 lo siguiente: Nadie podrá

ser obligado a declarar contra sí mismo, así como es nula toda

prueba obtenida en violación a la ley.

iii. La comparecencia de testigos, víctimas, peritos y personas

investigadas o procesadas en el territorio de la parte requirente

El artículo 16 del Tratado objeto de control establece que la

comparecencia de una persona en calidad de víctima, testigo o

perito solo podrá realizarse si esta manifiesta su aceptación por

escrito, no pudiendo ser objeto de medida de apremio o sanción

alguna en caso de que no acepte; así mismo, la Parte Requeri-

da comunicará por escrito la respuesta de la persona a la Parte

Requirente y, en su caso, solicitará la comparecencia mediante

citatorio, el cual deberá contener las siguientes garantías de la

325

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

Parte Requirente:

i) Ninguna persona cualquiera que sea su nacionalidad, podrá

ser perseguida penalmente, detenida o sometida a restricción de su

libertad individual en el territorio de dicha Parte por hecho o con-

denas anteriores a su ingreso al territorio de la Parte Requiriente

procesada, detenida o sujeta a cualquier restricción de libertad

personal en el territorio de esa parte por causas previas a su trasla-

do y ii) la persona citada no puede ser obligada a rendir testimo-

nio de un proceso diferente al especificado en la solicitud.

Podemos observar en esta disposición que para trasladar a un

ciudadano (testigo, víctima o perito), a comparecer ante las

autoridades del Estado Requirente, es necesario el consentimiento de

este, garantizándose con ello la libertad individual de las personas,

como también el respeto a los derechos fundamentales y los mecanismos

para una efectiva tutela y protección judicial, todo esto acorde con

el espíritu de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución que

consagra las garantías a los derechos fundamentales.

El artículo 20 del Tratado establece que las Partes cooperarán en

los ámbitos de localización de bienes, instrumentos o productos

directos e indirectos del delito, y aplicaran las medidas adecuadas

con respecto a ellos, de acuerdo a su legislación interna.

En ese tenor, establece que dicha cooperación se basará en las

disposiciones contempladas en el presente tratado, así como en las

disposiciones correspondientes en la Convención de las Naciones

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del

quince (15) de noviembre de dos mil (2000), en particular sus

artículos 2, 12, 13 y 14, y se extenderá no solo a los delitos

previstos en esta Convención, sino a cualquier otro hecho

delictivo, observado el punto 2 del artículo 1 del presente tratado.

Con respecto a lo anterior, la Constitución dispone en su artículo

51, que el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad

RAFAEL DÍAZ FILPO

326

y que toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición

de sus bienes, salvo los límites establecidos en los numerales 5 y

6, relativos a la confiscación o decomiso de bienes de personas

físicas o jurídicas de origen ilícito y al régimen de administra-

ción y disposición de bienes incautados y abandonados. Se exige

para la confiscación o decomiso de los bienes la existencia de una

sentencia definitiva y para su administración y disposición, un

régimen creado por ley.

El artículo 27 del Tratado dispone que su entrada en vigor

treinta (30) días después de la fecha de recepción de la última

notificación recibida, a través de la vía diplomática, por las

cual las Partes se comuniquen el cumplimiento de los requisitos

legales internos necesarios para su entrada en vigor. Esta dis-

posición se ajusta al ordenamiento constitucional de República

Dominicana, porque sujeta la vigencia del acuerdo al agota-

miento de todas las fases internas para su plena incorporación

en el Estado, ya que después de que este colegiado lo declare

conforme con la Constitución debe agotar una fase de ratifica-

ción en el Congreso Nacional.

En este orden, el numeral 5 del referido artículo 26 de la Carta

Sustantiva, establece que …el Estado dominicano podrá suscri-

bir tratados internacionales para promover el desarrollo común

de las naciones que aseguren el bienestar de los pueblos y la segu-

ridad colectiva de sus habitantes […]. Este tribunal constitucio-

nal ha podido verificar los aspectos más relevantes que destaca el

“Tratado entre la República Dominicana y la República Italia-

na sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”. En este

este sentido, ha determinado que sus disposiciones no vulneran

en modo alguno las normas contenidas en nuestra Constitución,

pues ha sido suscrito sobre la base de los principios de soberanía,

la paz, la seguridad internacional, el fomento al respeto de los

derechos humanos, el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de

la democracia y, asimismo, con estricta sujeción a sus respectivos

ordenamientos jurídicos internos.

327

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

Este colegiado concluye además que el “Tratado entre la República

Dominicana y la República Italiana sobre Asistencia Legal Recí-

proca en Materia Penal” satisface igualmente los principios de reci-

procidad y de igualdad, según establece la Sentencia TC/0315/15

(reiterado por TC/0074/18), que dispuso al respecto lo siguiente:

[…] en materia de suscripción de acuerdos o tratados

internacionales, el principio de reciprocidad, como también ha

dicho la corte colombiana, “hace alusión a la correspondencia

que debe existir entre un Estado y otro”. Asimismo, respecto del

principio de igualdad, es útil recordar que al momento en que

un Estado se apresta a convenir un acuerdo con otro Estado,

debe advertir que uno de los propósitos que auspicia el fomento

de las relaciones internacionales es que ambas naciones, ambas

partes contratantes, obtengan, en igualdad de condiciones –o

bien, en condiciones razonablemente parecidas o equilibradas

tantas obligaciones como beneficios.

A la luz de la precedente argumentación, este colegiado ha

verificado que el “Tratado entre la República Dominicana y la

República Italiana sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia

Penal”, sometido a control preventivo de constitucionalidad ante

este tribunal, satisface las previsiones del ordenamiento jurídico

nacional y en consecuencia, no colisiona con ninguna norma,

principio o precepto establecido en nuestro texto sustantivo.

Mediante la Sentencia TC/0040/20, dictada el once (11)

del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), con relación al

Expediente núm. TC-02-2019-0009, el Tribunal Constitucio-

nal dominicano declaró conforme con la Constitución el control

preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo entre el Gobier-

no de la República Dominicana y el Reino de Marruecos sobre

la Exoneración de Visados de Turismo y Negocios”, suscrito el

once (11) de junio de dos mil diecinueve(2019), en el que se

señala que:

RAFAEL DÍAZ FILPO

328

1.1. El acuerdo tiene como objetivo principal que los nacionales

de los países suscribientes –República Dominicana y Reino de

Marruecos–, portadores de pasaporte ordinario vigente, puedan

entrar, salir, transitar y permanecer en el territorio del Estado de

la otra parte sin visa hasta por sesenta (60) días, renovable por

igual, de forma que el período total de la permanencia no exceda

de los ciento veinte (120) días en cada período de doce (12) meses

a partir de la primera entrada en territorio de ambos países.

1.2. De igual manera, el protocolo establece que los nacionales

de ambos Estados tienen la obligación de cumplir las leyes,

reglamentos y disposiciones vigentes, reservándose cada Estado el

derecho de prohibir la admisión o la permanencia en el mismo

de los nacionales del otro Estado.

Mediante la Sentencia TC/0066/20, dictada el veintiuno

(21) del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), con rela-

ción al Expediente núm. TC-02-2019-0010, el Tribunal Cons-

titucional dominicano declaró conforme con la Constitución el

control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo entre el

Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la Re-

pública de Serbia sobre la Exención de Visas para Portadores de

Pasa porte s D iplom ático s y Ofic iales” , su scrito el diez (10) de di-

ciembre de dos mil dieciocho (2018), que tiene como objetivo “

promover las amistades entre ambos países, facilitando los viajes

de ciudadanos que posean pasaportes diplomáticos y oficiales”.

Mediante la Sentencia TC/0150/20, dictada el trece (13)

del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), con relación al

Expediente núm. TC-02-2019-0011, el Tribunal Constitucional

dominicano declaró conforme con la Constitución el control

preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo de Servicios de

Transporte Aéreo”, intervenido entre República Dominicana

y la República del Perú, suscrito en Lima el dieciocho (18) de

329

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

marzo del dos mil diecinueve (2019), que tiene como objetivo:

promover las relaciones de las partes firmantes en el campo de

la aviación civil y establecer servicios aéreos entre y fuera de sus

respectivos territorios, así como la expansión de oportunidades

de servicios aéreos internacionales. Además, el acuerdo tiene el

objeto de garantizar el más alto grado de protección y seguridad

internacional en los servicios aéreos internacionales, y reafirma el

gran interés sobre acciones o amenazas contra la seguridad de las

aeronaves que ponen en riesgo la seguridad de las personas o de

la propiedad, que puede afectar adversamente la operación del

transporte aéreo, y socavar la confianza pública en la seguridad

aérea civil”. En la indicada sentencia, el máximo órgano de

control de constitucionalidad sostuvo que:

10.1. Este tribunal recuerda que el artículo 26 de la Constitución

dominicana se pronuncia sobre las relaciones internacionales

del Estado dominicano como miembro de la comunidad

internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas

del derecho internacional.

10.2. En virtud de lo anterior, el constituyente ha reconocido

que las relaciones internacionales de República Dominicana

se fundamentan y rigen por la afirmación y promoción de sus

valores e intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos

y al derecho internacional. Así, en igualdad de condiciones

con otros Estados, nuestro país acepta un ordenamiento

jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos

fundamentales, la paz, la justicia y el desarrollo político,

social, económico y cultural de las naciones, y se compromete

a actuar, en el plano internacional, regional y nacional, de

modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia

pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas

las naciones, lo cual es posible también mediante la suscripción

de tratados internacionales para promover el desarrollo común,

RAFAEL DÍAZ FILPO

330

que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva

de sus habitantes.

10.3. Ninguna de las disposiciones del referido acuerdo vulnera

las disposiciones de la Constitución, sino que, por el contrario,

se inclinan a hacer posible el cumplimiento de los compromisos

del Estado dominicano, a la luz de las previsiones del preámbulo

de la Constitución, que consagran los principios de soberanía,

libertad, solidaridad, convivencia fraterna, paz y progreso.

10.4. Tal y como se ha analizado, el presente acuerdo se ha

suscrito sobre la base de los principios de soberanía, con sujeción

a sus ordenamientos jurídicos internos, a sus obligaciones

internacionales y a lo previsto en él.

10.5. Como consecuencia del examen de control preventivo, el

Tribunal determina que el “Acuerdo de Servicios Aéreos entre el

Gobierno de la República de Perú y el Gobierno de la República

Dominicana”, suscrito en Lima el dieciocho (18) de marzo de

dos mil diecinueve (2019), no contradice las normas y preceptos

establecidos en nuestra Constitución.

Mediante la Sentencia TC/0326/20, dictada el veintidós

(22) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), con

relación al Expediente núm. TC-02-2019-0012, el Tribunal

Constitucional dominicano declaró conforme con la Constitu-

ción el control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo de

servicios aéreos entre el Gobierno de la República Dominicana y

el Gobierno del Reino de Marruecos” suscrito en Rabat, capital

del Reino de Marruecos, el veinte (20)de julio de dos mil diecio-

cho (2018), que tiene como objeto:

1.1. De conformidad con lo dispuesto en el preámbulo

del citado acuerdo, este tiene por objeto establecer el marco bi-

lateral de las relaciones aerocomerciales entre los dos Estados,

331

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

fomentando el desarrollo del transporte aéreo y la conectividad

del país con otros destinos.

1.2. En ese sentido, las partes deberán promover un sistema

internacional de aviación, basado en la competencia entre las

aerolíneas, de manera que se favorezca un aumento del transpor-

te aéreo internacional que satisfaga las necesidades de precios y

servicios del público viajero y de embarque.

1.3. Asimismo, el acuerdo pretende garantizar el más alto

grado de seguridad y protección en los servicios aéreos inter-

nacionales, reafirmando su preocupación por actos o amenazas

contra la seguridad de la aviación civil, que ponen en peligro la

seguridad de las personas y bienes que afectan las operaciones del

transporte aéreo.

Mediante la Sentencia TC/0056/20, dictada el veinte (20)

del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), con relación al

Expediente núm. TC-02-2019-0013, el Tribunal Constitucio-

nal dominicano declaró conforme con la Constitución el control

preventivo de constitucionalidad del Tratado de Extradición en-

tre la República Dominicana y la República del Perú, firmado en

Lima, el dieciocho (18) de marzo de dos mil diecinueve (2019),

que tiene por objeto:

(…) regular aspectos procesales que traerán un importante

avance en el proceso de extradición, contemplando temas como

la obligación de extraditar, delitos que dan lugar a la extradi-

ción, causales que pueden dar lugar a la denegación de la ex-

tradición, entrega de nacionales, pena de muerte, solicitud de

extradición y documentación requerida, detención preventiva,

decisión relativa a la solicitud de extradición y entrega de la

persona reclamada, entrega diferida o temporal, concurrencia

de solicitudes, incautación y entrega de bienes, principio de

especialidad, idioma y exención de formalidad de la docu-

mentación, gastos, relación con otros instrumentos jurídicos

RAFAEL DÍAZ FILPO

332

internacionales, autoridades centrales, reextradición a un

tercer Estado, consentimiento de la persona reclamada, tránsi-

to, solución de controversias, aplicación temporal, enmiendas,

duración, entrada en vigor y denuncia

Mediante la Sentencia TC/0083/20, dictada el veinticinco

(25) del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), con rela-

ción al Expediente núm. TC-02-2019-0014, el Tribunal Cons-

titucional dominicano declaró conforme con la Constitución el

control preventivo de constitucionalidad los “Protocolos relati-

vos a enmiendas al Convenio de Aviación Civil Internacional,

sobre los artículos 48 (a); 50 (a); 56; 50 (a); 50 (a) y 56”, sus-

critos el quince (15) de septiembre de mil novecientos sesenta

y dos (1962), doce (12) de marzo de mil novecientos setenta

y uno (1971), seis (6) de octubre de mil novecientos ochenta

y nueve (1989), veintiséis (26) de octubre de mil novecientos

noventa (1990) y dos (2) últimos del seis (6) de octubre de dos

mil dieciséis (2016), respectivamente, que tienen como objetivo,

lo siguiente:

1.1. El objetivo de la enmienda del artículo 48 (a) del

Convenio de Aviación Civil Internacional, firmado en Roma,

el quince (15) de septiembre de mil novecientos sesenta y dos

(1962), es el siguiente:

Que en el párrafo (1) del Artículo 48 se suprima la segunda

frase y se sustituya por “la Asamblea podrá celebrar una reu-

nión extraordinaria en cualquier momento, por convocatoria del

Consejo o a petición de no menos de la quinta parte del número

total de Estados Contratantes” dirigida al Secretario General.

1.2. El objetivo de la enmienda del artículo 50 (a) del Con-

venio de Aviación Civil Internacional, firmado en Nueva York,

el doce (12) de marzo de mil novecientos setenta y uno (1971),

es el siguiente:

333

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

En el párrafo a) del Artículo 50 del Convenio, sustitúyase la

segunda frase por: “se compondrá de treinta Estados contratan-

tes elegidos por Asamblea” (Artículo 50 (a) (1971). Aumento del

Consejo a 30 miembros).

1.3. El objetivo de la enmienda del artículo 56 del Conve-

nio de Aviación Civil Internacional, firmado en Montreal el seis

(6) de octubre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), es el

siguiente:

En el Artículo 56 del Convenio, sustituir la expresión

“quince miembros” por la expresión 19”. (Artículo 56 (1989).

Aumento de ANC² a 19 miembros).

1.4. El objetivo de la enmienda del artículo 50 (a)

del Convenio de Aviación Civil Internacional, firmado en

Montreal el veintiséis (26) de octubre de mil novecientos

noventa (1990), es:

Que el párrafo a) del Artículo 50 del Convenio se enmien-

de la segunda oración sustituyendo “treinta y tres”, por “treinta

y seis “. (Artículo 50 (a) (1990). Aumento del Consejo a 36

miembros).

1.5. El objetivo de la enmienda del artículo 50 (a) al Con-

venio de Aviación Civil Internacional, firmado en Montreal, el

seis (6) de octubre de dos mil dieciséis (2016), es el siguiente:

Que en el párrafo a) del 50 del Convenio se enmiende la

segunda oración sustituyendo “treinta y seis” por “cuarenta”“.

(Aumento del Consejo a 40 miembros).

1.6. El objetivo de la enmienda del artículo 56del Convenio

de Aviación Civil Internacional, firmado en Montreal, el seis (6)

de octubre de dos mil dieciséis (2016), es el siguiente:

El Artículo 56 del Convenio, sustituir la expresión “dieci-

nueve miembros” por “veintiún miembros”“. (aumento de ANC

a 21 miembros).

RAFAEL DÍAZ FILPO

334

En la Sentencia TC/0194/20, dictada el catorce (14) del

mes de agosto del año dos mil veinte (2020), con relación al

Expediente núm. TC-02-2019-0015, el Tribunal Constitucio-

nal dominicano declaró conforme con la Constitución el control

preventivo de constitucionalidad del Tratado de: a) Convenio

Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III y b) Con-

venio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones

III (FOMINIII), ambos suscritos el veinticuatro (24) de mayo

dedos mil diecinueve (2019) , los cuales tienen los siguientes

objetivos:

1.1.El Convenio del FOMIN III tiene como objetivo

general promover el desarrollo sostenible a través del sector

privado, identificando, apoyando, poniendo a prueba y

ensayando nuevas soluciones para los desafíos de desarrollo y

procurando crear oportunidades para las poblaciones pobres

y vulnerables de los países regionales en desarrollo miembros

del Banco y los países en desarrollo miembros del Banco de

Desarrollo del Caribe (BDC).

1.2. A su vez, el Convenio de Administración del Fondo

Multilateral de Inversiones III tiene por finalidad renovar

la calidad de administrador del Banco, a fin de que este siga

llevando a cabo sus operaciones de acuerdo con lo dispuesto en

el Convenio del FOMIN III, y que además, preste sus servicios

como depositarios y otros que sean relacionados. En esencia,

procura designar al Banco como la organización encargada

de administrar y llevar a cabo las operaciones y programas del

Fondo, según se estipule en el FOMIN III.

En la Sentencia TC/0195/20, dictada el catorce (14) del

mes de agosto del año dos mil veinte (2020), con relación al

Expediente núm. TC-02-2019-0016, el Tribunal Constitucio-

nal dominicano declaró conforme con la Constitución el control

335

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

preventivo de constitucionalidad el acuerdo entre el Reino de

los Países Bajos y la República Dominicana para los servicios

aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios, suscrito el

trece (13)de mayo de dos mil diecinueve (2019). De confor-

midad con las disposiciones contenidas en el capítulo II del ci-

tado acuerdo, este tiene por objetivo reconocer a las partes los

siguientes derechos:

a. El derecho de sobrevolar los territorios de los países sig-

natarios, sin necesidad de aterrizar.

b. El derecho a hacer escalas en sus respectivos territorios

para fines de tráfico no comerciales.

c. Asimismo, mientras se opere un servicio acordado en

una ruta específica, el derecho de hacer escalas en su

territorio para los fines de embarcar y desembarcar trá-

fico internacional de pasajeros, equipaje, carga y correo,

separadamente o en combinación.

En la Sentencia TC/0061/20, dictada el veintiuno (21) del

mes de agosto del año dos mil veinte (2020), con relación al

Expediente núm. TC-02-2019-0017, el Tribunal Constitucio-

nal dominicano declaró conforme con la Constitución el control

preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo de Transporte Aé-

reo entre la República Dominicana y la República Portuguesa”,

suscrito el veinte (20) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

Dicho acuerdo tiene como objetivo principal:

(…) favorecer el desarrollo del transporte aéreo entre los

territorios de los países suscribientes –la República Dominicana

y la República Portuguesa–, de tal manera que se propicie

su expansión económica y comercial. Al mismo tiempo, el

mencionado acuerdo permitirá la conectividad de ambas naciones

con otros destinos, facilitando la expansión de oportunidades de

RAFAEL DÍAZ FILPO

336

servicios aéreos y garantizando el más alto grado de protección y

seguridad internacional

En la Sentencia TC/0237/21, dictada el veintiuno (21) del

mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), con relación al

Expediente núm. TC-02-2019-0018, el Tribunal Constitucio-

nal dominicano, mediante un control preventivo de constitu-

cionalidad, declaró conforme con la Constitución el “Acuerdo

de transporte aéreo entre el Reino de los Países Bajos, respecto

a San Martín y la República Dominicana respecto al transporte

aéreo entre y más allá de sus respectivos territorios”, suscrito en

la ciudad de Santo Domingo, el trece (13) de mayo de dos mil

diecinueve (2019). Dicho acuerdo tiene por objeto “establecer

el marco bilateral de las relaciones aerocomerciales entre los dos

Estados, que fomentarán el desarrollo del transporte aéreo y la

conectividad del país con otros destinos. Facilitará la expansión

de oportunidades de servicios aéreos, garantizando el más alto

grado de protección y seguridad internacional”.

En la Sentencia TC/0212/20, dictada el catorce (14) del mes

de agosto del año dos mil veinte (2020), mediante un control pre-

ventivo de constitucionalidad del expediente TC-02-2019-0019,

declaró conforme con la Constitución el “Acuerdo de Servicios

Aéreos entre el Reino de los Países Bajos, con respecto a Curazao

y la República dominicano”, suscrito el trece (13) de mayo de dos

mil diecinueve (2019). Dicho acuerdo tiene por objeto:

(…) establecer el marco bilateral de las relaciones aerocomercia-

les entre los dos Estados, que fomentarán el desarrollo del trans-

porte aéreo y la conectividad del país con otros destinos. Facili-

tará la expansión de oportunidades de servicios aéreos, incentivo

del turismo, inversión extranjera directa y aumento de la carga

aérea, impulsando el intercambio comercial, garantizando el

más alto grado de protección y seguridad internacional.

337

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

Estos acuerdos, negociados bajo la modalidad de cielos

abiertos, contemplan derechos de tráfico aéreo, permitiendo la

operación de vuelos de pasajeros, carga y correo entre las partes,

así como de vuelos combinados y sin limitaciones en cuanto a la

capacidad de las aeronaves o frecuencias de vuelo.

Respecto al expediente TC-02-2019-0020, relativo al acuer-

do de servicios aéreos entre el gobierno de la República Domini-

cana y el gobierno del Estado de Israel, suscrito el veintiuno (21)

de diciembre de dos mil diecinueve (2019), el Tribunal Consti-

tucional dominicano no ha dictado sentencia.

En la Sentencia TC/0316/22, dictada el veintidós (22) del

mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022), con rela-

ción al Expediente núm. TC-02-2019-0021, el Constitucional

dominicano mediante un control preventivo de constitucionali-

dad, declaró conforme con la Constitución el “Acuerdo de Ser-

vicios aéreos entre el gobierno de la República Dominicana y el

gobierno de Antigua y Barbuda, suscrito en la ciudad de Saint

John, Antigua y Barbuda el siete (7) de julio de dos mil diecinue-

ve (2019). Dicho acuerdo tiene por objeto “establecer el marco

bilateral de las relaciones aerocomerciales entre los dos Estados,

que fomentarán el desarrollo del transporte aéreo y la conectivi-

dad del país con otros destinos. Además, facilitará la expansión

de oportunidades de servicios aéreos, garantizando el más alto

grado de protección y seguridad internacional”.

Respecto al expediente TC-02-2019-0022, relativo a la

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos

Humanos de las personas mayores, suscrita el quince (15) de

junio de dos mil uno (2001), el Tribunal Constitucional domi-

nicano no ha dictado sentencia.

En la Sentencia TC/0122/20, dictada el doce (12) del mes

de mayo del año dos mil veinte (2020), mediante un control

RAFAEL DÍAZ FILPO

338

preventivo de constitucionalidad del expediente TC-02-2019-

0023, declaró conforme con la Constitución el “Convenio

Constitutivo del Centro para la Promoción de la Micro y Peque-

ña Empresa en Centroamérica (CENPROMYPE)”, firmado en

la ciudad de San Salvador, El Salvador, el quince (15) de junio de

dos mil uno (2001). Dicho acuerdo tiene como objetivo princi-

pal “crear el Centro para la Promoción de la Pequeña y Mediana

Empresa (CENPROMYPE), como un organismo regional, con

personalidad jurídica internacional y con capacidad para ejer-

cer sus funciones y alcanzar sus objetivos. Al mismo tiempo, el

mencionado protocolo contempla, dentro de su objeto, algunos

elementos que conforman el núcleo del susodicho centro y la

manera en que se desempeñará”.

En la Sentencia TC/0295/21, dictada el veintiuno (21) del

mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), con relación al

Expediente núm. TC-02-2019-0024, el Constitucional domi-

nicano, mediante un control preventivo de constitucionalidad,

declaró conforme con la Constitución el Acuerdo entre el go-

bierno de la Mancomunidad de las Bahamas y el gobierno de la

República Dominicana para servicios aéreos entre y más allá de

sus respectivos territorios, suscrito en la ciudad de Nairobi, Ke-

nia, el doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Di-

cho acuerdo tiene como objetivo “establecer el marco bilateral de

las relaciones aerocomerciales entre los dos Estados suscribientes

para fomentar el desarrollo del transporte aéreo y la conectividad

ambos países con otros destinos. Además, facilitará la expansión

de oportunidades de servicios aéreos, garantizando el más alto

grado de protección y seguridad internacional”.

En la Sentencia TC/0223/20, dictada el seis (6) del mes de

octubre del año dos mil veinte (2020), mediante un control pre-

ventivo de constitucionalidad del expediente TC-02-2019-0025,

339

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

declaró conforme con la Constitución el “Acuerdo entre el Go-

bierno de la República Dominicana y el Gobierno de la Repú-

blica de la India sobre Exoneración Mutua de Visas para Porta-

dores de Pasaportes Diplomáticos u Oficiales Válidos”, suscrito

el veintiséis (26) de agosto de dos mil diecinueve (2019). Dicho

acuerdo tiene como objetivo “promover las relaciones entre Re-

pública Dominicana y la República de la India, así como facilitar

el intercambio de visitas para los portadores de pasaportes diplo-

máticos u oficiales”.

En la Sentencia TC/0231/20, dictada el seis (6) del mes

de octubre del año dos mil veinte (2020), mediante un control

preventivo de constitucionalidad del expediente TC-02-2020-

0001, declaró conforme con la Constitución el “Acuerdo de

Cooperación en los Campos de la Juventud y el Deporte entre el

Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la Re-

pública de Turquía”, suscrito el veintiséis (26) de septiembre de

dos mil diecinueve (2019). Dicho acuerdo tiene como objetivo

principal “promover y facilitar la comunicación y la cooperación

entre los organismos juveniles y deportivos de ambos países, y

establecer el marco para los programas de cooperación en los

campos de la juventud y el deporte, que se basarán en el princi-

pio de la reciprocidad”.

En la Sentencia TC/0330/20, dictada el veintidós (22)

del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), median-

te un control preventivo de constitucionalidad del expediente

TC-02-2020-0002, declaró conforme con la Constitución el

“Convenio Marco de Cooperación entre la República Domi-

nicana y la República de Cuba”, suscrito en la ciudad de Santo

Domingo, el seis (6) de mayo de dos mil diecinueve(2019).

Dicho acuerdo tiene como objetivo “promover la cooperación

técnica, científica educativa y cultural entre las partes, a través

RAFAEL DÍAZ FILPO

340

de la formulación y ejecución, de común acuerdo, de progra-

mas, proyectos y acciones puntuales en áreas prioritarias para

ambas naciones”.

En la Sentencia TC/0332/20, dictada el veintidós (22)

del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), median-

te un control preventivo de constitucionalidad del expediente

TC-02-2020-0003, declaró conforme con la Constitución el

“Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y

Biotecnología”, para la creación del Centro Internacional de

Ingeniería Genética y Biotecnología, establecido como proyec-

to especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),

firmado el trece (13) de septiembre de mil novecientos ochen-

ta y tres (1983). Dicho acuerdo tiene como objetivo general

“la creación del Centro Internacional de Ingeniería Genética y

Biotecnología, como organización internacional que compren-

derá un centro y una red de centros internacionales, regionales

y subregionales asociados”. Mientras, como objetivos específi-

cos, tiene los siguientes:

a) Promover la cooperación internacional para desarrollar

y aplicar la utilización pacífica de la ingeniería genética

y la biotecnología, en particular para los países en desa-

rrollo;

b) Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer sus ca-

pacidades científicas y tecnológicas en la esfera de la

ingeniería genética y la biotecnología;

c) Estimular actividades en los planos regional y nacional

en la esfera de la ingeniería genética y biotecnología y

prestar asistencia al respecto;

d) Desarrollar y promover la aplicación de la ingeniería

genética y biotecnología para resolver los problemas del

desarrollo, en particular de los países en desarrollo.

341

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

e) Servir de tribuna para el intercambio de experiencia

entre los científicos y tecnólogos de todos los Estados

miembros.

f) Utilizar las capacidades científicas y tecnológicas de los

países en desarrollo y de otros países en la esfera de la

ingeniería genética y biotecnología; y

g) Actuar como punto focal de una red de centros de in-

vestigación y desarrollo asociados (nacionales, subre-

gionales y regionales).

En la Sentencia TC/0114/21, dictada el veinte (20) del mes

de enero del año dos mil veintiuno (2021), con relación al Expe-

diente núm. TC-02-2020-0004, el Constitucional dominicano

mediante un control preventivo de constitucionalidad declaró

conforme con la Constitución “Acuerdo entre el Gobierno de

la República Dominicana y el Gobierno de los Emiratos Árabes

Unidos para Servicios Aéreos entre y más allá de sus respecti-

vos territorios”, suscrito en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el

tres (3) de noviembre de dos mil catorce (2014). Dicho acuerdo

tiene como objetivo general “establecer servicios de transporte

aéreo entre y más allá de sus respectivos territorios, reconociendo

la importancia del transporte aéreo como medio de creación y

fomento de la amistad, entendimiento y cooperación entre el

pueblo de los dos países, facilitando la expansión de oportunida-

des de transporte aéreo internacional”.

En la Sentencia TC/0076/23, dictada el veinticinco (25)

del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), con relación

al Expediente núm. TC-02-2020-0005, el Constitucional domi-

nicano, mediante un control preventivo de constitucionalidad,

declaró contrario a la Constitución el Acuerdo regional sobre

el acceso a la información, la participación pública y el acceso

RAFAEL DÍAZ FILPO

342

a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Ca-

ribe suscrito en Escazú, Costa Rica, el cuatro (4) de marzo de

dos mil dieciocho (2018), firmado por República Dominicana

el veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).

Dicho acuerdo tenía como objetivo general “garantizar la im-

plementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de

los derechos de acceso a la información ambiental, participación

pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y ac-

ceso a la justicia en asuntos ambientales; también la creación y

el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribu-

yendo a la protección del derecho de cada persona, de las gene-

raciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano

y al desarrollo sostenible”. Para sustentar su decisión, el Tribunal

Constitucional expuso, entre otros argumentos, los siguientes:

7.9. Es decir, en el ordenamiento jurídico dominicano exis-

ten informaciones públicas que, por ser secretas, reservadas o

confidenciales tienen una limitación en cuanto a su acceso. En

este sentido, la definición de información ambiental concebida

en el artículo 2, numeral c) del acuerdo cuya constitucionalidad

se analiza, comprende un alcance extensísimo, al estipular que

información ambiental es:

… cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o

registrada en cualquier otro formato, relativa al medio ambien-

te y sus elementos y a los recursos naturales, incluyendo aquella

que esté relacionada con los riesgos ambientales y los posibles im-

pactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio

ambiente y la salud, así como la relacionada con la protección y

la gestión ambientales.

7.10. Esto no establece excepciones, lo que se traduce en

una afectación a las normativas vigentes de derecho interno, que

343

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

este tribunal constitucional, en su rol de garante de la suprema-

cía constitucional, está llamado a evitar.

7.11. Además, el acuerdo de referencia, en su artículo 5,

dispone, por un lado, lo relativo al acceso a la información am-

biental y, por otro lado, lo concerniente a la denegación a tal

acceso (…).

7.12. La transcripción que antecede pone de manifiesto

otra problemática entre el acuerdo estudiado y nuestro derecho

interno, porque como advertimos, en el ordenamiento jurídico

dominicano existen informaciones públicas catalogadas como

reservadas, secretas o confidenciales, respecto a las cuales no

todas las personas tienen acceso. Sin embargo, esas mismas in-

formaciones, a la luz del artículo 5 del acuerdo podrían ser

consideradas de acceso para todas las personas y Estados que

suscriban y ratifiquen su contenido, lo cual se convierte en una

transgresión del principio de seguridad jurídica (artículo 110

constitucional). Principio que ha sido concebido por este Tri-

bunal Constitucional:

[…] como un principio jurídico general consustancial a todo

Estado de Derecho que se erige en garantía de la aplicación obje-

tiva de la ley, de tal modo que asegura la previsibilidad respecto

de los actos de los poderes públicos, delimitando sus facultades

y deberes. Es la certeza que tienen los individuos que integran

una sociedad acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones, sin

que el capricho, la torpeza o la arbitrariedad de sus autoridades

puedan causarles perjuicios.

7.14. Lo antes citado afecta el principio de soberanía na-

cional (artículo 3 de la carta sustantiva), pues implica que en

caso de controversia al interpretar o aplicar el acuerdo, el Estado

dominicano estaría obligado a reconocer una jurisdicción inter-

nacional para resolver el conflicto, lo que, en principio, parecería

RAFAEL DÍAZ FILPO

344

no acarrear inconvenientes o dificultades. Pero, esencialmen-

te, al referirse a la interpretación o aplicación del acuerdo, ha

de entenderse que si el Estado niega una información, tendría

que someterse a un órgano internacional que, al dictar un fallo

desfavorable para el Estado dominicano, podría ordenarle en-

tregar información reservada, secreta o confidencial. Dicho de

otra manera, el Estado se vería obligado a inobservar su derecho

interno y desconocer los precedentes vinculantes de esta sede

constitucional para cumplir un mandato que internamente está

prohibido.

7.16. Al margen de lo explicado, este Tribunal Constitucio-

nal resalta que varios aspectos del acuerdo analizado no generan

novedad para el ordenamiento jurídico dominicano en la materia,

ya que, en lo relativo al acceso a la justicia para procurar infor-

maciones públicas existen mecanismos administrativos y garan-

tías constitucionales como la acción de amparo, que pueden ser

utilizados para salvaguardar el derecho al libre acceso a informa-

ción pública. Además, existe el Sistema Nacional de Gestión Am-

biental y Recursos Naturales, creado por la mencionada Ley núm.

64-00, el cual, conforme a su artículo 24, constituye el conjunto

de orientaciones, normas, actividades, recursos, proyectos, pro-

gramas e instituciones que hacen posible la aplicación, ejecución,

implantación y puesta en marcha de los principios, políticas, estra-

tegias y disposiciones adoptados por los poderes públicos relativos

al medio ambiente y los recursos naturales.

7.17. En definitiva, con base en todo lo expuesto, este

colegiado declarará el Acuerdo regional sobre el acceso a la in-

formación, la participación pública y el acceso a la justicia en

asuntos ambientales en América Latina y el Caribe suscrito en

Escazú, Costa Rica, el cuatro (4) de marzo de dos mil dieciocho

(2018), firmado por República Dominicana el veintisiete (27)

345

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

de septiembre de dos mil dieciocho (2018), no conforme con la

Constitución, por transgresión a los artículos 3, 49.1 y 110 de

la carta sustantiva, relativos a la soberanía nacional, al derecho

fundamental a la información y a la seguridad jurídica, respec-

tivamente.

En la Sentencia TC/0450/22, dictada el catorce (14) del

mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), con rela-

ción al Expediente núm. TC-02-2021-0001, el Constitucional

dominicano mediante un control preventivo de constitucionali-

dad declaró conforme con la Constitución el “Convenio sobre la

Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judi-

ciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, del quince

(15) de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco (1965).

Dicho acuerdo tiene como objetivo “crear exclusivamente para

la materia civil y comercial los medios necesarios para que los

documentos judiciales y extrajudiciales que deben ser objeto de

notificación o traslado en el extranjero sean conocidos por sus

destinatarios en tiempo oportuno”.

En la Sentencia TC/0448/21, dictada el veintiséis (26) del

mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), con rela-

ción al Expediente núm. TC-02-2021-0002, el Constitucional

dominicano, mediante un control preventivo de constituciona-

lidad, declaró conforme con la Constitución el “Acuerdo para

el Establecimiento de una Oficina de País del Banco Centro-

americano de Integración Económica (B.C.I.E.) en Repúbli-

ca Dominicana. Dicho acuerdo tiene por objeto “posibilitar el

establecimiento de una oficina de representación del B.C.I.E.

en República Dominicana para la realización de las operaciones

descritas en su Convenio Constitutivo y sus modificaciones, con

excepción de actividades de intermediación financieras, según el

artículo 2.3 de este Acuerdo”.

RAFAEL DÍAZ FILPO

346

En la Sentencia TC/0455/22, dictada el catorce (14) del

mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), con relación

al Expediente núm. TC-02-2021-0003, el Constitucional domi-

nicano, mediante un control preventivo de constitucionalidad,

declaró conforme con la Constitución la Enmienda de Prohibi-

ción al Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos

Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación,

adoptada en Ginebra el veintidós (22) de septiembre de mil no-

vecientos noventa y cinco (1995). Dicha enmienda “tiene como

objetivo modificar el Convenio de Basilea sobre el Control de

los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos,

agregando un párrafo en el preámbulo con un nuevo artículo

(4a) y un Anexo (VII)”.

En la Sentencia TC/0148/22, dictada el trece (13) del mes

de mayo del año dos mil veintidós (2022), con relación al Expe-

diente núm. TC-02-2021-0004, el Constitucional dominicano,

mediante un control preventivo de constitucionalidad, declaró

conforme con la Constitución el “Acuerdo de servicios aéreos

entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de

la República Oriental de Uruguay”, suscrito en Santo Domingo,

República Dominicana, el doce (12) de noviembre de dos mil

dieciocho (2018). Dicho acuerdo tiene por objetivo reconocer a

las partes los siguientes derechos:

a. El derecho de sobrevolar el territorio de la otra parte

contratante;

b. El derecho de hacer escalas para fines no comerciales en

dicho territorio;

c. El derecho de prestar servicios regulares y no regulares,

combinados de pasajeros y carga o exclusivos de carga,

entre los territorios de las partes y entre el territorio de

la parte contratante y cualquier tercer país, a través de

347

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

su propio territorio, pudiendo dichos servicios, cuando

se trate de vuelos exclusivos de carga, no comprender

ningún punto del territorio de la parte que designa la

línea aérea, sin limitaciones en cuanto a rutas, frecuen-

cias y material de vuelo, que podrá ser propio, arrenda-

do o fletado.

En la Sentencia TC/0353/21, dictada el cuatro (4) del mes

de octubre del año dos mil veintiuno (2021), con relación al

Expediente núm. TC-02-2021-0005, el Constitucional domi-

nicano, mediante un control preventivo de constitucionalidad,

declaró conforme con la Constitución el “Acuerdo relativo a los

servicios de transporte aéreo civil entre el gobierno de la Repú-

blica Dominicana y el gobierno de la República Popular China”.

Este “tiene como objetivo principal favorecer el desarrollo del

transporte aéreo entre los territorios de los países suscribientes

–República Dominicana y la República Popular China–, de tal

manera que sirva como medio de creación y fomento de la amis-

tad, entendimiento y cooperación entre los pueblos, facilitando

las oportunidades de transporte aéreo internacional. Al mismo

tiempo, el mencionado acuerdo permitirá la expansión econó-

mica y comercial de los signatarios”.

El Tribunal Constitucional no ha emitido sentencia algu-

na respecto al Expediente TC-02-2021-0006, relativo al con-

trol preventivo de constitucionalidad sobre el Convenio marco

para el impulso de la circulación del talento en el espacio ibe-

roamericano, suscrito en fecha veintiuno (21) de abril de dos mil

veintiuno (2021). De igual manera, El Tribunal Constitucional

no ha emitido sentencia alguna respecto al Expediente TC-02-

2021-0007, relativo al control preventivo de constitucionalidad

sobre el Acuerdo entre la República Dominicana y el Reino de

RAFAEL DÍAZ FILPO

348

los Países Bajos sobre delimitación marítima, suscrito en fecha

cinco (5) de julio de dos mil veintiuno (2021).

En la Sentencia TC/0040/22, dictada el nueve (9) del mes

de febrero del año dos mil veintidós (2022), con relación al

Expediente núm. TC-02-2021-0008, el Constitucional do-

minicano, mediante un control preventivo de constitucionali-

dad, declaró conforme con la Constitución el “Acuerdo entre

el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de la

República de Colombia sobre el libre ejercicio de actividades

remuneradas por parte de dependientes del personal diplomá-

tico, consular, administrativo y técnico”, suscrito el treinta (30)

de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999). Dicho

acuerdo tiene por objeto “establecer el marco jurídico bajo el

cual será dispuesta la autorización para que los dependientes

del personal diplomático, consular, administrativo y técnico

puedan ejercer actividades remuneradas en los Estados signata-

rios sobre la base de reciprocidad”.

El Tribunal Constitucional no ha emitido sentencia algu-

na respecto al Expediente TC-02-2021-0009, relativo al control

preventivo de constitucionalidad sobre el Acuerdo sobre medi-

das del Estado rector de puerto destinadas a prevenir, desalentar

y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, de

fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil nueve (2009).

En la Sentencia TC/00460/22, dictada el catorce (14) del

mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), con rela-

ción al Expediente núm. TC-02-2022-0001, el Constitucional

dominicano, mediante un control preventivo de constituciona-

lidad, declaró conforme con la Constitución el “Acuerdo entre

el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la

República de Guatemala, sobre el Libre Ejercicio de Activida-

des Remuneradas para Dependientes del Personal Diplomático,

349

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

Consular, Administrativo y Técnico, suscrito el veintiséis (26)

de noviembre de dos mil veintiuno(2021). Dicho acuerdo tiene

como objetivo regular “las actividades remuneradas para depen-

dientes del personal diplomático, consular, administrativo y téc-

nico de las misiones diplomáticas y consulares de la República

Dominicana en la República de Guatemala y de la República

de Guatemala en la República Dominicana, conforme con la

legislación interna de cada país, una vez obtenida la autorización

correspondiente”.

En la Sentencia TC/0158/22, dictada el veintiuno

(21) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022),

con relación al Expediente núm. TC-02-2022-0002, el

Constitucional dominicano, mediante un control preventivo

de constitucionalidad, declaró conforme con la Constitución

el Acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el

Gobierno de la República de Costa Rica sobre el libre ejercicio

de actividades remuneradas para dependientes del personal

diplomático, consular, administrativo y técnico, suscrito el diez

(10) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) en Puerto Plata,

República Dominicana. Dicho acuerdo tiene como objetivo

“permitir que los dependientes del personal diplomático,

consular, administrativo y técnico de las misiones diplomáticas

y oficinas consulares de cada país suscribiente, incluyendo los

acreditados de esos países ante los organismos internacionales

con sede en cualquiera de los países, puedan ejercer actividades

remuneradas en el otro país, sujeto a la legislación interna y

autorización que expida el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

En la Sentencia TC/0239/22, dictada el cuatro (4) del mes

de agosto del año dos mil veintidós (2022), con relación al Expe-

diente núm. TC-02-2022-0003, el Constitucional dominicano,

mediante un control preventivo de constitucionalidad, declaró

RAFAEL DÍAZ FILPO

350

conforme con la Constitución el “Acuerdo entre el Gobierno

de la República Dominicana y el Gobierno del Estado de Qatar

sobre exención de visado para los titulares de pasaportes diplo-

máticos, oficiales y especiales”, suscrito el veintiséis (26) de enero

del año dos mil veintidós (2022). Dicho acuerdo tiene como

objetivo “fortalecer y profundizar los lazos de amistad entre am-

bos Estados, facilitando con la exención del visado los viajes de

los ciudadanos portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales

y especiales”.

El Tribunal Constitucional no ha emitido sentencia algu-

na respecto al Expediente TC-02-2022-0004, relativo al control

preventivo de constitucionalidad del Acuerdo sobre transporte

aéreo entre la República Dominicana y el Reino de España, de

fecha ocho (8) de febrero de dos mil veintidós (2022).

En la Sentencia TC/0389/22, dictada el treinta (30) del mes

de noviembre del año dos mil veintidós (2022), con relación al

Expediente núm. TC-02-2022-0005, el Constitucional domini-

cano, mediante un control preventivo de constitucionalidad, de-

claró conforme con la Constitución el “Convenio Constitutivo

de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, suscrito

en México, el ocho (8)de febrero de dos mil veintidós (2022), y

sometido ante este Tribunal Constitucional el veintiocho (28) de

abril de dos mil veintidós (2022). Dicho acuerdo tiene como ob-

jetivo general “establecer los fines, normas y directrices generales

que regirán las actividades de estructura y funcionamiento de la

Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), la cual

tendrá su sede en los Estados Unidos Mexicanos y podrá estable-

cer oficinas o las representaciones que sean necesarias para el desa-

rrollo de sus funciones en el territorio de sus Estados miembros”.

El Tribunal Constitucional no ha emitido sentencia algu-

na respecto al Expediente TC-02-2022-0006, relativo al control

351

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

preventivo de constitucionalidad del Convenio de cooperación

policial reforzada contra la delincuencia organizada, de fecha

primero (1) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

En la Sentencia TC/0494/22, dictada el veintiséis (26) del

mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), con relación

al Expediente núm. TC-02-2022-0007, el Constitucional domi-

nicano, mediante un control preventivo de constitucionalidad,

declaró conforme con la Constitución el Acuerdo de Servicios

Aéreos entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Go-

bierno de la República Dominicana, suscrito en Santo Domin-

go, República Dominicana, del veinticinco (25) de febrero de

dos mil veintidós (2022). De conformidad con las disposiciones

contenidas en el artículo 2, numeral 2, del citado acuerdo, este

tiene por objetivo reconocer a las partes los siguientes derechos:

a. El derecho de efectuar vuelos a través del territorio de la

otra parte sin aterrizar;

b. El derecho de efectuar escalas en el territorio de la otra

parte para fines no comerciales; y

c. Los demás derechos especificados en el presente acuer-

do.

En la Sentencia TC/0492/22, dictada el veintiséis (26) del

mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), con rela-

ción al Expediente núm. TC-02-2022-0008, el Constitucional

dominicano, mediante un control preventivo de constituciona-

lidad, declaró conforme con la Constitución el Acuerdo para la

Promoción y Protección de Inversiones entre el Fondo para el

Desarrollo Internacional (Fondo Organización de Países Expor-

tadores de Petróleo -OPEP-) y la República Dominicana, sus-

crito el veintisiete (27) de mayo de dos mil veintidós (2022).

Dicho acuerdo tiene por objeto “la promoción de inversiones

RAFAEL DÍAZ FILPO

352

y oportunidades de inversión, con el fin de identificar áreas

de colaboración potencial desde los países de alta renta que

conforman el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional

hacia el territorio dominicano, bajo un esquema de protec-

ción afín al que se brinda a otras instituciones financieras

multilaterales de desarrollo que operan en el país, con el es-

tablecimiento de un esquema de solución de las controversias

que pudieran presentarse”.

En la Sentencia TC/0493/22, dictada el veintiséis (26) del

mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), con rela-

ción al Expediente núm. TC-02-2022-0009, el Constitucional

dominicano, mediante un control preventivo de constituciona-

lidad, declaró conforme con la Constitución el Acuerdo de Ser-

vicios aéreos entre el gobierno de la República Dominicana y el

gobierno de la República del Ecuador, suscrito en la ciudad de

Santiago de Chile, del diez (10) de marzo de dos mil veintidós

(2022). Dicho acuerdo, tiene como objetivo “facilitar la expan-

sión de las oportunidades de servicios aéreos internacionales,

garantizando así el grado más alto de seguridad operacional y

seguridad aeroportuaria”.

En la Sentencia TC/0525/22, dictada el veintiocho (28) del

mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), con rela-

ción al Expediente núm. TC-02-2022-0010, el Constitucional

dominicano, mediante un control preventivo de constitucio-

nalidad, declaró conforme con la Constitución el Acuerdo de

servicios aéreos entre el Gobierno de la República Dominicana

y el Gobierno de la República de Guatemala, suscrito el prime-

ro (1ero) de junio del año dos mil veintidós (2022) en Ciudad

de Guatemala, Guatemala. Dicho acuerdo tiene como objetivo

“(...) facilitar la expansión de la oportunidad de servicios aéreos

internacionales, garantizando así el grado más alto de seguridad

353

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

operacional y seguridad aeroportuaria en los servicios aéreos in-

ternacionales”.

El Tribunal Constitucional no ha emitido sentencia algu-

na respecto al Expediente TC-02-2022-0011, relativo al control

preventivo de constitucionalidad del Acuerdo sobre el estableci-

miento de la Red Internacional del Bambú y el Ratán, de fecha

seis (6) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997).

De igual forma, el Tribunal Constitucional no ha emitido sen-

tencia alguna respecto al Expediente TC-02-2022-0012, relati-

vo al control preventivo de constitucionalidad de la Adenda al

Protocolo que fija el Estatuto Particular del Grupo Caja France-

sa de Desarrollo del veintitrés (23) de junio de mil novecientos

noventa y siete (1997), entre la República Dominicana, por un

lado, y el Grupo Agencia Francesa de Desarrollo, del veintiséis

(26) de abril de dos mil veintidós (2022). Tampoco se ha emi-

tido sentencia sobre el expediente TC-02-2022-0013, relativo

al Acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el

Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para servicios aéreos

entre y más allá de sus respectivos territorios, de fecha tres (3) de

noviembre de noviembre de dos mil catorce (2014).

En la Sentencia TC/0107/23, dictada el veinticuatro (24)

del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), con re-

lación al Expediente núm. TC-02-2022-0014, el Tribunal

Constitucional dominicano, mediante un control preventivo

de constitucionalidad, declaró conforme con la Constitución el

“Acuerdo entre el Gobierno de la República de Kazajstán y el

Gobierno de la República Dominicana sobre la exención de los

requisitos de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos,

oficiales y de servicio” suscrito el veintidós (22) de septiembre de

dos mil veintidós (2022). Dicho acuerdo, tiene como objetivo

“(...) facilitar la expansión de las oportunidad de servicios aéreos

RAFAEL DÍAZ FILPO

354

internacionales, garantizando así el grado más alto de seguridad

operacional y seguridad aeroportuaria en los servicios aéreos in-

ternacionales”.

El Tribunal Constitucional no ha emitido sentencia algu-

na respecto al Expediente TC-02-2022-0015, relativo al control

preventivo de constitucionalidad del Acuerdo entre el Gobierno

de la República de Kazajstán y el Gobierno de la República Do-

minicana sobre la exención de los requisitos de visa para los titu-

lares de pasaportes nacionales y ordinarios, suscrito el veintidós

(22) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

En la Sentencia TC/0163/23, dictada el treinta y uno (31)

del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), con rela-

ción al Expediente núm. TC-02-2022-0016, el Constitucional

dominicano, mediante un control preventivo de constituciona-

lidad, declaró conforme con la Constitución el “Tratado entre

la República Dominicana y la República de Paraguay sobre tras-

lado de personas condenadas”, adoptado el diecinueve (19) de

septiembre de dos mil veintidós (2022). Dicho acuerdo tiene

como objetivo “(...) fortalecer los vínculos de cooperación in-

ternacional en asuntos judiciales, especialmente, en lo relativo a

la posibilidad de traslados de personas condenadas en virtud de

una sentencia definitiva, firme y ejecutoria de uno de los países

contratantes para que dicha condena se cumpla en el país del

que es nacional o ciudadano”

En la Sentencia TC/0164/23, dictada el treinta y uno (31)

del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), con relación

al Expediente núm. TC-02-2022-0017, el Tribunal Constitu-

cional dominicano, mediante un control preventivo de consti-

tucionalidad, declaró conforme con la Constitución el “Acuerdo

entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno

de la República del Paraguay sobre el ejercicio de actividades

355

Control preventivo de los tratados internacionales

en el ordenamiento jurídico dominicano

remuneradas para familiares dependientes del personal diplo-

mático, consular, técnico y administrativo y de organismos in-

ternacionales, suscrito el diecinueve (19) de septiembre del año

dos mil veintidós (2022), en la ciudad de Nueva York. Dicho

acuerdo tiene como objetivo “(...) permitir que los miembros

de la familia del personal diplomático, consular, técnico y ad-

ministrativo que formen parte de su casa, que se encuentren de-

bidamente acreditados ante el Gobierno de una de las partes,

puedan ser autorizados por el Estado receptor para desempeñar

una actividad remunerada en su territorio, de conformidad con

las disposiciones del citado acuerdo, con sujeción a la legislación

interna y autorización que expida el Estado receptor a través de

su ministerio de Relaciones Exteriores.