Tema VI. El control de constitucionalidad concentrado. posición del tribunal constitucional y relación con los demás poderes

• Páginas: 211-227
• Autor: Rafael Díaz Filpo

TEMA VI

EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD CONCENTRADO,

POSICIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y RELACIÓN

CON LOS DEMÁS PODERES

Control constitucionalidad concentrado. El control de la acción direc-

ta de inconstitucionalidad. El control preventivo de constitucionalidad

de los tratados internacionales. El control concentrado de los conflictos

constitucionales. El control concentrado, en cuanto a lo dispuesto en

cualquier otra materia que disponga la ley. Naturaleza del control de

constitucionalidad concentrado. Relación del control de constitucio-

nalidad concentrado con el Poder Legislativo. Relación del control de

constitucionalidad concentrado con el Poder Judicial.

Control constitucionalidad concentrado

Antes de abordar de lleno el tema, debemos consignar el

concepto de la Constitución. Conjunto de normas fundamenta-

les que caracterizan e identifican todo ordenamiento61.

El control de la constitucionalidad es uno de los elementos

fundamentales del Estado democrático del derecho en el mundo

contemporáneo. El control de la constitucionalidad es el proce-

dimiento jurídico mediante el cual se procura asegurar y garan-

tizar el cumplimiento de las normas constitucionales.

El control concentrado de la constitucionalidad se establece

en la Constitución, mediante la regulación en el propio texto

constitucional, en forma expresa, de la acción de inconstitucio-

61 Derecho Constitucional; Volumen I; Eduardo Jorge Prats.

212 RAFAEL DÍAZ FILPO

nalidad, y del control a priori de la constitucionalidad de los

tratos internacionales, de los procesos de resolución de conflictos

constitucionales entre órganos del Estado y del control de cons-

titucionalidad de las omisiones legislativas. En forma indirecta,

también se abre posibilidad en la Constitución para la estructu-

ración del control de la constitucionalidad y la actuación de los

partidos políticos.

El control es un elemento inseparable del concepto de

Constitución, si se quiere dotar de operatividad al mismo, es de-

cir, si se pretende que la Carta Magna se “realice,” en expresión

de Hesse; o dicho en otras palabras, si la Constitución “es norma

y no mero programa puramente retórico”, y continúa diciendo:

“El control no forma parte únicamente de un concepto “político” de

Constitución, como sostenía Schmitt, sino de un concepto jurídico,

de tal manera que solo si existe control de la actividad estatal puede

la Constitución desplegar su fuerza normativa, y solo si el control

forma parte del concepto de Constitución puede ser entendida esta

como norma”62.

Cuando se habla de garantía constitucional, lo que signi-

fica es que el control de constitucionalidad es una garantía de

la Constitución, como salvaguarda de la normativa constitu-

cional, frente a los atentados producidos por los actos estatales

inconstitucionales.

El tribunal competente para conocer del control concen-

trado es el Tribunal Constitucional, artículo 18563; antes de la

conformación de dicho Tribunal, la Suprema Corte de Justicia

mantendría las referidas funciones hasta tanto se instalara el

Tribunal Constitucional.

62 Aragón, Manuel, op. cit.

63 Constitución dominicana de 26 de enero de 2010.

213

CONSTITUCIÓN POLÍTICA | POLÍTICA CONSTITUCIONAL

En tal virtud, el artículo 184 de la Constitución domi-

nicana del 26 de enero de 2010 creó el Tribunal Constitucio-

nal, siendo sus funciones: “Para garantizar la supremacía de la

Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección

de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e

irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los pode-

res públicos y todos los órganos del Estado…”, y conforme con

el artículo 9 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Consti-

tucional y los Procedimientos Constitucionales, le da compe-

tencia para conocer de los casos previstos por el artículo 185

de la Constitución y de los que les atribuyen en la referida

Ley 137-1164.

El sentido pleno de lo dispuesto en el referido artículo 184

de la Constitución se alcanza cuando se analiza juntamente con

lo establecido en el artículo 665 de la misma. Este texto establece

el principio de la supremacía constitucional, y dispone la nu-

lidad de toda norma jurídica que le sea contraria y, por consi-

guiente, la expulsa del ordenamiento jurídico.

64 Artículo 185.- Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer

en única instancia:

1. Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos,

reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancias del presidente de la

República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara

de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente

protegido;

2. El control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por

el órgano legislativo;

3. Los conflictos de competencia entre los poderes públicos, a instancia de uno de

sus titulares;

4. Cualquier otra materia que disponga la ley.

65 Artículo 6 de la Constitución dominicana, establece la Supremacía Constitucional.

Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la

Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado.

Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios

a esta Constitución.

214 RAFAEL DÍAZ FILPO

Los autores Medrano y Mejía, Brewer-Carías, Aragons, y

Ray Guevara coinciden en que el control de la constitucionali-

dad es indispensable para que la supremacía de la Constitución

sea verdaderamente efectiva y cumpla su contenido.

Existen cuatro modelos de control de constitucionalidad: (i) el

Control Concreto (Judicial Review), que se inició en los EE.UU. en

el siglo XIX; (ii) el Control Abstracto o Concentrado, que surgió en

Austria, en el siglo XX; (iii) el Control Híbrido Europeo, que surge

después de la Segunda Guerra Mundial; y por último, (iv) el mode-

lo Híbrido Iberoamericano, que surge en el siglo XXI; este modelo

es una combinación del control concentrado y del control difuso.

El modelo Control Concentrado tiene su origen con la

teoría planteada por Hans Kelsen, en el siglo XX, que creó un

esquema de control de constitucionalidad de leyes, y propuso

que el control de constitucionalidad quedara concentrado en

las manos de un órgano creado específicamente para asegurar el

ejercicio regular de las funciones estatales.

El Tribunal Constitucional es el que tiene el control con-

centrado absoluto de la constitucionalidad, y todos los demás

tribunales de la República vía el control difuso, tienen la potes-

tad de garantizar la supremacía de la Constitución.

El control concentrado es la facultad para juzgar sobre la

inconstitucionalidad, y le pertenece a un solo y único órgano o

jurisdicción. Así entonces, vemos cómo en Europa, el control de

la constitucionalidad es concentrado o centralizado, en contraste

con Estados Unidos, donde es difuso o descentralizado.

Asimismo, el considerando quinto de la Ley 137-11 Orgá-

nica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitu-

cionales66, señala: “[que] a tales efectos, la tutela de la justicia cons-

66 Modificada por la Ley No. 145-11, de fecha 29 de junio de 2011.

215

CONSTITUCIÓN POLÍTICA | POLÍTICA CONSTITUCIONAL

titucional fue conferida tanto al Tribunal Constitucional como al

Poder Judicial, a través del control concentrado y el control difuso”.

Además, en su considerando sexto, expone que el objetivo del

Tribunal Constitucional es garantizar la supremacía de la Cons-

titución, defensa del orden constitucional y la protección de los

derechos fundamentales. También comenta, en su considerando

séptimo, que sus decisiones son definitivas e irrevocables, y cons-

tituyen precedentes vinculantes.

Se puede resumir diciendo que el sistema concentrado de la

constitucionalidad solo puede existir: a) cuando está establecido

en la Constitución, b) su atribución es un solo órgano constitu-

cional de las funciones constitucionales, y, c) su control puede

ser mixto, difuso o concentrado.

El control de la acción directa de inconstitucionalidad

La concentración de dicha acción es un recurso especia-

lizado de la facultad para pronunciar la nulidad de las normas

contrarias a la Constitución. Es el rasgo distintivo del modelo

tradicional de justicia constitucional en la Europa continental,

desde que el mismo fuera ideado por Hans Kelsen, a finales

de la segunda década del siglo XX. El control concentrado de

constitucionalidad, relativo a la acción directa de inconstitu-

cionalidad contra una ley, norma, decreto, es la competencia

estrella de las jurisdicciones constitucionales. Esta modalidad

de control opera sobre normas abstractas y, por tanto, no pre-

cisa de la existencia de una acción principal en el marco de la

cual se suscita el alegato de inconstitucionalidad, tal como su-

cede en el caso del control difuso. En otras palabras, la acción

tiene carácter autónomo y, en la medida en que no hay parte

con intereses subjetivos involucrados, la decisión que rinde el

órgano de control tiene efectos jurídicos generales, siendo el re-

216 RAFAEL DÍAZ FILPO

sultado, por tanto, no la inaplicación de la norma, sino la salida

del ordenamiento, en caso de que contradiga la Constitución.

El Tribunal Constitucional dominicano tiene competencia para

conocer el control de las acciones directas de inconstitucionali-

dad, en cualquier caso que sea apoderado67.

La reforma de 1994, que reincorporó en nuestro sistema el

modelo concentrado de control de constitucionalidad, dispuso,

en su artículo 67.1 parte final, que entre las competencias exclu-

sivas de la Corte Suprema de Justicia estaba la de conocer “de

la inconstitucionalidad de las leyes, a instancias del presidente

de la República, de los presidentes de las cámaras del Congreso

Nacional o de parte interesada”.

El antes referido artículo 185, específicamente numeral 1,

amplía considerablemente el objeto del control concentrado

pues, antes de la reforma constitucional de 2010, la Constitu-

ción se refería únicamente a las leyes. Ahora hace referencia a

la acción de inconstitucionalidad contra la ley, decreto, resolu-

ción, reglamento u ordenanza contrarios a la Constitución. El

presidente de la República y la tercera parte de los legisladores

de cualquiera de las cámaras legislativas tienen calidad para in-

terponer la acción de inconstitucionalidad, sin que tengan que

demostrar ningún interés para accionar, pero una persona física

o jurídica que decida interponer dicha acción por ante el Tri-

bunal Constitucional sí debe demostrar un interés legítimo y

jurídicamente protegido.

67 Artículo 185.1 de la Constitución dominicana del 26 de enero de 2010.

1. Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos,

reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancias del presidente de la

República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara

de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente

protegido;

217

CONSTITUCIÓN POLÍTICA | POLÍTICA CONSTITUCIONAL

El control preventivo de constitucionalidad de los tratados

internacionales

Otra de las competencias exclusivas, atribuidas al Tribu-

nal Constitucional, consiste en la que lo habilita para llevar

a cabo el control preventivo de constitucionalidad de los tra-

tados internacionales, “antes de ser ratificados por el órgano

legislativo”68.

El Capítulo II del Control Preventivo de los Tratados Inter-

nacionales de la Ley 137-11 LOTCPC en sus artículos 55 al 58,

establecen el procedimiento que debe seguir el Tribunal Consti-

tucional para ejercer el control previo de la constitucionalidad de

un tratado internacional69.

La abstracción del control, conforme al control kelsenia-

no, se ejerce sobre cuestiones puras de Derecho, en ausencia de

litigios y controversias en abstracto, por razones rigurosamente

teóricas. Ello explica por qué el control concentrado de consti-

tucionalidad puede inferirse aún antes de que la ley sea promul-

gada y aplicada, es decir, a priori, tal como se ha establecido en

nuestra Constitución.

68 Artículo 185.2 de la Constitución dominicana del 26 de enero de 2010.

69 Artículo 55 de la Ley 137-11 LOTCP.- Control Concentrado Preventivo. Previo a

su aprobación por el Congreso Nacional, el presidente de la República someterá los

tratados internacionales suscritos al Tribunal Constitucional, a fin de que este ejerza

sobre ellos el control previo de constitucionalidad.

Artículo 56 Plazo. El Tribunal Constitucional decidirá sobre la constitucionalidad

o no de los tratados internacionales suscritos dentro de los treinta día siguientes a su

recibo, y al hacerlo, si considerare inconstitucional el tratado de que se trate, indicará

sobre cuáles aspectos recae la inconstitucionalidad y las razones en que fundamenta

su decisión.

Los artículos 57 y 58 de la referida Ley 137-11 establecen el efecto vinculante y la

publicación de dicha sentencia, respectivamente.

218 RAFAEL DÍAZ FILPO

El control concentrado de los conflictos constitucionales

El control concentrado de la constitucionalidad tiene por ob-

jeto, en particular, asegurar la efectiva vigencia de la parte orgánica

de la Constitución, la cual, en el mundo moderno y en el Estado

democrático, siempre se ha construido sobre la base de los princi-

pios, tanto de la separación orgánica de poderes, como de la distri-

bución territorial del Poder Público. En la Ley de Leyes se asigna

también al Tribunal Constitucional competencia para resolver los

“conflictos de competencia” entre los poderes públicos70.

Estos conflictos son, básicamente, los que se originan en-

tre los Poderes Legislativo y Ejecutivo y, además, respecto de

los otros órganos constitucionales con autonomía funcional,

de manera que todos actúen conforme a los poderes atribui-

dos en la Constitución, sancionando toda usurpación, por

inconstitucionalidad.

El control concentrado en cuanto a lo dispuesto en cualquier

otra materia que disponga la ley

En consecuencia de que la Constitución dominicana, como

norma de normas jurídicas plantea principios constitucionales

en sentido general, es a la Ley, (que rige la materia)71 la que viene

a suplir y a crear disposiciones adicionales no contempladas en la

Constitución, definiendo, organizando, estructurando y crean-

do un procedimiento en tal sentido.

Si solamente nos concentráramos en el artículo 185 de

la Constitución dominicana de 2010, supondríamos que son

pocas las atribuciones del Tribunal Constitucional, pero el ar-

70 Artículo 185.3 de la Constitución dominicana del 26 de enero de 2010.

71 Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitu-

cionales (LOTCPC).

219

CONSTITUCIÓN POLÍTICA | POLÍTICA CONSTITUCIONAL

tículo 266.5 de la Constitución establece que “la declaratoria

de los estados de excepción y los actos adoptados durante los mismos

estarán sometidos al control constitucional”, lo que refiere el Tí-

tulo VII, relativo al control constitucional y, por ende, otorga

competencia tanto al Poder Judicial, a través del control difuso

(artículo 188) y de los procesos constitucionales de amparo,

habeas corpus y habeas data (artículo 188) y de los procesos

constitucionales establecidos para ser conocidos en el Tribunal

Constitucional (artículos 72, 71 y 70)72, para controlar la cons-

titucionalidad de los actos de las autoridades durante los esta-

dos de excepción. Por su parte, el artículo 27773 establece que

“todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad

de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en

ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Supre-

ma Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la

presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal

Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento

que determine la ley”.

La ley que regula los procedimientos constitucionales y

lo relativo a la organización y al funcionamiento del Tribunal

Constitucional, es la Ley No. 137-11, del 13 de junio de 2011,

ley que podrá conferir atribuciones al Tribunal para el conoci-

miento de cualquier otra materia, siempre vinculada a garantía

de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden cons-

titucional y la protección de los derechos fundamentales. Estas

otras materias pueden ser el conocimiento de los recursos de

72 Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitu-

cionales (LOTCPC).

73 Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitu-

cionales (LOTCPC).

220 RAFAEL DÍAZ FILPO

revisión constitucional de sentencia de amparo74 y de decisio-

nes jurisdiccionales75.

CUADRO COMPARATIVO

CONTROL DIFUSO CONTROL CONCENTRADO

Durante cualquier proceso ju-

dicial de fondo, la persona físi-

ca o moral pudiera alegar, como

medio de defensa, la acción de

inconstitucionalidad de carác-

ter normativo ante el mismo

juez o tribunal de fondo.

Las decisiones tomadas por un

juez de un tribunal ordinario,

son casadas en última instancia

por el Tribunal Constitucional.

Acciones de inconstituciona-

lidad que se interponen direc-

tamente al Tribunal Consti-

tucional, controles a priori de

los tratados, convenios, pactos

internacionales, conflictos de

competencia, y las que dis-

ponga la ley de la materia, No.

137-11, en cuanto a revisiones

constitucionales de sentencias

dictadas en amparo y decisio-

nes jurisdiccionales que hayan

adquirido la condición de lo

irrevocablemente juzgado des-

pués de la promulgación de la

Constitución, en fecha 26 de

enero de 2010.

Las sentencias del control con-

centrado son conocidas en úni-

ca instancia e inapelable.

74 Artículo 94 de la Ley 137-11. Recursos. Todas las sentencias emitidas por el juez

de amparo pueden ser recurridas en revisión por ante el Tribunal Constitucional, en

la forma y bajo las condiciones establecidas en esa ley.

75 Artículo 53 de la Ley 137-11. Revisión Constitucional de Decisiones Jurisdic-

cionales. El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones

jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada

con posterioridad al 26 de enero de 2010.

221

CONSTITUCIÓN POLÍTICA | POLÍTICA CONSTITUCIONAL

Naturaleza del control de constitucionalidad concentrado.

El fundamento o razón de asegurar un tipo de supremacía

de la Constitución ha sido el de aseverar la peculiar forma de

Estado, creada por la Carta Magna, y secundariamente, prever

que por esa vía se pudiera llegar a un mecanismo que asegurara

la supremacía de la Constitución en las leyes, normas, decretos,

actos tratados, pactos, acuerdos y sobre las demás normas inte-

gradoras de la pirámide jurídica.

Los fundamentos del modelo concentrado de constitu-

cionalidad, según Hans Kelsen, quien siembra las bases para la

construcción de un nuevo tipo de justicia constitucional opuesto

al modelo estadounidense son variados, siendo los rasgos funda-

mentales de su modelo: (i) el control como una medida técnica;

(ii) la abstracción del control; (iii) la anulación del acto institu-

cional como efecto del control; y (iv) la concentración del con-

trol en un tribunal que monopoliza el mismo76.

Los presupuestos que deben estar presentes para la existencia

del control de constitucionalidad son cinco: (1) una Constitu-

ción rígida; (2) un órgano de control independiente del órgano

controlado; (3) facultades decisorias del órgano de control; (4)

posibilidad de los particulares interesados de cuestionar por sí

mismos los actos inconstitucionales; y (5) la sumisión de toda la

actividad estatal de control de constitucionalidad (Sagués: 15)77.

En el sistema concentrado, la declaración de inconstitucio-

nalidad produce efectos erga omnes, con la consiguiente anula-

ción de la norma cuestionada, que pierde sus efectos en forma

total y con prescindencia del acto político, esto es, que en los

sistemas concentrados, es el propio órgano de control, “la corte

76 Derecho Constitucional, Volumen I, Eduardo Jorge Prats.

77 Derecho Constitucional, Volumen I, Eduardo Jorge Prats.

222 RAFAEL DÍAZ FILPO

constitucional”, la que recibe de la Constitución la competencia

necesaria para producir esa anulación con los efectos generales.

Ocupando así el lugar de los otros poderes (el legislador o el

ejecutivo, según el caso), el conflicto queda diluido con la desa-

parición de la norma cuestionada.

La nominación como control concentrado proviene de la

acepción formal que destina la tarea de controlar la supremacía

de la Norma Fundamental en un órgano creado para conocer,

especial y exclusivamente, de los conflictos constitucionales que

se sitúan fuera del aparato jurisdiccional clásico (la magistratura

ordinaria). Las Cortes o Tribunales Supremos pueden ser juris-

dicciones constitucionales, pero no son, en sentido estricto, Tri-

bunales Constitucionales.

El sistema de constitucionalidad concentrado es ejer-

cido por el Tribunal Constitucional. Según la Constitución

Política del Estado, el Tribunal Constitucional es el máximo

órgano de la Constitución. La labor interpretativa del Tribu-

nal Constitucional supone un examen abstracto de la nor-

ma cuestionada de constitucionalidad, en donde el referente

constitucional determinará si la misma es compatible con

los parámetros establecidos por la Carta Magna, incluyen-

do sus principios generales y valores intrínsecos a la misma.

Corresponde al Tribunal Constitucional la interpretación de

la Constitución, como intérprete auténtico, en tanto que co-

rresponde a los jueces del Poder Judicial la interpretación au-

téntica de la ley.

El primer Tribunal Constitucional que utilizó el control

concentrado de constitucionalidad fue creado por la Consti-

tución de Austria de 1920. En la República Dominicana, con

la proclamación de la Constitución del año 1884, se inicia el

control judicial de la constitucionalidad, estableciendo el con-

223

CONSTITUCIÓN POLÍTICA | POLÍTICA CONSTITUCIONAL

trol difuso; siendo la Constitución de 1924 la que plasma por

primera vez el control concentrado de la constitucionalidad, en

su literal 5, artículo 61, siendo eliminado dicho control en las

Constituciones posteriores, hasta la Constitución de 1994, en

que se implementan nueva vez ambos controles de constitucio-

nalidad, el difuso y el concentrado, dentro del Poder Judicial,

hasta llegar a la Constitución que nos rige en la actualidad,

del 26 de enero de 2010, que adopta el Modelo Híbrido Ibe-

roamericano de control de la constitucionalidad, incorporando

el control difuso de constitucionalidad para ser implementa-

do por el Poder Judicial ordinario y el control concentrado de

constitucionalidad para ser ejercido por el Tribunal Constitu-

cional dominicano.

Son varias las características que tipifican el control concen-

trado de la constitucionalidad, tales como: a) El carácter abstrac-

to y objetivo del proceso; b) El carácter popular de la acción; y c)

El carácter imprescriptible del ejercicio de la acción.

Para entender cuál es el ámbito del control concentrado de

la constitucionalidad, se debe diferenciar entre el control con-

centrado a priori y el control concentrado a posteriori.

El control concentrado a priori, también llamado con-

trol preventivo. Nuestra Constitución establece que el Tribu-

nal Constitucional deberá conocer, como control preventivo,

los tratados internacionales antes de su ratificación por el órga-

no legislativo. El control a posteriori se encuentra abordado en

la Carta Magna, en cuanto a que establece las acciones directas

de inconstitucionalidad, pudiendo interponerse contra las le-

yes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, tal como

lo consignáramos anteriormente, en la cita del artículo 185.1

de la Ley 137-11.

224 RAFAEL DÍAZ FILPO

Relación del control de constitucionalidad concentrado con el

Poder Legislativo

La Constitución dominicana dispone que las decisiones

del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables78, de-

cisión esta que se encuentra en su artículo 184. La sentencia

dictada por el Tribunal Constitucional tiene capacidad para

vincular y obligar a los poderes públicos. Si no fuera así, no

tendría sentido establecer el control concentrado de constitu-

cionalidad. Esta vinculación significa que la sentencia consti-

tucional tiene fuerza de ley, tanto en su parte decida como en

las partes esenciales que la motiva.

En ocasión del control concentrado de constitucionali-

dad puede llevarse a cabo la fiscalización de una omisión del

legislador que resulte inconstitucional79. La omisión legislati-

va, para poder servir de fundamento a una acción de incons-

titucionalidad, debe vincularse con una exigencia constitu-

cional de acción, pues la violación por el Congreso del simple

deber general de legislar no constituye un silencio legislativo

capaz de ganar significado autónomo y motivar dicha ac-

ción. Hay omisión legislativa constitucionalmente relevan-

te cuando el legislador viola una imposición constitucional

de legislar, omisión que impide la ejecución de los preceptos

constitucionales. Del mismo modo, hay omisión legislativa

cuando el legislador viola órdenes de legislar que exigen de él

la emanación de una o varias leyes necesarias para la creación

de una nueva institución.

78 Ley 137-11. Artículo 31. Decisiones y los precedentes. Las decisiones del Tribunal

Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes

para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.

79 Gomes Canotilho y Gómez Puente.

225

CONSTITUCIÓN POLÍTICA | POLÍTICA CONSTITUCIONAL

Frente a la construcción de un Estado Democrático de De-

recho es el Poder Legislativo el encargado de emanar las normas

que desenvuelven los cánones constitucionales y por ello es que

la propia Constitución faculta, ahora al Tribunal Constitucional,

anteriormente a la Suprema Corte de Justicia, a vigilar que di-

chas normas estén acordes con ella, conforme a los procedimien-

tos establecidos por la Ley 137-11. En caso de que la ley atacada

adolezca de inconstitucionalidad y sea sacada del ordenamiento

jurídico del Estado, deberá ser acatada dicha decisión, y en caso

de que sea decidida la elaboración de una nueva norma, el Poder

Legislativo deberá cumplir con dicho mandato.

Relación del control de constitucionalidad concentrado con el

Poder Judicial

El Tribunal Constitucional, cuando ejerce sus atribuciones

del control de constitucional concentrado conferido por la Carta

Magna dominicana de 2010 y la ley que rige la materia No. 137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos

Constitucionales, y declara no conforme con la Constitución ya

sea una ley, norma, reglamento o acto, y lo expulsa del ordena-

miento jurídico, así como, en una sentencia dictada por alguna

instancia del Poder Judicial se declara la conculcación de dere-

cho fundamental, protegido y garantizado por la Ley de Leyes,

la Suprema Corte de Justicia y los tribunales ordinarios deben

acatar dicha decisión, ya que las sentencias dictadas por el Tri-

bunal Constitucional son de carácter definitivo, vinculantes y de

ejecución obligatoria.

La Constitución de 1994, en la parte in fine del nume-

ral 1.-, de su artículo 67 le confirió la atribución de conocer la

constitucionalidad de las leyes a la Suprema Corte de Justicia, a

226 RAFAEL DÍAZ FILPO

instancias del Poder Ejecutivo, de uno de los presidentes de las

Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada. Al ser de-

rogada por la Carta Magna de 2010, confiriéndole dicho control

concentrado al Tribunal Constitucional, dejando el control di-

fuso para la vigilancia de la aplicación de la supremacía constitu-

cional al Poder Judicial, a través de las diversas instancias que lo

componen, ha hecho que las decisiones dictadas por el Tribunal

Constitucional sean de cumplimiento obligatorio, cuyo prece-

dente es vinculante a conflictos similares.

Para concluir, podemos decir que a partir de la nueva Cons-

titución dominicana de 2010, y con el surgimiento del Tribunal

Constitucional, hemos comparado que desde tiempo pasado

ya existían en nuestro ordenamiento jurídico los controles de

constitucionalidad, atribuidos a la Suprema Corte de Justicia,

la comprobación de la constitucionalidad de las leyes atacadas,

examinando su evolución en las diferentes reformas constitu-

cionales, hasta asumir los nuevos retos, con la aprobación de la

gran reforma de la Constitución de 2010, en que se creó el Tri-

bunal Constitucional, con diferentes modalidades, para ejercer

los controles de constitucionalidad.

227

CONSTITUCIÓN POLÍTICA | POLÍTICA CONSTITUCIONAL

BIBLIOGRAFÍA

1. Constitución dominicana del 26 de enero de 2010;

2. Ley 137-1111 Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucio-

nal y de los Procedimientos Constitucionales, promulgada el 13 de

junio de 2011;

3. Ley 145-11, promulgada el 4 de julio de 2011;

4. Constitución dominicana de 1924;

5. Constitución dominicana del 20 de agosto de 1994;

6. Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, comentada por Eduardo Jorge Prats;

7. Derecho Constitucional, Volumen I, Eduardo Jorge Prats;

8. Notas sobre Democracia y Constitución en la Obra de Hans Kel-

sen, Pedro Salazar Ugarte;

9. La inactividad del legislador; una realidad susceptible de control,

Marcos Gómez Puente.