Sentencia nº 2 de Suprema Corte de Justicia, del 3 de Julio de 2002.

Fecha de Resolución: 3 de Julio de 2002
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces J.L.V., J.A.S., E.R.P., D.F.E. y P.R.C., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 3 de julio del 2002, años 159º de la Independencia y 139º de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Turinter, S.A., entidad comercial instituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con asiento social en la Av. B. esquina L.N., del sector de G., de esta ciudad, debidamente representada por su gerente señora C.N., dominicana, mayor de edad, casada, cédula de identidad y electoral No. 047-0047457-2, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 24 de febrero del 2000, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Visto el memorial de casación, depositado en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 27 de julio del 2000, suscrito por la Licda. V.B.D., cédula de identidad y electoral No. 001-0101321-7, abogada de la parte recurrente Turinter, S. A.;

Visto el memorial de defensa, depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 8 de agosto del 2000, suscrito por el Dr. R.D.G., cédula de identidad y electoral No. 001-0060494-1, abogado de la parte recurrida R.A.R.;

Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997; La Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto los textos legales invocados por la recurrente y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que en ocasión de la demanda laboral interpuesta por la recurrida R.A.R. contra la recurrente Turinter, S.A., la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia dictó, el 6 de mayo de 1999, una sentencia con el siguiente dispositivo: "Primero: Se rechaza la solicitud de la parte demandada de exigir a la parte demandante la interposición de una fianza previo al conocimiento de la demanda, por improcedente; Segundo: Se ordena levanta acta de no acuerdo; Tercero: Se fija la audiencia de producción y discusión de las pruebas para el 19 de mayo de 1999; Cuarto: Se ordena a la Secretaría de esta Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, comunicar la presente sentencia a las partes envueltas en el proceso"; b) que sobre el recurso interpuesto, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: "Primero: Que debe declarar regular y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por la empresa Turinter, S.A., en contra de la sentencia laboral No. 22/99, de fecha seis (6) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999) dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia; Segundo: Que debe confirmar, como en efecto confirma, la sentencia recurrida por ser justa y reposar en prueba legal; Tercero: Que debe comisionar, en efecto comisiona, al ministerial de Estrado de esta corte de apelación, J. De la Rosa Figueroa, para la notificación de la presente sentencia; Cuarto: Que debe condenar, como en efecto condena, a la empresa Turinter, S.A., al pago de las costas, distrayendo las mismas a favor y provecho del Dr. R.D.G., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad";

Considerando, que la recurrente propone en su recurso el siguiente medio de casación: Unico: Errónea interpretación de la ley. Violación a la ley;

Considerando, que en el desarrollo del medio de casación propuesto la recurrente alega, en síntesis, lo siguiente: "que la Corte a-qua interpretó incorrectamente el IV Principio Fundamental del Código de Trabajo al rechazar la fijación de la fianza judicatum solvi a cargo de la demandante, dada su condición de nacional argentina, porque si bien existen los principio IV y VII, el principio de la equidad y garantía que debe estar por encima de cualquier disposición de códigos particulares, cuando éstos de modo específico no han derogado leyes positivas, también es necesario que haya garantía para los derechos de los empleadores, para como en el caso de la especie en que el contrato de trabajo fue violado por la demandante, amparada por un contrato por tiempo determinado, el demandado resultaría ganancioso; que como no existe disposición expresa en el Código de Trabajo referente a si los extranjeros deben prestar o no la indicada fianza, se impone el derecho común y, en consecuencia, debe ser ordenada la imposición de dicha fianza judicial";

Considerando, que la sentencia impugnada expresa lo siguiente: "Que el Código de Trabajo constituye una legislación especial que rige las relaciones entre trabajadores y empleadores, por lo que ante sus disposiciones cede toda norma legal que no derogue alguna de sus disposiciones de manera expresa; que en el caso del Art. 16 del Código de Procedimiento Civil, que hace exigible la fianza "Judicatum Solvi", en toda materia, debe de entenderse que no incluye la materia laboral por las razones antes expuestas y porque la Ley No. 16-92, que constituye el Código de Trabajo es una ley posterior, a dicho artículo; que cuando un empleador contrata un extranjero transeúnte para que le preste sus servicios personales como trabajador, está incurriendo en una violación a las leyes que regulan la contratación de extranjeros en el país, por lo que no puede deducir consecuencias a su favor del estado de falta del trabajador contratado, en virtud del principio de que nadie puede favorecerse de su propia falta, sobre todo porque la decisión final para la realización de un contrato de trabajo depende principalmente de la voluntad del empleador; que gravar el ejercicio de las acciones judiciales de los trabajadores extranjeros exigiéndoles el depósito de una fianza, que podría no estar en condiciones económicas de prestarla, fomentaría la contratación de este tipo de trabajador, a sabiendas el empleador de que no tendría que responder por ninguna violación a los derechos del trabajador, por la imposibilidad material de éste de ejercer las acciones correspondientes";

Considerando, que además de la motivación de la sentencia impugnada, la cual comparte esta corte de casación, el artículo 729, del Código de Trabajo, dispone la liberación de impuestos y derechos de toda naturaleza a los contratos, los convenios colectivos y los reglamentos de trabajo, las actas constitutivas de sindicatos, federaciones y confederaciones y las actas y documentos relacionados con el procedimiento administrativo y judicial en materia de trabajo, teniendo como base que los actores del proceso laboral son mayormente de escasos recursos económicos, por lo que es inadmisible aceptar que para ejercer las acciones en reconocimiento de sus derechos, los trabajadores extranjeros transeúntes tuvieren que depositar la fianza judicatum solvi;

Considerando, que asimismo las disposiciones del IV Principio Fundamental del Código de Trabajo, que declara las leyes concernientes al trabajo de carácter territorial y dispone a la vez que: "rigen sin distinción a dominicanos y a extranjeros, salvo las derogaciones admitidas en convenios internacionales", mientras que el VII Principio Fundamental del Código de Trabajo prohíbe que: "cualquier discriminación, exclusión o preferencia basada en motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de protección a la persona del trabajador", lo que hace inaplicables las disposiciones del artículo 16 del Código Civil, que obliga a los extranjeros transeúntes, sin bienes inmuebles en el país, a depositar la fianza Judicatum Solvi, cuando actúan como demandante principales, pues al no ser una disposición que se aplica a los nacionales se estaría dando un tratamiento discriminatorio al trabajador demandante, por su condición de extranjero, lo que prohíben los principios fundamentales arriba señalados;

Considerando, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Turinter, S.A., contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 24 de febrero del 2000, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas y las distrae en provecho del Dr. R.D.G., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.

Firmado: J.L.V., J.A.S., E.R.P., D.F.E., P.R.C.. G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifica.