Sentencia nº 11 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Mayo de 2005.

Fecha de Resolución:11 de Mayo de 2005
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 11/5/2005

Materia: Laboral

Recurrente(s): Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales

Abogado(s): D.. P.R.C., H.M.G., C.C., D.V.P., C.F.

Recurrido(s): J.G., compartes

Abogado(s): L.. G.F., J.L., Dr. Pedro Marte

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

En Nombre de la República

la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia: Sobre el recurso de casación interpuesto por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (C.D.E.E.E), entidad autónoma, organizada de conformidad con la Ley General de Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de julio del año 2001, continuadora de la Corporación Dominicana de Electricidad (C.D.E), con domicilio social en la intersección de la Av. Independencia y calle F.C. de U., Centro de Los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo (La Feria), de esta ciudad, representada por su vicepresidente ejecutivo Ing. R.S., dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral No. 001-0784753-5, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 16 de septiembre del 2004, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Dres. P.R.C. y H.M.M.G., abogados de la recurrente Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (C.D.E.E.E);

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. G.F.S., abogado de los recurrido J.E.G. y compartes;

Visto el memorial de casación, depositado en la Secretaría de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 5 de noviembre del 2004, suscrito por los Dres. H.M.M.G., C.C.O., P.R.C., D.E.V.P. y C.A.F., cédulas de identidad y electoral Nos. 001-0165619-7, 012-0001397-5, 001-0540728-2, 001-0023948-2 y 001-1000785-9, respectivamente, abogados de la recurrente, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa, depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 22 de noviembre del 2004, suscrito por los Licdos. J.A.L.L. y Geuris Falettes y el Dr. P.J.M., cédulas de identidad y electoral No. 001-0078672-2 y 001-0163504-3, respectivamente, abogados de los recurridos J.E.G. y compartes;

Vista la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 21 de octubre del 2002, que acoge la inhibición presentada por el Dr. J.A.S., Juez de esta cámara, la cual contiene el dispositivo siguiente: "Unico: Acoge la inhibición propuesta por el Dr. J.A.S., Juez de la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, para integrar la misma en el caso de que se trata";

Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; La CORTE, en audiencia pública del 6 de abril del 2005, estando presentes los Jueces: J.L.V., P.; E.R.P., D.O.F.E. y P.R.C., asistidos de la Secretaria General, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que en ocasión de la demanda laboral interpuesta por los recurridos J.E.G. y compartes contra la recurrente Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (C.D.E.E.E), la Sexta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional dictó el 27 de septiembre del 2002, una sentencia con el siguiente dispositivo: "Primero: Declara regular y válido en cuanto a la forma la demanda incoada por los señores J.E.G.M., M.P.S., S.M.K., A.I., A.D., A.V.R., E.M., A.S., J.R.T., A.S., F.P.S., N.J.A., J.M., M.E.C., F.C., D.F., M.J., J.J.V., B.F., V.P. y P.C., en contra de la Corporación Dominicana de Electricidad (C. D. E), y en cuanto al fondo acoge la misma y en consecuencia, declara nula e inaplicable frente a los demandantes la Quinta Resolución del Consejo Directivo de la Corporación Dominicana de Electricidad (C. D. E) acta No. 1356 de fecha 10 de enero del año 2001; Segundo: Condena a la Corporación Dominicana de Electricidad (C. D. E), a pagar a los señores J.E.G.M., M.P.S., S.M.K., A.I., A.D., A.V.R., E.M., A.S., J.R.T., A.S., F.P.S., N.J.A., J.M., M.E.C., F.C., D.F., M.J., J.J.V., B.F., V.P. y P.C., el equivalente a las mensualidades de su pensión irregularmente retenida desde el mes de febrero del año 2001, en base a las sumas mensuales correspondientes a cada uno de los trabajadores demandantes; Tercero: Condena a la Corporación Dominicana de Electricidad (C. D. E), al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho del L.. J.A.L. y del Dr. P.J.M., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; Cuarto: Comisiona a la ministerial M.S.L., Alguacil de Estrados de esta Sexta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, para la notificación de la presente sentencia"; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo reza así: "Primero: En cuanto a la forma se declara regular y válido el recurso de apelación interpuesto por la Corporación Dominicana de Electricidad (C. D. E), mediante instancia de fecha doce (12) del mes de mayo del año dos mil tres (2003) contra sentencia No. 468-2002, relativa al expediente laboral No. 055-2001-00406, dictada en fecha veintisiete (27) del mes de septiembre del año dos mil dos (2002), por la Sexta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por haberse hecho de conformidad con la ley; Segundo: En cuanto al fondo declara sin valor o efectos jurídicos los Decretos Nos. 68, del dieciocho (18) de agosto de 1982; 248-01, del dieseis (16) de febrero del 2001 y la Ley No. 379, del once (11) de diciembre de 1981, en lo que respecta a empresas y organismos autónomos del Estado, en el curso de sus actividades de dominio privado, de carácter mercantil, y consecuentemente, ordena la inmediata restitución en el otorgamiento de las pensiones de los Sres. J.E.G.M., M.P.S., S.M.K., A.I., A.D., A.V.R., E.M., A.S., J.R.T., A.S., F.P.S., N.J.A., J.M., M.E.C., F.C., D.F., M.J., J.J.V., B.F., V.P. y P.C., incluidas las vencidas y dejadas de pagar; Tercero: Rechaza las pretensiones de los ex-trabajadores demandantes originarios, relativas al abono de alegados daños y perjuicios, por las razones expuestas; Cuarto: Se compensan pura y simplemente las costas del proceso";

considerando, que la recurrente propone en apoyo de su recurso los siguientes medios: Primer Medio: Violación de los hechos de la causa; Segundo Medio: Falta de motivos; Tercer Medio: Violación al artículo 11 de la Ley No. 379; Cuarto Medio: Violación al artículo 67 párrafo 1 de la Constitución de la República; Quinto Medio: Violación al numeral 2 del artículo 55 de la Constitución de la República; Sexto Medio: Violación al artículo 38 de la Constitución de la República; En cuanto a la inadmisibilidad del recurso:

considerando, que la parte recurrida concluye de manera principal en el sentido de su memorial de defensa, que se declare inadmisible el recurso de casación interpuesto por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), contra sentencia No. 219/2004, de fecha 16 de septiembre del 2004, dada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, puesto que depositó el mismo en la Secretaría de ese Tribunal en fecha cinco (5) de noviembre del 2004 y hasta el momento no lo ha notificado, tal y como lo establece el artículo 643 del Código de Trabajo, combinado con el 586 del mismo código;

considerando, que para la recurrida sustentar su solicitud alega que: "el memorial de casación fue depositado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en fecha cinco (5) de noviembre del 2004, por ante la Secretaría de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, pero fue notificado en fecha nueve (9) de noviembre del 2004, por la entonces denominada Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), tal como lo establece el artículo 125-01, promulgada el veintiséis (26) de julio del 2001, Ley General de Electricidad, el artículo 139 de la señalada ley deroga de manera expresa todas las leyes y reglamentos que conferían personalidad jurídica a la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), por lo que pasado el período de transición señalado en el párrafo III del artículo 138, el cual fue rebasado con creces, esa institución desapareció completamente de la vida jurídica y por tanto, no tiene calidad para realizar actos válidos, por lo que la notificación hecha por esta empresa inexistente, en fecha nueve (9) de noviembre del 2004, mediante acto No. 1700/04, instrumentado por el ministerial R.S.S., Ordinario de la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, carece de toda validez y por tanto, procede declarar inadmisible el recurso, por aplicación combinada de los artículos 586 y 643 del Código de Trabajo, ya que el recurso de casación se interpuso en fecha cinco (5) de noviembre del 2004 por cuenta de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y todavía, a pesar de haber pasado los cinco (5) días que señala el artículo 643 del Código de Trabajo, no ha notificado el mismo, puesto que quien lo notificó fue una empresa que desapareció de la vida jurídica";

considerando, que en cuanto al medio de inadmisión planteado por la recurrida, el mismo resulta irrelevante en razón de que aún cuando el acto procedimental cuestionado fuera realizado por la Corporación Dominicana de Electricidad (C.D.E) es innegable que esta entidad fue integrada mediante ley a la nueva entidad Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (C.D.E.E.E.), que de conformidad con la normativa unificadora es la continuadora legal de la primera y que en esa situación, es obvio que esta última (C.D.E.E.E) ha asumido todas las actuaciones procesales realizadas a nombre de la entidad integrada, sin que esto haya ocasionado ningún agravio a la recurrida que ha continuado en forma regular en la instrucción del proceso, por lo que dicho planteamiento debe ser desestimado por improcedente; En cuanto al recurso de casación:

considerando, que dado su carácter constitucional es de derecho examinar en primer término los medios quinto y sexto, relacionados con violaciones a la Constitución de la República, y en los cuales la recurrente alega en síntesis: "los Magistrados de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, al dictar la presente sentencia han incurrido en violación al numeral 2 del artículo 55 de la Constitución de la República, en el sentido de que es al Poder Ejecutivo que le corresponde promulgar y hacer publicar las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar de su fiel ejecución, expedir reglamentos, decretos e instrucciones cuando fueren jurídicos los decretos Números 68 de fecha 18 de agosto del año 1982, 241-01 de fecha 16 de febrero del año 2001, por lo que estas atribuciones son competencia del Poder Ejecutivo, quien tiene facultad constitucional de dictar y derogar decretos" y el sexto expone "los Magistrados Jueces de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, al dictar la presente sentencia han violado la Constitución de la República en el sentido de que declara sin valor y efecto jurídico la Ley No. 379 de fecha 11 del mes de diciembre del año 1981, facultad exclusiva del Senado de la República, de acuerdo al artículo 38 de la Constitución de la República que establece que tienen derecho a iniciativa en la formación de las leyes los Senadores y los Diputados, el Presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia, en asuntos judiciales y la Junta Central Electoral, en asuntos electorales";

considerando, que en las motivaciones de la sentencia impugnada consta: "que los recurridos laboraron para la empresa Corporación Dominicana de Electricidad, (C.D.E) y en esquema contributivo aportaron a lo largo de la vigencia de sus contratos de trabajo, cuotas periódicas para solventar el otorgamiento futuro de sus pensiones, por lo que no puede una resolución, ni un decreto del Poder Ejecutivo, ni una ley ni ninguna otra fuente de obligaciones, desbordar el marco de sus competencias, y contra un derecho adquirido, suspender provisional o permanentemente, el otorgamiento de las pensiones de que son titulares los reclamantes, por el solo hecho de laborar como trabajadores subordinados a empresas capitalizadas, en virtud de la Ley No. 379 de fecha once (11) de diciembre de 1981, y por tanto, del dominio privado del Estado, mismo que en esa virtud funge de simple accionista de las susodichas empresas";

considerando, que la recurrente alega en los medios de casación preseñalados, aún cuando no desarrolla el cuarto, tal y como lo establece la Ley sobre Procedimiento de Casación, que la idea de que en la sentencia impugnada se han violado las disposiciones constitucionales, específicamente el artículo 67 párrafo primero y segundo del artículo 55 y 38 de la Constitución de la República, al entender ésta que cuando los tribunales del orden judicial aplican e interpretan las disposiciones de orden constitucional están violando el orden de atribuciones establecidas para los diversos poderes del estado, pero es criterio constante de esta Corte, en consonancia con los principios del derecho constitucional, que todo tribunal ante el cual se alegue la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto, como medio de defensa, tiene competencia y está en el deber de examinar y ponderar dicho alegato como cuestión previa del caso;

considerando, además, que en el estado actual de nuestra legislación , y por ende de nuestro derecho, la disposición del artículo 46 de la Constitución de la República, lo que manda en cuanto al orden judicial, es que todo tribunal o corte, en presencia de una ley, resolución, reglamento o acto contrarios a la Constitución, surgido con motivo de un proceso en cualesquiera de las materias de su competencia, puede y debe pronunciar su nulidad aunque no la hayan promovido las partes envueltas en el mismo, es decir de oficio, sin el cumplimiento de ninguna formalidad, de cualquier naturaleza que sea; que al proceder de ese modo los jueces no están invadiendo atribuciones de otros organismos, ni violando los principios fundamentales de la separación de los Poderes, sino dando cabal cumplimiento a las facultades que se les otorgan para examinar y ponderar no sólo la regularidad de las leyes, sino también sus alcances y propósitos;

considerando, que en cuanto al primer medio de casación, la recurrente alega: "que la Corte a-qua al dictar la referida sentencia ha desnaturaliza los hechos, al revocar la decisión de primer grado, desconociendo la aplicación de los Decretos Nos. 68-82 y 180-82, de fechas dieciocho (18) de agosto y primero (1ro.) del mes de septiembre del año 1982, respectivamente, así como el decreto que prohíbe a los pensionados trabajar en el Estado y en las Empresas donde el mismo es accionista, sin tomar en consideración que las partes recurridas están laborando en la actualidad en la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR) y Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE), de las cuales el Estado Dominicano en las dos primeras es accionista mayoritario; y en la otra es accionista del 50%, por lo que resulta insólito e irracional que dichos trabajadores cobren la pensión en la Secretaría de Estado de Finanzas, y cobren otro sueldo en las compañías antes señaladas;

considerando, que con relación a lo anterior en la sentencia impugnada consta: "que el derecho que pretenden tutelar los Decretos Nos. 248-01 del dieciséis (16) de febrero del dos mil uno (2001) y 68 del 18 de agosto de 1982, y la Ley No. 379 de fecha once (11) de diciembre de 1981, es que no se produzca una excesiva onerosidad que afecte el patrimonio público, resultante del otorgamiento, por parte del Estado, de una pensión o jubilación, y en adición, de un sueldo como contrapartida de un empleo público; sin embargo, resulta contrario a la ratio lege, extrapolar esa posibilidad, al marco de las actuaciones del dominio privado del Estado, o sus organismos de carácter comercial y empresas, como en la especie, pues introduciría una desigualdad inaceptable entre trabajadores";

considerando, que en cuanto a lo alegado por la recurrente en el primer medio de casación es evidente que ellos han debido probar en primer término que los recurridos son trabajadores de las compañías anónimas Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR) y Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) para sacar las conclusiones que a su juicio hacen aplicables las disposiciones de las leyes y decretos que regulan aspectos de la administración pública, pues no corresponde a la Corte a-qua suplir dichas pruebas siendo deber de todo aquel que alega un hecho en justicia aportar las pruebas del mismo;

considerando, que en adición a lo más arriba expuesto, es un principio en nuestro derecho procesal que el juez debe decidir exclusivamente en base a lo que ha sido probado por las partes, y es bueno declarar con relación a este principio que si bien el juez en materia de trabajo, de conformidad con el artículo 534 del Código de Trabajo, puede suplir de oficio cualquier medio de derecho, no menos cierto es que dicha facultad está destinada a robustecer los medios de prueba aportados por las partes, sin que esto implique en modo alguno que una parte cualquiera en el proceso se encuentre exonerada de probar los hechos alegados en su demanda o los argumentos de su defensa, que en esa virtud dichos argumentos deben ser desestimados por improcedentes;

considerando, que en el desarrollo de los medios segundo, tercero y cuarto, los cuales se han unido por su vinculación, la recurrente alega en síntesis, que al dictar la presente sentencia los magistrados establecen que se han violado los artículos 219, 223, 481, 508, 513, 619, 623, 625, 626, 629 y 730 del Código de Trabajo, así como el artículo 11 de la Ley No. 379 que instituye un Plan de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Funcionarios del Estado, pero dichos artículos no han sido violados por la parte recurrente, razón por la cual carecen de fundamento los alegatos en ese sentido, de la Corte de Trabajo;

considerando, que la recurrente en el presente caso no ha motivado el segundo, tercero y cuarto medios de su recurso, ni ha explicado en el memorial introductivo en qué consisten las violaciones de la ley por ella alegadas, limitándose a mencionar dichos artículos sin señalar la alegada falta de motivos, ni precisar en forma clara los vicios que ameriten la casación de la sentencia impugnada, lo que no constituye una motivación suficiente que satisfaga las exigencias de la ley, por lo que esta Corte se encuentra imposibilitada de ponderar sus argumentos;

considerando, que la sentencia impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados, y en consecuencia rechazado el recurso de casación. Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (C.D.E.E.E), contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 16 de septiembre del 2004, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas y las distrae en provecho del L.. J.A.L.L. y del Dr. P.J.M., abogados, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en Santo Domingo de G., Distrito Nacional, en su audiencia pública del 11 de mayo del 2005, años 162 de la Independencia y 142 de la Restauración.

Firmado: J.L.V., E.R.P., D.F.E., P.R.C.. G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.