Sentencia nº 15 de Suprema Corte de Justicia, del 21 de Julio de 2004.

Fecha de Resolución:21 de Julio de 2004
Emisor:Tercera Sala

Preside: Juan Luperón Vásquez

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, ha dictado en audiencia pública la siguiente sentencia: Sobre el recurso de casación interpuesto por I.G., dominicana, mayor de edad, cédula de identidad y electoral No. 071-0031817-4, domiciliada y residente en la calle H.C.E.. Av. M.T.S., de esta ciudad y J.M.R. y compartes, dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral No. 071-0004205-5, domiciliado y residente en la calle P.R.M.N. 15, Barrio El Soldado, de la ciudad de Nagua, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 31 de julio del 2003, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. F.A.H.H., abogado de los recurrentes, I.G. y J. de M.R.;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. B.F.V. y Dr. E.M.F., abogados de los recurridos, A.O.M., P.H.M., G.R.H.M., M.H.M., F.H.M., R.H.M., E.H.M., A.H.M., D.H.M., A.H.M. e H.H.M.;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el memorial de casación, depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 6 de noviembre del 2003, suscrito por el Dr. F.A.H.H., cédula de identidad y electoral No. 001-0075256-7, abogado de los recurrentes, mediante el cual propone los medios que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa, depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 1E de diciembre del 2003, suscrito por el Lic. B.F.V. y el Dr. E.M.F., cédulas de identidad y electoral Nos. 071-0000644-9 y 001-0013062-4, respectivamente, abogados de los recurridos;

Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; La CORTE, en audiencia pública del 9 de junio del 2004, estando presentes los Jueces: J.L.V., Presidente; J.A.S., E.R.P., D.F.E. y P.R.C., asistidos de la Secretaria General, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que con motivo de una instancia dirigida al Tribunal Superior de Tierras (solicitud de deslinde, subdivisión y refundición) en relación con las Parcelas Nos. 163, 236-A y 237-A-Refund., del Distrito Catastral No. 2, del municipio de Nagua, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, debidamente apoderado, dictó el 17 de octubre del 2001, su Decisión No. 1, cuyo dispositivo es el siguiente: Parcelas Nos. 236-A y 237-A resultando la Parcela No. 236-A-Refundida y 163, del Distrito Catastral No. 2, del municipio de Nagua; Primero: Acoger, como al efecto acoge, las conclusiones presentadas por los Dres. C.F. y F.A.H.H., en representación de los señores M.T.L., I.G. y J.M.R., por ser justas y apegadas al derecho; Segundo: Declarar, como al efecto declara, inadmisibles las instancias de fecha 8 del mes de junio del año 2000 y la del mes de noviembre del año 1999, dirigida al Presidente del Tribunal Superior de Tierras, por los sucesores del finado M.M., señores A.M.M., P., G., R., Mercedes, R., A., D., A., R. e H.H.M., en el sentido de que le sean reconocidos derechos dentro del ámbito de las parcelas números 163 y 237 del Distrito Catastral número 2 del municipio de Nagua y que se le fije oposición a todo tipo de operación comercial que envuelva venta, traspaso, donación, permuta, cesión de crédito, anticresis, gravámenes y testamento; Tercero: Rechazar, como al efecto rechaza, las conclusiones presentadas por el Dr. E.M. y B.F.V. en representación de los sucesores del finado M.M., señores A.M.M., P., G., R., Mercedes, R., A., D., Alenjandrito, R. e H.H.M., por infundada y carente de base legal; Cuarto: Ordenar, como al efecto ordena, al Registrador de Títulos del Departamento de Nagua, levantar o cancelar cualquier oposición o gravámenes que pese sobre los Certificados de Títulos números 79-18 y 79-19 de fecha 9 del mes de diciembre del año 1999 y 65-63 de fecha 4 del mes de abril que amparan el derecho de propiedad de las parcelas números 163, 236 y 237 del Distrito Catastral No. 2 del municipio de Nagua; Quinto: Aprobar, como al efecto aprueba, el deslinde practicado por el Agr. L.P.F., dentro de las Parcelas Nos.- 236 y 237, del Distrito Catastral No. 2, del municipio de Nagua, resultando las Parcelas Nos. 236-A, 237-A y 236-A-Refundida del Distrito Catastral No. 2, del municipio de Nagua; Sexto: Ordenar, como al efecto condena, al Registrador de Títulos del Departamento de Nagua, que los Certificados de Títulos Nos. 79-18 y 79-19 de fecha 9 del mes de diciembre del año 1999, que se encuentran registrados a nombre de la señora M.T.L., los cuales amparan el derecho de propiedad de las Parcelas Nos. 236 y 237, del Distrito Catastral No. 2, del municipio de Nagua, sean cancelados y en su lugar expedir un nuevo Certificado de Título que ampare el derecho de propiedad de la Parcela No. 236-A-Refundida del Distrito Catastral No. 2, del municipio de Nagua, a favor de la señora M.T.L., dominicana, mayor de edad, soltera, empleada privada, cédula de identidad y electoral No. 071-001999-7, domiciliada y residente en la calle M.T.J.N. 22, sector de D.U. del municipio de Nagua; Séptimo: Ordenar, como al efecto ordena, al Registrador de Títulos del Departamento de Nagua, mantener con toda su fuerza y vigor el Certificado de Título No. 65-63 de fecha 4 del mes de abril del año 1979, el cual ampara el derecho de propiedad de la Parcela No. 163, del Distrito Catastral No. 2, del municipio de Nagua"; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión por el Lic. B.F.V. y Dr. E.M.F., en representación de los Sucesores de M.M., el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, dictó el 31 de julio del 2003, la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: "Primero: Aprueba, los ordinales quinto y sexto, del dispositivo de la Decisión No. 1 de fecha 17 de octubre del 2001, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en lo que respecta a la aprobación de deslinde y refundición de la señora M.T.L.; Segundo: Aprueba, el deslinde y refundición practicado por el Agrimensor L.P.F., dentro de las Parcelas Nos. 236 y 237, del Distrito Catastral No. 2, del municipio de Nagua, resultando las Parcelas Nos. 236-A y 237-A y posterior la Parcela No. 236-A-Refundida, del mismo Distrito Catastral de Nagua, por haberse realizado conforme a la Ley de Registro de Tierras y el Reglamento de Mensura; Tercero: Ordenar, al Registrador de Títulos del Departamento de Nagua, anotar al pie de los Certificados de Títulos Nos. 79-18 y 79-19, que amparan las Parcelas Nos. 236 y 237, del Distrito Catastral No. 2, de Nagua respectivamente, la rebaja de los derechos registrados a favor de la señora M.T.L., consistente en dos porciones de 1 Has., 82 As., 29 Cas.; y 3 Has., 64 As., 74.10 Cas., así como las cancelaciones de sus respectivas constancias y expedir, a favor de dicha señora, la cual es dominicana, mayor de edad, soltera, empleada privada, cédula No. 071-0019994-7, domiciliada y residente en la calle M.T.J.N. 22, sector de D.U., de Nagua, el Certificado de Título que ampare la nueva Parcela No. 236-A-Refundida, del Distrito Catastral No. 2, del municipio de Nagua, con superficie de 05 Has., 47 As., 03.10 Cas., con los linderos y demás especificaciones que constan en los planos definitivos y en las descripciones técnicas y libre de oposición; Cuarto: Se ordena la separación y desglose de esta parte del expediente para ser enviado a dicho Registrador de Títulos; Quinto: Acoge, las conclusiones de la parte recurrente, representada por el Lic. B.F.V. y el Dr. E.M.F., por procedentes y bien fundadas, y en consecuencia rechaza, las conclusiones de la parte recurrida, representada por el Dr. F.A.H.H., por improcedentes y mal fundadas; Sexto: Se revoca en los demás ordinales, la decisión apelada No. 1 de fecha 17 de octubre del 2001, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, que declaró inadmisibles las instancias de fechas 8 de junio del 2000 y del mes de noviembre del año 1999, interpuestas por los sucesores de M.M., respecto de las Parcelas Nos. 163, 236-A, 237-A y 236-A-Refundida, del Distrito Catastral No. 2, del municipio de Nagua, y en consecuencia se ordena el conocimiento de las referidas instancias, por el Juez del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original residente en San Francisco de Macorís, L.. G.C.M., como litis sobre terreno registrado, pero solamente en lo que respecta a las Parcelas Nos. 163, 236 (Resto) y 237 (Resto) del Distrito Catastral No. 2, del municipio de Nagua, provincia M.T.S.";

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada los siguientes medios de casación: Primer Medio: Falta de ponderación de cada uno de los alegatos y del derecho. Errónea interpretación del artículo 137 de la Ley de Registro de Tierras; Segundo Medio: Violación al sagrado derecho de defensa; Tercer Medio: Falta de motivos; Cuarto Medio: No aplicación de la prescripción;

Considerando, que en el desarrollo de los cuatro medios propuestos, los cuales se reúnen por su similitud, los recurrentes alegan en síntesis: a) que los jueces del Tribunal Superior de Tierras, al fallar en la forma que lo hicieron han hecho una errónea interpretación del artículo 137 de la Ley de Registro de Tierras, que establece el plazo de un año a partir de la transcripción del Decreto de Registro para interponer el recurso en revisión por causa de fraude, al entender dichos jueces que tal disposición no se aplica en terrenos registrados y sostener que los hechos que dieron lugar a la litis surgieron después del saneamiento, ignorando así que en la instancia del 8 de junio del 2000, los ahora recurridos demandan la nulidad o cancelación de los Certificados de Títulos Nos. 79-19 y 65-63 de fecha 9 de abril de 1979 y desde el depósito de dicha instancia habían transcurrido 21 años, o sea, un plazo en el que prescribieron los derechos que subsistieron después del saneamiento, lo que constituye una violación al artículo 2260 y siguientes del Código Civil relativo a la prescripción del derecho común, para reclamar cualquier derecho; b) que al ordenar un nuevo juicio, que no solicitó el abogado del apelante por conclusiones en audiencia, sino en un escrito de ampliación posterior, que no fue sometido al debate oral, público y contradictorio, se violó su derecho de defensa; c) que al dictar la sentencia recurrida los jueces no establecen los méritos, ni los motivos suficientes para sustentar la misma; d) que la inadmisibilidad acogida en primer grado estaba fundada en la ley y el derecho, puesto que la prescripción del derecho común es de 20 años, además de la estipulada en el artículo 137 de la Ley de Registro de Tierras que es de un (1) año después del saneamiento y en ambos casos, antes y después del saneamiento los derechos de los recurrentes estaban prescritos, por lo que el tribunal de alzada desconoció la ley; pero,

Considerando, que en el último resulta de la página 4 de la sentencia impugnada, el Tribunal a-quo da por establecidos los hechos siguientes: "Que en el presente caso, se han producido los siguientes hechos y actos jurídicos: 1.- Por Decisión No. 2 de fecha 3 de mayo de 1956, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, se adjudicaran, en el proceso de saneamiento, a favor del Sr. M.M., de generales ignoradas y representado por su hijo J.R.M., las Parcelas Nos. 160, 163 y 237, del Distrito Catastral No. 2 de Nagua, con superficies de: 2 Has., 41 As., 84 Cas., 3 Has., 30 As., 05 Cas.; y 11 Has., 01 As., 05 Cas., respectivamente; 2.- Que antes de expedirse el Derecho de Registro de la parcela 163, el Tribunal Superior de Tierras admite transferencia a favor de M. De La Rosa de Luna, y se ordena el Decreto de Registro No. 65-826 de fecha 11 de abril de 1961 en la siguiente forma: a) 1 Has., 00 As., 61 Cas., a favor de M. De La Rosa de Luna y b) 2 Has., 29 As., 43.20 Cas., a favor de M.M., con cédula No. 760 serie 62, expidiéndose el Certificado de Título que la ampara, con el No. 65-53; 3.- Por resolución de fecha 15 de febrero de 1991, se determinan los herederos del Dr. M.M., resultando ser sus dos hijos: 1) N.M.H., quien falleció en el 1958 y dejó cinco hijos, y 2) J.M.H., quien también falleció en el 1966 y dejó once hijos. Que fue depositado ante ese Tribunal Superior, un acto de Ratificación de venta de fecha 30 de enero de 1971, por el cual, los indicados sucesores venden a favor de M.M. (hijo) todos sus derechos en esta Parcela No. 163, ordenándose la expedición de una constancia a favor del comprador M.M. (hijo), cedula No. 1585, serie 62, por la cantidad de 2 Has, 28 As., 43.20 Cas.; 4.- Que el Sr. M.M. (hijo) aparece como comprador y no como hijo de M.M., el de-cujus, cuya cédula es 760 serie 62; 5.- Que M.M. (hijo), transfirió 50 As., 02.50 Cas., a la Sra. S.A.L. De La Rosa, restándose 1 Has., 79 As., 40.48 Cas.; 6.- Que con relación a la Parcela No. 237, antes de expedirse el Derecho de Registro, el Tribunal Superior de Tierras, ordena el registro de la misma, por decisión de fecha 29 de enero de 1979 en la siguiente forma: a M.M., de generales ignoradas, 6 Has., 60 As., 85 Cas., y a favor de P.V., 4 Has., 40 As., 20 Cas., expidiéndose el Certificado de Título que la ampara No. 79-19, conforme Decreto No. 79-443 del 29-1-1999; 7.- Por acto del 31 de octubre 1983, el Sr. M.M., cédula No. 1585 serie 62 (se refiere a M.M. (hijo), no al adjudicatario, quien tiene cédula No. 760 serie 62 y había fallecido el 20 de junio de 1964) vende a favor de L.J.R.C., 3 Has., 64 As., 74.10 Cas., quien también la transfirió, hasta ser adquirida por la Sra. M.T.L.; 8.- Conforme Certificado de Registro de fecha 2 de febrero del 2000, de los derechos que le restaban al Sr. M.M., se realizaron 38 transferencias, cuya totalidad asciende a 3 Has., 98 As., 30.80 Cas., por lo que se trata de venta en exceso, ya que sólo le restaban 2 Has., 96 As., 10.90 Cas., o se cometió un error material en la Certificación de Registro; 9.- Que ante esta situación, los herederos de M.M., cédula No. 760 serie 62, demandan por ante esta Jurisdicción Catastral, la nulidad de la venta de fecha hecha por los presuntos herederos, a favor de M.M. (hijo) cédula No. 1585 serie 62, en la parcela 163, y las ventas hechas por M.M., cédula 670 serie 62, por encontrarse este último fallecido al momento de las ventas; demandan la inclusión de herederos, alegando que la resolución que los determinó, solo hace mención de dos hijos del de-cujus M.M., a los señores: N.M.H. y J.M.H., incluyendo a M.M. (hijo), faltando sus otros hermanos, señores J.R.M. y O.M., por lo que solicitan su revocación";

Considerando, que en la sentencia impugnada consta lo siguiente: "Que en el presente caso se dan dos situaciones completamente distintas: por un lado, la aceptación de un deslinde y refundición, dentro de la Parcelas Nos. 236 y 237, resultando las Parcelas No. 236-A y 237-A, las cuales se refunden y forman la Parcela No. 236-A-Refundida, del Distrito Catastral No. 2, del municipio de Nagua, a favor de la Sra. M.T.L., y que fue aprobada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original. Que tanto en Jurisdicción Original, como ante este tribunal de alzada, las parte en litis (demandante y demandada) no se oponen a la validez y aceptación del deslinde y refundición de esta parcela, habiendo dado su consentimiento y aceptación al mismo. Por lo que este Tribunal, en su poder de revisión de la referida decisión, en lo que respecta a este aspecto, aprueba la misma, ya que el J. a-quo, hizo una buena apreciación de los hechos y una correcta aplicación del derecho, dando motivos claros y precisos en sus considerandos, los cuales este tribunal acoge, sin necesidad de producirlos en esta decisión";

Considerando, que el estudio detenido del fallo recurrido pone de manifiesto que en relación con las porciones de terreno que le fueron vendidas a la señora M.T.L., por la señora M.P.V., quien a su vez las había adquirido por compra al señor W.A.S., quien a su vez las había comprado al señor L.J.R.C.G. y este al señor M.M., porciones de terreno que no han sido objeto de discusión entre las partes y las cuales fueron deslindadas, de cuyos trabajos resultaron las parcelas Nos. 236-A y 237-A las que al ser refundidas resultaron como Parcela 236-A-Refundida del Distrito Catastral No. 2 del municipio de Nagua, a favor de la mencionada señora M.T.A., deslinde y refundición a las que no se opusieron ninguna de las partes, por lo que el tribunal a la vez que aprobó dichos trabajos también ordenó la expedición en favor de M.T.L. del correspondiente certificado de título, tal como consta en los ordinales segundo y tercero de la decisión impugnada;

Considerando, en lo que se refiere a los plazos establecidos por el artículo 137 de la Ley de Registro de Tierras para la interposición del recurso en revisión por causa de fraude y el 2260 del Código Civil, en la sentencia impugnada se expone lo siguiente: "Que por otro lado, la sentencia se pronuncia sobre un medio de inadmisión de la demanda, en la que el Juez a-quo lo acoge, sobre el entendido de que los hechos alegados, se produjeron durante el saneamiento, y en consecuencia no podían ser presentados cuando el terreno ya está registrado, en razón de que los actos o hechos jurídicos no presentados o discutidos durante el proceso de saneamiento, quedan aniquilados por éste, conforme el artículo 86 de la Ley de Registro de Tierras. Que en consecuencia, la sentencia que puso fin al saneamiento de las parcelas, tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Que además, las parcelas pasaron a manos de terceros adquirientes de buena fe a título oneroso, a los cuales no se les puede lesionar; que el único recurso contra la indicada decisión de saneamiento, era la Revisión por Causa de Fraude, la cual sería extemporánea, por haber pasado ampliamente el plazo de un año, a partir de la transcripción del Decreto de Registro; que este Tribunal, está conteste con los alegatos de la parte apelante, en el sentido de que no se está cuestionando, en este caso, el saneamiento de las referidas parcelas, ya que consideran que durante el procedimiento de saneamiento no se cometió fraude, al ordenar el registro de las mismas, a favor de M.M. (padre); que la sentencia que pone fin al saneamiento, tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y no se puede invocar derechos que no se hicieron valer durante el saneamiento, con la excepción de la demanda en Revisión por Causa de Fraude; pero este no es el caso, en razón de que los hechos y actos jurídicos, cuya nulidad se persigue, fueron realizados con posterioridad a la sentencia que puso fin al saneamiento de las parcelas. Que en estos casos, el tribunal competente para conocer de estas demandas, como litis sobre terreno registrado, es el tribunal de tierras, con los dos grados de jurisdicción, aplicando la máxima de que todo asunto civil y contencioso, debe recorrer el doble grado de jurisdicción, a no ser que la ley diga lo contrario; que si bien la Ley de Registro de Tierras, en su artículo 6 dice que los terrenos se considerarán registrados desde el momento de la transcripción del Decreto de Registro en la Oficina de Registro de Títulos correspondiente, para la aplicación de la competencia, el terreno se considerará registrado, desde el momento en que la sentencia que puso fin al saneamiento es definitiva, aunque el Decreto de Registro no haya sido expedido, o no haya sido transcrito en el Registro de Título";

Considerando, que también consta en las motivaciones de la sentencia impugnada que tanto los actos de venta objeto de impugnación, en el que no se incluye el caso de la señora M.T.L., como el acto de notoriedad también impugnado, fueron hechos con posterioridad a la sentencia que puso fin al saneamiento, por lo que se trata de una litis sobre terreno registrado que debe recorrer el doble grado de jurisdicción, de conformidad con la ley que rige la materia; que como se puede advertir la revocación de la resolución que determinó lo herederos de M.M. (padre), en razón de que la misma por su carácter administrativo no adquiere la autoridad de la cosa juzgada, agregando que, si bien es cierto que la buena fe se presume en todo aquel que adquiere derechos a título oneroso y de buena fe, también lo es que esa presunción admite la prueba en contrario, por lo que el demandante debe tener siempre la oportunidad de demostrar sus alegatos, por todo lo cual el Tribunal a-quo aprobó los ordinales quinto y sexto de la decisión de Jurisdicción Original que se relaciona con los derechos de la señora M.T.L. y revocó los demás ordinales, ordenando un nuevo juicio; que esta Corte comparte los razonamientos del Tribunal a-quo al considerarlos correctos y pertinentes en el presente caso, por lo que en consecuencia procede rechazar el recurso de casación de que se trata. Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por I.G. y J.M.R., contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 31 de julio del 2003, en relación con las Parcelas Nos. 163, 236-A, 237-A y 237-A-Refundida, del Distrito Catastral No. 2, del municipio de Nagua, cuyo dispositivo se ha copiado en otra parte del presente fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas y las distrae en provecho del Dr. E.M.F. y del L.. B.F.V., abogados de los recurridos, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en Santo Domingo de G., Distrito Nacional, en su audiencia pública del 21 de julio del 2004, años 161º de la Independencia y 141º de la Restauración.

Firmado: J.L.V., J.A.S., E.R.P., D.F.E., P.R.C.. G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.