Sentencia nº 23 de Suprema Corte de Justicia, del 10 de Noviembre de 2010.

Fecha de Resolución:10 de Noviembre de 2010
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 10/11/2010

Materia: Laboral

Recurrente(s): Autoridad Portuaria Dominicana, APORDOM

Abogado(s): L.. C.M., Dr. P.R.P.

Recurrido(s): G.P.

Abogado(s): Dr. Santo Rodríguez Pineda

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), entidad autónoma del Estado, creada por la Ley núm. 70 del 17 de diciembre del año 1970, con asiento social en la margen Oriental del Río Haina, Km. 13 ½ de la carretera sánchez, representada por su entonces director ejecutivo J.A.S.J., dominicano, mayor de edad, casado, con cédula de identidad y electoral núm. 001-1185579-7, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo el 21 de mayo de 2008, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo el 15 de agosto de 2008, suscrito por el Lic. C.M. y el Dr. P.R.P., con cédulas de identidad y electoral núms. 001-01988136-3 y 001-0366707-7, respectivamente, abogados de la recurrente, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 29 de agosto de 2008, suscrito por el Dr. Santo R.P., con cédula de identidad y electoral núm. 002-0013389-0, abogado del recurrido G.P.;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

La CORTE, en audiencia pública del 7 de julio de 2010, estando presentes los Jueces: P.R.C., en funciones de Presidente; J.A.S., E.R.P. y D.O.F.E., asistidos de la Secretaria General y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que en ocasión de la demanda laboral interpuesta por el actual recurrido G.P. contra la recurrente Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo dictó el 21 de diciembre de 2006 una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara buena y válida en cuanto a la forma la demanda laboral por desahucio, incoada por G.P. contra Autoridad Portuaria Dominicana, por el desahucio ejercido por el empleador, por los motivos precedentemente expuestos; a) Declara resuelto el contrato de trabajo que existió entre G.P. y la Autoridad Portuaria Dominicana, por el desahucio ejercido por el empleador, por los motivos precedentemente expuestos; b) Condena a Autoridad Portuaria Dominicana al pago de Treinta Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos con Cuarenta y Cinco Centavos (RD$30,347.25), a favor de G.P., por concepto de las prestaciones e indemnizaciones laborales y derechos adquiridos; c) Condena a la Autoridad Portuaria Dominicana, al pago de un día de salario por cada día de incumplimiento en la obligación del pago del preaviso y el auxilio de cesantía, a razón del salario diario promedio de Doscientos Once Pesos (RD$211.00), a partir del 28 de septiembre de 2004; d) Ordena que a los montos precedentes les sea aplicado el índice general de precios al consumidor, provisto por el Banco Central de la República Dominicana, al momento de la ejecución de la presente sentencia; Segundo: Condena a Autoridad Portuaria Dominicana, al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho de los Dres. Santo R.P. y F.T.D., quienes informan haberlas avanzado en su totalidad”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo dice así: “Primero: Declara regular y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), en contra de la sentencia núm. 02003/2006, de fecha 21 del mes de diciembre del año 2006, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, en sus atribuciones laborales, por haber sido hecho conforme a la ley; Segundo: En cuanto al fondo, rechaza el referido recurso de apelación por los motivos precedentemente enunciados y en consecuencia confirma la sentencia impugnada en lo que respecta a sus ordinales a, c y d por los motivos precedentemente enunciados; Tercero: Modifica el dispositivo de la sentencia impugnada en su ordinal b) para que se lea de la manera siguiente: Condena a Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) al pago de las acreencias a favor del señor G.P., detalladas a continuación: RD$5,908.00, por concepto de 28 días de preaviso; RD$17,724.00, por concepto de 84 días de de auxilio de cesantía; RD$2,954.00, por concepto de 14 días de vacaciones; RD$3,771.09, por concepto de proporción de 9 meses de salario de navidad; todo lo cual asciende a un monto total de RD$30,357.09, tomando como base un salario diario de RD$211.00 pesos oro y un tiempo de labores de 4 años y 2 meses; Cuarto: Condena a la parte recurrente Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho del Dr. S.R.P., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”;

Considerando, que la recurrente propone los medios siguientes: Primer Medio: Falta de base legal. Violación de los artículos 1315 y del artículo 2 del Reglamento para la aplicación del Código de Trabajo; Segundo Medio: Violación e interpretación errónea de la ley al fallar en base a una figura del derecho del trabajo, el desahucio, consagrado por los artículos 75 y siguientes del Código de Trabajo, cuando debió tener en consideración la figura del despido que consagran los artículos 87 y siguientes del Código de Trabajo; Tercer Medio: Violación de la ley, violación del artículo 180 del Código de Trabajo;

Considerando, que en el desarrollo de los dos primeros medios propuestos, los que se reúnen para su examen por su vinculación, la recurrente expresa, en síntesis, que la corte a-qua declaró la existencia de un desahucio, frente a una insuficiencia de prueba, basado en una certificación de empleo depositada en fotostática, que no prueba nada sobre los hechos y acontecimientos que constituyeron el desahucio alegado, pues no probó en que momento se produjo la terminación del contrato ni quien la generó; que frente a esa falta de prueba y sin la celebración de ninguna medida de instrucción y siendo la recurrente una empresa autónoma, descentralizada del Estado, se debió acoger la existencia de un despido, cuya consecuencia es menos grave ya que el primero contiene la obligación de pagar unas indemnizaciones abiertas, de acuerdo con el artículo 86 del Código de Trabajo;

Considerando, que en los motivos de la sentencia impugnada consta: “Que la recurrente expone que la documentación depositada no probaba el hecho material del desahucio por tratarse de una fotocopia objetando de esta manera la modalidad de terminación por desahucio. Que ciertamente se trata de una fotocopia el Formulario de Acción de Personal de fecha 16 de diciembre del año 2004 dirigido al señor G.P., que al observar detenidamente el mismo éste es claro y legible; que por demás el recurrente no alegó que existiera alteración en su contenido, no obstante el recurrido depositó el documento original el cual es exactamente igual a la copia atacada por la recurrente, motivos por los que le otorgamos crédito y validez para los fines de este litigio, por lo que constituye una prueba válida; que en virtud de que el recurso de apelación tiene un efecto devolutivo, esta Corte conocerá de nuevo todos los puntos señalados por el recurrente y el recurrido, el cual hizo uso de la prueba documental a través del F. de Acción de Personal de fecha 16 de septiembre del año 2004, que mediante el mismo Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) establece la motivación de la acción, la cual consiste en informarle al señor G.P., “Que esta Dirección Ejecutiva ha decidido rescindir el contrato de trabajo existente entre usted y esta entidad, con efectividad a partir del 16 del mes de septiembre del año 2004”; que en consecuencia se tipifica claramente que la terminación del contrato de trabajo fue una acción emprendida por la voluntad expresa de Autoridad Portuaria Dominicana, que al no alegar causa alguna se considera desahucio, Art. 75 del Código de Trabajo. Que al comprobarse la violación al artículo 79 de la Ley 16-92 el demandado original está obligado al pago de la indemnización establecida en el artículo 76 de la Ley de referencia, de igual modo deberá cumplir con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Trabajo; que la responsabilidad derivada del artículo 69 de la Ley 16-92 impone la obligación de otorgarle fiel cumplimiento al artículo 86 último párrafo de la citada ley; que esta acreencia a favor del demandante original, así como el pago del reclamo de los derechos adquiridos le corresponden por mandato expreso a la ley, que Autoridad Portuaria Dominicana, pretende desconocer su condición de empleador y que en consecuencia no está obligado al pago de prestaciones laborales de sus servidores por ser una entidad del Estado y en virtud del Principio III del Código de Trabajo, pero eso no es así, ya que la Ley núm. 70 de fecha 17 de diciembre del año 1970 la declara como una institución de carácter comercial”; (Sic),

Considerando, que mientras la terminación del contrato de trabajo por despido se caracteriza por ser un derecho que ejerce el empleador cuando entiende que el trabajador ha cometido una falta, la que en un proceso judicial pretende demostrar para librarse del pago de las indemnizaciones laborales, el desahucio, siendo un derecho que puede ser ejercido por ambas partes, se caracteriza porque al ser utilizado por el trabajador o el empleador, éstos no tienen que alegar causa alguna, sólo manifestar su intención de romper la relación contractual;

Considerando, que en vista de ello, en toda terminación del contrato de trabajo, por la voluntad unilateral del empleador, sin imputar ninguna falta al trabajador, ha de verse una terminación producto del uso del desahucio de su parte, salvo que, no obstante no alegar causa en la carta de comunicación del contrato de trabajo, demuestre en el plenario que real y efectivamente la terminación se produjo por un despido, lo que deberá ser ponderado por los jueces del fondo, los cuales tienen facultad para apreciar las pruebas que se les aporten y determinar la verdadera causa de terminación de un contrato de trabajo, así como los demás hechos de la demanda;

Considerando, que por otra parte, los jueces del fondo son soberanos en la apreciación de la prueba, de cuyo examen pueden formar su criterio sobre la solución de los casos puestos a su cargo, lo cual escapa al control de la casación, salvo cuando incurran en alguna desnaturalización;

Considerando, que en la especie, el tribunal a-quo dio por establecido que el contrato de trabajo del recurrido terminó por desahucio ejercido por la actual recurrente, a cuya convicción llegó tras el análisis de las pruebas presentadas por las partes y de manera fundamental el formulario de “Acción de Personal” número 4553, del 16 de septiembre de 2004, depositado en fotocopia, pero confirmado por el original depositado por la actual recurrente, mediante el cual se le expresa al demandante que “Cortésmente se le informa que esta dirección ejecutiva ha decidido rescindir el contrato de trabajo existente entre Ud. y esta entidad”, sin alegar ninguna causa para ello, lo que evidencia la determinación de la empresa de poner fin al contrato de trabajo de que se trata a través de un desahucio, tal como lo decidió el tribunal a-quo, no observándose que al formar su criterio éste incurriera en alguna desnaturalización, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado;

Considerando, que en el desarrollo del tercer medio propuesto la recurrente expresa, que el tribunal a-quo le condenó al pago de 14 días por concepto de vacaciones, a pesar de que el contrato de trabajo terminó en el mes de septiembre de 2004, lo que quiere decir que el demandante sólo había cumplido 9 meses del último año calendario, por lo que el tribunal de primer grado le debió condenar a 10 días por ese concepto, de acuerdo con el artículo 180 del Código de Trabajo;

Considerando, que de acuerdo con el ordinal 1º. del artículo 177 del Código de Trabajo, en el disfrute de sus vacaciones el trabajador recibirá 14 días de salario ordinario, después de un trabajo continuo no menor de un año ni mayor de cinco, compensación económica que se debe pagar al trabajador cuando dejare de ser empleado sin haber disfrutado del periodo vacacional a que tuviere derecho, según prescribe el artículo 182 del Código de Trabajo en su parte in-fine;

Considerando, que el disfrute de ese período vacacional no está sujeto al discurrir de un año calendario, sino a la prestación del servicio ininterrumpidamente durante un año, de donde se deriva que para determinar el mismo no depende del mes en que el contrato de trabajo haya concluido, sino del tiempo transcurrido entre el último período de vacaciones disfrutado y esa terminación;

Considerando, que por su parte, el artículo 16 del Código de Trabajo exime al trabajador de la carga de la prueba sobre los hechos que establecen los documentos que el empleador tiene la obligación de comunicar, registrar y conservar, entre los cuales se encuentran los registros y carteles de vacaciones, debiendo el empleador que pretende que el periodo vacacional que corresponde al demandante es menor que el reclamado, demostrar que éste ha disfrutado de ese derecho en los años anteriores al de la terminación del contrato de trabajo;

Considerando, que como en la especie, el tribunal a-quo dio por establecido que el demandante había prestado sus servicios ininterrumpidos por más de cuatro años, la recurrente, para evitar que la corte a-qua acogiera su pedimento del pago de una compensación de 14 días de salarios por las vacaciones no disfrutadas durante el último año laborado, debió probar que había concedido ese disfrute al recurrido y que sólo les restaba por disfrutar el período correspondiente a los últimos 9 meses laborados, lo que no alega haber hecho, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo el 21 de mayo de 2008, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas y las distrae a favor del Dr. S.R.P., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 10 de noviembre de 2010, años 167° de la Independencia y 147° de la Restauración.

Firmado: P.R.C., J.A.S., E.R.P., D.F.E., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.