Sentencia nº 31 de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Enero de 2011.

Fecha de Resolución:12 de Enero de 2011
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 12/01/2011

Materia: Laboral

Recurrente(s): Instituto de Estabilización de Precios INESPRE

Abogado(s): D.. C.S.J., C.R.M.S.

Recurrido(s): D.R., compartes

Abogado(s): L.. M.L.M., L.. María Ovalles

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), entidad estatal creada mediante la Ley núm. 526, promulgada el 11 de diciembre del año 1969, con domicilio social en la Av. L., esq. 27 de febrero, Zona Industrial de Herrera, Plaza de La Bandera, municipio Santo Domingo Oeste, Provincia de Santo Domingo, de esta ciudad, representada por su director ejecutivo R.J.C., dominicano, mayor de edad, con cédula de identidad y electoral núm. 001-0011112-6, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo el 6 de agosto de 2008, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo el 6 de enero de 2009, suscrito por el Dr. C.M.S.J. y la Dra. Cándida R.M.S., con cédulas de identidad y electoral núms. 001-0829085-9 y 049-0035485-5, respectivamente, abogados del recurrente, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 17 de febrero de 2009, suscrito por los Licdos. M.L.M. y M.F.O.M., con cédulas de identidad y electoral núms. 048-0037319-5 y 001-0122056-4, respectivamente, abogados de los recurridos D.R., P.V. y S.J.;

Visto el auto dictado el 5 de enero de 2011 por el magistrado P.R.C., en funciones de Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a la magistrada E.R.P., Juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 1934;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

La CORTE, en audiencia pública del 1º de diciembre de 2010, estando presentes los Jueces: P.R.C., en funciones de Presidente; J.A.S. y D.O.F.E., asistidos de la Secretaria General y después de haber deliberado los Jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que en ocasión de la demanda laboral interpuesta por los actuales recurridos D.R., P.V. y S.J. contra el recurrente Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo dictó el 23 de marzo de 2007 una sentencia con el siguiente dispositivo: "Primero: Declara buena y válida en cuanto a la forma la demanda laboral por dimisión justificada, incoada por D.R., P.V. y S.J., contra el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), y en cuanto al fondo, la acoge parcialmente y, en consecuencia: a) Declara resuelto el contrato de trabajo que existió entre D.R., P.V. y Santo Jiménez y el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), sin responsabilidad para el empleador, por la dimisión injustificada ejercida por los trabajadores; b) Condena al Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), al pago a D.R., equivalente a la suma de Seis Mil Cuatrocientos Doce Pesos con Sesenta y Siete Centavos (RD$6,412.67), P.V., equivalente a la suma de Seis Mil Cuatrocientos Doce Pesos con Sesenta y Siete Centavos (RD$6,412.67 y S.J.D. De la Rosa, equivalente a la suma de Seis Mil Cuatrocientos Doce Pesos con Sesenta y Siete Centavos (RD$6,412.67), por concepto de derechos adquiridos, a favor de los trabajadores demandantes; c) Ordena que al momento de la ejecución de la sentencia sea aplicada la variación en el valor de la moneda, en base al índice general de precios al consumidor, provisto al efecto por el Banco Central de la República Dominicana, acumulado desde el día veintiuno (21) del mes de abril del año dos mil cinco (2005); Tercero: Condena al Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho del Dr. M.L.M., abogado que afirma haberlas avanzado en su totalidad"; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo reza así: "Primero: Declara, en cuanto a la forma, bueno y válido el recurso de apelación incoado por los señores D.R., P.V. y S.J., en contra de la sentencia número 00468-2007 de fecha 23 de marzo de 2007, dada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, en sus atribuciones laborales, por ser conforme a derecho; Segundo: Declara, en cuanto al fondo, que; a) Acoge parcialmente el recurso para admitir las demandas interpuestas en reclamación del pago de de proporción del salario de Navidad del año 2004 y salarios pendientes, por ser justas y reposar en pruebas legales y b) la confirma en todos los demás aspectos; Tercero: Condena al Instituto de Estabilización de Precios a pagar, en adición a los valores ya reconocidos, los valores y por los conceptos que se indican favor de: a) Señor D.R., RD$2,250.02 por proporción del salario de Navidad del año 2005 y RD$75,000.00 por los salarios pendientes (En total son: Setenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta Pesos Dominicanos con Dos Centavos RD$77,250.02), calculados en base a un salario mensual de RD$10,000.00 y a un tiempo de labores de 10 meses; b) P.V., RD$2,250.02 por proporción del salario de Navidad del año 2005, RD$60,000.00 por indemnización supletoria por dimisión justificada y RD$75,000.00 por salarios pendientes (En total son: Sesenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta Pesos Dominicanos con Dos Centavos RD$62,250.02), calculados en base a un salario mensual de RD$10,000.00 y a un tiempo de labores de 9 meses; y c) S.J., RD$2,250.02 por proporción del salario de Navidad del año 2005, RD$60,000.00 por indemnización supletoria por dimisión justificada y RD$75,000.00 por salarios pendientes (En total son: Sesenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta Pesos Dominicanos con Dos Centavos RD$62,250.02), calculados en base a un salario mensual de RD$10,000.00 y a un tiempo de labores de 9 meses; Cuarto: Dispone la indexación de éstos valores; Quinto: Compensa entre las partes en litis el pago de las costas del proceso";

Considerando, que el recurrente propone en apoyo de su recurso los siguientes medios de casación: Primer Medio: Violación al III Principio, parte in fine del Código de Trabajo; Segundo Medio: Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; Tercer Medio: Desconocimiento y desnaturalización de los hechos;

Considerando, que en el desarrollo del primer medio propuesto, el recurrente expresa, en síntesis: que de conformidad con las prescripciones del III Principio Fundamental del Código de Trabajo, es improcedente que se le haya condenado al pago de prestaciones laborales, por tratarse de una institución del Estado, que no es una empresa de carácter comercial, sino una facilitadora de mercancías agropecuarias con la finalidad de mantener la estabilidad de los precios, que no tiene como objetivo la obtención de beneficios, como se desprende de su ley orgánica, lo que no fue tomado en cuenta por el tribunal a-quo;

Considerando, que con relación a lo precedente la sentencia impugnada expresa: que la existencia de los contratos de trabajo de modalidad indefinida entre las partes, tiempos de duración y los montos de los salarios no han sido objeto de contestación entre las partes, así como las formas de la terminación, por lo que en consecuencia estos aspectos han sido admitidos y por lo tanto esta corte los da como establecidos; que por ante este grado las controversias que existen entre las partes son, en síntesis, la existencia o no de una causa justa para la dimisión, la procedencia o no del pago de los derechos adquiridos, de la proporción del salario de navidad del año 2005 y de salarios pendientes;

Considerando, que independientemente de que tal como se observa en la sentencia impugnada, el recurrente no objetó su condición de empleador ante los jueces del fondo, lo que le impide hacerlo por primera vez en casación, y conviene precisar, que el III Principio Fundamental del Código de Trabajo dispone que: "No se aplica a los funcionarios y empleados públicos, salvo disposición contraria de la presente ley o de los estatutos especiales aplicables a ellos. Tampoco se aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; sin embargo, se aplica a los trabajadores que prestan servicios en empresas del Estado y en sus organismos oficiales autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o de transporte";

Considerando, que del análisis de ese texto legal se deriva que a pesar de que una institución autónoma del Estado no tenga carácter industrial, comercial, financiero o de transporte, es posible la aplicación del Código de Trabajo o parte de éste en las relaciones de la institución y las personas que le presten sus servicios personales, cuando su ley orgánica o cualquier estatuto que lo regule, así lo disponga;

Considerando, que no obstante haber sido creado el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), como una institución del Estado, cuyo objetivo principal es "el de regular los precios de productos agropecuarios, cuando la situación de dichos productos en el mercado nacional, a juicio del Instituto, lo requiera", estando obligado a promover "el mantenimiento de las condiciones más favorables a la estabilidad y desarrollo gradual de las actividades agropecuarias del país mediante una política coordinada de los programas de precios mínimos y máximos almacenamientos y conservación adecuada de dichos productos y del sistema crediticio agropecuario, que proteja al producto de las fluctuaciones estacionales, contribuya eficazmente al desarrollo de una sólida economía y que finalmente aseguren a las instituciones bancarias y de fomento, hasta donde sea posible, la recuperación de sus créditos", lo que descarta toda idea de que su carácter sea comercial; la ley 526, del 11 de diciembre del 1969, a la cual debe su creación, dispone en sus artículos 30 y 31, que si alguna dependencia del Banco Agrícola de la República Dominicana "es traspasada al Instituto, los funcionarios y empleados que constituyan el personal de los mismos, no recibirán prestaciones laborales a la fecha del traspaso; sin embargo, el Instituto les reconocerá todo el tiempo que hayan trabajado en dicha institución para los fines de pago de las prestaciones laborales que les correspondieran en caso de despido". Asimismo el artículo 8, del Reglamento del Plan de Retiros y Pensiones del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) del 3 de julio de 1980, dispone que la institución podrá otorgar "préstamos personales con garantía de sus aportes realizados al plan, prestaciones laborales y proporción del sueldo devengado hasta la fecha de su separación del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), a favor de los funcionarios y empleados del Instituto que acrediten un mínimo de seis meses de servicio en el Instituto", mientras que el artículo 26 de dicho reglamento prescribe, que: "Todo funcionario o empleado que sea retirado del Instituto sin haber adquirido derecho a una pensión o que sea despedido por causas no delictuosas o que renuncie del Instituto, independientemente de las prestaciones laborales a las cuales tenga derecho….";

Considerando, que las anteriores disposiciones son normas jurídicas que evidencian la determinación del legislador y del Consejo Directivo de INESPRE de pagar a sus servidores prestaciones laborales en el caso de terminación de sus contratos con responsabilidad para la institución, las que deben ser tomadas en cuenta por los tribunales judiciales al momento de decidir cualquier acción en reclamación de prestaciones laborales contra la misma, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado;

Considerando, que en el desarrollo de los medios segundo y tercero, reunidos para su examen por su relación, el recurrente expresa, en síntesis: que la sentencia carece de motivaciones que justifiquen lo decidido, en violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo probado los demandantes que la dimisión fuera justificada, por lo que debió ser declarada injustificada;

Considerando, que cuando un trabajador invoca para justificar su dimisión, la violación de un derecho que es consustancial al contrato de trabajo, como lo es el pago de salarios, vacaciones y el salario navideño, que a la vez constituyen obligaciones ineludibles de todo empleador, le basta demostrar la existencia del contrato de trabajo, correspondiendo al empleador la prueba de haberse liberado de esas obligaciones;

Considerando, que en la especie, los trabajadores demandantes invocaron como fundamento de su dimisión que el empleador no cumplía con su obligación de concederle esos derecho, por lo que al no haber discutido el actual recurrente la existencia del contrato de trabajo, dado por establecido por la corte a-qua, era a él a quien competía hacer la prueba de su liberación, lo que dicha Corte comprobó que no hizo, resultando correcta su decisión de declarar justificadas las dimisiones de que se trata, para lo cual da motivos suficientes y pertinentes, que permiten a esta Corte de Casación verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y en consecuencia rechazado el presente recurso.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo el 6 de agosto de 2008, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas, con distracción de las mismas a favor de los Licdos. M.L.M. y M.F.O.M., abogados, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 12 de enero de 2011, años 167° de la Independencia y 148° de la Restauración.

Firmado: P.R.C., J.A.S., E.R.P., D.F.E., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.