Sentencia nº 36 de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Enero de 2011.

Fecha de Resolución12 de Enero de 2011
EmisorTercera Sala

Fecha: 12/01/2011

Materia: Laboral

Recurrente(s): Industrias San Miguel del Caribe, S. A.

Abogado(s): Dr. M.N.D., L.. A.G.V.

Recurrido(s): A.A.M.P., compartes

Abogado(s): D.. Puro A.P.J., A.A.T. de los Santos

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Industrias San Miguel del Caribe, S.A., sociedad de comercio, organizada de conformidad con las leyes dominicanas, con domicilio social en la carretera de Santiago Rodríguez-Mao, km. 6, C., municipio San Ignacio de Sabaneta, provincia S.R., representada por Z.J.A., de nacionalidad peruana, con pasaporte núm. 2572296, domiciliado y residente en la ciudad de S.R., contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 23 de diciembre de 2008, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. W.E.B., abogado de los recurridos A.A.M.P. y compartes;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 23 de diciembre de 2008, suscrito por el Dr. M.E.N.D. y la Licda. A.G.V., con cédulas de identidad y electoral núms. 001-0096376-8 y 001-0077677-2, respectivamente, abogados de la recurrente, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 31 de julio de 2009, suscrito por los Dres. Puro A.P.J. y A.A.T. de los Santos, con cédulas de identidad y electoral núms. 023-0055583-2 y 023-0065472-6, respectivamente, abogados de los recurridos A.A.M.P., J.J.C.C., C.A.A.M. y M.E.M.P.;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

La CORTE, en audiencia pública del 28 de julio de 2010, estando presentes los Jueces: P.R.C., en funciones de Presidente; J.A.S., E.R.P. y D.O.F.E., asistidos de la Secretaria General y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que en ocasión de la demanda laboral interpuesta por los actuales recurridos A.A.M.P., J.J.C.C., C.A.A.M. y M.E.M.P. contra la recurrente Industrias San Miguel del Caribe, S.A., el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Romana dictó el 2 de junio de 2008 una sentencia con el siguiente dispositivo: "Primero: Acoge el medio de inadmisión planteado por la parte demandada en cuanto a la solicitud de declaratoria de prescripción, en consecuencia inadmisible, la demanda en reclamación de prestaciones laborales por dimisión justificada, daños y perjuicios por la no inscripción en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), violación a la Ley núm. 1896, en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, no pago de Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), violación a la Ley núm. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, interpuesta por los nombrados A.A.M.P., J.J.C.C., C.A.A.M. y M.E.M.P., en contra de Industrias San Miguel del Caribe, S. A. (Kola Real), por haberse comprobado que se hizo fuera de los plazos establecidos por los artículos 98 y 702 del Código de Trabajo, en consecuencia declara la misma inadmisible por prescripción; Segundo: Condena a los señores A.A.M.P., J.J.C.C., C.A.A.M. y M.E.M.P., parte demandante al pago de las costas del proceso y se ordena su distracción en beneficio y provecho de los abogados de la parte demandada Dres. M.N.D. y A.G.V., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; Tercero: C. al ministerial D.C.V., Alguacil Ordinario del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Romana, para que notifique la presente sentencia"; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo dice así: "Primero: Que debe declarar, como al efecto declara bueno y válido, en cuanto a la forma, el presente recurso de apelación, por haber sido hecho de conformidad con los términos de la ley que rige la materia; Segundo: Que debe rechazar, como al efecto rechaza, por improcedente, mal fundada y carente de base legal, la solicitud de inadmisibilidad de la demanda por prescripción de la acción, formulada por la parte recurrida; Tercero: En cuanto al fondo, debe revocar, como al efecto revoca, en todas sus partes, la sentencia recurrida núm. 132/2008 de fecha dos (2) de junio del dos mil ocho (2008), dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Romana, por improcedente, mal fundada y carente de base legal por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión, y en consecuencia, actuando por propia autoridad y contrario imperio, declara que existió contrato de trabajo entre los señores A.A.M.P., J.J.C.C., C.A.A.M. y M.E.M.P. y la empresa Industrias San Miguel del Caribe, S. A. (Kola Real), de los regidos por el artículo 1° del Código de Trabajo vigente en la República Dominicana, los que finalizaron por causa de dimisión justificada ejercida por los trabajadores recurrentes y con responsabilidad para la empresa recurrida; Cuarto: Que debe condenar, como al efecto condena, a Industrias San Miguel del Caribe, S. A. (Kola Real), a pagar a cada uno de los trabajadores recurrentes las prestaciones laborales y derechos adquiridos siguientes: A.A.M.P., tiempo: 1 año y 11 meses y 22 días, salario: RD$23,330.00 quincenales; 28 días de preaviso a razón de RD$1,958.04 diarios = RD$54,825.12; 34 días de cesantía a razón de RD$1,958.04 diarios = RD$66,573.36; 14 días de vacaciones a razón de RD$1,958.04 diarios = RD$27,412.56; salario de navidad correspondiente al año 2006 = RD$37,587.22. Total RD$186,398.26; C.A.A.M., tiempo: 1 año y 11 meses y 22 días, salario: RD$23,330.00 quincenales: 28 días de preaviso a razón de RD$1,958.04 diarios = RD$54,825.12; 34 días de cesantía a razón de RD$1,958.04 diarios = RD$66,573.36; 14 días de vacaciones a razón de RD$1,958.04 diarios = RD$27,412.56; salario de navidad correspondiente al año 2006 = RD$37,587.22. Total RD$186,398.26; J.J.C.C.: tiempo: 1 año y 6 meses y 3 días, salario: RD$23,330.00 quincenales: 28 días de preaviso a razón de RD$1,958.04 diarios = RD$54,825.12; 34 días de cesantía a razón de RD$1,958.04 diarios = RD$66,573.36; 14 días de vacaciones a razón de RD$1,958.04 diarios = RD$27,412.56; salario de Navidad correspondiente al año 2006 = RD$37,587.22; Total RD$186,398.26. M.E.M.P.: tiempo 1 año y 11 meses y 22 días, salario: RD$23,330.00: 28 días de preaviso a razón de RD$1,958.04 diarios = RD$54,825.12; 34 días de cesantía a razón de RD$1,958.04 diarios = RD$66,573.36; 14 días de vacaciones a razón de RD$1,958.04 diarios = RD$27,412.56; salario de navidad correspondiente al año 2006 = RD$37,587.22. Total RD$280,012.02 (Doscientos Ochenta Mil Doce Pesos con 02/100); a favor de cada uno de los recurrentes por aplicación de las disposiciones del artículo 95 ordinal 3ro. del Código de Trabajo vigente; Quinto: Que debe ordenar, como al efecto ordena a Industrias San Miguel del Caribe, S. A. (Kola Real), pagar a favor de cada uno de los trabajadores recurrentes la suma de RD$11,740.50 (Once Mil Setecientos Cuarenta Pesos con 50/100), por concepto de seis (6) días de salarios dejados de pagar; Sexto: Que debe condenar, como al efecto condena, a Industrias San Miguel del Caribe, S. A. (Kola Real), pagar a cada uno de los trabajadores recurrentes, la suma de RD$92,027.88 (Noventa y Dos Mil Veintisiete Pesos con 88/100), por concepto de salarios dejados de pagar como consecuencia de la suspensión ilegal de los efectos de los contratos de trabajo; S.: Que debe declarar, como al efecto declara, en cuanto a la forma buena y válida la demanda en reclamación de daños y perjuicios por la no inscripción en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (IDSS) y en cuanto al fondo, debe condenar, como al efecto condena, a Industrias San Miguel del Caribe, S. A. (Kola Real), a pagar a favor de cada uno de los trabajadores recurrentes, la suma de RD$20,000.00 (Veinte Mil Pesos con 00/100) como justa reparación de los daños y perjuicios causados con esa acción; Octavo: Que debe condenar, como al efecto condena, a Industrias San Miguel del Caribe, S. A. (Kola Real), al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho del Dr. Puro A.P.J., quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte; Noveno: Que debe comisionar, como al efecto comisiona, al ministerial R. delG., alguacil ordinario de esta corte y en su defecto a cualquier alguacil competente para la notificación de la presente sentencia";

Considerando, que la recurrente invoca los siguientes medios de casación: Primer Medio: Desnaturalización de los hechos, de los documentos y de otras pruebas aportadas y desnaturalización de las disposiciones del artículo 702 del Código de Trabajo; Segundo Medio: Violación de las disposiciones del artículo 98 del mismo código;

Considerando, que en el desarrollo de los dos medios propuestos, los que se reúnen para su examen por su vinculación, la recurrente expresa, en síntesis, que mediante los documentos depositados demostró que los demandantes no eran trabajadores de ella, sino que eran transportistas, pero la corte a-qua desnaturalizó los hechos al decir que la empresa reconoció en sus escritos que los hoy recurridos asumían la obligación de prestar servicios de transporte de mercancías, específicamente refrescos de la marca Kola Real, lo que es falso, pues su posición siempre fue la negación de los contratos de trabajo; que lo mismo hace al establecer un supuesto salario a favor de los reclamantes y a esos fines se basa en los comprobantes fiscales de proveedores informales, los vaucher y certificados de retención aportados por la empresa, lo que lejos de establecer un salario dan constancia de la prestación de servicios de transportes independientes; que de igual manera desnaturaliza los hechos al dar por establecido que los contratos terminaron el 7 de diciembre de 2007 y que los contratos estuvieron suspendidos desde el 20 de octubre de 2007, cuando realmente en esa última fecha fue que se les puso término a los mismos, lo que quedó confirmado con el hecho de que en fechas 21 y 22 de octubre, los recurridos se dirigieron a la Secretaría de Estado de Trabajo a fines de que le calcularan las prestaciones laborales, que a su juicio, les correspondían, también por las declaraciones de C.A.A.M., uno de los demandantes, quien en sus declaraciones afirmó que desde el día 20 de octubre de 2007, fecha en que se les informó la terminación de los contratos, no prestaron más servicios a la empresa; que no fue producto de un despido que los contratos terminaron, pues no se trataba de contratos de trabajo, sino de una relación regida por el Código Civil, pero de todas formas ya para la fecha en que los demandantes interpusieron las demandas, el plazo establecido en el artículo 702 del Código de Trabajo, para esos fines, había prescrito; que de igual manera se violó el artículo 98 del Código de Trabajo, al dar por establecida una dimisión el día 7 de diciembre de 2007, a pesar de haberse demostrado por varios documentos y el reconocimiento de ambas partes, de que los demandantes no prestaron más sus servicios desde el 20 de octubre de 2007, cuando su relación concluyó y sí pretendieron que los contratos no terminaron ese día, y que lo que hubo fue una suspensión ilegal, debieron presentar dimisión antes de transcurrir el plazo de 15 días establecido en Código de Trabajo para ejercer la dimisión, que no puede haber dimisión cuando ya el contrato de trabajo ha terminado;

Considerando, que en sus motivos la sentencia impugnada expresa lo siguiente: "Que no ha sido controvertido el hecho de que los señores A.A.M.P., J.J.C.C., C.A.A.M. y M.E.M.P., prestaron servicios personales para la empresa Industrias San Miguel del Caribe, S.A., pues éstos afirman que laboraban para ésta como distribuidores de refrescos de la marca Kola Real, cuestión que no ha sido controvertida por la empleadora, pues ésta lo confirma cuando dice, en su escrito de defensa que: A que los Sres. J.J.C.C., A.M., C.A. y M.M., propietarios de camiones de carga e Industrias San Miguel del Caribe, S.A., existieron cuatro contratos de transporte de mercancías, según los cuales dichos señores, a cambio del pago de una suma determinada, según la carga transportada, asumían la obligación de prestar servicios de transporte de mercancía, específicamente, refrescos de cola de la marca Kola Real, fabricados por Industrias San Miguel del Caribe, S.A., en consecuencia, de ello establecida la prestación del servicio personal, de los recurrentes a la recurrida, esta última empresa Industrias San Miguel del Caribe, S.A., deberá probar que en esa prestación de servicio personal no existió contrato de trabajo entre los recurrentes y la recurrida; que del estudio de las piezas aportadas al expediente por la recurrida, Industrias San Miguel del Caribe, S.A., esta corte ha arribado a la conclusión de que sí existió contrato de trabajo por tiempo indefinido entre los trabajadores recurrentes señores A.A.M.P., C.A.A.M., J.J.C.C. y M.E.M.P., ello así porque ninguna de las referidas documentaciones revelan que los indicados señores realizaban una labor independiente, sin subordinación a la recurrida, más bien, ponen de manifiesto que los referidos trabajadores realizaban una labor bajo la subordinación de la recurrida y que por naturaleza satisfacían necesidades normales, constantes y uniformes de la empresa, todas vez que los trabajadores recurridos prestaban servicios como distribuidores de refrescos cola, de la marca Kola Real, producto fabricado y distribuido por la recurrida. Si bien es cierto, que no ha sido controvertido el hecho de que los trabajadores recurrentes eran los propietarios de los camiones en los que distribuían la mercancía, no menos cierto es que éstos realizaban de manera personal esa distribución, bajo la subordinación de la empleadora y a cambio de remuneración, caracterizada esa labor por los tres elementos fundamentales del contrato de trabajo, la prestación del servicio personal, la remuneración o salario y la subordinación; que ciertamente, el día 20 de octubre de 2007 se interrumpió el contrato de trabajo que existió entre los trabajadores recurrentes y la empresa recurrida; pero, como los trabajadores alegan que en esa fecha la empleadora les comunicó que estaban parados hasta nuevo aviso y pusieron término al contrato de trabajo por la dimisión ejercida el día 7 de diciembre de 2007, luego de haber comunicado a la empleadora mediante Acto de Alguacil núm. 321-07 de fecha 29 de noviembre de 2007, del ministerial F.F.C., alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, intimación para que en el plazo de un (1) día franco pagara salarios adeudados, por concepto de suspensión ilegal de los contratos de trabajo; que como la corte sólo cuenta como prueba de la terminación de los contratos de trabajo la dimisión presentada por los trabajadores, hecha ante la Representación Local de Trabajo de La Romana, comunicada al empleador por acto de alguacil de fecha siete (7) de diciembre de 2007, del ministerial anteriormente señalado, siendo que la empleadora es la que alega que en fecha 20 de octubre de 2007 lo que produjo la finalización de los contratos que le unían con cada uno de los trabajadores mediante el ejercicio del despido, es a ella a quien corresponde demostrar ese hecho y la corte, acerca de la ocurrencia del hecho material del despido, sólo cuenta con las argumentaciones de la recurrida, las que no pueden ser tomadas como prueba concluyente del hecho, por ser las declaraciones sólo de una parte, ya que lo contrario sería permitir a una de ellas preparar sus propias pruebas. En consecuencia, no habiendo probado la empleadora, por ninguno de los medios que la ley pone a su disposición la ocurrencia del despido que alega, la corte tendrá como fecha en que finalizaron los contratos de trabajo que ligaron a las partes, el día siete (7) del mes de diciembre de 2007, fecha en que los trabajadores pusieron fin a dichos contratos de trabajo por medio de la dimisión";

Considerando, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 del Código de Trabajo, se presume la existencia del contrato de trabajo en toda relación laboral personal, lo que queda establecido cuando el que lo invoca demuestra haber prestado sus servicios personales a otra persona, ocurrido lo cual, corresponde al que niega la relación obrero patronal, demostrar, que la vinculación con el demandante es producto de otro tipo de relación contractual;

Considerando, que si bien, es común que el empleador facilite al trabajador los instrumentos necesarios para que éste preste su servicio personal, el hecho de que quien presta el servicio utilice instrumentos o medios de su propiedad para cumplir con sus obligaciones, no descarta la existencia del contrato de trabajo, habida cuenta de que no es ese el elemento determinante para la conformación de un contrato de trabajo, sino que como consecuencia del mismo, el trabajador realice una labor subordinada a cambio de una remuneración;

Considerando, que por otra parte, la suspensión ilegal del contrato de trabajo genera un estado de faltas, sucesivo a cargo del empleador, que permite al trabajador afectada o poner termino a la relación contractual en cualquier momento mientras dure el estado de faltas, ya que el plazo de 17 días de que disfrutan los trabajadores para ejercer la dimisión, en estos casos, no se comienza a computar el día en que se inicia la violación, sino que se mantiene vigente mientras dure la misma;

Considerando, que cuando el empleador alega que la dimisión del trabajador es inexistente por haberse producido después de la conclusión del contrato de trabajo, le corresponde demostrar el momento de esa terminación y las circunstancias que la generaron, en ausencia de lo cual el tribunal deberá dar por cierta la fecha de la dimisión ejercida por el tribunal;

Considerando, que corresponde a los jueces del fondo establecer los hechos y elementos arriba indicados, para lo cual disponen de un poder de apreciación de las pruebas sobre las pruebas aportadas;

Considerando, que en la especie, el tribunal a-quo da motivos suficientes y pertinentes para sustentar su criterio de que entre las partes existieron varios contratos de trabajo, al demostrar los demandantes la prestación de sus servicios personales a la demandada, bajo la dirección de ésta y que los mismos terminaron el día 7 de diciembre de 2007, cuando los trabajadores ejercieron su derecho a dimisión por faltas cometidas en su perjuicio por la actual recurrente y cuya existencia el tribunal dio por establecida al apreciar las pruebas que le fueron aportadas, sin que se advierta que incurriera en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y rechazado el presente recurso.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Industrias San Miguel del Caribe, S.A., contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 23 de diciembre de 2008, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas y las distrae a favor de los Dres. Puro A.P.J. y A.A.T. de los Santos, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 12 de enero de 2011, años 167° de la Independencia y 148° de la Restauración.

Firmado: P.R.C., J.A.S., E.R.P., D.F.E., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.