Sentencia nº 99 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Enero de 2009.

Fecha de Resolución:28 de Enero de 2009
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 28/01/2009

Materia: Laboral

Recurrente(s): Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. CODETEL, Anteriormente Verizon Dominicana, C. por A.

Abogado(s): L.. F.Á.V., D.. T.H.M., E.S.F.

Recurrido(s): R.G.

Abogado(s):

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por la Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. - Codetel -(Anteriormente Verizon Dominicana, C. por A.), entidad de comercio, constituida de conformidad con las leyes de la República, con domicilio social en la Av. J.F.K. núm. 54, de esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional el 20 de marzo de 2007, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. G.F., en representación de los Licdos. B.U.B. y J.A.L.L., abogados del recurrido R.G.;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional el 2 de abril de 2007, suscrito por el Lic. F.A.V. y los Dres. Tomas H.M. y E.S.F., con Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0084616, 001-0198064-7, 001-1127189-6, respectivamente, abogados de la recurrente, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 10 de mayo de 2007, suscrito por los Licdos. J.A.L.L. y B.U.B., con Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0078672-2 y 001-1155585-6, respectivamente, abogados del recurrido;

Visto la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 21 de octubre del 2002, que acoge la inhibición presentada por el Dr. J.A.S., Juez de esta cámara, la cual contiene el dispositivo siguiente: “Unico: Acoge la inhibición propuesta por el Dr. J.A.S., Juez de la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, para integrar la misma en el caso de que se trata”;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

La CORTE, en audiencia pública del 2 de julio de 2008, estando presentes los Jueces: J.L.V., P.; E.R.P., D.O.F.E. y P.R.C., asistidos de la Secretaria General y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que en ocasión de la demanda laboral interpuesta por el actual recurrido R.G. contra la recurrente Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A., la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional dictó el 31 de marzo de 2006 una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Se acoge la presente demanda en cobro de prestaciones laborales y derechos adquiridos por causa de despido injustificado, incoada por R.G. en contra de Verizon Dominicana, S.A., por los motivos expuestos; Segundo: Se declara resuelto el contrato de trabajo que existía entre el demandante R.G. y la demandada Verizon Dominicana, S.A., por causa de despido injustificado; Tercero: Se condena a la parte demandada Verizon Dominicana, S.A., a pagarle a la parte demandante R.G. los valores siguientes: 28 días de preaviso, ascendentes a la suma de Treinta y Ocho Mil Dos Pesos Oro con 68/00 (RD$38,002.68); 30 días de cesantía, antes del año 1992, ascendentes a la suma de Treinta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos Oro con 30/00 (RD$38,574.30); 299 días de cesantía, ascendentes a la suma de Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos Oro con 19/00 (RD$384,457.19); 18 días de salario ordinario por concepto de vacaciones, ascendentes a la suma de Veintitrés Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos Oro con 58/00 (RD$23,144.58); proporción del salario de Navidad, igual a la cantidad de Treinta Mil Seiscientos Cuarenta y Un Pesos Oro con 00/00 (RD$30,641.00) y participación en los beneficios de la empresa, ascendente a la suma de Setenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Ocho Pesos Oro con 60/00 (RD$77,148.60); la suma de Sesenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Dos Pesos Oro con 00/00 (RD$61,282.00) por concepto de los meses de salario transcurridos entre la fecha de la presente demanda y la sentencia que nos ocupa, por concepto del ordinal tercero del artículo 95 del Código de Trabajo; para un total de Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta Pesos Oro con 35/00 (RD$653,250.35); todo en base a un salario mensual de Treinta Mil Seiscientos Cuarenta y Un Pesos Oro Dominicanos con 00/00 (RD$30,641.00) y un tiempo laborado de dieciséis (16) años; Cuarto: Se comisiona al M.P. De la Cruz Manzueta, Alguacil Ordinario de la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, para notificar la presente sentencia; Quinto: Se condena a la parte demandada Verizon Dominicana, S.A., al pago de las costas del procedimiento, ordenándose su distracción a favor y provecho de los Licdos. B.U. y J.L.; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo se expresa así: “Primero: Declara bueno y válido en cuanto a la forma el presente recurso de apelación interpuesto por Verizon Dominicana, C. por A., contra la sentencia de fecha 31 de marzo del año 2006, dictada por la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por haber sido hecho conforme a derecho; Segundo: Rechaza en cuanto al fondo dicho recurso de apelación, y en consecuencia confirma en todas sus partes la sentencia impugnada, la cual contiene condenaciones sobre las que se tendrá en cuenta la variación del valor de la moneda, contenidas en el artículo 537 del Código de Trabajo; Tercero: Condena a Verizon Dominicana, C. por a., al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción en beneficio de los Licdos. J.L. y B.U.B., quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte”;

Considerando, que la recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios; Primer Medio: Falta de base legal y ausencia de motivación. Violación al derecho de defensa por la no ponderación de la prueba aportada y por la inobservancia y desconocimiento del artículo 541 de la Ley núm. 16-92, del 29 de mayo de 1992, (Código de Trabajo de la República Dominicana) y el artículo 9 de la Ley núm. 126-02 sobre Comercio Electrónico; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa y Violación a la ley;

Considerando, que en los medios primero y segundo de su recurso de casación, los cuales se reúnen para su estudio por su vinculación, la recurrente alega, en síntesis: que la sentencia impugnada confirma en todas sus partes la decisión dictada en primera instancia, la cual declaró injustificado el despido realizado por Codetel, condenando a ésta al pago de RD$653,250.35, por concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos; que la Corte a-qua al dictar su sentencia motiva, en base a la supuesta ausencia de pruebas para justificar el despido, pero descarta las pruebas aportadas por Codetel en fecha 21 de febrero de 2006 ante el primer grado, punto este suficiente para determinar la ausencia de motivos; que de haberse tomado en consideración los documentos de referencia otro hubiese sido el fallo; dice además la recurrente que de igual forma incurrieron los jueces en la falta de base legal, ya que no especificaron exactamente cuales fueron los elementos contradictorios en el testimonio del Ing. V.H.M. en su calidad de experto en informática, pues éste nunca se contradijo en sus declaraciones, y si la Corte entendió que existían contradicciones en las mismas, así debió hacerlas constar; alega además que la Corte a-qua viola el artículo 9 de la Ley núm. 126-02 sobre Comercio Electrónico, pues los jueces decidieron unilateralmente restar de toda validez jurídica los mensajes y reportes electrónicos de datos generados por el computador del trabajador, los que contenían pruebas electrónicas de sus acciones reñidas con el reglamento interno de trabajo; y, finalmente que la Corte a-qua desnaturalizó las declaraciones del Ing. V.H.M., en el sentido de que ningún otro empleado podía tener acceso a su usuario o perfil previamente asignado al trabajador, de manera de que se podía poner en duda si otra persona puso o recogió los documentos pornográficos en el computador del ex -trabajador R.G.;

Considerando, que en los motivos de la sentencia impugnada consta: “que a los fines de establecer los hechos en que se fundamenta el presente despido, reposan en la sentencia impugnada las declaraciones del Sr. V.H.M., testigo a cargo de la empresa, las cuales no serán tomadas en cuenta por este tribunal en vista de que presentan elementos contradictorios, así como circunstancias que restan credibilidad a las mismas, pues dicho testigo, después de señalar que ninguna otra persona tenía acceso al computador del Sr. R.G., admitió que él mismo hizo una investigación en ese mismo equipo sin el conocimiento y presencia de dicho señor; del mismo modo no le será tomado en cuenta el manejo electrónico fechado del 29 de diciembre del 2005, en vista de que el mismo ha sido confirmado por el testigo V.M., cuyas declaraciones esta Corte ha excluido precedentemente”; y agrega “que las declaraciones de las partes no pueden fundamentar por sí mismas los hechos que le beneficien; pero aún así, es de resaltar que las declaraciones del representante de la empresa por ante esta Corte, R.A.A.S., se remiten a terceras personas, que fueron las que realmente tuvieron contacto directo con los hechos debatidos, razón por la cual tampoco han sido tomadas en cuenta al momento de adoptar el presente fallo”; y por último “que en ese orden de ideas, la empresa no ha probado los hechos en que fundamenta el despido alegado, pues no se ha establecido, más allá de cualquier duda razonable, que el Sr. R.G. haya utilizado los equipos de cómputos de la empresa para grabar u observar material pornográfico en horas de trabajo, razón por la cual procede la confirmación de la sentencia impugnada”;

Considerando, que la recurrente aduce en su memorial introductivo del presente recurso, que la sentencia recurrida se encuentra viciada, esencialmente, por la no ponderación de la prueba aportada, violación de la ley y desnaturalización de los hechos de la causa; pero,

Considerando, que del estudio y ponderación de la decisión recurrida puede apreciarse que la Corte a-qua hace un análisis ponderado de las pruebas aportadas por la recurrente, para determinar muy particularmente, mediante el testimonio ofrecido por el Sr. V.H.M., testigo a cargo de la empresa, que él mismo se contradice en forma notoria en sus declaraciones, pues como señala la Corte, dicho testigo, después de señalar que ninguna otra persona tenía acceso al computador del Sr. R.G., admitió que él mismo hizo una investigación en dicho equipo, sin el conocimiento y presencia de éste, en otras palabras, que un testimonio de tal naturaleza, es decir, contradictorio en su esencia, lo hace inaceptable para probar los hechos que podrían justificar el despido de que fue objeto el recurrido;

Considerando, que por otra parte la Corte a-qua además desestima por falta de credibilidad las declaraciones del representante de la empresa por ente esa Corte, S.A.A.S., pues dicho testimonio se remite a terceras personas que fueron las que tuvieron contacto directo con los hechos debatidos, razones suficientes para rechazar dicha deposición;

Considerando, que en cuanto al alegato de desnaturalización de los hechos de la causa, es criterio constante de esta Corte, que no hay desnaturalización cuando un tribunal aprecia que no existen los elementos probatorios necesarios para el establecimiento de un hecho específico, haciendo uso del poder soberano de apreciación de que gozan los jueces del fondo, pues este vicio consiste en alterar o cambiar en la sentencia el sentido claro y evidente de un hecho de la causa, lo que no ha ocurrido en la especie;

Considerando, que en cuanto al aspecto de la violación de la ley, la recurrente alega, que la Corte a-qua ha violado las disposiciones del artículo 9 de la Ley núm. 126-02 sobre Comercio Electrónico, pero del examen de la sentencia impugnada se desprende que los jueces del fondo, en modo alguno, contradicen las disposiciones de la referida ley, pues, lo que destaca la Corte es que no existe la certeza de que la información que origina el despido haya sido obra del recurrido, por las razones y motivaciones que sustentan la no admisión del testimonio del Sr. V.H.M., quien es un empleado de la empresa recurrente, al que la Corte no estimó confiable;

Considerando, que por demás, la sentencia impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y en consecuencia rechazado el presente recurso.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A., contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional el 20 de marzo de 2007, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas, con distracción de las mismas a favor de los Licdos. J.A.L.L. y B.U.B., abogados, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 28 de enero de 2009, años 165° de la Independencia y 146° de la Restauración.

Firmado: J.L.V., E.R.P., D.F.E., P.R.C., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.