Sentencia nº 113 de Suprema Corte de Justicia, del 13 de Mayo de 2009.

Fecha de Resolución:13 de Mayo de 2009
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 13/05/2009

Materia: Laboral

Recurrente(s): M.G.R.

Abogado(s): L.. M.M.C.E.

Recurrido(s): Vendollar Dominicana, S.A., El Dolarazo

Abogado(s): L.. César Ruíz Castillo

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por M.G.R., dominicana, mayor de edad, con cédula de identidad y Electoral núm. 023-0124823-9, domiciliada y residente en la ciudad de San Pedro de Macorís, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 31 de julio de 2007, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 11 de septiembre de 2007, suscrito por la Licda. M.M.C.E., con cédula de identidad y electoral núm. 001-0034316-9, abogada de la recurrente, mediante el cual propone los medios que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 5 de octubre de 2007, suscrito por el Lic. C.R.C., con cédula de identidad y electoral núm. 001-1284232-3, abogado de los recurridos Vendollar Dominicana, S.A. y El Dolarazo;

Visto la Resolución núm. 3536-2008 dictada por la Suprema Corte de Justicia el 11 de septiembre de 2008, mediante la cual declara el defecto de los recurridos Vendollars Dominicana, S.A. y El Dolarazo;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

La CORTE, en audiencia pública del 22 de abril de 2009, estando presentes los Jueces: J.L.V., Presidente; J.A.S., E.R.P., D.O.F.E. y P.R.C., asistidos de la Secretaria General y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que en ocasión de la demanda laboral interpuesta por la actual recurrente M.G.R. contra los recurridos Vendollars Dominicana, S.A. y El Dolarazo, la Sala No. 2 del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís dictó el 29 de septiembre de 2006 una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara, en cuanto a la forma, buena y válida la demanda laboral en nulidad de despido y pago de salarios caídos y otras indemnizaciones, incoada por la señora M.G.R. en contra de Vendollars Dominicana, S.A., y el Dolarazo, por ser incoada en tiempo hábil y conforme al derecho; Segundo: Declara, en cuanto al fondo, la existencia del desahucio tal y como lo ha admitido y expresado la demandada en su escrito de defensa; Tercero: Declara nulo el desahucio ejercido por la parte demandada, Vendollars Dominicana, S.A., y El Dolarazo, en contra de la demandante, señora M.G.R., por los motivos expuestos en esta sentencia; Cuarto: Ordena a la parte demandada, Vendollars Dominicana, S.A. y El Dolarazo, reintegrar a la trabajadora demandante, señora M.G.R. a su lugar de trabajo, con todos los derechos y deberes que poseía al momento de desahuciarla; Quinto: Condena a la parte demandada, Vendollars Dominicana, S.A., y el Dolarazo, a pagar a la trabajadora demandante, señora M.G.R. los valores dejados de percibir por la demandante, desde el día del desahucio hasta el día en que se realice dicho reintegro; Sexto: Condena a la parte demandada Vendollars Dominicana, S.A. y el Dolarazo, a pagar a la trabajadora demandante, señora M.G.R. la suma de RD$60,000.00 por la demandada no tenerla inscrita en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, negándole así las atenciones médicas necesarias en estado de embarazo; Séptimo: Condena a la parte demandada al pago del 70% de las costas del procedimiento, ordenando la distracción de las mismas a favor y en provecho de la Licda. M.M.C.E., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; Octavo: Ordena tomar en cuenta la variación en el valor de la moneda durante el tiempo que mediare entre la fecha de la demanda y la fecha en que se pronunció la sentencia. La variación en el valor de la moneda será determinada por la evolución del índice general de los precios al consumidor, elaborado por el Banco Central de la República Dominicana; Noveno: C. a la Ministerial Amarilis Hidalgo Lajara, Alguacil de Estrados de esta sala, para la notificación de la presente sentencia”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo reza así: “Primero: Se declara regular, bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación principal e incidental, incoado el primero por la razón social Vendollar Dominicana, S.A. y El Dolarazo, en contra de la sentencia No. 1147-2006, dictada el día 29 de septiembre de 2006, por la Sala No. 2 del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís; y el segundo, por la señora M.G.R., en cuanto a la alegada falta de estatuir, por haber sido incoados ambos recursos, en la forma, plazo y procedimiento indicados por la ley y en cuanto al fondo, esta Corte obrando por propia autoridad y contrario imperio, revoca en todas sus partes la sentencia recurrida por los motivos expuestos, ser improcedente, infundada y carente de base legal; Segundo: Se rechazan las conclusiones de la parte recurrida y recurrente incidental por los motivos expuestos y falta de base legal; Tercero: Se condena a la señora M.G.R. al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho del L.. H.L., quien afirma estarlas avanzado en su mayor parte; Cuarto: Se comisiona al ministerial J. de la Rosa Figueroa, Alguacil Estrados de esta corte, y en su defecto cualquier otro alguacil competente para la notificación de la presente sentencia”;

Considerando, que en su memorial introductivo la recurrente propone en apoyo de su recurso el siguiente medio de casación: Único: Errónea interpretación de los hechos y el derecho;

Considerando, que en el desarrollo del medio propuesto, la recurrente expresa, en síntesis, lo siguiente: que la corte rechazó la demanda sobre el hecho de que no fue necesario el pago sobre omisión del preaviso, lo que establece el artículo 75 del Código de Trabajo, y es lo que tipifica la figura jurídica del desahucio, el aviso previo, desconociendo que durante dicho plazo subsisten las obligaciones de las partes y si el despido fue el 24 de julio, cual fue el tiempo del preaviso, no fue en el tiempo del preaviso que se comunicó el embarazo; que asimismo declara que no existe prueba del estado de embarazo de la demandante, ignorando el informe del Inspector de Trabajo que está en el expediente y la sonografía que se practicara a la trabajadora a los fines de saber la fecha presumible del parto y posteriormente el acta de nacimiento del niño; que si bien el despido es un derecho de los empleadores, el mismo tiene su limitación en el caso de la mujer embarazada, el cual, igual que el desahucio son nulos cuando la mujer trabajadora está en esa condición;

Considerando, que en los motivos de la sentencia impugnada, expresa la corte lo siguiente: “Que si bien es cierto, que la parte recurrida y recurrente incidental ha depositado en el expediente el “Informe de Investigación” de fecha 31 de julio de 2006, levantado por el Departamento Local de Trabajo de San Pedro de Macorís, donde alega dicha trabajadora que estaba embarazada y que el 24 de julio de 2006 M.Y., Administradora de El Dolarazo, lecomunicó que a partir de esa fecha su contrato con la Empresa estaba terminado”, por lo que el 27 de julio de 2006, el Inspector de Trabajo, P.C., se apersonó a la empresa recurrente y le “orientó en el sentido de que con este hecho estaban violando los artículos 232 y 233 del Código de Trabajo, por lo que dicha decisión era nula” y le “daba 24 horas para responer la trabajadora”, por lo que “el lunes 31 de julio se trasladó a la Empresa, donde se le informó que no se había reintegrado a la indicada trabajadora. Que como se puede comprobar en este documento, las actuaciones del indicado I. de Trabajo y su orientación respecto a la terminación de contrato de trabajo en estado de embarazo, era (según él) nula, ocurrió después de la empresa haberle puesto término al contrato de trabajo, o sea, tres días después de la inexistencia del contrato de trabajo. Así también, existe depositado por la parte recurrida y recurrente incidental un análisis de laboratorio con una sonografía y sus resultados de embarazo positivo de siete (7) semanas, realizado por el Centro Medico Especializado de Macorís, de fecha 27 de julio de 2006, con lo cual se puede comprobar que el estado de embarazo no podía ser a simple vista visible, toda vez que el período de gestación apenas era de siete (7) semanas y que dicho análisis y resultado clínico no podían ser del conocimiento de su empleador, puesto que también fue realizado tres días después de la terminación del contrato de trabajo, o sea, el 27 de julio de 2006. En fin, no existe ningún tipo de prueba en el expediente, que pueda probar que durante la vigencia del contrato de trabajo (1mes y 6 días) y aún al momento de la terminación del mismo, la trabajadora le comunicara a su empleador su estado de embarazo y como nadie puede ser creído por su sola afirmación, puesto que sería permitirle fabricarse su propia prueba, lo que no es permitido en derecho, puesto que “ las declaraciones de las partes deben estar avaladas por otro medio de prueba” (Sentencia No. 20 de mayo de 1998, B. J. No. 1050, vol. II, pág. 547) y en ausencia de ella, las pretensiones de la parte demandante, hoy recurrida y recurrente incidental, deben ser desestimadas por improcedentes, infundadas y carentes de base legal”;

Considerando, que para la trabajadora embarazada disfrutar de la protección de la maternidad que le proporcionan los artículos 232 y siguientes del Código de Trabajo, es necesario que ésta notifique a su empleador su estado por cualquier medio fehaciente;

Considerando, que el despido de una mujer embarazada es válido, si el mismo se realiza antes de que el empleador tenga conocimiento de esa condición, no estándo obligado a dejarlo sin efecto por el hecho de que con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo se le comunique el embarazo de la trabajadora;

Considerando, que corresponde a los jueces del fondo, determinar si al momento de la terminación de un contrato de trabajo, el empleador esta en conocimiento del estado de la mujer grávida, por tratarse de una cuestión de hecho, que escapa al control de la casación si al formar su criterio el tribunal ha hecho una correcta apreciación de las pruebas aportadas, sin incurrir en desnaturalización alguna;

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos en que la misma se apoya, se advierte, que el Tribunal a-quo, tras ponderar las pruebas aportadas, llegó a la conclusión de que el contrato de trabajo de la recurrente concluyó por despido ejercido por el empleador el día 24 de julio del 2006, antes de que éste se enterara del estado de embarazo de la misma, lo que le fue comunicado el día 27 de ese mes, no advirtiéndose que para formar su criterio incurriera en desnaturalización alguna;

Considerando, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes, que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por M.G.R., contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 31 de julio de 2007, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara que no ha lugar condenación en costas, porque al haber hecho defecto, la recurrida no hizo tal pedimento.

Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 13 de mayo de 2009, años 165° de la Independencia y 146° de la Restauración.

Firmado: P.R.C., J.A.S., E.R.P., D.F.E., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.