Sentencia nº 124 de Suprema Corte de Justicia, del 13 de Junio de 2007.

Fecha de Resolución:13 de Junio de 2007
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 13/6/2007

Materia: Laboral

Recurrente(s): M.J.R.M.

Abogado(s): L.. F.A.C.G.

Recurrido(s): V.A.L., E.R.

Abogado(s): L.. P.D. y Gilberto Elías Polanco

Intrvniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por M.J.R.M., dominicano, mayor de edad, con cédula de identidad y electoral núm. 067-0003402-5, domiciliado y residente en la sección B. del municipio de Higüey, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 31 de marzo del 2006, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Dra. K.M., en representación del L.. P.D., abogado de los recurridos V.A.L. y E.R.;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 31 de marzo del 2006, suscrito por el Lic. F.A.C.G., con cédula de identidad y electoral núm. 001-0085862-0, abogado de la recurrente, mediante el cual propone los medios que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa y recurso de casación incidental depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 7 de junio del 2006, suscrito por los Licdos. P.D. y G.E.P., con cédulas de identidad y electoral núms. 001-0243404-0 y 001-1350658-8, respectivamente, abogados de los recurridos;

Visto el auto dictado el 28 de mayo del 2007 por el Magistrado J.L.V., Presidente de la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada calidad, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 1934;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

La CORTE, en audiencia pública del 18 de abril del 2007, estando presentes los Jueces: P.R.C., en funciones de Presidente; J.A.S., E.R.P. y D.F.E., asistidos de la Secretaria General y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que en ocasión de la demanda laboral interpuesta por los recurridos V.A.L. y E.R. contra S.J.R.M., el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de El Seybo dictó el 14 de marzo del 2005, una sentencia con el siguiente dispositivo: "Primero: Se ratifica el acta de no comparecencia del señor S.J.R.H. y Equipos y Construcciones, al no comparecer a las audiencias celebradas por el Tribunal, ni hacerse representar; Segundo: Se acogen las conclusiones de los Licdos. P.D., D.M.T. y G.E.P., a nombre de los señores V.A.L. y E.R., por ser justa en la forma y procedente en el fondo; Tercero: Se rescinde el contrato de trabajo que existía entre las partes con responsabilidad para el empleador por dimisión justificada; Cuarto: Se condena al señor S.J.R.H., y Equipos y Construcciones, al pago a favor de los señores V.L. y E.R., de todas sus prestaciones laborales consistente el señor V.A.R.L. y 28 días de preaviso igual a RD$13,440.00 días de cesantía igual a RD$43,200.00; 14 días de vacaciones igual a RD$6,720.00; salario de navidad proporción igual a RD$2,859.60; 60 días de participación en los beneficios de la empresa igual a RD$28,800.00; para un total de RD$95,019.60; todo en base a un salario mensual para el señor V.A.L., de RD$11,438.40; para un promedio diario de RD$480.00 y para el señor E.R. 28 días de preaviso igual a RD$5,090.96; 76 días de cesantía igual a RD$2,545.48; 60 días de participación en los beneficios de la empresa igual a RD$10,909.20; proporción salario de navidad igual a RD$1,083.18, todo para un total de RD$33,447.14; todo en base a un salario mensual de RD$4,332.73, para un promedio diario de RD$181,82; (Sic), Quinto: Se condena al empleador señor S.J.R.M. y Equipos y Construcciones, al pago de la suma de RD$68,630.40 a favor del trabajador V.A.L. y la suma de RD$25,996.38, a favor del trabajador E.R. consistente en seis meses de salario, por aplicación del ordinal (3ro.) tercero del artículo 101 del Código de Trabajo; Sexto: Se ordena aplicar en la presente sentencia el artículo 537 del Código de Trabajo; Séptimo: Se rechaza el pago de la indemnización de un Millón de Pesos pedido por el demandante, por improcedente e infundado; Octavo: Se condena al señor M.J.R. y Equipos y Construcciones al inmediato pago de 15 días de salario para cada uno de los demandantes, correspondientes al salario del primero al 15 del mes de marzo del año 2004; Noveno: Se condena al señor M.J.R. y Equipos y Construcciones al pago de las costas del presente proceso ordenando su distracción a favor y provecho de los Licdos. P.D., D.M.T. y W.E.P. por estos afirmar haberlas avanzado en su totalidad; Décimo: Se comisiona al A.J. de la Rosa de Estrados de la Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís para que a requerimiento de parte proceda a notificar esta sentencia; Undécimo: Se le ordena a la Secretaría de este Tribunal expedir copia de esta sentencia con acuse de recibo, a los abogados actuantes o bien a las partes"; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo reza así: "Primero: Se declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación incoado por el señor M.J.R., en contra de la sentencia No. 496-05-00039, de fecha 14 de marzo del 2005, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de El Seybo, por haber sido hecho en el plazo y precedentemente indicado por la ley; Segundo: Se rechaza el medio de inadmisibilidad planteado por la parte recurrida por improcedente, infundada y carente de base legal; Tercero: En cuanto al fondo, se confirma la sentencia recurrida, marcada con el No. 469-05-00039, de fecha 14 de marzo del 2005, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de El Seybo, por los motivos expuestos, por ser justa y reposar en prueba legal, con excepción de la condenación a la participación en los beneficios de la empresa, o sea, de las bonificaciones, las cuales deben ser excluidas de dicha sentencia por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia; Cuarto: Se compensan las costas del procedimiento por haber sucumbido ambas partes en algunos puntos de sus pretensiones; Quinto: Se comisiona al ministerial J. de la Rosa Figueroa, Alguacil de Estrados de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís para la notificación de esta sentencia";

Considerando, que la recurrente propone el siguiente medio de casación: Unico: Violación al derecho de defensa artículo 8, literal j, de la Constitución;

Considerando, que en el desarrollo del medio propuesto el recurrente expresa, en síntesis, lo siguiente: que la Corte a-qua no verificó si él había sido emplazado correctamente para asistir a las audiencias celebradas para conocer del recurso, en vista de que en el escrito del mismo hizo elección de domicilio en la oficina de su abogado, quien a su vez fijó su domicilio ad/hoc en la calle S. núm. 66 del sector Miramar de San Pedro de Macorís y por tanto se le debió citar a ese domicilio de elección y no con domicilio desconocido, como se hizo, haciéndose constar en el acto mediante el cual se le notificó, que en el lugar se habló con H.M. y este declaró que no tenía calidad para recibir el acto porque el recurrente no trabajaba allí, por lo que se le violó su derecho de defensa al enjuiciarlo sin haber sido citado;

Considerando, que de acuerdo con el artículo 623 del Código de Trabajo el escrito de apelación debe contener, entre otros datos, el domicilio real del apelante y la indicación precisa de un domicilio de elección en el lugar donde tenga su asiento la Corte de Trabajo ante la cual se conocerá de dicho recurso; que asimismo el artículo 68 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en esta materia como derecho supletorio, establece el procedimiento para la notificación de los actos a personas de domicilio desconocido en el país;

Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que forman el expediente se advierte que el recurrente en su escrito contentivo del recurso de apelación no hizo elección de domicilio, limitándose a señalar que el mismo y su residencia estaba ubicado en la sección de B., municipio de Higuey; que al resultar imprecisa dicha dirección no fue localizado por el alguacil actuante al momento de ser citado para la audiencia donde se conocería dicho recurso de apelación;

Considerando, que en el expediente abierto en ocasión del presente recurso se encuentra depositado el acto núm. 2712005, notificado por J. de la Rosa Figueroa, Alguacil de Estrados de la Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís el 29 de diciembre del 2005, mediante el cual se cita al recurrente a comparecer por ante la Corte a-qua a la audiencia del día 23 de febrero del 2006, en la que se conoció el referido recurso;

Considerando, que el estudio de ese acto de alguacil revela que en el mismo se dio cumplimiento a los requerimientos legales, dejando constancia de la actuación del alguacil en los lugares que establece el referido artículo 68 del Código de Procedimiento Civil, lo que descarta que la Corte a-qua haya violado el derecho de defensa del recurrente, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado;

En cuanto al recurso de casación incidental:

Considerando, que en su memorial de defensa los recurridos interponen un recurso de casación incidental en el que proponen los medios siguientes: Primer Medio: Errónea interpretación del artículo 223 del Código de Trabajo, desnaturalización de las pruebas del proceso y del mandato de la sentencia de primer grado; Segundo Medio: Inadmisibilidad del recurso de apelación, errónea interpretación del plazo para apelar. Artículos 621 del Código de Trabajo y 1033 del Código de Procedimiento Civil;

Considerando, que en el desarrollo del primer medio propuesto los recurrentes incidentales expresan, en síntesis: que el Tribunal a-quo les rechazó el reclamo de pago de participación en los beneficios, bajo el fundamento de que Equipos y Construcciones no es una compañía legalmente constituida y el señor M.J.R. es una persona física y no una empresa, y por tanto no le corresponde pagar esos beneficios, desconociendo que la empresa es toda entidad económica de producción por lo que una persona física puede constituir una empresa a los fines laborales y de aplicación del artículo 223 del Código de Trabajo;

Considerando, que la sentencia impugnada expresa lo siguiente: "Que en relación a los derechos adquiridos correspondientes a las vacaciones y el salario de navidad, procede confirmar en este sentido la sentencia recurrida, puesto que son derechos no contestados entre las partes, ni ha demostrado el empleador haber desinteresado de los mismos a los trabajadores recurridos, puesto que son derechos que les corresponden independientemente de la causa de terminación del contrato de trabajo. Sin embargo, como los jueces somos guardianes de la Constitución y las leyes, y debemos buscar que su aplicación sea conforme a la ley y a la justicia social, en relación a la participación en los beneficios de la empresa, es pertinente excluir al empleador recurrente de tal condenación, puesto que no existe prueba de que el recurrente se haya constituido en una persona moral y que Equipos y Construcciones vaya más allá que un simple nombre comercial, pues en toda la trayectoria del proceso y procedimiento de discusión del recurso de que se trata, siempre se ha hablado del señor M.J.R. como empleador recurrente y es que no es controvertido ni contestado el hecho de que se trata de una persona física, o sea, que no se trata de una empresa y conforme al artículo 223 del Código de Trabajo la obligación de otorgar una participación equivalente al diez por ciento de las utilidades o beneficios netos anuales a todos los trabajadores por tiempo indefinido, se refiere a "toda empresa", y no a persona física alguna. Motivos por los cuales no procede condenar al recurrente al pago de la participación en los beneficios de la empresa";

Considerando, que el hecho de que una empresa no esté constituida de acuerdo a las leyes vigentes del país a los fines de adquirir personería jurídica, no descarta la existencia de una empresa laboral, pues ésta es, al tenor del artículo 3 del Código de Trabajo "la unidad económica de producción de bienes o servicios", que existe desde el instante que se conjugan para ello una tarea a cumplir, un personal para realizarla y una autoridad para dirigir a ese personal, siendo responsable de las obligaciones que se deriven de los contratos de trabajo las personas físicas que por sus funciones aparenten la calidad de empleadores, contratando y dirigiendo a trabajadores, salvo cuando demuestren la existencia de una empresa con personalidad jurídica, que es la que ostenta esa calidad;

Considerando, que el artículo 223 del Código de Trabajo que obliga a las empresas a otorgar a sus trabajadores participación en los beneficios, no exime de esa obligación a las que no estén debidamente constituidas, estimándose que toda empresa laboral, cuyas actividades reporten beneficios, está obligada a distribuir entre sus trabajadores el diez por ciento de sus utilidades, independientemente de que la misma esté constituida como persona moral o se trate de una persona física;

Considerando, que al rechazar el reclamo del demandante de que se le concediera participación en los beneficios, la Corte a-qua dio un motivo erróneo y dejó su decisión impugnada carente de motivos en relación a ese aspecto, razón por la cual la misma debe ser casada;

Considerando, que en el desarrollo del segundo medio propuesto siguen alegando los recurrentes incidentales: que ante la Corte a-quo solicitaron fuese declarado inadmisible el recurso de apelación intentado por los demandados, en vista de que la sentencia del Juzgado de Trabajo le fue notificada el día 25 de mayo del 2005 y el escrito contentivo del recurso de apelación fue depositado en la Secretaría de la Corte el 4 de julio del 2005, cuando ya se había vencido el plazo de un mes que establece el artículo 621 del Código de Trabajo para interponer ese recurso, pues incluida la deducción de los días a-quem y a-quo, más 4 días en razón de la distancia, el plazo se venció el día 1ro. del mes de junio, pero la Corte a-qua incluyó 11 días que supuestamente ella no labora, lo que es incorrecto;

C., que la sentencia impugnada expresa en sus motivaciones lo siguiente: "Que prevé el artículo 621 del Código de Trabajo, que "La apelación deber ser interpuesta mediante escrito depositado en la secretaría de la corte competente, en el término de un mes a contar de la notificación de la sentencia impugnada"; mientras prevé el artículo 495 del mismo Código que "Los plazos de procedimientos para las actuaciones que deban practicar las partes son francos y se aumentarán en razón de la distancia, en la proporción de un día por cada treinta kilómetros o fracción de más de quince. Los días no laborables comprendidos en un plazo no son computables en éste. Si el plazo vence en día no laborable, se prorroga hasta el siguiente. No puede realizarse actuación alguna en los días no laborales, ni antes de la seis de la mañana o después de la seis de la tarde en los demás. Por tanto, si la notificación de la sentencia de que se trata, lo fue el día 25 de mayo del 2005, conforme al acto No. 99-2005, que reposa en el expediente y el escrito de apelación fue depositado ante la Secretaría de esta Corte el día 4 de julio del 2005, la parte demandada y recurrente disponía de un mes franco, por lo cual no se cuenta ni el dies a quo, o día en que se inicia, ni el dies ad quem, o día en que termina el plazo (Art. 1033, ref. por la L. 296 de 1940). Por tanto, siendo que los meses se computan de fecha a fecha (Casación 8 de agosto de 1951, B.J. 501, p. 733; 28 de octubre de 1974, B. J. 676, p. 2850), el mes de que disponía la recurrente era del 25 de mayo al 25 de junio, más los dos días correspondientes al dies a quo y dies ad quem, estaríamos hablando del 27 de junio del 2005, y puesto que no se computan los días no laborables y siendo que la Corte no labora los días sábados, tenemos 11 días entre no laborables y días de fiestas. Entonces 27 días más 11, tenemos que el plazo se prorroga hasta el día 1 de julio del 2005, lo cual y sin necesidad de tener en cuenta el aumento en razón de la distancia, está claro que el recurso de apelación incoado el día 4 de julio del 2005 estaba dentro del plazo de un mes franco. Motivos por los cuales el medio de inadmisibilidad planteado por la recurrida, debe ser desestimado por improcedente, infundado y carente de base legal";

Considerando, que el artículo 621 del Código de Trabajo dispone que "La apelación debe ser interpuesta mediante escrito depositado en la secretaría de la corte competente, en el término de un mes a contar de la notificación de la sentencia impugnada";

Considerando que el artículo 495, del Código de Trabajo, establece que "Los plazos de procedimientos para las actuaciones que deban practicar las partes son francos y se aumentarán en razón de la distancia, en la proporción de un día por cada treinta kilómetros o fracción de más de quince. Los días no laborables comprendidos en un plazo no son computable en éste. Si el plazo vence en día no laborable, se prorroga hasta el siguiente. No puede realizarse actuación alguna en los días no laborables, ni antes de las seis de la mañana o después de las seis de la tarde en los demás";

Considerando, que los días no laborables a que se refiere el artículo 495 del Código de Trabajo, son aquellos declarados como no laborables en virtud de la ley, entre los cuales se incluyen los domingos, en virtud de la Ley núm. 4123, del 23 de abril de 1955, modificada en parte por el Código de Trabajo del año 1992, no así los días sábado, los cuales no son declarados no laborables por ninguno de los textos legales que se refieren a las actuaciones judiciales y extrajudiciales, y de manera particular el artículo 165 del Código de Trabajo, que al referirse a los días declarados no laborables por la Constitución y las leyes, los considera de descanso remunerado para el trabajador, salvo que coincidan con el día de descanso semanal;

Considerando, que el día sábado que no se computa dentro del plazo de la apelación es cuando el plazo para el ejercicio del recurso vence ese día, circunstancia en la que se prorroga al próximo día en que los tribunales laboren, en vista de que el recurso de apelación debe ser interpuesto mediante un escrito a ser depositado en la Secretaría de la Corte de Trabajo;

Considerando, que en la especie, si bien la Corte a-qua incurre en un motivo erróneo, al estimar que los sábados son días no laborales a los fines de aplicación del referido artículo 495 del Código de Trabajo, ese vicio es subsanado por la Suprema Corte de Justicia, al ser correcto el dispositivo de la sentencia impugnada en ese aspecto, en vista de que deducidos los días a-quem y a-quo, los días no laborables cursantes en el periodo de un mes a partir del 25 de mayo del 2005, fecha en que se le notificó la sentencia de primer grado, y los días en razón de la distancia, el plazo de que disponía el apelante para interponer el recurso vencía el día 5 de julio del 2005, por lo que al haber sido interpuesto el día 4 de ese mes, el mismo fue elevado dentro del tiempo hábil que a esos fines disponía el recurrente, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado;

Considerando, que cuando ambas partes sucumben en sus pretensiones, las costas pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por M.J.R.M., contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 31 de marzo del 2006, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la sentencia en lo referente a la participación en los beneficios reclamados por los trabajadores, y envía el asunto, así delimitado, por ante la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo; Tercero: Rechaza éste los demás aspectos del recurso de casación interpuesto por V.A.L. y E.R.; Cuarto: Compensa las costas.

Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 13 de junio del 2007, años 164° de la Independencia y 144° de la Restauración.

Firmado: J.L.V., J.A.S., E.R.P., D.F.E., P.R.C., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.