Sentencia nº 156 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Octubre de 2008.

Fecha de Resolución:15 de Octubre de 2008
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 15/10/2008

Materia: Tierras

Recurrente(s): Sucesores de F.V.

Abogado(s): L.. D.A.R.C., Dr. M. de J.M.H.

Recurrido(s): N.V.H., Compartes

Abogado(s):

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por los sucesores de F.V., señores, F.A.V.C., A.V.C., M.V.C. y F.V.C., dominicanos, mayores de edad, con cédulas de identidad y electoral núm. 028-0046220-8, 028-0013538-2, 028-0011840-4 y 028-0014052-3, respectivamente, domiciliados y residentes en la calle T.G. delR. núm. 25, de la ciudad de Higüey, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 17 de noviembre de 2005, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 2 de abril de 2008, suscrito por el Lic. D.A.R.C. y Dr. M. de J.M.H., con cédulas de identidad y electoral núms. 028-0037638-2 y 001-014292-2, respectivamente, abogados de los recurrentes, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante;

Visto la resolución de fecha 17 de octubre del 2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia que declara el defecto de los co-recurridos M.A.V.M., E.M.V.M., D.E.V., P.E.V.M. y O.L.V.M.;

Visto la resolución de fecha 11 de enero de 2007, dictada por la Suprema Corte de Justicia que declara la exclusión de los recurridos N.V.H., L.O.V.B., A.E.V.B., R.M.V.B., E.B.V.B., A.L. delC.V.B., L.M.V. de C., A.F.V. de Yunes, F.A.V.M., G.A.V.M., C.O.V. de J., P.A.V. de V., M.O.C.V., C.L.V. de M., R.O.V.P., P.S.V.P., A.A.V. de T., O.V.C., A.A.V.C., M.O.V.R., M.A.V.R. y O.A.V.R.;

Visto la instancia en intervención, de fecha 23 de mayo de 2003, pero recibida en la Secretaría de esta Suprema Corte de Justicia el día 9 de junio de 2008, suscrita por el Lic. F.T.C., en representación de F.A.V.C., A.V.C., M.V.C. y O.V.C.;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

La CORTE, en audiencia pública del 25 de junio de 2008, estando presentes los Jueces: J.L.V., Presidente; J.A.S., E.R.P., D.O.F.E. y P.R.C., asistidos de la Secretaria General y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que en relación con la litis sobre terrenos registrados, referente a una demanda en inclusión de herederos sobre las Parcelas núms. 66 y 68 del Distrito Catastral núm. 11/3ra. y Distrito Catastral núm. 10/6ta., Parcelas núms. 311, 317, 326, 320, 398, 402 y 403, Distrito Catastral núm. 11/4ta., Parcelas núms. 68, 73, 85, 94, 96, 85-B, 101, 103, 115, 116, 121-Y, 73-Ref.-J, 73-F, 156, 138, 165 y 100 Distrito Catastral núm. 10/5ta.; Parcela núm. 201, Distrito Catastral núm. 11/3ra., Parcelas núms. 6-A, 6-B, 6-C, 6-D, 5, 10, 16, 18, 33, 34, 35, 22, 26, 27, 28, 29, 44, 45, 46, 736, 840, 904, 908, 241, 193, 633, Distrito Catastral núm. 11, Parcelas núms. 587, 610, 628, 684, 737, 740, 744, 758, 822, 828, 885 y 368, Distrito Catastral núm. 47/4ta., Parcelas núms. 537, 548, 540, 550, 551, 547, 546 y 549, Distrito Catastral núm. 47/2da., Parcelas núms. 208, 227, 206-B, 214, 224, 215, 602, 606, 619, 234 y 235, Distrito Catastral núm. 47/3ra., Parcelas núms. 332 y 362, Distrito Catastral núm. 11/5ta., Parcelas núms. 209, 212, 222, 229, Distrito Catastral núm. 1, Solares núms. 1, 7, 2, 9, 1, 21, 13, 12, 4, 17, 9, 2, 15, 16, 5 y 4, Manzanas núms. 12-Prov., 37-Prov.-32, 46-Prov., 46, 56-Prov.-, 9, 40, 38-Prov.- 68, 31, 58, 45, 104, del municipio de Higuey, Provincia La Altagracia”; el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, debidamente apoderado dictó, el 8 de octubre de 2004, su Decisión núm. 87, cuyo dispositivo aparece en el de la sentencia impugnada; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central dictó el 17 de noviembre de 2005, la sentencia ahora impugnada, con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara inadmisible por tardío, el recurso de apelación interpuesto en fecha 10 de noviembre de 2004, suscrito por el Dr. M. de J.M.H., en representación de los Sres. A.O.V. y compartes, contra la Decisión núm. 87, de fecha 8 de octubre del 2004, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en relación con la litis sobre Terrenos Registrados, relacionado con la demanda en inclusión de herederos, impugnación trabajos de deslinde y subdivisión dentro de las Parcelas Nos. 66, 68, 73, 94, 96, 311, 317, 320, 326, 398, 402, 403 y 85-B, del Distrito Catastral núm. 11/3ra., del Municipio de Higuey, Provincia La Altagracia; Segundo: Decidiendo en atribuciones de Tribunal en Revisión, confirmar, la Decisión antes descrita, cuyo dispositivo es el siguiente: Falla: Parcelas núms. 66 y 68 del Distrito Catastral núm. 11/3ra. y Distrito Catastral núm. 10/6ta., Parcelas núms. 311, 317, 326, 320, 398, 402 y 403, Distrito Catastral núm. 11/4ta., Parcelas núms. 68, 73, 85, 94, 96, 85-B, 101, 103, 115, 116, 121-Y, 73-Ref.-J, 73-F, 156, 138, 165 y 100 Distrito Catastral núm. 10/5ta.; Parcela núm. 201, Distrito Catastral núm. 11/3ra., Parcelas núms. 6-A, 6-B, 6-C, 6-D, 5, 10, 16, 18, 33, 34, 35, 22, 26, 27, 28, 29, 44, 45, 46, 736, 840, 904, 908, 241, 193, 633, Distrito Catastral núm. 11, Parcelas núms. 587, 610, 628, 684, 737, 740, 744, 758, 822, 828, 885 y 368, Distrito Catastral núm. 47/4ta., Parcelas núms. 537, 548, 540, 550, 551, 547, 546 y 549, Distrito Catastral núm. 47/2da., Parcelas núms. 208, 227, 206-B, 214, 224, 215, 602, 606, 619, 234 y 235, Distrito Catastral núm. 47/3ra., Parcelas núms. 332 y 362, Distrito Catastral núm. 11/5ta., Parcelas núms. 209, 212, 222, 229, Distrito Catastral núm. 1, Solares núms. 1, 7, 2, 9, 1, 21, 13, 12, 4, 17, 9, 2, 15, 16, 5 y 4, Manzanas núms. 12-Prov., 37-Prov.-32, 46-Prov., 46, 56-Prov., 9, 40, 38-Prov.- 68, 31, 58, 45, 104, del municipio de Higuey, Provincia La Altagracia; Primero: Se acogen, las conclusiones formuladas por los Dres. A.J., en nombre y representación de los señores: C.V. de J.P., C.S. de V., P.A.V. de V., M.O.C.V., C.L.V. de M., L.O.V.B., R.M.V.B., L.M.V. de C., A.F.V. de Llunes, F.A.V.M., N.V.H., R.O.V.C., A.A.V.C., M.O.V.R., M.A.V.R. y O.A.V.R., todos sucesores del finado O.V.; Segundo: Se acogen, las conclusiones formuladas por el Dr. P.R.S., en nombre y representación del señor M.J., formuladas en audiencia y en sus escritos de fecha 22 de febrero del 2002, por las razones expuestas precedentemente; Tercero: Se declara inadmisible, por falta de calidad, la demanda en litis sobre derechos registrados incoada mediante instancia de fecha 20 de septiembre de 1996, suscrita por el Dr. M. de J.M.H., en nombre y representación de los Sucesores del finado F.V., señores F.A.V.C., A.V.C., M.V.C. y F.V.C., y en consecuencia, sus conclusiones formuladas en audiencia y en sus escritos de fechas 10 de mayo de 1999, y 1 de febrero del 2002, con relación a las Parcelas núms. Distrito Catastral núm. 10/6ta., Parcelas núms. 311, 317, 326, 320, 398, 402 y 403, Distrito Catastral 11/4ta., Parcelas núms. 68, 73, 85, 94, 96, 85-B, 101, 103, 115, 116, 121-Y, 73-Ref.-J, 73-F, 156, 138, 165 y 100 Distrito Catastral núm. 10/5ta.; Parcela núm. 201, Distrito Catastral núm. 11/3ra., Parcelas núms. 6-A, 6-B, 6-C, 5, 10, 16, 18, 33, 34, 35, 22, 26, 27, 28, 29, 44, 45, 46, 736, 840, 904, 908, 241, 193, 633, Distrito Catastral núm. 11, Parcelas núms. 587, 610, 628, 684, 737, 740, 744, 758, 822, 828, 885 y 368, Distrito Catastral núm. 47/4ta., Parcelas núms. 537, 548, 540, 550, 551, 547, 546 y 549, Distrito Catastral núm. 47/2da., Parcelas núms. 208, 227, 206-B, 214, 224, 215, 602, 606, 619, 234 y 235, Distrito Catastral núm. 47/3ra., Parcelas núms. 332 y 362, Distrito Catastral núm. 11/5ta., Parcelas núms. 209, 212, 222, 229, Distrito Catastral núm. 1, Solares núms. 1, 7, 9, 1, 21, 13, 12, 4, 17, 9, 2, 15, 16, 5 y 4, Manzanas núms. 12-Prov., 37-Prov.-32, 46-Prov., 46, 56-Prov.-, 9, 40, 38-Prov.- 38, 31, 58, 45, 104”;

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: Primer Medio: Violación del artículo 46 del Código Civil; Segundo Medio: Violación del artículo 320 y siguientes del Código Civil; Tercer Medio: Violación a varias jurisprudencias; Cuarto Medio: Violación al artículo 119 de la Ley de Registro de Tierras;

Considerando, que en sus medios de casación propuestos, los cuales se reúnen para su examen y solución, los recurrentes alegan en síntesis: a) que F.V. nació en San Pedro de Macorís en el siglo 19 y llegada del siglo 20, esto es, más o menos de 1897 al 1901; que a sus 96 años, en la sociedad de Higuey se le consideraba como el primer hijo de O.V., el hombre más acaudalado de la región, y que mantuvo un trato fraternal con todos los demás hijos de éste; b) que se dice, que cuando O.V. y A.L. o C.L.M. contrajeron matrimonio, lo reconocieron en el mismo como hijo legítimo, algo que según los recurrentes no ha sido rebatido por su contraparte, por lo que ese hecho queda firme y determinante, tal y como lo atestiguan 19 declaraciones juradas que reposan en el expediente; c) que el acta de matrimonio de O.V. y A.L.M., no se encontró en los registros del Estado Civil de Higuey, y que ni recurrentes ni recurridos han aportado al debate el citado documento; d) que a F.V., causante de los recurrentes, le corresponde por la posesión de estado de hijo de O.V., una cuota parte sucesoral de los bienes dejados por éste, lo que se justifica por el concurso suficiente de hechos que indican la relación de filiación y parentesco entre un individuo y la familia a la que pretende pertenecer, según lo establece el artículo 321 del Código Civil; e) violación a diversas decisiones jurisprudenciales y al artículo 121 de la Ley de Registro de Tierras, en lo referente al plazo de la apelación de las sentencias del Tribunal de Tierras;

Considerando, en cuanto a la crítica de los recurrentes en el sentido de que el Tribunal a-quo incurrió en la falta de no aplicación del artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil al declarar inadmisible por tardío el recurso de apelación de que se encontraba apoderado, con el alegato de que en el recurso de apelación el día de la notificación de la sentencia y el del vencimiento no se cuentan en el término general fijado para los emplazamientos, y que este plazo se aumenta conforme a la distancia en razón de un día por cada treinta kilómetros, tal criterio no está fundamentado en derecho, porque de conformidad con lo que dispone el artículo 21, de la Ley de Registro de Tierras, el plazo para apelar las decisiones del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original es de 30 días, y es norma, que cuando la ley indica el plazo por el número de días que él comprende, se trata de días no francos que se deben contar de día a día, ya que al imperio de dicha legislación, éstas decisiones no se notifican a persona ni a domicilio, sino en la puerta principal del tribunal que la dictó, lo que evidencia, que en la especie, no existe la violación denunciada, no obstante, el examen de la sentencia demuestra, que los recurrentes tuvieron e hicieron uso de la oportunidad de presentar sus agravios en contra de la sentencia apelada y que éstos fueron hechos y analizados en la audiencia pública en revisión, llevada a cabo por el Tribunal a-quo el 13 de abril del 2005, en la que concluyeron, y se les otorgó un plazo de 30 días para depositar un escrito de ampliación de dichas conclusiones;

Considerando, que la demanda en intervención a que se alude en el encabezamiento del presente fallo ha sido introducida después de cumplido el procedimiento de casación para la fijación de la audiencia correspondiente, o sea, extemporáneamente, y por tanto, en violación de lo que establece el artículo 61 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, por lo que dicha demanda debe ser declarada inadmisible;

Considerando, que en los motivos de su sentencia el Tribunal a-quo expresa que la prueba del parentesco esta sujeta a las regulaciones previstas en el Código Civil, el cual exige la presentación de los Actos del Estado Civil correspondientes; que la Ley núm. 985 de 1945, ha introducido en su artículo 2do., en lo que concierne únicamente a la filiación natural materna, la regla de que se prueba por el sólo hecho del nacimiento; pero, respecto del padre, debe probarse por el reconocimiento voluntario o por decisión judicial, según el mismo texto; por lo cual, es necesario concluir que sólo cuando la filiación no constituye el objeto de un debate judicial -que no es el caso que nos ocupa, agrega esta Corte-, la prueba del parentesco es libre, pudiendo administrarse al tenor del artículo 46 del Código Civil, por documentos públicos o privados y también por testimonios, siempre que se reúnan las condiciones exigidas por el citado artículo 46, de que los registros no hayan existido o se hubieren perdido;

Considerando, que en otra parte de la decisión recurrida, sigue exponiendo el tribunal lo siguiente: “Que del estudio y ponderación de la decisión apelada y de cada uno de los documentos que conforman el expediente, este Tribunal, ejerciendo sus facultades revisoras, ha podido comprobar, lo siguiente: a) Que el apelante F.V. dice ser hijo de O.V. y A.L.M.; y por consiguiente pide a este Tribunal que se le asigne la cuota que le corresponde de los inmuebles en litis; b) Que el Sr. F.V. dice que fue criado desde los tres años por O.V. y A.L.M.; c) Que O.V. le dedicó un foto como que era su hijo, por lo que debe aplicar el Art. 46 del Código Civil; que estos argumentos fueron contestados por los sucesores de O.V., S.. C.O.V. de J. y compartes, al argumentar que esa demanda es incoherente, carece de base legal, como se comprueba en la copia certificada del acta de matrimonio civil del 17 de agosto de 1917, del Sr. F.P., que era hijo natural de Lucía Peguero y tenía a esa fecha 18 años de edad y contrajo matrimonio con L. de León, hija natural de Altagracia de León; que esa acta comprueba que F.P. nunca tuvo la posesión de estado de hijo legítimo ni reconocido de O.V. y A.L.M.; que en relación a la fotografía de O.V. con una supuesta dedicatoria, con la pretensión de hacer pruebas de la posesión de estado de F.P., como hijo de O.V. y A.L.M. de V., se ha juzgado que las fotografías no son pruebas para establecer posesión de estado, no informan sobre la naturaleza de las relaciones”;

Considerando, que el fallo cuestionado pone de manifiesto la inexistencia de los vicios atribuidos por los recurrentes, pues el mismo está debidamente motivado de conformidad con la ley, cuyos jueces formaron su convicción en el conjunto de los medios de prueba regularmente aportados en la instrucción del asunto, comprobándose que su criterio es consecuencia de la soberana apreciación que los mismos hicieron de su estudio y ponderación, en uso de las facultades de que están investidos, interpretación que no puede ser censurada por la Suprema Corte de Justicia, en sus atribuciones de Corte de Casación, al no advertirse que incurrieron en desnaturalización alguna;

Considerando, que el examen de la sentencia y lo expuesto anteriormente evidencian, que el fallo impugnado contiene motivos suficientes que justifican su dispositivo, así como una exposición completa de los hechos y circunstancias de la causa, que han permitido a esta Corte verificar que el Tribunal a-quo ha hecho, en la especie, una correcta aplicación de la ley, por lo que los medios propuestos por los recurrentes carecen de fundamento y deben ser desestimados y con ello, el presente recurso de casación;

Considerando, que no procede condenar en costas al recurrente, porque al hacer defecto los recurridos, no hicieron tal pedimento.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por los Sucesores de F.V., señores, F.A.V.C., A.V.C., M.V.C. y F.V.C., contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 17 de abril de 2005, en relación con las Parcelas núms. 66 y 68 del Distrito Catastral núm. 11/3ra. y Distrito Catastral núm. 10/6ta., Parcelas núms. 311, 317, 326, 320, 398, 402 y 403, Distrito Catastral núm. 11/4ta., Parcelas núms. 68, 73, 85, 94, 96, 85-B, 101, 103, 115, 116, 121-Y, 73-Ref.-J, 73-F, 156, 138, 165 y 100 Distrito Catastral núm. 10/5ta.; Parcela núm. 201, Distrito Catastral núm. 11/3ra., Parcelas núms. 6-A, 6-B, 6-C, 6-D, 5, 10, 16, 18, 33, 34, 35, 22, 26, 27, 28, 29, 44, 45, 46, 736, 840, 904, 908, 241, 193, 633, Distrito Catastral núm. 11, Parcelas núms. 587, 610, 628, 684, 737, 740, 744, 758, 822, 828, 885 y 368, Distrito Catastral núm. 47/4ta., Parcelas núms. 537, 548, 540, 550, 551, 547, 546 y 549, Distrito Catastral núm. 47/2da., Parcelas núms. 208, 227, 206-B, 214, 224, 215, 602, 606, 619, 234 y 235, Distrito Catastral núm. 47/3ra., Parcelas núms. 332 y 362, Distrito Catastral núm. 11/5ta., Parcelas núms. 209, 212, 222, 229, Distrito Catastral núm. 1, Solares núms. 1, 7, 2, 9, 1, 21, 13, 12, 4, 17, 9, 2, 15, 16, 5 y 4, Manzanas núms. 12-Prov., 37-Prov.-32, 46-Prov., 46, 56-Prov.-, 9, 40, 38-Prov.- 68, 31, 58, 45, 104, del municipio de Higuey, Provincia La Altagracia, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara que no procede condenar en costas a los recurrentes por el motivo expuesto precedentemente.

Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 15 de octubre de 2008, años 165° de la Independencia y 146° de la Restauración.

Firmado: J.L.V., J.A.S., E.R.P., D.F.E., P.R.C., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.