Sentencia nº 181 de Suprema Corte de Justicia, del 25 de Noviembre de 2007.

Fecha de Resolución:25 de Noviembre de 2007
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 25/11/2007

Materia: Laboral

Recurrente(s): R.A.A.G.

Abogado(s): Dr. P.M.J.A.

Recurrido(s): Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

Abogado(s):

Intrvniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por R.A.A.G., dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 001-0198543-0, domiciliado y residente en la Ave. Paseo de los Reyes Católicos núm. 25, del sector de A.H., de esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo el 7 de marzo del 2007, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. P.M.J.A., abogado del recurrente R.A.A.G.;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo el 2 de abril del 2007, suscrito por el Dr. P.M.J.A., con cédula de identidad y electoral núm. 050-0024522-4, abogado del recurrente, mediante el cual propone los medios que se indican más adelante;

Visto la Resolución núm. 1973-2007, dictada por la Suprema Corte de Justicia en fecha 28 de mayo del 2007, mediante la cual declara el defecto de la recurrida Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE);

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

La CORTE, en audiencia pública del 14 de noviembre del 2007, estando presentes los Jueces: J.L.V., Presidente; J.A.S., E.R.P., D.O.F.E. y P.R.C., asistidos de la Secretaria General y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que en ocasión de la demanda laboral interpuesta por el actual recurrente R.A.A.G. contra Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo dictó el 4 de abril del 2006 una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara buena y válida en cuanto a la forma la demanda en cobro de prestaciones laborales, derechos adquiridos por desahucio interpuesta por R.A.A.G. contra el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) y en cuanto al fondo, la acoge parcialmente y, en consecuencia: a) Declara resuelto el contrato de trabajo que existió entre R.A.A.G. y el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) por el desahucio ejercido por el empleador, por los motivos precedentemente expuestos; b) Condena al Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), al pago de Ciento Nueve Mil Treinta y Nueve Pesos con Cuarenta y Ocho Centavos (RD$109,039.48), por concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales y derechos adquiridos a favor del trabajador demandante; c) Condena al Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), al pago de un día de salario por cada día de incumplimiento en la obligación del pago del preaviso y el auxilio de cesantía, a razón del salario diario de Quinientos Veinticuatro Pesos Oro con Cincuenta y Cinco Centavos (RD$524.55) a favor del trabajador demandante; d) Ordena que al momento de la ejecución de la sentencia sea aplicada la variación en el valor de la moneda, en base al índice general de precios al consumidor provisto al efecto por el Banco de la República Dominicana; Segundo: Condena al Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho del Dr. P.M.J.A., abogado que afirma haberlas avanzado en su totalidad”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo reza así: “Primero: En cuanto a la forma se declara regular y válido el recurso de apelación, interpuesto por el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), contra sentencia No. 00414-2005, dictada por la Tercera Sala, Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, por haber sido incoado en tiempo hábil y bajo las normas procesales vigentes; Segundo: En cuanto al fondo se revoca la sentencia impugnada y en consecuencia se rechaza en todas sus partes la demanda incoada por el señor R.A.A.G., en contra de Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), por los motivos antes expuestos; Tercero: Se compensan las costas del procedimiento, por los motivos expuestos”;

Considerando, que el recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios: Primer Medio: Mala aplicación del Derecho. Errada interpretación de la Ley 526, de fecha 11 de diciembre del año 1969. Errada interpretación del alcance del artículo 534 del Código de Trabajo de la República Dominicana; Segundo Medio: Falta de motivos. Desnaturalización de los hechos. Violación de los artículos 141 del Código de Procedimiento Civil; Tercer Medio: Falta de base legal;

Considerando, que en el desarrollo del primer medio propuesto el recurrente expresa, en síntesis, lo siguiente: que la Corte a-qua hizo una errónea interpretación del alcance y contenido de la ley que crea el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), al darle una categoría distinta a esa institución, la cual realiza actividades comerciales, al tenor del artículo 4, párrafo II, letra C de la ley, que prescribe que realizará actividades compra y venta de productos agropecuarios con el propósito de estabilizar los precios y en el interés de recobrar su inversión, pudiendo establecer sus propios precios de compra y venta y el artículo 24, que al eximirlo del pago de impuesto expresa que éstos son los que recaigan o pudieren recaer sobre sus obligaciones o negocios, y en general sobre todos los actos o negocios jurídicos que realice. También desconoció que en el artículo 31 de la ley se expresa, que cuando el Instituto recibe el traspaso de trabajadores del Banco Agrícola de la República Dominicana, reconocerá a estos todo el tiempo que hayan trabajado en dicha institución, para los fines del pago de las prestaciones laborales que les correspondieran en caso de despido, indicativo de la obligación de pagar prestaciones laborales a todos sus trabajadores;

Considerando, que la sentencia impugnada expresa lo siguiente: “Que esta Corte es del criterio jurídico de que la demandada es una institución destinada a ofrecer un servicio público, como ente regulador de los precios de mercado para los productos agrícolas y ganaderos no afectado de actividad comercial; con asignaciones presupuestarias y subsidiarias por el Gobierno Central; que fuera de la excepciones establecidas en la Ley 16-92, acerca de las instituciones estatales, todas las demás relaciones entre trabajadores (empleados) y funcionarios y el propio Estado, están regidas por la Ley 14-94 y la ley 14-91; la primera que crea la Cámara de Cuentas y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la segunda sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa; que no es suficiente para que las instituciones estatales se rijan por el Código de Trabajo, en sus relaciones con sus empleados y funcionarios, que se trate de una institución con personería jurídica propia, es necesario además que explote una actividad comercial, industrial, financiera o de transporte; que como indicamos en otra parte de esta sentencia, la recurrente no ofrece en sus operaciones, un servicio de transporte, ni explota actividad comercial, industrial o financiera, en tal virtud los empleados del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), no se encuentran en sus relaciones con sus empleador, bajo el ámbito de aplicación de la ley 16-92; que procede determinar que el demandante originario actual recurrido al no estar amparado en la ley 16-92, ley en virtud de la cual requiere el reconocimiento de los derechos que constituyen el objeto del presente proceso por haber sido un empleado público, su accionar es improcedente y deben ser rechazadas las pretensiones que reclama;

Considerando, que el III Principio Fundamental del Código de Trabajo dispone que “no se aplica a los funcionarios y empleados públicos, salvo disposición contraria de la presente ley o de los estatutos especiales aplicables a ellos. Tampoco se aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Sin embargo, se aplica a los trabajadores que prestan servicios en empresas del Estado y en sus organismos oficiales autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o de transporte”;

Considerando, que del análisis de ese texto legal se deriva que a pesar de que una institución autónoma del Estado no tenga carácter industrial, comercial, financiero o de transporte, es posible la aplicación del Código de Trabajo o parte de éste en las relaciones de la institución y las personas que le presten sus servicios personales, cuando su ley orgánica o cualquier estatuto que lo regule, así lo disponga;

Considerando, que no obstante haber sido creado el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), como una institución del Estado cuyo objetivo principal es “el de regular los precios de productos agropecuarios, cuando la situación de dichos productos en el mercado nacional a juicio del Instituto lo requiera”, estando obligado a promover “el mantenimiento de las condiciones mas favorables a la estabilidad y desarrollo gradual de las actividades agropecuarias del país mediante una política coordinada de los programas de precios mínimos y máximos almacenamiento y conservación adecuada de dichos productos y del sistema crediticio agropecuario, que proteja al producto de las fluctuaciones estacionales, contribuya eficazmente al desarrollo de una sólida economía y que finalmente aseguren a las instituciones bancarias y de fomento, hasta donde sea posible, la recuperación de sus créditos”, lo que descarta toda idea de que su carácter sea comercial, la ley 526, del 11 de diciembre del 1969, a la cual debe su creación, dispone en sus artículos 30 y 31, que si alguna dependencia del Banco Agrícola de la República Dominicana “es traspasada al Instituto, los funcionarios y empleados que constituyan el personal de los mismos, no recibirán prestaciones laborales a la fecha del traspaso, sin embargo el Instituto les reconocerá todo el tiempo que hayan trabajado en dicha institución para los fines de pago de las prestaciones laborales que les correspondieran en caso de despido”;

Considerando, que asimismo el artículo 8, del Reglamento del Plan de Retiros y Pensiones del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), del 3 de julio del 1980, dispone que la institución podrá otorgar “préstamos personales con garantía de sus aportes realizados al plan, prestaciones laborales y proporción de sueldo devengado hasta la fecha de su separación del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), a favor de los funcionarios y empleados del Instituto que acrediten un mínimo de seis meses de servicio en el Instituto”, mientras que el artículo 26 de dicho Reglamento prescribe, que “todo funcionario o empleado que sea retirado del Instituto sin haber adquirido derecho a una pensión o que sea despedido por causas no delictuosas o que renuncie del Instituto, independientemente de las prestaciones laborales a las cuales tenga derecho…”;

Considerando, que esas disposiciones son normas jurídicas que evidencian la determinación del legislador y del Consejo Directivo de INESPRE de pagar a sus servidores prestaciones laborales en el caso de terminación de sus contratos con responsabilidad para la institución, que deben ser tomados en cuenta por los tribunales judiciales en el momento de decidir cualquier acción en reclamación de prestaciones laborales contra la misma;

Considerando, que al no tomar en cuenta esas disposiciones, la corte a-qua incurrió en el vicio de falta de base legal, razón por la cual la sentencia impugnada debe ser casada;

Considerando, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo el 7 de marzo del 2007, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; Segundo: Compensa las costas.

Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 28 de noviembre del 2007, años 164° de la Independencia y 145° de la Restauración.

Firmado: J.L.V., E.R.P., P.R.C.. G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.