Tutela judicial efectiva y debido proceso. Artículo 69

• Páginas: 705-869
• Autor: Geovanny Nina Cruz

ÍNDICE

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TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Y DEBIDO PROCESO.

ARTÍCULO 69

Artículo .- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela

judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las

garantías mínimas que se establecen a continuación:

) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;

) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción

competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la

ley;

) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras

no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable;

) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y

con respeto al derecho de defensa;

) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa;

) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;

) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al

acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de

la plenitud de las formalidades propias de cada juicio;

) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley;

) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal

superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona

condenada recurra la sentencia;

) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones

judiciales y administrativas.

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ASPECTOS GENERALES

Palabras claves:

A. Configuración comparada del debido proceso

B. Relevancia trascendental del debido proceso

C. Observación del debido proceso en sede administrativa

D. Garantías que componen el debido proceso administrativo

E. Definición de acto administrativo y de contrato administrativo

F. Principios y derechos de los administrados en el procedimiento

administrativo

G. Concepto de acto manifiestamente arbitrario y acto manifiestamente

ilegal

H. Concepción del principio de legalidad previsto en el artículo 69.7

de la Constitución

I. Dimensiones del principio de legalidad de la Administración

J. Concepción del principio de presunción de inocencia

K. Concepción del principio non bis in idem. Vertiente penal y

administrativa. Principio de cosa juzgada

L. Perspectivas o “formulas” del principio non bis in idem

M. Aspectos del debido proceso a tomar en cuenta cuando se aplica un

procedimiento sancionatorio

N. Diferencias entre el proceso penal y el proceso disciplinario

O. Atribuciones de la potestad fiscalizadora de la Administración

pública

P. Concepto de silencio administrativo y tipos de silencio en que incurre

la Administración

Q. Concepto del silencio administrativo positivo o negativo

R. Elementos y garantías del debido proceso que deben darse al expulsar

un miembro de cualquier organización

S. Conceptualización y regulación de los bienes de dominio público

T. Procedimiento administrativo para la expulsión del territorio

nacional de un extranjero. Consideraciones sobre no admisión y

deportación

A. Aspecto general: Configuración

comparada del debido proceso. Sen-

tencia TC/0048/12

I) El debido proceso y sus correspondientes

garantías, así configuradas en nuestra

norma constitucional, han sido prescritos

también por la Convención Americana so-

bre Derechos Humanos que, en su artículo

8.1, reza: “Toda persona tiene derecho a ser

oída, con las debidas garantías y dentro de

un plazo razonable, por un juez o tribunal

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Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 707

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competente, independiente e imparcial,

establecido con anterioridad por la ley, en

la sustanciación de cualquier acusación

penal formulada contra ella, o para la de-

terminación de sus derechos y obligaciones

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier

otro carácter”;

J) Dicho texto, conforme lo ha señalado

la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, debe ser interpretado de manera

amplia, apoyándose tanto en la literalidad

del texto como en su espíritu, y debe ser

apreciado de acuerdo con el inciso c), del

artículo 29 de la Convención, según el

cual ninguna de sus disposiciones pueden

interpretarse con exclusión de otros dere-

chos y garantías inherentes al ser humano

o que se deriven de la forma democrática

representativa de gobierno;

K) La Corte ha entendido, asimismo, que

el debido proceso abarca las “condiciones

que deben cumplirse para asegurar la ade-

cuada defensa de aquéllos cuyos derechos u

obligaciones están bajo consideración judi-

cial”, a los fines de “que las personas estén

en condiciones de defender adecuadamente

sus derechos ante cualquier tipo de acto del

Estado que pueda afectarlos”;

L) La Corte Interamericana también

ha estatuido que: “De conformidad con

la separación de los poderes públicos que

existe en el Estado de Derecho, si bien la

función jurisdiccional compete eminen-

temente al Poder Judicial, otros órganos

o autoridades públicas pueden ejercer

funciones del mismo tipo […]. Es decir,

que cuando la Convención se refiere al

derecho de toda persona a ser oída por

un “juez o tribunal competente” para

la “determinación de sus derechos”, esta

expresión se refiere a cualquier autoridad

pública, sea administrativa, legislativa o

judicial, que a través de sus resoluciones

determine derechos y obligaciones de las

personas. Por la razón mencionada, esta

Corte considera que cualquier órgano del

Estado que ejerza funciones de carácter

materialmente jurisdiccional, tiene la

obligación de adoptar resoluciones ape-

gadas a las garantías del debido proceso

legal en los términos del artículo 8 de la

Convención Americana”.

B. Aspecto general: Relevancia trascen-

dental del debido proceso. Sentencia

TC/0006/14

[…] resulta oportuno señalar que la Cons-

titución consagra un conjunto de garantías

para la aplicación y protección de los

derechos fundamentales, como mecanismo

de tutela para garantizar su efectividad,

así como los principios para la aplicación

e interpretación de los derechos y garantías

fundamentales que forman parte del siste-

ma de protección.

p. El debido proceso previsto en el artículo

69 de la Constitución está conformado por

un conjunto de garantías mínimas que

tiene como puerta de entrada el derecho a

una justicia accesible, oportuna y gratuita.

Este primer peldaño es de trascendental

relevancia, porque a través de él se entra

al proceso, y es precisamente dentro del

proceso donde pueden ejercitarse las demás

garantías del proceso debido.

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C. Aspecto general: Observación

del debido proceso en sede ad-

ministrativa. Ampliación del pre-

cedente TC/0021/12. Sentencia

TC/0201/13

10.4. Las garantías mínimas que, de acuer-

do con el artículo 69 de la Constitución

dominicana, conforman el debido proceso,

sirven para definir el tipo de proceso res-

pecto del cual debe exigirse su aplicación.

Su análisis permite la conclusión, en conso-

nancia con la jurisprudencia constitucional

comparada, de que en sede administrativa

su aplicación deberá ser exigida en los pro-

cedimientos administrativos sancionatorios

y en aquellos que puedan tener como resul-

tado la pérdida de derechos de las personas.

D. Aspecto general: Garantías que

componen el debido proceso admi-

nistrativo. Sentencia TC/0304/15

a. En cuanto al debido proceso adminis-

trativo, se debe señalar que este se compone

de un plexus de garantías que deben ser

observadas en todo procedimiento admi-

nistrativo o judicial, espacios en los que

opera como mecanismo de protección para

la autonomía y la libertad del ciudadano y

también como límite al ejercicio del poder

público. En ese sentido, conviene también

tomar en consideración el criterio externado

al respecto por la Corte Constitucional de

Colombia al dictaminar: […] el derecho al

debido proceso se muestra como desarrollo

del principio de legalidad, pues representa

un límite al ejercicio del poder público, y

en particular, al ejercicio del ius puniendi

del Estado. En virtud del citado derecho,

las autoridades estatales no podrán actuar

en forma omnímoda, sino dentro del

marco jurídico definido democráticamente,

respetando las formas propias de cada jui-

cio y asegurando la efectividad de aquellos

mandatos que garantizan a las personas el

ejercicio pleno de sus derechos.

b. El debido procedimiento administrativo

supone una garantía genérica que resguar-

da los derechos del administrado durante

la actuación del poder de la Administra-

ción. Implica por ello el sometimiento de

la actuación administrativa a reglas pre-

viamente establecidas, las cuales no pueden

comportar restricciones o arbitrariedades

contra el administrado, y menos aún con-

dicionamientos para que tales prerrogativas

puedan ser ejercitadas en la práctica.

E. Aspecto general: Definición de acto

administrativo y de contrato admi-

nistrativo. Sentencia TC/0009/15

10.3. La doctrina define los actos adminis-

trativos como el instrumento que le permite

a la administración pública, en el ejercicio

de su potestad administrativa, el manejo de

los intereses públicos, manifestar su volun-

tad, deseo, conocimiento o enjuiciamiento

que incide sobre situaciones subjetivas.

10.4. En el ámbito administrativo domi-

nicano, se considera como acto adminis-

trativo la manifestación de la voluntad

unilateral de la administración, que tiene

efectos particulares o generales capaces de

producir consecuencias o modificaciones

jurídicas.

10.5. En el contexto del ejercicio de la

potestad administrativa que tiene la

administración pública en el manejo de

los intereses públicos, existen los contratos

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Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 709

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administrativos, los cuales son el instru-

mento que permite a la administración

contratar con los particulares, teniendo por

objeto las concesiones de servicios u obras

públicas, así como el uso y goce de las de-

pendencias del dominio público del Estado

por parte de particulares.

F. Aspecto general: Principios y dere-

chos de los administrados en el pro-

cedimiento administrativo. Senten-

cia TC/0205/20

2.2.14. El derecho a ser oído antes de que

se adopten medidas administrativas que les

puedan afectar desfavorablemente implica

una forma de participación activa de las

personas en los procedimientos y/o en la

actuación administrativa para que sean

escuchadas y puedan expresarse antes de

la adopción de decisiones que les afecten.

Dicho derecho conlleva que la Adminis-

tración valore y decida sobre lo planteado

por los administrados que pueden resultar

afectados, lo que garantiza que pueda

adoptar oportunamente las correcciones en

el procedimiento o que no se vulneren dere-

chos e intereses legítimos del destinatario de

la norma o acto administrativo que se tome.

12.2.15. El derecho de participación en

las actuaciones administrativas en que se

tenga interés a través de audiencias o de

consulta previa constituye otro medio de

protección de la tutela y derechos de los que

ostentan un interés legítimo. Significa que

la Administración debe instar a quienes

tengan interés y lo deseen a expresar sus

opiniones para que sirvan de fuente de in-

formación de la Administración y puedan

favorecer así el acierto y oportunidad de la

medida que se vaya a adoptar. Se trata de

un llamamiento a las personas o colectivos

interesados para que puedan intervenir en

el procedimiento de adopción de acuerdos

antes del dictado del acto administrativo,

de modo que su eficacia no se vea dismi-

nuida. Esta actuación, propia de una

administración dialogante, participativa

y respetuosa con los ciudadanos, resulta

esencial para el actual Estado social y

democrático de derecho como es el caso de

República Dominicana.

G. Aspecto general: Concepto de acto

manifiestamente arbitrario y acto

manifiestamente ilegal. Sentencia

TC/0542/19

f) Para responder adecuadamente el in-

cumplimiento de este presupuesto de proce-

dencia, el Tribunal Constitucional estima

oportuno precisar, por un lado, el concepto

de acto manifiestamente arbitrario, rela-

tivo a la actuación ejecutada con base en

un mero capricho o motivo irracional del

agraviante, y por otro lado, la noción de

acto manifiestamente ilegal, la cual identi-

fica la conducta que se aparta de la norma

legal que le da fundamento o que entre en

franca contradicción con el ordenamiento

jurídico vigente.

H. Aspecto general: Concepción del

principio de legalidad previsto en

el artículo 69.7 de la Constitución.

Sentencia TC/0200/13

9.7.3.4. En ese sentido, cabe destacar que el

principio de legalidad, dispuesto en el artí-

culo 69.7 de la Constitución, se erige como

una de las condiciones básicas que permi-

ten la configuración del Estado de derecho,

pues en su esencia encierra la exigencia de

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seguridad jurídica, la cual permite que

el ciudadano tenga la oportunidad de

conocer qué puede o no hacer, así como la

pena que sufrirá por la inobservancia de

esa obligación; y la exigencia de garantía

individual, la cual permite garantizar que

el individuo no será sometido a un castigo

si no está previsto en una ley aprobada

previamente por el órgano competente del

Estado.

9.7.3.5. No se discute la formulación

clásica del principio de legalidad penal

que reza ‘nullum crimen, nulla poena

sine lege’, del cual se desprende el principio

de que la imposición de una penalidad a

un acto o hecho lesivo debe provenir de la

aplicación de una ley, puesto que el fin de

la amenaza penal es evitar las lesiones del

derecho por medio de la intimidación de

todos aquellos que podrían cometer tales

lesiones, y mal podría intimidar a la ge-

neralidad una amenaza penal que no se

hallase, clara y públicamente, establecida

por medio de la ley.

9.7.3.6. Por otro lado, el principio de

legalidad es el fundamento principal de la

garantía política, el cual exige que las leyes

que decretan las penas de los delitos solo

puedan emanar del legislador, quien funge

como el representante de toda la sociedad.

I. Aspecto general: Dimensiones del

principio de legalidad de la Adminis-

tración. Sentencia TC/0619/16

x. De esa disposición constitucional se

desprende el hecho de que la sumisión de

las actuaciones administrativas a la ley y

al derecho debe ser plena, es decir, cabal,

completa y sin excepciones. Con ello, la

Constitución ha querido excluir la legiti-

midad de cualquier actuación administra-

tiva contra legem y contra ius, puesto que el

Estado de derecho conlleva el sometimiento

de los poderes públicos al ordenamiento,

norma que obviamente incluye a la Admi-

nistración. En este sentido, conviene tener

presente que el principio de legalidad de

la Administración resulta consustancial al

Estado de derecho.

y. El principio de legalidad de la Admi-

nistración, como bien apunta la doctrina

administrativista, tiene dos dimensiones,

una formal y otra material: en la primera,

es decir en la formal, supone la necesidad

de no infligir normas jurídicas aplicables

cualquiera que sea; en la segunda, la di-

mensión material, se impone a veces que la

actuación de la Administración encuentre

su cobertura en una norma de rango de ley

precisamente.

z. El principio de legalidad de la Admi-

nistración constituye una de las principales

conquistas del Estado social y democrático

de derecho, ya que éste constituye una

salvaguarda de la seguridad jurídica de los

ciudadanos, en razón de que a través del

mismo se le garantiza que los ciudadanos

sepan, anticipadamente, cuáles actuaciones

les están permitidas a la Administración.

Por eso es natural que nuestra Constitución

lo incorpore de manera expresa.

J. Aspecto general: Concepción del

principio de presunción de inocencia.

Sentencia TC/0296/14

ll) Tanto la doctrina como la jurispru-

dencia han señalado que el principio de

presunción de inocencia es una presunción

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Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 711

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iuris tantus, lo que equivale a decir que

es una presunción que admite prueba en

contrario; por vía de consecuencia, se in-

fringe la presunción de inocencia cuando se

condena a un imputado sin existir prueba

de cargo. La presunción de inocencia es

un postulado del ordenamiento jurídico

que impone como obligación la práctica

del debido proceso constitucional y de los

procedimientos constitucionales para des-

virtuar su alcance.

mm) La presunción de inocencia en nuestro

ordenamiento jurídico adquiere el rango

de derecho fundamental, en virtud del cual,

el acusado no está obligado a presentar

prueba alguna que demuestre su inocencia

y por el contrario ordena a las autoridades

judiciales competentes la demostración de

la culpabilidad del agente. Este derecho

acompaña al acusado desde el inicio de la

acción penal (por denuncia, querella o de

oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo

y firme de culpabilidad, y exige para ser

desvirtuada la convicción o certeza, más

allá de una duda razonable, basada en el

material probatorio que establezca los ele-

mentos del delito y la conexión del mismo

con el acusado. Esto es así, porque ante la

duda en la realización del hecho y en la

culpabilidad del agente, se debe aplicar

el principio del in dubio pro reo, según el

cual toda duda debe resolverse en favor del

acusado. (Corte Constitucional de Colom-

bia, C-774/01 (25 de julio de 2001).

nn) El artículo 11.1 de la Declaración

Universal de Derechos Humanos, aprobada

por la Asamblea General de las Naciones

Unidas el diez (10) de diciembre de mil

novecientos cuarenta y ocho (1948), y de la

cual somos signatarios, establece que toda

persona acusada de un delito tiene derecho

a que se presuma su inocencia mientras no

se pruebe su culpabilidad, conforme a la

ley y en juicio público en el que se hayan

asegurado todas las garantías necesarias

para su defensa.

oo) Por su parte, el Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos, aprobado

por la Asamblea General de las Naciones

Unidas el dieciséis (16) de diciembre de

mil novecientos sesenta y seis (1966), esta-

blece en su artículo 14.2 que toda persona

acusada de un delito tiene derecho a que

se presuma su inocencia mientras no se

pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

K. Aspecto general: Concepción del

principio non bis in idem. Vertiente

penal y administrativa. Principio de

cosa juzgada. Sentencia TC/0183/14

10.5. El principio non bis in ídem, tanto

en su vertiente penal como administrativa,

veda la imposición de doble sanción en los

casos en que se aprecie identidad del suje-

to, hechos y fundamentos jurídicos. Con

respecto al tercer elemento constitutivo de

este principio (fundamentos jurídicos) es

necesario precisar que el mismo no suele

reconducirse a la naturaleza de la sanción

sino a la semejanza entre los bienes jurí-

dicos protegidos por las distintas normas

sancionadoras o entre los intereses tutelados

por ellas, de manera que no procederá la

doble punición cuando los bienes prote-

gidos o intereses tutelados por ellas sean

los mismos aunque las normas jurídicas

vulneradas sean distintas.

10.6. Por su parte, el principio de cosa juz-

gada es consecuencia procesal del principio

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Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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non bis in ídem en la medida en que,

una vez dictada una sentencia la misma

adquiere la autoridad de la cosa juzgada,

garantía que solo podrá verse afectada en

los casos en que dicha sentencia pueda ser

objeto de recurso. De manera que se trata

de dos principios complementarios que

pretenden salvaguardar a los particulares

del exceso del ius puniendi del Estado.

L. Aspecto general: Perspectivas o “for-

mulas” del principio non bis in idem.

Sentencia TC/0381/14

11.5. En el non bis in idem se reconocen dos

perspectivas o “fórmulas” diferentes: una

sustantiva (o material) y otra de índole

procesal. En sentido material el principio

prohíbe la doble –o múltiple– imposición

de consecuencias jurídicas sobre una misma

infracción o delito. Desde una perspectiva

procesal el principio prohíbe reiterar un

nuevo proceso y enjuiciamiento con base en

los hechos respecto de los cuales ha recaído

sentencia firme.

M. Aspecto general: Aspectos del debi-

do proceso a tomar en cuenta cuando

se aplica un procedimiento sanciona-

torio. Sentencia TC/0048/12

Y) En ese tenor, el respeto al debido pro-

ceso y, consecuentemente, al derecho de

defensa, se realiza en el cumplimiento de

supuestos tales como la recomendación

previa a la adopción de la decisión sancio-

natoria; que dicha recomendación haya

sido precedida de una investigación; que

dicha investigación haya sido puesta en

conocimiento del afectado; y que éste haya

podido defenderse.

N. Aspecto general: Diferencias entre el

proceso penal y el proceso disciplina-

rio. Sentencia TC/0093/16

8.3. Si bien la jurisprudencia constitucio-

nal comparada, y esto a propósito de que el

accionante intenta validar sus pretensiones

respecto del tema de la imparcialidad que

se examina, apoyándose en las reglas que se

definen en el derecho penal, entiende que

las normas del debido proceso se aplican

con mayor rigurosidad en el derecho penal

que en el derecho disciplinario, en razón de

que los bienes jurídicos resguardados por el

primero tienen mayor preeminencia social

y, por tanto, se imponen sanciones más se-

veras, mientras que el derecho disciplinario,

que está previsto para asegurar el cumpli-

miento de deberes y obligaciones éticas por

parte de servidores públicos o profesionales,

no conlleva sanciones de tipo penal.

8.4. En el marco de esa distinción entre

el procedimiento penal y el procedimiento

disciplinario, se ha dicho que en cada ré-

gimen, según las particularidades de cada

una de las modalidades sancionatorias que

difieren en cuanto a sus intereses, sujetos

involucrados, sanciones y efectos jurídicos

sobre la comunidad, el legislador y las

autoridades con poder de reglamentación

o desarrollo normativo, podrá fijar los

requisitos puntuales de cada procedimiento,

no teniendo que ser idénticas o similares las

formas concretas con que se hace efectivo

el debido proceso (Corte Constitucional de

Colombia, Sentencia C762/09, del 29 de

octubre de 2009).

8.5. Pero, independientemente de la

menor rigurosidad que pueda exhibir el

derecho disciplinario, en comparación

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 713

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con el derecho penal, es innegable que

en la organización de su procedimiento

sancionatorio y en las formas concretas con

que en el mismo se hace efectivo el debido

proceso, no puede eludirse ninguna de las

garantías mínimas que respecto del mismo

se encuentran expresamente señaladas en

el artículo 69 de la Constitución de la

República, entre las cuales se encuentra el

derecho del procesado a un juez imparcial.

O. Aspecto general: Atribuciones de

la potestad fiscalizadora de la Ad-

ministración pública. Sentencia

TC/0619/16

aa. Por esta razón es que la potestad de la Ad-

ministración de fiscalizar de forma adecuada

a los administrados está compuesta de una

serie de atribuciones, como son las medidas

de investigación internas, las medidas de

auditorías externas, en donde en este último

caso se puede inspeccionar el domicilio del

contribuyente y realizar la inspección y las

comprobaciones de lugar de los libros conta-

bles, así como la retención de todo lo que sirva

para verificar el cumplimiento fiscal.

bb. En ese orden, debemos señalar que la

potestad de inspección o fiscalización que

le ha sido conferida a la Administración en

materia impositiva está orientada a con-

trolar y limitar las evasiones tributarias de

los administrados, siendo ésta una potestad

discrecional que puede utilizar según su

conveniencia.

cc. Dentro de esa facultad fiscalizadora

se encuentra la potestad de realizar audi-

torías internas en el asiento social del ad-

ministrado, en donde puede proceder a la

verificación de mercancías, comprobación

de libros, verificación de facturas, movi-

mientos comerciales, así como la realiza-

ción de cualquier tipo de actuación que

permita verificar la realidad de los hechos

y que permita una correcta aplicación de la

normativa impositiva.

dd. Al respecto de la referida potestad, la

Corte Constitucional de Colombia ha

establecido en su Sentencia C-505/99: La

calificación de nuestro Estado como Social

de Derecho determina, entre muchas otras

consecuencias, la exigencia constitucional

de la eficacia de los deberes de los ciuda-

danos, lo que naturalmente incluye la

obligación fiscal. Para ello, la Constitución

otorgó a las autoridades un conjunto de po-

deres para concretar este deber, los cuales se

materializan en la potestad de imposición,

de inspección e investigación y de sanción

tributarios. En otras palabras, el ordena-

miento constitucional otorga al Legislador

un poder para establecer los tributos y al

mismo tiempo reconoce, a la autoridad

administrativa, la facultad para exigirlos

cuando la ley los determina. […].

ee. Por esta razón, la potestad de fiscaliza-

ción de la Administración tiene por fina-

lidad servir de fundamento al sistema de

recaudación aduanero para controlar el fiel

cumplimiento de la obligación tributaria,

teniendo tal actuación como parámetro el

respeto al debido proceso administrativo.

P. Aspecto general: Concepto de silen-

cio administrativo y tipos de silencio

en que incurre la administración.

Sentencia TC/0564/18

h. Junto a la doctrina prevaleciente, el

Tribunal Constitucional considera al

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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silencio administrativo como una ficción

jurídica que permite a las personas consi-

derar acogida o desestimada una solicitud

presentada a la Administración cuando

esta última no responde expresamente

a ella dentro del plazo legal o razonable.

En este orden, encontramos dos tipos de

silencios administrativos: el positivo y el

negativo. El silencio positivo consiste en la

omisión formal de respuesta por la Admi-

nistración. Debe interpretarse como una

aceptación implícita de lo solicitado, y solo

se tipifica ante la existencia de una norma

que disponga expresamente ese efecto. El

silencio negativo, en cambio, se manifiesta

mediante el rechazo implícito de la Admi-

nistración respecto a la solicitud planteada.

Tiene lugar sin necesidad de una norma

que así lo disponga.

Q. Aspecto general: Concepto del si-

lencio administrativo positivo o ne-

gativo. Sentencia TC/0420/16

[…] parte de la existencia de un acto

administrativo –positivo o negativo– o

del incumplimiento de un mandato de la

ley. Además de ello, cuando la omisión es

producida por la función administrativa

del Estado correspondería ser atacada me-

diante un amparo de cumplimiento.

Nota al pie de página: Se conoce como

silencio administrativo negativo a la

omisión de respuesta de una solicitud rea-

lizada a una autoridad administrativa; y

es positivo cuando a falta de respuesta se

considera que la administración ha dado

una respuesta afirmativa a las pretensiones

del administrado.

R. Aspecto general: Elementos y ga-

rantías del debido proceso que deben

darse al expulsar un miembro de

cualquier organización. Sentencia

TC/0874/18

d. La expulsión de un miembro de un sin-

dicato y de cualquier organización, sin ser

juzgado por el organismo competente, la

formulación precisa de las faltas cometidas,

la falta de calidad de los convocantes, la

incorrecta composición de los organismos

disciplinarios, la ausencia de acusador

y la falta de elementos probatorios, todas

constituyen faltas al debido proceso estable-

cido en el artículo 69 de la Constitución

de la República, el cual, en su numeral 10,

establece que las disposiciones relativas al

debido proceso se aplican a todas las actua-

ciones judiciales y administrativas…

S. Aspecto general: Conceptuali-

zación y regulación de los bienes

de dominio público. Sentencia

TC/0426/18 —Ampliación del pre-

cedente TC/0194/13 sobre los bie-

nes que comprenden el patrimonio

nacional—

10.20. Cuando se habla de bienes del

dominio público se hace referencia, más

que al conjunto de bienes y derechos de

titularidad pública destinados al uso pú-

blico o a un servicio público, a aquellos a

los que la normativa los denomine como

tal y aquellos declarados de uso privado,

siempre que, en el caso de éstos últimos, sea

emitida una concesión administrativa o

un permiso proveniente de los organismos

de la administración pública competentes.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 715

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10.21. En el caso de la República Domi-

nicana, existen diversas normas jurídicas

que establecen cuáles son los bienes que

corresponden al dominio público, entre

ellas, cabe destacar el artículo 9 de la

Constitución dominicana, que expresa: El

territorio de la República Dominicana es

inalienable. Está conformado por: 1) La

parte oriental de la isla de Santo Domingo,

sus islas adyacentes y el conjunto de elemen-

tos naturales de su geomorfología marina.

Sus límites terrestres irreductibles están

fijados por el Tratado Fronterizo de 1929 y

su Protocolo de Revisión de 1936. Las au-

toridades nacionales velan por el cuidado,

protección y mantenimiento de los bornes

que identifican el trazado de la línea de

demarcación fronteriza, de conformidad

con lo dispuesto en el tratado fronterizo y

en las normas de Derecho Internacional;

2) El mar territorial, el suelo y subsuelo

marinos correspondientes. La extensión del

mar territorial, sus líneas de base, zona

contigua, zona económica exclusiva y la

plataforma continental serán establecidas y

reguladas por la ley orgánica o por acuerdos

de delimitación de fronteras marinas, en

los términos más favorables permitidos por

el Derecho del Mar; 3) El espacio aéreo

sobre el territorio nacional, el espectro elec-

tromagnético y el espacio donde éste actúa.

La ley regulará el uso de estos espacios de

conformidad con las normas del Derecho

Internacional.

Más adelante, los artículos 14, 15 y 16

de la Constitución consagran: Artículo

14.- Recursos naturales. Son patrimonio

de la Nación los recursos naturales no re-

novables que se encuentren en el territorio

y en los espacios marítimos bajo jurisdic-

ción nacional, los recursos genéticos, la

biodiversidad y el espectro radioeléctrico.

Artículo 15.- Recursos hídricos. El agua

constituye patrimonio nacional estratégico

de uso público, inalienable, imprescriptible,

inembargable y esencial para la vida. El

consumo humano del agua tiene prioridad

sobre cualquier otro uso. El Estado pro-

moverá la elaboración e implementación

de políticas efectivas para la protección de

los recursos hídricos de la Nación. Párrafo.-

Las cuencas altas de los ríos y las zonas de

biodiversidad endémica, nativa y migra-

toria, son objeto de protección especial por

parte de los poderes públicos para garanti-

zar su gestión y preservación como bienes

fundamentales de la Nación. Los ríos, lagos,

lagunas, playas y costas nacionales pertene-

cen al dominio público y son de libre acceso,

observándose siempre el respeto al derecho

de propiedad privada. La ley regulará las

condiciones, formas y servidumbres en que

los particulares accederán al disfrute o ges-

tión de dichas áreas. (Subrayado nuestro).

Artículo 16.- Áreas protegidas. La vida

silvestre, las unidades de conservación que

conforman el Sistema Nacional de Áreas

Protegidas y los ecosistemas y especies que

contiene, constituyen bienes patrimoniales

de la Nación y son inalienables, inembar-

gables e imprescriptibles. Los límites de las

áreas protegidas sólo pueden ser reducidos

por ley con la aprobación de las dos terceras

partes de los votos de los miembros de las

cámaras del Congreso Nacional.

En la ley adjetiva, el Código Civil domi-

nicano en sus artículos 537 al 542, la

Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional

y los Municipios, en los artículos 178 al

181, y la Ley núm. 64-00, General sobre

Medio Ambiente y Recursos Naturales en

sus artículos 126 y 147, puede encontrarse,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

716 | Art. 69

ÍNDICE

a su vez, una serie de disposiciones relativas

al dominio público. Específicamente, en

el artículo 147.1 de la Ley núm. 64-00,

General sobre Medio Ambiente y Recursos

Naturales, se establece: Art. 147.- Los bie-

nes de dominio público marítimo-terrestre

son: 1. Las riberas del mar y de las rías,

que incluye: […] La franja marítima de

sesenta (60) metros de ancho a partir de la

pleamar, según lo prescribe la ley 305, de

fecha 30 de abril de 1968.

T. Aspecto general: Procedimiento

administrativo para la expulsión del

territorio nacional de un extranjero.

Consideraciones sobre no admisión y

deportación. Sentencia TC/0538/15

[…] conforme a las disposiciones de la Ley

número 285-04, General de Migración,

la Dirección de Migración, tiene entre

sus funciones, la de hacer efectiva la no

admisión, la deportación o la expulsión

de un extranjero, ordenada por autoridad

competente (Artículo 6.12).

En efecto, amparada en los principios de

soberanía y de seguridad pública y del Es-

tado, la ley faculta al Estado dominicano

a no admitir en su territorio a extranjeros

que hayan sido objeto de deportación o ex-

pulsión, o que no cuenten con autorización

de reingreso. Q. De hecho, la concesión de

una visa o de una residencia no suponen la

50 Este texto dispone que la expulsión de un extranjero procede: 1) Cuando realizare en el país actividades

que afecten la paz social, la seguridad nacional o el orden público de la República Dominicana. 2)

Cuando en violación a las disposiciones legales no se abstuviese de participar en actividades políticas

en territorio dominicano. 3) Cuando participe en actividades tendentes a suprimir los derechos e

instituciones establecidas en la Constitución de la República Dominicana, sin perjuicio de la aplicación

de la pena que pudiere corresponderle si su acción constituye un delito previsto por la legislación vigente.

4) Cuando durante los primeros cinco años de su residencia en el país, fuere condenado por la comisión

de infracciones penales, o cuando con posterioridad a dicho plazo fuere condenado por delitos que

revelen una peligrosidad incompatible con su integración a la sociedad dominicana.

admisión incondicional al territorio domi-

nicano, pudiendo los mismos ser revocados

por las autoridades migratorias en los casos

previstos en la propia ley, especialmente,

aquellos relativos a la no admisión, a la

deportación y a la expulsión (Artículos 18,

119, 121, 122 de ley 285-04).

r. Respecto de la expulsión, ésta consiste en

un acto administrativo que dicta el Mi-

nistro de Interior y Policía, a través de la

Dirección de Migración, órgano que, ade-

más, se encarga de ejecutarla. La expulsión

procede en los casos que, de manera expresa,

dispone la referida ley núm. 285-04, en su

artículo 12250, y debe realizarse respetando,

en todo caso, los derechos humanos del

afectado. Previo al dictado de ese acto, la

Dirección General de Migración retira al

extranjero los documentos que le acreditan

su status migratorio en el país, y que le

hubieren sido otorgados por las autoridades

nacionales competentes. Lo antes expuesto

debe agotarse siempre mediante la emisión

de un acto administrativo debidamente

motivado, respetando el debido proceso ad-

ministrativo, (Artículo 137, ley 285-04) a

la luz de la Ley número 107-13, así como

de las disposiciones que no la contradigan,

como las dispuestas en los artículos 140 y

siguientes del Decreto núm. 631-11, sobre

Reglamento de Aplicación de la Ley Gene-

ral de Migración, así como en los artículos

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 717

ÍNDICE

122 y siguientes de la indicada ley núm.

285-04.

s. Excepcionalmente, en caso de urgencia

absoluta, cuando esté en juego la seguridad

del Estado o la seguridad pública, el Minis-

terio de Interior y Policía, cuenta, además,

con la potestad discrecional de pronunciar

la expulsión de un extranjero, obviando

los recursos que la ley dispone contra el

referido acto administrativo (Artículo 139,

ley 285-04).

t. En síntesis, para que la no admisión,

deportación, o expulsión de un extran-

jero tenga eficacia, la Administración

correspondiente –amparada de todas las

herramientas que el legislador dispuso para

garantizar la seguridad pública y estatal–,

precisa velar por el cumplimiento de un

debido proceso, o su actuación puede ser

nula de pleno derecho, o anulable.

u. No obstante, a la luz del artículo 14,

párrafo III de la Ley número 107-13, la

invalidez de un acto no se trasmitirá nece-

sariamente a los sucesivos del procedimiento

que sean independientes del nulo o anula-

ble, lo que significa que aún frente a una

nulidad de pleno derecho de un acto admi-

nistrativo, declarada como consecuencia de

la violación a derechos fundamentales, la

Administración tendrá la oportunidad de

continuar o iniciar los procedimientos de

que se trate, siempre dentro de un marco

de respeto a la normativa jurídica vigente.

C  T C

Palabras claves:

1. Debido proceso administrativo: arbitrariedad en deportación de extranjero

basándose en una causa no prevista por la ley aplicable

2. Debido proceso administrativo: arbitrariedad en retención del salario de un

servidor público activo

3. Debido proceso administrativo: ausencia de respuesta sobre solicitud de

amnistía fiscal

4. Debido proceso administrativo: autorización emitida para actividad

minera por órgano que no es competente

5. Debido proceso administrativo: cobro de arbitrios entre órganos de la

Administración pública

6. Debido proceso administrativo: concurso público que adjudicó una obra en

desconocimiento de la especialización requerida

7. Debido proceso administrativo: concurso público que agrega un requisito

adicional el día anterior al vencimiento del plazo para depositar

8. Debido proceso administrativo: contradicción en órganos administrativos

para autorizar una construcción

9. Debido proceso administrativo: creación de impuestos a la importación de

mercancías exentas por ley

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

718 | Art. 69

ÍNDICE

10. Debido proceso administrativo: creación de normas generales tributarias

siguiendo el procedimiento correspondiente y aplicando el principio de

legalidad en la Administración pública

11. Debido proceso administrativo: cumplimiento de un acto administrativo

que llevaba 17 años sin ser tramitado efectivamente

12. Debido proceso administrativo: decomiso irregular de bienes muebles

13. Debido proceso administrativo: desalojo arbitrario en medio de conflicto

entre copropietarios

14. Debido proceso administrativo: descalificación arbitraria del ganador de

un concurso público para construir una escuela

15. Debido proceso administrativo: destrucción de caseta sin realizar

procedimiento administrativo previo

16. Debido proceso administrativo: desvinculación de servidor público en

desconocimiento de licencia médica

17. Debido proceso administrativo: emisión de acto administrativo sin

motivación requerida

18. Debido proceso administrativo: exigencia de cumplir normas cuando la

Administración pública actúa en perjuicio de la empresa solicitante

19. Debido proceso administrativo: facultad de fiscalizar y realizar traslados y

registros por parte de un órgano de la Administración pública

20. Debido proceso administrativo: facultad válida de no inscribir

reconocimiento voluntario de paternidad de niña con padres extranjeros

21. Debido proceso administrativo: facultad válida de levantar acta e incautar

equipos en materia medioambiental

22. Debido proceso administrativo: falta de respuesta a las peticiones realizadas

por las personas

23. Debido proceso administrativo: incumplimiento de la Administración

pública en torno a la ley en materia de seguros y fianzas

24. Debido proceso administrativo: incumplimiento de obligación legal de

tramitar el pago de deudas mediante consignación en el presupuesto

25. Debido proceso administrativo: irregularidad en imposición de multa sin

agotar proceso legal de conciliación previa

26. Debido proceso administrativo: irregularidad en clausura de

establecimiento sin la presencia de la autoridad competente

27. Debido proceso administrativo: necesidad de implementación de normas

por parte de la Administración pública para desarrollar mandato de la ley

28. Debido proceso administrativo: negativa de entregar actos administrativos

de decisiones tomadas verbalmente por la Administración pública

29. Debido proceso administrativo: negativa de entregar documento en el que

se decidió la expulsión del miembro

30. Debido proceso administrativo: negativa de entregar pruebas y

desconocimiento del derecho de defensa por parte de la Administración

pública

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 719

ÍNDICE

31. Debido proceso administrativo: negativa en contestar solicitud de auxilio

de fuerza pública

32. Debido proceso administrativo: negativa en entregar la asistencia

económica legalmente establecida para la solicitante

33. Debido proceso administrativo: normas válidas para establecer obligación

tributaria ante indicios que revelen la inconsistencia entre lo percibido y lo

declarado

34. Debido proceso administrativo: procedimiento de establecer obligación

tributaria y posterior cobro

35. Debido proceso administrativo: respuesta oportuna a las peticiones

realizadas por las personas

36. Debido proceso administrativo: retención arbitraria de bienes muebles sin

proceder a iniciar proceso penal

37. Debido proceso administrativo: retención arbitraria de mercancía

importada aun después de haber pagado los impuestos correspondientes

38. Debido proceso administrativo: retención arbitraria en proceso de

importación de vehículo

39. Debido proceso administrativo: retención de arma de fuego

40. Debido proceso administrativo: retención de arma de fuego sin presentar

acto conclusivo de una investigación penal abierta

41. Debido proceso administrativo: retención indefinida de bienes muebles sin

levantar acta ni apoderar al tribunal correspondiente

42. Debido proceso administrativo disciplinario: cambio de precedente con

relación a sanciones en el ámbito policial y militar

43. Debido proceso administrativo disciplinario: cancelación de militar sin

respetar el procedimiento disciplinario

44. Debido proceso administrativo disciplinario: desvinculación de servidor

público sin poder presentar medios de defensa

45. Debido proceso administrativo disciplinario: desvinculación realizada por

una autoridad que no era competente

46. Debido proceso administrativo disciplinario: desvinculación y sometimiento

a la justicia penal

47. Debido proceso administrativo disciplinario: expulsión sin citación previa

ni respeto por el derecho de defensa

48. Debido proceso administrativo disciplinario: negativa de suspender a un

regidor

49. Debido proceso administrativo disciplinario: sanción arbitraria y

desproporcionada de desvincular a un servidor público por tener tatuajes

en el cuerpo

50. Debido proceso administrativo disciplinario: sanción impuesta por órgano

no competente

51. Debido proceso administrativo disciplinario: sanciones en el ámbito policial

y militar

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

720 | Art. 69

ÍNDICE

52. Debido proceso administrativo disciplinario: suspensión arbitraria de

servidor público sin proceso disciplinario

53. Debido proceso administrativo disciplinario: suspensión indeterminada de

exequatur sin proceso disciplinario previo

54. Debido proceso administrativo sancionador: cancelación injustificada de

servidores públicos protegidos por ley especial

55. Debido proceso administrativo sancionador: cierre de local comercial sin

previa orden de un juez o proceso penal abierto

56. Debido proceso administrativo sancionador: emisión de norma sin

publicación previa

57. Debido proceso administrativo sancionador: incautación de vehículo sin

informar causas

58. Debido proceso administrativo sancionador: incautación irregular de bien

mueble sin advertencia ni notificación previa

59. Debido proceso administrativo sancionador: necesidad de juicio previo y

presunción de inocencia

60. Debido proceso administrativo sancionador: negativa de renovar licencia

de conducir por un órgano que no está facultado para imponer sanciones

61. Debido proceso administrativo sancionador: ocupación de terrenos privados

alegando existencia de bien de dominio público sin agotar previamente el

procedimiento legal

62. Debido proceso administrativo sancionador: retención de mercancía

alegando duda razonable, pero sin agotar el procedimiento legalmente

establecido

63. Debido proceso administrativo sancionador: suspensión de estudiantes sin

previa observancia de procedimiento interno

64. Debido proceso administrativo sancionador: suspensión de un acto

administrativo favorable sin seguir procedimiento previo

65. Debido proceso administrativo sancionador: suspensión provisional

irregular de licencia de importación sin tener habilitación para imponer

esa sanción

66. Debido proceso administrativo sancionador y legalidad de la pena:

imposición de sanciones no previstas en la ley

67. Debido proceso sancionador en el ámbito privado: suspensión de miembro

sin ser oído

68. Inconstitucionalidad: desconocimiento de presunción de inocencia en

sanción legal impuesta por el hecho de tener un proceso penal en curso

69. Inconstitucionalidad: falta de imparcialidad en el proceso disciplinario

sancionador

70. Inconstitucionalidad: imposición de proceso sancionador sin prever la

posibilidad de defenderse ni aportar pruebas en contrario

71. Inconstitucionalidad: legalidad de la pena en sanciones impuestas mediante

reglamento

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 721

ÍNDICE

72. Inconstitucionalidad: limitación legal de acceso a la justicia para poder

demandar

73. Presunción de inocencia: negativa de expedir certificación de no

antecedentes sin existir sentencia condenatoria irrevocable

74. Presunción de inocencia: revocación de licencia de porte y tenencia de arma

de fuego

75. Presunción de inocencia: revocación de licencia de porte y tenencia de arma

de fuego posterior al proceso penal

76. Presunción de inocencia: suspensión provisional válida de servidores

públicos cuando les sea dictada prisión preventiva o arresto domiciliario en

medio de proceso penal

77. Presunción de inocencia: suspensión válida de alcalde sujeto a un proceso

penal

78. Presunción de inocencia: validez de crear y mantener registro con datos

personales que reflejen actividad delictiva

79. Principio non bis in idem: imposición de dos sanciones por la misma

falta

1. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: ARBITRARIEDAD EN

DEPORTACIÓN DE EXTRANJERO BASÁNDOSE EN UNA CAUSA

NO PREVISTA POR LA LEY APLICABLE

CRITERIO:

Constituye una violación al debido proceso administrativo

la actuación de una institución pública (en este caso, la Dirección

General de Migración) de pretender tramitar una deportación de un

extranjero basándose en una causa no prevista por la ley aplicable. El

padecimiento de una enfermedad infectocontagiosa o transmisible

no es causa válida para rechazar la solicitud de residencia permanente

solicitada por un extranjero que ya era residente legal provisorio en el

país.

SENTENCIA TC/0051/21

CRITERIO 2:

Mantener bajo amenaza permanente de deportación a

un extranjero que se encuentra en trámite de obtención de residencia

permanente genera una situación de incertidumbre y de angustia que

deteriora y mengua la dignidad humana, que es uno de los fundamentos

del Estado social y democrático que se diseña en la Constitución vigente.

Resumen del caso: El conflicto se origina en ocasión de la solicitud

de residencia permanente hecha a la Dirección General de Migración

por un ciudadano español que se encontraba en la República Domini-

cana, solicitud que fue rechazada y, además, se le dio al solicitante un

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

722 | Art. 69

ÍNDICE

plazo de un mes para que abandonara el país. Ante esta situación, el

ciudadano español acudió a la jurisdicción constitucional en materia

de amparo invocando vulneración al debido proceso.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

k) En lo que concierne a la amenaza

de deportación, este tribunal establece

que la Dirección General de Migración

debe abstenerse de expulsar del país a un

extranjero que ha iniciado los trámites

administrativos relativos a la obtención de

la residencia permanente, amparándose en

la ley que rige la materia. La deportación

sólo procede cuando haya culminado de-

finitivamente el proceso y las pretensiones

del solicitante hayan sido rechazadas de

manera definitiva e irrevocable.

l) De manera que se le impone a la au-

toridad administrativa correspondiente es-

perar el vencimiento de los plazos previstos

para impugnar la decisión administrativa,

mediante los recursos administrativos y los

jurisdiccionales y, en caso de que se hayan

ejercidos dichos recursos, quedaría habi-

litada para materializar la deportación,

cuando se haya dictado una sentencia

definitiva e irrevocable.

m) La deportación tramitada al margen

de los requisitos indicado en los párrafos

anteriores, constituyen una flagrante viola-

ción al debido proceso y a la tutela judicial

efectiva, previstos en el artículo 69 de la

Constitución…

n) Por otra parte, mantener bajo la ame-

naza permanente de deportación a un

extranjero que se encuentra en el trámite de

la obtención de la residencia permanente

genera una situación de incertidumbre

y de angustia que deteriora y mengua la

dignidad humana, que es uno de los funda-

mentos del Estado Social y Democrático que

se diseña en la Constitución vigente, según

se establece en el artículo 7 de la misma…

o) En lo que concierne al informe médico

que ha servido de fundamento para recha-

zar la solicitud de la residencia permanen-

te, la misma se fundamenta en el acápite

1 del artículo 15, de la Ley General de

Migración núm. 285-04, disposición que,

como ya se indicó, faculta a la Dirección

General de Migración a negar la entrada

al territorio nacional a los extranjeros que

padezcan de una enfermedad infecto-con-

tagiosa o transmisible que por su gravedad

pueda significar un riesgo para la salud

pública. Como se aprecia, el texto de re-

ferencia es aplicable a los extranjeros que

tienen interés en ingresar al país, es decir,

una cuestión distinta de la que nos ocupa,

pues el accionante en amparo posee una

visa de residencia y reside en el país desde

julio de 2013.

q) De lo anterior resulta, que la Dirección

General de Migración rechazó la solicitud

de residencia permanente fundamentándo-

se en una norma que no es la que regula

dicha materia, con lo cual incurrió en una

nueva arbitrariedad y violación al debido

proceso y a la tutela judicial efectiva. En

tal sentido, procede que el referido informe

médico sea excluido y el rechazo de la soli-

citud de residencia permanente sea dejado

sin efecto y se valore de nuevo.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 723

ÍNDICE

2. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: ARBITRARIEDAD EN

RETENCIÓN DEL SALARIO DE UN SERVIDOR PÚBLICO ACTIVO

CRITERIO:

Se vulnera el debido proceso administrativo cuando una

institución pública (en este caso, el Ministerio de Obras Públicas) deja

de pagar el salario de un servidor público sin haber realizado el proceso

de desvinculación ni haber expedido un documento que indique la

cancelación del servidor. La facultad discrecional de la Administración

pública no puede confundirse con arbitrariedad.

SENTENCIA TC/0635/17

Resumen del caso: El caso se origina cuando una institución pública

dejó de pagar el salario de un servidor sin señalar la causa, por lo que

este lo asumió como una cancelación irregular ya que no existe una

acción del departamento de personal que justifique la cancelación.

Ante esta situación, el señor acudió a la jurisdicción constitucional

en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

b. En ese sentido, este colegiado durante el

estudio del expediente que nos ocupa, no

ha podido comprobar la existencia de tal

documento, por lo que el recurrido, señor

Ramón Antonio González González, no

contaba con la herramienta requerida para

iniciar el proceso administrativo una vez se

percató de la situación de desvinculación.

d. Es importante enfatizar que la facultad

discrecional de la Administración Pública

no puede confundirse con arbitrariedad…

3. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: AUSENCIA DE RESPUESTA

SOBRE SOLICITUD DE AMNISTÍA FISCAL

CRITERIO:

Constituye una violación al debido proceso administrativo

la actuación de una institución pública (en este caso, la Dirección

General de Impuestos Internos, DGII) de no responder ni de manera

positiva ni negativa una solicitud de amnistía fiscal realizada por varias

personas.

SENTENCIA TC/0403/20

CRITERIO 2:

Los solicitantes se han visto privados del ejercicio de sus

derechos fundamentales por la manera arbitraria y abusiva con que se ha

conducido el órgano de la Administración pública, el cual ha persistido con

tozudez en una negativa inexcusable, resistiendo de modo tal que parece

desafiar el propio Estado social y democrático de derecho, pues es el Estado

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

724 | Art. 69

ÍNDICE

quien debe definir la situación jurídico-impositiva de los administrados,

motivo por el cual, en este caso en particular, bien pueden operar de

manera condicionada los efectos propios de un silencio administrativo

positivo o estimatorio, con todas sus consecuencias jurídicas.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que varias

personas solicitaron a la Dirección General de Impuestos Internos

(DGII) que les sea concedida una amnistía fiscal con respecto al

pago de determinados impuestos. Ante la falta de respuesta de la

institución, las personas afectadas acudieron ante la jurisdicción

constitucional en materia de amparo de cumplimiento con relación

al artículo  de la Ley núm. -, de Amnistía para el Fortaleci-

miento de la Capacidad Tributaria del Estado, Sostenibilidad Fiscal

y Desarrollo Sostenible.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

n. En ese orden, el artículo 2, párrafo II, de la

Ley núm. 309-12, de siete (7) de diciembre de

dos mil doce (2012), sobre Amnistía para el

Fortalecimiento de la Capacidad Tributaria

del Estado, Sostenibilidad Fiscal y Desarrollo

Sostenible, indica que “la Administración

local de la Dirección General de Impuestos

Internos (DGII), responderá dentro de los

quince (15) días posteriores a la recepción

de la indicada solicitud, señalando el monto

correspondiente de acuerdo lo prescrito en

el Artículo de la presente ley autorizando o

rechazando dicha solicitud”, de manera que

dicha institución está en la obligación de

contestar en un lapso prestablecido, debiendo

ofrecer una repuesta positiva o negativa a

la solicitud que haya formulado cualquier

contribuyente o persona interesada.

s. En efecto, la exigencia de cumplimiento se

produjo mediante Acto núm. 250-2017, de

diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete

(2017), y se observa que la Dirección Ge-

neral de Impuestos Internos (DGII) ignoró

esta solicitud, por lo que se comprueba que

han sido observados los requisitos formales y

materiales de la acción de amparo de cum-

plimiento, según los artículos 104, 105,106

y 107 de la Ley núm. 137-11, y los artículos

39 y 69 de la Constitución de la República,

que expresan los motivos por los que la ahora

parte recurrente estaba legitimada para

accionar en cumplimiento, lo que se traduce

en una grosera violación a sus derechos y

garantías fundamentales como la igualdad,

tutela judicial efectiva y el debido proceso.

[…] la reiterada negativa de la Dirección

General de Impuestos Internos (DGII)

para cumplir, es decir, dar respuesta a la

solicitud de amnistía fiscal solicitada, se

traduce en una inequívoca afectación de

los derechos y garantías fundamentales de

igualdad tutela judicial efectiva y el debido

proceso de la recurrente, Ana Argentina

Hernández R. y compartes.

v. En la especie, este tribunal constitucional

juzga oportuno subrayar su firme obligación

de ser un efectivo garante de la supremacía

y el orden constitucional, así como de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 725

ÍNDICE

la protección de los derechos y garantías

constitucionales; por tanto, órgano del

Estado o funcionario público renuente, que

omita cumplir con sus deberes y obligaciones

consignados en la ley o en cualquier acto

administrativo, será constreñido a cumplir

con los principios esenciales (eficacia, jerar-

quía, objetividad, igualdad, transparencia,

economía, publicidad y coordinación) a

los que deben apegarse de manera estricta

los miembros de la Administración Pública,

conforme lo preceptúa el artículo 138 de la

Norma Suprema dominicana.

x. La resistencia de la autoridad adminis-

trativa de dar cumplimiento al mandato de

una disposición legal, como resulta la Ley

núm. 309-12, se constituye en un abierto

desafío a cuanto se reserva a la función so-

cial del Estado dominicano, que es proteger

efectivamente los derechos de toda persona,

velar por el respeto a su dignidad y procu-

rar “[…] la obtención de los medios que le

permitan perfeccionarse de manera iguali-

taria, equitativa y progresiva, dentro de un

marco de libertad individual y de justicia

social, compatibles con el orden público, el

bienestar general y los derechos de todos y

todas”.

[…] declarar la procedencia de la acción

de amparo de cumplimiento y ordenar a

la Dirección General de Impuestos Internos

(DGII), en la persona de su director general,

dada la configuración de una especie de un

ex profeso prolongado silencio administra-

tivo que, en las circunstancias que rodean

el caso, han irrogado inocultables daños a

las personas que se han visto privadas del

ejercicio de sus derechos fundamentales por

la manera arbitraria y abusiva con que se

ha conducido el órgano de la Administra-

ción Pública reticente, el cual ha persistido

con tozudez en una negativa inexcusable,

resistiendo de modo tal que parece desafiar

el propio Estado social y democrático de de-

recho, pues es el Estado al que le corresponde

en el caso definir la situación jurídica-im-

positiva de estos administrados; motivo por

el cual este colegiado considera que, en este

caso en particular, bien pueden operar de

manera condicionada los efectos propios de

un silencio administrativo positivo o estima-

torio, con todas sus consecuencias jurídicas.

4. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: AUTORIZACIÓN

EMITIDA PARA ACTIVIDAD MINERA POR ÓRGANO QUE NO ES

COMPETENTE

CRITERIO:

Constituye una violación al debido proceso administrativo

la autorización emitida por una institución pública (en este caso, el

Ministerio de Medio Ambiente) para que una empresa realice una

actividad minera que debe ser autorizada por el Ministerio de Industria

y Comercio (competencia que fue traspasada al crearse el Ministerio de

Energía y Minas).

SENTENCIA TC/0482/18

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Ministerio

de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó a una empresa

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

726 | Art. 69

ÍNDICE

de agregados la concesión minera no metálica para la extracción

y procesamiento de materiales que componen la corteza terrestre,

denominados arena, grava, gravilla y piedra, y el permiso ambiental

sobre la misma área geográfica en que, por su parte, el Ministerio de

Industria y Comercio otorgó a otra empresa de agregados la conce-

sión de explotación de rocas calizas. En vista de que dos empresas

habían obtenido autorizaciones sobre la misma área geográfica, la

empresa que obtuvo el permiso del Ministerio de Industria y Comer-

cio interpuso un recurso contencioso administrativo mediante el

cual impugnó la concesión otorgada en favor de la otra empresa que

obtuvo dicho permiso por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

Este recurso fue rechazado por la Tercera Sala del Tribunal Superior

Administrativo. Dicha decisión fue recurrida en casación, recurso este

último que también fue rechazado por la Tercera Sala de lo Laboral,

Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la

Suprema Corte de Justicia. Ante esta situación, la empresa acudió

ante la jurisdicción constitucional en materia de revisión de decisión

jurisdiccional invocando vulneración al debido proceso.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

k. En efecto, advierte esa corte que, más

bien, el Ministerio de Medio Ambiente

y Recursos Naturales, de acuerdo con sus

competencias, emitió una concesión para

la explotación de materiales de la corteza

terrestre como arenas y gravas que consti-

tuyen materiales de construcción, que están

exceptuados de las disposiciones de dicha

ley de minería por disposición expresa del

artículo 4 de la misma, que son recursos

naturales no renovables que comprometen

el medio ambiente.

l. Sobre este argumento, tanto la parte

recurrente como la parte co-recurrida,

Ministerio de Energía y Minas y Direc-

ción General de Minería de la República

Dominicana, advierten que el artículo

4 de la Ley núm. 146-71 no incluye las

rocas calizas dentro de las excepciones para

la aplicación de dicha ley. Según estas

entidades, las rocas calizas son minerales

no metálicos -específicamente, rocas or-

namentales no metálicas-, por lo que, de

acuerdo con el artículo 2 de la misma ley,

la competencia para el otorgamiento de

concesiones de explotación de las mismas

sí correspondía a la entonces Secretaria de

Estado de Industria y Comercio, y ahora

al Ministerio de Energía y Minas, no al

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos

Naturales.

m. Hemos podido verificar que, de

conformidad con el artículo 2 de la Ley

núm. 146-71, Minera de la República

Dominicana, de tres (3) de junio de mil

novecientos setenta y uno (1971), se consi-

derarán substancias minerales, cual que sea

su origen o forma de yacimiento, el guano,

las substancias fosfatadas, el mármol, el

travertino, y demás rocas ornamentales, el

ámbar, el grafito, el carbón de piedra, el

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 727

ÍNDICE

lignito, las arenas silíceas, y metalíferas, el

talco, el caolín y demás arcillas industriales,

la sal, el yeso y otras substancias similares.

N. Dicha ley, en sus artículos 29 y 50,

otorga a la entonces Secretaría de Estado

de Industria y Comercio la competencia

para conferir las concesiones de exploración

y explotación minera, que posteriormente

fueron transferidas al Ministerio de Ener-

gía y Minas, tal y como dispone el párrafo

del artículo 1 y el artículo 19 de la Ley

núm. 100-13, que crea dicho ministerio.

p. Lo anterior deja claro que corresponde al

Ministerio de Energía y Minas la compe-

tencia para emitir la concesión correspon-

diente para la exploración y explotación de

rocas ornamentales, entre otras sustancias

minerales que dispone la norma.

q. Es pertinente advertir que las rocas

ornamentales son aquellas que se explotan

industrialmente y que pueden ser usadas en

la construcción, entre las cuales se encuen-

tran rocas sedimentarias no clásticas, como

las rocas calizas.

r. Lo anterior evidencia que, en efecto,

respecto de la conformidad con la norma

vigente, la Ley núm. 146-71 regula todo

lo relativo a la exploración, explotación y

obtención de beneficios por sustancias mi-

nerales tales como las rocas ornamentales,

entre ellas la roca caliza, así como aquellas

sustancias minerales dispuestas en el artí-

culo 2 de dicha norma.

s. Este derecho de explotación se adquiere

mediante otorgamiento o concesión minera

estatal, tal y como lo dispone el artículo 3

de la misma ley, y previo del cumplimiento

de los requisitos dispuestos en los artículos

149 y siguientes de la misma norma, en

ocasión del cual la Dirección General

de Minería, adscrita al Ministerio de

Energía y Minas, emite un dictamen, y el

Ministerio, si lo encuentra satisfactorio a

los intereses nacionales, remite la solicitud

para la aprobación del Poder Ejecutivo.

u. Dentro de las cuestiones que regula y

las facultades que confiere el legislador al

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos

Naturales, en la lectura de los artículos del

162 al 164 de la misma ley no se infiere

precisamente una competencia para la

concesión de derechos de explotación o

exploración minera, sino más bien una

regulación orientada al aprovechamiento

y a la conservación de los recursos natu-

rales, en virtud de lo cual los proyectos de

explotación y exploración minera deben

contar con la aprobación o visto bueno del

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos

Naturales, mediante una licencia o un

permiso ambiental o, en los términos del

referido artículo 116, una concesión para

el aprovechamiento de recursos naturales.

v. Esto es así porque de esta manera se

cumple con el objeto de conservación, pro-

tección, mejoramiento y restauración del

medio ambiente y los recursos naturales,

asegurando su uso sostenible dispuesto en

el artículo 1 de la misma ley de medio

ambiente.

w. Es precisamente lo que sucede cuando

señala que la “extracción de roca, arena,

grava y gravilla, la industrialización de sal

y cal y la fabricación de cemento, se suje-

tarán a las normas técnicas que establezca

la ley específica y su reglamento, a efecto

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

728 | Art. 69

ÍNDICE

de evitar el impacto negativo que dichas

actividades puedan producir en el medio

ambiente y la salud humana”.

x. En relación con la exclusión que consa-

gra la ley minera, respecto de la regulación

de (i) el petróleo, (ii) los demás hidrocarbu-

ros, (iii) las aguas mineromedicinales, (iv)

las gravas que constituyen materiales de

construcción y (v) las arenas que constitu-

yen materiales de construcción, se impone

precisar que las concesiones para la explota-

ción de dichos materiales se regularán –tal

y como expone la norma- mediante leyes

especiales. Y. Se evidencia entonces que,

respecto del conflicto que nos ocupa, las

competencias para la concesión minera han

sido delimitadas por la ley y que, por tanto,

yerra la Tercera Sala de la Suprema Corte

de Justicia al advertir que tales concesiones

no fueron reguladas por el legislador y

que el permiso y concesión de referencia se

trata de “la explotación de materiales de la

corteza terrestre como arenas y gravas que

constituyen materiales de construcción, que

están exceptuados de las disposiciones de di-

cha ley de minería por disposición expresa

del artículo 4 de la misma”.

z. Tal y como se observa, el certificado de

concesión minera no metálica núm. 100-

05, expedido por el Ministerio de Medio

Ambiente y Recursos Naturales el cuatro

(4) de noviembre de dos mil cinco (2005)

a favor de Agregados Santa Bárbara,

S.A.S., fue conferido para la extracción

y procesamiento de materiales que com-

ponen la corteza terrestre, denominados

arena, grava, gravilla y piedra. Dicho

certificado establece las características de

los materiales antes indicados, entre los

cuales destaca que se refiere a piedras de

origen sedimentario como las rocas calizas,

rocas ornamentales que se enmarcan den-

tro de las sustancias minerales sobre cuya

explotación tiene control el Ministerio de

Energía y Minas.

bb. Resulta entonces evidente, no solo la

incongruencia de las argumentaciones de

la Tercera Sala de la Suprema Corte de Jus-

ticia con lo dispuesto por el legislador, sino,

además, la confrontación entre la autoriza-

ción conferida a Agregados Santa Bárbara,

S.A.S. mediante el certificado de concesión

minera núm. 100-05 y lo dispuesto por el

legislador, argumentos emitidos en total

desapego a los principios de juridicidad y

de legalidad, en cuya virtud toda la actua-

ción administrativa se somete plenamente

al ordenamiento jurídico y a la ley. Esto

así, pues la competencia es, precisamente,

elemento esencial para la validez de los

actos que emanan de la Administración y

viene dispuesta de manera concreta por el

legislador.

cc. De esa manera, se viola el debido pro-

ceso, en virtud del cual las actuaciones ad-

ministrativas se realizarán de acuerdo con

las normas de procedimiento y competencia

establecidas en la Constitución y las leyes.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 729

ÍNDICE

5. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: COBRO DE ARBITRIOS

ENTRE ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CRITERIO:

No procede exigir el cumplimiento de una norma (en este

caso, el art. 134 de la Ley núm. 125-01 General de Electricidad) cuando

el ayuntamiento que pretende el cumplimiento de dicha norma no

ha demostrado estar habilitado para exigir su cumplimiento. El cobro

del arbitrio está condicionado a que los ayuntamientos no se hayan

atribuido la facultad de suministrar el diseño, materiales, instalación

y mantenimiento del alumbrado público de sus municipios o distritos

municipales.

SENTENCIA TC/0736/18

CRITERIO 2:

La naturaleza jurídica de las empresas distribuidoras de

electricidad es mixta, son empresas públicas comerciales no financieras,

de capital público y privado.

Resumen del caso: El caso se origina cuando en el cobro que hiciera

el Ayuntamiento del municipio de La Romana a la Empresa Distri-

buidora de Electricidad del Este S. A. (EDEESTE), de un monto

pendiente por concepto de facturaciones corrientes en el municipio

de La Romana, producto del pago del % que la indicada empresa

debe realizar según lo que establecen los artículos  y  de la

Ley núm. -, General de Electricidad. Ante la negativa de la

empresa EDEESTE, el órgano de administración local acudió a

la jurisdicción constitucional en materia de amparo para exigir el

cumplimiento de la norma.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

e. En otro orden, previo a realizar las pon-

deraciones de lugar para establecer si tiene

mérito el planteamiento realizado por el

recurrente en su instancia, se hace necesario

que este tribunal constitucional determine

la naturaleza jurídica de las entidades de

distribución y comercialización de energía

eléctrica que operan en el país (Edenorte,

Edesur y Edeeste), para así establecer si la

Empresa Distribuidora de Electricidad del

Este, S.A. (EDEESTE), está bajo el ám-

bito de aplicación del artículo 104 de la

Ley núm. 137-11, que instituye el amparo

de cumplimiento como vía de tutela para

constreñir a un órgano o ente público a

dar cumplimiento a una disposición legal

o acto administrativo.

f. En ese sentido, debemos señalar que

previo al proceso de capitalización que fue

realizado en el año 1997 al sector eléctrico,

la Corporación Dominicana de Electrici-

dad (CDE) era la institución estatal que

tenía la facultad de establecer la política

energética de República Dominicana, y

por demás, tenía bajo su cargo los procesos

de generación, trasmisión, distribución y

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

730 | Art. 69

ÍNDICE

comercialización de la energía eléctrica a

escala nacional.

g. Como consecuencia del proceso de capi-

talización de la Corporación Dominicana

de Electricidad (CDE), el sector eléctrico

dominicano quedó estructurado en tres em-

presas de generación (EgeHaina, Egeitabo

y Egehid); tres empresas de distribución

(Edenorte, Edesur y Edeeste) y una (1)

empresa de transmisión (ETED).

h. En ese orden, cabe precisar que en el

momento en que fue efectuado el referido

proceso, se viabilizó la intervención del sec-

tor privado en la capitalización del sistema

eléctrico dominicano, estructurándose lo

que se conoce como una alianza públi-

co-privada para el desarrollo del referido

sector, trayendo esto como consecuencia que

las tres empresas de distribución y genera-

ción térmica fueran de capital mixto, es

decir, constituidas por capitales públicos y

privados; quedando como empresa de capi-

tal netamente público o estatal las empresas

de trasmisión y las hidroeléctricas.

i. En vista de ello, las empresas de distri-

bución y comercialización eléctricas han

resultado conformadas como entidades

mixtas, estando estructuradas en el orga-

nigrama del Estado dominicano como em-

presas públicas comerciales no financieras

de capital mixto, las cuales están bajo la

supervisión y fiscalización de la Corpora-

ción Dominicana de Empresas Eléctricas

Estatales, CDEEE, la cual, a su vez, está

adscrita al Ministerio de Energía y Minas.

j. Es por esa razón que al poseer estas em-

presas de distribución y comercialización

eléctricas una naturaleza híbrida, no

escapan al carácter público, por cuanto las

mismas deben sujetarse a regulaciones tales

como las contenidas en Ley núm. 340-16,

sobre Compras y Contrataciones de Bie-

nes, Servicios, Obras y Concesiones; Ley

núm. 200-04 General de Libre Acceso a la

Información Pública, derivándose de esta

norma la exigencia de tener un portal de

transparencia; así como de la Ley núm. 41-

08 sobre Función Pública, baja el espectro

de la cual la propia EDEESTE ha creado

una comisión de ética pública a lo interno

de ella.

k. De otro lado se hace necesario resaltar

que desde el punto de vista de las activida-

des contratadas por EDEESTE con perso-

nas físicas o jurídicas, los cuales devienen

en servicios públicos que se sirven a través

de contratos de comercialización de electri-

cidad, lo cual genera deberes y obligaciones

para ambas partes, por lo que el vínculo ju-

rídico existente entre estas está sujeto a un

régimen contractual, de lo cual se deriva su

carácter civil y comercial, estando sometida

esa actividad y las que se produzcan como

consecuencia de ella al derecho privado.

O. En lo concerniente al conocimiento de

la acción de amparo de cumplimiento, cabe

precisar que la parte accionante, Ayunta-

miento Municipal de La Romana, persigue

que se le ordene a la Empresa Distribui-

dora de Electricidad del Este (EDEESTE)

dar cumplimiento al pago del arbitrio del

3% de la facturación corriente que ésta ha

recaudado en ese municipio, tal y como se

prescribe en el artículo 134 de la Ley núm.

125-01, General de Electricidad; por vía

de consecuencia, procura que se le ordene

a que pague el monto acumulado de dos-

cientos treinta y cuatro millones setecientos

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 731

ÍNDICE

ocho mil ciento cinco pesos dominicanos

con 06/100 ($234,708,105.06).

q. Antes de conocer de las pretensiones de

la parte accionante debemos determinar

si el artículo 134 de la Ley núm. 125-01

General de Electricidad, es una norma-

tiva legal de aplicación inmediata, o si

por el contrario precisa de la existencia

de un presupuesto habilitante para dicha

aplicación.

r. En ese orden, debemos precisar que si

bien es cierto que el legislador ha estableci-

do un arbitrio del 3% a favor de los ayun-

tamientos sobre la facturación corriente

recaudada por las empresas distribuidoras

dentro de la jurisdicción de cada munici-

pio y sus distritos municipales, como una

tasa de contraprestación a la utilización

y aprovechamiento del dominio público

municipal, no menos cierto es que la

aplicación de la misma está condicionada

a que los ayuntamientos no se hayan atri-

buido la facultad de suministrar el diseño,

materiales, instalación y el mantenimiento

del alumbrado público de sus municipios

o distritos municipales, o bien contrataren

con terceros la prestación de dichos servicios

lo cual fue establecido mediante la senten-

cia del Tribunal Constitucional que más

adelante referimos.

u. Del análisis de lo dispuesto en el artículo

134 de la Ley núm. 125-01 queda compro-

bado que su ejecución está condicionada a

la demostración por parte del Ayuntamien-

to Municipal de La Romana de que no se

ha atribuido la facultad de suministrar,

instalar y mantener el alumbrado público

de su municipio y que la misma está siendo

realizada por la Empresa Distribuidora de

Electricidad del Este (EDEESTE).

v. En ese orden, este órgano de justicia cons-

titucional especializado entiende necesario

indicar que en los casos que envuelvan

situaciones donde se procure constreñir a

un órgano administrativo o funcionario

público para que ejecute una disposición

legal cuyo cumplimiento esté sujeto a

la comprobación de la existencia de un

presupuesto habilitante, que en la especie

no ha sido probado, la acción de amparo

de cumplimiento de que se trate debe ser

declarada improcedente.

6. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: CONCURSO PÚBLICO

QUE ADJUDICÓ UNA OBRA EN DESCONOCIMIENTO DE LA

ESPECIALIZACIÓN REQUERIDA

CRITERIO:

Constituye una vulneración al debido proceso la adjudicación

por parte del Ministerio de Educación (MINERD) de una obra a un

ingeniero electromecánico cuando la misma debía ser realizada por un

ingeniero civil.

SENTENCIA TC/0399/14

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que luego de

que un ingeniero resultara ganador de un concurso para construir

escuelas, el Ministerio de Educación decidió descalificarlo por no

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

732 | Art. 69

ÍNDICE

tener la idoneidad requerida para la obra, ya que la misma debía ir

destinada a un ingeniero civil y el ganador era un ingeniero electro-

mecánico. Ante esta decisión, el ingeniero acudió a la jurisdicción

constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

b. Al recurrido, ingeniero Agustín Cruz, le

fue adjudicada la construcción de la escuela

básica por el sorteo en que resultó ganador

(Lote núm. 26), por un costo de treinta y

tres millones trescientos seis mil seiscientos

setenta y cuatro pesos con seis centavos

($33,306,674.06), siendo descalificado

posteriormente por la entidad contratante

por supuesta falta de idoneidad, es decir,

por ser ingeniero eléctrico, no ingeniero

civil.

f. De conformidad con lo que establece la

Ley núm. 340-06, modificada por la ley

núm. 449-06, del 6 de diciembre de 2006,

y su Reglamento de aplicación núm. 543-

12, del 6 de septiembre de 2012, la base

del referido concurso se rige por el modelo

del pliego de condiciones específicas para la

ejecución o contratación de obras elaborado

por la Dirección General de Contratacio-

nes Públicas, el cual persigue garantizar los

principios contenidos en la citada ley.

g. Si partimos de lo que se explica en el

pliego de condiciones, cuyo objetivo es es-

tablecer el conjunto de cláusulas jurídicas,

económicas, técnicas, administrativas, y

reglamentarias, y fija los requisitos, dere-

chos y obligaciones de las personas físicas

o jurídicas, nacionales o extranjeras que

deseen participar en el sorteo para la cons-

trucción, rehabilitación y ampliación de

escuelas, según las especificaciones técnicas

fijadas por el Ministerio de Educación

(MINERD), el accionante cumplió con los

requisitos legales exigidos para el sorteo.

j. Si bien es cierto que el hoy recurrido se

sometió a un proceso de depuración por el

Colegio Dominicano de Ingenieros, Arqui-

tectos y Agrimensores (CODIA), donde fue

establecida la idoneidad del hoy recurrido,

conforme lo establece el referido pliego de

condiciones, no es menos cierto, que el

(CODIA) no observo que para el referido

concurso o sorteo se trataba de una obra

civil, y que un ingeniero eléctrico no es

la persona facultada para la ejecución de

dicha obra. Por vía de consecuencia, el

ingeniero Agustín Cruz procedió a inscri-

birse en el registro de proveedores de obras,

establecido en el Decreto núm. 543-12

que regula la participación en concursos

públicos, en virtud de la Ley núm. 340-06.

m. Del análisis de expediente, y vista la

decisión del juez de amparo, se colige que

ciertamente el Ministerio de Educación

(MINERD), al descalificar al ingeniero

Agustín Cruz de la obra de la cual resultó

ganador y posteriormente descalificado

por falta de idoneidad, vulneró derechos

fundamentales tales como el debido pro-

ceso, tutela judicial efectiva, principio de

legalidad, igualdad, pero no menos cierto

es que quien construye una obra, en este

caso de una escuela, no es un ingeniero

eléctrico, sino un ingeniero civil facultado

y con calidad para estos fines.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 733

ÍNDICE

N. De lo anterior se desprende que el inge-

niero Agustín Cruz no ostenta la referida

calidad para la construcción de la Escuela

Básica Caoba Cael, de la cual resultó gana-

dor en primer lugar en Lote núm. 26, en

virtud de que la construcción de la referida

obra está diseñada para ingenieros civiles,

no para ingenieros electromecánicos, como

en el caso de la especie.

r. El Ministerio de Educación (MINERD)

incurrió en un error al no especificar el tipo

de ingeniero que se requiere para la cons-

trucción de una escuela, inobservando las

restricciones de la ingeniería, dentro de la

cual se encuentra la ingeniería electromecá-

nica, la cual es una disciplina que estudia la

trasformación y aprovechamiento de la ener-

gía mecánica, hidráulica, técnica y eléctrica,

por medio del diseño, fabricación, análisis,

investigación y mantenimiento de máquina,

la generación, trasmisión y control de energía

eléctrica; contrario a lo que es la ingeniería

civil, la cual es una disciplina que se encar-

ga del diseño, construcción y mantenimiento

de las obras de infraestructuras.

s. De los planteamientos argüidos pre-

cedentemente se analiza de manera

razonable que de otorgarse la citada obra

para la construcción de la referida escuela

a un Ingeniero electromecánico, y de ser

construida la misma por este profesional,

pondría en peligro la vida de las personas

que a ella asistan, por lo que más allá de

ponderar si el Ministerio de Educación

(MINERD)vulneró derechos fundamen-

tales como los invocados por el recurrido,

este tribunal constitucional, como órgano

supremo de interpretación y control de la

constitucionalidad, considera que el inge-

niero Agustín Cruz no posee las condiciones

y requisitos exigibles para la construcción

de la referida escuela, por no ser la persona

idónea para la ejecución de la citada obra

ganada. Este tribunal considera que el Mi-

nisterio de Educación (MINERD) deberá

abocarse a convocar un nuevo concurso

público bajo la modalidad de sorteo para

la construcción de la escuela denominada

Caoba Cael, ubicado en el municipio de

Yaguate, provincia San Cristóbal.

7. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: CONCURSO PÚBLICO

QUE AGREGA UN REQUISITO ADICIONAL EL DÍA ANTERIOR AL

VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA DEPOSITAR

CRITERIO:

Se vulnera el debido proceso cuando una institución pública

(en este caso, el Ministerio de Educación), en medio de un sorteo de

obras (el día de vencimiento del plazo para depositar los documentos),

agrega un requisito en el pliego de condiciones que afecta directamente

a los posteriores ganadores del sorteo.

SENTENCIA TC/0388/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Ministerio

de Educación estaba realizando un sorteo de obras de edificaciones

escolares en el que resultaron ganadoras en dos provincias una persona

física y una empresa cuya titularidad recaía en la misma persona.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

734 | Art. 69

ÍNDICE

Posteriormente el Ministerio de Educación procedió a descalificar

a los referidos oferentes que habían ganado, indicando que se había

publicado una nota aclaratoria en la que establecía un requisito que

fue incumplido por los oferentes ganadores; la empresa y la persona

física acudieron a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

invocando vulneración al debido proceso.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

cc) Es importante enfatizar que la refe-

rida “Nota Aclaratoria” fue publicada el

veintisiete (27) de noviembre de dos mil

doce (2012), es decir, el mismo día en que

se cumplía el plazo para el depósito de los

documentos exigidos por el Pliego de Con-

diciones para el sorteo. Dd) De tal manera,

que la referida modificación fue realizada

asumiendo dos cosas: 1. Que todos los

participantes iban a tener conocimiento de

ese hecho; 2. Que no había participantes

que hubieren depositado sus documentos

antes de esa fecha. Ee) En efecto, conforme

el cronograma del sorteo, el Pliego de Con-

diciones fue “puesto en circulación” desde

el viernes veintitrés (23) de noviembre. El

plazo para depositar los documentos vencía

el martes veintisiete (27) de noviembre,

misma fecha en la cual se publicó la “Nota

Aclaratoria”. De esto se colige que luego de

conocido el pliego, los documentos podían

depositarse, tanto el sábado veinticuatro

(24) de noviembre, como el lunes veintiséis

(26) de noviembre, fechas en las cuales la

“Nota Aclaratoria” no estaba publicada.

ff) Para este tribunal resulta, entonces, que

la modificación realizada por el Ministerio

de Educación de la República Dominica-

na, consistente en sumar una prohibición

que no existía en el pliego de condiciones,

el mismo día que vencía el plazo para

depositar el documento, constituye una

actuación que no es razonable y que tiende

a quebrantar, incluso, el derecho a un de-

bido proceso, máxime cuando la misma es

utilizada para fundamentar una sanción

impuesta a una de las partes.

kk) Pero es en referencia al segundo crite-

rio –el análisis del medio empleado–, que

el Tribunal Constitucional entiende que

existe una contradicción con la Consti-

tución dominicana. Y es que el hecho de

utilizar como “medio” la publicación de

una “Nota Aclaratoria” –mediante la cual

se le agregaba un requisito al sorteo– en

un periódico de circulación nacional, el

mismo día en que se vencía el plazo para

depositar los documentos, y no tomando en

consideración los participantes que habían

depositado previo a esta publicación, pone

de manifiesto la irrazonabilidad de la

medida.

ll) El Tribunal Constitucional entiende

que lo anterior se agrava, tomando en

consideración que el no cumplimiento del

requisito adicional establecido por la “Nota

Aclaratoria” supone una sanción, esto es, la

de descalificar a las partes del sorteo.

mm) En tal sentido, el medio empleado

para llegar a la finalidad es incorrecto,

irracional y carente de toda lógica, ya que

no es viable el modificar esas condiciones

el mismo día en que se vence el plazo para

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 735

ÍNDICE

depositar los documentos. Y es que si el

Ministerio de Educación de la República

Dominicana entendía que ese requisito

era importante para llegar a su finalidad,

entonces debió establecer esa condición con

antelación, al momento que se redactó el

pliego de condiciones, o por lo menos con

varios días de antelación al vencimiento

del plazo para depositar los documentos.

nn) Por esa razón, el Tribunal Constitu-

cional entiende que la medida de la “Nota

Aclaratoria” se torna violatoria al principio

de razonabilidad, por lo que dicho requisi-

to no podía ser utilizado como fundamento

para sancionar a la Constructora Javier

Abreu, S.R.L., y al señor Manuel Atilano

Javier Reyes, con su descalificación en el

sorteo.

8. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: CONTRADICCIÓN

EN ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS PARA AUTORIZAR UNA

CONSTRUCCIÓN

CRITERIO:

Constituye una vulneración al debido proceso la autorización

emitida por un órgano (en este caso, el Concejo de Regidores del

ADN) que no tenía competencia para autorizar una construcción,

competencia que estaba atribuida a un departamento especializado del

mismo órgano (en este caso, la Dirección General de Planeamiento

Urbano del ADN). No procede invocar competencia delegada tácita,

toda vez que la misma debe ser establecida de manera expresa y en

virtud de la ley aplicable.

SENTENCIA TC/0169/16

CRITERIO 2:

La autorización dada a la empresa para iniciar el proceso de

construcción no constituye una vulneración al principio de confianza

legítima, pues para que dicha autorización pudiera materializarse

faltaban aprobaciones legamente establecidas.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una empresa

constructora había tramitado un permiso ante el Ayuntamiento del

Distrito Nacional. Esta solicitud fue aprobada mediante resolución

emitida por el Concejo de Regidores y posteriormente modificada a

requerimiento de la empresa constructora. Una vez iniciados los traba-

jos, la Dirección General de Planeamiento Urbano del ADN procedió

a emitir una comunicación dirigida a la empresa constructora en la

que establecía que no procedían las modificaciones aprobadas previa-

mente. Ante esta situación, la referida empresa acudió a la justicia

ordinaria y logró que anularan dicha comunicación. En este sentido, el

ADN acudió al Tribunal Constitucional para que revisara la decisión

jurisdiccional emitida.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

736 | Art. 69

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

Fundamentos del criterio 1:

10.10. Con respecto al contenido del

numeral 7 del artículo 69, que establece

que “ninguna persona podrá ser juzgada

sino conforme a leyes preexistentes al acto

que se imputa”, ha de entenderse que

dicha expresión tiene vigencia no solo con

respecto a las disposiciones establecidas en

una norma con rango de ley, sino también

frente a aquellas disposiciones normativas

que, aunque no tengan rango de ley, hayan

sido elaboradas y aprobadas conforme al

principio de legalidad y, en consecuencia,

forman parte del ordenamiento jurídico.

10.14. Para resolver la cuestión que nos

planteamos en este apartado, relativa a

determinar cuál era el órgano competente

para aprobar la construcción del proyecto,

nos apoyaremos fundamentalmente en dos

leyes que estaban vigentes el veinticinco

(25) de mayo de dos mil siete (2007), fe-

cha en que fue dictada la Resolución núm.

56/2007, estas son: la Ley núm. 6232, de

Planificación Urbana, del veinticinco (25)

de febrero de mil novecientos sesenta y tres

(1963) (en adelante, “Ley núm. 6232”), y

la Ley núm. 3456.

10.15. En este sentido, la parte recurrida

señala que, de conformidad con el citado

artículo 27, apartado 18, de la Ley núm.

3456, en dicha fecha era competencia de

la Sala Capitular prohibir o no aprobar

las construcciones que, a su juicio, sean

de altura excesiva, teniendo en cuenta

la extensión de terreno, la situación, a la

altura o naturaleza de las construcciones

adyacentes o cercanas, la anchura de la

calle o de las calles correspondientes, y otras

circunstancias análogas. Al respecto, es

necesario resaltar que ese mismo acápite

18 del artículo 27 precisa que “en ningún

caso podrán aprobarse construcciones que

excedan de siete pisos a contar del nivel del

terreno”. Es así que, de conformidad con

dicha ley, en ningún caso podía la Sala

Capitular aprobar construcciones que exce-

diesen una altura máxima de siete (7) pisos,

a contar desde el nivel del terreno.

10.16. Por otra parte, también resulta

especialmente relevante en este punto lo dis-

puesto por el artículo 8 de la Ley núm. 6232,

el cual textualmente expresa lo siguiente:

Artículo 8: Las Oficinas de Planeamiento

urbano tendrán a su cargo, a más de las fun-

ciones señaladas en el art. 5 de la presente

ley, la emisión, previa revisión y declaración

de conformidad de las leyes y requisitos

vigentes, de todos aquellos permisos relativos

a cualquier tipo de construcción, reconstruc-

ción, alteración, traslado, demolición, uso o

cambio de edificios y estructuras; con el uso o

cambio de uso de terrenos; con la instalación

o alteración de rótulos o anuncios, así como

de cualesquiera otros aspectos relacionados

con los planes o zonificación.

10.17. De acuerdo con el precitado artículo

8, los permisos relativos a cualquier cons-

trucción, así como los de uso de terrenos

corresponden a las oficinas de Planea-

miento Urbano. Al respecto debe precisarse

también que, si en virtud del artículo 27,

apartado 18ª de la Ley núm. 3456, pu-

diere entenderse que la Sala Capitular era

competente para aprobar construcciones,

en virtud de lo dispuesto por el artículo 8

de la Ley núm. 6232, ley de fecha posterior,

la misma quedaba derogada en virtud del

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 737

ÍNDICE

principio que establece que ley posterior

deroga a la ley anterior.

10.18. Es así que, de acuerdo con el orde-

namiento jurídico vigente en ese momento,

a quien correspondía aprobar la construc-

ción del residencial “Pedro Tabaré” era a

la Dirección General de Planeamiento

Urbano y no a la Sala Capitular.

10.19. En este sentido, este tribunal deter-

mina que, en la medida en que conforme

a la legislación vigente al momento de

dictarse la Resolución núm. 56/2007 la

competencia para aprobar la construcción

correspondía a la Dirección General de

Planeamiento Urbano…

10.21. Al respecto, ha de tenerse en cuenta

que, al momento de dictarse la Resolución

núm. 56/2007, la Sala Capitular no tenía

competencia para aprobar la construcción

de proyectos, ya que existía una ley posterior

a la Ley núm. 3456 que atribuía dicha

competencia a otra dependencia del Ayun-

tamiento, esto es, a las oficinas de Planea-

miento Urbano. Tampoco puede decirse que

se trataba de una competencia delegada, ya

que las delegaciones no se realizan de forma

tácita, sino que deben ser siempre otorgadas

expresamente y siguiendo las formalidades

legalmente establecidas para tales fines. Es

así que el cumplimiento de la legalidad

vigente no constituye solo un mandato a los

particulares, sino también a toda la Admi-

nistración Pública para que sus actuaciones

se realicen con apego a la ley.

Fundamentos del criterio 2:

10.26. En la misma línea, la sentencia recu-

rrida sigue sosteniendo que el órgano técnico

que envió su informe sin objeciones es una

dependencia del síndico, lo que implica que

quien obró fue el Ayuntamiento del Distrito

Nacional a favor de la recurrida, dado que

no puede ser desconocido este derecho que

de forma individual le ha sido conferido al

principio de confianza legítima y seguridad

jurídica, generando con ello una incertidum-

bre de derecho que resulta incompatible con

un Estado Constitucional y de Derecho. Al

respecto, este tribunal considera que tampoco

ha sido vulnerado el principio de confianza

legítima a Constructora Rosario, S.R.L. en la

medida en que la resolución dictada por la

Sala Capitular no habilitaba a la empresa

constructora para ejecutar el proyecto. En este

sentido, en la sentencia anterior a la revisada

en el marco de este recurso la Suprema Corte

de Justicia había declarado que el derecho a la

seguridad jurídica o a la confianza legítima,

como se le llama en derecho europeo, […] es

definida por la mejor doctrina, expresando

que la misma consiste en la confianza que

tiene en un Estado de Derecho el ciudada-

no en el ordenamiento jurídico, es decir, al

conjunto de leyes que garantizan la seguridad

y el orden jurídico [Sentencia núm. 1 de la

Suprema Corte de Justicia, del siete (7) de

marzo de dos mil siete (2007), dictada en

materia constitucional].

10.27. Es así que, además de que la sen-

tencia recurrida es contraria al precedente

establecido por la propia Suprema Corte

de Justicia con respecto a las figuras de

“confianza legítima” o “seguridad jurídico”,

en este caso, Constructora Rosario, S.R.L.

no contaba con autorización alguna que

le permitiera iniciar la ejecución de su

proyecto modificado, ya que la única au-

torización que podría habilitarlo para ello

sería la emanada del Ministerio de Obras

Públicas y Comunicaciones.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

738 | Art. 69

ÍNDICE

9. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: CREACIÓN DE

IMPUESTOS A LA IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS EXENTAS

POR LEY

CRITERIO:

Constituye una vulneración al debido proceso administrativo

la pretensión de la Dirección General de Aduanas de crear nuevos

impuestos a las importaciones de mercancías que estaban exentas por

ley.

SENTENCIA TC/0807/18

CRITERIO 2:

No puede desconocerse el principio de legalidad tributaria

que otorga al legislador la facultad exclusiva de creación de impuestos.

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando la Dirección

General de Aduanas (DGA) emitió el aviso de aplicar una disposi-

ción que eliminaría la exención del pago de derechos e impuestos de

las mercancías, cuyo valor individual fuera igual o inferior a los 

dólares. Un grupo de personas y asociaciones vinculadas al sector de

la importación y distribución de mercancías compradas por internet

acudieron a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

invocando vulneración al debido proceso administrativo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] es preciso indicar que el despacho ex-

preso de envíos en principio fue regulado

por el Decreto núm. 402-05, dictado por

el Dr. Leonel Fernández, presidente de la

República el veintiséis (26) de julio de dos

mil cinco (2005), donde en el artículo 4

establecía la categoría B, envíos de bajo

valor, libres del pago de derechos e impues-

tos; luego se dictó la Ley núm. 253-12,

sobre el Fortalecimiento de la Capacidad

Recaudatoria del Estado para la Sosteni-

bilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible

el nueve (9) de noviembre de dos mil

doce (2012), la cual, en su artículo 49,

estableció que a partir de la entrada en

vigor de la presente ley, toda mercancía

incluida en el artículo 4, “categoría B,

sobre envíos de bajo valor, pagará los

impuestos correspondientes”; posterior-

mente se emitió la Ley núm. 277-12, el

diecinueve (19) de noviembre de dos mil

doce (2012), la cual deroga el artículo 49

de la Ley núm. 253-12.

k. Este tribunal hace suyas las fundamen-

taciones del tribunal de amparo, el cual

determinó que en el asunto estaba cuestio-

nándose la vulneración al derecho funda-

mental a la igualdad en materia impositi-

va, por tratarse de un acto realizado por la

administración sobre el establecimiento de

nuevos impuestos.

r. Del estudio de la sentencia recurrida

se desprende que el tribunal de amparo,

realizó un análisis de los alegatos de los

accionantes, que, al plantearle violación

al debido proceso, y al principio de la ac-

tuación administrativa, concluyó con que

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 739

ÍNDICE

las actuaciones realizadas por la Dirección

General de Aduanas representaban una

violación al debido proceso administrativo,

apoyándose en los precedentes de este tribu-

nal constitucional, los cuales fueron citados

en la misma sentencia recurrida. E. Que,

en consecuencia, al estar revestida de lega-

lidad la exención, en principio creada por

la interpretación que se dio al Decreto núm.

402-05, mediante la Ley núm. 277-12, al

pretender la Dirección General de Adua-

nas desconocerla, incurre en la violación

a lo que nuestra constitución prevé en su

artículo 69 numeral 10, el debido proceso

administrativo.

w. Por otra parte, los recurrentes argumen-

tan que la sentencia recurrida incurre en

violación a las reglas de interpretación de

la prueba y motivación de la sentencia de

amparo, establecido en el artículo 88 de

la Ley núm. 137-11, así mismo plantea

violación al artículo 243 de la Constitu-

ción, relativo al principio de legalidad

tributaria.

x. Al examinar la sentencia recurrida, el

tribunal de amparo dispuso en la página

72, numerales VII, VIII y IX de su decisión,

los siguientes fundamentos: Que las leyes

no pueden ser interpretadas de forma algu-

na, que no sea acorde con las motivaciones

expuestas por el legislador al momento de

dictar la misma, ya que es doctrina y juris-

prudencia constitucional consuetudinaria,

que las motivaciones de la ley son parte

de la misma, y en consecuencia poseen la

misma fuerza de ley, y son la primera he-

rramienta a utilizar por el intérprete de la

misma. D) Que este tribunal, de la lectura

completa de la referida ley núm. 277- 12

de fecha 27 de noviembre del año 2012,

entiende que sin lugar a dudas la intención

del legislador al dictar la ley de referencia,

es dar su aprobación a la interpretación y

aplicación que, hasta la promulgación de

la ley núm. 253-12, había dado el Estado

Dominicano, al Decreto núm. 402-05, de

manera específica a su artículo 4 letra b,

y en consecuencia revestir de legalidad la

excedan de impuestos arancelarios, de que

habían disfrutado los bienes importados

a través del servicio de Couriers que no

excedan de los $200.00 dólares norteame-

ricanos. E) Que, en consecuencia, al estar

revestida de legalidad la exención, en prin-

cipio creada por la interpretación que se

dio al Decreto núm. 402-05, mediante la

ley núm. 277-12, al pretender la Dirección

General de Aduanas desconocerla, incurre

en la violación a lo que nuestra constitu-

ción prevé en su artículo 69 numeral 10, el

debido proceso administrativo.

y. Como se aprecia en las argumentaciones

transcritas en los párrafos anteriores, para

este tribunal constitucional, el tribunal de

amparo realizó una correcta interpretación

del principio de legalidad tributaria esta-

blecido en el artículo 243 de la Constitu-

ción, ya que el fin de la Ley núm. 277-12,

del diecinueve (19) de noviembre de dos

mil doce (2012), es revestir de legalidad

legislativa la exención de impuestos aran-

celarios de que habían disfrutado los bienes

importados a través del servicio de Cou-

riers que no excedan los doscientos dólares

estadounidenses con 00/100 ($200.00),

al amparo del Decreto núm. 402-05, del

veintiséis (26) de julio de dos mil cinco

(2005) referente a las mercancías impor-

tadas bajo la modalidad establecida en la

“Categoría B”, definida en el artículo 4, de

dicho decreto.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

740 | Art. 69

ÍNDICE

z. De lo anterior se infiere que existe una

excepción de impuesto a las mercancías im-

portadas que excedan los doscientos dólares

estadounidenses con 00/100 ($200.00),

creada por el Poder Legislativo, que es

la autoridad competente para esos fines,

por lo que dicha excepción tributaria no

contraviene el principio de legalidad, ni

al principio de igualdad tributaria. Aa.

En ese sentido, el tribunal de amparo no

incurrió en violación a las reglas de inter-

pretación de la prueba y motivación de la

sentencia de amparo, ya que realizó una

correcta interpretación de los documentos

sometidos al debate, así como de los princi-

pios establecidos en la Constitución, y en la

Ley núm. 137-11, en consecuencia, de lo

anterior, procede confirmar la sentencia re-

currida, por no existir violación a derecho

constitucional o legal.

10. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: CREACIÓN DE NORMAS

GENERALES TRIBUTARIAS SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO

CORRESPONDIENTE Y APLICANDO EL PRINCIPIO DE

LEGALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CRITERIO:

No vulnera el debido proceso la creación de normas generales

tributarias por parte de la DGII que, siguiendo el procedimiento

administrativo, instituyan nuevos agentes de retención (en este caso,

los propietarios de licencias de bancas de loterías). Facultad normativa

de la DGII y principio de legalidad de la Administración pública.

SENTENCIA TC/0267/15

CRITERIO 2:

El sometimiento de la Administración pública al

ordenamiento jurídico debe ser pleno, es decir, cabal, completo y

sin excepciones.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a la creación

de la norma general núm. -, que entró en aplicación el 

de octubre de . Entre otras medidas, la norma instituyó a los

propietarios de las licencias de bancas de lotería como agentes de

retención del impuesto sobre la renta respecto al gravamen del  %

aplicable a los premios pagados por las bancas de lotería y apuestas

deportivas. Posteriormente se le requirió el pago correspondiente a

un consorcio de bancas que se negó a pagar, por lo que la DGII

inició el procedimiento que culminó con el cierre por un periodo

de  días de dichos establecimientos. El propietario afectado acudió

a la jurisdicción constitucional en materia de amparo invocando

irregularidades en el procedimiento aplicado en su contra.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 741

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

12.4. El tribunal apoderado rechazó la

acción de amparo, considerando que no

había sido vulnerado ningún derecho

fundamental al accionante, que la pre-

citada norma no modificaba la Ley de

Rectificación Tributaria núm. 495-06,

sino que establecía el procedimiento para

hacerla efectiva y que las actuaciones

de la Administración Tributaria fueron

realizadas conforme a las facultades que

le otorga la ley. Sobre el particular, este

colegiado coincide con el razonamiento del

juez de amparo, que estima que el agente

de retención puede modificar el pago de

tres mil pesos (RD$3,000.00) mensuales

a que se ha hecho referencia, si presenta

“a la DGII al final de cada año, registros

contables y la documentación fehaciente

que demuestre con exactitud los valores de

premios pagados y la retención realizada

por esos montos”.

12.5. En este contexto, conviene tomar

en consideración que el artículo 32 del

Código Tributario le reconoce a la DGII la

facultad normativa para el cumplimiento

de los fines para los que ha sido creada; pre-

rrogativa que, según el artículo 34 de dicho

cuerpo legal, consiste en que la Adminis-

tración Tributaria puede “[…] dictar las

normas generales que sean necesarias para

la administración y aplicación de los tri-

butos, así como para interpretar adminis-

trativamente este Código y las respectivas

normas tributarias […]”. De manera más

concreta, el referido Código además dispo-

ne, en su artículo 35, que corresponde a

la “Administración Tributaria dictar nor-

mas generales en especial en las siguientes

materias […] instituir y suprimir agentes

de retención, de percepción e información

[…]; y cualquier otra medida conveniente

para la buena administración y recauda-

ción de los tributos”. En este sentido resulta

preciso resaltar lo siguiente: • La DGII

tiene capacidad normativa regulada por

las disposiciones anteriormente descritas

en el Código Tributario. • La Norma núm.

07-2010 no desborda en su contenido las

facultades otorgadas a la DGII. • La DGII

no ha creado ningún impuesto con la nor-

ma atacada, sino que, por el contrario, con

ella persigue el cumplimiento del impuesto

creado por el Poder Legislativo.

12.6. La precedente argumentación se fun-

damenta, especialmente, en el principio de

legalidad de la Administración Pública, al

tenor del cual la emisión de un acto admi-

nistrativo generador de obligaciones debe

basarse en una autorización legalmente re-

glamentada, como ocurre en la especie. En

este sentido, la necesaria dependencia de las

actuaciones de la Administración respecto

al derecho (resumida por la máxima quae

non sunt permissae prohibita intelligun-

tur) implica que la validez de toda acción

administrativa concreta se encuentra supe-

ditada al respeto de la normatividad.

Por tanto, la sujeción de la Administración

al principio de legalidad determina la

legitimidad de sus actuaciones. Cabe afir-

mar, en consecuencia, que el principio de

legalidad de la Administración opera como

un manto legal, de modo que estas últimas

solo resultan legítimas cuando cuentan

previamente con dicha cobertura.

12.7. Acatando sin reservas estos principios,

nuestra Carta Magna, al exigir en su

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

742 | Art. 69

ÍNDICE

artículo 138 el sometimiento de la Adminis-

tración al ordenamiento jurídico del Estado,

requiere que esta sumisión a la ley y al

derecho sea plena, es decir, cabal, completa y

sin excepciones. Con ello, la Constitución ha

querido excluir la legitimidad de cualquier

actuación administrativa contra legem y

contra ius, puesto que el Estado de derecho

conlleva el sometimiento de los poderes

públicos al ordenamiento, norma que ob-

viamente incluye a la Administración. En

este sentido, conviene tener presente que el

principio de legalidad de la Administración

resulta consustancial al Estado de derecho.

11. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: CUMPLIMIENTO DE

UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE LLEVABA 17 AÑOS SIN SER

TRAMITADO EFECTIVAMENTE

CRITERIO:

Procede exigir el cumplimiento de un acto administrativo

que ordena la tramitación de un pago que la Administración pública no

ha realizado. Aplicación del principio de colaboración y coordinación

de la Administración pública.

SENTENCIA TC/0261/19

Resumen del caso: El conflicto se origina en una deuda salarial

acreditada a favor de un señor que se desempeñaba como cónsul en

el exterior. El pago había sido autorizado por la Presidencia, pero no

se había efectuado el mismo transcurriendo un periodo de  años.

Ante esta situación, el señor acudió a la jurisdicción constitucional

en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

n. Siguiendo el orden cronológico, en el expe-

diente consta una certificación del dos (2) de

marzo de dos mil seis (2006), expedida por el

encargado de División de Contabilidad de la

Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores

(hoy ministerio), en la que se informa que

mediante el Oficio DF-2004-127, recibido

el siete (7) de julio de dos mil cuatro (2004)

por la Secretaría de Estado de Finanzas (hoy

Ministerio de Hacienda), se hizo la solicitud

del pago de las dotaciones pendientes desde

septiembre hasta diciembre del año dos mil

(2000) al señor Francisco Frías Rivera, por

un monto de $19,040.00 dólares. Esa misma

información fue reiterada por la Secretaría

de Estado de Relaciones Exteriores (hoy mi-

nisterio) en la certificación del veintidós (22)

de agosto de dos mil siete (2007).

o. Posteriormente, mediante el Oficio DF-

0022/2014, del siete (7) de enero de dos mil

catorce (2014), la viceministra de Relaciones

Exteriores para Asuntos Administrativos y Fi-

nancieros dirigió al ministro de Hacienda la

reiteración de la solicitud contenida el Oficio

DF-2004-127, recibido el siete (7) de julio

de dos mil cuatro (2004), para el pago de las

dotaciones pendientes desde septiembre hasta

diciembre del año dos mil (2000) al señor

Francisco Frías Rivera, por un monto de

US$19,040.00. Dos años mas tarde, el ocho

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 743

ÍNDICE

(8) de marzo de dos mil dieciséis (2016), el

Ministerio de Hacienda, mediante el Oficio

DM/977, devuelve al Ministerio de Relacio-

nes Exteriores los expedientes de reclamos de

deudas que le fueron enviados.

p. Producto de los señalamientos que an-

teceden se comprueba que las actuaciones

realizadas por ambos órganos de la Ad-

ministración Pública no han gestionado

efectivamente el pago reclamado por el

accionante, cuyo desembolso fue autori-

zado por la Presidencia de la República

desde el año dos mil uno (2001), sin que

hasta la fecha, luego de transcurridos más

de diecisiete (17) años, haya sido satisfecho.

r. De igual forma, el Ministerio de Relaciones

Exteriores no inició ninguna gestión ante la

indicada devolución de los expedientes de

reclamos de deudas (incluida la del accionan-

te), realizada por el Ministerio de Hacienda

el ocho (8) de marzo de dos mil dieciséis

(2016), lo cual ameritaba la realización

del procedimiento administrativo correspon-

diente para culminar con la entrega del pago

reclamado por uno de sus exfuncionarios. S.

Acorde con lo anterior, procede rechazar los

pedimentos de exclusión realizados tanto

por el Ministerio de Hacienda como por el

Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que

ambos son responsables del incumplimiento

del acto reclamado en la presente acción, en

inobservancia al principio de colaboración y

coordinación que rige el funcionamiento de

la Administración Pública.

t. Tras las citadas comprobaciones, este tri-

bunal decide acoger el amparo de cumpli-

miento de que se trata y como consecuencia

de no haber sido acreditada por ninguno

de los órganos accionados la habilitación

presupuestaria para el pago de dicha deuda,

procede ordenar a cargo de uno de ellos su

realización para no incurrir en duplicidad

de partidas. En tal virtud, se ordenará al

órgano que tiene a su cargo el expediente de

reclamo de deuda salarial, Ministerio de

Relaciones Exteriores, iniciar y culminar el

procedimiento requerido para cumplir con

el pago de las dotaciones pendientes desde

septiembre hasta diciembre del año dos mil

(2000) al señor Francisco Frías Rivera, por

un monto de $19,040.00 dólares; en coor-

dinación con el Ministerio de Hacienda,

que deberá realizar las gestiones que dentro

del ámbito de su competencia correspondan

para materializar dicho pago…

12. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: DECOMISO IRREGULAR

DE BIENES MUEBLES

CRITERIO:

Constituye una vulneración al debido proceso el decomiso

de máquinas tragamonedas realizado por una institución pública (en

este caso, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional) sin que se haya

comprobado irregularidades y sin autorización judicial que justifique el

decomiso.

SENTENCIA TC/0272/14

—Ver en este sentido el criterio relativo al

derecho de propiedad (art. 51 CRD)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que la Procura-

duría Fiscal del Distrito Nacional procedió a decomisar  máquinas

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

744 | Art. 69

ÍNDICE

tragamonedas que estaban en un depósito, alegando violación a la

Ley núm. - que autoriza a los casinos de juegos a operar máqui-

nas tragamonedas. El propietario de las maquinas acudió a la juris-

dicción constitucional en materia de amparo invocando vulneración

al derecho de propiedad y debido proceso.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

e. El Tribunal Constitucional considera

[…] que procede la devolución de las 59

máquinas tragamonedas, en razón de que

el Ministerio Público procedió a comisar los

referidos muebles sin la debida autoriza-

ción del juez competente, contrariando con

esto las disposiciones del artículo 180 del

Código Procesal Penal, texto según el cual

el registro de un recinto privado, destinado

a la habitación o a otros fines particulares,

sólo puede realizarse, a solicitud del minis-

terio público, por orden de allanamiento

expedida mediante resolución judicial

motivada. En los casos de urgencia y en

ausencia del ministerio público, la policía

puede solicitarla directamente.

f. En cuanto al alegato del Ministerio

Público de que el comiso se configuraba

dentro de las disposiciones del artículo 181

del Código Procesal Penal, el cual establece

que “el registro sin autorización judicial

procede cuando es necesario para evitar la

comisión de una infracción, en respuesta a

un pedido de auxilio o cuando se persigue

a un sospechoso que se introdujo a una

vivienda ajena”, este tribunal constitucio-

nal considera que el caso que nos ocupa

no se encuentra dentro de las referidas

excepciones, ya que, como fue establecido

por la Corte de Apelación, las indicadas

máquinas tragamonedas no se encontraban

funcionando, sino depositadas en un local,

de lo que se colige que no se trataba de evi-

tar la comisión de una infracción. Por otra

parte, el Ministerio Público tampoco ha

planteado las razones por las que considera

que el presente caso se encuentra dentro de

las referidas excepciones.

g. En tal sentido, al tratarse de un comiso

en un “depósito de máquinas tragamo-

nedas” y al no configurarse dentro de las

excepciones del indicado artículo 181, el

Ministerio Público debió requerir del juez

competente una orden para el allanamien-

to del referido lugar, no penetrar en él sin

la debida autorización, por lo que sus

actuaciones constituyen una arbitrariedad

y una violación al debido proceso, viola-

ciones que han tenido como consecuencia

la vulneración del derecho de propiedad

previsto en el artículo 51.1 de la Constitu-

ción, texto según el cual ninguna persona

puede ser privada de su propiedad, sino

por causa justificada de utilidad pública

o de interés social, previo pago de su justo

valor, determinado por acuerdo entre las

partes o sentencia de tribunal competente,

de conformidad con lo establecido en la ley.

En caso de declaratoria de Estado de Emer-

gencia o de Defensa, la indemnización

podrá no ser previa.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 745

ÍNDICE

13. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: DESALOJO ARBITRARIO

EN MEDIO DE CONFLICTO ENTRE COPROPIETARIOS

CRITERIO:

Se vulnera el debido proceso cuando una autoridad pública

(en este caso, el procurador fiscal de Monseñor Nouel) autoriza un

desalojo con auxilio de la fuerza pública en medio de un conflicto

entre copropietarios (ambos con carta constancia) y sin una decisión

judicial que ordene dicho desalojo.

SENTENCIA TC/0241/14

—Ver en este

sentido el criterio relativo al derecho de propiedad (art. 51 CRD)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un señor fue

objeto de desalojo por una autorización emitida por el Procurador

Fiscal competente, el cual autorizó el auxilio de la fuerza pública.

El desalojo se produjo en vista de que otro señor había generado

un derecho sobre el inmueble, reflejado en una carta constancia.

Ante esta situación, el señor desalojado acudió a la jurisdicción

constitucional en materia de amparo porque también tenía derechos

sobre el inmueble y no existía una decisión judicial que ordenara

dicho desalojo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.1. La cuestión a dilucidar por este tribu-

nal constitucional es si efectivamente, como

apreció la Sentencia de amparo núm. 852,

dictada por la Cámara Civil y Comercial

del Tribunal de Primera Instancia del

Distrito Judicial de Monseñor Nouel el

veintisiete (27) de octubre de dos mil nueve

(2009), constituyó una acción arbitraria,

violatoria del debido proceso y del derecho

de defensa en contra del recurrido, el desalo-

jo de este último, a instancia del recurrente,

de la Parcela núm. 78, D.C. 8 de la pro-

vincia Monseñor Nouel, ejecutado por un

ministerial a quien el procurador fiscal de

la provincia Monseñor Nouel, mediante

Oficio núm. 0283, de fecha veintiuno (21)

de agosto de dos mil nueve (2009), autorizó

el auxilio de la fuerza pública, sin que pre-

viamente haya citado el recurrido.

10.2. Son hechos ventilados en el proceso:

a) que el recurrido resultó adjudicatario en

un procedimiento de venta en pública su-

basta de una porción dentro de la Parcela

78, D.C. 8 de Monseñor Nouel, de la que

fue desalojado; b) que el recurrente tam-

bién tiene derechos registrados en la indi-

cada parcela, conforme se demuestra por la

constancia de venta anotada expedida en

su provecho; c) que el desalojo del recurrido

se produjo sin que mediara una sentencia

judicial que así lo ordenara ni un mandato

del abogado del Estado ante el Tribunal de

Tierras; c) que el propio recurrente, en su

memorial de casación, expresa que tomó

posesión del terreno en virtud del título de

propiedad que ostenta.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

746 | Art. 69

ÍNDICE

10.3. La sentencia de amparo objeto de revi-

sión señala que en virtud del artículo 48 de la

Ley núm. 108-05, sobre Registro Inmobilia-

rio, el propietario de un inmueble registrado

amparado en un certificado de título o cons-

tancia anotada no puede proceder el desalojo

de un ocupante sin cumplir previamente con

el procedimiento que organiza dicho texto. El

recurrente no cumplió con ese procedimiento,

pero en el presente caso también existía la

prohibición de que el recurrente pudiera

perseguir, en virtud de su carta constancia,

el desalojo del recurrido, prohibición que

está consignada en el artículo 47, párrafo

I, de la mencionada ley núm. 108-05, que

establece que no procede el desalojo de un co-

propietario del mismo inmueble contra otro

en virtud de una constancia anotada, y no

está en discusión que el recurrido, en virtud

de la adjudicación que en su provecho hizo la

sentencia del Juzgado de Trabajo del Distrito

Judicial de Monseñor Nouel, de fecha diecio-

cho (18) de marzo de dos mil nueve (2009),

ostenta la condición de copropietario, junto

con los demás que, como el recurrente, tienen

derechos registrados sobre la Parcela 78, D.C.

núm. 8 de Monseñor Nouel.

10.4. Se puede concluir, en consecuencia, que

el procurador fiscal de Monseñor Nouel, al

emitir el Oficio núm. No. 0283, de fecha

veintiuno (21) de agosto de dos mil nueve

(2009), mediante el cual autorizó el auxilio

de la fuerza pública al ministerial que

finalmente practicó el desalojo en contra del

recurrido teniendo como título ejecutorio una

constancia de venta anotada, no observó que

tratándose de un terreno registrado y en au-

sencia de una sentencia judicial que ordenara

dicho desalojo, no podía autorizar el auxilio

de dicha fuerza pública sin que hubiera

mediado una autorización en ese sentido

del abogado del Estado ante el Tribunal de

Tierras.

10.5. En ese sentido, la autorización de

auxilio de fuerza pública concedida por el

procurador fiscal de Monseñor Nouel y el des-

alojo del recurrido que se practicó bajo el am-

paro de esa autorización, fueron actos que se

cumplieron en violación al debido proceso, en

violación al derecho de defensa del recurrido y

de su derecho de propiedad, al ser privado de

la posesión y usufructo de un inmueble que se

reputa estar dentro de su patrimonio.

14. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: DESCALIFICACIÓN

ARBITRARIA DEL GANADOR DE UN CONCURSO PÚBLICO PARA

CONSTRUIR UNA ESCUELA

CRITERIO:

Se vulnera el debido proceso cuando una institución

pública (en este caso, el Ministerio de Educación) toma la decisión

arbitraria y sin sustento legal de descalificar a una persona que ganó

un concurso público para la construcción de una escuela.

SENTENCIA

TC/0119/14

—Precedente reiterado en las sentencias TC/0237/14,

TC/0360/15 y TC/0292/17—

CRITERIO 2:

El debido proceso no solo ha de ser observado en aquellos

casos que se ventilan en el ámbito de los órganos encargados de impartir

justicia, sino que todas las instituciones estatales en las que se llevan

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 747

ÍNDICE

a cabo procedimientos que pueden afectar o limitar de algún modo

derechos fundamentales de los ciudadanos están en la obligación de

respetar las garantías que integran el debido proceso.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Ministerio de

Educación (MINERD) decidió descalificar a un ingeniero que había

sido seleccionado en un concurso público para la construcción de un

plantel educativo. El MINERD alega que la descalificación se produjo

por el vínculo de empleado que tenía el ingeniero con la institución.

Ante esta decisión, el ingeniero acudió a la jurisdicción constitucional

en materia de amparo invocando vulneración al debido proceso.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] el Tribunal ha comprobado que las

prohibiciones contenidas en el indicado

pliego de condiciones y la referida ley núm.

340-06, no le eran aplicables al ingeniero

Rafael Antonio Fleury Rodríguez puesto

que no era funcionario ni empleado de la

entidad contratante, sino del Ministerio

de Obras Públicas y Comunicaciones del

cual había renunciado el quince (15) de

noviembre de dos mil doce (2012), es decir,

antes de la fecha pautada para el sorteo

de obras, cuyo cronograma es el siguiente:

i) depósito de documentos: hasta el día

martes veintisiete (27) de noviembre de

dos mil doce (2012), ii) evaluación de

documentos: miércoles veintiocho (28) y

jueves veintinueve (29) de noviembre de

dos mil doce (2012), y iii) realización del

sorteo de obras: viernes treinta (30) de

noviembre de dos mil doce (2012); ele-

mentos estos que no fueron controvertidos

por la recurrente durante el desarrollo del

proceso en el que se conoció la acción de

amparo.

g. La decisión del Ministerio de Educación,

al descalificar al ingeniero Rafael Antonio

Fleury Rodríguez utilizando como justifi-

cación un supuesto que se ha comprobado

no le era aplicable, se convierte en arbitra-

ria e irrazonable y por tanto violatoria del

debido proceso administrativo y del princi-

pio de igualdad previstos en los artículos 39,

68 y 69 de la Constitución.

h. El debido proceso no solo ha de ser ob-

servado en aquellos casos que se ventilan

en el ámbito de los órganos encargados de

impartir justicia, sino que todas las institu-

ciones estatales donde se llevan a cabo pro-

cedimientos que pueden afectar o limitar

de algún modo derechos fundamentales de

los ciudadanos están en la obligación de res-

petar las garantías que integran el debido

proceso. Tal como lo ha precisado la Corte

Interamericana es un derecho humano el

obtener todas las garantías que permitan

alcanzar decisiones justas, no estando la

administración excluida de cumplir con

este deber. Las garantías mínimas deben

respetarse en el procedimiento adminis-

trativo y en cualquier otro procedimiento

cuya decisión pueda afectar los derechos de

las personas.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

748 | Art. 69

ÍNDICE

15. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: DESTRUCCIÓN DE

CASETA SIN REALIZAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

PREVIO

CRITERIO:

Se vulnera el debido proceso administrativo (art. 69.10

CRD) cuando un órgano de la administración local (en este

caso, una junta distrital) ordena la destrucción de una caseta sin

realizar el procedimiento administrativo correspondiente y, además,

desconociendo que el propio ayuntamiento había autorizado

dicha instalación. Falta de oportunidad de utilizar los mecanismos

administrativos o jurisdiccionales, en plena igualdad y con respeto al

derecho de defensa.

SENTENCIA TC/0328/18

—Ver en este sentido el criterio

sobre integridad personal (art. 42 CRD)—

Resumen del caso: El caso se origina cuando el director de una junta

distrital ordenó la destrucción de una caseta que utilizaba una persona

para ofrecer servicios de deportes acuáticos en la playa de Los Cocos,

del distrito municipal de La Entrada (Cabrera). Ante esta actuación, la

persona afectada acudió a la jurisdicción constitucional en materia de

amparo invocando vulneración al debido proceso administrativo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.8. El derecho de operar dicha caseta en la

indicada playa había sido adquirido por la

recurrente por compra efectuada a los señores

Santo Paulino Hernández Núñez y Laudys

Yanselys Hernández Brito el veinte (20) de

junio de dos mil quince (2015), y puede com-

probarse, mediante documento firmado por

el tesorero municipal Sergio José, el treinta

(30) de marzo de mil novecientos noventa y

nueve (1999), que obra en expediente, que el

señor Santo Paulino Hernández Núñez fue

autorizado por el Ayuntamiento de Cabrera

a levantar una caseta en la playa de Arroyo

Salado para ser utilizada en la venta de pro-

ductos comestibles, hecho este último que no

ha sido controvertido por la parte recurrente,

como tampoco ha sido controvertido que es

esa misma caseta la que fue destruida por el

director de la Junta Distrital de La Entrada,

que era operada por la recurrente en virtud

de la transferencia que se operó en su provecho.

10.9. Frente a esos hechos y respecto de la

intervención que ha hecho Inmobiliaria

Babieca, SAS, en su condición de propietaria

de la parcela 241-B-4-, D.C. 2, de Cabre-

ra, dentro de la cual, alega dicha sociedad

comercial, se encontraba construida la caseta

desmantelada, debe señalarse que tal condi-

ción exhibida por dicha interviniente no le

otorga legítimo derecho para oponerse a los

reclamos de la recurrente en su acción de am-

paro, puesto que aun hallándose dicha zona

de pleamar incluida en el área deslindada de

su parcela, esa área es de dominio público y

no puede dicha interviniente, respecto de la

misma, reclamar derecho de propiedad.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 749

ÍNDICE

10.10. Por otro lado, no podía desconocer

el señor Manasés Mercado, director de la

Junta Distrital de La Entrada, municipio

Cabrera, provincia María Trinidad Sán-

chez, que para ordenar la demolición de la

caseta de la recurrente tenía que sujetarse al

cumplimiento del debido proceso, tal como

lo manda el artículo 69 de la Constitución;

más aún, por el hecho de que era necesario,

en el contencioso que se suscitara, y para

definir si se justificaba dicho desmantela-

miento, el examen de la legitimidad o no

del mantenimiento de dicha edificación,

que fue autorizada, como se ha indicado,

por el propio Ayuntamiento de Cabrera.

10.11. Con su actuación arbitraria, por-

que fue ejecutada sin que se cumpliera

con el debido proceso, que resultó en la

destrucción de la caseta de la recurrente, el

director del distrito municipal La Entra-

da, municipio Cabrera, provincia María

Trinidad Sánchez, señor Manasés Mer-

cado, ha violado en contra de la misma

el debido proceso, pues no se le ofreció la

oportunidad de que previo a la actuación

del indicado funcionario municipal, se

agotaran los mecanismo administrativos

o jurisdiccionales, en plena igualdad y

con respeto al derecho de defensa, como lo

ordena el artículo 69, numeral 5, de la

Constitución, y se pudiera determinar si

existía una causa legítima que impidiera

a la recurrente mantener en operación el

negocio que realizaba en la caseta cons-

truida en terrenos de dominio público,

cuya edificación fue autorizada, repetimos,

por el Ayuntamiento de Cabrera.

16. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: DESVINCULACIÓN DE

SERVIDOR PÚBLICO EN DESCONOCIMIENTO DE LICENCIA

MÉDICA

CRITERIO:

Se vulnera el debido proceso administrativo cuando

una institución pública (en este caso, la Dirección General de

Embellecimientos) desvincula un servidor que se encontraba de

licencia médica debido a un accidente laboral. Vulneración del artículo

69.10 de la Constitución.

SENTENCIA TC/0833/17

—Precedente reiterado

mediante sentencia TC/0011/21—

Resumen del caso: El caso se origina cuando una institución pública

procedió a desvincular a un servidor público que se encontraba de

licencia médica debido a un accidente relacionado con el ejercicio

de sus funciones. Ante esta situación el servidor público acudió a la

jurisdicción constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

r. Del examen de las piezas que obran

en el expediente formado en ocasión del

presente proceso, se establecen como elemen-

tos controvertidos que, el diecinueve (19)

de noviembre de dos mil catorce (2014), el

señor Héctor Cabrera sufrió un accidente

mientras realizaba labores habituales

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

750 | Art. 69

ÍNDICE

de su empleo en la Dirección General de

Embellecimiento, causado por la caída de

una rama gruesa de un árbol en su pier-

na derecha que, a la vez, le produjo una

caída de espalda ocasionándole un trauma

lumbar contuso en la pierna derecha y una

protrusión discal central L5-SL, conforme

señala el formulario de aviso de accidente

de trabajo (ATR-2) realizado por la Admi-

nistradora de Riesgos Laborales (ARL) en

esa misma fecha.

s. Al momento de su desvinculación, es de-

cir, el día catorce (14) de mayo de dos mil

quince (2015), el señor Héctor Cabrera se

encontraba de licencia médica, pues ante-

riormente al despido, la última licencia fue

expedida el catorce (14) de abril de dos mil

quince (2015), por el Dr. Yuly R. Mena,

sub-director del Hospital Docente Univer-

sitario Dr. Darío Contreras, otorgándole

treinta (30) días de reposo y tratamiento

correspondiente.

u. Con esto se verifica que, a la fecha de

su desvinculación de la Dirección General

de Embellecimiento por conveniencia de la

administración, el señor Héctor Cabrera

se encontraba amparado en una licencia

médica.

v. Respecto a las licencias que las autori-

dades competentes pueden conceder a los

servidores públicos, la Ley núm. 41-08,

sobre Función Pública, que rige la mate-

ria, establece en sus artículos 57 y 58 lo

siguiente: Artículo 57.- Las licencias que

las autoridades competentes pueden con-

ceder a los servidores públicos sujetos a la

presente ley, son las siguientes: 1. Licencia

ordinaria sin sueldo; 2. Licencia por enfer-

medad, con disfrute de sueldo; 3. Licencia

por matrimonio, con disfrute de sueldo; 4.

Licencia para servidores públicos de carrera,

con el objetivo de realizar estudios, investi-

gaciones y observaciones que se relacionen

directamente con el ejercicio de las funcio-

nes propias de la institución, con disfrute

de sueldo; 5. Licencias especiales, con o sin

disfrute de sueldo; 6. Licencias por causa

de fuerza mayor, con disfrute de sueldo;

7. Licencias pre y postnatal, con disfrute

de sueldo; 8. Licencias compensatorias,

con disfrute de sueldo. Artículo 58.- Son

derechos de todos los servidores públicos

sujetos a la presente ley, los siguientes: […]

5. Disfrutar de las licencias y permisos

establecidos en la presente ley; […].

w. Asimismo, de acuerdo al artículo 75,

numeral 1 del Reglamento núm. 523-09,

de Relaciones Laborales en la Administra-

ción Pública, todo empleado tiene derecho

a recibir una licencia médica con disfrute

de sueldo por parte de sus empleadores,

siempre y cuando sea por causa justificada.

Este texto señala, textualmente, lo que

sigue: Artículo 75: Se concederán licencias

con disfrute de sueldo en los casos y formas

siguientes: 1) Licencia por enfermedad o

accidente grave sufrido por un servidor que

le produzcan invalidez podrá ser concedi-

da previa petición escrita del interesado del

cónyuge o de su familiar más cercano que

este en la posibilidad de hacerlo acompa-

ñada de una certificación médica expedida

por un facultativo reconocido quien hará

los exámenes y estudios que estime nece-

sarios para determinar la existencia de

la enfermedad o los efectos del accidente

así como la necesidad ordinariamente no

excederá de tres (3) meses salvo que una

nueva certificación debidamente pondera-

da determine la necesidad de una prórroga.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 751

ÍNDICE

x. En el presente caso, este tribunal advier-

te que la decisión en virtud de la cual se

decidió la desvinculación del señor Héctor

Cabrera, lesionó sus derechos fundamenta-

les y se produjo en perjuicio del derecho a la

tutela judicial efectiva y el debido proceso

que debe observar todo proceso judicial

o administrativo, como juzgó el juez de

amparo.

17. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: EMISIÓN DE ACTO

ADMINISTRATIVO SIN MOTIVACIÓN REQUERIDA

CRITERIO:

Constituye una vulneración al debido proceso la emisión

de un acto administrativo sin motivación (en este caso, un informe

realizado por un inspector del Ministerio de Trabajo) con respecto a la

solicitud del trabajador afectado.

SENTENCIA TC/0623/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una persona

acudió al ministerio a solicitar una inspección a la empresa en la

que laboraba para verificar si dicha empresa la tenía inscrita en la

Tesorería de la Seguridad Social. Ante la entrega de un informe sin

motivación y sin comprobación de lo solicitado, la persona acudió a

la jurisdicción constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

l) En relación al señalamiento realizado por

la recurrente, este tribunal constitucional

entiende necesario indicar que del examen

del informe realizado por el inspector de

trabajo Dioscoidy Paulino el quince (15)

de octubre de dos mil catorce (2014), se

evidencia que en el mismo no existe nin-

gún tipo de motivación o argumentación

que demuestre que fueron realizadas las

indagatorias de lugar para determinar si

la inscripción del señor Juan José Paredes

Domínguez al Sistema Dominicano de la

Seguridad Social, por parte de Almacenes

Pedro Pablo, C. por A., se produjo con

posterioridad al accidente laboral que éste

sufrió al momento en que era chofer de la

misma.

m) En efecto, de la lectura del referido

informe se puede comprobar que el inspec-

tor actuante sólo realizó comprobaciones

correspondientes al acta de apercibimiento

del tres (3) de octubre de dos mil catorce

(2014), determinando que: a) Almacenes

Pedro Pablo, C. por A., está cotizando

los salarios de los trabajadores al Sistema

Dominicano de la Seguridad Social, en-

contrándose al día en la TSS; b) que esa

entidad cumple con el pago de salario

mínimo de ley; y c) con relación del ex

empleado Juan José Paredes, deja sin efecto,

en virtud de que no existe vínculo laboral

con la empresa, debido a que el trabajador

ejerció el desahucio, no haciéndose en el

referido acto ningún tipo de ponderación

en lo referente a la falta de inscripción del

accionante en el Sistema Dominicano de

Seguridad Social.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

752 | Art. 69

ÍNDICE

n) Al respecto de esa actuación, debemos

precisar que en virtud de lo dispuesto en

el artículo 439.24 del Código de Trabajo,

los inspectores de trabajo, al momento de

hacer las comprobaciones y emitir las actas

donde se determine la existencia o no de

una infracción a las leyes o reglamentos de

trabajo, están en la obligación de indicar

todas y cada una de las circunstancias en

que se han producido los hechos que le han

sido denunciados, lo cual implica un deber

de establecer las “razones suficientes” que

permitan identificar los lineamientos justi-

ficativos de las actuaciones y comprobacio-

nes que sean declaradas en el referido acto,

las cuales deben guardar una correlación

con el planteamiento o pedimento que le

sea presentado por un administrador. Esta

disposición hace parte del debido proceso

administrativo, por cuanto garantiza el

deber de motivar todos y cada uno de los pe-

dimentos que formulan los administrados.

o) La Constitución establece en el artículo

69.10 que: “Las normas del debido proceso

se aplicarán a toda clase de actuaciones

judiciales y administrativas”.

p) Por otra parte, el deber que tienen los

inspectores de trabajo como entes pertene-

cientes a un órgano de la administración

de motivar los actos administrativos en

donde se vayan a pronunciar sobre derechos

o situaciones jurídicas que sean reclamadas

por los administrados en relación con el

cumplimiento de una disposición dispuesta

en el Código de Trabajo, está contenida,

por demás, en el principio cuatro artículo

35 y el párrafo II del artículo 96 de la Ley

núm. 107-13, de Derechos de las Personas

en sus Relaciones con la Administración y

de Procedimiento Administrativo.

q) Cabe resaltar que sobre el deber de

motivación de los actos administrativos,

la Corte Constitucional de Colombia ha

establecido que: La motivación de los actos

administrativos proviene del cumplimiento

de preceptos constitucionales que garanti-

zan que los particulares tengan la posibi-

lidad de contradecir las decisiones de los

entes públicos ante las vías gubernativa y

judicial, evitando de esta forma la configu-

ración de actos de abuso de poder. De esta

forma, le corresponde a la administración

motivar sus actos y a los entes judiciales de-

cidir si tal argumentación se ajusta o no al

ordenamiento jurídico […]. La necesidad

de motivación del acto administrativo no

se reduce a un simple requisito formal de

introducir cualquier argumentación en el

texto de la providencia. Por el contrario,

esta Corporación ha acudido al concepto

de “razón suficiente” para señalar que la

motivación del acto deberá exponer los

argumentos puntuales que describan de

manera clara, detallada y precisa las razones

a las que acude el ente público para retirar

del servicio al funcionario. Un proceder dis-

tinto violaría el sustento constitucional que

da origen a la necesidad de motivar las ac-

tuaciones de la administración y convertiría

este requerimiento en un simple requisito

inane y formal […]. Dado que la falta de

motivación de los actos en cuestión involucra

la violación al debido proceso, los preceptos

de un Estado de Derecho y los principios de-

mocráticos y de publicidad del ejercicio de la

función pública, la Corte ha recordado que

tal vicio constituye una causal de nulidad

de los actos administrativos que incurran

en ese defecto. De este modo, cuando se esté

ante una situación en donde […] exista

[…] un acto administrativo no motivado,

la sanción que dispone el ordenamiento

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 753

ÍNDICE

jurídico para dicha actuación es la de la

nulidad del acto por configurarse con ella

una violación al derecho fundamental al

debido proceso.

r) De lo expuesto precedentemente, se pue-

de colegir que el inspector de trabajo en su

informe emitido el quince (15) de octubre

de dos mil catorce (2014), debió establecer

los razonamientos necesarios que permi-

tieran determinar todo lo relacionado con

los resultados de la denuncia de infracción

laboral que le fue presentada por el señor

Juan José Paredes Domínguez, máxime

cuando la misma estuvo sustentada por

la existencia de una certificación emitida

por la Administradora de Riesgos Laborales

Salud Segura, donde se establece que el

accionante fue inscrito en la Tesorería de la

Seguridad Social (TSS), horas después de

producirse el accidente laboral.

t) La falta de justificación se da en razón

de que el informe que éste expidió, el

quince (15) de octubre de dos mil catorce

(2014), no contiene motivación alguna

que esté relacionada con la denuncia que le

fue formulada por el accionante, violando

con su accionar las reglas dispuestas en el

artículos 439.2 del Código de Trabajo;

así como el principio cuarto del artículo

3 y el párrafo II del artículo 9 de la Ley

núm. 107-13, lo cual trae consigo una

trasgresión a la garantía fundamental del

debido proceso administrativo dispuesta en

el artículo 69.10 de la Constitución.

18. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: EXIGENCIA DE CUMPLIR

NORMAS CUANDO LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACTÚA EN

PERJUICIO DE LA EMPRESA SOLICITANTE

CRITERIO:

Procede exigir el cumplimiento de una norma (en este caso,

el Decreto que Aprueba el Reglamento para la Administración de los

Contingentes Arancelarios del DR-CAFTA) cuando las instituciones

públicas encargadas de su cumplimiento actúan en perjuicio de una

empresa en particular para asignarle una cantidad de producto de

importación menor a la capacidad y viabilidad que ha mostrado en

años anteriores.

SENTENCIA TC/0556/17

—Precedente reiterado mediante

sentencias TC/0176/18, TC/0528/18 y TC/0652/18—

Resumen del caso: El caso se origina cuando una empresa solicitó

a varias instituciones del Poder Ejecutivo (al Ministerio de Agricul-

tura de la República Dominicana, así como a la Comisión para las

Importaciones Agropecuarias, a la Oficina de Tratados Comerciales

Agrícolas (OTCA) —entidad adscrita al Ministerio de Agricultura—,

al Ministerio de Industria y Comercio y a la Dirección General de

Aduanas (DGA)) el cumplimiento del Decreto núm. - en lo

que respecta a la asignación de los volúmenes de los contingentes

arancelarios para la importación de leche en polvo procedente de los

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

754 | Art. 69

ÍNDICE

Estados Unidos y la consecuente determinación de las asignaciones

que le corresponden según las disposiciones del referido decreto.

Ante la negativa de las instituciones intimadas, la empresa afectada

acudió ante la jurisdicción constitucional en materia de amparo

de cumplimiento.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

s. La parte recurrida, Lácteos Domini-

canos, S. A. (LADOM) —importadora

agropecuaria tradicional—, interpone la

acción de amparo de cumplimiento de que

se trata al encontrarse inconforme con la

asignación de contingentes arancelarios

DR-CAFTA hecha por la Comisión para

las Importaciones Agropecuarias corres-

pondientes al año dos mil dieciséis (2016),

conforme a lo aprobado en la reunión

ordinaria celebrada el tres (3) de febrero de

dos mil dieciséis (2016), la cual asciende

a 920 toneladas métricas para el producto

“Leche en Polvo-EE.UU.”.

v. Como se ha dicho, el artículo 11 del De-

creto núm. 705-10 establece que la referida

asignación se hará en base al récord histó-

rico del total de la mercancía importada

en los últimos tres (3) años consecutivos, no

así de lo que se le ha permitido o asignado

como límite a la persona o entidad impor-

tadora durante dicho período. Asimismo,

también habrá que tomar en consideración

la viabilidad de la cantidad solicitada y la

disponibilidad referida anteriormente.

w. En el presente caso, el tribunal de am-

paro infirió que hubo un incumplimiento

de parte de la Comisión para las Impor-

taciones Agropecuarias al Decreto núm.

705- 10, porque se aplicó incorrectamente

el método de designación de los volúmenes

de los contingentes arancelarios, ya que “no

tomó en cuenta la disponibilidad” y usó

como referencia que “la DGA afirmó en

audiencia que hacía “cortes” contables en

el mes de octubre a los fines de proceder

al cálculo correspondiente”. Sin embargo,

más allá de la afirmación anterior —sobre

la cual no obra prueba alguna—, para

determinar si el referido método se aplicó

conforme a los términos del decreto era

necesario que se hiciera —en principio—

un cómputo —que, en efecto, no se hizo—

atendiendo al récord de las importaciones

realizadas por Lácteos Dominicanos, S.

A. (LADOM), en los años dos mil trece

(2013), dos mil catorce (2014) y dos mil

quince (2015), no así a la disponibilidad

o a las asignaciones previas.

z. En ese tenor, hemos podido constatar que

los mencionados artículos del Decreto núm.

705-10 no fueron observados en el presente

caso, pues el total de las importaciones

realizadas por Lácteos Dominicanos, S. A.,

(LADOM) en dicho período —años dos

mil trece (2013), dos mil catorce (2014)

y dos mil quince (2015)— asciende a

4,083.04 toneladas métricas (TM), pues

importó 1,717.80 TM de las 1,980 TM

que le fueron permitidas en dos mil trece

(2013); 1,351.74 TM cuando se le au-

torizó importar 770 TM para el año dos

mil catorce (2014) y 1,013.50 TM de las

1,020 TM que le fueron asignadas para el

año dos mil quince (2015).

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 755

ÍNDICE

aa. Es por esto que cuando la Comisión

para las Importaciones Agropecuarias le

asignó a la recurrida un total de 920 TM

para el año dos mil dieciséis (2016), lo

hizo utilizando un criterio que no se co-

rresponde con la capacidad de importación

y viabilidad que ha exhibido durante los

últimos tres (3) años consecutivos —dos

mil trece (2013), dos mil catorce (2014)

y dos mil quince (2015)— Lácteos Do-

minicanos, S. A. (LADOM), ya que sus

importaciones ascendieron a un total gene-

ral de 4,083.04 TM —cuando le fueron

permitidas 3,770 TM—, lo que arroja un

promedio de 1,361.01 TM por año.

cc. En resumidas cuentas, la glosa procesal

—contrario a lo sostenido por los recu-

rrentes— revela que la referida comisión

actuó en inobservancia de lo prescrito en

el Decreto núm. 705-10, al determinar

que la asignación de los volúmenes de los

contingentes arancelarios correspondientes

a Lácteos Dominicanos, S. A. (LADOM),

respecto a la mercancía agropecuaria “Le-

che en Polvo” para el año dos mil dieciséis

(2016), ascienden a 920 TM.

dd. De ahí que, cuando en ocasión de un

amparo de cumplimiento —como en la

especie— sea posible constatar que la ley

o acto administrativo cuyo efectivo cum-

plimiento se está procurando ha sido —o

está siendo—, en efecto, incumplido, lo

correspondiente es que el juez se decante

por ordenar su cumplimiento, tal y como

lo ordenó el tribunal a-quo en la sentencia

recurrida.

19. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: FACULTAD DE

FISCALIZAR Y REALIZAR TRASLADOS Y REGISTROS POR PARTE

DE UN ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CRITERIO:

No se vulnera el debido proceso administrativo cuando la

Dirección General de Aduanas actúa en el marco de sus atribuciones

legales para fiscalizar y trasladarse a una empresa para registrar y

verificar sus libros contables y cualquier documentación relacionada

con la obligación impositiva aduanera de la empresa.

SENTENCIA

TC/0619/16

—Ver en este sentido los criterios sobre el derecho a la intimidad

(art. 44.1 CRD) y a la libertad de empresa (art. 50 CRD), precedente reiterado

mediante sentencia TC/0530/20—

Resumen del caso: El caso se origina cuando la Dirección General

de Aduanas, mediante sus fiscalizadores, se trasladó a una empresa

que había importado mercancías y requirió una serie de documentos

físicos y digitales para verificar aspectos relacionados con obligaciones

impositivas aduaneras que debía cumplir la empresa. Ante esta acción,

la empresa afectada acudió a la jurisdicción constitucional en materia

de amparo invocando vulneración al debido proceso administrativo

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

756 | Art. 69

ÍNDICE

y solicitando que le sean devueltas las documentaciones físicas y los

equipos electrónicos donde tenía informaciones digitales.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

n. En el contexto de su instancia, las partes

accionantes sostienen que existe una viola-

ción a la garantía al debido proceso admi-

nistrativo en razón de que las retenciones

de los libros contables y las informaciones

electrónicas contenidas en los CPU1, prac-

ticadas por los oficiales fiscalizadores de

la Dirección General de Aduana, fueron

realizadas sin que existiera alguna norma

jurídica que le atribuyera tal facultad.

o. La parte accionada, Dirección General

de Aduanas (D.G.A), establece que las

actuaciones de fiscalización realizadas por

los agentes aduaneros en las instalaciones

de las empresas Ego Vanity Store, S.R.L. y

Núñez Retail Trading, S.R.L. están respal-

dadas en las disposiciones contenidas en la

Ley núm. 34-98, para el Régimen de las

Aduanas.

p. Así mismo, indica que la retención de

los libros contables y de las informaciones

contenidas en las computadoras de las

empresas Ego Vanity Store, S.R.L. y Núñez

Retail Trading, S.R.L. se realizó con la fi-

nalidad de determinar si las mismas están

actualizadas en el pago de los impuestos,

facultad esta, según señala, que puede ser

ejercida por ese órgano en los procesos de

fiscalización, de conformidad con lo que

indican los artículos 17 y 18 del Decreto

núm. 36-11, que crea el Reglamento para

la Valoración Aduanera, del veinte (20) de

enero de dos mil once (2011).

q. En relación con estos argumentos y des-

pués de analizar los documentos y piezas

que conforman el presente proceso, este

órgano de justicia constitucional especia-

lizada verifica que la Dirección General

de Aduanas (D.G.A) realizó un registro el

dieciséis (16) de abril de dos mil quince

(2015), el cual fue documentado a través

del correspondiente proceso verbal, en las

instalaciones de las empresas Ego Vanity

Store, S.R.L. y Núñez Retail Trading,

S.R.L., con la finalidad de determinar si

estaban al día en el pago de los impuestos

aduanales. El mencionado registro fue au-

torizado por el director general de Aduanas

el dieciséis (16) de abril de dos mil quince

(2015) y ejecutado en la misma fecha, de

conformidad con lo que dispone el artículo

5, párrafo III, letra a), de la Ley núm.

3489.

s. En ese sentido, cabe precisar que la de-

signación de los fiscalizadores por parte de

la Dirección General de Aduanas (D.G.A),

a las empresas Ego Vanity Store, S.R.L. y

Núñez Retail Trading, S.R.L., fue realiza-

da respetando las reglas del debido proceso

administrativo, en razón de que la indica-

da designación fue comunicada a la parte

sobre quien recaía la indicada fiscalización.

t. Por otra parte, conviene tomar en

consideración que la indicada actividad

tiene su respaldo en lo que disponen los

artículos 5, 6, 118 y 167 de la Ley núm.

3489, sobre Régimen de las Aduanas, así

como en lo dispuesto por el referido decreto

núm. 36-11 y el artículo 44 de la Ley núm.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 757

ÍNDICE

11-92, que crea el Código Tributario de la

República Dominicana.

u. Así las cosas, la acción ejecutada por la

Dirección General de Aduanas queda fun-

damentada en el principio de legalidad de

la Administración Pública, en razón de que

la emisión de esa actuación administrativa,

la cual está orientada en la determinación

de la existencia de un incumplimiento de

una obligación impositiva, está fundada

en una autorización legalmente reglamen-

tada. En este sentido, se puede decir que

en la especie se da la necesaria concreción

de dependencia que debe coexistir entre las

actuaciones de la Administración respecto

al derecho.

20. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: FACULTAD VÁLIDA DE NO

INSCRIBIR RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE PATERNIDAD

DE NIÑA CON PADRES EXTRANJEROS

CRITERIO:

No se vulnera el debido proceso cuando una Oficialía de

Estado Civil se niega a inscribir un reconocimiento voluntario de

paternidad de una niña nacida en la República Dominicana, pero de

padres extranjeros con condición migratoria no residente. Procede

dirigirse a la embajada de su país de origen para tramitar su petición.

SENTENCIA TC/0490/20

CRITERIO 2:

El reconocimiento voluntario de paternidad en el caso de

los extranjeros debe hacerse de conformidad con la legislación de su país,

por lo que lo contrario implicaría no solo una interpretación errónea

de la normativa sino además una desnaturalización de la función de

las oficialías del Estado Civil que subvertiría el orden constitucional

dominicano y atentaría contra la soberanía de la nación para regular

estos aspectos en materia de registro civil.

CRITERIO 3:

El reconocimiento voluntario de paternidad realizado

por medio de un acto notarial hecho por un diplomático dominicano

actuando en funciones de notario público fue instrumentado

de manera irregular, en franca inobservancia de lo previsto en la

Constitución dominicana y en las disposiciones de la Ley núm. 285-

04 y la Resolución núm. 02-2007.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un señor

se dirigió a una Oficialía de Estado Civil para realizar un recono-

cimiento voluntario de paternidad de una niña cuyo nacimiento

estaba registrado en el Libro de Registro del Nacimiento de Niño

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

758 | Art. 69

ÍNDICE

(a) de Madre Extranjera No Residente en República Dominicana.

Ante esta decisión, el señor acudió a la jurisdicción constitucional en

materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

y. En ese tenor conviene precisar que

resulta un hecho no controvertido que el

nacimiento de la menor C. R. V., pro-

creada por Luis Robert Moirán y Odalys

Valero Valdés, ambos de nacionalidad

cubana, se produjo en la ciudad de Santo

Domingo, Distrito Nacional y que fue

inscrita de manera regular por la madre

ante la Oficialía del Estado Civil de la

Primera Circunscripción del Distrito

Nacional, tal y como consta en el Acta de

Nacimiento núm. 000016, Folio 0016,

de dos mil dieciocho (2018), en el Libro

Registro del Nacimiento de Niño (a) de

Madre Extranjera No Residente en Repú-

blica Dominicana, expedida el dieciocho

(18) de julio de dos mil dieciocho (2018),

en cumplimiento de lo dispuesto en la

Resolución núm. 2-2007, emitida por la

Junta Central Electoral el dieciocho (18)

de abril de dos mil siete (2007), para

la puesta en vigencia del Libro Registro

del Nacimiento de Niño (a) de Madre

Extranjera no residente en República

Dominica.

z. Como se advierte de la glosa procesal y de

los argumentos vertidos por las partes, los

accionantes, Luis Robert Moirán y Odalys

Valero Valdés, ambos de nacionalidad

cubana, al momento del nacimiento de la

menor C. R. V., ostentaban la calidad de

extranjeros no residentes y es oportuno des-

tacar que al examinar el estatus migrato-

rio de los progenitores, en el expediente no

consta ningún documento que demuestre

que la madre, al momento de la declara-

ción de su nacimiento, poseyera estatus de

residente legal en el país; por el contrario,

en el acta de nacimiento correspondiente

figura que la madre, señora Odalys Valero

Valdés, es de nacionalidad cubana y que

porta pasaporte cubano como documento

de identidad.

aa. Siendo así, es evidente que a la señora

Odalys Valero Valdés no podía atribuír-

sele el estatus de residente, sino que por

el contrario, era admitida como No

Residente de tránsito en nuestro país, de

conformidad con lo estipulado en la Ley

núm. 285-04, General de Migración, del

quince (15) de agosto de dos mil cuatro

(2004), que en su artículo 36, numeral

10, establece que “los No Residentes son

considerados personas en tránsito, para los

fines de la aplicación del artículo 11 de la

Constitución de la República”, condición

que según lo contemplado en el Reglamen-

to de Aplicación de la Ley núm. 631-11,

General de Migración, del diecinueve

(19) de octubre de dos mil once (2011), es

definida como “Toda situación migrato-

ria en la que se encuentra todo Extranjero

al cual la D.G.M. no le ha concedido

residencia permanente”.

dd. De este modo, zanjado lo anterior,

este tribunal, por lo dispuesto en dicho

precedente y lo consagrado en el artículo

18, numeral 3, de la Constitución domi-

nicana, reitera que los hijos nacidos en

el país, de progenitores extranjeros que se

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 759

ÍNDICE

hallen en tránsito o residan ilegalmente

en territorio dominicano, quedan exclui-

dos, de la norma constitucional precitada

para la adquisición de la nacionalidad

dominicana por aplicación del criterio del

ius soli. En consecuencia, al examinar el

cuadro fáctico de la especie en consonan-

cia con lo previsto en la disposición citada,

queda evidenciado que la menor C. R. V.,

no goza de la nacionalidad dominicana,

aunque haya nacido en el territorio de Re-

pública Dominicana, en razón de que al

momento de su nacimiento sus padres se

encontraban en condición de extranjeros

—no residentes— de tránsito en el país.

[…] el reconocimiento voluntario de pa-

ternidad en el caso de los extranjeros debe

hacerse de conformidad con la legislación

de su país de nacimiento, por lo que lo

planteado por la parte recurrida implica-

ría no solo una interpretación errónea de

la normativa sino además una desnatu-

ralización de la función de las oficialías

del Estado Civil que subvertiría el orden

constitucional dominicano y atentaría

contra la soberanía de la nación para re-

gular estos aspectos en materia de registro

civil, por lo que este Tribunal entiende

que procede su rechazo.

jj. Conviene dejar constancia de que el

reconocimiento voluntario de paternidad

realizado por Luis Robert Moirán por me-

dio del Acto Notarial núm. 179/2019, de

trece (13) de febrero de dos mil diecinueve

(2019), del vicecónsul de la República Do-

minicana en Miami, Estados Unidos de

América, Sr. Eduardo Salvador Morales

Gómez, actuando en funciones de notario

público, fue instrumentado de manera

irregular, en franca inobservancia de lo

previsto en la Constitución dominicana y

en las disposiciones de la Ley núm. 285-

04 y la Resolución núm. 02-2007, ante-

riormente citadas, pues por tratarse de un

extranjero no residente que se encuentra

de tránsito, el reconocimiento de pater-

nidad debe ser realizado de conformidad

con lo previsto por la ley personal de su

autor o por la del menor y no de acuerdo

a las disposiciones del artículo 63 de la

Ley núm. 136-03, 10 que crea el Código

para el Sistema de Protección y los Dere-

chos Fundamentales de Niños, Niñas y

Adolescentes de la República Dominicana,

pues claramente estas no le son aplicables.

ll. En tal virtud, este colegiado consi-

dera que la actuación de la Oficialía

del Estado Civil se enmarca dentro del

cumplimiento del debido proceso, pues

conforme a la normativa vigente, el

procedimiento previsto para el registro de

los nacimientos de hijos (as) de personas

extranjeras no residentes debe agotarse

ante el consulado de su nacionalidad. De

modo que contrario a lo esbozado por la

parte recurrida y accionante en amparo,

no se aprecia vulneración alguna de los

derechos fundamentales a la identidad,

dignidad e igualdad, que alegan los accio-

nantes, por considerar que los mismos le

han sido precisamente garantizados a los

accionantes al permitir que fuera inscrito

el nacimiento en el libro correspondiente y

en tal virtud que fuera expedida el acta de

nacimiento en favor de la menor C. R. V.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

760 | Art. 69

ÍNDICE

21. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: FACULTAD VÁLIDA

DE LEVANTAR ACTA E INCAUTAR EQUIPOS EN MATERIA

MEDIOAMBIENTAL

CRITERIO:

No se vulnera el debido proceso administrativo cuando una

institución pública (en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente)

levanta un acta de servicio de vigilancia e incauta los equipos de una

industria de procesamiento forestal que no contaba con el permiso

para operar en esa comunidad.

SENTENCIA TC/0372/19

—Ver en este

sentido el criterio relativo al derecho de medioambiente sano (art. 67 CRD)—

CRITERIO 2:

La carta de ruta para el transporte de productos forestales

no sustituye al permiso de instalación y operación de un aserradero.

Mientras la carta de ruta busca asegurar que los productos forestales

transportados provengan de plantaciones que dispongan de la

correspondiente autorización de manejo, los aserraderos, además de

llevar un control estricto sobre la procedencia de la materia prima

que utilizan, requieren una autorización administrativa previa, la cual

se concede luego de comprobarse el cumplimiento de los requisitos

técnicos exigidos por la legislación ambiental aplicable a este tipo

de instalaciones.

CRITERIO 3:

La incautación de materiales y herramientas realizada

por la Administración pública no significa, ipso facto, que pueda

disponer discrecionalmente de los bienes incautados. Se debe iniciar

un procedimiento administrativo sancionador en el que el acta esté

sujeta a revisión administrativa o judicial y respetar el debido proceso

para determinar si hubo una infracción ambiental tipificada.

Resumen del caso: El conflicto se origina a raíz del acta de servicio de

vigilancia, monitoreo e inspección ambiental levantada por el Minis-

terio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en las instalaciones

de una industria de procesamiento forestal ubicada en la comunidad

de Pinar Quemado, del municipio de Jarabacoa, en donde fueron

incautados productos forestales, equipos y herramientas. Ante esta

situación, el propietario de la empresa acudió a la jurisdicción

constitucional en materia de amparo invocando vulneración al

debido proceso.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 761

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] este tribunal ha podido compro-

bar que dentro de los documentos que

integran el expediente se encuentra el

Certificado de instalación y operación de

aserradero núm. 208, emitido el cuatro

(4) de agosto de dos mil seis (2006) por

la entonces llamada Secretaría de Estado

de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

mediante la cual se autoriza al señor

Ramón Eduardo Ureña “a operar un (1)

equipo de aserrío, con sede en el Paraje

El Dajao, sección Villa Los Almácigos,

Provincia Santiago Rodríguez”. Esta au-

torización señala expresamente que “esta

certificación podría ser dejada sin efecto,

al momento en que el beneficiario incu-

rriere en violación de la Ley 64-00, a las

normas de industrias forestales y/o a las

especificaciones contenidas en la misma”.

En el expediente no se hace mención ni

consta ninguna otra autorización para la

instalación y operación de aserradero.

10.4. En este orden, el Ministerio de Me-

dio Ambiente y Recursos Naturales susten-

ta sus pretensiones en el presunto incum-

plimiento de las disposiciones contenidas

en los literales c), d) y e) del numeral 7)

de la Norma para el Funcionamiento de

la Industria Forestal, que textualmente

expresa: “toda industria forestal debe

presentar cada año la fuente de abasteci-

miento de materia prima con base en la

capacidad de aserrío”; “en caso de venta,

arrendamiento o traspaso de un equipo

de aserrío el nuevo adquiriente deberá

notificarlo a las autoridades forestales en

un plazo máximo de 30 días, después de

realizada la transacción”; “para el cambio

de lugar de una industria autorizada

deberá contarse con el visto bueno de las

autoridades”.

10.5. Al hilo de las exigencias que esta-

blece el ordenamiento jurídico en relación

con las autorizaciones de instalación y

operación de aserraderos, este tribunal

ha podido advertir que es correcta la

comprobación que hace constar el acta del

servicio de vigilancia, monitoreo e inspec-

ción ambiental levantada el trece (13) de

septiembre de dos mil dieciocho (2018)

por el Ministerio de Medio Ambiente

y Recursos Naturales, relativa a que el

aserradero ubicado en la comunidad

Pinar Quemado, del municipio Jaraba-

coa, de la provincia La Vega “no tiene

permiso de operación donde se encuentra

localizado”. En efecto, tal como ha sido

apuntado previamente, de conformidad

con la letra e), numeral 7), de la Norma

para el Funcionamiento de la Industria

Forestal, para el cambio de lugar de una

industria autorizada deberá contarse con

el visto bueno de la autoridad o autori-

dades que concedieron la autorización. A

este respecto, el accionante no ha aportado

prueba alguna de haber notificado este

cambio de localización al Ministerio de

Medio Ambiente y Recursos Naturales,

en su calidad de administración que

expidió la Certificación núm. 208, que

autoriza a operar un (1) equipo de aserrío.

Tampoco dicha certificación fue emitida

a favor del accionante, y no consta en el

expediente que éste haya acreditado ante

la administración autorizante el cambio

de titularidad.

10.6. Al respecto, la parte accionante en

un esfuerzo por acreditar la legalidad de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

762 | Art. 69

ÍNDICE

sus actuaciones en el aserradero ubicado

en la comunidad de Pinar Quemado ale-

ga: “y si el señor WILLI DELGADO, no

contaba con la debida autorización para

operar su aserradero, como es que le emi-

tían las Cartas de Rutas para transportar

las Trozas para ser aserradas?”. En relación

con estos argumentos es necesario precisar

que una cosa es el permiso de instalación

y operación de aserradero y otra distinta,

es la carta de ruta para el transporte de

productos forestales. Aunque tanto una

como la otra se enmarcan en una misma

estructura organizativa que pretende

“contribuir al desarrollo sostenible del

bosque natural y plantado y al fomento

de la reforestación comercial y con fines

de protección en la República Dominica-

na”, cada una se encarga de proteger una

situación concreta de la industria forestal:

mientras la carta de ruta pretende asegu-

rar que los productos forestales trasladados

provengan de plantaciones que dispongan

de la correspondiente autorización de

manejo, los aserraderos, además de llevar

un control estricto sobre la procedencia de

la materia prima que utiliza, su instala-

ción requiere de la previa autorización

administrativa, la cual se concede luego

de comprobarse el cumplimiento de los

requisitos técnicos exigidos por la legisla-

ción ambiental aplicable para este tipo de

instalaciones.

10.7. Es decir que, aunque la carta de

ruta para el transporte de productos

forestales y los certificados de instalación

y operación de aserraderos se inscriben en

el conjunto de técnicas de desarrollo sos-

tenible de los bosques dominicanos, cada

uno de ellos actúa en momentos distintos

del proceso de industrialización forestal y

su finalidad también es distinta: mientras

en el caso de los aserraderos es obligatorio

que estos conserven las cartas de rutas

correspondientes al transporte de todos los

productos forestales que procesan, como

parte de los procesos previos al aserrío

de los mismos, en el caso de las cartas de

ruta lo importante es comprobar la pro-

cedencia sostenible del producto forestal.

De ahí que, en las cartas de ruta para el

transporte de productos forestales no se

exige información sobre el aserradero al

cual se dirige el producto forestal de que

se trate, lo cual explica que le hayan sido

otorgadas las cartas de rutas sin verificar

si quiera los datos relativos al aserradero,

por lo que tampoco los relativos a la lega-

lidad de sus actividades.

10.9. Es así que la orden de paralización

de las operaciones y la incautación de

los equipos y madera encontrados que

establece el acta de inspección levantada

por el Ministerio de Medio Ambiente y

Recursos Naturales en las instalaciones

del aserradero propiedad del señor Willi

Delgado Peralta son conforme a la ley, ya

que dichas actividades, tal como ha sido

apuntado, se desarrollan sin contar con

la autorización exigida por la normativa

dominicana para el desarrollo de dichas

actividades, razón por la que no resultan

violatorias de los derechos fundamentales

invocados por el accionante…

10.10.Ahora bien, el que haya sido orde-

nada la paralización de las actividades de

aserrío y la incautación de los materiales

y herramientas encontrados por el Minis-

terio de Medio Ambiente y Recursos Na-

turales en la inspección realizada el trece

(13) de septiembre de dos mil dieciocho

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 763

ÍNDICE

(2018) en las instalaciones propiedad del

señor Willi Delgado Peralta ubicadas en

Pinar Quemado de Jarabacoa no significa,

ipso facto, que la Administración podría

disponer discrecionalmente el destino de

los bienes incautados. Efectivamente, di-

cha acta solo puede dar lugar a que de

forma oficiosa el Ministerio de Medio

Ambiente y Recursos Naturales inicie un

procedimiento administrativo sanciona-

dor en contra del señor Willi Delgado

Peralta, a los fines de verificar si las ac-

tuaciones que recoge son constitutivas de

infracción ambiental. O, en su caso, a que

de conformidad con las previsiones esta-

blecidas en la Ley núm. 107-13, sobre los

Derechos de las Personas en sus Relaciones

con la Administración y de Procedimiento

Administrativo, de ocho (8) de agosto de

dos mil trece (2013) (en adelante, “Ley

núm. 107-13”) el accionante interponga

recurso administrativo, contencioso-ad-

ministrativo o, como en la especie, una

acción de amparo, a los fines de que se

revise la legalidad de las actuaciones de la

Administración al momento de levantar

la referida acta de inspección.

10.11. En este orden, resultaba innecesa-

rio que la parte accionante notificara al

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos

Naturales el Acto núm. 631-2018, de

doce (12) de octubre de dos mil dieciocho

(2018), instrumentado por el ministerial

Luis Antonio Durán, alguacil de estrados

del Juzgado de Paz Especial de Tránsito

de Jarabacoa, a los fines de intimarle a

no colocar en venta en pública subasta

el producto forestal incautado, ya que

al tratarse de un acta sujeta a revisión

administrativa y/o judicial no resulta

ejecutoria. De manera tal que, si pese

a esta situación el Ministerio de Medio

Ambiente y Recursos Naturales hubiere

procedido a la venta de los bienes incau-

tados sin mediación del correspondiente

procedimiento administrativo y/o judicial,

estaría actuando de forma arbitraria, lo

cual podría ser objeto de sanciones tanto

para la institución como para los servi-

dores públicos implicados en dicho acto

ilícito. Es así que, hasta que no exista una

resolución de la propia administración o

sentencia ejecutoria que decida sobre el

destino de los bienes incautados, la Admi-

nistración de que se trate, en este caso, el

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos

Naturales, no podría disponer de ellos.

10.16. En este orden, por ejemplo, con

respecto al cuadro de sanciones que esta-

blece la Ley núm. 64-00 entre las que se

encuentra el “decomiso y/o incautación

de los objetos, instrumentos, artefactos,

vehículos, materias primas, productos

o artículos, terminados o no, empleados

para provocar el daño;” y “suspensión

temporal de las actividades que generan

el daño o riesgo ambiental”, el párrafo II

del artículo 167 expresamente señala que

“las medidas a que se refiere el presente ar-

tículo, se adoptarán y aplicarán conforme

al proceso administrativo correspondiente

mediante resolución motivada y hecha

por escrito, la cual deberá ser notificada

mediante acto de alguacil y podrá ser

recurrida conforme al procedimiento

administrativo”.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

764 | Art. 69

ÍNDICE

22. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: FALTA DE RESPUESTA A

LAS PETICIONES REALIZADAS POR LAS PERSONAS

CRITERIO:

Constituye una vulneración al debido proceso

administrativo la falta de respuesta por parte de una institución pública

(en este caso, la Dirección General de Aduanas) a solicitudes realizadas.

SENTENCIA TC/0276/14

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una

empresa le solicitó a la Dirección General de Aduanas la corrección

del nombre mal registrado de una carga que se encontraba en el

puerto Multimodal Caucedo. Ante la falta de respuesta de la DGA,

la empresa acudió a la jurisdicción constitucional en materia de

amparo invocando vulneración al debido proceso y para evitar que

la carga fuera objeto de venta pública.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

c. En lo que respecta a la consignataria de

la referida mercancía, la naviera Maríti-

ma del Caribe Dominicana, S. A. solicitó

a la Dirección General de Aduanas colocar

el nombre de la empresa M-CRO Import,

S.R.L. en sustitución de Alfa Cargo Express,

en el entendido de que esta última no era

la verdadera consignataria.

d. En fecha dieciocho (18) de marzo de dos

mil trece (2013), la empresa MCRO Im-

port, S.R.L. intimó a la Dirección General

de Aduanas para que en un plazo de 1 día

franco realizara la corrección solicitada por

la naviera Marítima del Caribe Domini-

cana, S. A. (véase el Acto No. 132/2013,

instrumentado y notificado en la indicada

fecha).

e. La empresa M-CRO Import, S.R.L.

también requirió a la Dirección General

de Aduanas que se abstenga de vender la

mercancía de referencia, así como que le

indique el lugar donde se encuentra la

misma.

[…] este tribunal considera que no se co-

rresponde con el derecho, en razón de que la

acción de amparo no debió rechazarse sino

acogerse parcialmente, particularmente en

lo que concierne a responder la solicitud

de corrección del Manifiesto General de

Carga núm. IGCR2012101516.

l. Ciertamente, la Administración Pública

y, en la especie, la Dirección General de

Aduanas, tiene la obligación de responder

las reclamaciones que hagan las personas

físicas y las jurídicas, de lo contrario violaría

el debido proceso administrativo previsto en

el artículo 69.10 de la Constitución, texto

según el cual las garantías del debido proceso

se aplican en el ámbito administrativo.

[…] la corrección del referido documento

puede hacerse por orden de un inspector

especial y del interventor o de este último

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 765

ÍNDICE

solamente, en caso de ausencia del primero,

a condición de que los errores invocados sean

involuntarios y no haya intención de fraude.

De manera que la ausencia de respuesta

constituye una inobservancia de la referida

normativa, lo cual tipifica uno de los su-

puestos del amparo de cumplimiento, según

el artículo 104 de la Ley núm. 137-11.

m. En otro orden, este tribunal considera

pertinente y necesario que mientras se

obtiene respuesta de la solicitud de correc-

ción, se prohíba la venta pública de la

mercancía de referencia, otorgar un plazo

de cinco (5) días a la Dirección General de

Aduanas para que responda a la solicitud

de corrección de error.

23. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: INCUMPLIMIENTO DE

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA LEY EN MATERIA DE

SEGUROS Y FIANZAS

CRITERIO:

Procede exigir el cumplimiento de una norma (en este

caso, la Ley núm. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República

Dominicana) cuando la institución pública encargada (en este caso,

la Superintendencia de Seguros) no realiza la gestión de pago en

perjuicio de una persona que no ha sido resarcida por la aseguradora.

SENTENCIA TC/0623/18

Resumen del caso: El caso se origina cuando una persona solicitó

a la Superintendencia de Seguros el cumplimiento del artículo 

de la Ley núm. - sobre Seguros y Fianzas de la República

Dominicana, que contempla la gestión que debe hacer dicha insti-

tución cuando el afectado no haya podido obtener el pago por parte

de la aseguradora responsable del mismo. Ante la negativa de la

institución, la persona acudió ante la jurisdicción constitucional en

materia de amparo de cumplimiento.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

p. En la especie, se observa que la norma

legal crea un fondo con el objeto de garan-

tizar de manera exclusiva las obligaciones

que se deriven de los contratos de seguros,

reaseguros y fianzas, pero cuyo uso está con-

dicionado a que exista una sentencia que

haya adquirido el carácter y la autoridad

de la cosa irrevocablemente juzgada, como

sucede en la especie.

q. Cuando se produzca la falta de pago a

cargo del asegurador, el legislador dejó a

cargo de la Superintendencia de Seguros,

a requerimiento de la parte afectada, la

gestión del mismo con cargo a ese fondo de

garantía dentro de un plazo máximo de

treinta (30) días computados a partir de

dicho requerimiento.

r. Es evidente que el legislador impone una

obligación a cargo de la Superintendencia

de Seguros, distinta a las obligaciones que

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

766 | Art. 69

ÍNDICE

emanan de las sentencias cuya ejecución

se procura a través del fondo: 1. La obli-

gación de cumplimiento de una decisión

judicial a cargo de las personas a cargo de

quienes se imponen y 2. La obligación de

la Superintendencia de Seguros, de trami-

tar el pago de las indemnizaciones a cargo

de las aseguradores y reaseguradoras que no

cumplan con el referido pago.

[…] a pesar de que el incumplimiento de la

ley deriva de la inejecución de una sentencia

con autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada, el objeto de la acción de amparo

es el incumplimiento por parte de la Su-

perintendencia de Seguros, de las citadas

disposiciones de la Ley núm. 146-02, que

pone a su cargo la obligación de gestionar el

pago de la obligación antes descrita.

cc. Tal y como argumentó el accionante, el

incumplimiento de la norma vulnera su

derecho a una tutela judicial efectiva, en

la medida en que se ha visto imposibilitado

de ejecutar una sentencia con la autoridad

de la cosa irrevocablemente juzgada.

dd. Así las cosas, al tenor de lo dispuesto en

las normas antes descritas y en la normati-

va vigente, corresponde acoger la acción de

amparo de cumplimiento interpuesta por

Hilario Monción Román contra Euclides

Gutiérrez Félix, en su calidad de superin-

tendente de seguros, y la Superintendencia

de Seguros.

DECLARAR procedente la acción de am-

paro de cumplimiento y en consecuencia,

ORDENAR a la Superintendencia de

Seguros, en la persona del superintenden-

te, dar cumplimiento a las disposiciones

de artículo 33 de la Ley núm. 146-02,

sobre Seguros y Fianzas de la República

Dominicana, el cual dispone lo siguiente:

La Superintendencia, a falta de pago por

un asegurador o reasegurador de las conde-

naciones pronunciadas contra uno de ellos,

y a requerimiento de la parte afectada,

gestionará su pago con cargo al Fondo de

Garantía dentro de un plazo máximo de

treinta (30) días computados a partir de

dicho requerimiento.

24. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: INCUMPLIMIENTO

DE OBLIGACIÓN LEGAL DE TRAMITAR EL PAGO DE DEUDAS

MEDIANTE CONSIGNACIÓN EN EL PRESUPUESTO

CRITERIO:

Constituye una violación a la tutela judicial efectiva el

incumplimiento por parte del Ministerio de Hacienda de la obligación

legal de consignar en la elaboración del presupuesto las partidas

correspondientes al pago de deudas que han sido establecidas por

sentencias firmes con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

Interpretación sistemática del concepto de dignidad humana, de

tutela judicial efectiva que contempla la Constitución y del principio

de favorabilidad en beneficio de personas que, a pesar de que su

acreencia es reconocida, no pueden hacerla cumplir por la vía del

embargo (principio de inembargabilidad del Estado).

SENTENCIA

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 767

ÍNDICE

TC/0361/15

—Precedente reiterado mediante sentencias TC/0020/16

(deuda no pagada por el Ayuntamiento de Santiago), TC/0201/18

(deuda no pagada por la OISOE), TC/0048/19 (deuda no pagada por el

Ayuntamiento de Santiago), TC/0459/20 (deuda no pagada por la Junta del

Distrito Municipal de Canabacoa) y TC/0205/22 (deuda no pagada por el

Ayuntamiento de Santiago)—

CRITERIO 2:

El Consejo Estatal del Azúcar es una entidad pública

autónoma no financiera con autonomía administrativa, financiera y

técnica para el desarrollo de sus funciones.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un grupo

de ex servidores públicos habían demandado al Consejo Estatal del

Azúcar (CEA) el pago de sus prestaciones laborales. Estas demandas

fueron acogidas mediante sentencia que adquirió la autoridad de la

cosa irrevocablemente juzgada, sin embargo, dicha institución no

realizó el pago. Ante esta situación y ante la imposibilidad de realizar

embargos para ejecutar dicha sentencia, los ex servidores públicos

afectados acudieron ante la jurisdicción constitucional en materia

de amparo de cumplimiento para exigirle al Ministerio de Hacienda

que cumpla con lo previsto en los artículos  y  de la Ley núm.

-, en el sentido de consignar en el presupuesto del año siguiente

el dinero adeudado.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

Fundamentos del criterio 1:

i. En este sentido, tomando en consideración

lo siguiente: I) las obligaciones establecidas

al Ministerio de Hacienda por los señala-

dos artículos 3 y 4 de la referida ley núm.

86-11; II) que la sentencia que da origen

al conflicto que se plantea en este caso fue

dictada contra el CEA en el año dos mil

seis (2006); y III) que de conformidad con

el artículo 107 de la Ley núm. 137-11, la

ejecución de la misma ha sido intentada

por varios medios, incluidos requerimien-

tos de pago notificados al Ministerio de

Hacienda, por lo que puede determinarse

que las obligaciones que establecen los

citados artículos de la Ley núm. 86-11

resultan aplicables al caso concreto.

m. Al respecto, este tribunal determina

que, a pesar de que en este caso el incum-

plimiento de la ley deriva de la inejecución

de una sentencia con autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada, el objeto de la

acción de amparo es el incumplimiento por

parte del Ministerio de Hacienda de las

citadas disposiciones de la Ley núm. 86-11,

que pone a su cargo la obligación de pagar

las partidas provenientes de dichas decisio-

nes consignándolas al presupuesto de dicha

entidad estatal. Precisamente, el objeto de

esta ley es evitar que el Estado y sus ins-

tituciones sean embargados a consecuencia

de la ejecución de las decisiones definidas

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

768 | Art. 69

ÍNDICE

en el citado artículo 3 de la ley, de donde

se infiere que el caso que nos ocupa trata

de un amparo de cumplimiento que tiene

como objeto que el Ministerio de Hacienda

“cumpla” con una obligación establecida en

la Ley núm. 86-11, obligación que le ha

sido requerida mediante los canales esta-

blecidos para esos fines por la legislación

positiva.

N. Es así que, aunque podría argumentar-

se que en definitiva de lo que se trata es de

ejecutar el crédito contenido en la sentencia,

el Tribunal Constitucional está en el deber

de definir una cuestión que tiene vocación

de convertirse en recurrente, pues son múl-

tiples los procesos judiciales que concluyen

con decisiones condenatorias contra la

Administración y que muchas veces, a pesar

de los beneficiarios utilizar las vías legal-

mente previstas para la ejecución de dichas

decisiones, no pueden hacerlo, resultando

afectados sus derechos a una tutela judicial

efectiva en la medida en que se ven im-

posibilitados de ejecutar una sentencia con

la autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada. En este sentido, la finalidad de

los artículos 3 y 4 de la Ley núm. 86-11

es crear un mecanismo de cumplimiento

del Estado frente a terceros, que se vería

desvanecido en caso de incumplirse con la

referida ley núm. 86-11.

O. Lo que pretende el recurso de amparo

de cumplimiento es que el ciudadano tenga

a su disposición mecanismos de control

efectivo de la Administración, pues de no

cumplirse con las disposiciones legales pre-

vistas en los artículos 3 y 4 de la Ley núm.

86-11, ¿dónde quedaría la protección de

quienes gozan de un crédito contenido en

una sentencia que la institución pública

no le cumple y que no pueden ejecutar en

virtud del principio general de inembarga-

bilidad del Estado?

p. En este contexto, este tribunal consi-

dera que una interpretación sistemática

del concepto de dignidad humana, de

tutela judicial efectiva que contempla la

Constitución y del principio de favorabi-

lidad desarrollado en la Ley núm. 137-

11, necesariamente inclinan al Tribunal

a ver más allá de la pretensión del juez

de amparo de enmarcar la cuestión en

el cumplimiento de una sentencia, pues

esa interpretación conduce a vulnerar el

contenido esencial de derechos constitucio-

nales concretados en leyes adjetivas como

la Ley núm. 86-11.

q. En virtud de las razones anteriormente

expuestas, este tribunal procede a acoger

el recurso de revisión constitucional en

materia de amparo de cumplimiento inter-

puesto por el señor David García Bonilla y

compartes contra la Sentencia de amparo

núm. 169-2013, dictada por la Primera

Sala del Tribunal Superior Administrativo

el seis (6) de junio de dos mil trece (2013).

Fundamentos del criterio 2:

c. Para pronunciarse sobre los conflictos

que se plantean en el presente caso, este tri-

bunal se propone examinar dos cuestiones:

la primera relativa a determinar si el CEA

constituye una de las entidades públicas

a las que hace referencia el artículo 3 de

la Ley núm. 86-11, lo cual nos permitirá

definir si las obligaciones previstas en los

artículos 3 y 4 de la Ley núm. 86-11 al

Ministerio de Hacienda resultan aplicables

al caso concreto; y, la segunda, relativa a

determinar si el conflicto planteado por

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 769

ÍNDICE

los recurrentes se circunscribe al objeto del

recurso de amparo de cumplimiento.

d. En relación con la primera cuestión, tal

como ha sido apuntado, los recurrentes

arguyen, entre otros, que el Ministerio

de Hacienda y su ministro, señor Simón

Lizardo Mézquita, han incurrido en el

incumplimiento de las disposiciones previs-

tas en los artículos 3 y 4 de la Ley núm.

86-11, los cuales literalmente establecen lo

siguiente: Artículo 3.- Las sentencias dic-

tadas por órganos jurisdiccionales que con-

denen al Estado, al Distrito Nacional, los

municipios, los distritos municipales y los

organismos autónomos o descentralizados

no financieros, al pago de sumas de dinero,

una vez adquieran la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada, serán satisfechas

con cargo a la partida presupuestaria de la

entidad pública afectada con la sentencia.

Párrafo. – En la ejecución de las sentencias

definitivas, en ningún caso, las entidades de

intermediación financiera podrán afectar

las cuentas destinadas al pago de salarios

del personal de la administración pública.

Artículo 4.- En caso de que el presupuesto

correspondiente al ejercicio financiero en

que la condena se haga exigible carezca

de fondos suficientes para satisfacerla, el

Ministerio de Hacienda, en los casos de

obligaciones del Gobierno Central y de los

organismos autónomos y descentralizados

no financieros; el Alcalde del ayuntamien-

to, en los casos del Distrito Nacional y los

municipios, y el Director, en el caso de los

distritos municipales, deberán efectuar las

previsiones, a los fines de su inclusión en el

ejercicio presupuestario siguiente.

e. En la especie, según lo previsto por la Ley

núm. 7, por medio de la cual se disuelve

la Corporación Azucarera de la República

Dominicana y se crea el Consejo Estatal

del Azúcar, del diecinueve (19) de agosto

de mil novecientos sesenta y seis (1966), el

CEA constituye uno de los organismos autó-

nomos no financieros de los previstos en el

artículo 3 de la referida ley núm. 86-11, de

conformidad con la definición de entidades

autónomas y descentralizadas que establece

el artículo 50 de la Ley núm. 247-12, Or-

gánica de la Administración Pública del ca-

torce (14) de agosto de dos mil doce (2012).

f. En efecto, el artículo 50 de la Ley núm.

247-12, Orgánica de la Administración

Pública del catorce (14) de agosto de dos

mil doce (2012), establece como orga-

nismos autónomos y descentralizados a

aquellos “entes administrativos provistos

de personalidad jurídica de derecho públi-

co o privado, distinta de la del Estado y

dotados de patrimonio propio, autonomía

administrativa, financiera y técnica, con

las competencias y atribuciones que deter-

mine la ley que los crea”. En este sentido,

en virtud de la Ley núm. 7, de creación

del CEA del diecinueve (19) de agosto de

mil novecientos sesenta y seis (1966), se

reconoce a esta entidad una personalidad

jurídica propia configurada como el ór-

gano superior de los ingenios del Estado,

cuyos miembros vienen determinados en el

artículo 3 y sus atribuciones en el artículo

4 de la mencionada ley núm. 7. En cuanto

a este último aspecto, la ley provee al CEA

de autonomía administrativa, financiera y

técnica para el desarrollo de sus funciones,

lo cual lleva a la conclusión de que el CEA

es uno de los organismos autónomos no

financieros de los que prevé el artículo 3

de la Ley núm. 86-11 para su ámbito de

aplicación.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

770 | Art. 69

ÍNDICE

g. En este sentido, siendo el CEA, como

hemos señalado, una de las entidades

públicas previstas por el artículo 3 de la

Ley núm. 86-11, las obligaciones estable-

cidas al Ministerio de Hacienda en los

artículos 3 y 4 son plenamente exigibles

cuando con respecto al CEA se cumplan

los requisitos que estas disposiciones legales

establecen. Es decir que, en caso de que a

través de sentencias con autoridad de la

cosa irrevocablemente juzgada se condene

al CEA al pago de sumas de dinero, las

mismas deberán ser satisfechas con cargo a

la partida presupuestaria que corresponde

a dicha entidad estatal. H. Asimismo, de

conformidad con el artículo 4 de la Ley

núm. 86-11, subsidiariamente, en caso de

que el presupuesto del CEA correspondien-

te al ejercicio financiero en que la condena

se hiciera exigible careciera de fondos

suficientes para satisfacerla, el Ministerio

de Hacienda deberá efectuar las previsiones,

a los fines de su inclusión en el ejercicio

presupuestario siguiente.

25. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: IRREGULARIDAD EN

IMPOSICIÓN DE MULTA SIN AGOTAR PROCESO LEGAL DE

CONCILIACIÓN PREVIA

CRITERIO:

Constituye una violación al debido proceso administrativo

la imposición de una multa por parte de Pro Consumidor en

perjuicio de una empresa sin agotar el proceso legal de conciliación.

SENTENCIA TC/0080/19

CRITERIO 2:

Pro Consumidor tiene la facultad legal de aplicar

sanciones de carácter pecuniario, pero sujetándose al cumplimiento

del procedimiento administrativo.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Instituto

Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consu-

midor), a través de sus inspectores, se presentó en una estación de

expendio de gas y al verificar aspectos relacionados con la medición

de los dispensadores encontró irregularidades que tuvieron como

consecuencia la imposición de una multa a dicha estación. Ante

esta situación, la empresa afectada interpuso un recurso contencioso

administrativo que fue acogido, pero posteriormente la sentencia

fue casada sin envío por la SCJ, por lo que dicha empresa acudió

a la jurisdicción constitucional en materia de revisión de decisión

jurisdiccional invocando vulneración al juez natural por considerar

que Pro Consumidor no tenía facultad de imponer multas.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 771

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

c. De la lectura de la instancia contenti-

va del recurso de revisión que nos ocupa,

advertimos que, según el recurrente, PRO

CONSUMIDOR no es el juez natural

para pronunciar multas. Establece que

es el juez Paz el idóneo o adecuado para

realizar un enjuiciamiento, conforme a la

legislación correspondiente.

d. Respecto de este alegato, en el artículo

43 de la Ley núm. 358-05, Ley General de

Protección de los Derechos al Consumidor

o Usuario, se establece lo siguiente: Art.

43.- Adulteración de fechas de expiración.

Se prohíbe la adulteración o eliminación de

las fechas de expiración o de uso permitido,

en materia de alimentos, medicamentos u

otros productos perecederos, por constituir

acciones fraudulentas que conllevan riesgos

para la salud y seguridad de los consumi-

dores. La violación de esta prohibición será

sancionada por la Dirección Ejecutiva de

Pro Consumidor con la incautación de los

productos, multa y reparación de daños

ocasionados al consumidor, sin perjuicio de

otras acciones que conforme a la ley puedan

ejercerse.

e. Del análisis del contenido del artículo

anteriormente transcrito, se desprende que

el legislador faculta a la Dirección Ejecu-

tiva de PRO CONSUMIDOR a aplicar

sanciones de naturaleza pecuniaria, en

particular, multas. De manera que en el

presente caso no se advierte, contrario a lo

alegado por la recurrente, la comisión de

violación a la garantía del juez natural al

que tienen derecho todos los procesados.

f. Conforme a la garantía del juez natural,

prevista en el artículo 69.2 de la Constitu-

ción, todo procesado “tiene derecho a ser oído,

dentro de un plazo razonable y por una

jurisdicción competente, independiente e

imparcial, establecida con anterioridad por

la ley”. En este sentido, debemos entender

que toda autoridad facultada por la ley a

aplicar sanciones debe ser considerado como

un juez natural, en relación con aquellos ca-

sos instruidos y decididos con posterioridad

a dicha ley. Requisito que ha quedado satis-

fecho en la especie, ya que el proceso que nos

ocupa se inició con posterioridad a la Ley

núm. 358-05, Ley General de Protección de

los Derechos al Consumidor o Usuario.

i. Finalmente, y en lo que respecta a la

facultad de aplicar multas atribuidas por el

legislador a la Dirección Ejecutiva de PRO

CONSUMIDOR, el tribunal destaca que

se trata de una prerrogativa legal compatible

con la Constitución, en la medida en que el

constituyente solo prohíbe a la Administra-

ción Pública la aplicación de sanciones que

directa o subsidiariamente impliquen pri-

vación de libertad, no así la aplicación de

sanciones de naturaleza pecuniaria, como lo

son las multas. En efecto, en el numeral 17,

del artículo 40, de la Constitución, se esta-

blece lo siguiente: “En el ejercicio de la potes-

tad sancionadora establecida por las leyes la

Administración Pública no podrá imponer

sanciones que de forma directa o subsidiaria

impliquen privación de libertad”.

j. Conviene destacar, sin embargo, que si

bien es cierto que el legislador ha facultado,

de manera expresa, a la Dirección Ejecutiva

de PRO CONSUMIDOR a aplicar sancio-

nes de naturaleza pecuniarias, como la mul-

ta, no menos cierto es que, en la aplicación

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

772 | Art. 69

ÍNDICE

de tales sanciones, el señalado órgano de la

Administración Pública debe cumplir con el

procedimiento previsto en el artículo 117 de

la ley anteriormente mencionada.

l. Del análisis del texto transcrito, el tri-

bunal advierte que el legislador reitera la

facultad que tiene la Dirección Ejecutiva

de PRO CONSUMIDOR para aplicar

sanciones de naturaleza pecuniaria, pero

sujetándola al cumplimiento del procedi-

miento administrativo. En este orden, la

Dirección Ejecutiva de PRO CONSU-

MIDOR debe determinar, en un plazo

de cinco (5) días hábiles, la procedencia o

improcedencia de la investigación iniciada

de oficio o a pedimento de parte.

m. Siguiendo el análisis del texto de refe-

rencia, resulta que en caso de que no pro-

ceda la denuncia o actuación de oficio, la

Dirección Ejecutiva debe rechazar el caso

por improcedente, insuficiencia o inexis-

tencia de prueba. En cambio, si resulta

procedente la denuncia o actuación de

oficio, la referida Dirección Ejecutiva debe

iniciar un procedimiento de conciliación

siguiendo los lineamientos previstos en los

artículos 124 a 130 de la presente ley.

n. En la eventualidad de que las partes

no llegaren a acuerdo, la Dirección Ejecu-

tiva queda habilitada para, en un plazo

de cinco (5) días hábiles, pronunciarse

sobre el caso, aplicando la sanción ad-

ministrativa que corresponda, mediante

resolución motivada. O. Del análisis hecho

precedentemente ha quedado plenamente

comprobado que la Dirección Ejecutiva de

PRO CONSUMIDOR tenía la obligación

de agotar el procedimiento de conciliación

previsto en los artículos 124 a 130 de la

indicada ley; sin embargo, del estudio de

la documentación que forma el expediente,

resulta que no hay constancia de que se

haya agotado el referido procedimiento de

conciliación, razón por la cual ha quedado

demostrado que el referido artículo 117 ha

sido vulnerado en perjuicio de la recurrente.

P. En este sentido, estamos en presencia de

la violación del debido proceso administra-

tivo, tal y como lo ha alegado la recurrente.

26. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: IRREGULARIDAD EN

CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTO SIN LA PRESENCIA DE LA

AUTORIDAD COMPETENTE

CRITERIO:

Constituye una violación al debido proceso administrativo

la ejecución por parte de una institución pública (en este caso, el

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, INDOTEL) de un

acto que implica el traslado a un establecimiento para clausurarlo e

incautar sus equipos sin la presencia de un representante del Ministerio

Público y sin la debida autorización judicial.

SENTENCIA TC/0945/18

CRITERIO 2:

La Administración pública comete un acto arbitrario

cuando al ejecutar un acto administrativo prescinde de la sujeción a la

ley y de su propia resolución.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 773

ÍNDICE

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Instituto

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) procedió

mediante resolución a clausurar una estación de televisión y a

incautar los equipos que allí se encontraban. Ante esta situación, la

empresa televisora afectada acudió ante la jurisdicción constitucional

en materia de amparo invocando vulneración al debido proceso.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] el hecho de que intentase entregar los

equipos, según consta en acto auténtico

levantado por notario público y que la

persona que cuida el local de Cibao TV

Club, se negase a abrir las puertas y reci-

bir los equipos, no exonera a INDOTEL

de la obligación de devolver los equipos

incautados, pues en el expediente no existe

constancia de que dicha institución inicia-

ra ningún trámite judicial a los fines de

liberarse de dicha obligación.

g) En tal sentido, este tribunal hace suyo

lo afirmado por el tribunal a quo, al esta-

blecer que: Que en la especie, INDOTEL

hizo el ofrecimiento –conforme con el acto

auténtico depositado para probar este he-

cho- pero el propietario se rehusó recibirlo,

por lo que esa imposibilidad u obstáculo se

podría asimilar a lo dispuesto en el artículo

1264 del Código Civil, que dice: “Si la cosa

que se debe es un objeto determinado, que

haya de entregarse en el sitio en que se en-

cuentre el deudor, debe requerir al acreedor

para que se la lleve, por acto notificado a

su persona o en su domicilio, o en el elegido

para la ejecución del contrato. Hecho este

requerimiento, si el acreedor no retira la

cosa, y teniendo el deudor necesidad del

sito en que radica, podrá éste obtener de los

tribunales el permiso de ponerla en depósito

en otro sitio cualquiera. Que a tenor de lo

anterior tenemos que el principal y primer

objetivo de este recurso de amparo, que

es que se ordene la entrega de los equipos

ilegalmente incautados, no se ha producido

real y efectivamente, como tampoco el con-

minado órgano regulador del INDOTEL

se encuentra excusado puesto que no cuenta

con decisión de Tribunal que lo respalde,

de manera que no procede declarar que en

este aspecto la presente acción de amparo

es carente de objeto cierto y actual; serio

y legítimo; procediendo que se rechace di-

chas conclusiones por improcedentes y mal

fundadas. H) De ahí que este tribunal

constitucional considera que la juez a quo

realizó una correcta aplicación de la norma

al admitir la acción de amparo y establecer

que estaba en presencia de un acto lesivo

subsistente, razón por la que desestimamos

dicho pedimento.

i) En cuanto al presunto desconocimiento

del carácter ejecutorio del acto administra-

tivo y del principio de autotutela es preciso

establecer que, efectivamente la adminis-

tración goza del privilegio de tutelar, vía

declarativa o ejecutiva, sus propios derechos,

lo cual le permite producir e incluso mo-

dificar situaciones jurídicas sin el consen-

timiento de los administrados y establecer

sanciones en caso de incumplimiento o

desacato de sus decisiones.

j) La ejecutoriedad de los actos admi-

nistrativos es una característica de la

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

774 | Art. 69

ÍNDICE

autotutela, la cual se sustenta sobre la base

de los principios de eficacia y de legalidad.

Así lo establece el artículo 138 de nuestra

Constitución, el cual dispone textualmente

que: La Administración Pública está

sujeta en su actuación a los principios de

eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad,

transparencia, economía, publicidad y

coordinación, con sometimiento pleno al

ordenamiento jurídico del Estado […].

k) Sin embargo, del indicado artículo

también resulta que la Administración está

sujeta al ordenamiento jurídico; de ahí que

no puede exceder las atribuciones previa-

mente determinadas por la Constitución,

las leyes e incluso sus propias resoluciones

y reglamentos.

Lo que se ha cuestionado y lo que origi-

nalmente dio lugar a la acción de amparo

es el procedimiento llevado a cabo por

INDOTEL para ejecutar la indicada

resolución núm. DE-24-10, dictada por

dicha institución el veinticinco (25) de

marzo de dos mil diez (2010), por órgano

de su directora ejecutiva, en ejercicio de sus

facultades legales y reglamentarias.

o) No obstante, lo establecido en el ordinal

segundo de la indicada resolución núm.

DE-24-10 y las disposiciones del artículo

112 de la Ley núm. 153-98, de los alegatos

de las partes y los documentos que reposan

en el expediente, es un hecho no controverti-

do que el INDOTEL procedió al cierre y a

la incautación de los equipos de la estación

Cibao TV Club, sin la presencia de un re-

presentante del Ministerio Público y sin la

debida autorización judicial prevista tanto

en la resolución dictada al efecto, como en

la ley que regula la materia.

r) De ahí que siendo la propia resolución

emitida por la recurrente, la que supedita

la clausura de las instalaciones de Cibao

TV Club y la incautación provisional de

los equipos y aparatos utilizados por esta,

a obtener autorización judicial, antes de

proceder a ejecutar la indicada resolución

debió cumplir con lo establecido en la mis-

ma, ya que es de obligatorio cumplimiento

no solo para los administrados, sino tam-

bién para la Administración.

s) Es preciso señalar que en las glosas del

expediente no existe constancia de que,

previa ni posteriormente a los hechos que

dieron lugar a la acción de amparo, IN-

DOTEL haya realizado trámite alguno en

aras de obtener autorización judicial para

proceder a la clausura provisional, ni y al

decomiso de los equipos de Cibao TV Club.

t) En tal sentido, si bien es una facultad

propia del INDOTEL regular y aplicar

sanciones de carácter administrativo ante

la comisión de faltas previstas en la Ley

núm. 153-98, no menos cierto es que sus

actuaciones deben estar enmarcadas dentro

de los preceptos constitucionales y legales,

pues cuando el administrador prescinde de

la sujeción a la ley y de su propia resolución

comete un acto arbitrario.

u) Este tribunal considera que con tal

inobservancia la hoy recurrente incurrió

en una violación al debido proceso admi-

nistrativo, pues las actuaciones de la admi-

nistración deben estar enmarcadas dentro

de los procedimientos contemplados en la

ley, reglamento o resolución que regule la

materia, con el fin de garantizar los dere-

chos de quienes puedan resultar afectados

por las decisiones de la Administración que

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 775

ÍNDICE

crean, modifican o extinguen un derecho

o imponen una obligación o una sanción.

v) A tenor de lo establecido en el párrafo

anterior, debemos subrayar que el debido

proceso administrativo tiene como fin

último el permitir que el Estado cumpla

de manera efectiva con su función esencial,

perseguir el interés general, sin desconocer

los derechos fundamentales, tal como lo

dispone el artículo 8 de nuestra Carta

Magna…

27. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: NECESIDAD

DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS POR PARTE DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA DESARROLLAR MANDATO

DE LA LEY

CRITERIO:

Constituye una necesidad para el acceso de los abogados

a la defensoría pública de forma adscrita, la creación del reglamento

que permita el desarrollo de lo dispuesto por la Ley núm. 277-04 que

crea el Servicio Nacional de Defensa Pública. Omisión que impide a

los abogados en ejercicio prestar sus servicios, en calidad de defensores

públicos adscritos, en beneficio de los imputados que no tienen

abogado.

SENTENCIA TC/0762/17

CRITERIO 2:

Constituye una necesidad para los imputados que no

tengan abogado y quieran ser asistidos por un defensor público, la

creación del reglamento que permita el desarrollo de lo dispuesto por

la Ley núm. 277-04 que crea el Servicio Nacional de Defensa Pública.

El único requisito para que una persona se beneficie de la asistencia de

la defensa pública es que sea imputada y que no tenga abogado.

Resumen del caso: El caso se origina cuando el Colegio Domini-

cano de Abogados (CARD) acudió a la jurisdicción constitucional

en materia de amparo de cumplimiento con el objetivo de que le sea

ordenado a la Oficina Nacional de Defensa Pública el cumplimiento

de la Ley núm. -. Según sus alegatos, el CARD solicita: ) Que

se establezca un sistema y registro de defensores públicos adscritos,

así como fijar en ochenta () los casos asignados a cada defensor

público, y que se implemente un reglamento en el que se establezca

un sistema que permita la asignación aleatoria de casos a los abogados

defensores; y ) Que se anule una resolución dictada por la ONDP

y que los defensores públicos se dediquen a defender solamente a

los ciudadanos que no tengan recursos para pagar los honorarios y

gastos del proceso.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

776 | Art. 69

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

Fundamentos del criterio 1:

s. La ausencia del referido reglamento

constituye una omisión que impide a los

abogados en ejercicio prestar sus servicios,

en calidad de defensores públicos adscritos,

en beneficio de los imputados que no tienen

abogados. Ahora bien, la determinación

del contenido de este reglamento es compe-

tencia del Consejo Nacional de la Defensa

Publica, órgano multisectorial del cual

forma parte, precisamente, el presidente

del Colegio de Abogados de la República

Dominicana.

t. En este sentido, el tribunal se limitará a

ordenar la elaboración del referido regla-

mento, con la única condición de que debe

respetarse el contenido del artículo 43 de la

Ley núm. 277-04.

Fundamentos del criterio 2:

u. En lo que concierne a que la defensa

pública debe prestar asistencia sólo a las

personas de escasos recursos o que no pueden

pagar los servicios de un abogado privado,

este tribunal considera que se trata de una

cuestión que para valorarla adecuadamen-

te es necesario interpretar, en conjunto, los

artículos 176 de la Constitución y el 2 y el

5 de la Ley núm. 277-04.

v. Según el artículo 176 de la Constitución,

el servicio de la defensa pública se ofrecerá

a todas “[…] las personas imputadas que

por cualquier causa no estén asistida por

abogado”. El segundo de los textos coincide

con el anterior, en el sentido de que el único

requisito que exige para que una persona

se beneficie de la asistencia de la defensa

pública es que sea un imputado y que no

tenga abogado.

w. Sin embargo, en el tercero de los textos,

es decir, en el artículo 5 de la Ley núm.

277-04, establece: Gratuidad. El servicio

de defensa pública es gratuito para todas

aquellas personas que no cuentan con me-

dios suficientes para contratar un abogado.

El Consejo Nacional de la Defensa Pública

determinará vía reglamentaria, los me-

canismos, criterios y tasas aplicables a las

personas comprobadamente solventes que

requieran o que se les haya suministrado

el servicio.

x. De la exégesis de los textos de referencia,

se advierte, por una parte, que el sistema ha

sido estructurado con la finalidad de dar

asistencia a los imputados que no pueden

pagar los honorarios y gastos del proceso y,

por otra parte, que la defensa pública no

puede dejar de asistir a aquellas personas

que solicitan sus servicios, aunque dispon-

gan de recursos para contratar los servicios

de un abogado; sólo que en este último caso

se requerirá el pago de una tasa.

y. En coherencia con lo anterior, la Oficina

Nacional de Defensa Pública debe disponer

de mecanismos que le permitan determinar

la situación económica de las personas que

solicitan su asistencia. Es en este sentido,

que en el artículo 5 de la referida ley, se

establece que la indicada institución tiene

la obligación de elaborar un reglamento en

el cual se establezcan “[…] los mecanismos,

criterios y tasas aplicables a las personas

comprobadamente solventes que requieran

o que se les haya suministrado el servicio”.

El referido reglamento no ha sido imple-

mentado hasta la fecha.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 777

ÍNDICE

28. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: NEGATIVA DE ENTREGAR

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE DECISIONES TOMADAS

VERBALMENTE POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CRITERIO:

Constituye una violación al debido proceso administrativo

la negativa de un órgano de la Administración pública (en este

caso, el distrito municipal de Sabana del Puerto, del municipio de

Bonao) de entregar los actos administrativos de desvinculación a un

grupo de servidores públicos (la decisión les había sido comunicada

verbalmente). Constituye una obligación de los órganos del Estado

prevista en la Ley de Función Pública, no solo emitir una decisión

de desvinculación (acto administrativo) que debe entregar al servidor

público, sino también establecer las razones en las que se fundamentó

la destitución.

SENTENCIA TC/0926/18

CRITERIO 2:

La decisión de nombrar o destituir servidores públicos no

constituye una facultad discrecional de la Administración pública, más

bien es una potestad reglada sujeta a la normativa aplicable para esos

fines. La voluntad del órgano municipal que pone fin a su relación con

el servidor público debe quedar expresada en un acto administrativo.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el director del

distrito municipal de Sabana del Puerto, del municipio de Bonao, al

asumir el cargo procedió a destituir un grupo de servidores públicos

sin entregarles por escrito las cartas o actos de desvinculación. Ante

esta situación, los afectados procedieron a acudir ante la jurisdicción

constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

l. Aunque el citado órgano municipal y

su director no precisan la normativa legal

que califica su actuación como expresa-

mente discrecional para desvincular a sus

empleados, este tribunal entiende perti-

nente hacer una breve incursión en las

normativas que rigen los gobiernos mu-

nicipales, la Administración Pública y la

Ley de Función Pública para determinar

si estamos ante una potestad calificada

como tal por la ley, o por el contrario, ante

una facultad reglada.

p. Entre las funciones del síndico se encuen-

tra las de nombrar y destituir a los funcio-

narios y empleados del ayuntamiento, de

conformidad con la Ley de Servicio Civil

y Carrera Administrativa vigente (hoy Ley

núm. 41-08, sobre Función Pública), la

estructura organizativa, manual de fun-

ciones y descripción de puestos aprobada

por el concejo de regidores y la validación

de las instancias de control interno para la

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

778 | Art. 69

ÍNDICE

administración pública (art. 60, numeral

4º, Ley núm. 176-07).

q. La citada legislación expresa que los di-

rectores de los distritos municipales tienen,

limitado a su demarcación territorial, las

mismas atribuciones que los síndicos y regi-

dores del municipio al cual pertenecen (art.

82, Ley núm. 176-07), de manera que las

limitaciones antes señaladas también apli-

can a dichos funcionarios en el ejercicio de

sus funciones.

t. En consecuencia, este tribunal considera

que la decisión del director de los distritos

municipales de nombrar y destituir a los

funcionarios y empleados del ayuntamien-

to que dirigen, lejos de constituir una

facultad discrecional –como sostienen los

recurrentes– es una potestad reglada, es

decir, sujeta a la normativa que los rige y a

la citada Ley núm. 41-08, sobre Función

Pública, por lo que procede rechazar el

planteamiento de improcedencia fundado

en el artículo el artículo 108 numeral

e) de la Ley núm. 137-11, pasando –en

consecuencia–a decidir el fondo del recurso

de revisión constitucional en materia de

amparo.

w. Asimismo, la citada ley de Función

Pública dispone de un régimen ético y dis-

ciplinario de los servidores públicos de los

órganos y entidades de la administración

pública, sin importar la naturaleza de su

vínculo funcional, dirigido a fomentar

la eficiencia de los servicios públicos y a

promover el cumplimiento del bien común,

el interés general y preservar la moral pú-

blica, entre de los cuales no se excluyen a los

ayuntamientos como parte de los órganos

del Estado.

x. Así que, la indicada ley de Función Pú-

blica y su Reglamento de Aplicación núm.

523-09, del veintiuno (21) de julio de dos

mil nueve (2009), regulan las relaciones de

trabajo entre los funcionarios o servidores

públicos designados por autoridad compe-

tente, en los órganos de la administración

pública central descentralizadas y autóno-

mas, los municipios y los órganos constitu-

cionales del Estado que correspondan.

y. En ese sentido, la citada legislación or-

ganiza el procedimiento de desvinculación

del servidor público sujeto a las condiciones

y limitaciones que ella ha establecido, y a

tal efecto define la destitución como la de-

cisión de carácter administrativo emanada

de la autoridad competente para separar de

sus puestos a los servidores públicos.

bb. A partir de la premisa, de que la destitu-

ción de un servidor público de los órganos del

Estado, aun en el caso de las entidades que se

rigen por sus leyes particulares, constituye un

acto de naturaleza administrativa, debemos

concluir que la voluntad del órgano munici-

pal por la cual pone fin a su relación con el

servidor público debe quedar expresada en

una decisión con estas características, es decir,

en un acto administrativo.

ff. Por todo ello, este tribunal considera que

la forma de acto administrativo de la des-

vinculación de un servidor público no solo es

una exigencia normativa de la citada ley de

Función Pública a los órganos del Estado, sino

también porque de ella derivan consecuencias

jurídicas que pueden lesionar derechos de los

afectados, así como la responsabilidad de la

administración, –en caso de cuestionamiento,

–en el ámbito administrativo, o bien ante la

jurisdicción contencioso administrativa.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 779

ÍNDICE

gg. Es así que constituye una obligación a

cargo de los órganos del Estado prevista en

la Ley de Función Pública, no solo emitir

una decisión (acto administrativo) que

debe entregar al servidor público desvincu-

lado, sino también establecer las razones en

las que se fundamentó la destitución.

kk. En ese escenario no podrían los recurri-

dos en revisión acudir a un procedimiento

administrativo ni contencioso administra-

tivo si la administración municipal, bajo

pretexto de haber ejercido una facultad

discrecional no probada, le niega el acto

administrativo mediante el cual produjo

su desvinculación del órgano concernido,

impidiéndoles el derecho de acceso a la

justicia, en violación al debido proceso y

a la tutela judicial efectiva de las que son

acreedores todos los ciudadanos.

29. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: NEGATIVA DE ENTREGAR

DOCUMENTO EN EL QUE SE DECIDIÓ LA EXPULSIÓN DEL

MIEMBRO

CRITERIO:

Constituye una vulneración al debido proceso y tutela

judicial efectiva la decisión de una entidad privada con funciones

públicas (en este caso, la Cámara de Comercio y Producción de la

Provincia de La Altagracia), de no entregar el acta de asamblea en la

que se decidió la expulsión de un colaborador. Documento de acceso

restringido, pero de interés exclusivo del colaborador para ejercer las

vías recursivas si así lo estima.

SENTENCIA TC/0002/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un señor

que había sido expulsado de la Cámara de Comercio y Producción

de la Provincia de La Altagracia acudió a esa entidad a solicitar la

constancia de la asamblea en la que se decidió la expulsión. Ante la

negativa de la referida entidad, el señor acudió ante la jurisdicción

constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

c. Tal como puede observarse, las disposi-

ciones legales precitadas disponen, entre

otros aspectos, que las cámaras oficiales de

comercio y producción son entidades priva-

das que, si bien surgen de la libre iniciativa

de los particulares, ejercen funciones tanto

públicas como privadas. En ese sentido, po-

seen una naturaleza mixta que resulta del

carácter dual de las actividades inherentes

a su funcionamiento. Debido a ese carácter

híbrido, que también encontramos en cá-

maras oficiales de comercio y producción de

otros países latinoamericanos, este tribunal

constitucional concluye que los particulares

interesados pueden tener acceso en estas

entidades a los documentos que se indican

a continuación según las siguientes dos

modalidades:

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

780 | Art. 69

ÍNDICE

• Acceso sin restricción: a los documentos

públicos registrales que se encuentran en

los archivos de las cámaras, puesto que

dichos documentos revisten naturaleza

intrínsecamente pública.

• Acceso restringido: a los documentos

internos o privados de las cámaras

que se indican a continuación, sujeto

a que la solicitud del interesado se

funde en motivos de interés público y

conciernan directamente a este último,

a saber: 1. Los documentos que con-

ciernen las actividades privadas de la

cámara y los relativos a la percepción

de recursos financieros distintos a los

obtenidos por los trabajos registrales. 2.

Los documentos que atañen el manejo

de los recursos humanos de la institu-

ción. 3. Los documentos atinentes a sus

actividades de carácter gremial. 4. Los

documentos resultantes de su propio

funcionamiento empresarial, o sea, las

actas de las asambleas de las cámaras y

de las reuniones de sus juntas directivas.

D. Respecto a las actas de las asambleas

de las Cámaras y de las reuniones de

sus juntas directivas, en particular, la

Corte Constitucional de Colombia ha

puntualizado, con razón:

• Que únicamente cuando el acceso a di-

chos documentos no pueda fundamen-

tarse sobre la base del interés público

“debe prevalecer el carácter privado y,

consiguientemente, la reserva que por

regla general se predica de este tipo de

documentos”.

• Que la ausencia de interés público se

encuentra especialmente en lo que se

refiere a la posibilidad de conocerlos

de manera abierta y genérica y sin aco-

tación alguna, como ocurre sin duda

cuando se solicitan todas las actas de

la Junta Directiva de un determinado

período, todos los contratos celebrados

dentro de un lapso específico, etc. (Sen-

tencia T-690-07, precitada, subrayado

nuestro).

e. En el caso que nos ocupa, la solicitud

de acceso documental del hoy recurrido no

concierne a un paquete indeterminado de

contratos ni todas las actas de la Junta Di-

rectiva de la CCPALT; tampoco un docu-

mento que cumpla fines u objetivos públicos.

Se trata simplemente de un solo documento

privado o de carácter particular de la

CCPALT: la aludida acta de la asamblea

extraordinaria de esa entidad que contiene

la resolución relativa a la expulsión del re-

currido. Dada la particular circunstancia

de que se trata de un documento privado

de la CCPALT, el Tribunal Constitucional

estima que el acceso al mismo por el recu-

rrido debe supeditarse a la existencia de un

motivo de orden público. En la especie, este

requisito resulta satisfecho, puesto que la

solicitud del recurrido tiene por objeto pro-

veerse de un medio probatorio efectivo para

ejercer las vías recursivas jurídicamente

disponibles tendentes a impugnar dicha ex-

pulsión, si así lo deseare. En ese sentido, la

denegación de acceso a ese documento viola

en su perjuicio la preceptiva constitucional

inherente al debido proceso.

f. En el caso que nos ocupa, la recurrente,

CCPALT, no puede evadir la obligación de

propiciar el acceso del recurrido al indicado

documento aduciendo que es una entidad

regida por sus propias normas internas, ya

que la garantía al respeto de los derechos

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 781

ÍNDICE

fundamentales constituye un asunto de

orden público que vincula a todas las per-

sonas sin distinción de su naturaleza física

o moral, privada o pública, de acuerdo con

normativa prevista en el párrafo capital

del artículo 69 de nuestra Carta Magna

• Que tal solución se justifica siempre

que el contenido de los documentos

en cuestión conciernan directamente

a dichos particulares, como resulta en

el caso que nos ocupa; y siempre que la

privación de acceso vulnere la garantía

a la tutela judicial efectiva y al debido

proceso en las relaciones inter privatos,

o cualquier otra garantía constitucio-

nal o derecho fundamental.

30. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: NEGATIVA DE ENTREGAR

PRUEBAS Y DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA

POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CRITERIO:

Constituye una violación al debido proceso, especialmente al

derecho de defensa (art. 69.4 y 69.10 CRD), la negativa del Ministerio

Público de entregar la grabación de unas declaraciones realizadas por

un menor de edad en el transcurso de un proceso penal solicitada por

la parte de la defensa. Procede la entrega de las declaraciones del menor

de edad, pero condicionadas a que el audiovisual esté pixelado y se

omita la identidad del declarante.

SENTENCIA TC/0919/18

—Ver en este

sentido el criterio relativo al derecho de protección de las personas menores de

edad (art. 56 CRD)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que durante el

conocimiento de un proceso penal la parte de la defensa solicitó la

entrega de un DVD que contenía unas declaraciones de un menor de

edad como parte de las pruebas. La petición fue negada alegando el

principio del interés superior del niño, por lo que la persona afectada

acudió ante la jurisdicción constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

d. Es preciso señalar que conforme al

expediente que fue depositado en este

tribunal constitucional se encuentra la

Resolución núm. 116/2018, dictada por

el Consejo del Poder Judicial, el dieciocho

(18) de febrero de dos mil diez (2010),

que reglamenta el Procedimiento para

Obtener Declaraciones de Personas en

Condición de Vulnerabilidad, en la cual

se establece que la defensa no podrá tener

en su poder DVD o material que contenga

declaraciones de personas en condición de

vulnerabilidad, no obstante, a eso, podrá

tener acceso al material cuantas veces con-

sidere necesario, pero dentro del Centro de

Entrevistas para Personas en Condición

de Vulnerabilidad.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

782 | Art. 69

ÍNDICE

e. Es preciso señalar que lo citado en el or-

dinar anterior es establecido por una reso-

lución, y todo lo concerniente a las pruebas

en el proceso penal, son regido por el código

procesal penal, y estas disposiciones a su vez

van en armonía con derechos consagrados

en la Constitución, como el derecho a la

igualdad, y el derecho a la defensa.

[…] en la especie se ha violentado el dere-

cho a la defensa del imputado, y también

el derecho a la igualdad y se ha entorpecido

el debido proceso, toda vez que la parte im-

putada no tiene acceso al citado material

probatorio en condiciones de igualdad. Al

impedírsele tener en su poder un material

probatorio, el cual puede servir como

herramienta para elaborar sus medios de

defensa adecuadamente, entonces se puede

deducir que se les están violentando los

derechos del debido proceso invocados por

la parte recurrente.

[…] el interés superior del niño en ningún

momento es violentado, toda vez que quien

está solicitando el DVD con las declaracio-

nes del menor de edad es una parte del pro-

ceso y no alguien ajeno al mismo; por tanto,

esas declaraciones no serán entregadas a

alguien ajeno a las mismas, sino a una

parte interesada. En adición a eso, no se

le puede negar esa solicitud amparándose

igualmente en una resolución, ya que la

norma que rige esa materia es la propia

Constitución y el Código Procesal Penal,

específicamente en su artículo 299. 7.

[…] este tribunal constitucional es de crite-

rio que no se le puede negar la entrega de la

prueba a descargo a una parte del proceso.

Para proteger el derecho a la intimidad,

que es el derecho fundamental que va

relacionado con la protección del menor de

edad en la especie, el Tribunal entiende que

se debe condicionar la entrega del material

haciéndose los debidos ajustes, a fin de que

el derecho a la intimidad no sea violentado.

En este sentido, condiciona la entrega de

dicho DVD a que la imagen del menor sea

pixelada y se omita su nombre, sugiriendo

poner solo la abreviatura para su debida

identificación. De esa manera se protege

tanto el interés superior del niño, el derecho

a la intimidad, la dignidad humana y no

se violenta el debido proceso, el derecho a

la defensa y el derecho la igualdad, y por

consecuencia, se hace una debida adminis-

tración de la justicia constitucional.

31. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: NEGATIVA EN CONTESTAR

SOLICITUD DE AUXILIO DE FUERZA PÚBLICA

CRITERIO:

Constituye una vulneración al debido proceso la negativa

por parte de una autoridad competente (en este caso, un fiscal) de

contestar una solicitud de autorización de auxilio de fuerza pública

realizada por una persona afectada.

SENTENCIA TC/0025/16

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una persona

acudió al Departamento de Fuerza Pública del Distrito Judicial de

La Romana a solicitar que le sea concedido el auxilio de la fuerza

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 783

ÍNDICE

pública debido a una afectación a su derecho de propiedad. Dicha

solicitud no fue respondida ni positiva ni negativamente, por lo

que el solicitante acudió ante la jurisdicción constitucional en

materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

g. Respecto de la prueba de los hechos

invocados, consta en el expediente tanto

la solicitud de fuerza pública, como la

reiteración de la misma, las cuales fueron

hechas el veinticinco (25) de julio de dos

mil catorce (2014) y el cinco (5) de marzo

de dos mil quince (2015), respectivamente.

Igualmente, consta en el expediente el Acto

núm. 110/2015, del cuatro (4) de marzo

de dos mil quince (2015), mediante el cual

se cita a la compañía Chavón Rent-A- Car,

S.A. y al señor Víctor Acevedo Santillán a

comparecer ante la Procuraduría Fiscal

del Distrito Judicial de La Romana a las

diez horas de la mañana (10:00 a.m.) del

seis (6) de marzo de dos mil quince (2015),

audiencia en la cual se conocería la solicitud

de fuerza pública.

h. Según la documentación descrita en el

párrafo anterior, resulta incuestionable que

el señor Julián Rafael Nival Aristy solicitó

al procurador fiscal del Distrito Judicial de

La Romana el otorgamiento de la fuerza

pública para realizar un desalojo en per-

juicio de la compañía Chavón Rent-A- Car,

S.A., solicitud que hasta la fecha no ha sido

respondida por el indicado funcionario.

j. Según el texto anteriormente transcrito,

el Ministerio Público tiene la obligación

de otorgar la fuerza pública que fuere

necesaria para garantizar la ejecución de

la sentencia. Obviamente, el otorgamiento

está condicionado a que la sentencia que se

pretenda ejecutar tenga fuerza ejecutoria.

De manera que la solicitud puede ser acogi-

da o rechazada, pero en todo caso debe ser

respondida.

32. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: NEGATIVA EN ENTREGAR

LA ASISTENCIA ECONÓMICA LEGALMENTE ESTABLECIDA PARA

LA SOLICITANTE

CRITERIO:

Constituye una vulneración al debido proceso la actuación

por parte de un órgano de la Administración pública (en este caso,

el Instituto de Seguridad Social del Ministerio de Defensa) de negar

la asistencia económica legalmente establecida para una viuda de un

militar fallecido que había sido puesto en retiro. Derecho adquirido

vulnerado.

SENTENCIA TC/0027/16

—Precedente reiterado en las sentencias

TC/0325/16 y TC/0215/18—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una señora

en calidad de viuda de un militar fallecido acudió al Instituto de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

784 | Art. 69

ÍNDICE

Seguridad Social del Ministerio de Defensa a procurar la asistencia

económica legalmente establecida para una viuda de un militar

fallecido que había sido puesto en retiro. Ante la negativa de dicha

institución, la señora acudió a la jurisdicción constitucional en

materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

o. En tal sentido, conforme a las prescrip-

ciones establecidas en la Ley núm. 873,

Orgánica de las Fuerzas Armadas de la

República Dominicana, del diecinueve

(19) de julio de mil novecientos setenta y

ocho (1978), ley vigente al momento en

que ingresó dentro de lasfilas de la Fuerza

Aérea Dominicana, actualmente Fuerza

Aérea de República Dominicana (FARD),

“el retiro es la situación en que se coloca al

militar al cesar en el servicio activo, con

goce de pensión, en las condiciones que

las demás Leyes y reglamentos prescriben”

(artículo 203).

p. En el caso que ahora nos ocupa hay

una situación fáctica aceptada por ambas

partes, sin controversia alguna, tanto

por la ahora recurrente constitucional,

señora Iris Flores Mercedes, como por los

hoy recurridos constitucionales, Instituto

de Seguridad Social del Ministerio de

Defensa (ISSFFAA) o el Instituto de

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas

(ISSFFAA). Nos referimos al hecho de que

el esposo de la referida señora, señor Juan

Cesáreo Abad Hernández, al momento

de ocurrir su fallecimiento ya tenía más

de treinta (30) años como militar activo

dentro de la Fuerza Aérea Dominicana,

actualmente Fuerza Aérea de la Repú-

blica Dominicana (FARD), por lo que,

automáticamente fue puesto en retiro

con todos los derechos adquiridos que ello

conlleva.

q. El Decreto núm. 3013, dictado el trein-

ta y uno (31) de enero de mil novecientos

ochenta y dos (1982), crea el Instituto de

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y

la Policía Nacional (ISSFAPOL), entidad

está a la que se le otorga la facultad para

reglamentar sus actuaciones, tal como lo

dispone el artículo 4 de dicho decreto: “El

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas

Armadas y de la Policía Nacional, queda

autorizado a dictar las reglamentaciones

que regirán su funcionamiento interno,

previa aprobación del Poder Ejecutivo”.

r. Dando continuidad a lo antes señalado,

en su momento la Secretaría de las Fuerzas

Armadas, mediante su Circular núm. 4,

dictada el diecinueve (19) de abril de mil

novecientos noventa y seis (1996), dispuso:

Párr 1. Para general conocimiento de los

miembros de las Fuerzas Armadas y la

Policía Nacional, El Instituto de Seguridad

Social de las Fuerzas Armadas y la Policía

Nacional, en cumplimiento a Resolución

emitida por su Consejo Directivo, lleva a

conocimiento de todos sus afiliados, que con

efectividad el 1ro. De Febrero de 1996, ha

sido puesto en vigencia el “Plan de Retiro

de “ISSFAPOL”, implementado conforme

al Reglamento Orgánico que lo rige, el cual

contempla una prestación especial para los

que hayan cumplidos (25) o más años de

servicio activo, y que hayan sido colocados

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 785

ÍNDICE

en situación de retiro, de conformidad con

lo estatuido por la Ley Orgánica de las

Fuerzas Armadas y la Ley Institucional de

la Policía Nacional por la Ley Orgánica de

las Fuerzas Armadas y la Ley Institucional

de la Policía Nacional. Párr 2. Las pres-

taciones a que se refiere el párrafo anterior,

regirán de acuerdo a la escala siguiente:

(25) años, el equivalente el 71% de (25)

sueldos, (26) años, el equivalente al 74%

de (26) sueldos, (27) años, el equivalente

al 77% de (27) sueldos, (28) años, el equi-

valente al 80% de (28) sueldos, (29) años,

el equivalente al 83% de (29) sueldos,

(30) años, el equivalente al 86% de (30)

sueldos, (31) años, el equivalente al 89%

de (31) sueldos, (32) años, el equivalente

al 91% de (32) sueldos, (33) años, el equi-

valente al 94% de (33) sueldos, (34) años,

el equivalente al 97% de (34) sueldos, (35)

años, el equivalente al 100% de (35) suel-

dos. Párr 3. En ningún caso, los beneficios

establecidos en la presente Circular podrán

exceder de (35) sueldos.

[…] Párr 7. Las viudas de los afiliados del

ISSAFAPOL, que hayan fallecido, estando

activos con derecho a recibir las prestacio-

nes contempladas en la presente Circular,

7 serán beneficiadas en la misma forma

acordada al fallecido. Asimismo, estará

amparada con estas disposiciones, la madre

del afiliado soltero, fallecido, sin haber

dejado viuda ni hijos con vocación legal

para heredar.

v. A todo lo antes señalado, ha demostrado

a este tribunal que real y efectivamente,

tras el fallecimiento y posterior puesta en

retiro con derechos a pensión del señor

Juan Cesáreo Abad Hernández, su esposa,

accionante en amparo, señora Iris Flores

Mercedes, tenía el derecho, como su conti-

nuadora jurídica, de recibir todas y cada

una de las prestaciones establecidas para

dicho fin, en este caso, un salario por cada

año de servicio como militar en una de las

instituciones que conforman la Secretaría

de Estado de las Fuerzas Armadas, hoy

Ministerio de Defensa.

[…] señora Iris Flores Mercedes, en cuanto

a la restauración de sus derechos alegada-

mente vulnerados y al tratarse sobre un

derecho de esta naturaleza, tal como es el

pago de un salario por cada año de servicio

realizado en la Fuerza Aérea Dominicana

(FAD), hoy Fuerza Aérea de la República

Dominicana en ocasión de haber sido pues-

to en retiro, a quien fuera su esposo, señor

Cesáreo Abad Hernández, derecho este

ya adquirido, es oportuno señalar que las

solicitadas prestaciones son unas conquistas

logradas por el esposo de la hoy recurrente,

señor Cesáreo Abad Hernández, quien

duró más de treinta (30) años ininterrum-

pidos en sus labores militares dentro de la

Fuerza Aérea Dominicana (FAD), hoy

Fuerza Aérea de la República Dominicana.

Dichas prestaciones especiales, otorgadas a

cada militar que haya cumplido veinticin-

co (25) años o más en servicio activo y que

haya sido colocado en situación de retiro,

constituyen un derecho consolidado que no

prescribe, muy por el contrario, perdura en

el tiempo.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

786 | Art. 69

ÍNDICE

33. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: NORMAS VÁLIDAS PARA

ESTABLECER OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ANTE INDICIOS QUE

REVELEN LA INCONSISTENCIA ENTRE LO PERCIBIDO Y LO

DECLARADO

CRITERIO:

La administración tributaria (en este caso, la Dirección

General de Impuestos Internos, DGII) está habilitada para proceder de

oficio al establecimiento de la obligación tributaria de un contribuyente

(indicios que revelen la inconsistencia entre lo percibido y lo declarado)

utilizando la figura de la determinación sobre base presunta o estimación

indirecta, sin embargo, esta facultad solo debe ser utilizada cuando

no sea posible determinar la obligación sobre base cierta.

SENTENCIA

TC/0493/15

—Precedente reiterado en la sentencia TC/0830/18—

CRITERIO 2:

Concepto de determinación de obligación tributaria.

Formas legales utilizadas por la DGII y límites a la discrecionalidad.

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando una empresa

presentó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) las

declaraciones juradas correspondientes a un periodo fiscal. Ante

supuestas contradicciones de la referida declaración, la DGII inició

un proceso de determinación de la obligación tributaria de oficio, y

concluyó que la empresa le adeudaba al fisco. Ante esta situación, la

empresa sometió recursos administrativos y judiciales, pero fueron

rechazados, por lo que recurrió ante el Tribunal Constitucional en

materia de revisión de decisión jurisdiccional.

51 Derecho nanciero. Citado por JINESTA LOBO, Ernesto: “Naturaleza jurídica de la determinación

de la obligación tributaria”. [En línea] disponible: 29 de julio de 2014, http://www.ernestojinesta.com/

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] el Tribunal Constitucional, partiendo

de los hechos ya establecidos por las jurisdic-

ciones competentes, ha podido determinar

que la Dirección General de Impuestos

Internos decidió, de oficio, determinar la

obligación tributaria de Inversiones Vilazul,

S.A., partiendo de la facultad que –sostiene–

le es dada por el artículo 45 de la Ley núm.

11-92, Código Tributario dominicano.

10.1.7 La determinación de la obligación

tributaria es definida por Carlos María

Giuliani Fonrouge como el acto o la serie de

actos necesarios para la comprobación y la

valoración de los diversos elementos consti-

tutivos de la deuda impositiva (presupuesto

material y personal, base imponible), con la

consiguiente aplicación del tipo gravamen

y la concreta determinación cuantitativa

de la deuda del contribuyente51. Esta tiene

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 787

ÍNDICE

efectos declarativos y surge, según explica

Jinesta, al concurrir una ley y “la verifi-

cación empírica del presupuesto”, es decir,

surge de una ley y un hecho jurídico, lo

que la hace cierta, líquida y exigible.

10.1.8 La facultad para la determinación

de la obligación tributaria, conforme a

la voluntad del legislador dominicano,

reside en la Administración Tributaria –

distinto a otros países donde se reconoce la

autodeterminación-, función que ejerce la

Dirección General de Impuestos Internos,

de acuerdo con los preceptos del Código

Tributario y de las normas especiales que

le rigen.

10.1.9 En efecto, los artículos 45 y 65

del referido código disponen que la de-

terminación de la obligación tributaria

será practicada en forma exclusiva por

la Administración Tributaria. Dicha

determinación, según el artículo 66 de la

misma ley, deberá ser realizada de oficio:

1) Cuando el contribuyente hubiere omi-

tido presentar la declaración a que estaba

obligado, o no hubiere cumplido debida-

mente la obligación tributaria. 2) Cuan-

do la declaración presentada no mereciere

fe, por ofrecer dudas a la Administración

Tributaria su veracidad o exactitud, o en

ella no se cumpliere con todas las normas

que le son aplicables. 3) Cuando el contri-

buyente, estando obligado a llevar libros

no los llevare o los llevara incorrectamente

o nos exhibiere o carezca de los libros y

comprobantes exigibles.

ernesto%20jinesta/curriculum%20y%20art.%20rev/NATURALEZA%20JURIDICA%20D E%20LA%20

DETERMINACION%20DE.PDF.

10.1.10 Asimismo, el artículo 67 del

Código Tributario establece que en los

casos de impuestos retenidos o trasladados

que no hayan sido declarados oportuna-

mente, la Administración Tributaria

podrá determinar y requerir de inmediato,

y sin otro trámite previo, el pago de los

impuestos correspondientes. 10.1.11 La

determinación de oficio se refiere a la

facultad exclusiva de la Administración

Tributaria de cualificar el presupuesto y

hacer exigible la obligación o, la inexis-

tencia de esta.

10.1.13 No cabe dudas de que el legisla-

dor, al establecer los regímenes tributarios,

proveyó a la administración correspon-

diente de las herramientas necesarias para

facilitar la actividad recaudadora del fisco,

que, de verse afectada, atentaría contra

la estabilidad económica y financiera del

propio Estado dominicano. Tal facultad se

yergue como uno de los mecanismos crea-

dos para hacer viable la orientación del

crecimiento de la economía dominicana

hacia la búsqueda del desarrollo humano,

respondiendo a los fundamentos consagra-

dos en el artículo 216 de la Constitución

de la República.

10.1.14 Tal y como lo señalan los textos

legales antes descritos, la Administración

Tributaria puede –y debe– determinar

los tributos de oficio, sin que ello impli-

que necesariamente una violación al

principio de legalidad ni a otros derechos

fundamentales.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

788 | Art. 69

ÍNDICE

10.1.15 La ley también establece cuándo

la administración está facultada para

realizar esta determinación de oficio.

Como vimos, el artículo 66 dispone los

casos en virtud de los cuales la Admi-

nistración Tributaria ejerce de oficio sus

facultades.

10.1.16 Cuando la determinación de la

obligación tributaria se hace de oficio, la

Administración puede hacerla sobre base

cierta, o sobre base presunta.

10.1.17 Esta facultad de determinación

de la obligación tributaria de oficio fue

realizada, en la especie, mediante el meca-

nismo conocido por la jurisprudencia y la

doctrina comparada como determinación

sobre base presunta, o estimación indirecta,

que se practica cuando la Administración

fundamenta la referida determinación en

base a indicios que revelen la inconsisten-

cia entre lo percibido y lo declarado.

10.1.18 Se trata, así, de un mecanismo que

debe ser utilizado de manera excepcional,

cuando no le sea posible a la Administración

determinar la obligación sobre base cierta.

10.1.19 La apreciación de los indicios, en

virtud de los cuales se hace la estimación

del tributo a pagar, no debe ser realizada

por la Administración Tributaria de ma-

nera discrecional, sino que debe apoyarse

en principios tales como: debido proceso,

jerarquía de fuentes, razonabilidad entre

el hecho y la presunción, la existencia de

una causa legítima para su utilización.

10.1.20 En el caso que nos ocupa, la

Dirección General de Impuestos Internos,

en ejercicio de sus facultades, realizó de

oficio la determinación de la obligación

tributaria de Inversiones Vilazul, S.A.,

por la causa establecida en el inciso 2 del

artículo 66 del Código Tributario, esto es,

porque la declaración presentada por la

hoy recurrente no le mereció fe, al generar

dudas sobre su veracidad o exactitud.

10.1.21 Para realizar dicha determina-

ción, la Administración Tributaria, según

estableció la Tercera Sala de la Suprema

Corte de Justicia en la Sentencia núm. 586,

utilizó los servicios de una empresa privada

que realizó un estudio de las tarifas de los

hoteles de iguales características de la zona,

mediante llamadas telefónicas y mediante

la revisión de páginas de Internet.

10.1.22 No cabe duda de que la Dirección

General de Impuestos Internos ha sido

facultada para determinar de oficio la

obligación tributaria sobre base presunta;

sin embargo, al tratarse de un mecanismo

excepcional, constitucionalmente aceptable

siempre y cuando se justifique la impo-

sibilidad del uso del método sobre base

cierta, era deber de los órganos judiciales

correspondientes verificar si, en efecto, la

Administración Tributaria había señalado

los hechos y circunstancias que le impedían

utilizar el método de base cierta. El Tribu-

nal Constitucional no ha podido verificar,

en el análisis de la decisión jurisdiccional

impugnada, que los órganos judiciales

realizaron tal verificación.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 789

ÍNDICE

34. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: PROCEDIMIENTO DE

ESTABLECER OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Y POSTERIOR COBRO

CRITERIO:

La habilitación legal de la administración tributaria ejercida

por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de establecer

la determinación de la obligación tributaria, conocer el recurso de

reconsideración y adoptar medidas cautelares para perseguir el cobro de

obligaciones tributarias pendientes de los contribuyentes, no vulnera

el debido proceso ni la tutela judicial efectiva. El procedimiento de

cobro es distinto al procedimiento sancionador.

SENTENCIA TC/0830/18

CRITERIO 2:

La DGII es la entidad encargada de la recaudación y

administración de todos los tributos nacionales, y debe asegurar y velar

en todo momento por la correcta aplicación del Código Tributario y de

las demás leyes tributarias que incidan en su ámbito de competencias.

Resumen del caso: Una empresa decidió presentar ante el Tribunal

Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad en contra

de varios artículos del Código Tributario. Estos artículos establecen

en esencia el procedimiento para el cobro de deudas por conceptos

de impuestos y la forma de recurrir administrativamente en caso

de desacuerdo. La parte accionante plantea vulneraciones al debido

proceso administrativo debido a que, si la Dirección General de

Impuestos Internos notifica una presunta deuda a un contribuyente

y este recurre en reconsideración ante la misma entidad, la cual

confirma la deuda, el contribuyente se ve en la obligación de pagar

o será objeto de un procedimiento de cobro coactivo, sin que un

tribunal imparcial e independiente conozca, juzgue y decida sobre la

procedencia o no de dicha deuda.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.12. Se observa que el legislador faculta a

la administración tributaria para adoptar

medidas necesarias a los fines de promover el

cobro compulsivo de la deuda, así como soli-

citar las medidas conservatorias que sean con-

venientes para proteger el crédito tributario.

10.14. El referido texto dispone que la no-

tificación de la decisión relativa al recurso

de reconsideración equivale a intimación

de pago de los impuestos, intereses y recargos

que hayan sido determinados por la admi-

nistración tributaria, la cual puede adoptar

medidas cautelares, tales como el embargo

conservatorio, a los fines de asegurar el crédito

tributario y evitar que el contribuyente dis-

traiga sus bienes.

10.16. En efecto, es en esta primera etapa que

la administración tributaria, en la persona

del ejecutor administrativo, puede ordenar

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

790 | Art. 69

ÍNDICE

por sí misma medidas conservatorias –me-

didas cautelares, propiamente dicho-siempre

que dichas medidas se fundamenten real y

efectivamente en el riesgo para la percepción

del pago del crédito tributario como con-

secuencia de la posible desaparición de los

bienes, así como que se haya comprobado

la existencia del crédito o por lo menos una

presunción grave de la existencia del mismo.

10.17. Es necesario reiterar que tales medidas

cautelares proceden única y exclusivamente

cuando se fundamenten real y efectivamente

en el riesgo en el cobro del crédito tributario

y la posibilidad inminente de la desaparición

de los bienes del deudor.

[…] Para explicarlo, debemos partir de la

idea de que los textos regulados no se refieren

a un proceso sancionador ni a un juicio de

ninguna índole y, por tanto, los principios

que regulan toda actividad sancionadora del

Estado no aplican en la especie.

10.21. Los textos analizados regulan un

proceso de cobro, distinto al sancionador, y

como tal, el legislador ha facultado a la ad-

ministración tributaria de un mecanismo de

autotutela que, a su vez, no escapa del control

jurisdiccional, pues el artículo 90 del Código

Tributario dispone de manera expresa que

“En contra de la resolución que ordena las

medidas conservatorias procederá el Recurso

Contencioso Tributario por ante el Tribunal

Contencioso-Tributario”.

10.24. El mismo argumento aplica respecto

de la argüida inconstitucionalidad de los

artículos 99, 111, 115 y 116 del Código

Tributario, que se refieren en realidad a la

segunda fase del proceso de cobro, esto es, a

la fase en la que se produce el cobro coactivo.

Aquí se faculta a la administración tributaria

a trabar embargo ejecutivo y se establece un

procedimiento de oposición que permite al

deudor impugnar el referido procedimiento

ejecutivo.

10.25. Como hemos podido observar, de con-

formidad con esos textos la acción ejecutoria

se inicia en perjuicio del deudor por parte del

ejecutor administrativo previo mandamiento

de pago, pudiendo el embargado oponerse a la

ejecución ante el mismo ejecutor administra-

tivo, dentro del plazo de cinco días contados

a partir de la notificación del referido man-

damiento, tal y como dispone el artículo 91.

10.26. El cobro coactivo -al igual que el cobro

persuasivo- a cargo de la propia administra-

ción tributaria, tiene como objeto solucionar

los problemas de cobro; sin embargo, su

realización jamás debe obviar los controles

necesarios para que sean resguardados los de-

rechos de los contribuyente, esto es: 1. Que se

haya comunicado el título ejecutivo en el cual

se dispone la deuda; 2. Que se haya agotado

un proceso de cobro persuasivo; 3. Que se

trate de un crédito cierto, líquido y exigible;

4. Que se haya realizado una intimación

y mandamiento de pago previo y 5. Que

dicha actividad pueda ser objeto de control

jurisdiccional.

10.27. Es oportuno hacer un paréntesis para

aclarar que, cuando hablamos de un crédito

cierto, líquido y exigible, nos referimos

al crédito que, ante una controversia, ya

ha sido determinado por la jurisdicción

contencioso-tributaria, agotados los recursos

administrativos correspondientes. Esto sig-

nifica que para poder ejercer las facultades

ejecutorias –fase de cobro coactivo- que le ha

reconocido el legislador – en aquellos casos

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 791

ÍNDICE

en que el contribuyente impugna la deuda-,

la administración precisa de una decisión

judicial con autoridad de cosa juzgada.

En la especie, se pretende comparar los pro-

cedimientos de cobro de deuda y facultades

de la administración tributaria, con el proce-

dimiento administrativo sancionador en los

cuales el legislador ha previsto de manera ex-

presa las facultades de la administración para

ejercer el ius puniendi estatal. Sin embargo,

no es ese el papel que ejerce la administración

tributaria cuando persigue el cobro de su

crédito.

10.35. La administración tributaria –para

los efectos, la Dirección General de Impuestos

Internos-, en materia de cobros, tiene como

función, la de adoptar las medidas necesarias

para obtener el ingreso al fisco de las deudas

de los contribuyentes, siendo esto parte de su

función estatal principal, que es administrar

los tributos.

10.36. Se trata de mecanismos de cobro

previstos por el legislador a los fines de que

el contribuyente, proceda a realizar el pago

de la deuda. Son métodos más efectivos, más

rápidos, más sencillos y más económicos, que

se justifican en la necesidad de proveer a la

administración tributaria correspondiente

de herramientas necesarias para facilitar la

actividad recaudadora del fisco, que, de verse

afectada, atentaría contra la estabilidad eco-

nómica del propio Estado dominicano y, por

tanto, el interés general.

10.37. En este sentido, el Tribunal Constitu-

cional español (STC 14/1992) ha manifes-

tado que “el embargo preventivo decretado

inaudita parte debitoris no merece reparo

de inconstitucional, pues no es más que una

medida cautelar, cuya emisión no requiere

una plena certeza del derecho provisional-

mente protegido, ni es forzoso tampoco que

se oiga con antelación a quien la sufre”. Y ha

agregado que la audiencia previa del afectado

podría perjudicar en muchos supuestos la

efectividad de la medida cautelar y siempre la

retrasaría en detrimento de su eficacia, lo cual

podría llegar a menoscabar el derecho a una

tutela judicial efectiva, reconocido en el art.

24 de la Constitución, pues la tutela judicial

no es tal sin medidas cautelares adecuadas

que aseguren el efectivo cumplimiento de la

resolución definitiva que recaiga en el proceso.

35. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: RESPUESTA OPORTUNA

A LAS PETICIONES REALIZADAS POR LAS PERSONAS

CRITERIO:

Se vulnera el debido proceso cuando la Administración

tarda en responder en un tiempo razonable las peticiones referidas a

diferentes recursos administrativos. Las garantías mínimas del debido

proceso previstas en el artículo 69 de la Constitución también se aplican

en el ámbito de la Administración. Aplicación del artículo 69.10 de la

Constitución.

SENTENCIA TC/0021/12

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando una persona que

alega ser afectada por el servicio de energía eléctrica acude a la Oficina

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

792 | Art. 69

ÍNDICE

de Protección al Consumidor y ante una respuesta insatisfactoria

interpone varios recursos ante la Superintendencia de Electricidad.

Debido a que no recibió respuesta al transcurrir más de un año, el

señor acude ante la jurisdicción constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] en la especie no existía otra vía tan

efectiva como la acción de amparo, porque el

interés de los accionantes consistía en lograr

una decisión que constriñera a la Superin-

tendencia de Electricidad a decidir varios

recursos jerárquicos interpuestos contra deci-

siones dictadas por el titular de la Oficina de

Protección al Consumidor (PROTECOM).

f) Como se observa, el tiempo transcurrido

desde la interposición de los referidos recur-

sos resulta excesivo e irrazonable, en vista

de que debieron ser decididos en un plazo

de 30 días contados a partir de la fecha

en que fueron incoados, en aplicación del

artículo 20 de la Resolución No. 40-2004

dictada por la misma Superintendencia de

Electricidad el 21 de junio de 2004. Por

tanto, el Tribunal considera injustificada

la dilación en que incurrió esta última

entidad, aunque no sea un órgano judicial

sino de naturaleza administrativa.

g) En este sentido, la Corte Interamerica-

na de Derechos Humanos ha establecido

lo siguiente: “Es un derecho humano el

obtener todas las garantías que permitan

alcanzar decisiones justas, no estando la

administración excluida de cumplir con

este deber. Las garantías mínimas deben

respetarse en el procedimiento adminis-

trativo y en cualquier otro procedimiento

cuya decisión pueda afectar los derechos

de las personas” (Corte Interamericana de

Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo

y otros vs. Panamá. Sentencia del 2 de

febrero de 2001. Número 127).

h) El criterio sustentado por la Corte In-

teramericana de Derechos Humanos en el

indicado caso está consagrado en nuestra

Constitución en el artículo 69.10, texto en

el cual se establece que: “Las normas del

debido proceso se aplicarán a toda clase

de actuaciones judiciales y administrati-

vas”. I) En la especie, resulta evidente e

incuestionable que la Superintendencia de

Electricidad violó los numerales 1 y 2 del

artículo 69 de la Constitución. Conforme

a los indicados textos toda persona tiene de-

recho a ser oída y a que su caso sea resuelto

en un plazo razonable.

36. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: RETENCIÓN ARBITRARIA

DE BIENES MUEBLES SIN PROCEDER A INICIAR PROCESO PENAL

CRITERIO:

Constituye una violación al debido proceso la retención

realizada por el Ministerio Público (en este caso, el Plan Piloto) de

manera arbitraria e indefinida de un vehículo de motor (en este caso,

alegando alteraciones al chasis), pero sin proceder a iniciar el proceso

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 793

ÍNDICE

penal correspondiente.

SENTENCIA TC/0058/15

—Precedente reiterado en

las sentencias TC/0074/15, TC/0327/16, TC/0328/16, TC/0413/16,

TC/0224/18, TC/0498/18, TC/0507/18, TC/0733/18, TC/0024/19,

TC/0115/19, TC/0075/20 y TC/0293/21—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una persona

que había adquirido un vehículo de motor acudió al Plan Piloto

a solicitar la certificación correspondiente a los fines de obtener la

matrícula que acredite su propiedad. Las autoridades del Plan Piloto

procedieron a retener el vehículo informándole a la persona que

habían detectado alteraciones en el chasis y los sellos de seguridad.

Posteriormente, al no obtener respuesta de la solicitud de devolución

del vehículo, la persona afectada acudió a la jurisdicción constitucio-

nal en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

b. Uno de los argumentos presentados por

la parte recurrente en revisión fue la impo-

sibilidad que tuvo el accionado de asistir

a la jurisdicción de juicio y de presentar

las pruebas que justifican la retención del

vehículo objeto del litigio; sin embargo,

conviene precisar que Adolfo Féliz, fiscal

coordinador para Asuntos de Vehículos de

Motor Robados, fue debidamente citado

para comparecer a la audiencia del dieci-

nueve (19) de septiembre de dos mil trece

(2013), mediante el Acto núm. 341/2013,

del dieciséis (16) de septiembre de dos mil

trece (2013), instrumentado por Víctor

Cuello, alguacil ordinario de la Cámara

Civil y Comercial de la Corte de Apelación

del Distrito Nacional, mediante el cual fue

notificado el Auto de fijación de audiencia

núm. 226/2013, del dieciséis (16) de sep-

tiembre de dos mil trece (2013).

e. Al respecto, conviene precisar que el acta

no puede, por sí sola, producir la reten-

ción y confiscación de un bien de manera

indefinida, sin que se genere, a tenor de ella,

el curso de una acción penal. En ese sentido,

resulta importante indicar que de los docu-

mentos presentados a este tribunal, se pudo

constatar que la retención del vehículo fue

realizada sin que existiera un proceso penal

en curso que tuviera como objeto el bien

descrito en esta sentencia, por lo que la

negativa de entrega es injustificada, […]

Además, la Ley núm. 241, sobre Tránsito

de Vehículos de Motor del veintiocho (28)

de diciembre de mil novecientos sesenta

y siete (1967), en el artículo 28, literal

g), establece un procedimiento para la

incautación y posterior confiscación del

bien, en caso de exista una alteración de la

información identificativa del vehículo, en

cuyo caso compete a un juez determinar la

suerte del bien y del propietario del mismo,

situación que no se produjo en virtud de

que no se inició una acción penal por vio-

lación a dicha ley núm. 241.

f. De lo anterior se colige que la Ley núm.

241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor

del veintiocho (28) de diciembre de mil

novecientos sesenta y siete (1967), ha

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

794 | Art. 69

ÍNDICE

establecido un procedimiento en el que se

concluya con una sentencia de un juez que

se pronuncie sobre la sanción pecuniaria,

privativa de libertad y de confiscación del

vehículo en caso de violación de la disposi-

ción del artículo 27, numeral 14 , en aras

de salvaguardar el debido proceso y darle

la oportunidad a las partes -propietario y

Procuraduría Fiscal- de presentar las prue-

bas que avalen sus pretensiones, por lo que

el procurador fiscal, Adolfo Féliz, no podía

retener el vehículo de manera arbitraria

sin dar curso a una acción penal.

37. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: RETENCIÓN ARBITRARIA

DE MERCANCÍA IMPORTADA AUN DESPUÉS DE HABER PAGADO

LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES

CRITERIO:

Se vulnera el debido proceso administrativo (art. 69.10

CRD) cuando una institución pública (en este caso, la Dirección

General de Aduanas, DGA) retiene una maquinaria importada en

perjuicio de una empresa que ya había pagado los impuestos aduaneros

correspondiente y estaba autorizada por la Dirección General de

Impuestos Internos para dedicarse la fabricación de cigarrillos. La

actuación de la DGA constituye una vía de hecho que no solo violenta

el principio de legalidad, sino el derecho a la buena administración

y a la buena gobernanza que disponen los artículos 138 y 139 de la

Constitución de la República.

SENTENCIA TC/0395/18

Resumen del caso: El caso se origina cuando una empresa había

importado una maquinaria para la fabricación de cigarrillos y fue

retenida por la Dirección General de Aduanas. Ante esta situación,

la empresa intimó a la DGA a que desaduanara dicha maquinaria y,

ante la negativa de dicha institución, acudió a la jurisdicción consti-

tucional en materia de amparo invocando vulneración al debido

proceso administrativo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

h. Luego del análisis de la presente decisión

y la glosa procesal, este tribunal entiende

que el juez a-quo obró correctamente al

momento de acoger la acción de amparo

intentada por la parte accionante, empresa

Tips Dominicana, basado en el argumento

de violación de los derechos fundamentales

de la misma, de manera específica del de-

recho de propiedad y el derecho a la buena

administración y el buen gobierno, en

virtud de que el Reglamento núm. 79-03

para la aplicación del título IV de impuesto

selectivo al consumo en su artículo 8 esta-

blece lo siguiente: Toda persona, sociedad o

corporación que en el futuro desee ocuparse

de los negocios de fabricación o importa-

ción de productos del alcohol, así como a la

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 795

ÍNDICE

importación o fabricación de productos del

tabaco y sus derivados, deberá solicitar a la

Dirección General de Impuestos Internos la

autorización correspondiente para estable-

cer este tipo de negocios.

i. En ese mismo sentido, el artículo 9 del

indicado reglamento establece que los

requisitos generales para la instalación de

fábricas de vinos, productos de alcohol y

del tabaco, deben ser depositados ante la

Dirección General de Impuestos Internos

(DGII)

j. Visto lo antes citado, es constatable la si-

tuación de que la parte recurrida cumplía

con los requisitos en cuestión, en vista que

la Dirección General de Impuestos Inter-

nos (DGII) emitió la Certificación núm.

GGC DAT No 9063, del veintiséis (26)

de septiembre de dos mil dieciséis (2016),

en donde establece de manera textual lo

siguiente: cortésmente, dando respuesta a

su requerimiento, informamos que después

de analizados los documentos recibido y

luego de la inspección realizada al terreno

notificado en su solicitud de permiso de

instalación de fábrica de cigarrillo en fecha

15 de septiembre de 2016; esta dirección

general de impuestos internos autoriza el

lugar y el local para instalar dicha fábrica

de cigarrillos ubicada en la autopista

duarte Km, 18 Municipio de pedro Brand

Provincia Santo Domingo oeste. A la vez se

informa que los trabajos de la nave están

en la fase de terminación por lo que se

autoriza a la empresa Tips Dominicana

proceder a la adquisición de los equipos y

maquinarias, quedando los mismos bajo el

control fiscal de la indicada dirección hasta

que se complete la instalación final.

k. Luego de expedida la indicada certifica-

ción, la empresa Tips Dominicana proce-

dió a importar las maquinarias necesarias

para su actividad comercial, conforme se

establece en la declaración de importación

núm. 100-30-IC01-00010C, las cuales

arribaron por la colecturía de aduana del

puerto de Haina Oriental.

l. Luego de la valoración de esos elementos

de pruebas es que los jueces de tribunal

a-quo determinaron que las actuaciones de

la parte accionada, Dirección General de

Aduanas, afectaba el derecho de propiedad

de la parte accionante, ante la retención de

las maquinarias descritas en la declaración

única de aduanas núm. 100-30-IC01-

00010C, del primero (1°) de noviembre

de dos mil diecisiete (2017), lo cual se

hacía sin ninguna justificación, máxime

cuando el órgano de la Administración

que tiene potestad para la autorización de

la importación de dicha maquina había

autorizado a la parte hoy recurrida, tal

y como ha quedado comprobado de las

certificaciones que reposan como elementos

de pruebas en el presente expediente y a los

que previamente hemos hecho referencia.

m. Esta actuación por parte de la Direc-

ción General de Aduanas (DGA) no solo

violenta el derecho de propiedad de la

parte recurrida, sino también el derecho a

la buena administración, en virtud de que

con base en el principio de legalidad que

debe ser observado por la Administración,

la Dirección General de Impuestos Internos

autorizó a la empresa Tips Dominicana

para que importara las maquinarias nece-

sarias para el funcionamiento y desarrollo

de la fábrica de cigarrillos.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

796 | Art. 69

ÍNDICE

n. En vista de esto y ante una retención por

parte de la Dirección General de Aduanas

(DGA) que la accionante considera ilegal,

máxime cuando no tiene ningún soporte

legal, es evidente que estamos ante una vía

de hecho que no solo violenta el principio

de legalidad, sino el derecho a la buena

administración y a la buena gobernanza

que disponen los artículos 138 y 139 de la

Constitución de la República.

38. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: RETENCIÓN ARBITRARIA

EN PROCESO DE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULO

CRITERIO:

Constituye una arbitrariedad de la Administración pública

(en este caso, la Dirección General de Aduanas) la retención de un

vehículo de motor cuyo proceso de importación fue realizado de forma

lícita y no ha sido objeto de un proceso penal en contra del propietario,

retención que no fue ordenada por la autoridad competente.

SENTENCIA TC/0066/15

—Precedente aplicado, aunque no mencionado, en la

sentencia TC/0136/15—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que la Dirección

General de Aduanas procedió a retener un vehículo de motor a una

empresa que se dedica la importación de vehículos. La causa de la

retención fue que dicho vehículo había sido adquirido por medio de

un hecho ilícito. El propietario, inconforme con la decisión, acudió

a la jurisdicción constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

e. En cuanto al fondo del presente recurso de

revisión constitucional, este tribunal entien-

de que la negativa de la Dirección General

de Aduanas y de la Colecturía General de

Aduanas, con asiento en Haina Occidental,

de proceder a la entrega y devolución del

vehículo retenido configura una retención

ilegal, pues no encuentra su justificación en

ninguna norma jurídica de carácter civil,

penal, administrativa o impositiva, lo cual

deviene en una arbitrariedad.

f. Prueba de lo anterior, lo constituye la pro-

pia comunicación que figura en el expediente,

donde el director general de Aduanas del

momento solicitó al sub-jefe de la Policía

Nacional proceder a la entrega del vehículo

marca Hummer, año 2003, color rojo, cha-

sis núm. 5GRGN23U923H13314, donde

se hace constar que, según los archivos del

National Insurance Crime Bureau nortea-

mericano, el vehículo fue adquirido de for-

ma lícita y correcta en el país de procedencia.

g. En este mismo sentido, comprobada

la licitud de la transacción referente al

vehículo objeto de la presente litis y a que

los impuestos correspondientes han sido de-

bidamente saldados, la Dirección General

de Impuestos Internos emitió el certificado

o matrícula de vehículo de motor núm.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 797

ÍNDICE

0940568 el trece (13) de enero de dos

mil cinco (2005), correspondiente a este

vehículo.

h. Visto todo lo anterior, y comprobada la

retención ilegal y arbitraria del referido

vehículo, procede ordenar, de manera in-

mediata, la entrega del mismo, pues no se

justifica por ninguna orden de juez o tri-

bunal, ni tampoco forma parte de proceso

alguno, razón por la cual dicha retención

carece de fundamento legal.

39. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: RETENCIÓN DE ARMA

DE FUEGO

CRITERIO:

Constituye una arbitrariedad del Ministerio de Interior y

Policía retener un arma de fuego y revocar la licencia de porte y tenencia

sin emitir las motivaciones de lugar, alegando tener discrecionalidad.

Vulnera el debido proceso administrativo previsto en el artículo 69.10

de la Constitución.

SENTENCIA TC/0186/13

—Reitera y amplia el precedente

TC/0010/12, y es reiterada sin mencionar en la sentencia TC/0348/15—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Minis-

terio de Interior y Policía procedió a retener un arma de fuego a

su propietario y también le revocó la licencia de porte y tenencia

por haber manipulado su arma en un conflicto. El señor alega que,

pese a que no existe ningún proceso penal en su contra, el arma

de fuego no le ha sido devuelta ni se le ha dado ninguna razón de

dicha actuación, por lo que acudió a la jurisdicción constitucional

en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.8. En este caso, el Ministerio de Interior y

Policía ha pretendido la revocación del per-

miso para porte y tenencia de arma de fuego

del recurrente bajo el argumento de … este

presentarse a la Inspectoría, P.N., Tenares, en

compañía de tres personas y protagonizar un

forcejeo con el cabo …

10.9. La certificación expedida por el

fiscalizador de Tenares pone de manifiesto

que no se abrió ningún expediente al res-

pecto, por tanto todos fueron liberados sin

formulación de cargos. Dicha certificación

agrega, con relación al arma de fuego,…

la pistola del señor PABLO ALMONTE

HILARIO, se le dijo en la Policía, que se

la iban a enviar por la VIA, para que la

entregaran en San Francisco de Macorís,

cosa que no sucedió.

10.10. Si bien es una facultad propia del

Ministerio de Interior y Policía garantizar

y proteger la seguridad ciudadana, por lo

que es una cuestión inherente a su responsa-

bilidad el establecimiento de mecanismos de

investigación y control con relación al porte

y tenencia de las armas de fuego, de manera

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

798 | Art. 69

ÍNDICE

que se reduzcan los hechos violentos, se res-

guarde el orden público y preserve la paz so-

cial, también corresponde a esa cartera oficial

ceñir toda actuación suya a la más estricta

observancia de los preceptos de la Constitu-

ción de la República y las leyes adjetivas.

10.11. Este tribunal no ignora la situación

de violencia que vive en los momentos ac-

tuales nuestra sociedad y la incidencia que

tienen las armas de fuego en la comisión de

acciones violentas, y reconoce que el Minis-

terio de Interior y Policía tiene la potestad

de renovar o no una licencia para el porte o

tenencia de un arma de fuego; pero en caso

de no autorizar su renovación o revocar la

licencia otorgada, debe observar el debido

proceso de ley y es menester informar al

ciudadano las razones o motivos que fun-

damentan la decisión.

10.17. De lo precedentemente expuesto

resulta que en el presente caso el Ministerio

de Interior y Policía incurrió en una actua-

ción arbitraria al retener el arma de fuego

autorizada al recurrente y no renovarle las

licencias de porte y tenencia otorgadas a su

favor, cuestión que se ha hecho sin observar

las normas del debido proceso, las cuales,

conforme al numeral 10 del artículo 69 del

Texto Sustantivo,… se aplicarán a toda clase

de actuaciones judiciales o administrativas.

40. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: RETENCIÓN DE ARMA

DE FUEGO SIN PRESENTAR ACTO CONCLUSIVO DE UNA

INVESTIGACIÓN PENAL ABIERTA

CRITERIO:

Constituye una vulneración al debido proceso la retención

de manera indefinida de un arma de fuego por parte del Ministerio

Público sin presentar acto conclusivo de una investigación penal

abierta.

SENTENCIA TC/0184/16

—Ver en este sentido el criterio relativo al

derecho de propiedad (art. 51 CRD)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Ministerio

Público había procedido a incautar un arma de fuego en un allana-

miento realizado a un señor que había tenido un conflicto con los

condóminos de su edificio. Luego de que no se presentara ninguna

acusación en su contra, el propietario acudió en varias ocasiones ante

el Ministerio Público solicitando la devolución de su arma de fuego,

pero dichas solicitudes han sido negadas durante  años. Ante esta

situación, el señor acudió a la jurisdicción constitucional en materia

de amparo invocando vulneración a su derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] en la especie sí se ha podido verificar

que ha habido una violación al debido

proceso, en razón de que al recurrente se

le ha mantenido inmerso por años en un

procedimiento incierto, sin poder exponer

sus argumentos a favor de su causa; en esa

virtud, ha de resultar obvio que también

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 799

ÍNDICE

ha quedado comprometido el derecho de

defensa y el singular derecho de propiedad

que en el caso existe.

10.8 En el presente caso, el Ministerio

Publico actuante ha pretendido no hacer

la devolución del arma de fuego del recu-

rrente, bajo el argumento de que: […] a

realizar dicho registro de lugar, y se pudo

determinar la participación directa de

Carlos Julián Vidal Lassis, en la comisión

del tipo penal concerniente a amenaza con

arma de fuego en perjuicio de María Del

Carmen Bonarelli Coviella y José Ricardo

Gil Concepción así como la madre de este.

10.9 Conviene destacar en la especie, la

certificación que en relación con el presente

caso expidiera la Secretaría General del

Ministerio Público el cuatro (4) de agosto

de dos mil quince (2015), en la cual se

hace constar lo siguiente: […] la búsque-

da realizada en los sistemas de registros

de casos penales de esa jurisdicción, en el

período comprendido entre el 22 de enero

del año 2009 hasta la fecha de la presente

certificación, no se encontraron procesos

judiciales, que involucren a los ciudadanos

Carlos Julián Vidal Lassís, María Del

Carmen Bonarelli Coviella y José Ricardo

Gil Concepción.

10.10 De lo anterior resulta, que si bien es

una facultad propia del Ministerio Público

la formulación e implementación de la

política del Estado contra la criminalidad,

dirigida a prevenir, controlar, gestionar y

perseguir los hechos punibles, según lo que

consagra el artículo 7 de su Ley núm. 133-

11, también corresponde a este órgano de

justicia ceñir todas actuaciones a la más

estricta observancia de los preceptos de la

Constitución de la República y las leyes

adjetivas.

10.12 De todo lo precedentemente ex-

puesto resulta que en el presente caso el

procurador fiscal actuante, Lic. Cirilo De

Jesús Guzmán López, se manejó de mane-

ra negligente y actuó con cierta dosis de

arbitrariedad al no realizar ninguna ac-

tuación conclusiva como representante del

Ministerio Público, cuestión que se tradu-

ce una inocultable y extendida violación

a las normas del debido proceso, además

del derecho de propiedad, en perjuicio

del recurrente, Carlos Julián Vidal Lassís,

toda vez que ha transcurrido tiempo más

que suficiente sin que este ciudadano haya

recibido respuesta alguna con relación a

su caso.

[…] no obstante haberse iniciado el

proceso investigativo el veintidós (22) de

enero de dos mil nueve (2009), habiendo

incluido el mismo una inspección en el

lugar donde supuestamente ocurrieron los

hechos, la cual estuvo a cargo del procura-

dor fiscal adjunto del Distrito Nacional,

Cirilo de Jesús Guzmán López, no se

ha producido ningún acto conclusivo al

respecto, pese haber transcurrido más de

seis (6) años, cuestión que ha generado

un estado de incertidumbre e inseguridad

jurídica al ciudadano Carlos Julián Vi-

dal Lassís, ahora recurrente en revisión

constitucional.

10.19 En efecto, estimamos que el amparo

resulta, en la especie, la vía idónea y efec-

tiva para la protección de los derechos fun-

damentales que reclama la parte recurrente

en interés de que se materialice el ejercicio

de su derecho de propiedad, el cual ha sido

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

800 | Art. 69

ÍNDICE

objeto de menoscabo en este caso, al resistir

la entrega del arma de fuego de su propie-

dad, sin que exista proceso judicial en su

contra, pese a que resultaba jurídicamente

pertinente que cualquier juez de primera

instancia pudiera ordenar tal devolución.

41. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: RETENCIÓN INDEFINIDA

DE BIENES MUEBLES SIN LEVANTAR ACTA NI APODERAR AL

TRIBUNAL CORRESPONDIENTE

CRITERIO:

Se vulnera el debido proceso cuando una institución

pública (en este caso, la Dirección General de Aduanas) retiene de

manera indefinida un bien propiedad de un particular (en este caso,

decomisa un contrabando a un particular y retiene el vehículo que

lo transportaba), sin cumplir con la obligación legal de levantar el

acta correspondiente y apoderar al tribunal para que conozca de la

acusación (incluyendo en este caso la negativa de devolver el vehículo

que no fue objeto del contrabando).

SENTENCIA TC/0370/14

—Precedente

reiterado en las sentencias TC/0110/15, TC/0276/15, TC/0292/15,

TC/0304/15, TC/0353/15, TC/0532/15, TC/0442/16 (retención

indenida de bienes muebles por parte de militares), TC/0524/16 (retención

indenida de un bien mueble por parte de la Dirección General de Migración),

TC/0770/17 (retención indenida de cheques que excedían el monto

permitido de 10,000 dólares), TC/0827/17 (retención de mercancía por

parte de la DGA aun después de haber autorizado su traslado), TC/0214/18

(retención indenida de un bien mueble por parte de la Dirección General de

Migración), TC/0365/18 (retención indenida de una suma de dinero por

parte de DGA), TC/0715/18 (retención indenida de un bien mueble por

parte de militares), TC/0957/18 (retención indenida de un bien mueble

por parte de la Policía Nacional), TC/0140/21 (retención indenida de

mercancía por parte de la DGA aun después de cumplir los requisitos exigidos)

y TC/0172/22 (Retención indenida por parte de la DGA de un vehículo que

había sido importado de manera temporal pero cuya propietaria quería pagar el

impuesto para convertir dicha importación temporal en permanente)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que la Dirección

General de Aduanas procedió a decomisar  sacos de azúcar crema y

el vehículo en el que se transportaba. Ante esta situación, el propieta-

rio del vehículo incautado que no estuvo en el proceso del decomiso

solicitó a la DGA la devolución del vehículo. Debido a la negativa

de la institución, el señor acudió a la jurisdicción constitucional en

materia de amparo invocando violación al debido proceso, pues

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 801

ÍNDICE

no se ha demostrado que el vehículo formara parte del decomiso y

tampoco que fuera propiedad del infractor.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] las mercancías así como los medios

utilizados para el contrabando puede

ser objeto de decomiso por parte de las

autoridades de aduanas, según se establece

en el artículo 200 de la referida ley. Es

importante destacar que en lo que respecta

al decomiso de los medios utilizados para

el transporte de la mercancía, el mismo

solo procede cuando sus titulares sean los

cómplices o los autores del contrabando,

según la letra c) del artículo 200 de la

Ley 3489 para el Régimen de las Aduanas,

modificada por la Ley 226 del 21 de junio

de 2006, que otorga personalidad jurídica

y autonomía funcional a la Dirección

General de Aduanas.

g. En este orden, conviene resaltar que,

como lo sostiene la recurrente, en el mo-

mento que se realiza el decomiso no puede

exigírsele que establezca la titularidad de

los medios utilizados para el transporte de

la mercancía, cuestión que, ciertamente,

corresponde a la jurisdicción competente

para conocer de la infracción. En torno a

este aspecto, en el artículo 176 de la referida

ley se consagra que: […] en todos los casos

en que en el curso del procedimiento inicia-

dos ante la Dirección General de Aduanas

y Puertos se compruebe la existencia del

delito de contrabando o de tentativa, o de

complicidad de este delito, está declarará el

caso ante el tribunal competente.

h. Según el texto transcrito en el párrafo

anterior, la Dirección General de Aduanas

(DGA) tiene la obligación de apoderar un

tribunal para que conozca de la acusación

de contrabando que nos ocupa y se determi-

nen las responsabilidades correspondientes,

si la hubiere, y, además, para que indique

si el vehículo que se utilizó para el trans-

porte de la mercancía pertenece al alegado

autor de la infracción o a un cómplice.

i. No obstante el hecho de que el legislador

puso a cargo de la Dirección General de

Aduanas (DGA) el apoderamiento del tri-

bunal, en el expediente no hay constancia de

que se haya producido dicho apoderamiento.

Ante tal circunstancia, no puede la autoridad

judicial definir la situación del accionante en

amparo, quedando este, en consecuencia, en

un limbo jurídico.

j. La Dirección General de Aduanas

(DGA) ha violado el debido proceso admi-

nistrativo al no cumplir con la obligación

indicada, comportamiento que ha tenido

como consecuencia la conculcación del

derecho de propiedad que tiene el accio-

nante en amparo, señor Héctor Bienvenido

Alcántara Moreta.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

802 | Art. 69

ÍNDICE

42. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO: CAMBIO

DE PRECEDENTE CON RELACIÓN A SANCIONES EN EL ÁMBITO

POLICIAL Y MILITAR

CRITERIO:

Las posibles vulneraciones al debido proceso sancionatorio

con relación a destituciones de policías y militares deben ser reclamadas

y tuteladas por la jurisdicción contencioso-administrativa en

atribuciones ordinarias. Cambio de precedente.

SENTENCIA TC/0235/21

Nota: Esta decisión del Tribunal Constitucional constituye un cambio del prece-

dente TC/0048/12. Anteriormente el TC establecía que la jurisdicción constitu-

cional era la vía eficaz para perseguir posibles vulneraciones al debido proceso con

respecto a las sanciones impuestas por la Policía Nacional o los cuerpos castrenses

a sus miembros. A partir de la publicación de esta decisión, el TC no reconocerá

la eficacia del amparo para estos casos, equiparando la línea jurisprudencial sos-

tenida con relación a los servidores públicos que aleguen vulneración al debido

proceso en contra de una institución pública.

Resumen del caso: El conflicto se origina en ocasión de la destitu-

ción por parte de la Policía Nacional de una cabo que era miembro

de esa institución. La señora acudió a la jurisdicción constitucional

en materia de amparo invocando vulneración al debido proceso

cuando la destituyeron.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

11.2. El Tribunal Constitucional, luego

de un bien ponderado y sosegado estudio

de los casos referidos a la desvinculación

de los miembros de la Policía Nacional

(similar, en este sentido, a la de los miem-

bros de los cuerpos castrenses del Estado)

ha considerado pertinente proceder a la

revisión de la normativa de la acción de

amparo a fin de precisar, en las especies

de esta naturaleza, cuál es la vía judicial

efectiva o más efectiva para resguardar los

derechos fundamentales reclamados. A esta

revisión procederemos a la luz de nuestra

propia jurisprudencia en los casos de la

desvinculación de los demás empleados

y funcionarios públicos. Para ello hemos

tomado en consideración que, si bien los

miembros de la Policía Nacional y de los

cuerpos castrenses del Estado están regidos

por disposiciones normativas distintas a

los demás servidores públicos, todos tienen

en común que son trabajadores del Estado

dominicano, con independencia del esta-

tuto legal que regule de manera particular

esa relación de trabajo.

11.4. Procede comenzar indicando, en el

sentido apuntado, que desde su Sentencia

TC/0048/12, del ocho (8) de octubre de

dos mil doce (2012), este órgano consti-

tucional declaró como efectiva la vía del

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 803

ÍNDICE

amparo para conocer las acciones mediante

las cuales los miembros de la Policía Na-

cional y de los cuerpos castrenses del Estado

desvinculados procuraban su reintegración

a dichos cuerpos estatales, sobre la base de

la supuesta violación, principalmente, de

los derechos fundamentales al trabajo y a

la tutela judicial efectiva, así como a las

garantías del debido proceso. Esa juris-

prudencia se consolidó –sobre la base de

esos mismos criterios– hasta época reciente,

como lo indican numerosas decisiones dic-

tadas posteriormente.

11.5. Sin embargo, ese criterio no es

cónsono con el adoptado por el propio

Tribunal Constitucional respecto de las

litis entre las entidades del Estado y los

demás servidores estatales. El Tribunal

siempre ha juzgado, prácticamente desde

sus inicios, que la vía del amparo no es la

más eficaz para conocer las litis entre los

órganos estatales y los servidores públicos.

En efecto, así lo decidió como precedente

desde su Sentencia TC/0279/13, del

treinta (30) de diciembre de dos mil trece

(2013), mediante la cual inhabilitó la

vía del amparo para conocer los litigios

entre la Administración y los servidores

públicos. Posteriormente este tribunal fue,

incluso, más precisó cuándo, mediante la

Sentencia TC/0004/16…

11.8. Como se ha podido constatar, existe

una disparidad de criterios en la línea

jurisprudencial del Tribunal Constitucio-

nal con relación a dos géneros de acciones

en materia de desvinculación: (i) las

interpuestas por los miembros de la Policía

Nacional o de las Fuerzas Armadas contra

sus respectivas instituciones, por una parte,

y, por otra parte, (ii) las incoadas por los

demás servidores públicos contra sus res-

pectivas entidades. Aunque el objeto de la

acción es el mismo (lograr la reposición en

caso de desvinculación), la vía acordada es

distinta dependiendo de la entidad pública

demanda.

11.11. Con el propósito de subsanar la

divergencia de criterios precedentemente

indicada, utilizando la sentencia unifica-

dora como mecanismo necesario e idóneo

para vencerla y sobre la base de que el am-

paro no es la vía más efectiva para resguar-

dar los derechos supuestamente violados en

los casos de desvinculación de militares y

policías, el Tribunal Constitucional adop-

ta para los casos de la misma naturaleza

del que ahora ocupa nuestra atención, el

criterio adoptado por este órgano colegia-

do desde la Sentencia TC/0021/2012

hasta la Sentencia TC/0110/20 y, por

ende, se aparta del criterio adoptado en la

Sentencia TC/0048/12, a fin de declarar

la inadmisibilidad, por aplicación del

artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, de

las acciones de amparo contra los órganos

del Estado en los casos de desvinculación

de cualquier servidor público, incluyendo

a los miembros de la Policía Nacional y de

las Fuerzas Armadas. Ello es decidido así

sobre la base de que los militares y los poli-

cías, al igual que los demás, son servidores

del Estados.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

804 | Art. 69

ÍNDICE

43. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO:

CANCELACIÓN DE MILITAR SIN RESPETAR EL PROCEDIMIENTO

DISCIPLINARIO

CRITERIO:

Se vulnera el debido proceso cuando el Ministerio

de Defensa cancela un miembro sin respetar el procedimiento

disciplinario sancionador legalmente establecido. Respeto al debido

proceso administrativo en materia disciplinaria.

SENTENCIA TC/0133/14

—Precedente reiterado en la sentencia TC/0343/18—

CRITERIO 2:

El sometimiento y acusación ante la justicia penal

es independiente del proceso disciplinario que debe llevarse

administrativamente. —Precedente reiterado en las sentencias

TC/0366/17 y TC/0350/19—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Ministerio

de Defensa canceló el nombramiento de uno de sus miembros por

haber estado involucrado en una operación de tráfico de drogas. El

exmiembro cancelado también fue sometido a la justicia y se dictó

medida de coerción en su contra, y posteriormente el juez de la

instrucción dispuso su libertad por entender insuficientes las pruebas.

Ante esta situación, el exmiembro acudió ante la jurisdicción consti-

tucional en materia de amparo pidiendo ser reintegrado por haberse

vulnerado el debido proceso en su contra.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

Fundamentos para el criterio 1:

[…] el Tribunal Constitucional estima

que no fue observado el debido proceso que

conforma las garantías mínimas estable-

cidas en el artículo 69 del texto supremo;

esto, independientemente de que dicho

recurrente fuera favorecido o no por una

decisión de la justicia penal.

n. Para separar un miembro de cualquiera

de los organismos castrenses de las Fuerzas

Armadas es indispensable observar el debido

proceso y ante la comisión de una falta

grave que comprometa el cargo y afecte la

imagen institucional del cuerpo de que se

trate hay que apegar cualquier actuación

al contenido del artículo 202 de la referida

ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, cuyo

texto expresa: La cancelación de un Oficial

solo se hará mediante la recomendación

solicitada por el Señor Secretario de Estado

de las Fuerzas Armadas al Presidente de la

República, previa investigación hecha por

una Junta de Oficiales que motive la causa

de la misma. En este caso el Secretario de

Estado de las Fuerzas Armadas cuando se

trate de juntas mixtas, o el Jefe de Estado

Mayor de la institución a la cual pertenece

el oficial investigado, después de haber

quedado debidamente enterado del caso, lo

pondrá obligatoriamente en conocimiento

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 805

ÍNDICE

de éste, quien podrá recurrir de pleno de-

recho ante el Estado Mayor General de las

Fuerzas Armadas para que conozca su caso,

el cual podrá revocar, modificar o confirmar

la recomendación antes de que el expediente

sea tramitado al Poder Ejecutivo.

O. En el caso objeto del presente recur-

so, no existe prueba alguna que ponga

de manifiesto que se cumplió con este

mandato legal. Tal procedimiento no fue

observado, cuestión que se comprueba con

el libramiento de una certificación de la

propia Jefatura de las Fuerzas Armadas

(Ministerio de Defensa) que así lo consigna

de manera expresa.

p. El debido proceso pudo haberse con-

figurado si el organismo militar hubiese

tramitado el expediente de desvinculación

a dicho miembro acompañado de la re-

comendación hecha por el jefe de Estado

Mayor a los fines de que el mismo tomara

conocimiento de tal actuación y el hoy

recurrente pudiera ejercer su derecho de

defensa, cumpliéndose así efectivamente la

debida garantía judicial.

q. Las reglas del debido proceso, conforme

lo establece el artículo 69, literal 10, del

texto constitucional, deben ser aplicadas

en los ámbitos judicial y administrativo

en sentido amplio, de ahí que, como hemos

precisado precedentemente, era pertinente

cumplir con este elevado principio que se

propone alcanzar la materialización de la

justicia a través de la adecuada defensa de

toda persona con interés en un determina-

do proceso.

s. Como se advierte, las garantías de tutela

judicial efectiva y del debido proceso, lejos

de desaparecer o inutilizarse al tratarse de

una especie que tiene las características pro-

pias e inherentes de la materia disciplina-

ria, alcanzan pleno vigor y la más natural

aplicación, cuestión que beneficia el forta-

lecimiento de los procesos de la naturaleza

del que ahora es objeto de tratamiento.

t. El Tribunal Constitucional estima que

los alcances del contenido del numeral 10

del artículo 69 de la Carta Sustantiva,

aunados a lo preceptuado por la referida

resolución núm. 1920-03, impactan el

debido proceso disciplinario; por tanto,

para desvincular de las filas militares a

un miembro de las Fuerzas Armadas por

incurrir en faltas graves de tal naturaleza,

era menester cumplir con las garantías

fundamentales.

u. En este orden de ideas, conviene precisar

que cuando nuestro constituyente decidió

incorporar la tutela judicial como garantía

del debido proceso, aplicable en todas las

esferas, lo hizo bajo el convencimiento

de que el Estado contraería un mayor

compromiso para orientar toda actuación,

incluyendo las propias, al cumplimiento

de pautas que impidan cualquier tipo de

decisión arbitraria.

y. No obstante, los cuerpos castrenses tienen

códigos especiales y una rigurosa y estricta

disciplina que resulta inherente a su propia

naturaleza; por tanto, esta tiene que ser ob-

servada, respetada, comprendida y asumida

por cada uno de sus miembros, toda vez que

esta constituye una parte esencial e irrenun-

ciable de la exigencia que en general entraña

la grave misión de los organismos armados

que integran la Secretaría de Estado de las

Fuerzas Armadas (Ministerio de Defensa),

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

806 | Art. 69

ÍNDICE

y, en particular, el elevado compromiso que

contrae cada una de las personas que ingresa

a formar parte de la vida militar.

z. El debido proceso implica el otorgamien-

to de la oportunidad que tiene que darse a

todo ciudadano para que pueda ejercer su

derecho a defenderse de una determinada

acusación sin importar el ámbito donde

ocurra. En la especie, se trata del ámbito

militar, y los superiores del recurrente, aun-

que tienen la amplia potestad de evaluar

su comportamiento y su conducta, por tan-

to tienen la calidad para determinar si sus

actuaciones han estado apegadas y acordes

con la irreprochable dignidad que exige

esta condición para poder continuar siendo

parte del Ejército Nacional, esto jamás

puede hacerse sin ceñirse a lo preceptuado

por la Constitución de la República, las

leyes y a las normas reglamentarias.

aa. Este tribunal pone en relieve que la

Constitución de la República se fundamen-

ta en el respeto a la dignidad humana y

todo aquel que ejerza una potestad pública

tiene que ceñir sus actuaciones a dicho texto

sustantivo. Así mismo, conviene poner de

relieve que entre las obligaciones esenciales

de este tribunal constitucional figura la de

garantizar la supremacía constitucional y

la protección de los derechos fundamentales

de toda persona.

bb. En el caso objeto de tratamiento, la

causa de la desvinculación encuadra en la

cancelación de nombramiento por la co-

misión de faltas graves en ocasión de estar

en el ejercicio del servicio militar activo,

empero no existe evidencia alguna revela-

dora de que en el caso se efectuó un juicio

disciplinario bajo las garantías del debido

proceso de ley, capaz de auspiciar la puesta

bajo salvaguarda de los derechos del proce-

sado, ahora recurrente, conforme al elevado

designio de la justicia constitucional.

Fundamentos para el criterio 2:

g. En la especie, se trata de la cancelación

de un oficial de las Fuerzas Armadas que

fue sometido a la justicia por supuestamente

transgredir normas de carácter penal, pero al

mismo tiempo en incurrir en la vulneración

de preceptos propios de la materia disciplina-

ria del orden militar. Tales cuestiones pueden

dar lugar a una sanción tal y como resulta

la desvinculación del cargo que este ocupaba,

originándose así actuaciones simultáneas

que están comprendidas en áreas que tienen

sus particulares ámbitos competenciales y

autonomías propias, como resultan el derecho

penal y el derecho disciplinario.

h. Por lo anteriormente dicho, observamos

que una cancelación se puede producir por

la comisión de una falta disciplinaria grave

que haya sido comprobada por un determi-

nado órgano estatal, y, aunque, como resulta

en el presente caso, el recurrente en revisión

fue sometido a la justicia penal y el juez le

impuso a este una medida de coerción, no

por ello la acción disciplinaria podía quedar

supeditada al resultado final del proceso pe-

nal que se abrió en el caso. Como se advierte,

la desvinculación que afectó a Genetti

Francisco Moronta Rondón del organismo

militar se produjo el cuatro (4) de mayo

de dos mil once (2011), en tanto que la

medida de coerción le había sido impuesta

a este el dieciocho (18) de marzo de dos mil

once (2011), cuestión que aunque revela

que el proceso penal se encontraba en fase

de investigación judicial, no comprometía

la aplicación de sanciones disciplinarias que

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 807

ÍNDICE

incluyen la separación del cargo militar. En

todo caso era necesario cumplir estrictamente

con el derecho a obtener una tutela judicial

efectiva con respeto al debido proceso.

i. En este orden, la Corte Constitucional

de Colombia al abordar un caso de esta

misma naturaleza precisó en su Sentencia

núm. C-427-94, del veintinueve (29) de

septiembre de mil novecientos noventa

y cuatro (1994), un punto de vista ju-

rídico que reiteró en la Sentencia núm.

C-244/96, del treinta (30) de mayo de mil

novecientos noventa y seis (1996), el cual

expresa: Es cierto que existen elementos

comunes entre el procedimiento penal y el

procedimiento disciplinario en lo que tiene

que ver con la definición y determinación

de una conducta prohibida por la ley (ti-

picidad), en cuanto a la responsabilidad

imputable al sindicado, y a la existencia

de un procedimiento que asegure el debido

proceso en la investigación y juzgamiento

de las conductas ilícitas y la medición de

las sanciones; no es menos cierto que de lo

anterior no puede concluirse que se trata de

unos mismos procedimientos, pues los fines

perseguidos, la naturaleza de las faltas en

general, y las sanciones por sus particulares

contenidos, difieren unos de otros.

j. La indicada corte agrega en la precitada

sentencia de 1994 y ratificada en 1996:

Las sanciones penales se dirigen, de manera

general, a la privación de la libertad física

y a la reinserción del delincuente a la vida

social, al paso que las sanciones discipli-

narias tienen que ver con el servicio, con

llamados de atención, suspensiones o sepa-

ración del servicio; lo que impone al acto

sancionatorio un carácter independiente,

de donde surge el aceptado principio de

que la sanción disciplinaria se impone sin

perjuicio de los efectos penales que puedan

deducirse de los hechos que la originaron.

k. En la precitada sentencia núm.

C-244/96, la Corte colombiana, afirma:

[…] siendo la acción disciplinaria distinta

de la acción penal, cada una puede adelan-

tarse en forma independiente, sin que de su

coexistencia se pueda deducir infracción al

principio non bis in ídem, pues en este caso

no existen dos juicios idénticos.

44. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO:

DESVINCULACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO SIN PODER

PRESENTAR MEDIOS DE DEFENSA

CRITERIO:

Se vulnera el debido proceso administrativo cuando se

dispone la desvinculación (cancelación) de una servidora pública que

no tuvo la oportunidad de estar presente ni presentar sus medios de

defensa.

SENTENCIA TC/0011/14

CRITERIO 2:

Las garantías del debido proceso previstas en el artículo

69 de la Constitución son válidamente aplicables en los procesos

administrativos sancionatorios. Se vulnera el debido proceso

administrativo previsto en el artículo 69.10 de la Constitución. —

Precedente reiterado mediante sentencia TC/0807/18—

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

808 | Art. 69

ÍNDICE

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una servidora

pública que pertenecía a la Oficina Nacional de Defensa Pública fue

sometida a un proceso disciplinario que terminó con su destitución.

Bajo el planteamiento de que el proceso disciplinario fue llevado

de manera irregular, la servidora pública acudió a la jurisdicción

Constitucional en materia de amparo invocando vulneración al

debido proceso.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

d) La excepción establecida en la Ley núm.

277-04 es que si el defensor público, objeto

de juicio ante el Tribunal Disciplinario, no

comparece sin justificación, esta instancia

de la Oficina Nacional de Defensa Pública

podría continuar el proceso con las pruebas

y hechos constatados. E) En el caso que

nos ocupa, la parte recurrida compareció

a la audiencia celebrada por el Tribunal

Disciplinario y luego tuvo que abandonar

la misma por experimentar síntomas de

afectación de su salud, cuestión que se evi-

denció y posteriormente se comprobó con la

presentación del correspondiente certificado

médico […] El referido reporte médico no

fue tomado en consideración por ésta ofici-

na y la parte recurrida, Luisa Testamark de

la Cruz, fue sancionada con la destitución

del cargo de defensora pública, mediante

la precitada resolución disciplinaria núm.

001/2012, sin estar presente y sin contar

con la posibilidad de estar representada por

un abogado.

f) El hecho de que la misma se ausentara

y brindara un informe médico posterior

justificaba su ausencia al momento del

juicio, cuestión que fue argumentada por

el tribunal de amparo, no constituyendo

eso, como alega la parte recurrente, que

el debido proceso administrativo se haya

desnaturalizado y que se haya obstruido la

facultad sancionadora de la Administración

Pública pues este tribunal considera que si

bien es cierto que la Ley núm. 277-04, en

su artículo 74, prevé las condiciones en las

cuales puede desarrollarse el procedimiento

disciplinario de los defensores públicos, no

es menos cierto que este jamás puede darse

menoscabando las normas constitucionales

ni en desmedro del debido proceso.

g) En el indicado aspecto, la parte recurrente

hace una consideración errónea del artículo

74 de la Ley núm. 277-04, al establecer

que dicho texto legal permite que se emitan

decisiones disciplinarias sin la presencia de

la persona objeto de juicio. Se pretende así

equiparar el contenido y alcance del artículo

81, numeral 3, de la Ley Orgánica núm.

137-11 en cuanto a que no es necesaria la

comparecencia de una parte y basta con que

la misma haya sido legalmente citada; sin

embargo, en este caso en particular existe

una causa justificativa de la incomparecen-

cia , toda vez que la parte recurrida, Luisa

Testamark de la Cruz, estuvo presente en la

audiencia, ofreció sus calidades y se ausentó

durante el proceso por una situación médica

que se suscitó y que fue corroborada por un

médico, cuestión que debió resultar suficiente

para que a esta se le garantizara su derecho

de defensa, una tutela efectiva, acorde con

el debido proceso, establecidas en el artículo

69 de la Constitución de la República.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 809

ÍNDICE

m) Como se advierte, las garantías de tutela

judicial efectiva y del debido proceso, lejos

de desaparecer o inutilizarse al tratarse de

un proceso administrativo, mantienen pleno

vigor y benefician el fortalecimiento de los

procesos de la naturaleza del que nos ocupa.

n) Con respecto a tal argumento, este tri-

bunal estima que los alcances del numeral

10 del artículo 69 de la Carta Sustantiva

impactan al debido proceso administrativo

aunado por la resolución antes señalada;

por tanto, no cabe aquí formular distin-

ción entre éste y el debido proceso penal

para aplicar o no el referido texto.

o) Es preciso resaltar el hecho de que cuan-

do nuestro constituyente decidió incorporar

como una garantía al debido proceso en

todo ámbito, o sea judicial y administra-

tivo, lo hizo a sabiendas de que dejaba

atrás viejas restricciones que excluían las

actuaciones que caían bajo la égida de los

procesos administrativos.

y) También considera que en la especie es

necesario que la parte recurrida en amparo

cuente con el derecho de garantía del

juzgador imparcial, de manera que esto

le genere suficiente confianza y perciba su

neutralidad, la cual es parte esencial del

debido proceso. De ahí que para que dicho

proceso se retrotraiga de manera justa, es

menester un superior jerárquico distinto a

aquel que conoció el caso.

45. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO:

DESVINCULACIÓN REALIZADA POR UNA AUTORIDAD QUE NO

ERA COMPETENTE

CRITERIO:

Se vulnera el debido proceso administrativo cuando se

dispone la desvinculación (cancelación) de un servidor público (en

este caso, un procurador general adjunto de la República) sin mediar

un decreto del presidente de la República ni haberse realizado el

proceso sancionatorio previsto por la ley correspondiente. Destitución

realizada por una autoridad que no era competente. Ausencia de

proceso disciplinario. Se vulnera el debido proceso administrativo

previsto en el artículo 69.10 de la Constitución.

SENTENCIA TC/0344/15

—Precedente reiterado mediante sentencia TC/0327/20—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un procura-

dor general adjunto que pertenecía a la Procuraduría General de la

República fue destituido mediante un acto administrativo emitido

por el Procurador General de la República. Bajo el planteamiento de

que el proceso de destitución fue llevado a cabo de manera irregular,

el procurador general adjunto destituido acudió a la jurisdicción

constitucional en materia de amparo invocando vulneración al

debido proceso.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

810 | Art. 69

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

Sobre esta cuestión, el Tribunal Constitucio-

nal estima que la destitución del recurrido

de su cargo de procurador general adjunto

constituye una violación del derecho fun-

damental al debido proceso, consagrado en

el artículo 69 de la Constitución, ya que el

artículo 111.1 de la Ley núm. 133-11, así

como el artículo 1 del Decreto núm. 873-04,

disponen expresamente que los procuradores

adjuntos a la Procuraduría General de la

República que no formen parte de la carrera

del Ministerio Público, como ocurre con el

recurrido Henry Tomás Cerda, solo podrán

ser sustituidos o destituidos por el presidente

de la República. Por consiguiente, el juez de

amparo efectúo una correcta interpretación

del orden constitucional al momento de

pronunciarse a través de la Sentencia núm.

119-2013 y acoger la acción de amparo

como la vía más efectiva para tutelar el

referido derecho al debido proceso.

d) En la especie no se cumplió con el reque-

rimiento de los mencionados artículos 111.1

de la Ley núm. 133-11, y 1 del decreto núm.

873-04. En los archivos de la Consultoría

Jurídica del Poder Ejecutivo no existe nin-

gún decreto que modifique o derogue el

artículo 17 del referido Decreto núm. 393-

08, mediante el cual Henry Tomás Cerda

fue nombrado procurador general adjunto,

designación que tuvo lugar, como se ha ya

indicado, en virtud de la Comunicación

núm. 0086, expedida por esta consultoría

el veinticuatro (24) de enero del dos mil

trece (2013). E) En este contexto, resulta

ineludible reconocer que al presidente de la

República, en su calidad de titular del Poder

Ejecutivo, y de acuerdo con las disposiciones

legales previamente mencionadas, le incum-

be la destitución de los procuradores adjun-

tos que no formen parte de la carrera del

Ministerio Público, potestad y atribución

que no deben ser cuestionadas ni reducidas.

g) Esta situación se agrava más aún, en vista

de que en el expediente no reposa ningún

elemento probatorio que permita inferir la

existencia de alguna contravención de parte

del licenciado Henry Tomás Cerda a los ar-

tículos 84, 85 y 86 de la indicada ley núm.

133-11 ; ni tampoco que se hubiere iniciado

(y, eventualmente, concluido) contra él

un proceso disciplinario en el que se haya

considerado su conducta como violatoria

del comportamiento ético, de la probidad y

del correcto desempeño de los miembros del

Ministerio Público (o que haya afectado la

buena imagen de la institución). En este

contexto, todo indica que en la destitución

del recurrido por la Procuraduría General

de la República se inobservaron comple-

tamente las garantías del debido proceso,

lo cual puede equiparse a una actuación

arbitraria de dicha recurrente.

h) En ese tenor, resulta preciso recordar que

el respeto al debido proceso y, consecuente-

mente, al derecho de defensa del recurrido,

deben materializarse «[…] en el cumpli-

miento de supuestos tales como la recomen-

dación previa a la adopción de la decisión

sancionatoria; que dicha recomendación

haya sido precedida de una investigación;

que dicha investigación haya sido puesta en

conocimiento del afectado; y que éste haya

podido defenderse». Todo ello, en vista de

que la ejecución de un acto administrativo

mediante el cual se destituye a un miembro

de la Procuraduría General de la República,

independientemente de si pertenece o no a la

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 811

ÍNDICE

carrera del Ministerio Público, sin cumplir

con las actuaciones antes citadas, «[…] le-

siona su derecho de defensa, se violenta el de-

bido proceso y, consecuentemente, se comete

una infracción constitucional […]», según

ha estimado el Tribunal Constitucional.

Y es que la destitución de un cargo de la

Administración Pública como sanción a

eventuales infracciones cometidas por la per-

sona depuesta solo debe ser aplicada dentro

del marco de respeto a las garantías inheren-

tes al debido proceso y a la tutela judicial

efectiva consagradas en el artículo 69.10 de

la Constitución, al igual que al amparo de

las disposiciones que establecen la Resolución

núm. 1920-03, del trece (13) de noviembre.

En síntesis, estas normativas constitucionales

deberán aplicarse a toda clase de actuaciones

judiciales y administrativas con el propósito

de “[…] alcanzar la materialización de la

justicia a través de la adecuada defensa de

toda persona con interés en un determinado

proceso”. Todo ello, en vista de que el debido

proceso “[…] implica el otorgamiento de la

oportunidad que tiene que darse a todo ciu-

dadano para que pueda ejercer su derecho

a defenderse de una determinada acusación

sin importar el ámbito donde ocurra […]”.

l) Por ende, en lo que respecta a las moti-

vaciones esgrimidas por el Tribunal Supe-

rior Administrativo al momento de acoger

la acción de amparo incoada por Henry

Tomás Cerda, el Tribunal Constitucional

opina que, en efecto, se ha demostrado la

existencia de un acto sancionatorio que

ha vulnerado los derechos fundamentales

del recurrido, razón por la que este cole-

giado estima que procede acoger la acción

de amparo y disponer el reintegro del ac-

cionante original al rango que ostentaba

al momento de su destitución, saldándole

los salarios y otras prestaciones dejados de

pagar desde ese momento hasta la fecha en

que se produzca su reintegro.

46. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO:

DESVINCULACIÓN Y SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA PENAL

CRITERIO:

Se vulnera el debido proceso cuando una institución (en

este caso, la Policía Nacional) impone la sanción de cancelar y someter

a la justicia a un miembro por un hecho que penalmente no pudo

ser demostrado ante la justicia. Se vulnera el principio de presunción

de inocencia (art. 69.3 de la Constitución) y el debido proceso

administrativo (art. 69.10 de la Constitución) por ser una actuación

arbitraria.

SENTENCIA TC/0051/14

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que la Policía

Nacional canceló a un agente de sus filas y lo sometió a la justicia

penal por robo. Posteriormente, el proceso penal terminó con una

declaración de no ha lugar en beneficio del exagente, por lo que

este solicitó su reintegro a la Policía Nacional. Ante la negativa de la

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

812 | Art. 69

ÍNDICE

institución, el exagente acudió a la justicia constitucional en materia

de amparo invocando violación al debido proceso y derecho al trabajo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

a. En el presente caso, el señor Guillermo

Roja Ureña, raso de la Policía Nacional,

fue cancelado, en razón de haber sido

acusado y sometido a la justicia por robo.

El referido señor requirió a la institución

policial su reintegración, fundamentado

en el auto de no ha lugar núm. 576-12-

00157, solicitud que fue rechazada por la

institución.

c. Ante el hecho del sometimiento a la

justicia del señor Guillermo Roja Ureña,

la institución policial podía ordenar su

suspensión hasta que culminará el proceso

penal; finalizado, éste debía proceder a

reintegrarlo, en caso de que el Ministerio

Público no probara la infracción imputada,

o cancelarlo si finalmente hubiere una

condena definitiva e irrevocable.

d. El hecho de que el señor Guillermo Roja

Ureña fuera cancelado desde el momento

que fue sometido ante la justicia penal acu-

sado de haber cometido un robo, constituye

una violación al principio de la presunción

de inocencia, principio que supone que

toda persona debe considerarse inocente

hasta que haya sido condenada mediante

una sentencia con la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada.

f. En otro orden, la negativa de la institución

policial de reintegrar al señor Guillermo

Roja Ureña, a pesar de habérsele notificado

el auto de no ha lugar, constituye una arbi-

trariedad que tiene como consecuencia una

violación al derecho al trabajo y al honor.

47. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO:

EXPULSIÓN SIN CITACIÓN PREVIA NI RESPETO POR EL

DERECHO DE DEFENSA

CRITERIO:

Constituye una vulneración al debido proceso la expulsión

de un miembro de una organización (en este caso, el sindicato

SICHOPROVOCA) sin que haya sido debidamente citado ni se haya

defendido de la falta que se le imputaba. Vulneración al artículo 69

en sus numerales 4 y 10.

SENTENCIA TC/0274/14

—Precedente reiterado

sin mencionar en las sentencias TC/0313/15 y TC/0874/18. Precedente

reiterado en las sentencias TC/0192/16, TC/0352/17, TC/0944/18,

TC/0067/20 y TC/0514/20—

CRITERIO 2:

La expulsión de un miembro de un sindicato —y de

cualquier organización— sin darle la oportunidad de defenderse constituye una

violación al artículo 69 de la Constitución, en el cual se consagran las garantías

del debido proceso.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 813

ÍNDICE

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un sindicato

de choferes procedió a expulsar a uno de sus miembros por presunta

falta grave. El miembro expulsado no estuvo de acuerdo con dicha

decisión y, por tanto, acudió a la jurisdicción constitucional en

materia de amparo invocando vulneración al debido proceso.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] el accionante en amparo, señor Néstor

Baudilio Villegas Cedeño, no fue citado

para que asistiera a la asamblea celebrada

por el Sindicato de Choferes y propietarios

de Camiones de Volteos de la provincia

La Altagracia (SICHOPROVOCA) el

veinticinco (25) de agosto de dos mil trece

(2013), en la cual fue expulsado el indica-

do miembro del referido sindicato.

d. La expulsión de un miembro de un sindi-

cato y de cualquier organización, sin darle

la oportunidad de que pueda defenderse,

constituye una violación al artículo 69 de

la Constitución, en el cual se consagran las

garantías del debido proceso.

e. Ciertamente, en el ordinal 4 del referido

artículo 69 se establece que en los procesos

las partes tienen “derecho a ser oído dentro

de un plazo razonable y por una jurisdicción

competente, independiente e imparcial […]”,

mientras que en el ordinal 10, se consagra

que “las normas del debido proceso se apli-

can a toda clase de actuaciones judiciales y

administrativas”. F. El vicio de que adolece el

juicio disciplinario resulta incuestionable en

la especie, ya que los directivos del sindicato

que aplicaron la sanción en perjuicio del se-

ñor Néstor Baudilio Villegas Cedeño no han

demostrado que este último fuera citado.

48. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO:

NEGATIVA DE SUSPENDER A UN REGIDOR

CRITERIO:

Se vulnera el debido proceso cuando un órgano de la

Administración pública (en este caso, el Ayuntamiento del municipio

de Esperanza, provincia de Valverde) se niega a cumplir de manera

arbitraria la Ley núm. 176-07 que ordena la suspensión de un regidor

cuando es procesado penalmente, y en consecuencia le niega al regidor

suplente el derecho de asumir la titularidad que le corresponde.

SENTENCIA TC/0177/14

—Ver en este sentido el criterio relativo al derecho a

la igualdad (art. 39 CRD)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un regidor

titular fue sometido a un proceso penal del cual resultó condenado

en primer grado. Ante esta situación, el regidor suplente solicitó al

Concejo de Regidores que suspendiera al regidor condenado y que

lo nombraran titular según lo previsto en la Ley -. El Concejo

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

814 | Art. 69

ÍNDICE

de Regidores emitió una resolución negando la solicitud y mante-

niendo en su cargo al regidor condenado penalmente en primer

grado. Inconforme con la decisión, el regidor suplente acudió a la

jurisdicción constitucional en materia de amparo invocando vulne-

ración al derecho a la igualdad y participación política, así como al

debido proceso.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

11.3. Este tribunal ha podido comprobar

que el señor Julio César Valdéz Toribio fue

condenado en primera instancia a cinco

años de prisión, mediante Sentencia núm.

27/2013, dictada por el Tribunal Cole-

giado del Distrito Judicial de Valverde el

tres (3) de abril de dos mil trece (2013).

11.4. De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 44 de la Ley núm. 176-07, procede,

a cargo del concejo municipal, conocer de

la suspensión en sus funciones de los alcal-

des, vicealcaldes y regidores, desde el mismo

momento en el que se dicten en su contra

medidas de coerción que conlleven arresto

domiciliario o la privación de libertad o

se inicie juicio de fondo en el que se les

impute un crimen o delito que se castigue

con pena privativa de libertad.

11.5. No obstante la condición subjudice

del señor Julio César Valdéz Toribio y la

notificación realizada por el señor Rudy

Francisco Tavárez Taveras, suplente de

regidor, mediante la cual solicitaba la

suspensión en sus funciones del primero,

el Concejo de Regidores del Ayuntamiento

del municipio Esperanza, provincia

Valverde, en sesión extraordinaria del

veinticuatro (24) de Junio de dos mil

trece (2013), emitió la Resolución núm.

08/2013, mediante la cual decidió no

suspender en sus funciones al regidor Julio

César Valdéz Toribio. 11.6. El Concejo

de Regidores del Ayuntamiento del mu-

nicipio Esperanza, provincia Valverde,

al emitir la Resolución núm. 08/2013

actuó contrario a la norma dispuesta en

el artículo 44 de la Ley núm. 176-07, y

desconoció el derecho que le asistía al se-

ñor Rudy Francisco Tavárez Taveras como

regidor suplente, de ocupar el puesto de

regidor titular en sustitución temporal del

señor Julio César Valdéz Toribio.

11.10. En el presente caso, este tribunal ha

comprobado que no obstante el accionante

haber intimado al Concejo de Regidores a

reunirse para proceder a la suspensión del

regidor titular, señor Julio César Valdéz

Toribio, quien se encontraba subjudice,

y posesionarlo a él en cumplimiento de

lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley

núm. 176-07, hizo todo lo contrario, pues

decidió mediante resolución, mantener en

su cargo al regidor titular e interviniente

voluntario en este proceso, en violación a

la Ley núm. 176-07, y a los artículos 68 y

69.10 de la Constitución.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 815

ÍNDICE

49. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO: SANCIÓN

ARBITRARIA Y DESPROPORCIONADA DE DESVINCULAR A UN

SERVIDOR PÚBLICO POR TENER TATUAJES EN EL CUERPO

CRITERIO:

Constituye una violación al debido proceso administrativo

la desvinculación de un servidor público (en este caso, un miembro de la

Policía Nacional) aplicando una medida irrazonable y desproporcionada

no prevista legalmente, consistente en la prohibición de tener tatuajes

en el cuerpo.

SENTENCIA TC/0081/19

—Ver en este sentido los derechos

relativos a la dignidad humana (art. 38 CRD), al libre desarrollo de la

personalidad (art. 43 CRD), a la intimidad y propia imagen (art. 44 CRD) y al

trabajo (art. 62 CRD)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un policía

raso que había sido desvinculado de la Policía Nacional acudió a la

jurisdicción constitucional en materia de amparo invocando vulne-

ración a sus derechos fundamentales por ser objeto de una medida

irrazonable de destitución por tener un tatuaje en el cuerpo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] este tribunal considera que la Primera

Sala del Tribunal Superior Administrativo

actuó correctamente al acoger la acción de

amparo interpuesta por el señor Juan Carlos

Olivares Carrera, en razón de que, tal y como

estimó ese tribunal, al accionante en ampa-

ro le fueron vulnerados sus derechos funda-

mentales, al dar de baja de la institución al

considerar que el hecho de tener un tatuaje

constituye una violación de los reglamentos

y la ley institucional de la Policía Nacional,

lo que, a juicio de este tribunal, constituye

una medida irrazonable y desproporcionada,

pues la desvinculación de un miembro de las

filas de la Policía Nacional debe realizarse

siempre respetando sus derechos fundamen-

tales, garantizando con ello el cumplimiento

de las normas del debido proceso, a fin de

que la sanción a imponer se corresponda con

los hechos o la falta cometida, situación que

no procede en el presente caso, pues el hecho

de que un miembro de la institución tenga

un tatuaje en su cuerpo no puede ser consi-

derado como una falta grave que justifique

la desvinculación de sus miembros.

e. Es preciso establecer que ni la Ley núm.

96-04, Institucional de la Policía Nacional,

de veintiocho (28) de enero de dos mil cua-

tro (2004) (vigente al momento de la des-

vinculación del recurrido), ni en la actual

Ley núm. 590-16, que en los artículos 152

al 155 de la Ley núm. 590-16, tipifican

los tipos de faltas en que pueden incurrir

los miembros de la Policía Nacional, las

cuales pueden ser muy graves, graves y leves,

en ninguno de sus párrafos o numerales en

los cuales detallan los casos que puedan ser

considerados como faltas, menciona nada

relativo a tener tatuajes, para ser conside-

rado como un motivo de desvinculación de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

816 | Art. 69

ÍNDICE

un miembro de la policía, lo que configura

una vulneración a lo establecido en la Cons-

titución en los artículos 38, 40 que, en sus

numerales 13 y 15, 43 y 44…

f. Por tanto, la desvinculación del accio-

nante en amparo y recurrido en revisión

de la Policía Nacional, constituye una

vulneración de sus derechos fundamentales,

específicamente el derecho al trabajo, acceso

de función pública, el derecho a la dignidad

y al libre desarrollo de la personalidad, pues

este derecho constituye una extensión de

autonomía que tiene toda persona como ser

individual, y al respeto a su honor e imagen

personal, por lo cual la medida adoptada

por la Policía Nacional resulta irrazonable

y arbitraria al establecer la cancelación del

señor Juan Carlos Olivares Carrera, en

razón de este tener tatuaje en su cuerpo.

g. La Corte Constitucional de Colombia,

al resolver un conflicto de una persona que

fue descalificada para optar a la función de

guardián para el servicio penitenciario y

carcelario por tener un tatuaje en su cuerpo,

estableció en su Sentencia T-030, de dos mil

cuatro (2004), lo siguiente: En tal sentido,

la prescripción que estipula el artículo 23,

N, 2 de la resolución núm. 0197 de 2001

del INPEC, en el sentido de considerar

como no apta para el servicio penitenciario

y carcelario a un candidato que presente

tatuajes o incluso cicatrices por retiro de los

mismos, y manifiestamente inconstitucional

por cuanto lesiona gravemente los derechos

fundamentales a la identidad personal y a

la propia imagen, ya que se trata de una

medida irrazonable y manifiestamente des-

proporcionada que vulnera el contenido de

los mismos. En efecto, la medida no persigue

un objetivo constitucionalmente válido, por

cuanto el mantenimiento de la autoridad y

el orden en los centros de reclusión del país

no se logra coartando los derechos funda-

mentales de los guardianes. Sin duda, la

presencia de un tatuaje, o la ausencia de éste,

no inciden en la vigencia de los principios de

supervisión correccional. De igual forma, la

medida carece de razonabilidad por cuanto

se soporta, como se ha visto, en un simple

prejuicio social, consistente en asociar los

tatuajes con la criminalidad. En otros tér-

minos, en se parte del supuesto de que un

futuro guardián, en tanto que agente de la

disciplina, no puede asemejarse en absoluto

a sus subordinados, olvidando por completo

que el respeto y la autoridad no se ganan con

simples símbolos externos del mismo sino

con un comportamiento ético intachable.

50. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO: SANCIÓN

IMPUESTA POR ÓRGANO NO COMPETENTE

CRITERIO:

Constituye una vulneración al debido proceso la imposición

de una medida disciplinaria por un órgano que no tiene competencia

sancionadora establecida.

SENTENCIA TC/0574/15

CRITERIO 2:

Para suspender a un miembro de una asociación deportiva

es preciso que su comité ejecutivo cumpla con los estatutos y el

debido proceso antes de dictar la suspensión. —Precedente reiterado en la

sentencia TC/0541/16—

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 817

ÍNDICE

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el comité

ejecutivo de la Federación Dominicana de Softbol procedió a suspen-

der de sus funciones a uno de sus presidentes provinciales. Ante esta

medida, el señor afectado acudió ante la jurisdicción constitucional

en materia de amparo invocando vulneración al debido proceso.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] en la especie, no se vislumbran las

violaciones de las que supuestamente ado-

lece la sentencia recurrida; por el contrario,

la jueza de amparo realizó una correcta y

adecuada motivación de la misma, ceñida a

los parámetros del artículo 69 de la Consti-

tución, al establecer que la suspensión prac-

ticada contra el señor Fausto Rufino Liriano

Alberto fue realizada de manera arbitraria

y contraria a las disposiciones que regulan la

entidad deportiva en el artículo

12.3 de los Estatutos sociales de FEDOSA,

el cual establece: La decisión de pronunciar

una expulsión o una suspensión, correspon-

de a la Asamblea General a petición del

Comité Ejecutivo y después de haberle dado

la oportunidad al miembro en cuestión de

ser oído, toda decisión debe ser adoptada

en presencia de un Quorum de las dos

tercera partes de los miembros votantes y

se aprobará con las dos tercera partes de los

presentes con derecho a voto.

g. Así mismo, el artículo 15 de los Esta-

tutos sociales de FEDOSA refiere que:

“La Asamblea General de FEDOSA, es

la máxima autoridad de la misma con

facultades legislativas y deliberativas y con

todos los plenos poderes soberanos que le

otorgan los presentes estatutos, […]”. H.

De lo anterior se colige que para suspender

a un miembro de una asociación deportiva

es preciso que su Comité Ejecutivo cumpla

con los Estatutos y el debido proceso, previo

a la solicitud de su suspensión, a la Asam-

blea General de la Federación Dominicana

de Softbol, Inc. (FEDOSA), quien posee

la competencia exclusiva para emitir la

sanción disciplinaria que corresponda.

[…] la suspensión del referido señor no po-

día ser practicada por el Comité Ejecutivo

de la Federación Dominicana de Softbol,

Inc. (FEDOSA), en virtud de que este no

posee la facultad para imponerla, sino que

dicha suspensión solo podía ser practicada

por la Asamblea General, a petición de

dicho comité, situación que no ocurrió en

la especie.

51. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO:

SANCIONES EN EL ÁMBITO POLICIAL Y MILITAR

CRITERIO:

Se vulnera el debido proceso cuando se desvincula a

un miembro de la Policía sin haberse realizado el procedimiento

disciplinario y sancionatorio previsto por la ley. Ante la ausencia del

cumplimiento de los requisitos previstos por la ley aplicable, se vulnera

el debido proceso y, en consecuencia, procede el reintegro.

SENTENCIA

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

818 | Art. 69

ÍNDICE

TC/0048/12

—Precedente reiterado para los miembros de la Policía Nacional

o militares en las sentencias TC/0075/14, TC/0168/14, TC/0344/14,

TC/0367/14, TC/0019/16, TC/0146/16, TC/0152/16, TC/0294/16,

TC/0499/16, TC/0510/17, TC/0582/17, TC/0677/17, TC/0707/17,

TC/0829/17, TC/0034/18, TC/0036/18, TC/0199/18, TC/0259/18,

TC/0317/18, TC/0325/18, TC/0370/18, TC/0378/18, TC/0398/18,

TC/0416/18, TC/0490/18, TC/0499/18, TC/0501/18, TC/0583/18,

TC/0712/18, TC/0723/18, TC/0752/18, TC/0927/18, TC/0597/18,

TC/0850/18, TC/0007/19, TC/0008/19, TC/0009/19, TC/0029/19,

TC/0031/19, TC/0068/19, TC/0097/19, TC/0098/19, TC/0102/19,

TC/0108/19, TC/0114/19, TC/0120/19, TC/0123/19, TC/0139/19,

TC/0149/19, TC/0158/19, TC/0161/19, TC/0162/19, TC/0163/19,

TC/0170/19, TC/0171/19, TC/0181/19, TC/0324/19, TC/0325/19,

TC/0328/19, TC/0331/19, TC/0346/19, TC/0360/19, TC/0391/19,

TC/0409/19, TC/0433/19, TC/0452/19, TC/0523/19, TC/0601/19,

TC/0143/20, TC/0002/21, TC/0052/21, TC/0460/21, TC/0464/21,

TC/0470/21, TC/0473/21, TC/0486/21, TC/0503/21, TC/0513/21,

TC/0517/21, TC/0021/22, TC/0111/22, TC/0126/22, TC/0153/22,

TC/0181/22 y TC/0192/22—

Nota: El Tribunal Constitucional cambió este precedente, ver TC/0235/21.

Resumen del caso: La Policía Nacional canceló a un primer teniente

por haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones. El

primer teniente desvinculado planteó que dicha cancelación se realizó

en vulneración al debido proceso y otros derechos fundamentales, por

tanto, acudió a la jurisdicción constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

Q) En este sentido, resulta ineludible reco-

nocer que el Presidente de la República, en

su calidad de titular del Poder Ejecutivo y

autoridad suprema de las fuerzas militares

y policiales de la nación, conforme a las pre-

visiones constitucionales precedentemente

descritas, tiene atribución para destituir a

los miembros de la Policía Nacional, potes-

tad y atribución que de ninguna manera

puede ser cuestionada ni reducida;

R) Lo anterior no ameritaría más discusión

si no fuera porque, como en la especie, el

impugnado no constituye un acto admi-

nistrativo inocuo, tomado en el ejercicio

legal y legítimo de unas determinadas

funciones administrativas, sino de un acto

que, como la cancelación, tiene calidad

de sanción por la comisión de actuaciones

reñidas con la ley, conforme ha certificado

la propia institución policial. Así las cosas,

se impone reconocer que en la especie ha

debido desarrollarse un proceso disciplina-

rio orientado a evaluar con objetividad las

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 819

ÍNDICE

supuestas faltas cometidas y a determinar

las sanciones que correspondieran;

S) Sin embargo, como se ha dicho prece-

dentemente, no obra en el expediente una

sola prueba de que se haya realizado un

proceso de investigación de las referidas

actuaciones ilegales que, con el respeto de

los derechos fundamentales y del derecho de

defensa del investigado o procesado, haya

culminado en la definición de la sanción

correspondiente. En efecto, no hay eviden-

cia de que los órganos especializados por la

ley y el reglamento policial, la Inspectoría

General y la Dirección General de Asuntos

Internos, hayan desarrollado investigación

alguna de los hechos por los que el recurren-

te ha sido sancionado con su cancelación;

T) En este orden, tampoco hay evidencias

de que, como también mandan los textos

legales referidos en el párrafo anterior, el

Consejo Superior Policial, al cabo de la

investigación correspondiente, haya pro-

ducido recomendación alguna para que

el Poder Ejecutivo procediera a sancionar

disciplinariamente y, en tal sentido, a can-

celar el nombramiento del recurrente; U)

Llegados a este punto, conviene recordar

que la discrecionalidad que la Constitu-

ción reconoce al Presidente de la República

no es absoluta y, por el contrario, encuentra

límites en la naturaleza del Estado Social

y Democrático de Derecho vigente entre

nosotros desde la entrada en vigencia de la

actual Constitución del veintiséis (26) de

enero de dos mil diez (2010);

V) El fundamento de la vigencia real y

concreta del Estado Social y Democrático

de Derecho reside en la efectividad y pre-

valencia de los derechos fundamentales, y

sus garantías, consagrados en la misma

Constitución y las leyes especialmente, para

el caso concreto, aquellas que regulan el

funcionamiento de la Policía Nacional, de

forma que la referida discrecionalidad no

sea confundida con la arbitrariedad;

W) En todo caso, la existencia del Estado

Social y Democrático de Derecho contra-

dice la vigencia de prácticas autoritarias,

incluso en instituciones como las militares

y policiales en las que, por su propia na-

turaleza, prevalece una jerarquía rígida y

una línea de autoridad sin espacios para

el cuestionamiento. Sin embargo, en ellas

también han de prevalecer los derechos

fundamentales, a propósito del derecho de

defensa como parte del debido proceso, de

aquellos militares y policías a los que se

les impute la comisión de hechos ilegales

y que, si estos fueran probados, deban ser

sancionados;

Y) En ese tenor, el respeto al debido proceso

y, consecuentemente, al derecho de defensa,

se realiza en el cumplimiento de supuestos

tales como la recomendación previa a la

adopción de la decisión sancionatoria; que

dicha recomendación haya sido precedida

de una investigación; que dicha investiga-

ción haya sido puesta en conocimiento del

afectado; y que éste haya podido defenderse;

Z) Cuando se realiza un acto administra-

tivo en el que se ordena la cancelación del

nombramiento de un oficial de la Policía

Nacional, sin que, como ocurre en la espe-

cie, se hayan realizado las actuaciones se-

ñaladas en el párrafo precedente, se lesiona

su derecho de defensa, se violenta el debido

proceso y, consecuentemente, se comete una

infracción constitucional.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

820 | Art. 69

ÍNDICE

52. PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO: SUSPENSIÓN

ARBITRARIA DE SERVIDOR PÚBLICO SIN PROCESO

DISCIPLINARIO

CRITERIO:

Se vulnera el debido proceso cuando un servidor público

(en este caso, un fiscalizador del Ministerio Público) es suspendido

de sus funciones sin que previamente se le haya realizado un proceso

disciplinario y que el proceso penal llevado en su contra ya había

terminado.

SENTENCIA TC/0601/15

—Precedente reiterado sin mencionar

mediante sentencia TC/0129/18—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Consejo

Superior del Ministerio Público procedió a suspender y excluir de la

nómina a un servidor público de carrera que estaba siendo objeto

de un proceso penal. No conforme con esta decisión, el servidor

público suspendido acudió ante la jurisdicción constitucional en

materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

j. En ese sentido, este tribunal coincide

con los criterios aplicados en la sentencia

de marras, que establecen que al recu-

rrido le fueron vulnerados sus derechos

fundamentales, toda vez que el acto ad-

ministrativo que se generó por parte de la

parte recurrente, tal y como lo establece el

juez de amparo, fue realizado en franca

violación a los procesos, esto es, al margen

del debido proceso y la tutela judicial

efectiva, contemplados en nuestra Carta

Magna, en los artículos 68 y 69. En tal

sentido, este tribunal corrobora la decisión

esgrimida por el juez a-quo, al verificar y

comprobar que el solo hecho de haberse

producido, como al efecto se produjo, el

descargo del proceso penal seguido contra

el señor Héctor Luís Balcácer Cruz, y de

este solicitar a la parte hoy recurrente el

formal levantamiento de la suspensión, y

al no obtemperar a la indicada solicitud

de reintegro, bajo el argumento de que

aún no culminaba el proceso disciplinario

llevado en su contra ante dicho consejo,

evidencia una violación al debido proceso

y a la tutela judicial efectiva, por lo que

el tribunal que conoció de la acción de

amparo, al decidir como lo hizo, actuó

conforme al derecho y apegado a la Cons-

titución al proteger al accionante en sus

derechos fundamentales.

k. Sobre esta cuestión, este tribunal en-

tiende que, en el caso de la especie, el he-

cho controvertido consiste en comprobar

y verificar si es lógico y razonable que el

Consejo Superior del Ministerio Público

mantenga la medida de suspensión con

carácter definitivo al hoy recurrido, señor

Héctor Luis Balcácer Cruz, a pesar de

que el mismo fue descargado del proceso

penal que se llevó a cabo en su contra. Al

respecto, el Tribunal entiende, tal y como

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 821

ÍNDICE

ponderó el juez de amparo, que la referida

medida o acto administrativo queda supe-

ditado a verificar si se actuó conforme a la

norma que regula la materia respecto a la

puesta en conocimiento de este, acerca de

la existencia de un proceso disciplinario

en su contra ante el Consejo Superior del

Ministerio Público.

N. Del análisis y lectura de los artículos

precedentemente indicados, así como de

la génesis del caso en cuestión, este tribu-

nal comprueba que si bien es cierto que

Consejo Superior del Ministerio Público,

al decidir suspender al hoy recurrido de

las funciones o cargo que ostentaba, y sin

ningunas de las prerrogativas salariales,

no es menos cierto que lo hizo bajo el

alegato de que el recurrido se encontraba

sometido a la acción de la justicia, lo

cual queda justificado, en principio, en

lo establecido en el artículo 92, numeral

1, de la Ley núm. 133-11, debido a que

la conducta imputada se traduce en una

falta disciplinaria muy grave. Ahora bien,

en el caso en cuestión esto no es aplica-

ble, ya que dicho consejo condicionó la

indicada suspensión cual si fuese una de-

cisión definitiva respecto del proceso penal

seguido al recurrido, todo ello al margen

de que el indicado proceso culminó con

la Sentencia núm. 069-2013, dictada

por el Tribunal Colegiado de la Cámara

Penal del Juzgado de Primera Instancia

del Distrito Judicial de Duarte el cuatro

(4) de septiembre de dos mil trece (2013),

en el que resultó el accionante descargado

por insuficiencia de pruebas; por lo tanto,

el acto administrativo emanado del Con-

sejo Superior del Ministerio Público y de

la Procuraduría General de la República

vulneró derechos fundamentales como la

tutela judicial efectiva, el debido proceso

y el derecho a la defensa, consagrados en

la Constitución en sus artículos 68 y 69.

r. En tal virtud, en la especie ha debido

desarrollarse un proceso disciplinario

tendente a verificar las supuestas faltas

cometidas y a determinar las sanciones

que correspondían. Sin embargo, en el

caso de la especie, este tribunal ha podido

verificar que contra el hoy recurrido no

reposan en el expediente elementos proba-

torios ni proceso disciplinario en el que se

haya considerado su conducta violatoria

del comportamiento y de la probidad y

del correcto desempeño como miembro del

Ministerio Público o que haya afectado la

buena imagen de la institución; y más aún,

tampoco se celebró un proceso disciplina-

rio sometido a las reglas del debido proceso.

Por lo tanto, este tribunal entiende que la

actuación de la parte recurrente, Procura-

duría General de República y del Consejo

del Ministerio Público, constituye a toda

luz una inobservancia de las garantías

mínimas del debido proceso, lo que se

equipara a una actuación arbitraria

contra el hoy recurrido, señor Héctor Luís

Balcácer Cruz, por parte de la Procura-

duría General de República y del Consejo

Superior del Ministerio Público, la cual

lesiona su derecho de defensa y del debido

proceso.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

822 | Art. 69

ÍNDICE

53. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO:

SUSPENSIÓN INDETERMINADA DE EXEQUATUR SIN PROCESO

DISCIPLINARIO PREVIO

CRITERIO:

Constituye una vulneración al debido proceso administrativo,

específicamente al derecho de defensa, la suspensión indeterminada del

exequatur (autorización para ejercer la profesión de médico) realizada

por una institución pública (en este caso, el Ministerio de Salud) en

perjuicio de un médico sin haberse llevado un proceso disciplinario

previo a la aplicación de la sanción. La suspensión del exequatur debe

establecerse mediante decreto y debe estar precedida de un proceso

disciplinario.

SENTENCIA TC/0257/17

Resumen del caso: El caso se origina cuando el Ministerio de Salud

Pública procedió mediante resolución a suspender el exequatur de un

médico por haberse producido en su contra varias denuncias de mala

práctica médica en el ejercicio de su profesión. Ante esta decisión,

el médico afectado acudió ante la jurisdicción constitucional en

materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

l. En torno a la acción de amparo de que

se trata, tal y como revela la glosa procesal

de la especie, al señor Edgar Isidro Con-

treras Rosario le fue suspendido el decreto

de exequátur, que lo autoriza al ejercicio

de la profesión de medicina, en virtud

del Oficio núm. JUR-1081-15, emitido

por el consultor jurídico del Ministerio de

Salud Pública el primero (1º) de mayo de

dos mil quince (2015), por indicios que

demuestran mala práctica médica en el

ejercicio de su profesión, además de varias

acusaciones en su contra interpuestas por

la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacio-

nal por presunta violación de los artículos

2, 295, 304, y 319 del Código Penal, y

el artículo 164 de la Ley No. 42-01, de

Salud, procediendo de forma irregular

a dejar sin efecto la decisión del Poder

Ejecutivo que autoriza a un profesional

al ejercicio de la medicina, pues ello obe-

deció a la aplicación unívoca de medidas

disciplinarias sancionadoras que conduje-

ron consecuentemente a esta condena, sin

que se le haya conferido la oportunidad

del contradictorio, o de ejercer las pre-

rrogativas derivadas del debido proceso

administrativo, especialmente su derecho

de defensa. En adición, el referido oficio

no indica el tiempo de esta medida, por

lo que se encuentra supeditado al inicio

de una investigación que no ha tomado

curso y, por ende, no se han demostrado

los “indicios” de la mala práctica médica.

m. En relación con ello, este tribunal

constata que la Ley núm. 111, del tres

(3) de noviembre de mil novecientos

cuarenta y dos (1942), sobre Exequátur

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 823

ÍNDICE

de Profesionales, y sus modificaciones,

establece que éste es otorgado por el Po-

der Ejecutivo para el ejercicio en el país

de todas las profesiones que exijan título

universitario (art. 1), y consigna la po-

sibilidad de su cancelación o suspensión

del exequátur, mediante decreto motivado

(art. 8). Además, la referida ley contem-

pla la privación del exequátur en caso de

condena correccional y de condenación

definitiva (art. 9). De modo que, al veri-

ficar la legislación vigente con la decisión

de suspensión de exequátur por oficio del

consultor jurídico del Ministerio de Salud

Pública y Asistencia Social, dicha medida

deberá ser precedida de una investigación,

y aunque se haya cumplido con esta in-

vestigación, no se ha podido comprobar

que el señor Edgar Isidro Contreras Ro-

sario haya sido sometido a algún proceso

disciplinario, o haya sido condenado por

las acusaciones penales por presunta vio-

lación de los artículos 2, 295, 304, y 319

del Código Penal y el artículo 164 de la

Ley núm. 42-01, de Salud.

N. Es decir, que la cronología procesal da

cuenta de que, tal y como ordena la ley

referida, el oficio del consultor jurídico de

la institución se fundamentó en indicios

de mala práctica y varias acusaciones,

concluyendo en la opinión favorable a

la suspensión del exequátur del señor

Contreras Rosario y el debido proceso que

consigna la norma referida, refiere a que

la privación, cancelación o suspensión del

exequatur otorgado por el Poder Ejecutivo

para el ejercicio de las profesiones en el

país, se efectúa mediante decreto motivado

[arts. 1, 8, 9 y 10 de la Ley núm. 111, del

tres (3) de noviembre de mil novecientos

cuarenta y dos (1942)].

O. Las reglas del debido proceso constitu-

yen ejes transversales a todos los procesos,

tanto en el orden administrativo como

jurisdiccional; y, al evaluar las circuns-

tancias en las que se ha producido la espe-

cie, no hay evidencias de que el amparista

fuera objeto de juicio disciplinario ni que

tampoco fuera traducido a la acción de la

justicia penal ordinaria, aunque mediara

suspensión provisional en las funciones.

p. De manera que las actuaciones de la

parte recurrida, Ministerio de Salud

Pública y Asistencia Social, han debido

orientarse en la determinación o no de la

comisión del ilícito denunciado, dentro de

un proceso prima facie disciplinario y, da-

das las peculiaridades del caso en el cual

se ha denunciado un concurso de alegados

ilícitos penales, era menester apoderar al

Ministerio Público, a los fines procesales

correspondientes, para que con apego a las

garantías y derechos fundamentales a los

cuales se contrae el debido proceso, se le dé

el curso pertinente en el cual ha de inscri-

birse la protección y salvaguarda efectiva

de las prerrogativas constitucionales de

la parte recurrente, señor Edgar Isidro

Contreras Rosario.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

824 | Art. 69

ÍNDICE

54. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR:

CANCELACIÓN INJUSTIFICADA DE SERVIDORES PÚBLICOS

PROTEGIDOS POR LEY ESPECIAL

CRITERIO:

Constituye una arbitrariedad por parte de un órgano de la

Administración pública (en este caso, el Ayuntamiento de Duvergé), la

cancelación de varios miembros de un distrito municipal sin motivar la

decisión y apenas 4 días antes de que entrara en vigencia una ley que

extendía sus contratos hasta la celebración de las elecciones de 2010.

SENTENCIA TC/0138/15

—Ver en este sentido el criterio relativo al derecho al

trabajo (art. 62 CRD)—

CRITERIO 2:

Ante la imposibilidad de restituirlos en sus cargos debido a

la celebración de las elecciones de 2010, el TC reivindicó sus derechos

fundamentales ordenando el pago de los salarios caídos durante el

tiempo en que debieron estar protegidos por la nueva Ley núm. 176-

07, del Distrito Nacional y los Municipios.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que la Sala

Capitular del Ayuntamiento de Duvergé emitió una resolución en

julio de  mediante la cual procedió a cancelar varios miembros

de la Junta del Distrito Municipal de Vengan a Ver, del municipio

de Duvergé, que fueron nombrados por un período de  año desde

el  de agosto de . Ante esta decisión, los miembros cancelados

acudieron a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

alegando vulneración al debido proceso y el derecho de trabajo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

a. Del estudio del caso que nos ocupa, el

Tribunal Constitucional ha podido esta-

blecer que el presente recurso de revisión

constitucional en materia de amparo pro-

cura el establecimiento de las autoridades

municipales que fueron designadas por

la Sala Capitular del Ayuntamiento de

Duvergé el dieciocho (18) de agosto de dos

mil seis (2006), para ocupar las vacantes

de síndico, vicesíndica, regidores, suplente

de regidores y tesorero a lo interno de la

Junta del Distrito Municipal Vengan a

Ver.

b. Se precisa destacar que, antes de la

entrada en vigencia de la Ley núm. 176-

07, del Distrito Nacional y los Municipios,

los miembros de los órganos de gobierno y

administración de los distritos municipales

eran designados por la Sala Capitular de

los ayuntamientos por un período de un (1)

año, situación que cambió con la referida

ley, la cual sujetó la elección por cuatro

(4) años al voto directo de los munícipes

dentro de la boleta correspondiente a las

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 825

ÍNDICE

candidaturas municipales del municipio

al cual pertenecen.

c. La referida ley contempló una disposición

transitoria que, de no haberse producido la

destitución de los accionantes, les permitía

mantenerse en sus cargos hasta el dieciséis

(16) de agosto de dos mil diez (2010). En

efecto, de conformidad con lo dispuesto en

el párrafo transitorio del artículo 81 de la

Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y

los Municipios, “las/os jefes y vocales de los

distritos municipales existentes al momento

de promulgarse la presente ley, permanece-

rán en sus cargos hasta el 16 de agosto del

2010”.

d. Así las cosas, la Resolución núm.

004/2007, emitida por la Sala Capitular

del Ayuntamiento de Duvergé el trece

(13) de julio de dos mil siete (2007), es

decir, cuatro (4) días antes de la entrada

en vigencia de la referida ley, procedió a

la cancelación de los señores Cruz Amauris

Vólquez Pérez y Yude Arsenia Segura, como

encargado y sub-encargada; Austria Betha-

nia Pérez y Pérez, Florián Antonio Matos

Castillo y Mario Cuevas Rosario, como

vocales; Justa Medrano Heredia, Melba

Yolanda Rosario Vólquez y Santa Maura

Vólquez, como suplentes de vocales; y Li-

tuania Guzmán Heredia, como tesorera

de la Junta del Distrito Municipal Vengan

a Ver del municipio Duvergé, quienes

habían sido nombrados en tales cargos por

un período de un (1) año el dieciocho (18)

de agosto de dos mil seis (2006), a través

de la Resolución núm. 005/2006, emitida

por esa Sala Capitular.

e. Resulta ostensible que la referida cance-

lación se produce de modo arbitrario, dado

que no se ofrecen motivos para justificar las

mismas, lo cual se agrava cuando se pro-

duce cuatro (4) días antes de que entrase

en vigencia la ley que habría prolongado

el mandato de los accionantes. En cambio,

en ella se designaron a otras personas, las

cuales resultaron beneficiadas por la dis-

posición transitoria a la cual hemos hecho

referencia.

g. No obstante, durante el tiempo que este

caso estuvo pendiente de fallo ante la Su-

prema Corte de Justicia fueron celebradas

las elecciones congresuales y municipales

del año dos mil diez (2010), en las cuales

fueron elegidas, por voto directo, las nuevas

autoridades de la Junta del Distrito Mu-

nicipal Vengan a Ver, razón por la cual al

estar legitimados deben permanecer en sus

cargos hasta la concurrencia de nuevas elec-

ciones, lo cual impide que los accionantes

puedan ser repuestos en las posiciones de las

que arbitrariamente resultaron cancelados,

pues tal cosa sería violatoria del orden cons-

titucional, legal y contraria a la voluntad

popular de ese municipio.

h. Ante la imposibilidad de reponer a los

señores Cruz Amauris Vólquez Pérez, Yude

Arsenia Segura y compartes en las posiciones

que actualmente ocupan otros ciudadanos

que fueron elegidos por voto popular, este

tribunal constitucional se ve precisado a

ordenar en su dispositivo a la Sala Capitu-

lar del Ayuntamiento de Duvergé el pago

de los salarios dejados de devengar, desde

el momento de producirse la destitución y

hasta el dieciséis (16) de agosto de dos mil

diez (2010), al haberse verificado viola-

ción al debido proceso administrativo y el

derecho al trabajo.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

826 | Art. 69

ÍNDICE

55. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: CIERRE

DE LOCAL COMERCIAL SIN PREVIA ORDEN DE UN JUEZ O

PROCESO PENAL ABIERTO

CRITERIO:

Constituye una vulneración al debido proceso el cierre de

un local comercial por parte del Ministerio Público sin que exista una

orden de un juez o un proceso penal abierto que justifique la medida.

SENTENCIA TC/0170/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un fiscal

del Distrito Nacional ordenó el cierre de un local comercial. Ante

tal medida, el propietario del local acudió a la jurisdicción consti-

tucional en materia de amparo invocando vulneraciones al debido

proceso y su derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

c. La Octava Sala de la Cámara Penal del

Juzgado de Primera Instancia del Distrito

Nacional, mediante la sentencia núm.

152-2014, acogió el recurso interpuesto

por el accionante, por entender que las

actuaciones realizadas por el procurador

fiscal del Distrito Nacional, Denny F. Sil-

vestre, le violentó su derecho fundamental

de propiedad, contenido en el artículo 50

de la Constitución de la República, la

libertad de empresa y el debido proceso, al

disponer el cierre del local comercial Next

Drink Market sin que existiese un proceso

de investigación penal abierto en su contra

autorizado por un juez.

d. Sobre el particular, este Tribunal Cons-

titucional se permite señalar que comparte

los criterios y fundamentos que fueron

adoptados por el juez a-quo al momento

de emitir su decisión, en razón de que del

estudio de las documentaciones contenidas

en el expediente se puede constatar que las

actuaciones realizadas por el ministerio

público son conculcadoras del derecho fun-

damental a la propiedad, a la libertad de

empresa y a la garantía del debido proceso

del accionante, toda vez que el cierre del

negocio Next Drink Market fue ejecutado

sin contar con una orden de una autori-

dad judicial competente, y por demás, sin

existir un proceso penal abierto en contra

del señor Miguel Enrique Durán Guzmán,

propietario del referido establecimiento

comercial.

[…] Sin embargo, de lo que se trata aquí

es de la orden de clausura o cierre de un ne-

gocio realizado sin orden judicial y sin que

se probase que existe proceso penal abierto.

[…] g. En efecto, al constituir clausura y

cierre de locales comerciales una afectación

a derechos y garantías constitucionales, el

legislador dispuso que la misma debe ser

autorizada por una autoridad judicial

competente.

h. Por ello, en el artículo 193 del Código

Procesal Penal se establece: Cuando para

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 827

ÍNDICE

la averiguación de un hecho punible sea

indispensable la clausura temporal de un

local o la inmovilización de cosas muebles

que por su naturaleza o dimensión no pue-

dan ser mantenidas en depósito, se procede

a asegurarlas, según las reglas del secuestro.

i. En sintonía con lo dispuesto en el artícu-

lo antes citado, debemos precisar que para

proceder a la clausura o cierre de locales co-

merciales, el ejecutante debe someterse a las

reglas del secuestro que están establecidas

en el artículo 188 de la indicada norma

procesal, lo cual implica que debe existir

una resolución judicial motivada que

disponga dicha clausura o cierre temporal,

teniendo el ministerio público y la policía

la potestad de ordenar esa medida, sin la

necesidad de orden judicial, solo durante

los procesos de registro, no extendiéndose su

duración más allá de la culminación de ese

proceso.

j. En ese orden, este Tribunal considera

que al haber operado el cierre del local co-

mercial Next Drink Market, sin que así lo

dispusiere una orden judicial, y sin haberse

iniciado un proceso de investigación penal

formal, constituye una actuación ilegal y

arbitraria, máxime cuando en la orden de

allanamiento levantada al efecto se especi-

fica que en el indicado negocio no se ha

encontrado nada ilegal…

56. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: EMISIÓN

DE NORMA SIN PUBLICACIÓN PREVIA

CRITERIO:

No se vulnera el debido proceso en sede administrativa

cuando una norma general es emitida sin ser previamente publicada,

siempre que su contenido no tenga como resultado la afectación de

algún derecho de sus destinatarios. Las garantías del debido proceso

deben ser exigidas en los procedimientos administrativos sancionatorios

y en aquellos que puedan tener como resultado la pérdida de derechos

de las personas. Aplicación del debido proceso en sede administrativa

previsto en el artículo 69.10 de la Constitución.

SENTENCIA TC/0201/13

—Precedente reiterado en las sentencias TC/0010/15 y TC/0220/16—

Resumen del caso: La Asociación de Bancos Comerciales de la

República Dominicana (ABA) y varios bancos comerciales inter-

pusieron ante el Tribunal Constitucional una acción directa de

inconstitucionalidad contra la norma general núm. DGII--

emitida por la Dirección General de Impuestos Internos. En esencia,

la norma establece que los bancos comerciales deberán ser agentes

de retención cuando efectúen pagos por concepto de intereses a las

personas morales en cuanto a ciertos impuestos que estas deben pagar.

Los accionantes alegan que dicha norma fue dictada en ausencia de

un debido proceso y que además se vulnera lo relativo a la seguridad

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

828 | Art. 69

ÍNDICE

jurídica, la legalidad, la razonabilidad, y que pone en peligro la

estabilidad del sistema financiero nacional.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.2. En el alegato de supuesta violación a

los artículos 69.10 y 138 de la Constitución,

se razona en el sentido de que no habiendo

la Dirección General de Impuestos Internos

(DGII) publicado, previo a su emisión, la

Norma núm. 13-2011, como lo ordena el

artículo 23 de la Ley núm. 200-04, de-

nominada Ley General de Libre Acceso a

la Información, se ha violado el artículo

69.10 de la Constitución que ordena que

“las normas del debido proceso se aplicarán

a toda clase de actuaciones judiciales y

administrativas”; y el artículo 138 de la

Constitución, cuyo numeral 2 expresa que

la Ley regulará: “el procedimiento a través

del cual deben producirse las resoluciones

y actos administrativos, garantizado la

audiencia de las personas interesadas, con

las excepciones que establezca la ley”.

[…] el análisis para determinar si era

obligatoria la aplicación del debido proceso

en la fase previa a la emisión de la norma

impugnada se debe enfocar únicamente,

puesto que no se trató de un procedimiento

sancionatorio, en la determinación de si

la misma de alguna manera tuvo como

resultado la afectación de algún derecho en

sus destinatarios.

10.4. Las garantías mínimas que, de acuer-

do con el artículo 69 de la Constitución

dominicana, conforman el debido proceso,

sirven para definir el tipo de proceso res-

pecto del cual debe exigirse su aplicación.

Su análisis permite la conclusión, en

consonancia con la jurisprudencia consti-

tucional comparada, de que en sede admi-

nistrativa su aplicación deberá ser exigida

en los procedimientos administrativos san-

cionatorios y en aquellos que puedan tener

como resultado la pérdida de derechos de

las personas.

10.6. Prima facie, debe entenderse que

una norma que designa a un tercero

como agente de retención de un impuesto

no puede considerarse como un acto que

conlleva la pérdida o menoscabo de un

derecho, puesto que respecto de aquellos

que tienen la obligación legal de pagar los

impuestos retenidos, se trata simplemente

de un medio para que el cumplimiento de

esa obligación se materialice, y en cuanto

a los terceros designados agentes de reten-

ción, dicha designación es una facultad

atribuida por la ley a la Administración

Tributaria, respecto de cuya obligación, la

de ser agente de retención, ninguna perso-

na, salvo que la ley así lo determina, puede

alegar válidamente que esté excluida.

10.9. En contra de la posición sostenida por

las accionantes, entendemos que el artículo

309 del Código Tributario no prohíbe que

puedan ser sujetos de retención los intereses

que a las personas jurídicas paguen las

instituciones financieras reguladas por las

autoridades monetarias y las demás entida-

des señaladas en la parte final del párrafo I

de dicha disposición.

10.10. Se concluye, en consecuencia, que la

norma impugnada en modo alguno afectó

derecho alguno ni impuso una obligación a

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 829

ÍNDICE

las accionantes que estaba prohibida por la

ley, en primer lugar porque la designación

de las personas jurídicas como agentes de

retención es una atribución que le otorga

a la Administración Tributaria el referido

artículo 309 del Código Tributario, y en

segundo lugar, porque la retención por in-

tereses bancarios percibidos por las personas

jurídicas no está prohibida, conforme a la

correcta interpretación de la desaparecida

parte in fine del párrafo del artículo 309

del Código Tributario.

10.11. Establecido que la norma impug-

nada en modo alguno afecta o menoscaba

derechos subjetivos de las accionantes, no

es atendible la imputación de que viola el

debido proceso, en razón, repetimos, de que

la aplicación de tal garantía constitucional

debe ser reclamada en sede administra-

tiva cuando se trate de un procedimiento

sancionatorio o que tenga como resultado

la afectación o menoscabo de un derecho,

circunstancias que no se dan en el presente

caso.

57. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR:

INCAUTACIÓN DE VEHÍCULO SIN INFORMAR CAUSAS

CRITERIO:

Se vulnera el debido proceso cuando una institución pública

(en este caso, la Dirección General de Aduanas) procede a incautar un

vehículo propiedad de una persona particular sin informarle las causas

ni escuchar sus argumentos de defensa. Vulneración al debido proceso

administrativo sancionador.

SENTENCIA TC/0220/14

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que la Dirección

General de Aduanas incautó un vehículo propiedad de una persona

particular, el cual se encontraba transitando en la vía pública. La

razón de esta actuación es que según la DGA el vehículo había sido

introducido al país de contrabando, por lo que además de la incau-

tación, solicitó a la DGII la cancelación de la matrícula. Ante esta

situación, la persona particular propietaria del vehículo acudió a la

jurisdicción constitucional en materia de amparo alegando vulnera-

ción al debido proceso.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

(i) Ramona Burgos Polanco fue despojada

de su vehículo de motor por agentes del

servicio de inteligencia del Ejército al mo-

mento en que transitaba por la vía pública.

(ii) En el momento no se le informó la ra-

zón por la cual se ejecutaba la incautación,

debiendo la misma apersonarse en la

Dirección General de Aduanas. (iii) El

paso siguiente, luego de que se incauta un

vehículo, de conformidad con el artículo

199 de la Ley núm. 3489 o Ley General

de Aduanas, es la venta en pública subasta

de dicho bien. (iv) La referida incautación

se basó en que supuestamente el suprain-

dicado vehículo había sido introducido a

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

830 | Art. 69

ÍNDICE

República Dominicana mediante un con-

trabando. (v) Esto motivó que se iniciara

un proceso penal en contra de Ramona

Burgos Polanco por comisión del ilícito de

contrabando tipificado por el artículo 167

y sancionado por el artículo 202 de la Ley

No. 3489 o Ley General de Aduanas. (vi)

Concomitantemente, la Dirección General

de Impuestos Internos procedió a cancelar

la matrícula que había sido expedida a

favor de Ramona Burgos Polanco sobre el

referido vehículo de motor, despojándola

claramente de la propiedad sobre ese bien.

y. Tomando en consideración lo anterior, el

Tribunal evidencia que en el expediente no

reposa prueba alguna que demuestre que -an-

tes de proceder a la incautación del vehículo

y sobre todo a la cancelación de la matrícu-

la- a Ramona Burgos Polanco se le advirtió,

concreta y específicamente, del hecho ocurrido,

ni que siquiera se le diera la oportunidad de

defenderse -de manera seria y formal- de las

imputaciones que se le endilgaban.

z. Por el contrario, lo que evidencian los su-

praindicados hechos es que ni siquiera se le

respetó la presunción de inocencia que debe

poder gozar cada persona, ya que sin juicio,

proceso disciplinario, arbitraje u otro tipo

de proceso, se le arrebató su derecho de

posesión (de manera indefinida, pendiente

de venta en pública subasta) -con la incau-

tación- y su derecho de propiedad – con la

cancelación de la matrícula -, sin otorgarle

la oportunidad de defenderse de los hechos

que se le imputaban. Aa. En vista de estos

hechos, está claro que la Dirección General

de Aduanas y la Dirección General de Im-

puestos Internos violentaron el derecho al

debido proceso y a la tutela judicial efectiva

en perjuicio de Ramona Burgos Polanco, al

concluir, de manera expedita y sin respeto

al debido proceso, un proceso sancionador

en contra de dicha señora.

ee. Por las razones precedentemente seña-

ladas, este tribunal constitucional tiene

a bien rechazar el recurso de revisión de

amparo incoado por la Dirección General

de Aduanas, no sin antes advertirle a dicha

institución que sus actuaciones deberán -en

el futuro- ceñirse a lo establecido en la Cons-

titución dominicana, específicamente en el

respeto al debido proceso de toda persona

que se busca sancionar, lo que contribuye

de manera inequívoca a la consagración de

Estado social y democrático de derecho.

58. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR:

INCAUTACIÓN IRREGULAR DE BIEN MUEBLE SIN ADVERTENCIA

NI NOTIFICACIÓN PREVIA

CRITERIO:

Se vulnera el debido proceso cuando, debido a la exigencia

del pago de arbitrios municipales, el ayuntamiento procede a la

incautación sin advertencia ni notificación previa de un bien que

pertenece al contribuyente.

SENTENCIA TC/0338/14

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Ayunta-

miento de Santo Domingo Este procedió a enviar un mandamiento

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 831

ÍNDICE

de pago con amenaza de desmonte y secuestro de un toldo a una

empresa por concepto de pagos pendientes. La empresa, inconforme

con esta decisión, acudió a la jurisdicción constitucional en materia

de amparo invocando vulneración al debido proceso.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] para este tribunal esta acción del

Ayuntamiento de Santo Domingo Este es

violatoria a la tutela judicial efectiva, ya

que la incautación se realizó sin mediar

ningún tipo de notificación ni advertencia,

en franca violación al artículo 69 de la

Constitución, el cual plantea que: Toda

persona, en el ejercicio de sus derechos e

intereses legítimos, tiene derecho a obtener

la tutela judicial efectiva, con respecto del

debido proceso que estará conformado por

las garantías mínimas […]

59. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR:

NECESIDAD DE JUICIO PREVIO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

CRITERIO:

Constituye una violación al debido proceso el traslado

impuesto como sanción que realizó el Ministerio de Educación con

respecto a dos servidores públicos sin ser oídos ni sometidos a juicio

previo. Vulneración al debido proceso previsto en los numerales 2, 3

y 10 del artículo 69 de la Constitución.

SENTENCIA TC/0217/13

—Ver

en este sentido los criterios relativos a la dignidad humana (art. 38 CRD),

discriminación laboral (art. 62.5 CRD) y ejercicio de la carrera docente

(art. 63.5 CRD)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Ministerio

de Educación modifica las funciones laborales de dos servidores

públicos. Ante la referida modificación, los servidores alegan que

fueron objeto de degradación a un cargo inferior al que ostentaban

y por eso acudieron a la jurisdicción constitucional en materia de

amparo en busca de restablecer sus cargos.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

v. De igual manera, los recurrentes alegan

que les ha sido vulnerado el derecho a la

tutela judicial efectiva y el debido proceso, en

virtud de que no fueron oídas, ni se presumió

su inocencia al momento de ser degradados.

z. Por su parte, el Reglamento del Estatuto

Docente, en su artículo 93, establece un

régimen disciplinario del personal de la

carrera docente en el que se procura que

las faltas disciplinarias cometidas por

dicho personal sean juzgadas sobre la base

de criterios de objetividad e imparcialidad,

y conforme un procedimiento rápido que

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

832 | Art. 69

ÍNDICE

garantice el derecho de defensa y las reglas

del debido proceso.

aa. El indicado reglamento establece que

las faltas cometidas por los empleados de

carrera docente y la severidad que estas

conllevan serán establecidas por el Tri-

bunal de Carrera Docente, faltas que no

fueron comprobadas, hechos que indican el

no apoderamiento del referido tribunal.

cc. Al Ministerio de Educación de la

República Dominicana (MINERD) de-

gradar a los recurrentes sin ser oídos, sin

un juicio público en el que se debaten oral

y contradictoriamente los alegatos de las

partes, vulnera el derecho de defensa, y por

consiguiente el debido proceso y la tutela

judicial efectiva consagrado en la Carta

Sustantiva.

60. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: NEGATIVA

DE RENOVAR LICENCIA DE CONDUCIR POR UN ÓRGANO QUE

NO ESTÁ FACULTADO PARA IMPONER SANCIONES

CRITERIO:

Constituye una violación al debido proceso administrativo la

actuación de una institución pública (en este caso, el Instituto Nacional

de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT) de negar la renovación

de la licencia de conducir a un ciudadano alegando la existencia de

multas impuestas por la DIGESETT y que están pendientes de pago.

La DIGESETT no está facultada per se para imponer sanciones,

sino que cuanto puede hacer es emitir actas de infracción, y la

facultad sancionatoria recae en los tribunales especializados al efecto.

SENTENCIA TC/0193/20

CRITERIO 2:

Para que a un ciudadano no se le renueve la licencia de

conducir vehículos de motor por no cumplir con el pago de multas

impuestas tiene que haber sanciones previas dictadas por un tribunal

competente, en este caso, el Juzgado de Paz de Tránsito.

CRITERIO 3:

La negativa de renovar la licencia de conducir vehículos

de motor al solicitante, sin la existencia de una sentencia condenatoria,

afecta la tutela judicial efectiva con respecto al debido proceso.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un señor

acudió a renovar su licencia de conducir a la Dirección de Renova-

ción de Licencias de Conducir del INTRANT, pero se la negaron

porque tenía tres actas contravencionales por supuesta violación

a la ley de tránsito. Ante la negativa de renovar su licencia, el

señor acudió a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

invocando vulneración al debido proceso.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 833

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

d. En cuanto al pedimento de nulidad de

las multas impuestas a la parte recurrente,

ciudadano Ricardo Sosa Filoteo, este cole-

giado es de opinión que esta es una cuestión

de legalidad ordinaria propia del ámbito

competencial de la jurisdicción especial de

tránsito, siendo a este juez de paz especia-

lizado al que la ley le ha reservado conocer

y decidir estos casos; por tanto, la solicitud

del recurrente no resulta pertinente, y la

posición adoptada por el juez a-quo resulta

cónsona con la aplicación del mejor dere-

cho y la buena administración de justicia.

e. Por otro lado, en cuanto a la esencia

del conflicto, la Ley núm. 63-17, sobre

Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial de la República Domi-

nicana, de veinticuatro (24) de febrero

de dos mil diecisiete (2017), establece en

el párrafo II del artículo 281: Ningún

conductor que haya sido sancionado con

el pago de una multa podrá renovar la

licencia de conducir o cualquiera de sus

trámites, la placa, obtener la inspección

técnica vehicular o revista, los seguros de

vehículos, la obtención de certificado de

buena conducta o traspaso de la propiedad

de un vehículo, hasta tanto realice el pago

de la multa.

f. Por su parte en el numeral 1 del artículo

22 de la referida disposición legal, relativo

a las atribuciones de la Dirección General

de Seguridad, Transporte y Tránsito Terres-

tre (DIGESETT), se consigna: “Elaborar

actas de infracciones a las disposiciones de

la presente ley y por la ocurrencia de acci-

dentes de tránsito”. Por lo se pone de relieve

que este organismo no está facultado per se

para imponer sanciones, sino que cuanto

puede hacer es instrumentar dichas actas,

recayendo la facultad sancionatoria en los

tribunales especializados al efecto.

g. En el numeral 5 del referido artículo 22

de la Ley núm. 63- 17, se establece que al

detener la marcha de un vehículo, inspec-

cionarlo o requerir la documentación rela-

tiva al vehículo cuando a juicio del agente

de la Dirección General de Seguridad,

Transporte y Tránsito Terrestre (DIGESE-

TT) estuviere siendo usado en violación a

la ley y sus reglamentos: “El agente deberá

proceder de conformidad a las garantías

previstas en el Código Procesal Penal”.

h. Del contenido del artículo transcripto

precedentemente, se advierte con claridad

meridiana que el legislador ha procurado

que para que a un ciudadano o ciudadana

no se le renueve su licencia de conducir

vehículos de motor por no cumplir con el

pago de multas impuestas, se tiene que tra-

tar de sanciones dictadas por un tribunal

con competencia para hacerlo, en este caso

el Juzgado de Paz de Tránsito.

[…] en la especie, la negativa de renovarle

de la licencia de conducir vehículos de

motor al amparista, sin la existencia de

una sentencia condenatoria, afecta la tu-

tela judicial efectiva con respecto al debido

proceso.

l. Asimismo, este tribunal constitucional

entiende que si bien es cierto que la Ley

núm. 63-17, en su artículo 22 le otorga

facultad a la Dirección General de Se-

guridad, Transporte y Tránsito Terrestre

(DIGESETT) para levantar las actas de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

834 | Art. 69

ÍNDICE

infracciones por supuestas violaciones a

sus artículos, no menos cierto es que para

procurar el cumplimiento de los procesos

tendentes a la imposición de las multas

se requiere el cumplimiento estricto de las

garantías y los derechos fundamentales,

cuya protección efectiva se consigna en el

artículo 8 de la Norma Suprema como

función esencial del Estado.

m. En la renovación de una licencia para

conducir vehículos de motor, como todo

ejercicio que realice una persona, tiene que

discurrir en el marco de las garantías tute-

ladas en la Constitución de la República,

procurando siempre que se cumpla con el

debido proceso administrativo y judicial,

sin que pueda verificarse ninguna actua-

ción arbitraria ni abusiva.

n. Por tanto, la negativa a la renovación

de la licencia de conducir del señor Ricardo

Sosa Filoteo, sin que las autoridades de

tránsito observen el debido proceso y sin que

intervenga una decisión judicial condena-

toria, afecta la tutela judicial efectiva con

respecto al debido proceso, comprometien-

do la presunción de inocencia, el derecho

a un juicio previo y, además, el derecho de

defensa.

61. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR:

OCUPACIÓN DE TERRENOS PRIVADOS ALEGANDO EXISTENCIA

DE BIEN DE DOMINIO PÚBLICO SIN AGOTAR PREVIAMENTE EL

PROCEDIMIENTO LEGAL

CRITERIO:

Constituye una vulneración al debido proceso administrativo

la actuación de instituciones públicas (en este caso, el Ayuntamiento

del municipio de Luperón y el Ministerio de Medio Ambiente) de

ocupar unos terrenos de propiedad privada alegando la violación a los

límites que deben existir en torno a la zona de pleamar (bienes de

dominio público), sin haber agotado el procedimiento de expropiación

o cualquier mecanismo legal previo que valide tal actuación. La

potestad sancionadora y competencias atribuidas al ayuntamiento

y al referido ministerio no poseen el alcance de reducir terrenos de

propiedad privada registrada, para lo cual deben obtener una decisión

judicial o agotar el debido proceso.

SENTENCIA TC/0426/18

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando una empresa

propietaria de unos terrenos acude a la jurisdicción constitucional

en materia de amparo en contra del Ministerio de Medio Ambiente

y Recursos Naturales y el Ayuntamiento del municipio de Luperón

por la presunta destrucción de la totalidad de la alambrada del

lado norte de la propiedad, la tala indiscriminada de árboles cente-

narios, la eliminación de la capa vegetal, la construcción ilegal de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 835

ÍNDICE

estacionamientos y bancos de madera, y por la modificación de los

límites de su terreno.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] la franja marítima de sesenta (60)

metros de ancho a partir de la pleamar,

según lo prescribe la Ley núm. 305, del

veintitrés (23) de mayo de mil novecientos

sesenta y ocho (1968), constituye un bien

de dominio público marítimo terrestre

sujeto a la navegación marítima, así como

a cualquier otro uso público; no obstante,

la ley de referencia específica que dicha

“faja de terreno” abarca todas las costas y

playas del territorio dominicano, “salvo

los derechos de propiedad que al presente

existan”. En ese orden, es que la Constitu-

ción dominicana resalta que los ríos, lagos,

lagunas, playas y costas nacionales pertene-

cen al dominio público y son de libre acceso,

observándose siempre “el respeto al derecho

de propiedad privada”.

10.27. Siendo el certificado de título de pro-

piedad la prueba por excelencia del derecho

de propiedad de un inmueble registrado en

la República Dominicana, Prieto Turístico

C. por A. (PRITURCA) fue violentada en

su derecho de propiedad registrado sobre

la Parcela núm. 229043319944, matrí-

cula núm. 3000089370, ubicada en la

sección Las Maras, del municipio Luperón,

provincia Puerto Plata, por el Ministerio

de Medio Ambiente y Recursos Naturales

y el Ayuntamiento del municipio Luperón,

toda vez que la misma, como titular del

derecho sobre dicho inmueble, no dispuso

de los mecanismos que le permitieren hacer

valer o demostrar dicho derecho, antes de

proceder, las instituciones de referencia, con

cualquier actuación que buscare restringir

o cuestionar la titularidad de este derecho.

10.28. Cabe resaltar que, para el Minis-

terio de Medio Ambiente y Recursos Na-

turales y el Ayuntamiento del municipio

Luperón, cuestionar la legitimidad del

derecho registrado de PRITURCA sobre la

Parcela núm. 229043319944, amparado

en el certificado de título de propiedad

matrícula núm. 3000089370, se hace

menester el agotamiento de las estructuras

jurídicas instituidas para tales fines, como

lo sería la litis sobre derechos registrados.

10.30. Dilucidar los aspectos relativos

al origen del nacimiento del derecho

de propiedad sobre la Parcela núm.

229043319944, para determinar si al

momento de la inscripción del derecho

de propiedad de PRITURCA sobre la

misma, correspondía o no aplicar la Ley

núm. 305, del veintitrés (23) de mayo de

mil novecientos sesenta y ocho (1968), así

como si el agrimensor erró al igual que el

Tribunal que aprobó por Sentencia núm.

2012-0808, del dieciocho (18) de diciem-

bre de dos mil doce (2012), los trabajos de

deslinde ejecutados por el agrimensor en la

Parcela núm. 229043319944, ubicada en

la sección Las Maras, del municipio Lupe-

rón, provincia Puerto Plata, no correspon-

de al juez de amparo, sino a la jurisdicción

ordinaria, puesto que ello implicaría un

análisis de mera legalidad, que dicho sea

de paso, tal y como ha sido analizado en el

acápite a) y b) de esta sentencia, requeriría

la debida actuación de pruebas y, por ende,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

836 | Art. 69

ÍNDICE

una desnaturalización del objetivo de la

acción constitucional de amparo.

10.33. Efectivamente, tal y como plantea

el recurrente, el artículo 19.h de la Ley

núm. 176-07, del Distrito Nacional y los

Municipios, le reconoce al ayuntamiento

competencia para velar por la “preserva-

ción del patrimonio histórico y cultural

del municipio”; asimismo, la Ley núm.

64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos

Naturales, en el artículo 18.4, asigna como

atribución del Ministerio de Medio Am-

biente y Recursos Naturales el “velar por la

preservación, protección y uso sostenible del

medio ambiente y los recursos naturales”.

10.34. En ese mismo orden, este tribunal

constitucional considera oportuno reiterar-

le a la sociedad dominicana, que conforme

al artículo 75 de la Constitución de la Re-

pública Dominicana, constituye un deber

fundamental, no sólo del servidor público,

sino de todas y todos los que habiten su

territorio: “11) Desarrollar y difundir la

cultura dominicana y proteger los recursos

naturales del país, garantizando la conser-

vación de un ambiente limpio y sano”; así

como, “12) Velar por el fortalecimiento y la

calidad de la democracia, el respeto del pa-

trimonio público y el ejercicio transparente

de la función pública” (Subrayado nuestro).

10.36. Si bien es cierto que nuestro orde-

namiento jurídico invita a todo y toda

servidor/a público y, además, a toda perso-

na que habite en territorio dominicano, a

tener un alto celo por el debido cuidado y

protección de sus bienes del dominio públi-

co, no menos cierto es que de conformidad

con el artículo 51.1 de la Constitución,

“ninguna persona puede ser privada de su

propiedad, sino por causa justificada de

utilidad pública o de interés social, previo

pago de su justo valor, determinado por

acuerdo entre las partes o sentencia de tri-

bunal competente, de conformidad con lo

establecido en la ley. En caso de declarato-

ria de Estado de Emergencia o de Defensa,

la indemnización podrá no ser previa”.

10.38. Es de suma importancia subrayar

que “los derechos fundamentales vinculan

a todos los poderes públicos, los cuales deben

garantizar su efectividad en los términos

establecidos por la presente Constitución y

por la ley” (artículo 68 de la Constitución

dominicana). A ello se le suma el artículo

69 de la Constitución….

10.39. Es importante, entonces, reiterar

que el debido proceso administrativo sirve

como límite contra la eventual arbitrarie-

dad de la administración pública en sus

actuaciones. Por tanto, la exigencia de que

la Administración ciña su actuación a un

procedimiento previamente creado, en to-

dos y cada uno de sus actos, constituye una

garantía de que la actividad administrati-

va es transparente, objetiva, participativa y,

sobre todo, que se realiza para garantizar el

pleno respeto a los derechos de las personas

que se relacionan con la administración en

cuestión.

10.40. En el caso que nos ocupa, queda

demostrado que el recurrido, Prieto Turís-

tico C. por A. (PRITURCA), cuenta con

un Certificado de Título sobre la Parcela

núm. 229043319944, cuya superficie es

de 55,204.04 metros cuadrados, identifi-

cado con la matrícula núm. 3000089370,

ubicada en la sección Las Maras, del mu-

nicipio Luperón, provincia Puerto Plata,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 837

ÍNDICE

lo que lo hace el legítimo propietario de

dicho inmueble.

10.41. Como resultado de lo anterior, ni el

Ayuntamiento del municipio Luperón, ni

el Ministerio de Medio Ambiente y Recur-

sos Naturales, ni ninguna otra autoridad

pública, puede despojar del derecho funda-

mental de propiedad de PRITURCA sobre

dicho inmueble y reducir la cantidad de

metros registrada en el certificado de título

del recurrido, a menos que sea emitida

una decisión jurisdiccional con carácter

de autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada, que así lo ordene, o sea agotado el

procedimiento de expropiación legalmente

establecido, la potestad sancionadora y

competencias atribuidas al Ayuntamiento

y al referido ministerio, no poseen dicho

alcance y una interpretación distinta

a ésta, provoca que la actuación de la

administración, sea ajena al mandato de

la Constitución, se aparte de la función

esencial de un Estado Social y Democrático

de Derecho, y en consecuencia, conculque

de esa forma los derechos fundamentales

de los sujetos activos de dichos derechos, en

este caso, el derecho al debido proceso y a

la tutela judicial efectiva de PRITURCA,

como en efecto ocurrió.

62. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR:

RETENCIÓN DE MERCANCÍA ALEGANDO DUDA RAZONABLE,

PERO SIN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE

ESTABLECIDO

CRITERIO:

Constituye una vulneración al debido proceso administrativo

cuando una institución pública (en este caso, la Dirección General

de Aduanas) retiene indefinidamente una mercancía alegando duda

razonable, pero sin agotar el procedimiento legalmente establecido.

SENTENCIA TC/0266/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que la Dirección

General de Aduanas (DGA) retuvo una mercancía importada por

una empresa que hizo el pago de los impuestos correspondientes. La

DGA alegó que existía una duda razonable con relación al valor de

dicha mercancía. Ante esta decisión, la empresa afectada acudió ante

la jurisdicción constitucional en materia de amparo invocando la

vulneración al debido proceso y su derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.6. El Tribunal Constitucional entiende

que procede la devolución de la mercancía

a favor de la sociedad comercial Taeho

Internacional, S.R.L., tal y como fue de-

cidido por el tribunal a-quo, en razón

de que la parte accionante satisfizo su

obligación tributaria mediante el pago de

la suma de RD$192,243.42, conforme al

recibo de ingreso Núm. 20140306-2043,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

838 | Art. 69

ÍNDICE

emitido por la Dirección General de Adua-

nas, el seis (6) de marzo de dos mil catorce

(2014); además, como expresa la indicada

Sentencia núm. 00166/2014: No se

justifica la medida de retención adoptada

por el fisco, toda vez que la misma no se

encuentra soportada por elementos proba-

torios que permitan constatar al tribunal

que al momento en que se determinó el

monto a ser cobrado a título de impuestos

hubo una irregularidad o ambigüedad en

la declaración de la accionante […].

10.7. En ese sentido, lo que sí se ha podido

evidenciar es la inadecuada aplicación del

procedimiento establecido en la Ley núm.

3489, sobre el Régimen Legal de Aduanas,

y del Decreto del Poder Ejecutivo núm. 36-

11 del veinte (20) de enero de dos mil once

(2011), en razón de que en el expediente no

consta la notificación que alega la Dirección

General de Aduanas haber hecho a la socie-

dad comercial Taeho Internacional, S.R.L.,

tras haber considerado la existencia de una

duda razonable con respecto al valor de la

mercancía importada; sin embargo, al com-

pletarse el proceso de reconocimiento o acto

único de aforo establecido en el artículo 69

de la citada Ley núm. 3489, se procedió a

efectuar el pago antes indicado luego de que

la Dirección General de Aduanas emitiera

el reporte de liquidación de impuestos.

10.8. Por otro lado, no obstante la Socie-

dad Comercial Taeho Internacional, S.R.L.

proporcionar documentos que arrojan in-

formación respecto al valor de las mercan-

cías importadas, se percibe en la Dirección

General de Aduanas una actitud renuente

para llevar a efecto el procedimiento previs-

to para estos casos, que consiste en realizar

la verificación del valor real que alega esta

última, ya que una de las vías disponibles

es la garantía del artículo 30 del referido

Decreto núm. 36-11, que dispone: En

los casos en que resulte necesario demorar

la determinación definitiva del valor, el

importador podrá retirar sus mercancías

mediante el pago total de los impuestos en

base al valor declarado o depositando, a sa-

tisfacción de la Administración Aduanera,

una garantía suficiente en forma de fianza,

depósito u otro medio que cubra la diferen-

cia de los derechos e impuestos de aduana

a que puedan estar sujetas las mercancías.

10.9. Consideramos que, si bien es cierto

que la Dirección General de Aduanas está

facultada para inspeccionar o fiscalizar las

mercancías y todo lo relacionado con el valor

de estas, no menos cierto es que debe hacerlo

observando los procedimientos previamente

establecidos en la legislación nacional, evi-

tando actuaciones que pudieren desbordar sus

propios límites potestativos, en consecuencia,

arriesgándose a incurrir en la vulneración del

fundamental derecho de propiedad.

10.10. En este caso en particular, se puede

advertir que en aplicación del indicado

Decreto núm. 36-11, la Dirección General

de Aduanas pudo haber establecido una

garantía suficiente en forma de fianza o

depósito para resolver la situación; es decir,

existía un procedimiento establecido para

un caso de la naturaleza del que nos ocupa;

por tanto, debió acogerse a la directriz

procedimental y no lo hizo, prefiriendo

violentarla, y tal comportamiento ha arro-

jado como consecuencia la conculcación del

derecho de propiedad y el derecho al debido

proceso que le asiste a la ahora recurrente

en revisión de amparo, sociedad comercial

Taeho Internacional, S.R.L.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 839

ÍNDICE

63. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR:

SUSPENSIÓN DE ESTUDIANTES SIN PREVIA OBSERVANCIA DE

PROCEDIMIENTO INTERNO

CRITERIO:

Se vulnera el debido proceso cuando una institución

privada de educación superior suspende a estudiantes (en este caso,

por realizar una protesta) sin agotar un procedimiento interno que

permita escuchar previamente a los estudiantes y permitirles establecer

sus argumentos de defensa.

SENTENCIA TC/0092/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que unos

estudiantes realizaron una protesta dentro de la Universidad Católica

de Santo Domingo (UCSD) por incrementos de los costos, lo cual

trajo como consecuencia la suspensión de dichos estudiantes.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] valoramos que el juez a-quo obró ade-

cuadamente al comprobar la transgresión a

las reglas del debido proceso, aun por una

actuación propia de una entidad privada,

por emanar de una institución académica,

tal y como sostiene la Corte Constitucional

de Colombia en la sentencia de tutela

núm. 423/13, en torno a la vulneración

ostensible por los entes universitarios al de-

recho constitucional del debido proceso del

estudiante, al establecer que […] debe en-

fatizarse que toda imposición de sanciones,

inclusive en los centros docentes, debe estar

precedida de la realización de un procedi-

miento donde se permita al implicado el

ejercicio de los derechos de defensa y contra-

dicción. Asimismo en esta misma decisión

se afirma que, en torno a la autonomía

universitaria, las prerrogativas concedidas

a las instituciones universitarias no pueden

interpretarse en el sentido de abandonar su

regulación al entero poder discrecional de

las universidades, pues estas facultades han

de ser ejercidas dentro del marco que fija

la Constitución Nacional, y en tal sentido,

el orden público, el interés general, el bien

común y, desde luego, el respeto por los

derechos constitucionales fundamentales.

i. Este postulado es de igual forma asumi-

do en nuestra Carta Sustantiva, pues es

el propio texto en su artículo 69.10 que

de forma expresa establece: “las reglas del

debido proceso se aplicarán a toda clase de

actuaciones judiciales y administrativas”.

j. De conformidad con lo consignado, en

los Estatutos Generales de la Universidad

Católica de Santo Domingo (UCSD),

aprobados desde el año mil novecientos

noventa y cinco (1995), en el apartado

relativo a las sanciones a los alumnos y

el procedimiento general instaurado a

dichos fines consagrado en su artículo 51,

se establece que en todos los casos, para

poder aplicar una sanción deberá oírse al

afectado y se elaborará un expediente en el

que consten los hechos que se atribuyen a la

persona de que se trate, la declaración de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

840 | Art. 69

ÍNDICE

esta y los demás elementos de convicción en

que se funde la resolución que se dicte. De

ahí que al verificarse la inobservancia en

la especie de las formalidades establecidas

en dicho estamento, se consolida la concul-

cación a la garantía de un debido proceso

a los estudiantes que han sido amonestados.

64. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR:

SUSPENSIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO FAVORABLE SIN

SEGUIR PROCEDIMIENTO PREVIO

CRITERIO:

Constituye una vulneración al debido proceso la

actuación de un órgano de la Administración pública (en este caso, el

Ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís) de imponer

medidas sancionatorias (suspensión de un acto emitido por la propia

Administración) sin la puesta en conocimiento de la parte afectada

de las normas infringidas y sin que esta pueda defenderse. Violación

al debido proceso administrativo previsto en el artículo 69.10 de la

Constitución.

SENTENCIA TC/0226/14

—Reiteración y ampliación del

precedente TC/0011/14. Ver en este sentido el criterio relativo al derecho

de propiedad (art. 51 CRD)—

CRITERIO 2:

Se vulnera el debido proceso cuando la Administración

emite un acto creador de derechos para el particular y posteriormente

lo revoca sin el consentimiento del particular y sin seguir el proceso

previsto por ley. Principio de irrevocabilidad del acto administrativo

creador de derecho en favor del administrado. Principio de

presunción de legalidad de los actos administrativos. —Reiteración y

ampliación del precedente TC/0094/14. Precedente reiterado mediante

sentencia TC/0406/19—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un señor

había solicitado al Ayuntamiento del Municipio de San Francisco

de Macorís la autorización correspondiente para construir una

edificación. El Concejo de Regidores procedió a autorizar dicha

construcción, pero posteriormente ordenó, primero, su paraliza-

ción, y después, la revocación de la autorización dada. Ante esta

situación, el señor afectado acudió a la jurisdicción constitucional

en materia de amparo invocando vulneración al debido proceso

administrativo.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 841

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

Fundamentos para el criterio 1:

a. El Concejo Municipal o Concejo de

Regidores es el órgano colegiado del Ayun-

tamiento con funciones normativas, regla-

mentarias y de fiscalización, con lo cual sus

decisiones y resoluciones son propias y se

consideran como actos administrativos.

f. En el caso en concreto, el Concejo Regido-

res del Ayuntamiento de San Francisco de

Macorís, según consta en el Acta núm. 25-

2010 de la sesión ordinaria del seis (6) de

octubre de dos mil diez (2010), autorizó

los planos para la construcción de un pro-

yecto de edifico comercial de dos niveles en

el inmueble propiedad de Leónidas Castro.

g. En este sentido, la autorización para

construir es un acto administrativo que

crea una situación jurídica específica y que

afecta de manera positiva un derecho parti-

cular, en este caso, el derecho de propiedad.

j. En la especie, posterior a la aprobación

de los planos y autorizada la construcción

por parte de la administración competente,

esta misma ordenó: (i) la suspensión de la

autorización, junto con una serie de medi-

das para evitar el uso de la propiedad; y (ii)

la revocación de la autorización de uso de

suelo y edificación.

a. Con respecto al primer acto administra-

tivo, en virtud del Acta núm. 28-2010 de

la sesión ordinaria del tres (3) de noviem-

bre de dos mil diez (2010) del Concejo

de Regidores, se ordenó la suspensión de

la autorización previamente otorgada y

adicionalmente: (i) paralizar y sellar la

obra; (ii) sancionar a Leo Castro por haber

violentado los parámetros relacionados a

las leyes de construcción; (iii) comunicar

la medida al Tribunal de Tierras para que

prohíba cualquier tipo de negociación con

esa edificación; y (iv) aplicar a todos los que

tengan construcciones en ese lugar y que se

encuentren en igual condición las medidas

tomadas en la presente comunicación.

b. De lo anterior se desprende que las medi-

das tomadas, más que medidas preventivas,

constituyen medidas sancionatorias, o bien

sanciones administrativas, ya que se dispuso,

entre otras cosas, “la sanción por violación

a los linderos”, la inscripción de oposiciones

en el registro de títulos para impedir nego-

ciaciones futuras con este inmueble, entre

otras previamente listadas. Dichas medidas,

individualmente, afectan el disfrute, goce y

uso del derecho de propiedad que pertenece

a Leónidas Castro, y de manera extensiva

a “todos los que tengan construcciones en

ese lugar y que se encuentren en igual con-

dición las medidas tomadas en la presente

comunicación”, que incluye a los también

accionantes Diego Alcalá María y Mauri-

cio Núñez.

c. De la evaluación del acta resultante de

la reunión del Concejo de Regidores donde

fueron tomadas las mismas, se evidencia

que estas fueron adoptadas con total desa-

pego a las normas de debido proceso consa-

grados en nuestra Constitución y reiteradas

previamente por este tribunal, lo cual

procederemos a analizar a continuación.

f. En el presente caso, tal y como consta en el

Acta núm. 28-2010 del Concejo de Regido-

res, se evaluaron los informes técnicos pre-

sentados por la Dirección de Planeamiento

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

842 | Art. 69

ÍNDICE

Urbano, se escuchó la opinión de cuatro (4)

regidores de los que participaron en la reu-

nión sobre las medidas a tomar en este caso

considerando el contenido de los informes

y, en base a esto, se tomaron las medidas

previamente descritas. De acuerdo con la

documentación presente en el expediente,

no consta participación alguna de las per-

sonas que resultaron afectadas en ningún

momento del proceso.

g. Tal y como ha indicado este tribunal, la

importancia de la protección del debido

proceso reside en “la posibilidad de que se

garantice a la persona poder contestar cada

argumento esgrimido en su contra, su dere-

cho a la defensa y el derecho a ser asistida de

manera oportuna técnica y jurídicamente”

(Sentencia TC/0011/14), posibilidad que

no se garantizó ni se pretendió garantizar

en la imposición de las medidas por parte

del Concejo de Regidores. H. Tampoco

hubo identificación de las normas que

estaban siendo vulneradas, la infracción

específica que se tipificó que conllevara la

aplicación de las sanciones determinadas

por el Concejo de Regidores ni se tomó en

cuenta “que la obra se encontraba ampara-

da por el permiso conferido por la misma

administración municipal”.

m. Por otro lado, y aún más grave en este

caso, el hecho de que las medidas sancio-

natorias impuestas se hacen extensivas a

personas que no formaban parte del proceso,

al indicar de forma expresa el acto impug-

nado que serán aplicables “a todos los que

tengan construcciones en ese lugar y que se

encuentren en igual condición las medidas

tomadas en la presente comunicación”.

Esta medida hace extensiva la violación al

derecho de propiedad a personas ajenas al

proceso, así como viola el derecho a un de-

bido proceso y el derecho de defensa de estos

terceros no partes del proceso y el principio

de la personalidad de la pena, en este caso,

de la sanción.

N. Así pues, en razón de que el acto admi-

nistrativo que fue dictado para, entre otras

cosas, suspender la autorización de construc-

ción, fue realizado en violación al debido

proceso y al derecho de defensa de los hoy

recurridos, y de manera particular, resultó

en una franca violación a su derecho de pro-

piedad, coincidimos con el juez de amparo

en que dicho acto debe ser declarado nulo.

Fundamentos para el criterio 2:

c. Como se indicara previamente, los actos

dictados por la Administración Pública

son válidos y componen una presunción

de legalidad que es lo que permite a los

administrados realizar actuaciones e in-

versiones en base a los derechos reconocidos,

otorgados y protegidos por dichos actos.

Tal permanencia es lo que, en definitiva,

provee de confianza y seguridad jurídica

a los administrados sobre un acto que es

ejecutivo, tiene eficacia jurídica, fuerza

obligatoria y que, finalmente, debe cum-

plirse en la forma en que fue dictado.

d. Así pues, para que un acto administra-

tivo pueda dejar de tener los efectos que

por su naturaleza le acompañan, debe ser

expulsado del ordenamiento jurídico en las

formas y por las razones constitucionales y

legales permitidas, como ha dicho previa-

mente este tribunal, por ejemplo, siendo

“revocado por la administración en cues-

tión o declarado nulo por la jurisdicción

contenciosa-administrativa” (Sentencia

TC/0094/14).

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 843

ÍNDICE

e. Se entiende por revocación el retiro del

ordenamiento jurídico de un acto adminis-

trativo por la propia administración que lo

dictó mediante un acto con efecto contrario

al retirado.

f. Cuando se trata de actos administrativos

que afectan derechos o son de gravamen

para el administrado, los mismos pueden,

en principio, ser revocados directamente

por la Administración Pública que los

dicto, con la emisión de un nuevo acto de

revocación, siempre que dicha revocación

no vaya en detrimento del interés público o

contraríe el ordenamiento jurídico.

g. Sin embargo, cuando se trata de actos

administrativos que son favorables al ad-

ministrado, actos declarativos o actos que

reconocen u otorgan derechos, el principio

es la irrevocabilidad de los mismos. Esto

en razón de que, como hemos señalado, los

actos que crean derechos colocan al admi-

nistrado en una situación de seguridad

jurídica que le permite realizar actos en

base al acto otorgado por la administración.

h. Por tanto, para poder revocar un

acto que reconoce u otorga derechos, la

Administración no puede perjudicar al

administrado a favor de quien se emitió

el acto, ni a terceros que pudieran resultar

afectados. i. Sin embargo, cuando el derecho

“conferido al administrado es revocado, sin

que la administración obtenga el consenti-

miento expreso y escrito del afectado, se trata

de una potestad expropiatoria, por cuanto

el administrado tenía el derecho con justo

título, pues era un derecho adquirido”.

52 Conforme al artículo 61 de esta ley, su vigencia fue prorrogada 18 meses luego de su promulgación. La

misma fue promulgada el 6 de agosto del año 2013 y actualmente se encuentra vigente.

j. En el caso particular de la aprobación de

los planos para realizar una construcción

“constituye el acto administrativo creador

de una situación jurídica particular y de

un derecho subjetivo” y su revocación, en

consecuencia, resulta en una afectación del

derecho reconocido, que en este caso es el

derecho de propiedad.

k. Así pues, no es posible para la Administra-

ción Pública revocar por sí misma un acto

administrativo cuando se trata de un acto

favorable para el administrado, sin seguir

los procedimientos constitucionales y legales

propios. En nuestro ordenamiento jurídico,

aun cuando actualmente no está vigente

la normativa que contiene el proceso de

declaración de lesividad de actos favorables

–contenido en el artículo 45 de la Ley núm.

107-13 sobre los derechos de las personas en

sus relaciones con la administración públi-

ca y de procedimiento administrativo52–, el

cual permite la impugnación por parte de

la administración por ante la jurisdicción

contencioso administrativa de aquellos

actos favorables que resulten lesivos para el

interés general, sí existen procedimientos le-

gales que pudieron y debieron ser agotados

por la administración pública en este caso

en concreto.

L. En este sentido, la Ley núm. 1494,

que instituye la jurisdicción contencio-

so-administrativa, establece el recurso

contencioso-administrativo contra aquellos

actos administrativos violatorios de la ley,

los reglamentos y decretos, el cual, si bien

en su generalidad es interpuesto por los ad-

ministrados contra los actos administrativos,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

844 | Art. 69

ÍNDICE

nada impide que quien interponga el recur-

so sea la propia administración que dictó

el acto. Con la interposición del recurso, la

jurisdicción contencioso-administrativa

podrá determinar la legalidad o no del acto

administrativo inicialmente dictado, en este

caso la autorización para edificar, y podrá

declarar la nulidad del acto en caso de que

lo considere ilegal, decidiendo a su vez –y a

solicitud de parte– la posible compensación

por los daños que dicho acto de la adminis-

tración pudo haber causado al administrado.

N. En el caso concreto, el Concejo de

Regidores, en su calidad de ente de la

Administración Pública, dictó un acto que

amplió el derecho de propiedad permitien-

do y autorizando la construcción de una

edificación, con lo cual, se trata de un acto

que reconoce derechos subjetivos y modifica

la situación jurídica de los accionantes. Su

revocación directa por parte de la Admi-

nistración, sin en el consentimiento del

beneficiario del acto, no es posible sin que

se configure una violación tanto al derecho

al debido proceso, derecho de defensa, y

particularmente una afectación ilegítima

a un derecho de propiedad reconocido, lo

que se traduce en una violación al derecho

de propiedad, como ha sucedido en este caso.

65. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR:

SUSPENSIÓN PROVISIONAL IRREGULAR DE LICENCIA DE

IMPORTACIÓN SIN TENER HABILITACIÓN PARA IMPONER ESA

SANCIÓN

CRITERIO:

Constituye una violación al debido proceso administrativo

la actuación de una institución pública (en este caso, la Dirección

General de Aduanas) de suspender provisionalmente la licencia

aduanera de una persona sin tener habilitación legal para imponer esa

sanción. La facultad para expedir y cancelar temporal o definitivamente

las licencias de agente de aduana le corresponde al Ministerio de

Hacienda.

SENTENCIA TC/0064/21

Resumen del caso: El conflicto se origina en ocasión de que la Dirección

General de Aduanas le impusiera una sanción a una agente aduanera,

consistente en la suspensión provisional de su licencia y el impedimento

de acceder al sistema usado para el desempeño de su labor. Ante esa

decisión, la agente aduanera afectada acudió a la jurisdicción constitu-

cional en materia de amparo invocando vulneración al debido proceso.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

s. En relación con los alegatos presentados

por la accionante, cabe indicar que del

estudio de las piezas que conforman el ex-

pediente, es constatable la situación de que

la suspensión provisional de la licencia de

agente aduanera de la señora Sandra Ma-

ría Vargas, fue dispuesta por la Dirección

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 845

ÍNDICE

General de Aduanas mediante la Resolu-

ción núm. 03-2018, del dieciséis (16)

de julio de dos mil dieciocho (2018), en

ocasión de la apertura de un procedimiento

administrativo sancionador abierto en su

contra.

[…] se hace necesario determinar si la Di-

rección General de Aduana posee la potes-

tad de adoptar la referida medida; y si sus

actuaciones se ajustaron al procedimiento

prescrito en los artículos 163 al 165 de la

Ley núm. 3489, General de Aduanas.

u. Sobre el particular, debemos señalar que

en virtud de lo prescrito en los artículos

154, 163 y 164 de la Ley núm. 3489, Ge-

neral de Aduanas, la facultad para expedir,

cancelar, temporal o definitivamente, las

licencias de agente de aduana le correspon-

de al Ministerio de Hacienda, teniendo

la Dirección General de Aduanas solo la

facultad de elevar una solicitud motivada

para que se proceda a la cancelación de esa

licencia cuando verifique el incumplimien-

to de esa ley, o por la declaratoria de insol-

vencia, quiebra, bancarrota, u otra causa

grave que recaiga en contra del beneficiario.

w. En línea con lo anterior, cabe precisar

que en el artículo 165 de la Ley núm.

3489, General de Aduanas, se instaura el

proceso administrativo que debe ser agota-

do por el Ministerio de Hacienda, luego de

haber recibido la solicitud de suspensión

o cancelación de licencia de agente adua-

nero por parte de la Dirección General de

Aduanas, el cual consiste en comunicar a

la persona afectada para que exponga por

escrito, en un plazo de cinco (5) días, sus

alegatos de defensa entorno a la solicitud

realizada por la Dirección, teniendo el

referido Ministerio un plazo de diez días

para adoptar una decisión al respecto.

y. En ese orden, este órgano de justicia

constitucional especializada considera que

las actuaciones realizadas por la Dirección

General de Aduanas, al momento de

proceder a la suspensión provisional de la

licencia de agente aduanero de la señora

Sandra María Vargas, mediante la Resolu-

ción núm. 03- 2018, no se apegó al debido

proceso que pautan las disposiciones de los

artículos 163, 164 y 165 de la Ley núm.

3489, General de Aduanas.

z. Tal situación queda evidenciada en razón

de que en el expediente no existe ninguna

pieza que demuestre que la Dirección Gene-

ral de Aduanas haya agotado las actuaciones

administrativas que son de su competencia;

sino que a través de la Resolución núm. 03-

2018, queda comprobado que el referido

órgano administrativo se ha abrogado atri-

buciones que la Ley núm. 3489, General

de Aduanas le ha conferido expresamente al

Ministerio de Hacienda, lo cual evidencia

la existencia de una violación al debido pro-

ceso administrativo dispuesto en el artículo

69 de la Constitución.

cc. Así las cosas, al haber inobservado la

Dirección General de Aduanas los linea-

mientos establecidos los artículos 163, 164

y 165 de la Ley núm. 3489, General de

Aduanas, este tribunal entiende que en el

presente caso existe una vulneración a las

garantías fundamentales al debido proceso

y tutela judicial efectiva, al momento de

procederse a la suspensión temporal de la

licencia de agente aduanero de la señora

Sandra María Vargas, sin contar con la ha-

bilitación legal para ello, y en ausencia de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

846 | Art. 69

ÍNDICE

actuación alguna por parte del Ministerio

de Hacienda.

dd. Por otra parte, no debemos soslayar

en indicar que la actuación adoptada por

la Dirección General de Aduanas, trae

consigo, por demás, una conculcación al

derecho de trabajo de la señora Sandra

María Vargas, por cuanto la suspensión de

su licencia de agente aduanero tiene como

efecto inmediato el imposibilitar ejercer su

medio de subsistencia.

66. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y

LEGALIDAD DE LA PENA: IMPOSICIÓN DE SANCIONES NO

PREVISTAS EN LA LEY

CRITERIO:

Constituye una violación al debido proceso administrativo

y al principio de legalidad la imposición de sanciones que no están

previstas en la ley. Si bien la Administración tributaria tiene potestad

sancionatoria, las sanciones a imponer deben estar tipificadas por ley.

Vulneración del artículo 69.7 de la Constitución.

SENTENCIA TC/0667/16

Resumen del caso: El caso se origina cuando la Dirección General de

Aduanas, mediante sus fiscalizadores, le comunicó a una empresa un

oficio en el que ordenó el pago de una reliquidación de montos y el

pago de una cantidad de dinero por concepto de la sanción impuesta.

Esta decisión fue objeto de un recurso de reconsideración por parte

de la empresa, pero el mismo fue rechazado. Ante esta decisión, la

empresa afectada acudió a la jurisdicción constitucional en materia

de amparo invocando vulneración al debido proceso administrativo

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] la argumentación central es consis-

tente en señalar que la ahora recurrente

se excedió al imponer una sanción que no

está establecida en la ley que se alega, es

decir, la Ley núm. 14-93, del cuatro (4)

de agosto de mil novecientos noventa y

tres (1993), violando en consecuencia la

Constitución, específicamente el numeral 7,

del artículo 69.

f) Ciertamente, en el Oficio núm.

GF/0654, del uno (1) de agosto de dos

mil trece (2013), mediante el cual la

Dirección General de Aduanas (DGA) le

comunica a la recurrida Italian Beauty

S.R.L., el resultado de la reliquidación

que se le practicara por las importaciones

hechas durante el período comprendido

entre el treinta (30) de julio de dos mil

diez (2010) y el treinta (30) de julio de dos

mil doce (2012), así como la imposición

de dos sanciones: una en virtud del “Art.

9, Ley 146/00 agregado por ley 12/01” y

la otra por la Ley núm. 14-93 (sanción

20%), en el caso de esta última, después

de escudriñar entre las disposiciones de

dicha ley, considerando las modificaciones

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 847

ÍNDICE

que le introdujo la Ley núm. 146-00, del

once (11) de diciembre de dos mil (2000),

no encontramos ninguna sanción, multa

o penalidad que se pueda aplicar, por lo

que somos del criterio que la recurrente no

podía imponer el pago de una multa sobre

la base de una sanción administrativa no

contemplada en dicha ley núm. 14-93.

i) Si bien la Administración Tributaria

tiene potestad sancionadora, tal como lo ex-

presa el artículo 46 del Código Tributario,

en este caso en concreto, la Dirección Gene-

ral de Aduanas (DGA) no podía imponer

una sanción, porque el hecho a sancionar

y la sanción misma deben estar tipificadas

en la ley, circunstancia que no ocurre en

la especie, pues la Ley núm. 14-93 no le

otorga a la Dirección General de Aduanas

facultad para imponer multas. En el caso

presente, al no estar contemplada en la ley

la sanción que la recurrente, Dirección

General de Aduanas (DGA), le impuso a

la recurrida, dicha institución incurrió en

una inobservancia del principio de reserva

de ley, pues la potestad sancionadora de la

Administración y las sanciones imponibles

solo pueden ser instituidas por el Congreso

Nacional. Por tanto, la Dirección Gene-

ral de Aduanas al aplicar una multa no

establecida en las leyes, incurrió en una

violación al derecho al debido proceso

administrativo de la recurrida, como se

garantiza en nuestra Carta Magna, espe-

cíficamente en el artículo 69, numerales 7

y 10; razón por la cual procede rechazar

el presente recurso y confirmar la sentencia

recurrida, por haberse hecho una correcta

aplicación del texto constitucional.

67. DEBIDO PROCESO SANCIONADOR EN EL ÁMBITO PRIVADO:

SUSPENSIÓN DE MIEMBRO SIN SER OÍDO

CRITERIO:

Constituye una vulneración al debido proceso

sancionatorio la suspensión de un miembro de una entidad privada

sin que haya tenido la oportunidad de ser oído o de plantear sus

medios de defensa. Aplicación del debido proceso en las entidades

privadas.

SENTENCIA TC/0331/14

—Precedente reiterado sin mencionar en

las sentencias TC/0188/15, TC/0052/18, TC/0519/18, TC/0725/18,

TC/0479/19 y TC/0156/20, precedente reiterado en las sentencias

TC/0643/16 y TC/0330/21—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que la comisión

de disciplina de la Federación Dominicana del Tiro al Plato, Inc.

(FEDOTIPLA), decidió la suspensión de uno de sus miembros.

Inconforme con esta decisión, el miembro suspendido acudió a la

jurisdicción constitucional en materia de amparo invocando vulne-

ración al debido proceso.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

848 | Art. 69

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

b. También plantea el Comité Ejecutivo de

la Federación Dominicana de Tiro al Plato,

Inc. No ha sancionado al recurrido, sino

que lo ha suspendido temporalmente hasta

tanto se reúna una Comisión Disciplinaria

a los fines de conocer de una acción en su

contra.

[…] la Constitución de la República esta-

blece en su artículo 69.10 que las normas

del debido proceso resultan aplicables

a toda clase de actuaciones judiciales y

administrativas, por lo que al tratarse de

una medida de carácter administrativo la

suspensión adoptada por las autoridades de

la Federación Dominicana de Tiro al Plato,

Inc., la misma debió observar las reglas re-

lativas al debido proceso, a los fines de que

el recurrido, señor Jesús Dolores Dickson

Castillo tuviera la oportunidad de ejercer

su derecho de defensa. Pretender que dichas

reglas no aplican a las entidades privadas

y que sus decisiones sancionatorias solo

incumben a la justicia ordinaria, resulta

en un juicio errado por las razones antes

expuestas.

g. El debido proceso es un principio jurídi-

co procesal que reconoce que toda persona

tiene derecho a ciertas garantías mínimas,

mediante las cuales se procura asegurar

un resultado justo y equitativo dentro de

un proceso que se lleve a cabo en su contra,

permitiéndole tener la oportunidad de ser

oído y a hacer valer sus pretensiones legíti-

mas frente al juzgador, es por ello que la

Constitución lo consagra como un derecho

fundamental y lo hace exigible mediante

la acción de amparo, la cual puede ser

ejercida por todas las personas físicas o

moral contra todo acto u omisión de una

autoridad pública o de cualquier particu-

lar, que en forma actual o inminente y con

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesio-

ne, restrinja, altere o amenace los derechos

fundamentales consagrados en la Constitu-

ción. H. En relación a los argumentos del

recurrente, este tribunal considera que la

decisión de suspender en sus funciones al

señor Jesús Dolores Dickson Castillo, sin

ofrecerle la oportunidad de exponer sus me-

dios de defensa, constituyó una violación

a la garantía del proceso consignado en

el artículo 69.1 de la Constitución de la

República.

68. INCONSTITUCIONALIDAD: DESCONOCIMIENTO DE PRESUNCIÓN

DE INOCENCIA EN SANCIÓN LEGAL IMPUESTA POR EL HECHO

DE TENER UN PROCESO PENAL EN CURSO

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución la previsión legal que

establece la facultad de suspender provisionalmente a un abogado que

haya sido objeto de un proceso penal en el que se le imponga como

medida de coerción la prisión preventiva o domiciliaria. Violación

del debido proceso en cuanto a la presunción de inocencia (art. 69.3

CRD).

SENTENCIA TC/0403/21

—Ver en este sentido lo relativo al derecho al

trabajo (art. 62 CRD)—

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 849

ÍNDICE

CRITERIO 2:

La imposición de medidas de coerción no implica una falta

consumada que haya sido juzgada por un tribunal penal competente

con todas las garantías previstas para ello.

Nota: Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara inconstitucio-

nal el artículo 57 de la Ley núm. 3-1953, que crea el Colegio de Abogados de la

República Dominicana.

Resumen del caso: Dos abogados se presentaron ante el Tribunal

Constitucional para interponer una acción directa de inconstitucio-

nalidad en contra del artículo  de la Ley núm. - , que crea

el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Esta norma

establece en esencia la facultad del Tribunal Disciplinario de suspen-

der temporalmente en el ejercicio de la profesión a un miembro del

Colegio, sometido por la Junta Directiva Nacional, previa audiencia,

por hallarse sometido a un proceso judicial por la comisión de infrac-

ciones penales, siempre que se hayan dictado medidas de coerción en

su contra. Los accionantes argumentan que dicha norma vulnera

la presunción de inocencia prevista en el artículo . y, por tanto,

debe ser declarada inconstitucional.

53 Artículo 57.- Facultad. El Tribunal Disciplinario por cada distrito judicial podrá suspender temporalmente

en el ejercicio de la profesión a un miembro del Colegio, sometido por la Junta Directiva Nacional, previa

audiencia, por hallarse sometido a un proceso judicial por la comisión de infracciones penales, siempre

que se hayan dictado medidas de coerción en su contra. No obstante, el miembro sometido a un proceso

disciplinario tendrá el derecho a ser escuchado y podrá disponer de todos los medios probatorios que le

permitan hacer una defensa ecaz de su causa, en atención a la garantía del debido proceso.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] las medidas de coerción restrictivas de

la libertad personal, en ningún caso cons-

tituyen una sentencia condenatoria ya que

estas últimas tienen que ser el resultado de

un juicio donde se haya establecido con cer-

teza la responsabilidad penal del imputado.

10.16. Es oportuno señalar que estamos

frente a una sanción disciplinaria que,

aunque el proceso penal no esté vinculado

con el ejercicio de la abogacía, tiene como

consecuencia la suspensión temporal del

mismo por el hecho de haberse dictado en

contra de un abogado miembro una de las

medidas de coerción previstas en el ordena-

miento penal vigente.

10.21. El hecho de que por haberse dictado

en contra de un abogado una medida

de coerción este se vea imposibilitado de

ejercer su profesión no solo es una sanción

anticipada, sino que también vulnera las

garantías del debido proceso en cuanto a

la presunción de inocencia según lo expresa

nuestra Constitución en el citado artículo

69.3.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

850 | Art. 69

ÍNDICE

10.22. Es necesario indicar que no estamos

en presencia de una falta consumada que

haya sido juzgada por un tribunal penal

competente con todas las garantías previstas

para ello. En caso de ocurrir lo anterior, la

propia Ley núm. 3-19 prevé las causas de

suspensión de la membresía en su artículo

104 cuando un abogado resultare condena-

do por sentencia firme y a pena privativa

de libertad.

10.23. Como hemos señalado, los abogados

pertenecen a una corporación pública y

ejercen de manera independiente por cual

no se dan las motivaciones para suspender

un servidor público que, en tal condición

y como vimos en el caso de las autoridades

municipales, maneje bienes y fondos del

erario. En este caso resulta de alto riesgo

mantenerlo en funciones mientras dura la

investigación, por lo que el régimen legal

prevé que este puede ser sustituido para

garantizar el funcionamiento del órgano

de la Administración Pública a la cual esté

vinculado.

10.24. A partir de lo anterior, este colegiado

entiende que se vulnera el artículo 69.3 de

la Constitución en cuanto al principio de

presunción de inocencia y por tanto no pro-

cede suspender a un profesional del derecho

hasta tanto, intervenga una decisión que

resulte de un juicio donde se haya estableci-

do la responsabilidad penal del imputado

mediante sentencia con la autoridad de la

cosa irrevocablemente juzgada.

69. INCONSTITUCIONALIDAD: FALTA DE IMPARCIALIDAD EN EL

PROCESO DISCIPLINARIO SANCIONADOR

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución la potestad dada a un

órgano sancionador (en este caso, el Consejo del Poder Judicial) para que

tenga contacto y tome decisiones en fase previa al proceso sancionador

y luego funja como órgano sancionador. Vulneración al derecho de

tener un juez imparcial (art. 69.2 de la Constitución) aplicable a un

procedimiento disciplinario sancionador.

SENTENCIA TC/0093/16

Nota: Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional procedió a reducir

el contenido del artículo 170 numeral 4 en su parte in fine de la Resolución

núm. 942-2004, que modifica el Reglamento de Carrera Judicial, dictada por la

Suprema Corte de Justicia el 9 de junio de 2004.

170.4) El órgano sancionador podrá acordar el archivo de la denuncia, ampliar

las actuaciones de la Inspectoría Judicial o la apertura del expediente disciplinario.

(La parte resaltada en negritas corresponde al texto eliminado por la sentencia.)

Resumen del caso: Un juez que ha sido objeto de un proceso disci-

plinario en su contra ha presentado una acción directa de incons-

titucionalidad en contra de dos artículos del reglamento utilizado

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 851

ÍNDICE

en el procedimiento del cual es objeto. Los artículos establecen en

esencia las facultades del órgano sancionador en las diferentes etapas

del procedimiento. El accionante plantea que el Consejo del Poder

Judicial tiene funciones en dos etapas del proceso diferentes que lo

hacen reñir con el principio del juez imparcial.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] independientemente de la menor ri-

gurosidad que pueda exhibir el derecho dis-

ciplinario, en comparación con el derecho

penal, es innegable que en la organización

de su procedimiento sancionatorio y en las

formas concretas con que en el mismo se

hace efectivo el debido proceso, no puede

eludirse ninguna de las garantías mínimas

que respecto del mismo se encuentran ex-

presamente señaladas en el artículo 69 de

la Constitución de la República, entre las

cuales se encuentra el derecho del procesado

a un juez imparcial.

8.6. El examen del presente recurso, en lo

que tiene que ver con la alegada ausencia

de imparcialidad que se le imputa al órga-

no sancionador que prevé el procedimiento

disciplinario contenido en el Reglamento

de Carrera Judicial, debe dirigirse, en

consecuencia, a determinar si por la con-

centración de competencia que se otorga

al Consejo del Poder Judicial para que dé

apertura al expediente disciplinario y dicte

la resolución motivada que entienda proce-

dente, se viola el derecho constitucional de

los jueces a ser juzgados por una jurisdic-

ción imparcial en los procesos disciplinarios

que se sigan en su contra.

8.7. El procedimiento disciplinario previs-

to en el Reglamento de Carrera Judicial, se

inicia por apoderamiento del Ministerio

Público o por denuncia; las diligencias

preliminares del caso son realizadas por

la Inspectoría Judicial, apoderada para

ello por el presidente de la Suprema Corte

de Justicia; la Inspectoría Judicial rinde

informe al órgano competente sancionador

(Consejo del Poder Judicial) que podrá

archivar la denuncia, ampliar las actua-

ciones de la Inspectoría Judicial o proceder

a la apertura del expediente disciplinario.

En este último caso, se desarrolla el procedi-

miento en forma oral con la fijación de la

correspondiente audiencia en la que serán

oídos el juez sometido a expediente y otras

personas que puedan aportar testimonios

del caso.

8.9. En el presente recurso se debate el

concepto de imparcialidad objetiva, que

se manifiesta, según la jurisprudencia

constitucional comparada, “cuando el juez

de la causa no ha tenido contacto anterior

con el tema que va a decidir, es decir, que

es totalmente ajeno a la instrucción o cual-

quier decisión importante en el desarrollo

de la instrucción” Corte Constitucional de

Colombia, Sentencia C-762/09, del 29 de

octubre de 2009).

8.10. Es indudable que el órgano com-

petente sancionador, cuando ejercita las

funciones de ampliar las actuaciones de la

Inspectoría Judicial, que le acuerda el artí-

culo 170.4 del Reglamento de Carrera Ju-

dicial, se pone en contacto con los elementos

del proceso de investigación realizado por

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

852 | Art. 69

ÍNDICE

dicha inspectoría y se ve precisado a pon-

derar los hechos y la eficacia de las pruebas

para determinar la procedencia o no de la

apertura del expediente disciplinario.

8.11. De lo precedentemente señalado, se

infiere que el órgano competente sanciona-

dor previsto por el Reglamento de Carrera

Judicial, si bien cuando se limita única-

mente a acordar el archivo de la denuncia

o la apertura del expediente disciplinario

no compromete su imparcialidad, sí lo hace

cuando decide ampliar las actuaciones de

la Inspectoría Judicial. En tanto, en dicho

proceso de ampliación de las investigaciones

54 Cuarto: La Dirección General de Planeamiento Urbano (DGPU) realizará inspecciones a n de

determinar el cumplimiento de lo establecido en las certicaciones expedidas por la misma en base

a las leyes, reglamentos y resoluciones, vericando: -Construcciones iniciadas sin los permisos

correspondientes de la DGPU; -Cambio del uso de suelo aprobado por la DGPU. –Disminución de

los retiros mínimos los linderos establecidos; - Construcción de niveles adicionales a lo aprobado;

-Aumento de la densidad permitida; -Remodelaciones iniciadas sin los permisos correspondientes. En

caso de comprobarse cambio o variación a los espacios señalados se aplicarán las tasas municipales

siguientes: A)- Vivienda unifamiliar con Disminución de los retiros mínimos a linderos aprobados y

permitidos por las normas establecidas. Pagará una tasa de RD$50,000.00 por cada lindero afectado;

se verá precisado, como se ha dicho, a poner-

se en contacto con los elementos del proceso

de investigación y a ponderar los hechos y

la eficacia de las pruebas para determinar

la procedencia o no de la apertura del ex-

pediente disciplinario. Esto podría generar

en el espíritu de sus integrantes prejuicios

sobre la culpabilidad del imputado que

puedan influir al momento de la celebra-

ción del juicio oral, lo que, evidentemente,

se erige en una violación al debido proceso,

en tanto está ausente la imparcialidad del

juzgador en el procedimiento disciplinario

de que se trate.

70. INCONSTITUCIONALIDAD: IMPOSICIÓN DE PROCESO

SANCIONADOR SIN PREVER LA POSIBILIDAD DE DEFENDERSE

NI APORTAR PRUEBAS EN CONTRARIO

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución el establecimiento

por parte de un órgano de la administración local (en este caso, el

Ayuntamiento del Distrito Nacional) de sanciones bajo la denominación

de tasas municipales, puesto que no nacen de la contraprestación de

un servicio y además exceden el principio de capacidad económica.

Vulneración del debido procedimiento administrativo sancionador

en perjuicio de los munícipes al establecer sanciones sin prever la

posibilidad de defenderse ni aportar pruebas en contrario.

SENTENCIA

TC/0126/16

—Precedente reiterado mediante sentencia TC/0306/20—

Nota: Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara inconstitucio-

nal el ordinal cuarto de la Ordenanza núm. 4/2010 del 23 de diciembre de 2010,

dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional54.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 853

ÍNDICE

Resumen del caso: La Asociación de Hoteles y Turismo de la

República Dominicana (ASONAHORES) y la Asociación de

Hoteles de Santo Domingo (AHSD) interpusieron una acción

directa de inconstitucionalidad en contra de dos ordenanzas emitidas

por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Estas ordenanzas prevén el establecimiento de arbitrios municipales

y procedimientos de cobro de los mismos, así como sanciones por el

incumplimiento de dichas disposiciones. Los accionantes plantean

que dichos arbitrios constituyen una sanción y no una tasa y, en este

sentido, el Ayuntamiento del Distrito Nacional no tendría facultad

para establecer dicho cobro.

B)- Las edicaciones con disminución de los retiros mínimos aprobados y permitidos pagará una tasa

de RD$100,000.00 por linderos por cada nivel afectado; C)- La violación a la altura aprobada por la

DGPU, siendo permitido bajo las normas establecidas se aplicará el valor de RD$6,000 por mts2, si

los niveles construidos violan lo aprobado y no es permitido bajo la norma establecida se le cobrará

RD$8,000 por mts2, después que el Tribunal Municipal conozca el caso; D)- Toda edicación que se

inicie (incluyendo la excavación) sin los permisos correspondientes de la DGPU, se le aplicará una tasa

municipal de RD$300.00 por metros2 para viviendas unifamiliares y de RD$500.00 por mts2 para otras

edicaciones, adicionales a los acápites A, B, C; E)- Toda edicación que sea demolida sin los permisos

correspondientes de la DGPU, se le aplicará una tasa de RD$500.00 por metros cuadrados del solar;

F)- Toda verja que se construya sin los permisos correspondientes de la DGPU se le aplicará una tasa de

RD$400.00 por metros lineal de verjas construidas; G)- Todo cambio de uso de suelo que se realice sin la

aprobación de la Dirección General de Planeamiento Urbano (DGPU), se le aplicará una tasa municipal

de RD$250.00 por metros cuadrados, adicional a los acápites A, B, C; H)- Toda remodelación y anexo que

se realice sin los permisos correspondientes de la DGPU, se le aplicará una tasa municipal de RD$250.00

por metros cuadrados, del área remodelada adicional a los acápites A, B, C; I) To do cambio de densidad

que se realice sin la aprobación de la Dirección General de Planeamiento Urbano (DGPU), se le aplicará

una tasa municipal de RD$300,000.00 por cada habitación adicional que se realice y exceda la densidad.

Párrafo Primero: Estas tasas municipales son adicionales a cualquier otro monto requerido para nes de

legalizaciones. Párrafo Segundo: En caso de violación a los acápites A y B se requerirá constancia notarial

de los vecinos colindantes afectados expresando su no objeción a los retiros existentes.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.1. La parte accionante pretende la

declaratoria de inconstitucionalidad de

la Ordenanza núm. 4/2010, dictada por

el Concejo Municipal del Ayuntamiento

del Distrito Nacional (ADN) el veintitrés

(23) de diciembre de dos mil diez (2010),

debido a que en ella se desnaturaliza la

esencia de una tasa, ya que los supuestos

de incumplimiento y la prestación econó-

mica exigida para cada caso rompe con los

principios de proporcionalidad, razonabi-

lidad y legalidad; además de que no existe

una correspondencia entre el importe de la

tasa y el costo del servicio.

10.5. Según la glosa procesal, hemos podido

constatar que la Ordenanza núm. 4/2010

en su ordinal primero delimita los trámites

y procedimientos para adquirir los servicios

que brinda el Ayuntamiento del Distrito

Nacional (ADN) en lo que respecta al uso

y mantenimiento de su suelo; asimismo,

en sus ordinales tercero y cuarto crea –en

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

854 | Art. 69

ÍNDICE

apariencia– las tasas que deben pagarse por

tales servicios, los cuales son canalizados a

través de la Dirección General de Planea-

miento Urbano de dicho cabildo.

10.14. Al mismo tiempo, la Ordenanza

núm. 4/2010 establece en su ordinal cuarto

que la Dirección General de Planeamiento

Urbano (DGPU) del Ayuntamiento del

Distrito Nacional (ADN) realizará inspec-

ciones en el ánimo de determinar que se

esté cumpliendo con lo establecido en las

certificaciones que se expiden en ocasión

de los trámites y procedimientos antedichos,

fijando ante la eventual comprobación de

algún cambio o variación a las circuns-

tancias previstas en tales certificaciones,

bajo el nomen iuris de “tasas municipales”,

obligaciones de naturaleza pecuniaria.

10.15. Que tales obligaciones pecuniarias

en realidad constituyen penalidades o san-

ciones, más no tasas, pues, si nos remitimos

a las propiedades de estas últimas, vemos

que su fisonomía se caracteriza por com-

portar una contraprestación a un servicio

brindado por la Administración, en el

cual, en cierta medida, hay un alto grado

de voluntariedad del sujeto pasivo; sin em-

bargo, lo establecido a título de alícuotas

en el ordinal cuarto más bien se traduce

en penas derivadas del incumplimiento a

lo presupuestado en los ordinales segundo

y tercero de la supra indicada ordenanza

núm. 4/2010, ya que no están instituidas

como una contraprestación a un servicio,

sino como respuesta a la inercia de aquellos

que no se acojan a lo consignado en las

certificaciones expedidas en ocasión de los

trámites y procedimientos ventilados ante

la Dirección General de Planeamiento

Urbano (DGPU) del Ayuntamiento del

Distrito Nacional (ADN).

10.16. Cabe admitir, pues, que el esta-

blecimiento de una sanción bajo el velo

de un tributo, además de escapar de las

atribuciones delegadas por la Constitución

y la Ley núm. 176-07 a los ayuntamientos

en materia tributaria y financiera, violen-

ta el principio de capacidad económica ,

pues se desvirtúa el motivo por el cual ha

sido instituido el régimen tributario-mu-

nicipal; además, se ve amenazada la

tutela judicial efectiva y el debido proceso

administrativo sancionador contemplados

en el artículo 69 de la Constitución, toda

vez que a cualquier persona que tienda a

ser beneficiaria del uso y mantenimiento

del suelo del Distrito Nacional, sin conce-

dérsele la oportunidad de defenderse –me-

diante la presentación de sus argumentos

y pruebas– se le está sancionando, y no

cobrando una tasa.

71. INCONSTITUCIONALIDAD: LEGALIDAD DE LA PENA EN

SANCIONES IMPUESTAS MEDIANTE REGLAMENTO

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución la habilitación

mediante resolución de un procedimiento distinto y contrario a los

procedimientos previstos por la propia Constitución y las normas

que regulan lo relativo para que los organismos de investigación

del Estado puedan intervenir y acceder a los datos relacionados con

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 855

ÍNDICE

el tráfico y conexión que resguarden las prestadoras de servicios de

telecomunicaciones en sus sistemas informáticos. Vulneración al

debido proceso en sus numerales 7 y 9 previstos por la Constitución.

SENTENCIA TC/0200/13

—Ver en este sentido los criterios relativos al

principio de razonabilidad (art. 40.15 CRD) y derecho a la inviolabilidad de las

comunicaciones (art. 44.3 CRD)—

CRITERIO 2:

Se vulnera la legalidad de la pena prevista en el artículo

69.7 de la Constitución cuando se dispone la aplicación de medidas

sancionadoras de carácter penal a hechos y actuaciones diferentes a los

que se han previsto en una normativa legal.

Nota: Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara inconstitucio-

nal los artículos 1.9, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 20 de la Resolución

núm. 086-11, que aprueba el “Reglamento para la obtención y preservación de

datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios de telecomuni-

caciones”, por violentar el derecho a la intimidad, en su vertiente de derecho

al secreto y privacidad de la comunicación, el principio de reglamentación e

interpretación de los derechos fundamentales, el principio de razonabilidad, el

principio del debido proceso y el principio de legalidad penal, contenidos en los

artículos 40.15, 44.3, 69.7 y 74.2 de la Carta Sustantiva.

Resumen del caso: Una fundación que vela por los derechos de la

prensa y su libertad de expresión interpuso una acción directa de

inconstitucionalidad en contra de la Resolución núm. - emitida

por el INDOTEL. La referida resolución establece aspectos relativos

a los procedimientos de resguardo y acceso a la información, así

como también la intervención de las comunicaciones de los usuarios

por parte de organismos de investigación. Los accionantes indican

que esta normativa viola el derecho a la intimidad de las personas, así

como la inviolabilidad de las comunicaciones.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

Fundamento para el criterio 1:

9.7.2.1. Al disponerse en los artículos 1.9, 3,

4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de

la Resolución núm. 086-11, que aprueba el

“Reglamento para la obtención y preservación

de datos e informaciones por parte de los pro-

veedores de servicios de telecomunicaciones”,

un procedimiento de intervención directa a

favor de los órganos de investigación, sobre

las informaciones relacionadas al tráfico

y conexión de las comunicaciones de los

particulares que estén resguardadas por los

proveedores de los servicios de telecomuni-

caciones, en los procesos de investigación,

sin que estos requieran una orden judicial

emanada de un juez competente, se coli-

siona con el derecho a la intimidad, en su

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

856 | Art. 69

ÍNDICE

vertiente de derecho al secreto y privacidad

de la comunicación, dispuesto en el artículo

44.3 de la Constitución; se contraviene,

además, el principio del debido proceso, que

establece “la observancia de la plenitud de

las formalidades propias” dispuestas en el

artículo 69.7 del Texto Fundamental, al

establecer una vía procesal y un conjunto de

formalidades que no se corresponden con la

normativa que está contenida en el referido

artículo 44.3 de la Carta Sustantiva, ni con

lo dispuesto en las disposiciones legislativas

establecidas en el literal l) del artículo 54

de la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y

Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 192

del Código Procesal Penal.

Fundamento para el criterio 2:

9.7.3.2. Sobre este punto, cabe señalar que

el artículo 60 de la referida ley dispone las

responsabilidades y sanciones aplicables a

las personas morales, o sus representantes,

cuando ejecuten cualquiera de los hechos

que están tipificados como delitos en el

contexto de sus disposiciones, mas no

regula lo concerniente a la violación del

cumplimiento de las reglas para la obten-

ción y preservación de los datos contenidos

en un sistema informático o sus componen-

tes, datos de tráfico, conexión y acceso, los

cuales están previstos en los artículos 52

al 59 de la Ley núm. 53-07, sobre Crí-

menes y Delitos de Alta Tecnología, cuya

inobservancia debe ser castigada con las

penas establecidas para la revelación de

secretos, dispuestas en el Código Penal de la

República Dominicana.

9.7.3.3. En ese sentido, al disponer el ar-

tículo 20, de la Resolución núm. 086- 11,

la aplicación de una disposición sanciona-

dora diferente a la establecida en la Ley

núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de

Alta Tecnología, se violenta el principio de

legalidad contenido en el artículo 69.7 de

la Constitución, que establece que “los ac-

tos punitivos deben ser juzgados conforme

a la reglamentación legal preexistente”, por

cuanto se dispone la aplicación de medidas

sancionadoras de carácter penal a hechos

y actuaciones diferentes a las que se han

previsto en una normativa legal.

72. INCONSTITUCIONALIDAD: LIMITACIÓN LEGAL DE ACCESO A

LA JUSTICIA PARA PODER DEMANDAR

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución el requisito impuesto

al propietario de un inmueble en alquiler de haber depositado

previamente en el Banco Agrícola los montos por concepto de depósito

de garantía, para presentar una denuncia o demanda en contra de un

inquilino. No se puede restringir ni condicionar el acceso a la justicia

(art. 69.1).

SENTENCIA TC/0208/21

—Ver en este sentido el criterio relativo

al derecho de propiedad (art. 51 CRD)—

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 857

ÍNDICE

Nota: Mediante esta decisión, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucio-

nal el artículo 8 de la Ley núm. 431455, que Regula la Prestación y Aplicación de los

Valores en el Inquilinato, del veintidós (22) de octubre de mil novecientos cincuenta

y cinco (1955) [modificada por la Ley núm. 17-88, del cinco (5) de febrero de mil

novecientos ochenta y ocho (1988)].

Resumen del caso: Un señor se presentó ante el Tribunal Constitu-

cional para interponer una acción directa de inconstitucionalidad en

contra del artículo  de la Ley núm. , que Regula la Prestación

y Aplicación de los Valores en el Inquilinato. Esta norma establece

en esencia como requisito indispensable para dar curso a cualquier

demanda, la presentación del recibo de depósito en el Banco Agrícola

de los montos recibidos en el contrato de alquiler por concepto de

depósito de garantía. La parte accionante entiende que esta norma

vulnera el derecho de propiedad y el acceso a la justicia.

55 Art. 8.- No se dará curso a ninguna solicitud, instancia o demanda dirigida al Control de Alquileres y

Desahucios, a sus delegados provinciales o a la Comisión de Apelaciones establecida según el Artículo 26

del Decreto No. 4807 de fecha 16 de mayo de 1959, ni al Juzgado de Paz y tribunales ordinarios, con nes

de modicación de contratos de inquilinato, desalojo, o para el cumplimiento de obligación contractual o

legal derivada del contrato, hasta que el demandante, propietario o inquilino, presente el recibo original,

o certicación del Banco Agrícola de la República Dominicana, demostrativo de haberse realizado el

depósito previsto en el Artículo 1 de esta ley. Igualmente será necesario el recibo, o la certicación para el

caso de demandas relacionadas con el depósito previsto en el Párrafo II del Artículo 2 de la presente ley.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.8. La doctrina ha sostenido que si el

Estado ha monopolizado —como princi-

pio— el poder de solucionar los conflictos

que se susciten entre las personas —cual-

quiera que sea su naturaleza— es claro que

tiene que permitir el fácil acceso de ellas a

la jurisdicción. Cuando una persona cree

que su derecho ha sido afectado, violado,

amenazado o negado, debe tener la posibi-

lidad cierta de que el Estado responda a su

planteamiento y dé la solución prevista en

el ordenamiento jurídico.

10.9. En ese sentido, el derecho de acceso

a la justicia puede conceptualizarse como

el derecho de toda persona de formular

reclamos ante la autoridad, y más concre-

tamente, ante la autoridad jurisdiccional,

con el fin de hacer valer el derecho del que

cree le asiste. Por ello, la acción aparece

como una manifestación típica del derecho

de petición configurándose en el ámbito de

los derechos subjetivos y de las garantías

constitucionalmente previstas.

10.11. Dadas las limitaciones que supone

la cuestionada norma para el derecho de

acceso a la justicia previsto en el artículo

69.1 de la Constitución, al supeditar las

acciones judiciales que podría ejercer el

propietario de un inmueble al indicado

depósito en el Banco Agrícola, hace ne-

cesario acudir al test de razonabilidad

instituido en la jurisprudencia de este

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

858 | Art. 69

ÍNDICE

tribunal para examinar su conformidad

con la Constitución.

10.15. El dieciocho (18) de enero de mil

novecientos cincuenta y uno (1951) fue

dictada la Ley núm. 2700, sobre medidas

de emergencias, ratificada por la Ley núm.

5112, del veintitrés (23) de abril de mil

novecientos cincuenta y nueve (1959), a

través de la cual se decretó un estado de

emergencia nacional, dando paso a una

serie de medidas que impactaron las activi-

dades socioeconómicas de la nación, entre

estas, las derivadas de los contratos entre

propietarios e inquilinos, motivado en el

déficit habitacional que en ese momento

caracterizaba ese renglón de la economía

del país.

10.20. Partiendo de la premisa antes

señalada puede concluirse que la citada

ley núm. 4314, del veintidós (22) de oc-

tubre de mil novecientos cincuenta y cinco

(1955) [modificada por la Ley núm. 17-88,

del cinco (5) de febrero de mil novecientos

ochenta y ocho (1988)], fue dictada por el

Congreso Nacional como parte de las medi-

das promovidas por el Poder Ejecutivo, en

ocasión del estado de emergencia nacional,

para atenuar la situación económica de ese

momento, que demandaba la obtención de

recursos para la política de financiamiento

del Banco Agrícola.

10.21. El fin buscado por la norma es

garantizar que los valores recibidos por los

propietarios de inmuebles, como depósitos,

adelanto, anticipo u otra denominación,

sean depositados y mantenidos en el Banco

Agrícola de la República Dominicana para

garantizar el pago de los alquileres o el

cumplimiento de cualquier otra obligación

legal o convencional derivada del contrato,

dando cumplimiento al mandato previsto

en el artículo 1 de la misma ley núm. 4314.

En ese sentido, el depósito de los citados

valores procura incrementar los volúmenes

de financiamiento necesarios para elevar

la producción agrícola y contribuir al

desarrollo económico de la nación, fines

constitucionales que en principio justifican

la medida adoptada.

10.23. La prohibición prevista en el

artículo 8 de la referida Ley núm. 4314

se traduce en una restricción del derecho

acceso a la justicia, al impedir al propie-

tario ejercer —directamente— las acciones

nacidas del contrato de inquilinato cuando

este no pruebe haber satisfecho el mandato

del legislador, en este caso, depositar y

mantener en el Banco Agrícola, las sumas

exigidas como depósitos o cualquier otra

denominación para garantizar el pago de

los alquileres o el cumplimiento de cual-

quier otra obligación legal o convencional

derivada del contrato, la que se extiende,

igualmente, a los casos en que haya opera-

do la tácita reconducción o renovación por

el escrito del contrato.

10.24. Aunque el derecho de acceso a una

justicia accesible, oportuna y gratuita

constituye una garantía constitucional

que integra el debido proceso sustancial,

su regulación está reservada al desarrollo

legislativo y como tal, ha de ser ejercitado

conforme a los cauces procesales previstos en

la ley. Al ser un derecho de configuración

legal son las normas legales que determi-

nan su alcance y contenido, así como los

presupuestos y requisitos necesarios para su

ejercicio. Sin embargo, las limitaciones im-

puestas deben cumplir con los parámetros

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 859

ÍNDICE

de razonabilidad constitucionalmente

previstos.

10.25. En la especie, el derecho de acceso

a la justicia se ve limitado por la norma

acusada convirtiendo dicha garantía en

una simple expectativa de derecho, en la

medida en que las acciones judiciales antes

señaladas quedan supeditadas al cum-

plimiento de una obligación de carácter

económico, fundamentada por el legislador,

como se ha dicho, en la obligación de

depositar los referidos valores en el Banco

Agrícola de República Dominicana.

73. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: NEGATIVA DE EXPEDIR

CERTIFICACIÓN DE NO ANTECEDENTES SIN EXISTIR

SENTENCIA CONDENATORIA IRREVOCABLE

CRITERIO:

Constituye una vulneración al principio de presunción

de inocencia la negativa por parte del Ministerio Público de expedir

un certificado de no antecedentes cuando el solicitante no ha sido

condenado mediante sentencia irrevocable. Vulneración al artículo

69.3 de la Constitución.

SENTENCIA TC/0575/15

—Ver en este sentido el

criterio relativo al derecho de acceso a informaciones personales (art. 44.2.4

CRD), precedente reiterado en la sentencia TC/0153/18—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una persona

acudió al Ministerio Público a solicitar un certificado de no antece-

dentes penales (papel de buena conducta). El certificado le fue

negado en vista de que tenía una ficha en su contra. A pesar de que la

persona era consciente de que en su contra había un proceso penal en

el que se le impuso una medida de coerción de garantía económica,

entendía que no era motivo para negarle dicha certificación, por lo

que acudió a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

invocando vulneración al derecho de intimidad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

l. Por su lado, el Decreto núm. 122-07,

que establece el Reglamento para el Registro

de Datos sobre Personas con Antecedentes

Delictivos, regula: (i) el Registro de Con-

trol e Inteligencia Policial, (ii) el Registro

o Ficha Temporal de Investigación y (iii)

el Registro o Ficha Permanente. En el caso

que nos ocupa, es de relevancia conocer los

distintos registros contenidos en el referido

decreto, lo cual aportará a la solución del

presente caso, para lo cual nos remitiremos

a lo contenido en el artículo 5 del indicado

decreto, el cual textualmente señala:

ARTÍCULO 5.- Se dispone la creación

de tres formas de registros: 1.- El Registro

de Control e Inteligencia Policial; 2.- La

Ficha Temporal de Investigación Delictiva;

y 3.- La Ficha Permanente. Párrafo I.- El

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

860 | Art. 69

ÍNDICE

Registro de Control e Inteligencia Policial

es el registro de los datos acumulados como

referencia de la inteligencia policial y con-

servados bajo la exclusiva responsabilidad

de la Policía Nacional, la supervisión de la

Secretaría de Estado de Interior y Policía,

sin tener competencia ninguna de estas

instituciones competencia para expedir cer-

tificados sobre esos datos ni las personas en

ellos registrados. Párrafo II.- El Registro o

Ficha Temporal de Investigación Delictiva

es la que se realiza, bajo la responsabilidad

de la Procuraduría General de la Repúbli-

ca, a propósito de la comisión de un crimen

o delito, cuando a la persona de que se

trata se le ha impuesto medida de coerción

y sobre este no ha intervenido sentencia

condenatoria definitiva o se haya dispuesto

el archivo definitivo del caso. Párrafo III.-

El Registro o Ficha Permanente es la que

se realiza respecto de una persona que ha

sido condenada por sentencia definitiva

e irrevocable por los tribunales penales

nacionales y de aquellas condenadas en el

extranjero que hayan sido deportados o de

que se recibiere información oficial en ese

sentido.

[…] este tribunal constitucional ha podi-

do comprobar que el interés del recurrente

no radica únicamente en la solicitud de

eliminación de la referida ficha, sino que

además, pretende obtener una certifica-

ción donde conste que no tiene anteceden-

tes penales, la cual se le ha negado por la

existencia de un registro o ficha temporal.

S. Sobre este particular, es necesario preci-

sar que la existencia de información o da-

tos tanto en el Registro o Ficha Temporal

como el Registro de Control e Inteligencia

Personal, no debe ser un obstáculo para

emitir una certificación donde conste que

el hoy recurrente no tiene antecedentes

penales.

t. Al respecto, cabe señalar que la existen-

cia de un antecedente penal presupone la

existencia de una sentencia condenatoria

con autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada por la comisión de un hecho puni-

ble, lo cual justificaría la existencia de un

registro o ficha permanente, de conformi-

dad con lo establecido en el artículo 12 del

Decreto núm. 122-07, el cual señala que el

Registro o Ficha Permanente lo constituye

el resumen de los datos o informaciones

de las condenaciones pronunciadas contra

una o varias personas mediante sentencias

de los tribunales del orden penal que a su

vez haya adquirido la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada.

u. De lo anterior y de los hechos comproba-

dos se desprende que, en este caso en concre-

to, no debe negarse a José Manuel Santana

García la entrega de una certificación don-

de conste que no tiene antecedentes penales,

en virtud de que no existe en su contra una

sentencia que haya adquirido la autoridad

de la cosa irrevocablemente juzgada.

v. La negativa de entregar una certifica-

ción de no antecedentes penales por el so-

licitante estar sometido a un proceso penal,

sin que exista una sentencia condenatoria

con autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada, se traduce en una condena antici-

pada en directa violación del principio de

presunción de inocencia consagrado en el

artículo 69.3 de la Constitución dominica-

na. Además, dicha negativa atenta contra

el derecho a una tutela judicial efectiva y

al debido proceso del recurrente, en razón

de que crea la percepción de haber sido

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 861

ÍNDICE

condenado sin que los tribunales de la Re-

pública hayan determinado la comisión de

determinado hecho punible, con el respeto

al “derecho a un juicio público, oral y con-

tradictorio, en plena igualdad y con respeto

al derecho de defensa”, conforme lo dispone

el artículo 69.4 de la Carta Magna.

w. En el presente caso, el hoy recurrente

solicitó a la Procuraduría Fiscal del Dis-

trito Judicial de Santiago la entrega de

una certificación donde conste que no tiene

antecedentes penales, la cual fue denegada.

Sobre este particular, este tribunal constitu-

cional considera que la única razón para no

otorgar a un ciudadano una certificación

en la que conste que no tiene antecedentes

penales, es la existencia de una sentencia

penal condenatoria con autoridad de la

cosa irrevocablemente juzgada, al tenor de

lo que se desprende del citado artículo 12

del Decreto núm. 122-07.

Por todo lo anterior, el Tribunal procederá

a acoger la acción de amparo interpuesta

por José Manuel Santana García y, conse-

cuentemente, ordenar a la Procuraduría

Fiscal del Distrito Judicial de Santiago la

entrega a José Manuel Santana García de

una certificación donde conste que no tiene

antecedentes penales, por no existir registro

o ficha judicial permanente sustentada en

una sentencia penal con autoridad de la

cosa irrevocablemente juzgada.

74. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: REVOCACIÓN DE LICENCIA DE

PORTE Y TENENCIA DE ARMA DE FUEGO

CRITERIO:

No procede la revocación de licencia de porte y tenencia

de arma de fuego cuando una persona está en un proceso penal en el

que no se haya dictado sentencia irrevocable. Garantía de presunción

de inocencia y debido proceso previsto en el artículo 69.3 de la

Constitución.

SENTENCIA TC/0010/12

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Ministerio

de Interior y Policía revocó la licencia de porte y tenencia de arma de

fuego y negó la devolución de la misma al propietario. Esta persona

había sido sometida a la justicia por violencia intrafamiliar y se había

emitido una orden de protección en favor de su cónyuge.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

e) En la especie ha quedado demostrado de

manera fehaciente que contra el señor José

Alfredo Montás Villavicencio existió un

sometimiento judicial por violencia intra-

familiar; y que, igualmente, contra dicho

señor se dictó una orden de protección.

Ante tal situación, el Ministerio de Interior

y Policía procedió a revocar la licencia que

le había otorgado, según consta en el oficio

No. 008328, de fecha 28 octubre del 2011.

f) El Tribunal Constitucional estima que

la referida revocación es injustificada

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

862 | Art. 69

ÍNDICE

porque desconoce el principio de presun-

ción de inocencia y el debido proceso, en

perjuicio del recurrido, señor José Alfredo

Montás Villavicencio, y en este sentido

ordenará que se restablezca la vigencia de

la licencia revocada, hasta que se dicte sen-

tencia definitiva e irrevocable en relación

a la denuncia por violencia intrafamiliar.

75. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: REVOCACIÓN DE LICENCIA

DE PORTE Y TENENCIA DE ARMA DE FUEGO POSTERIOR AL

PROCESO PENAL

CRITERIO:

La revocación de licencia de porte y tenencia de arma

de fuego realizada por parte del Ministerio de Interior y Policía en

contra de un ciudadano que fue sometido a un proceso penal por el

cual no fue condenado constituye una vulneración al debido proceso,

específicamente a la presunción de inocencia. Procede el otorgamiento

de la licencia.

SENTENCIA TC/0296/14

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Minis-

terio de Interior y Policía procedió a cancelar la licencia de porte y

tenencia de arma de fuego, así como la retención del arma, por haber

determinado que el titular había sido sometido a un proceso penal

relacionado con sustancias controladas (drogas). Ante esta decisión,

el titular afectado acudió a la jurisdicción constitucional en materia

de amparo invocando vulneración al debido proceso.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

y) Procede entonces, verificar las circuns-

tancias que dieron origen a la negativa del

Ministerio de Interior y Policía de renovar

la licencia para el porte y tenencia de

armas al señor Alfonso Canela María, lo

que implica ir más allá de los alegatos de

las partes, debiendo hacer un análisis de la

norma que sirvió de fundamento al acto

atacado, actuando siempre de conformidad

con los principios constitucionales y como

garantes de la interpretación constitucional.

aa) Al respecto, el señor Alfonso Canela

María alega que el único pretexto que tiene

el Ministerio de Interior y Policía para

cancelar la licencia es que fue sometido a

la acción de la justicia en mil novecientos

noventa y cinco (1995), proceso del cual

fue absuelto por insuficiencia de prueba

mediante sentencia de fecha siete (7) marzo

de mil novecientos noventa y cinco (1995),

dictada por la Cámara Penal de la Corte

de Apelación de Santo Domingo, la cual

adquirió el carácter de cosa irrevocable-

mente juzgada. Ante tal desafuero, procede,

pues, que intervenga el juez de amparo,

para frenar las actuaciones arbitrarias

en contra del exponente y se imponga la

preeminencia de la Constitución y de los

tratados internacionales.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 863

ÍNDICE

jj) En ese sentido, la limitación a la obten-

ción de dicha licencia o la revocación de

esta no implica restricciones al derecho de

propiedad, partiendo de la premisa de que

la negativa al otorgamiento de la licencia o

la no revocación de esta esté sustentada en

razones de hecho y de derecho, y basada en

elementos subjetivos, adecuados y formales de

la administración pública. Ahora bien, caso

contrario sería el hecho de que la negativa

no haya sido basada en motivos razonables

y justificados, y entonces sí se pudieran estar

vulnerando derechos fundamentales, tales

como el debido proceso, consagrado en el

artículo 69 de la Constitución.

kk) Para que el Ministerio de Interior y

Policía pueda revocar una licencia de armas

de fuego basado en el literal f, del artículo

3 de la Resolución núm. 02- 06, de fecha

veintisiete (27) de julio de dos mil seis

(2006), dictada por ese ministerio, la cual

estipula que para la emisión de licencias de

armas de fuego, la persona no puede “haber

sido condenada judicialmente por delito o

hecho criminal, ni haber sido sometido en

relación a sustancias controladas (drogas)

ni por violencia intrafamiliar”, o sobre la

base del artículo 81 de la Ley núm. 50-88,

sobre Drogas y Sustancias Controladas en

República Dominicana, para el caso que nos

ocupa, debe existir una sentencia condena-

toria aflictiva o infamante con carácter de

cosa irrevocablemente juzgada, ya que de lo

contrario se está vulnerando el principio de

presunción de inocencia del que goza una

persona sometida a la acción de la justicia…

ll) Tanto la doctrina como la jurispru-

dencia han señalado que el principio de

presunción de inocencia es una presunción

iuris tantus, lo que equivale a decir que

es una presunción que admite prueba en

contrario; por vía de consecuencia, se in-

fringe la presunción de inocencia cuando se

condena a un imputado sin existir prueba

de cargo. La presunción de inocencia es

un postulado del ordenamiento jurídico

que impone como obligación la práctica

del debido proceso constitucional y de los

procedimientos constitucionales para des-

virtuar su alcance.

pp) En ese orden, si bien el Estado está

llamado a luchar en contra del crimen y

la delincuencia manifiesta, al accionar

no debe dejar de lado el Estado social, de-

mocrático y de derecho y el respeto de los

derechos fundamentales de todas las perso-

nas. El solo hecho de que el señor Alfonso

Canela María fuera sometido por la Ley

No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Con-

troladas en la República Dominicana, no

es razón suficiente para la cancelación de

la licencia, toda vez que existe una senten-

cia que ordenó su absolución por el delito

que le fue imputado. Precisamente en este

proceso no se debe cuestionar si el porte y

tenencia de arma es un derecho fundamen-

tal o si su uso es obligatorio por el hecho de

ostentar la propiedad, sino más bien que se

debe procurar salvaguardar el principio de

presunción de inocencia consagrado en el

artículo 69.3 de la Constitución.

rr) De lo antes expuesto, el Tribunal

Constitucional considera que la referida

revocación de porte y tenencia de arma

de fuego contenida en la Comunicación

núm. 002886, de fecha treinta (30) de

marzo dos mil once (2011), suscrita por el

Ministerio de Interior y Policía, desconoce

el principio de presunción de inocencia y el

debido proceso.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

864 | Art. 69

ÍNDICE

ss) Para el caso que nos ocupa, el principio de

presunción de inocencia debe ser mantenido

hasta prueba en contrario y no debe dejarse a

un lado un acto que por sí solo tiene fuerza

probatoria y ejecutoria como lo es la sentencia

que descargó de toda culpabilidad al señor

Alfonso Canela María, que bajo esas circuns-

tancias y no existiendo documento alguno

que pruebe que este al momento de la solici-

tud de renovación de la licencia mantiene un

proceso penal abierto en su contra, carece de

objeto negarle la renovación.

76. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: SUSPENSIÓN PROVISIONAL

VÁLIDA DE SERVIDORES PÚBLICOS CUANDO LES SEA DICTADA

PRISIÓN PREVENTIVA O ARRESTO DOMICILIARIO EN MEDIO

DE PROCESO PENAL

CRITERIO:

No se vulnera la presunción de inocencia (art. 69.3) cuando

se establece la previsión legal de suspender provisionalmente mediante

un proceso administrativo a los síndicos, vicesíndicos y regidores

cuando estén sometidos a un proceso penal en el que se les haya dictado

medidas de coerción consistentes en prisión preventiva o arresto

domiciliario.

SENTENCIA TC/0391/15

—Precedente reiterado mediante las

sentencias TC/0342/16, TC/0227/19 y TC/0554/19—

CRITERIO 2:

El objetivo de suspender provisionalmente al funcionario

es que se pueda conservar la marcha administrativa, suspendiendo de

sus funciones a quien haya sido imputado judicialmente en una sesión

pública, oral y contradictoria.

Resumen del caso: La Federación Dominicana de Municipios

(FEDOMU) presentó ante el Tribunal Constitucional una acción

directa de inconstitucionalidad en contra del artículo  de la Ley núm.

- del Distrito Nacional y los Municipios. Esta norma establece

en esencia los casos en los que los síndicos, vicesíndicos y regidores

pueden ser suspendidos de sus funciones sin disfrute de sueldos,

entre los cuales se encuentra la imposición de medida de coerción

que conlleve prisión preventiva o arresto domiciliario. La accionante

plantea que dicha norma vulnera el debido proceso, especialmente lo

relativo a la presunción de inocencia y el derecho a la igualdad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

9.2.2. Este tribunal debe establecer que

tanto la presunción de inocencia como el

debido proceso de ley, son principios funda-

mentales básicos que deben ser respetados

en toda instancia y actuación judicial o

administrativa, velándose por un procedi-

miento en el que se respete el derecho de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 865

ÍNDICE

defensa y de contradicción de todas aquellas

personas que puedan resultar afectadas con

la decisión administrativa.

9.2.3. En este sentido, debemos señalar

que en el caso específico de la norma

impugnada, esta contiene, más que una

sanción o condena, un mandato o previ-

sión legal ante una determinada situación,

y la misma no impide la participación del

posible suspendido en la sesión en que sea

declarada tal suspensión, quien allí podría

hacer valer sus derechos, ante lo cual la

situación prevista por la norma y la posible

violación al debido proceso debe ser anali-

zada in concreto, de forma objetiva, pues

según el artículo 55 de la propia Ley núm.

176-07, incluso los alcaldes, funcionarios

ejecutivos de los municipios y que no son

parte integrante del Concejo de Regidores,

tienen derecho de asistir y participar con

voz en las sesiones de este.

9.2.4. En cuanto a la alegada violación al

principio de presunción de inocencia que

se invoca, este tribunal entiende que esta

norma no infringe, de ningún modo, este

principio, pues esta disposición legal se

limita a crear la posibilidad de que, como

consecuencia de un proceso jurídico penal,

y luego de consumado este proceso jurisdic-

cional, el órgano municipal habilitado le-

galmente pueda preservar la marcha admi-

nistrativa, suspendiendo de sus funciones a

quien ha sido imputado judicialmente en

una sesión pública, oral y contradictora de

este órgano administrativo.

77. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: SUSPENSIÓN VÁLIDA DE

ALCALDE SUJETO A UN PROCESO PENAL

CRITERIO:

La suspensión —por parte del Concejo de Regidores de un

ayuntamiento— del alcalde que está siendo objeto de un proceso penal no

vulnera el principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 69.3 de

la Constitución.

SENTENCIA TC/0597/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Concejo

de Regidores del Ayuntamiento municipal de La Romana suspendió

de sus funciones al alcalde que estaba siendo objeto de un proceso

penal en el que le habían dictado medida de coerción. El alcalde

suspendido, inconforme con la decisión, acudió ante la jurisdicción

constitucional en materia de amparo invocando vulneración al

principio de presunción de inocencia.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

h. A tales fines, es imprescindible exami-

nar el artículo 44 de la referida ley núm.

176-07, el cual establece que: Procede la

suspensión en sus funciones de los síndicos y

sindicas, vicesíndicos y vicesíndicas, regido-

res y regidoras, desde el mismo momento en

el que: a) Se dicten en su contra medida de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

866 | Art. 69

ÍNDICE

coerción que conlleven arresto domiciliario

o la privación de libertad. B) Se inicie

juicio de fondo en el que se les impute un

crimen o delito que se castigue con pena

privativa de libertad.

Párrafo I.- Corresponde al concejo mu-

nicipal conocer sobre la suspensión en sus

funciones del síndico y regidores, así como

disponer su reincorporación al cargo. Párrafo

II.- Mientras permanezcan en la situación

de suspensión de funciones, los afectados no

percibirán las retribuciones y viáticos esta-

blecidos. En caso de ser absueltos, tendrán

derecho al reintegro de los mismos.

i. Del examen de este texto y del expediente,

se colige lo siguiente: 1. Que procede la sus-

pensión provisional –en sus funciones– de

los síndicos, vicesíndicos y regidores desde

el momento en que se dicte en su contra

medidas de coerción que conlleven prisión

o arresto domicilio o que se inicie un juicio

de fondo en relación con un delito que se

castigue con pena privativa de libertad.

2. Que todo lo relativo a la suspensión y

a la posible futura reintegración será res-

ponsabilidad del Concejo Municipal de la

jurisdicción competente. 3. Que en la espe-

cie, es fácilmente comprobable –conforme

certificación emitida por la Secretaría de la

Cámara Penal de la Corte de Apelación del

Departamento Judicial de San Pedro de

Macorís–, que existen varios procesos pena-

les contra Juan Antonio Adames Bautista,

por violación a la ley de cheques, delito en

el cual se prevé pena privativa de libertad.

4. Que en tal virtud, al comprobarse esto

último, el Concejo de Regidores del Ayun-

tamiento Municipal de La Romana tenía

la obligación legal de aplicar el referido

artículo 44.

j. El Tribunal Constitucional entiende,

además, que la disposición de la suspensión

provisional en los casos limitativamente

expuestos en el artículo 44 de la referida

ley, no hace más que contribuir al buen

funcionamiento de la institución involu-

crada, máxime cuando lo que se busca son

la eficacia y transparencia en la adminis-

tración pública y su conformidad con la

Constitución.

k. Precisamente eso estableció la Corte

Constitucional de Colombia cuando, al

referirse al caso de la suspensión provisio-

nal de un cargo, afirmó en su Sentencia

C-108, del año mil novecientos noventa y

cinco (1995), que: Sería altamente incon-

veniente que existiendo motivos fundados

sobre la conducta de un empleado, se le

permitiera continuar en el ejercicio de

un cargo de tanta responsabilidad y no se

tomaran medidas preventivas de elemental

razonabilidad como la suspensión provisio-

nal. El legislador extraordinario, pues, no

hizo cosa distinta de prever una prudencia

cautelar del interés general, prevalente e

incondicional.

l. Por demás, esa misma corte estableció

en esa misma sentencia que la suspensión

provisional no constituía una violación al

derecho fundamental al buen nombre o al

debido proceso: [La suspensión provisional]

no implica que se le estén vulnerando sus

derechos al buen nombre -por cuanto no

hay imputación definitiva y además es una

medida provisional que no genera una pér-

dida de empleo ni hay aseveración alguna

sobre la honra- ni al debido proceso, ya que

en el curso de la investigación el empleado

cuenta con el derecho de desvirtuar los

cargos en su contra.[…] [La suspensión

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 867

ÍNDICE

provisional] es una medida de prudencia

disciplinaria, que tiende a proteger el in-

terés general que recae sobre la seguridad

de los establecimientos penitenciarios, que

deben tener certeza sobre la calidad moral

y profesional de sus empleados.

m. Posteriormente, la Corte Constitucional

de Colombia –en su Sentencia C450/03–,

estableció que la suspensión provisional no

constituía una violación al derecho a la

presunción de inocencia, ya que ciertamen-

te no se trataba de una sanción definitiva:

Como lo ha dicho la Corte, el propio ca-

rácter provisional de la suspensión significa

que la medida no define la responsabilidad

del servidor; es una medida de prudencia

disciplinaria. Por ello no es anotada en la

hoja de vida – como ocurre por ejemplo con

la sanción de amonestación- ni se registra

como antecedente disciplinario, a lo que sí

habría lugar en caso de un fallo con orden

de suspensión. Por tanto, dado el carácter

provisional de la medida de suspensión y

que en ella no se hace ninguna valoración

sobre la culpabilidad del servidor, no se

vulnera la presunción de inocencia.

N. De modo tal que el Tribunal Consti-

tucional comprueba que el Concejo de

Regidores del Ayuntamiento Municipal de

La Romana no hizo más que aplicar, de

manera clara, las disposiciones del artículo

44 de la Ley núm. 176-07, texto que, por

demás, no violenta alguna disposición

constitucional o algún derecho del recu-

rrente, de conformidad con lo previamente

expuesto.

78. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: VALIDEZ DE CREAR Y MANTENER

REGISTRO CON DATOS PERSONALES QUE REFLEJEN ACTIVIDAD

DELICTIVA

CRITERIO:

No vulnera el derecho a la presunción de inocencia (art.

69.3 de la Constitución) la creación, mantenimiento y manejo de

fichas temporales dentro del Registro de Datos sobre Personas con

Antecedentes Delictivos. Dicho registro tiene un carácter temporal y

tiene la finalidad de permitirle al Ministerio Público tener un control

de las personas sujetas a medidas de coerción durante el tiempo que

dure la misma.

SENTENCIA TC/0044/17

—Ver en este sentido el criterio

sobre derecho a la igualdad (art. 39 CRD), derecho a la intimidad y honor

(art. 44 CRD), autodeterminación informativa (art. 44.2 CRD), y derecho al

trabajo (art. 62 CRD).

Resumen del caso: Tres personas presentaron ante el Tribunal

Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad en contra

de varios artículos del decreto que establece el Reglamento del Regis-

tro de Datos sobre Personas con Antecedentes Delictivos. Esencial-

mente, los accionantes plantean que dicho reglamento vulnera varios

derechos fundamentales de las personas sometidas a la justicia, tales

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

868 | Art. 69

ÍNDICE

como la presunción de inocencia, la autodeterminación informativa,

la única persecución (non bis in idem), así como los derechos a la

igualdad, a la honra y dignidad, y finalmente el derecho al trabajo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

9.2.3. La circunstancia de que las auto-

ridades de la Procuraduría General de la

República –responsables de administrar el

registro temporal de investigación delicti-

va– acopien datos relativos a las medidas

de coerción que los tribunales judiciales

del ámbito penal imponen a las personas

imputadas por la comisión de infracciones,

no constituye una medida que vaya en des-

medro de la presunción de inocencia que

debe amparar a todo inculpado hasta tanto

se haya declarado su culpabilidad por sen-

tencia irrevocable, conforme estipula el ar-

tículo 69.3 de nuestro Pacto Fundamental.

Dicho registro tiene un carácter temporal y

tiene la finalidad de permitirle al Ministe-

rio Público tener un control de las personas

sujetas a medidas de coerción durante el

tiempo que dure la misma. El registro no

les confiere a las personas acusadas la con-

dición de condenadas, ni tiene un carácter

jurídicamente vinculante susceptible de

influir en la decisión judicial del tribunal

penal de fondo respecto de la culpabilidad

o no de las personas imputadas. Además,

si bien este registro no tiene un carácter

público, las informaciones asentadas en el

mismo están disponibles para los organis-

mos de investigación del Estado. Por tanto,

el medio de inconstitucionalidad en ese

sentido formulado debe ser rechazado.

79. PRINCIPIO NON BIS IN IDEM: IMPOSICIÓN DE DOS SANCIONES

POR LA MISMA FALTA

CRITERIO:

Constituye una violación al debido proceso la aplicación

de dos sanciones disciplinarias impuestas por una institución pública

(en este caso, la Policía Nacional) por un mismo hecho. Vulneración

del principio non bis in idem previsto en el artículo 69.5 de la

Constitución.

SENTENCIA TC/0375/14

—Precedente reiterado mediante

sentencia TC/0368/18—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un miembro

de la Policía Nacional fue sometido a un proceso disciplinario por

presuntas faltas graves, el cual comenzó con la imposición de 

días de privación de libertad y posteriormente fue cancelado de la

institución. Ante esta decisión, el exmiembro acudió a la jurisdic-

ción constitucional en materia de amparo invocando vulneración al

debido proceso.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 69 | 869

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

j) El hecho de que el señor Ramón Antonio

Rodríguez fuera cancelado luego de habér-

sele aplicado una sanción consistente en la

privación de libertad durante treinta (30)

días de prisión, constituye una violación

al principio constitucional non bis in

idem, principio según el cual una persona

no puede ser juzgada ni condenada dos

veces por un mismo hecho. Dicho principio

constituye una de las garantías del debido

proceso y está previsto en el artículo 69.5 de

la Constitución, texto según el cual ningu-

na persona puede ser juzgada dos veces por

una misma causa.

k) En la especie, la violación al principio

del non bis in ídem es evidente, en razón

de que se verifica en la especie la triple

identidad: la misma persona (la garantía

personal juega a favor de una persona en

concreto y nunca en abstracto), el mismo

objeto (o mismo hecho), es decir, la impu-

tación debe ser idéntica, y la imputación es

idéntica cuando tiene por objeto el mismo

comportamiento atribuido a la misma

persona; y la misma causa, identidad que

hace referencia a la similitud del motivo de

persecución, entendiendo por ello la misma

razón jurídica de persecución penal o el

mismo objetivo final del proceso.

l) Someter a una persona a dos procesos penales

o disciplinarios y, peor aún, condenarlo dos

veces por un mismo hecho constituye un acto

de arbitrariedad y de injusticia intolerable en

un estado social y democrático de derecho.