VI. Fortalecimiento de garantías de información y comunicación

Páginas365-412
AutorMilton Ray Guevara
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Uno de los derechos más valorados en un sistema democrático es la
libertad de expresión, (y nuestro país, que vivió la dictadura por
tantos años, lo sabe de sobra). Defenderlo es un deber que este tribunal
ha tenido el honor de cumplir, consciente de que abre puertas y se
relaciona directamente con otros derechos y garantías fundamentales,
como el derecho a la intimidad y el honor personal, al acceso a infor-
mación pública o personal y a la libertad de expresión e información,
consagrados en la Constitución dominicana.
Sobre el derecho a la información y la libertad de expresión, tan
importantes para la prensa, este tribunal señala que «comprende buscar,
investigar, recibir y difundir informaciones de todo tipo, de carácter
público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la
Constitución y la Ley» (Sentencia TC/288/14)
Normas como la Ley núm. 6132 sobre Expresión y Difusión del
Pensamiento, que establecía sanciones penales a acusados de difamación
contra funcionarios públicos y hacía responsables a los directores de
medios de comunicación por casos de difamación, aunque las decla-
raciones en cuestión no fueran de su autoría, pusieron escollos a estos
derechos, por lo que el TC recibió varios expedientes relacionados al
tema y el Pleno dictó sentencias sobre ellos.
En su Sentencia TC/0075/16, esta corte anuló los artículos 30, 31,
34, 37, 46, 47 y 48 de la Ley núm. 6132, que contenían las sanciones
penales contra los denominados delitos contra el honor, un fallo histórico
que recibió amplio apoyo de los medios de comunicación, la Sociedad
Dominicana de Diarios y especialistas del área jurídica.
Con esta decisión, el Tribunal Constitucional extirpó «un bolsón de
intolerancia que impedía movilidad jurídica al ejercicio de uno de los
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12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
derechos fundamentales de mayor significación política y social», como
señala un editorial de El Nacional18 que continúa destacando que desarticu-
ló la «represa jurídica y política» impuesta por una ley cuyo contenido «refleja
una herencia de esa tiranía sin ejemplo, por lo que medios de comunicación,
periodistas y la población en general podrán expresarse libremente sin censura
previa o el baldón de la cárcel».
Otros impedimentos a la libertad de expresión fueron derribados
por el TC durante el año 2019, en lo que la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) definió como «un período de victorias sucesivas» para la
libertad de prensa en la República Dominicana.
Se trata de las sentencias TC/0092/19 (que declaró inconstitucional
un artículo de la Ley de Partidos que penalizaba con prisión los «mensa-
jes negativos» publicados en las redes sociales; TC/0348/19 (que declaró
inconstitucional el art. 284 numeral 18 de la Ley de Régimen Electoral,
que establecía penas entre tres y diez años para castigar delitos de difa-
mación e injuria o «comentarios negativos» sobre candidatos políticos);
y la TC/0052/22, en la que el colegiado anuló por inconstitucional otra
disposición legal que prohibía la difusión de propaganda política por
radio y televisión.
En una comentada sentencia del año 2020 (TC/0171/20), esta
corte defendió el derecho a la libertad de información, pues una persona
solicitó retirar de un periódico digital una información que señalaba sus
supuestas relaciones con el narcotráfico, pero el TC señaló el «derecho
que tienen los diarios digitales de mantener en sus plataformas las
informaciones relativas a “hechos noticiables” legítimos, veraces o
procedentes de fuentes válidas».
En otras ocasiones, como veremos en este capítulo, el TC también
se ha referido a la interacción entre derechos de acceso a la información,
intimidad y dignidad, como la Sentencia TC-0484-16, que modifica
los artículos 4 y 40 de la Ley núm. 172-13, de Protección de Datos
Personales (habeas data), para permitir a los ciudadanos acceder a ficheros
18 El Nacional, editorial «Honrosa sentencia», 22 de febrero de 2016.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
creados por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos de
seguridad e inteligencia del Estado para conocer el estatus registral de sus
datos personales, con la sola excepción de que «el ejercicio de tal derecho
pueda constituirse en un obstáculo para el éxito de la investigación de
un caso particular».
Hay áreas que pueden parecer «grises», difíciles de delimitar en
cuanto a derechos, como la libertad de expresión y la de privacidad, o
la protección de datos personales, pero tener un organismo tan plural
como el Pleno de esta corte, apoyado por un equipo de letrados plena-
mente comprometidos, vigilantes todos del cumplimiento de la norma
suprema, y el hecho de seguir procesos como los tests de razonabilidad,
apoyan las decisiones que se toman por supermayoría (nueve de trece
magistrados), y permite que el deber se cumpla con altos criterios y que
lo que parece estar en brumas, se aclare cada vez más. De eso se trata el
ejercicio constante de defensa de la Constitución.
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Satisface a diarios sentencia
del Tribunal Constitucional
Esperan que ocurra lo mismo con los artículos del Código Penal
Listín Diario / 22 de febrero de 2016
La Sociedad Dominicana de Diarios, Inc.,
expresó ayer su satisfacción por la decisión
del Tribunal Constitucional que anula los
artículos 30, 31, 34, 37, 46, 47 y 48, de la
Ley 6132, sobre Expresión y Difusión del
Pensamiento, que eran parte del sistema de
sanciones penales en los denominados delitos
contra el honor.
El organismo dice que la decisión asume
carácter histórico, pues ella llega para con-
solidar las garantías constitucionales esta-
blecidas ampliamente en la Constitución de
la República Dominicana proclamada el 26
de enero del 2010 y además nos pone a
tono con los acuerdos internacionales, como
Esta decisión del TC que responde la acción incoada por los direc-
tores de los periódicos El Día, Rafael Molina Morillo; Miguel Franjul,
del Listín Diario y Rafael Osvaldo Santana; de El Caribe, así como del
presidente de la Fundación Prensa y Derecho, Namphi Rodríguez, 25 de
febrero del 2013, y que fuera reclamada por todos los diarios nacionales
el 3 de julio del 2014, viene a dar resultados concretos en la lucha por
la despenalización de los llamados delitos de prensa o de palabras, dice.
Al expresar nuestra satisfacción por esta decisión del TC, añade,
igual aguardamos con la esperanza de que también sean declarados
inconstitucionales los artículos 368, 369, 370, 371 y 372 por ser
La Sociedad
Dominicana de
Diarios, Inc.,
expresó ayer su
satisfacción por la
decisión del Tribunal
Constitucional que
anula los artículos
30, 31, 34, 37, 46,
47 y 48, de la Ley
6132, sobre Expresión
y Difusión del
Pensamiento, que
eran parte del sistema
de sanciones penales
en los denominados
delitos contra el honor.
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12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
atentatorios a la libertad de expresión en el país, o que los mismos sean
eliminados al conocer nuevamente el Código Penal en el Congreso
Nacional.
“Tal como lo expresáramos en nuestro comunicado del 3 de julio
del 2014 “la sociedad dominicana ha esperado pacientemente y con
anhelo el momento en que estas rémoras legislativas que pendulan
como espada de Damocles sobre la garganta de la libertad de expresión
desaparezcan de nuestro ordenamiento jurídico”, dice la SDD en un
comunicado a propósito del fallo.
En este sentido, creemos que la declaratoria de inconstitucionalidad
de estos artículos de la Ley 6132 nos otorga un avance muy significativo
en las libertades públicas, tanto para la expresión del pensamiento como
para el ejercicio del periodismo, insiste.
“No hay dudas de que este sistema de penalización genera inhibi-
ción en el periodismo, lo que afecta seriamente el clima de libertades y
garantías constitucionales”, concluye el comunicado.
Contenido de los ArtíCulos de lA ley 6132 AnulAdos p or el
ConstituCio nAl
Delitos contra las personas Artículo 30.- La difamación cometida
por uno de los medios enunciados en los artículos 23 y 29 en perjuicio de
las Cortes y Tribunales, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional,
de las Cámaras Legislativas, de los Ayuntamientos y otras instituciones
del Estado, será castigada con pena de prisión de un mes a un año y con
multa de RD$ 50.00 a RD$ 500.00, o con una sola de estas dos penas.
Artículo 31.- Se castiga con la misma pena establecida en el artículo
30 la difamación cometida por los medios anunciados en los artículos 23
y 29 en perjuicio: a) De uno o más miembros del Gabinete; b) De uno o
más miembros de las Cámaras legislativas; c) De uno o más funcionarios
públicos; d) De uno o más depositarios o agentes de la autoridad
pública; e) De uno o más ciudadanos encargados de algún servicio o de
un mandato oficial, temporero o permanente; f) De un testigo en razón
de su deposición.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Este artículo solo se aplica a la difamación cometida en razón de las
funciones o calidad de las personas a quienes se considere agraviadas.
Artículo 34.- La injuria cometida por los mismos medios en perjui-
cio de los organismos o personas designados por los artículos 30 y 31 de
la presente ley se castigará con pena de seis días a tres meses de prisión y
con multa de RD$ 6.00 a RD$ 60.00 o con una sola de estas dos penas.
Artículo 37.- La verdad del hecho difamatorio, pero solo cuando
se relaciona con las funciones que desempeña el organismo o persona
alegadamente agraviada podrá establecerse por todos los medios de
prueba en el caso de imputaciones contra los Poderes constituidos,
Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las instituciones públicas y contra
las personas enumeradas en el artículo 31.
La verdad de las imputaciones difamatorias e injuriosas podrá
establecerse asimismo contra los directores o administradores de toda
empresa industrial, comercial o financiera que solicite públicamente
ahorros o créditos.
Igualmente puede probarse siempre la verdad de los hechos alegada-
mente difamatorios salvo: a) Cuando la imputación concierne a la vida
privada de una o más personas; b) Cuando la imputación se refiere a un
hecho que constituye una infracción amnistiada o prescrita, o que ha
dado lugar a una condena borrada por la rehabilitación o por la revisión,
siempre que la persona a quien se hace la imputación no esté acusada o
condenada por nuevos crímenes o delitos.
En los casos previstos en el apartado que antecede queda reservada
la prueba en contrario. Si se produce la prueba del hecho difamatorio,
se rechazará la querella contra el prevenido.
En cualquier otra circunstancia y en la que concierne a cual-
quiera otra persona no calificada por esta ley, cuando el hecho que
le sea imputado estuviera siendo objeto de procedimientos judiciales
iniciados a requerimiento del ministerio público o bien fuere objeto
de una querella por parte del propio prevenido, se sobreseerán
durante la instrucción y vista de la causa, la persecución y el fallo del
delito de difamación.
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12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
De las personas responsables de crímenes y delitos cometidos
por vía de la prensa. Artículo 46.- Serán pasibles, como autores
principales de las penas que constituyen la represión de los crímenes
y delitos cometidos por la vía de la prensa, las personas señaladas en
el orden indicado más adelante: 1.- Los directores de publicaciones o
editores, cualesquiera que sean sus profesiones o sus denominaciones, y
en los casos previstos en el segundo párrafo del artículo 4, los substitutos
de los directores.
2.- A falta de directores, substitutos o editores, los autores; 3.- A
falta de los autores los impresores; 4.- A falta de los impresores, los
vendedores, los distribuidores, los exhibidores de películas, los locutores
y los fijadores de carteles.
En los casos previstos en el segundo apartado del artículo 4, la
responsabilidad subsidiaria recaerá en las personas a que hacen alusión
los apartados 2do., 3ro., y 4to. del presente artículo como si no hubiera
director de la publicación.
Cuando la violación a la presente ley se realice mediante un anuncio,
aviso o publicación pagada, aparecido en una publicación o transmitido
por radio o televisión se considera como autor del mismo a la persona
física o a los representantes autorizados de la entidad o corporación que
lo ordene, quienes incurrirán en la responsabilidad fijada en el apartado
2 de este artículo.
Todo anuncio que no sea estrictamente comercial debe ser publicado
o difundido bajo la responsabilidad de una persona determinada.
ArtíCulo 47.- CuAndo los direCtores o sus substitutos, o los
editores seAn puestos en CAusA, los Autores serán perseguidos Como
CómpliCes.
También serán perseguidos, al mismo título y en todos los casos, las
personas a las cuales se pueda aplicar el artículo 60 del Código Penal.
Sin embargo, los impresores podrán ser perseguidos como cómplices
si la responsabilidad penal del director o su substituto es pronunciada
por los tribunales. En ese caso, las persecuciones serán iniciadas en el
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
curso de los dos meses siguientes a la comisión del delito o, a más tardar,
en el curso de los dos meses siguientes a la comprobación judicial de la
responsabilidad del director o del substituto.
Artículo 48.- Los propietarios de periódicos o escritos periódicos
son responsables de las condenaciones pecuniarias pronunciadas en
provecho de terceros contra las personas designadas en los dos artículos
precedentes, de conformidad con los artículos 1382, 1383 y 1384 del
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12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
EDITORIAL
Otra sentencia histórica
El Día / 22 de febrero de 2016
El Tribunal Constitucional emitió una sen-
tencia que luce histórica y viene a corregir
distorsiones que desde el principio viene arras-
trando la Ley 6132 sobre Difusión y Expresión
del Pensamiento emitida mediante un decreto
ley por el Consejo de Estado en 1961.
Hasta el momento esa alta corte solo ha
publicado la síntesis del caso y el dispositivo,
en los que anula los artículos que establecen la
prisión como pena en los casos de difamación
contra funcionarios públicos y los que con-
vierten en agravante cuando la infracción sea
contra esas personas.
Esa decisión va en consonancia con lo que
ha estado ocurriendo en toda América como
forma de quitarle una especie de espada de
Damocles que pendía sobre el libre ejercicio
de la libertad de expresión.
Aún mantiene la prisión cuando se trata
de casos entre particulares, lo cual esperamos que en el futuro también
sea abolida la misma como sanción.
En ningún caso se trata de impedir que sea reparado el daño
cometido cuando una persona es difamada, pues queda pendiente la
reparación civil. Simplemente se ha quitado la privación de libertad
como castigo en estos casos.
Otro aspecto de la decisión fue eliminar la “responsabilidad en
cascada”, la cual ponía sobre los hombros de los directores de medios la
«El Tribunal
Constitucional emitió
una sentencia que
luce histórica», pues
«rescata el principio
constitucional de que
nadie es penalmente
responsable por los
hechos de otros» y
corrige distorsiones
que desde el principio
viene arrastrando la
Ley núm. 6132, sobre
Difusión y Expresión
del Pensamiento
emitida mediante por
el Consejo de Estado
en 1961.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
responsabilidad penal en casos de difamación, aún este no tuviera nada
que ver. Rescata el principio constitucional de que nadie es penalmente
responsable por los hechos de otros.
Reiteramos que, al parecer, estamos frente a una sentencia histórica,
aunque tendremos una opinión más acabada cuando la misma sea
publicada de manera íntegra.
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12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
EDITORIAL
Honrosa sentencia
El Nacional/ 22 de febrero de 2016
Al anular los artículos de la Ley 6132 sobre
Expresión y Difusión del Pensamiento
que imponían privación de libertad por deli-
tos de palabra, el Tribunal Constitucional
ha extirpado un bolsón de intolerancia que
impedía movilidad jurídica al ejercicio de
uno de los derechos fundamentales de mayor
significación política y social.
Los siete apartados de la referida ley que
establecían penas de prisión por infracciones
de difamación e injuria contra particulares
y en perjuicio de funcionarios y organismos
estatales, pendían como espada de Damocles
contra todo aquel que intentara ejercer su
derecho a opinar libremente.
Tal era el prejuicio de esos artículos
que se preveía prisión de hasta dos años, no
solo contra quien se le imputaba el crimen de injuria o difamación,
sino por vía de responsabilidad subsidiaria, contra terceros que nada
tenían que ver con la falta imputable, como directores o editores,
impresores, distribuidores, locutores, vendedores y hasta propietarios
o accionistas.
La anulación de los artículos 30, 31, 34, 37, 46, 47 y 48, de la
Ley 6132, no significa que la prensa y los medios de comunicación se
convertirán en basureros de injuria y difamación, sino que se suprime el
apremio corporal por los llamados delitos de prensa y se impide, además,
que una persona sea condenada por delitos cometidos por otros.
El Nacional califica
de «oportuna y
honrosa la decisión
del Tribunal
Constitucional» de
anular artículos de
la Ley núm. 6132, de
Expresión y Difusión
del Pensamiento, que
imponían privación
de libertad por
delitos de palabra.
«... gran triunfo
de la democracia, y
en particular de la
prensa…».
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Además de garantizar con toda plenitud la prerrogativa sustantiva de
expresarse libremente, la referida sentencia protege también el derecho
a la buena fama de los ciudadanos e instituciones jurídicas, con el otro
principio constitucional de que quien causa un daño está obligado a
repararlo, pero en este caso por la vía civil.
El Tribunal Constitucional ha abierto de par en par una represa
jurídica y política, que, aunque fue aprobada y promulgada dos años
después del ajusticiamiento de Trujillo, su contenido refleja una herencia
de esa tiranía sin ejemplo, por lo que medios de comunicación, periodis-
tas y la población en general podrán expresarse libremente sin censura
previa o el baldón de la cárcel.
Se requiere ahora que esa alta corte declare también en colisión
con el Texto Sustantivo los artículos del 368 al 372 del Código Penal
que reflejan la misma intolerancia del apartado anulado en la Ley de
Prensa, al establecer prisión contra los delitos de injuria o difamación
pronunciados en lugares públicos.
Tan oportuna y honrosa decisión del Tribunal Constitucional se
recibe como gran triunfo de la democracia y en particular de la prensa
compelida a redoblar su compromiso de informar con veracidad, orientar
con responsabilidad y promover el derecho a la libre expresión, definido
como una esencial prerrogativa ciudadana.
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12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
Finjus dice sentencia TC pone a RD a la
altura de otros países
Fallo del TC da razón al presidente de la Suprema
Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía
Ramón Cruz Benzán. Periodista
Listín Diario / 23 de febrero de 2016
La Fundación Institucionalidad y Justicia
(Finjus) consideró hoy que el Tribunal
Constitucional (TC), al anular varios artículos
de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del
Pensamiento, entre ellos el que despenaliza
dicha ley, pone a la República Dominicana a la
altura de otros países.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad,
Servio Tulio Castaños Guzmán, destacó que
el fallo del TC también había sido dado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y
que la propia Convención Americana le da la
razón a la decisión adoptada por la Alta corte.
El jurista dijo que hay otros aspectos que
hay que debatir, pero que primero se debe
esperar la sentencia íntegra del tribunal a los
fines de emitir juicios de valor más profundos, ya que hay disposiciones
del Código Penal que establecen sanciones en ese mismo sentido.
“Obviamente, eso hay que analizarlo, hay que ver las motivaciones
del tribunal, pero en principio, sin lugar a duda, que todos los que
creemos en este país en la libertad de expresión y difusión del pensa-
miento tenemos apoyar una decisión de esa naturaleza”, acotó Castaños
Guzmán.
De su lado, el procurador general de la República, Francisco
Domínguez Brito, sostuvo que estudiará la sentencia del TC, antes
El Tribunal
Constitucional declaró
nulos artículos de la
Ley núm. 6132 sobre
Expresión y Difusión
del Pensamiento que
violan el artículo 13
Humanos. Finjus
señala que la Corte
IDH y la Convención
Americana dan la
razón al TC.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
de fijar su posición respecto a la eliminación de la “responsabilidad
en cascada”.
TC otorga razón presidente Suprema
El Tribunal Constitucional (TC) otorgó la razón al presidente de la
Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, quien el 17 de abril
del 2013 declaró inconstitucional el artículo 46 de la Ley 6132 sobre
Expresión y Difusión del Pensamiento, que contempla la imposición de
penas de prisión para los delitos de difamación e injuria.
La ordenanza establecía que quien publica en un medio de comuni-
cación escrito una declaración que luego es valorada como difamatoria
de un tercero es sancionable como autor del delito de difamación
Mediante auto número 18/2013, el magistrado Germán Mejía
consideró que, en las circunstancias precedentemente descritas, procede
acoger la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley 6132 de fecha
19 de diciembre del 1962.
Plantea que esa disposición establece la “responsabilidad en cascada”
de quienes participan en la difusión de noticias por los medios de
información pública, la cual entra en contradicción con los artículos 40,
numeral 14, y 49 de la Constitución de la República.
Por lo tanto, Germán Mejía califica ese mandato legal como
inconstitucional y nulo, por aplicación del artículo 6 de la Constitución
Expuso como criterio que cuando una persona, en su vida pública
o en su vida privada, ofrece una declaración y otra se limita a publicarla,
haciendo uso del derecho al acceso a la información y a la difusión de la
misma, ésta no resulta ser autora de la información
Sostiene que, en caso de la información atentar contra el honor
o la reputación de un tercero, quién se haya limitado a difundir
la información por las vías que establece la Ley núm. 6132 no es
responsable personalmente de los daños que se pudiesen haber
ocasionado al tercero.
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12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
El presidente de la SCJ entiende como irrazonable la persecución
como autores, de los directores o sus sustitutos o editores, y como
cómplice a quien haya proferido las palabras alegadamente difamatorias
En un comunicado divulgado el 19 de febrero de este año, el
Tribunal Constitucional dio a conocer el dispositivo en el que declara
no conformes con la Constitución de la República y, consecuentemente
nulos, los artículos 30, 31, 34, 37, 46, 47 y 48 de la Ley núm. 6132
sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, por violentar el artículo
aplicación de los artículos 26.1 y 74.3 de la carta magna.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PRENSA Y DERECHO
El TC reza réquiem a la Ley 61-3219
Namphi Rodríguez. Periodista, abogado y catedrático de Derecho Constitucional y Derecho
Administrativo. Presidente de la Fundación Prensa y Derecho.
Listín Diario / 23 de febrero de 2016
La sentencia del Tribunal Constitucional
sobre la libertad de expresión corona
cincuenta años de lucha democrática de la
sociedad dominicana por consagrar un sistema
de derechos y garantías que asegure el ejercicio
del juego de las ideas y del pluralismo político.
La acción de la Fundación Prensa y
Derecho y de los directores de diarios Rafael
Molina Morillo, Miguel Franjul y Osvaldo
Santana ante el Constitucional ha permitido
poner fin a un enojoso sistema de responsa-
bilidad delictual en “cascada” que imputaba
a terceros los delitos cometidos por otros.
Esas disposiciones llevaban a un ejercicio
abusivo del poder punitivo del Estado sobre
los periodistas y directores de medios de
comunicación.
El Constitucional ha rezado el réquiem a la vieja Ley 6132, de
Expresión y Difusión del Pensamiento, promulgada por el Consejo
de Estado en 1962 mediante decreto ley y que reproducía institutos
jurídicos de la ley francesa de prensa de 1882.
19 Se respetó el título original para facilidad de quien desee buscarlo en los medios, pero se ref‌iere a
la Ley núm. 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, tal como aparece en el desarrollo del
artículo.
La sentencia
del Tribunal
Constitucional
sobre la libertad de
expresión corona
cincuenta años de
lucha democrática
de la sociedad
dominicana por
consagrar un
sistema de derechos y
garantías que asegure
el ejercicio del juego
de las ideas y del
pluralismo político.
Namphi Rodríguez
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12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
Para la sociedad de la información resulta incompatible la
existencia de rémoras institucionales decimonónicas como ese viejo
régimen. Pero lo más importante es que al momento de sentar su
precedente, nuestro Guardián de la Constitución ha tenido a la vista la
experiencia comparada para definir los límites y garantías de la libertad
de expresión casos paradigmáticos como el del periodista Mauricio
Herrera Ulloa, en Costa Rica; Ricardo Canese contra Paraguay;
Eduardo Kimel contra Argentina y Santander Tritán Donoso versus
Panamá. En todos estos casos, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha sostenido una jurisprudencia constante que afirma que
las penas de privación de libertad por delitos de palabra constituyen
un elemento que inhibe la opinión pública e induce a la tolerancia de
la corrupción administrativa.
En otras palabras, la existencia de las penas de cárcel por delitos de
prensa equivale a un régimen de censura, un lastre que no tolera nuestra
Constitución ni los tratados internacionales sobre derechos humanos
Por esa razón hubiese sido deseable que el Tribunal Constitucional
se pronunciara sobre la nulidad de todos los artículos de la ley que con-
signan privación de libertad por difamación e injuria. Pero, ha optado
por despenalizar solo los delitos que se cometen contra funcionarios
ministeriales, contra legisladores y los cuerpos represivos del Estado.
Por el contrario, ha retenido las penas en los casos en que la difamación
se materializa entre particulares o cuando se dirige contra los jefes de
Estado. Esta es una gravosa sanción, situación que no es nada plausible,
por lo que corresponderá al Congreso terminar lo que inició el Tribunal
Constitucional.
La libertad de expresión ejerce un rol neurálgico para el pluralismo
político; es una libertad realizadora de otras libertades, pero sobre todo
es una libertad innata a la condición de ser humano.
Y no es que se trate de un derecho absoluto, pues en el ordena-
miento jurídico ni la vida es una prerrogativa absoluta. Como todo
derecho, la libertad de expresión se contrapesa frente a otros valores del
ordenamiento jurídico que ameritan igualmente protección.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
El honor, la intimidad y la propia imagen están del otro lado de
la balanza. Corresponde a los jueces ponderar en cada situación los
conflictos que se susciten entre la libertad de expresión y estos derechos
mediante un juicio de ponderación.
Quienes se sientan lesionados en su intimidad o en su honra
disponen de la vía de recurso resarcitoria en el orden civil o, mejor
todavía, del sacrosanto derecho a réplica y respuesta que consagra la
Constitución. Del mismo modo, también queda excluido del sistema
jurídico la odiosa responsabilidad en “cascada” de los directores de
medios de comunicación que contravenía el principio de la personalidad
de la persecución penal.
Ya mediante sentencia, nuestra Suprema Corte de Justicia había
trazado el camino en el caso Hipólito Mejía versus Winton Guerrero,
estableciendo que ese sistema de responsabilidad era incompatible con el
artículo 40 de nuestra Carta Política.
Ahora el TC hace un acto de justicia histórica al pronunciarse en
control concentrado de constitucionalidad. En lo adelante los responsa-
bles principales de los delitos de palabras serán quienes han actuado con
desprecio de los valores del derecho, quienes ya no podrán ampararse en
una ficción jurídica.
Quienes administran justicia están llamados ahora a hacer un “test
de real malicia” para determinar la responsabilidad jurídica de quienes
dirigen los medios en una controversia sobre el honor y la libertad de
expresión. Con sus fortalezas y debilidades, esta sentencia inscribe a la
República Dominicana en el concierto de naciones de la región que
han ido consolidando la libertad de prensa como un baluarte de la
democracia ante el debilitamiento de los partidos políticos.
Está comprobado que, a más libertad de prensa y a más libertad de
expresión, menos opacidad y menos corrupción en el manejo de la cosa
pública. Por eso si algo hay que dejar claro es que no es una sentencia
para los periodistas en exclusiva, es una fiesta para el pluralismo de las
ideas para los ciudadanos.
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12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
Juristas calif‌ican como oportuno el fallo
del Tribunal Constitucional
Todos los consultados dijeron que hay que esperar la sentencia íntegra
Hogla Enecia Pérez. Periodista de investigación en Multimedios del Caribe. Especialista
en Derechos Humanos y DIH, trabajadora social, facilitadora/charlista
Diario Libre / 23 de febrero de 2016
Juristas y abogados constitucionalistas cali-
fican de oportuna la sentencia del Tribunal
Constitucional respecto a la sentencia que
anuló varios artículos de la Ley 6132 sobre
Expresión y Difusión del Pensamiento que
castigan con cárcel los delitos por difamación.
Eduardo Jorge Prats dijo que esa sen-
tencia que despenaliza el delito de prensa
es clave para la protección de la libertad de
expresión, y para la democracia que se basa
en la prensa libre y el debate plural de ideas,
aclarando que aún se mantiene el principio,
“la responsabilidad civil de directores, dueños
y periodistas”.
En tanto que Nassef Perdomo explicó que
si alguien estuviera privado de libertad por incurrir en ese tipo de delito,
automáticamente tendría que ser puesto en libertad.
El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Medina Calcaño,
explicó que la Ley 6132 está fuera de época, y que corresponde
aprobar una legislación acorde con los avances de los medios de
comunicación.
Para el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia,
Servio Tulio Castaños Guzmán, el Constitucional ha puesto a la
República Dominicana a la altura de otros países en ese ámbito, ya
Eduardo Jorge Prats,
Nassef Perdomo,
Antonio Medina,
Servio Tulio Castaños,
Namphi Rodríguez
y la Sociedad
Dominicana de
Diarios expresaron su
parecer respeto a la
sentencia del TC que
anuló artículos de la
Ley núm. 6232 sobre
Expresión y Difusión
del Pensamiento.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
que ese fallo había sido dado también por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
En abril del 2013, la Suprema Corte de Justicia había declarado
inconstitucional el art. 46 de esa ley.
Ayer, la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) expresó satisfac-
ción por la decisión del Tribunal Constitucional, y Namphi Rodríguez,
presidente de la Fundación Prensa y Derecho, dijo que en lo adelante
nadie se inhibirá de emitir una opinión o una información por temor a
perder su libertad.

12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
Delitos de prensa
Wanda Méndez. Abogada y periodista.
Listín Diario / 24 de febrero de 2016
El Tribunal Constitucional publicó el pasa-
do viernes el dispositivo de un fallo que
en el sector periodístico ha generado regocijo y
preocupación a la vez.
Me refiero a la decisión que declara la
nulidad de siete artículos de la Ley 6132
sobre Expresión y Difusión del Pensamiento
que penalizan los delitos de prensa, aco-
giendo una acción de inconstitucionalidad
sometida por varios directores de medios de
comunicación.
Pero esa acción solo fue acogida parcial-
mente, y así lo consigna el TC en el fallo. Anula
los artículos 30, 31, 34, 37, 46, 47 y 48, que
sancionan penalmente la difamación e injuria
contra los funcionarios públicos y establece la
denominada “responsabilidad en cascada”.
Sin embargo, al mismo tiempo ratifica
los artículos 32,33,39 y 40 que penalizan
la difamación e injuria en perjuicio de los
particulares y contra los funcionarios públicos
cuando atente con su vida privada.
Por tal razón, es conveniente esperar la publicación de la
sentencia completa para conocer el criterio que ha fijado el Tribunal
Constitucional en uno y otro caso. De todas formas, dada la preocu-
pación que han externado algunos periodistas, quiero aportar algunos
datos a la discusión.
Si bien es cierto
que la Constitución
establece que «nadie
es penalmente
responsable por el
hecho de otro» en
materia civil existe la
responsabilidad por el
hecho de un tercero.
Código Civil dispone:
«No solamente es uno
responsable del daño
que causa un hecho
suyo, sino también
del que se causa
por hechos de las
personas de quienes
se debe responder, o
de las cosas que están
bajo su cuidado».
Wanda Méndez

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Si bien es cierto que la Constitución establece que “nadie es
penalmente responsable por el hecho de otro”, en materia civil existe la
responsabilidad por el hecho de un tercero. El artículo 1384 del Código
Civil dispone: “No solamente es uno responsable del daño que causa un
hecho suyo, sino también del que se causa por hechos de las personas de
quienes se debe responder, o de las cosas que están bajo su cuidado. El
padre, y la madre después de la muerte del esposo, son responsables de
los daños causados por sus hijos menores, que vivan con ellos. Los amos
y comitentes, lo son del daño causado por sus criados y apoderados en
las funciones en que estén empleados. Los maestros y artesanos lo son
del causado por sus discípulos y aprendices, durante el tiempo que están
bajo su vigilancia...”.

12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
La sentencia del TC y los periodistas
Namphi Rodríguez. Abogado y catedrático de Derecho Constitucional y Derecho
Administrativo. Presidente de la Fundación Prensa y Derecho.
El Día / 26 de febrero de 2016
¿Cuál es la situación procesal en que han
quedado los periodistas tras la sentencia
del Tribunal Constitucional que suprime la
responsabilidad en “cascada” de los directores
de medios de comunicación en los delitos de
difamación e injuria cometidos a través de la
prensa?
Las dudas se han apoderado de una parte
de la clase periodística bajo el entendido de que
el fallo ha dejado “desamparados” procesalmen-
te a los informadores.
Sin embargo, nada más infundado. La
responsabilidad legalmente predeterminada o
en “cascada” de los directores de periódicos es
una vieja institución del derecho francés que
ha ido desapareciendo de la mayor parte de las
legislaciones modernas para dar paso a la culpa
personal de quien ha emitido una afirmación
agraviante al honor o la consideración de un
tercero.
El esquema clásico de este tipo de res-
ponsabilidad “in vigilando” hoy luce más
apropiado para los delitos contra el honor
perpetrados a través de Internet, de manera
que se evite que el director de una publicación
digital pueda enlodar honras escabulléndose en la ausencia de un autor
o en el anonimato.
El Tribunal
Constitucional ha
reivindicado el
principio de que la
culpabilidad exige que
el ilícito pueda ser
atribuido al procesado
tanto objetiva como
subjetivamente,
a cuyo efecto es
imprescindible
demostrar la
intención dolosa.
No es posible que
quien escribe o
reproduce una noticia
expresada por otro,
con indicación de la
fuente y transcripción
sustancial de lo que
se afirmó, pueda ser
responsable de la
inexactitud o falsedad
de lo publicado.
Namphi Rodríguez

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Es incierto que se haya excluido la responsabilidad del director
de medios. Siempre que se compruebe que el responsable editorial de
una publicación ha actuado con conocimiento de causa de que una
información es falsa y que la misma estaba dirigida a ofender el honor
de una persona, este tiene que responder jurídicamente.
Lo que acontece es que ahora no existe una culpabilidad predeter-
minada por la ley y que se funda exclusivamente en el hecho de que la
difamación es un delito de publicación.
En lo adelante el querellante, que es quien tiene la carga de la
prueba, debe demostrar un “plus” de responsabilidad y participación que
arrastre el director.
Eso es lo que pasa cuando el “jefe” editorial de una publicación se
prevalece de la sección de cartas al director para filtrar contenidos falsos
y ofensivos que agravien a alguien.
En otras palabras, el Tribunal Constitucional ha reivindicado el
principio de que la culpabilidad exige que el ilícito pueda ser atribuido
al procesado tanto objetiva como subjetivamente, a cuyo efecto es
imprescindible demostrar la intención dolosa.
Siendo así, no es posible que quien escribe o reproduce una noti-
cia expresada por otro, con indicación de la fuente y transcripción
sustancial de lo que se afirmó, pueda ser responsable de la inexactitud
o falsedad de lo publicado. En este caso bastaría acreditar la veracidad
del hecho de las declaraciones del tercero (no la veracidad del conte-
nido de lo declarado) para obtener una liberación de responsabilidad
civil y penal.
Ni el director, ni el periodista pueden ser responsables por la
falsedad del contenido de la noticia. El imputable debe ser el tercero que
ha ofrecido la información. Como ha dicho el Tribunal Constitucional
español, la veracidad que debe acreditar el periodista o el director que
no ha actuado con “real malicia” se refiere únicamente al hecho de que
la declaración se produjo, no a lo declarado.
A lo sumo se le puede exigir al periodista un mínimo de diligencia
profesional para constatar los hechos.

12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
Por lo demás, quienes albergan esa clase de temores olvidan que
en nuestro país la libertad de expresión está blindada por el plexo de
derechos y garantías del artículo 49 de la Constitución, que establece
una serie de prerrogativas que van desde la no censura previa, hasta el
secreto profesional y la cláusula de conciencia de los periodistas.
Ahora, periodistas, juristas y directores tendremos que abocarnos a
generar un debate capaz de producir una ley de libertad de expresión y
medios de comunicación moderna, que compatibilice los criterios del
Tribunal Constitucional, la Constitución y la Convención Americana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
TC falla para que ciudadanos puedan
acceder a f‌icheros
Hoy / 26 de octubre de 2016
El Tribunal Constitucional (TC) emitió una
sentencia que permitirá a los ciudadanos
acceder a los “ficheros” creados por las Fuerzas
Armadas, la Policía Nacional y los organis-
mos de seguridad e inteligencia del Estado
para conocer el estatus registral de sus datos
personales, con la sola excepción de que “el
ejercicio de tal derecho pueda constituirse en
un obstáculo para el éxito de la investigación
de un caso particular”.
El tribunal dio a conocer la sentencia
interpretativa TC-0484-16, que modifica
los artículos 4 y 40 de la Ley 172-13,
de Protección de Datos Personales (Hábeas
Data), luego que un grupo de entidades y
juristas encabezados por la Fundación Prensa
y Derecho y el abogado Namphi Rodríguez
interpusieran una acción de inconstituciona-
lidad para reivindicar el acceso a la informa-
ción personal, a la intimidad y a la dignidad humana de los ciudadanos
frente a los organismos represivos.
Rodríguez consideró que, al fallar el caso, el TC ejerció como “legis-
lador positivo” e introdujo directamente cambios en la indicada ley, para
que en lo adelante su artículo 4, párrafo 2, exprese que solo se excluye
el acceso de los ciudadanos a los bancos de datos de los organismos de
investigación y persecución del crimen, cuando este derecho represente
un “obstáculo” en una investigación específica.
Namphi Rodríguez
dijo que en la
sentencia que
permitirá a los
ciudadanos acceder
a los «ficheros»
creados por las
Fuerzas Armadas,
Policía Nacional
y organismos
de seguridad e
inteligencia del
Estado para conocer
el estatus de sus
datos, el TC ejerció
como «legislador
positivo» pues
introdujo cambios en
la ley.

12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
El fallo fue firmado por el presidente (TC) Milton Ray Guevara y
nueve de sus 13 magistrados. No hubo votos disidentes.
Los magistrados también definieron el criterio bajo el cual los orga-
nismos represivos pueden utilizar los datos de las personas registrados en
sus archivos.
“Los textos que nos ocupan deben ser interpretados, en el sentido
de que las referidas instituciones pueden, por una parte, utilizar los datos
personales almacenados solo en lo estrictamente necesario y razonable
para cumplir con sus funciones de persecución del crimen y del delito”,
subrayan. El abogado consideró la sentencia como “un acto de justicia
constitucional, que sepulta los abusos del caliesaje y de la arbitrariedad
heredados de la dictadura de Trujillo”.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Surte efecto el fallo TC
sobre delitos opinión
Wanda Méndez
Listín Diario / 22 de febrero de 2018
El fallo del Tribunal Constitucional que
despenaliza los delitos de difamación
e injuria, al acoger una acción directa de
inconstitucionalidad sometida por directores
de medios de comunicación, ha empezado a
surtir efectos en el sistema judicial ordinario.
La decisión del juez Vladimir Rosario de
no imponer condena penal cuando acogió
una demanda por esos delitos, constituye una
muestra de la aplicación del precedente consti-
tucional. En virtud del artículo 184 de la carta
magna, las decisiones del TC constituyen pre-
cedentes vinculantes para los poderes públicos
y todos los órganos del Estado.
Al decidir la demanda que interpuso el
ministro administrativo de la Presidencia, José
Ramón Peralta, contra el dirigente del Partido
Revolucionario Moderno (PRM), Leonaldo Faña, el juez de la novena
sala penal del Distrito Nacional rechazó imponer las condenas penales
solicitadas por la parte demandante, en base a la sentencia 075/16, del
TCRD.
Con motivaciones de la sentencia del TC, el magistrado Rosario
impuso condena de carácter civil, disponiendo el pago de RD$500,000
como resarcimiento a los daños a la moral que, según entendió, provocó
Faña a Peralta cuando lo acusó de incurrir en una conducta mafiosa en la
importación de productos agrícolas. Esa sentencia fue emitida el pasado
martes, 20 de febrero del 2018.
La Sociedad
Dominicana de
Diarios, Inc. expresó
ayer su satisfacción por
la decisión del Tribunal
Constitucional que
anula los artículos
30, 31, 34, 37, 46,
47 y 48, de la Ley
núm. 6132, sobre
Expresión y Difusión
del Pensamiento, que
eran parte del sistema
de sanciones penales en
los denominados delitos
contra el honor.

12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
Mediante la sentencia, publicada de forma íntegra el 4 de abril de
2016, el TC dispuso la nulidad de los artículos 30, 31, 34 y 37 de la ley
6132 sobre expresión y difusión del pensamiento que establecían penas
para los delitos de difamación e injuria, por considerar que constituyen
una limitación legal que afecta el núcleo esencial de la libertad de
expresión y opinión por medio de la prensa.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
EDITORIAL
El TC da otro espaldarazo a
la libertad de expresión
Listín Diario / 24 de abril de 2019
Por nueva vez, el Tribunal Constitucional
(TC) ha dado un decisivo espaldarazo a la
libertad de expresión en el país al garantizar el
derecho que tienen los ciudadanos de difundir
sus ideas por las redes sociales.
Al sustanciar su Sentencia 0092-19, que
declaró inconstitucional un artículo de la Ley
de Partidos que penalizaba con prisión los
“mensajes negativos” en las redes, el Tribunal
frenó a tiempo el desmesurado e injusto
amago de coerción que se incubaba en esa
nueva legislación.
El TC afirma que el uso de la libertad de
expresión por estos medios debe mantenerse
libre de temores a represalias innecesarias
y desproporcionadas, a fin de propiciar
una “deliberación verdaderamente pública.
plural y abierta sobre los asuntos de interés
general”.
La prensa independiente dominicana, que ha formalizado su
adhesión a la carta de principios de la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP) sobre los derechos en la era digital, saluda con entusiasmo el
dispositivo de esa sentencia, porque se apega al respeto de una potestad
innata del ser humano que nadie puede anular.
Las políticas públicas y las leyes sobre internet deben garantizar
que el espacio digital sea abierto, neutral y accesible para todos, no para
vulnerar libertades, como pretendía la Ley de Partidos.
La prensa
independiente
dominicana saluda
con entusiasmo el
dispositivo de la
que garantiza
el derecho de los
ciudadanos a difundir
sus ideas por las redes
sociales. Las políticas
públicas y las leyes
sobre internet deben
garantizar que el
espacio digital sea
abierto, neutral y
accesible para todos.

12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
Desde la aprobación de esa ley, nos pareció un despropósito que
se restableciera la penalización de los delitos de palabra cuando en
una sentencia anterior el mismo Tribunal Constitucional las había
eliminado, despejando así el terreno de las inhibiciones y la autocensura
que minaban el ejercicio de la libertad de prensa en el país.
En este sentido, el Tribunal Constitucional ha concluido que “la
protección del honor, la reputación o la imagen de un candidato a
una función pública a través de la Ley 33- 18 de Partidos Políticos, no
compensa el sacrificio y peligro que supone para el ejercicio del derecho
a la libertad de expresión” una pena de prisión.
Es bueno advertir que en la actual ley electoral también existen
disposiciones restrictivas a esta libertad sobre las que el TC habrá de
pronunciarse, en su momento, a propósito de los recursos de inconstitu-
cionalidad que se han sometido para impugnarlos.
Esperamos que, en coherencia con estos precedentes, el TC vuelva
a erigirse en un firme protector de estas libertades, a menudo acechadas
o atacadas con regulaciones supuestamente apegadas a los estándares
legales, engañosas, perversas y lesivas al sistema democrático.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Director “Listín Diario” destaca sentencia
del TC durante misa por su 130 aniversario
Listín Diario / 2 de agosto de 2019
El director del periódico “Listín Diario”,
Miguel Franjul, destacó la publicación que
hizo en esta semana el Tribunal Constitucional
de la sentencia TC-01-2019-0007, que eli-
mina por inconstitucional el artículo 284
numeral 18 de la Ley 15-19, Orgánica del
Régimen Electoral que establecía una pena
de 3 a 10 años de prisión para los delitos de
difamación a los políticos.
Al dirigirse a los presentes en la misa de
acción de gracias que ofreció la Editora Listín
Diario con motivo de su 130 aniversario,
Franjul agregó que anteriormente el órgano
jurisdiccional, presidido por el magistrado
Milton Ray Guevara, había hecho lo mismo
con la Ley de Partidos, ley que, según entiende,
“abonaba terreno para un régimen de mordaza
en nuestro país, inaceptable aquí y ahora”.
“En la República Dominicana hemos
tenido que afrontar, de tiempo en tiempo,
las aberradas intenciones del legislador, de los poderes públicos, para
establecer leyes con intenciones que ciertamente limitan no solamente
el ejercicio de la libertad de prensa, sino también la misma libertad de
expresión ciudadana”, expresó.
En la República
Dominicana hemos
tenido que afrontar,
de tiempo en tiempo,
las aberradas
intenciones del
legislador, de los
poderes públicos,
para establecer leyes
con intenciones
que ciertamente
limitan no solamente
el ejercicio de la
libertad de prensa,
sino también la
misma libertad de
expresión ciudadana.
Miguel Franjul

12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
La SIP calif‌ica como «victorioso» el
semestre para la prensa dominicana
El presidente de la agencia de noticias EFE, Fernando Garea, interviene en la mesa
redonda “El futuro de las noticias: Una perspectiva latinoamericana e hispana” en
la penúltima jornada de la 75ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP) que se celebra en Miami.
Cristóbal Herrera. Periodista
El Nuevo Diario / 7 de octubre de 2019
Miami (EE.UU.). La Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) calificó
este lunes como «un período de victorias suce-
sivas» para la libertad de prensa en República
Dominicana el semestre abril-octubre por
el resultado de tres sentencias del Tribunal
Constitucional (TC) en pro del libre ejercicio
del periodismo.
Dentro del marco de la 75 Asamblea
General de la Sociedad Interamericana de
Prensa, celebrada en la ciudad de Miami,
la SIP alegó que con estos dictámenes la prensa
se libró de los graves riesgos de caer bajo un
esquema de censura previa para denunciar
actos de corrupción en los que pudiesen estar
involucrados partidos, dirigentes o candidatos electorales.
Dichas sentencias anularon disposiciones restrictivas contenidas
en las leyes de partidos políticos y de régimen electoral, aprobadas este
año por el Congreso Nacional, una de las cuales contemplaba prisión
de 3 hasta 10 años a quienes hiciesen «comentarios negativos» contra
partidos, candidatos y figuras políticas; otra calificaba de difamación e
injuria tales expresiones, aunque fuesen vagas e imprecisas.
Al justificar su dictamen, el TC dominicano declaró que las redes
sociales se han convertido en los únicos espacios accesibles para que una
La Sociedad
Interamericana de
Prensa (SIP) calificó
como «un período de
victorias sucesivas»
para la libertad de
prensa en República
Dominicana el semestre
abril-octubre (2019)
por el resultado de tres
sentencias del Tribunal
Constitucional en pro
del libre ejercicio del
periodismo.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
masa significativa de ciudadanos pueda exteriorizar su pensamiento y
recibir opiniones e informaciones, lo que abre paso a una deliberación
verdaderamente pública, plural y abierta sobre los asuntos de interés
general.
El criterio establecido por el máximo tribunal constitucional al
anular el artículo que imponía penas de prisión por emitir «mensajes
injuriosos» y campañas falsas que atenten contra el honor y la intimidad
de los candidatos, es que con esta disposición se violaba el núcleo
esencial del derecho a la libertad de expresión.
De acuerdo a la SIP, esta representaba una penalidad excesiva
que desbordaba la que prevalece en el código penal para los delitos
de difamación e injuria, que abarca de seis días a tres meses de
prisión, y la que todavía existe en la Ley de Expresión y Difusión del
Pensamiento, que va de 15 días a seis meses de prisión.
Del mismo modo, la alta corte anuló por inconstitucional otra
disposición legal que prohibía la difusión de propaganda política por
radio y televisión, pero no así en los medios digitales, fuertemente
objetada ante la Junta Central Electoral por la Asociación Dominicana
de Radiodifusoras.
Citó ejemplos como las condenas de entre 20 y 30 años a los seis
acusados de cometer el crimen del periodista Blas Olivo en abril del
2015 o el hecho de que en este semestre «no se hayan registrado actos de
violencia contra periodistas».
No obstante, el informe presentado por Miguel Franjul, vice-
presidente regional de la SIP para República Dominicana y director
del periódico Listín Diario, expuso casos como el reciente cierre del
programa televisivo «El Jarabe», del periodista Marino Zapete, o el de
la periodista Teresa Casado, quien denunció ante el Ministerio Público
haber sido amenazada por un supuesto narcotraficante.
A su vez, distintos diarios editorializaron sobre las dificultades para
recibir información del Ministerio de Salud Pública y de los directores de
hospitales del Estado sobre la epidemia de dengue que azota al país desde
hace tres meses, pese a que existe una ley de acceso a la información pública.

12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
Solicitud de información pública y el
principio de favorabilidad
Máximo Calzado Reyes. Abogado. Especialista en derecho constitucional y derecho
administrativo. Investigador. Docente en la maestría de la Universidad I-GLOBAL.
El Caribe / 19 de febrero de 2021
En el ordenamiento jurídico dominicano,
el derecho de acceso a la información
pública se estableció de manera primigenia
en una norma preconstitucional, al aprobarse
la Ley 200-04 General de Libre Acceso a la
Información Pública.
Esta norma, constituyó un importante
paso de avance en lo relativo a la fiscalización
y control de las actuaciones públicas, de parte
de los ciudadanos, al establecer en el artículo 1
lo siguiente:
Toda persona tiene derecho a solicitar y a
recibir información completa, veraz, adecuada
y oportuna, de cualquier órgano del Estado dominicano y de todas las
sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones
con participación estatal.
Además, el derecho de acceso a la información pública ha sido
postulado en el artículo 49, de la Constitución dominicana, al establecer
que: Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho com-
prende buscar, investigar, recibir, difundir información de todo tipo, de
carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determine
la Constitución y la ley.
En este contexto, el principio de favorabilidad descrito en el artículo
74.4 de la Ley Sustantiva viene a operativizar este derecho, partiendo del
hecho de que, en el literal del artículo 7 de la Ley 200-04, se establece
como uno de los requisitos: “Motivación de las razones por las cuales se
requieren los datos e informaciones solicitadas”.
En materia de libre
acceso a la información
pública, para solventar
esta contradicción
entre la ley y el
reglamento, hay que
aplicar el principio
de favorabilidad lo
que implica que, la
decisión siempre deberá
favorecer a la persona
titular del derecho.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Sin embargo, en el artículo 15 del Reglamento de aplicación de
la Ley 200-04, aprobado mediante el decreto 130-05, no se requiere
motivar la solicitud. En ese sentido, en este apartado se establece que:
“Al solicitante le basta con invocar cualquier simple interés relacionado
con la información buscada, siendo dicho solicitante responsable del uso
y destino de la información que solicita”.
En ese sentido, en función de lo que establece el principio de favo-
rabilidad, en este caso hay una diferencia marcada entre lo que establece
la ley y el reglamento, lo cual se resuelve tomando como parámetro el
principio de favorabilidad. En este caso, la aplicación del reglamento por
encima de la ley rompe con el principio de jerarquía de las normas, ya
que, el reglamento está subordinado a la ley.
El Tribunal Constitucional Dominicano al abordar el tema del prin-
cipio de favorabilidad en el literal e) del considerando 9 de la sentencia
TC-0073-13, ha esgrimido el siguiente criterio:
(…) una correcta aplicación y armonización de los principios de
efectividad y de favorabilidad, consagrados en los numerales 4) y 5) del
artículo 7 de la Ley núm. 137-11, pudieran, en situaciones muy especí-
ficas, facultar a que este tribunal aplique una tutela judicial diferenciada
a los fines de tomar las medidas específicas requeridas para salvaguardar
los derechos de las partes en cada caso en particular.
En síntesis, de lo expresado precedentemente se colige que, en
materia de libre acceso a la información pública, para solventar esta
contradicción entre la ley y el reglamento, hay que aplicar el principio
de favorabilidad lo que implica que, la decisión siempre deberá favorecer
a la persona titular del derecho.

12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
Debate en las redes sociales
Namphi Rodríguez. Periodista, abogado y catedrático de
Derecho Constitucional y Derecho Administrativo
El Nacional /24 de noviembre de 2021
PERSPECTIVA: El terreno de la expresión
digital ha abierto un canal de informa-
ción, opiniones y emociones que se caracte-
riza por la sencillez y horizontalidad de las
plataformas de difusión online; pero también
por los riesgos maximizados que supone para
los derechos al honor, a la intimidad y a la
propia imagen de las personas.
Es un hecho incontrovertido que
la potencia de difusión de Internet y su
capacidad intrusiva ponen al servicio de las
personas, los Estados y las grandes empresas
un dossier de información sin precedentes
sobre las relaciones sociales y la vida privada
de las personas, con consecuencias que no
solamente tienen repercusiones en el presente,
sino también futuras, por la enorme capacidad
de almacenamiento de los soportes digitales.
El Tribunal Constitucional ha sostenido
en su sentencia TC/0092/19 que las redes
sociales se han convertido en los únicos
espacios accesibles para que una masa significativa de ciudadanos pueda
exteriorizar su pensamiento y recibir opiniones e informaciones, lo
cual ha motivado que el discurso político deje de ser dirigido por el
Estado o por los profesionales de la comunicación a través de los medios
tradicionales, provocando una deliberación verdaderamente pública,
plural y abierta sobre los asuntos de interés general.
plantea dos desafíos
jurídicos al momento
de regular la
libertad de expresión
en Internet y las
redes sociales»:
cómo preservar la
democratización del
debate público que
han generado las
redes sociales y cómo
afrontar la difusión
de contenidos que
pueden atentar
contra los derechos
fundamentales de
las personas y contra
el orden social.
Namphi Rodríguez

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
La realidad descrita precedentemente por el Tribunal Constitucional
ha sido matizada por el filósofo Byung-Chul Han, en su magnífico
ensayo El Enjambre: “Hoy ya no somos meros receptores y consumi-
dores pasivos de informaciones, sino emisores y productores activos. Ya
no nos basta consumir información pasivamente, sino que queremos
producirlas y comunicarlas de manera activa. Somos consumidores y
productores a la vez. Esta doble función incrementa enormemente la
cantidad de información”.
La actual perspectiva nos plantea dos desafíos jurídicos al momento
de regular la libertad de expresión en Internet y las redes sociales; a
saber: i) cómo preservar la democratización del debate público que han
generado las redes sociales y, ii) ¿cómo afrontar la difusión de contenidos
que pueden atentar contra los derechos fundamentales de las personas y
contra el orden social?
Respecto del primer aspecto, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) ha señalado que el mayor impacto de Internet sobre el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión está en la forma en la que
ha aumentado la capacidad de las personas de recibir, buscar y difundir
información.
Si es una verdad de Perogrullo que la libertad de expresión es uno
de los derechos fundamentales de toda persona, no menos cierto es que,
entendemos que este derecho fundamental ha de estar acodado por unos
límites que podríamos calificar como universales, en el sentido de que no
atenten contra la moral y el orden público.

12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
AM
¿Derecho al olvido o borrar la historia?
Inés Aizpún. Periodista. Directora de Diario Libre.
Diario Libre / 9 de febrero de 2022
El exprocurador Jean Alain Rodríguez no es
el primero ni será el último en pedir que
se borre una noticia de los sitios web. La prensa
impresa y los libros fijan la memoria colectiva
de la sociedad sirviendo de base a historiadores.
¿La memoria digital debe ser diferente?
El Tribunal Constitucional emitió el 17
de junio de 2020 la sentencia TC/0171/20
por un caso planteado por la Editorial
Acento que ha sentado jurisprudencia. No se
borra lo que es verdad ni lo que sucedió. Se
borra lo que se informó erróneamente cuan-
do se demuestre que lo publicado es incierto.
La cuestión afecta el núcleo esencial de la
libertad de expresión, opinión y el derecho
de los ciudadanos a estar informados.
Hay ya un negocio montado en torno
al tema. Abogados que cobran cantidades insensatas prometiendo a su
cliente que una noticia que se publicó (y no le conviene que se recuerde)
será borrada. Derecho al honor, intromisión en la intimidad... los jueces
deberán emitir su juicio sobre estas a menudo subjetivas fronteras.
Para que nos entendamos: un medio publica que un ciudadano
fue detenido por la policía y es acusado de un atraco. El medio lo
publica. Es un hecho verificado, es verdad. Ha ocurrido. Llega el juicio
y es declarado inocente. ¿Hay que borrar la detención, la acusación y
el juicio? No. Hay que publicar y actualizar el final de la historia, la
sentencia que lo absuelve.
TC/0171/20 expresa
que «no se borra lo
que es verdad ni lo
que sucedió. Se borra
lo que se informó
erróneamente cuando
se demuestre que lo
publicado es incierto.
La cuestión afecta el
núcleo esencial de la
libertad de expresión,
opinión y el derecho
de los ciudadanos
a estar informados.
Inés Aizpún

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
A grandes rasgos esto viene a decir el Constitucional. Otros asuntos
son menos obvios, hay matices en cada historia como los hay en cada
vida. Pero borrar los hechos es borrar la historia. Y el periodismo es, y
debe seguir siendo, la historia contada en tiempo real, día a día.

12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
SDD valora TC consigne derecho
diarios digitales a mantener noticias
legítimas, veraces y de fuentes válidas
Entidad agrupa periódicos de circulación nacional def‌iende el respeto a
la intimidad, pero también el de la población a estar informada
Luis Brito. Periodista
El Nuevo Diario / 20 de abril de 2022
La Sociedad Dominicana de Diarios, Inc.
(SDD) valora como un gran aporte al
derecho a la información de los ciudadanos
la sentencia del Tribunal Constitucional
(TC) que establece el derecho que tienen los
diarios digitales de mantener en sus plata-
formas las informaciones relativas a «hechos
noticiables» legítimos, veraces o procedentes
de fuentes válidas.
Tras reafirmar su apego al mandato de la
sentencia del TC 0171-20, del 17 de junio
del 2020, y recordar que en su momento
acogió con beneplácito dicho fallo, la SDD
hace acopio al derecho de la población de
mantenerse informada de los hechos noticiosos
acontecidos y por tanto resalta el valor del
dictamen adoptado por la alta corte.
Recuerda que la propia Constitución de la República, en su
artículo 184, establece que «son definitivas e irrevocables y constituyen
procedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos
del Estado».
Amparado en la referida sentencia, el propio TC falló recientemente
a favor de la «Editorial Acento S.A.S», que edita el periódico digital
«Acento», ante el pedimento de una persona que reclamaba le fuera
La Sociedad
Dominicana de
Diarios defiende
el respeto a la
intimidad, el derecho
a las personas tener
accesos a sus datos y
a la corrección de los
mismos cuando sean
erróneos o falsos, pero
también al derecho de
la población a estar
informada. Reafirma
su apego al mandato

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
retirada del citado medio una información en la que se hacía constar que
el Poder Ejecutivo justificaba su cancelación a que supuestamente «tenía
relaciones con el narcotráfico».
La persona cancelada pedía que Acento retirara la información
alegando que no fue procesado judicialmente por las razones que habían
motivado a su desvinculación.
En ese sentido, el Tribunal Constitucional dictaminó que la
información publicada por «Acento» no era errónea ni falsa, por lo que
rechazó la solicitud del accionante.
El órgano constitucional agrega que «la conducta de la parte
recurrida (acento), consiste en la difusión, en el ejercicio de su profesión,
en un diario digital y en ocasión de una noticia de relevancia pública,
constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad
de información».
En ese tenor, la Sociedad Dominicana de Diarios hace estos
señalamientos en virtud a la frecuencia con que personas vinculadas a
sucesos o procesos judiciales o sus abogados han querido judicializar sus
solicitudes de retirar las informaciones sobre los sucesos o hechos en los
que han sido involucrados por las autoridades.
Para sus pretensiones -añade la SDD- las personas que intentan
judicializar a los medios alegan un mal interpretado derecho de «Hábeas
Data», cuyo alcance también es aclarado en la sentencia del TC y que
nada tiene que ver con el derecho a informaciones de interés público.
La Sociedad Dominicana de Diarios defiende el respeto a la intimi-
dad, el derecho de las personas a tener acceso a sus datos y a la corrección
de los mismos cuando sean erróneos o falsos, pero también al derecho de
la población a estar informada.
“En tal sentido valora como un gran aporte al derecho a la informa-
ción de los ciudadanos la sentencia en cuestión y que fue comunicada
oficialmente a Editorial Acento el 2 de marzo del 2021”, concluye un
documento de la entidad que aglutina a todos los diarios del país de
circulación nacional.

12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
SODOMEDI respalda sentencia
del Tribunal Constitucional
Noticias entre Amigos / 23 de abril de 2022
La Sociedad Dominicana de Medios Digitales
Dominicanos Inc. (SODOMEDI), unifica
criterios y respaldo con el Colegio Dominicano
de Periodistas, así como con la Sociedad
Dominicana de Diarios, Inc., acogiendo
la sentencia del Tribunal Constitucional
TC-0171-20 del 17 de junio del 2020, en el
que estableció el derecho que tienen los diarios
digitales de mantener en sus plataformas las
informaciones relativas a “hechos noticiables”
que sean legítimas, veraces o procedentes
de fuentes válidas, quiere ahora reafirmar su
apego al mandato de esta decisión.
SODOMEDI respalda y asume el derecho
de la población de mantenerse informada de
los hechos noticiosos acontecidos y por lo
que el valor de la sentencia es una garantía
para la libertad de expresión y desarrollo de la
democracia.
artículo 184, establece que “son definitivas e irrevocables y constituyen
procedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos
del Estado”.
Con la sentencia TC-0171-20, el Tribunal Constitucional falló
a favor de la “Editorial Acento S.A.S”, que edita el periódico digital
“Acento”, ante la solicitud de una persona de que fuera retirada una
información publicada de la citada plataforma digital.
La Sociedad
Dominicana de
Medios Digitales
Dominicanos Inc.
(Sodomedi), reitera
su acogida a la
sentencia del Tribunal
Constitucional
TC-0171-20 a favor
de la Editorial
Acento S.A.S, que
edita el periódico
digital Acento,
ante la solicitud
de una persona de
que fuera retirada
una información
publicada de la citada
plataforma digital.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
El Tribunal Constitucional dictaminó que la información publicada
por “Acento” no era errónea ni falsa, por lo que decidió rechazar la
solicitud hecha por el accionante.
En dicha sentencia, el Tribunal Constitucional agrega que “la
conducta de la parte recurrida (Acento), consiste en la difusión, en el
ejercicio de su profesión, en un diario digital y en ocasión de una noticia
de relevancia pública, constituyó el ejercicio legítimo de su derecho
fundamental a la libertad de información”.
La Sociedad Dominicana de Medios Digitales (SODOMEDI)
otorga su respaldo a esta ganancia de causa al medio digital www.acento.
com así como se coloca, como es costumbre, al lado de los diferentes
gremios y personas que defienden los derechos de los trabajadores de la
prensa.
La institución también respeta el derecho de las personas a tener
acceso a sus datos y a la corrección de estos cuando sean erróneos o
falsos y al derecho de la población a estar informada. Además del apego
irrestricto de mantener la ética y valores como entidad que aglutina una
gran parte de los medios digitales de la República Dominicana.
Es por todo esto que vemos con beneplácito esta sentencia que
viene a reconocer la libertad de expresión y difusión de las informaciones
veraces.

12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
Diarios acogen fallo del TC que rechaza
borrar noticias en medios digitales
Listín Diario / 21 de abril de 2022
La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD)
valoró ayer como un gran apor te al dere-
cho a la informa ción de los ciudadanos, la
sentencia del Tribunal Constitucional (TC)
que establece el derecho que tienen los diarios
digitales de mantener en sus plata formas las
informaciones relativas a “hechos noticia bles”
legítimos, veraces o procedentes de fuentes
vá lidas.
Tras reafirmar su apego al mandato de la
sentencia del TC 0171-20, del 17 de junio
del 2020, y recordar que en su momento
acogió con beneplácito dicho fallo, la SDD
hace acopio al derecho de la población de
mante nerse informada de los he chos noticiosos
acontecidos y por tanto resalta el valor del
dictamen adoptado por la alta corte.
Recuerda que la propia Constitución de la
Repúbli ca, en su artículo 184, esta blece que “son definitivas e irrevoca-
bles y constitu yen precedentes vinculan tes para los poderes públi cos y
todos los órganos del Estado”.
PETICIÓN
Amparado en la referi da sentencia, el propio TC falló recientemente
a fa vor de la “Editorial Acento S.A.S”, que edita el perió dico digital
“Acento”, ante el pedimento de una per sona que reclamaba le fue ra
retirada del citado medio una información en la que se hacía constar que
Para sus pretensiones
las personas que
intentan judicializar
a los medios alegan
un mal in terpretado
derecho de há beas
data, cuyo alcance
también es aclarado
en la sentencia del
TC (0171-20) y
que na da tiene que
ver con el de recho
a informaciones
de interés público.
Sociedad Dominicana
de Diarios

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
el Po der Ejecutivo justificaba su cancelación a que supues tamente “tenía
relaciones con el narcotráfico”.
La persona cancelada pe día que Acento retirara la información
alegando que no fue procesado judicial mente por las razones que habían
motivado a su des vinculación.
En ese sentido, el Tribunal Constitucional dictaminó que la
información publi cada por “Acento” no era errónea ni falsa, por lo que
rechazó la solicitud del ac cionante.
El órgano constitucional agrega que “la conducta de la parte recu-
rrida (Acento), consiste en la difusión, en el ejercicio de su profesión,
en un diario digital y en oca sión de una noticia de re levancia pública,
constitu yó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad
de información”.
En ese tenor, la SDD ha ce estos señalamientos en virtud a la
frecuencia con que personas vinculadas a sucesos o procesos judi ciales o
sus abogados han querido judicializar sus solicitudes de retirar las infor-
maciones sobre los sucesos o hechos en los que han sido involucrados
por las autoridades.
MALINTERPRETACIÓN
Para sus pretensiones -aña de la SDD- las personas que intentan
judicializar a los medios alegan un mal in terpretado derecho de “há beas
data”, cuyo alcance también es aclarado en la sentencia del TC y que
na da tiene que ver con el de recho a informaciones de interés público.
APORTE
El gremio defiende el respeto a la intimidad, el derecho de la perso-
na a tener acceso a sus datos y a la corrección de los mismos cuan do
sean erróneos o fal sos, pero también al de recho de la población a estar
informada.
“En tal sentido valora como un gran aporte al derecho a la informa-
ción de los ciudadanos la sentencia en cuestión y que fue comunicada

12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
oficialmente a Edito rial Acento el 2 de mar zo del 2021”, concluye un
documento de la en tidad que aglutina a to dos los diarios de circu lación
nacional del país.

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