VI. Herramientas de interpretación constitucional

• Páginas: 151-198
• Autor: Rawill de Jesús Guzmán Rosario

151

VI.

HERRAMIENTAS DE INTERPRETACIÓN

CONSTITUCIONAL

6.1. Test especiales

6.1.1. Test de razonabilidad

En la toma de las decisiones sobre acciones directas, el Tribu-

nal Constitucional ha optado por emplear algunos test especiales

para facilitar el ejercicio de la interpretación constitucional. La

herramienta de interpretación de esta naturaleza que ha tenido

mayor presencia es el test de razonabilidad. Este consiste en un

examen de tres pasos, a los fines de ponderar si el acto impugnado

se encuentra razonablemente justificado, tanto en el fin que busca

como en los medios que emplea. El interés de su uso es comprobar

que toda norma tenga un fundamento lógico.

El sustento constitucional de este test se encuentra en los artí-

culos 40.15 y 74.2 de la Constitución, que consagran el principio

de razonabilidad, en virtud del cual las normas jurídicas deben

encontrarse fundamentadas en razones suficientes para imponer

obligaciones sobre las personas. Es importante anotar que esta

herramienta de interpretación fue importada de la jurisprudencia

constitucional comparada198, específicamente la colombiana, la

cual, a su vez, la tomó de la estadounidense. La incorporación

198 TC/0044/12 del 21 de septiembre de 2012, § 9.2.2.

RAWILL DE JESÚS GUZMÁN ROSARIO

152

del test de razonabilidad se debió a que se estimó necesario

brindar objetividad a la tarea de la interpretación constitucional,

máxime sobre una cuestión tan abierta como la «razonabilidad»,

pues la misma puede ser defendida desde distintas posiciones

jurídico-políticas.

En otras jurisdicciones se ha acudido a una división tripar-

tita del test, según el nivel de exigencia del escrutinio a realizar

(dependiendo, sobre todo, del nivel de vulnerabilidad del grupo

social envuelto): 1) test leve, 2) test intermedio, y 3) test estricto.

Sin embargo, del estudio de la jurisprudencia constitucional na-

cional se ha podido observar que el empleo del test leve ha sido

predominante, acudiéndose a este de manera explícita en alrede-

dor de un tercio las ocasiones que se ha aplicado el test, mientras

que en el resto de los casos esto se puede interpretar a partir de

los razonamientos del Tribunal199. Lo anterior ha implicado dejar

con un uso prácticamente inexistente los demás niveles200. Esto se

puede explicar en virtud de que la Constitución nacional incluye

una normativa lo suficientemente amplia (estatuyendo medios

de protección sobre los grupos en situación de vulnerabilidad),

lo cual hace innecesario tener que subir el nivel de escrutinio del

test para poder garantizar una protección reforzada en torno a

los mismos201.

Los citados tres pasos o requisitos del test exigen que la norma

impugnada, para superar el test y ser conforme con la Constitución,

199 GUZMÁN (Rawill), «La razón como límite al derecho: análisis de la letalidad del

test de razonabilidad en la jurisprudencia constitucional dominicana», Gaceta Judicial,

núm. 397, Santo Domingo, República Dominicana, 2021, p. 59.

200 V. TC/0200/13 del 7 de noviembre de 2013, § 12.4.u.

201 GUZMÁN (Rawill), op. cit., p. 59.

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

153

debe: 1) tener un fin legítimo; 2) emplear medios adecuados; y

3) existir una relación razonable entre fin y medios. Este test está

diseñado de manera tal que si uno de los requisitos no se cumple,

entonces se estima que la norma es irrazonable y, en consecuencia,

inconstitucional. Cuando el primero o el segundo de los requisitos

no se cumple, entonces tradicionalmente se ha entendido que no

es necesario analizar el resto de ellos202, aunque en ocasiones se ha

analizado, de todos modos203.

En el primer elemento (fin legítimo) se analiza si la finalidad

de la norma está constitucionalmente permitida y si tiene utilidad

social204. El segundo elemento (medios adecuados) exige que los

mecanismos empleados en la norma sean también constitucionales;

pues no se puede procurar un objetivo constitucional (como la di-

suasión del crimen) por medios no constitucionales (como la pena

de muerte). El tercer elemento (relación medios-fin) se concentra

en estudiar la coherencia entre lo que se busca y la manera como

se pretende alcanzarlo.

Después de haber adelantado estas nociones teóricas, convie-

ne ilustrar cómo el tribunal ha aplicado el test de razonabilidad a

lo largo del tiempo205, incluyendo el dato de cuántas veces se ha

estimado que la norma examinada no supera el referido test:

202 TC/0542/20 del 29 de diciembre de 2020, p. 39.

203 TC/0200/13 del 7 de noviembre de 2013, § 9.7.1.14.

204 TC/0107/13 del 20 de junio de 2013, p. 8.

205 En la gráfica se cuenta la cantidad de sentencias que emplearon el test de razonabi-

lidad en, al menos, una ocasión; pues sucedía que en algunas sentencias se aplicaba

el test más de una vez con respecto a diferentes normas impugnadas simultánea-

mente.

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EVOLUCIÓNDELUSODELTESTDERAZONABILIDAD

Usototal Nosuperado

El tribunal ha acudido al test de razonabilidad en un 11 % de

todas las sentencias en materia de acción directa de inconstitucio-

nalidad; es decir, en alrededor de 1 de cada 10 sentencias. Esto lo

hace el test que se ha empleado en un mayor número de ocasiones,

por encima del test de igualdad, el test interamericano sobre re-

gulación de derechos políticos y otras herramientas similares. Por

demás, se trata de un recurso que no ha dejado de estar presente

en la historia jurisprudencial del tribunal, según se puede constatar

en la gráfica que antecede.

Si bien el empleo del test de razonabilidad ha fluctuado en

el tiempo, puede constatarse cómo ha sido mucho más usual su

empleo a partir de la segunda mitad del período estudiado (2017-

2022) en comparación con la primera mitad (2012-2017). Lo an-

terior pone en evidencia que la segunda y tercera composición han

sido más tendentes a acudir a este recurso, y que el mismo sigue el

patrón de mantenerse presente en la jurisprudencia constitucional

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

155

como uno que sirve de mecanismo para hacer más objetivo el pro-

ceso de análisis del fin y los medios que emplea una norma jurídica.

En igual sentido, se puede identificar cómo hubo un pico en 2021,

año en el cual casi un tercio de las sentencias sobre acción directa

incluyeron el uso del test de razonabilidad.

En la gráfica también es posible observar la cantidad de veces

en que el test no fue superado; es decir, en cuántas ocasiones la

norma examinada en razonabilidad no cumplió con, al menos,

uno de los requisitos del test y fue, en consecuencia, declarada

inconstitucional. De una mera relación lógica es posible confirmar

que a mayor número de aplicaciones del test, hay más probabilidad

de que una mayor cantidad de normas no lo supere. En efecto,

esta ha sido la tendencia. Además, las veces que el test no ha sido

superado se sitúa de manera discreta, en prácticamente todos los

años, por debajo del cuarto de las veces que el test ha sido aplicado;

mientras que la cifra exacta por año se ha mantenido por debajo

de las cinco ocasiones.

Ahora bien, para comprender mejor cuáles han sido las deci-

siones más recurrentes cuando se ha aplicado esta herramienta de

interpretación, conviene desglosarlas:

RAWILL DE JESÚS GUZMÁN ROSARIO

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DECISIÓN SOBRE TEST DE RAZONABILIDAD

Superado: 78.5%

Superado No Superado

El test de razonabilidad se ha considerado superado en un 78.5

% de las veces que se ha aplicado, y se ha considerado no superado

en el 21.5 % restante. En consonancia con lo afirmado previamente,

la tasa de no superación del test se sitúa en casi un cuarto de las

ocasiones, derivando en la consecuente inconstitucionalidad del

texto impugnado o su interpretación conforme. En relación con

el promedio general de acogida de las acciones directas (13 %),

esto demuestra que estos procesos constitucionales han tenido más

tendencia a ser acogidos cuando se aplica el test de razonabilidad.

De ahí que deba prestarse atención a la aplicación del test, para

ponderar por qué las normas son más susceptibles a ser declaradas

inconstitucionales cuando pasan por el tamiz del test de razonabi-

lidad y su lista cerrada de requisitos.

Ese 21.5 % de ocasiones en que la norma impugnada no

supera el test se desglosa de la siguiente manera: 12 % se refiere a

No superado

(3er. Elemento): 12%

No superado

(2do. Elemento): 8%

No superado (1er. Elemento): 1.5%

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

157

la no superación del tercer elemento (relación medios-fin), 8 %

al segundo elemento (medios adecuados)206, y sólo un 1.5 % al

primer elemento (fin legítimo). Esto demuestra que el tribunal ha

sido permisivo con el primer elemento, probablemente porque la

Constitución comprende una apertura tal que sirve para englobar

finalidades diversas. No ha sucedido lo mismo con los medios

empleados y su relación con el fin buscado, lo que se puede expli-

car a partir de que en los medios es que se incluyen las medidas

restrictivas de los derechos de las personas y, en consecuencia, el

espacio donde con mayor probabilidad se manifiestan limitaciones

inconstitucionales.

A los fines de ilustrar los escenarios planteados, se aportarán

cuatro ejemplos para cada uno de ellos. Un primer ejemplo se

refiere a la superación del test de razonabilidad. En ocasión del

conocimiento de una acción directa de inconstitucionalidad contra

una norma legislativa que imponía la vacunación obligatoria con

respecto a ciertas enfermedades, el tribunal estimó que cumplía

con los tres requisitos del test, pues argumentó que: 1) tiene un

fin legítimo, que es la obligación estatal de la protección de la sa-

lud con base en criterios científicos; 2) emplea medios adecuados,

pues se confieren prerrogativas para prevención de enfermedades

al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; y 3) comprende

una relación coherente entre medios y fin, dado que la vacunación

obligatoria responde a la necesidad de preservar la «(…) salud

pública y bioseguridad, en virtud de que los brotes epidémicos o

206 En algunas sentencias constitucionales se determinó el no cumplimiento del segundo

ni el tercer elemento, sin embargo, en esos casos se computaron como el no cumpli-

miento del segundo elemento, tomando en consideración que se encuentra ubicado de

manera precedente al tercero.

RAWILL DE JESÚS GUZMÁN ROSARIO

158

pandémicos entrañan riesgos de enfermedades contagiosas y de

creciente propagación, afectando vertiginosamente la población,

así como la capacidad de asistencia médica y hospitalaria de la

nación»207.

Un segundo ejemplo se refiere a ese número extremadamente

aislado de casos en los que se determinó la no superación del test

debido a que su primer elemento (fin legítimo) no se cumplía. El

caso escogido versaba sobre la impugnación en inconstitucionali-

dad de una norma legislativa que colocaba una edad límite de 65

años para poder trabajar como conductor de transporte público.

El tribunal estimó que el fin buscado no era constitucional, en la

medida de que se trataba de una restricción irrazonable del derecho

al trabajo que, por demás, viola la protección reforzada que se les

debe a las personas de tercera edad, como grupo en situación de

vulnerabilidad208.

Un tercer ejemplo se refiere a la no superación del segundo

elemento del test (medios adecuados). El tribunal abordó una

acción directa contra una norma legislativa que prohibía la promo-

ción política radial y televisiva durante la precampaña electoral. Se

estimó que el fin buscado era legítimo, pues el mismo era evitar la

saturación de los medios de comunicación con contenido electoral

durante la precampaña. Sin embargo, se consideró que el medio

empleado no era constitucional, pues esta prohibición constituía

una restricción irrazonable a la libertad de expresión, tomando en

cuenta que en la precampaña los precandidatos también deben

tener derecho a informar de sus proyectos políticos209.

207 TC/0441/22 del 12 de diciembre de 2022, § 10.16.

208 TC/0005/20 del 31 de enero de 2020, § 9.19.

209 TC/0052/22 del 22 de febrero de 2022, § 11.13.

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

159

El último ejemplo hace alusión a aquellos casos en los que

no se cumple el tercero de los requisitos (relación medios-fin). En

una acción directa contra una norma legislativa que consagraba la

prohibición de importación de bienes perecederos extranjeros que

no se encontraran etiquetados en español, el tribunal estimó que

había un fin legítimo, el cual consistía en la puesta en condiciones al

consumidor sobre las informaciones del producto. En igual sentido,

se argumentó que el medio empleado era adecuado, consistente en

la prohibición a la Dirección General de Aduanas de despachar los

citados productos, considerando que es una de las medidas que el

Estado puede tomar para impedir que llegaran a la sociedad aquellos

productos que podrían afectarla. En todo caso, el tribunal estimó

que no se cumplía con el tercer elemento (relación medios-fin),

pues el legislador impuso una medida excesivamente restrictiva, al

impedir el despacho de los productos indicados, pues hay medidas

menos restrictivas, como exigir el reetiquetado de estos, una vez

ingresan al país y, en consecuencia, el cumplimiento con el requisito

de ofrecer las informaciones en español210.

Un último aspecto que vale la pena mencionar en torno al

test en estudio es que, si bien ha sido de gran utilidad, el mismo

no resulta indispensable a la hora de estudiar la razonabilidad de

una norma. De hecho, ha habido casos en los cuales el tribunal ha

empleado argumentos en los que claramente aborda la cuestión de

la razonabilidad, sin emplear el citado test. Esto sucedió cuando el

tribunal analizó la constitucionalidad de una norma que impedía

la instalación de nuevas bancas de apuestas durante una década,

ante lo cual, en la sentencia constitucional se argumentó que «la

210 TC/0317/21 del 22 de septiembre de 2021, § 10.28.

RAWILL DE JESÚS GUZMÁN ROSARIO

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limitación temporal resulta en un mecanismo idóneo y necesario,

justificado constitucionalmente en un interés público que busca

el redimensionamiento del erario al sector de la educación»211. Al

menos implícitamente, aquí el tribunal analizó los distintos ele-

mentos del test en estudio.

6.1.2. Test de igualdad

El test de igualdad es la segunda herramienta de interpretación

constitucional de esta naturaleza que ha tenido mayor difusión en la

jurisprudencia estudiada. Este consiste en un examen de tres pasos,

que sirve para identificar si una norma conlleva una discriminación

injustificada a la igualdad de las personas, en su naturaleza tripartita

de valor, principio y derecho. Esta herramienta fue incorporada

para dotar de objetividad al proceso de análisis del respeto a la

igualdad de alguna determinada norma jurídica, y así reducir el

rango de arbitrariedad en la toma de decisiones constitucionales.

El fundamento constitucional de este test se encuentra en

el artículo 39 de la Constitución, el cual consagra el derecho a

la igualdad; en todo caso, otras disposiciones constitucionales

contribuyen a dotar de contenido más concreto a la igualdad en

distintos ámbitos. Por otro lado, este test también fue importado

de la jurisprudencia constitucional comparada212, específicamente

la colombiana, desde los inicios del Tribunal Constitucional.

Los tres elementos del test de igualdad son: 1) la identificación

de que los supuestos fácticos en estudio sean semejantes; 2) la de-

211 TC/0001/14 del 14 de enero de 2014, § 9.2.8.

212 TC/0033/12 del 15 de agosto de 2012, § 9.2.2.

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

161

mostración que la diferenciación entre ambos casos sea «objetiva,

proporcional y razonablemente justificada»; y 3) la constatación de

que la norma no implique consecuencias que no sean proporcio-

nales a la finalidad perseguida. Es importante aclarar que este test

funciona diferente al de razonabilidad, pues si el primer requisito

no se cumple, entonces el test se declara no aplicable, sin necesidad

de verificar los elementos restantes213, lo cual implica que la norma

no resulta violatoria a la igualdad. Esto se justifica en el hecho de

que si los supuestos fácticos que se comparan no son similares,

entonces el trato diferente a ambos se debe a la naturaleza distinta

de cada uno de ellos. Ahora bien, una vez verificado que se cumple

el primer elemento, entonces se pasan a estudiar los dos restantes,

debiéndose cumplir ambos para poder superar el test.

Con el interés de entender la evolución del uso de este test en

la jurisprudencia constitucional estudiada, se presenta la siguiente

gráfica:

213 TC/0535/15 del 1 de diciembre de 2015, § 11.17.

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EVOLUCIÓNDELUSODELTESTDEIGUALDAD

Usototal Nosuperado Noaplicable

El tribunal ha acudido al test de igualdad en un 9 % de las

sentencias constitucionales en materia de acción directa durante

el período estudiado; es decir, se aplica en casi 1 de cada 10 deci-

siones. Con respecto a su distribución histórica, el tribunal lo ha

empleado, al igual que el test de razonabilidad, en una mayor can-

tidad de ocasiones durante la segunda mitad del período estudiado

(2017-2022); en consecuencia, se trata de una herramienta a la cual

la segunda y tercera composiciones han acudido de manera más

recurrente, en comparación con la primera composición.

Una visualización del gráfico anterior permite apreciar que la

tendencia del tribunal ha sido aumentar progresivamente el uso

de este test, pero para luego descender, lo cual ha ocurrido en dos

períodos: 1) el aumento de 2012 a 2015, con la caída en 2016 y

2017; 2) para otro aumento de 2018 a 2021 y una segunda recaída

en 2022. Esto demuestra una fluctuación en el uso del test de igual-

dad sobre la cual no se han podido identificar razones concretas,

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

163

pero debe tenerse presente que la misma se ha visto influenciada

no sólo por la manera de abordar la interpretación de los magis-

trados constitucionales, sino también por el tipo de casos que se

presentan ante el tribunal. El pico más importante fue en 2021,

año en el que casi un quinto de las sentencias emitidas incluyó el

test de igualdad.

En lo que respecta a la cantidad de veces que el test se estimó

no superado (por no cumplir el segundo o tercero de los elementos),

esta cifra se mantuvo prácticamente inexistente hasta 2018. A partir

de ese año, la cifra subió, probablemente motivada por la decisión

de un mayor número de casos en los cuales se aplicó el test. Ahora

bien, la cantidad de veces que se ha determinado la no superación

del test (y la consecuente inconstitucionalidad de la norma por

violación a la igualdad) se ha mantenido por debajo de un tercio

del total de las veces que se aplicó el test en cada año estudiado.

Los datos de la no aplicabilidad del test, por no identificarse

supuestos fácticos semejantes, tiene una presencia más importante.

De hecho, esta decisión representa más de la mitad de las veces

que se ha analizado el test de igualdad en cada uno de los años

estudiados. En varios años, la no aplicabilidad del test ha subido

a prácticamente la totalidad de las veces en que se ha acudido al

mismo. Para entender mejor la distribución proporcional de esta

y las demás alternativas en torno al test de igualdad, conviene

observar la siguiente gráfica:

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DECISIÓN SOBRE TEST DE IGUALDAD

La no aplicabilidad del test engloba dos tercios de la totali-

dad de las decisiones sobre esta herramienta de interpretación,

siendo la razón prioritaria la identificación de supuestos fácticos

disímiles, constituyendo un 61 % del total, y la razón secundaria

es el segundo elemento (diferenciación objetiva, proporcional y

razonable), con un 5 % del total. Este segundo renglón sólo ha

sido empleado en un número muy aislado de casos, en los que

existen supuestos fácticos similares, pero sin que los mismos re-

ciban un tratamiento diferenciado, razón que hace innecesario

Superado

No Superado No aplicable

No aplicable (1er. Elemento): 61%

No aplicable (2do. Elemento): 5%

No superado (2do. Elemento): 14%

Superado: 18%

No superado (1er. Elemento): 2%

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

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seguir examinando el test que precisamente busca detectar un

trato discriminatorio injustificado.

La superación del test se coloca como segunda alternativa

más recurrida, después de la no aplicabilidad, con 18 %. En estos

escenarios se estima que la norma ofrece un trato diferenciado a

sujetos similares, pero bajo una justificación constitucionalmente

fundamentada. Por último, la no superación del test comprende el

16 % restante, situando la no superación del test de igualdad por

debajo de la relativa al test de razonabilidad. Esta proporción se

divide en un 14 % en el no cumplimiento del segundo elemento

(diferenciación objetiva, proporcional y razonable), y un 2 % en

una situación atípica de no cumplimiento del primer requisito,

a pesar de que cuando el mismo no se cumple, simplemente se

determina la no aplicabilidad del test. Es relevante mencionar que

no fue posible detectar casos en los cuales se estimara el cumpli-

miento del segundo elemento e incumplimiento del tercero, por

lo que el segundo elemento suele ser la razón que el tribunal ha

retenido de manera prioritaria para determinar que el test no se

ha cumplido214.

A continuación, se aportarán cinco ejemplos, uno por cada una

de las alternativas planteadas. Con respecto a la no aplicabilidad

del test de igualdad por el primer elemento (supuestos fácticos

semejantes), este tribunal tomó tal decisión cuando conoció una

acción directa de inconstitucionalidad contra la norma legislativa

que cerraba las vías recursivas contra el auto de apertura a juicio.

214 Se hace constancia de que en algunas sentencias constitucionales se determinó el no

cumplimiento ni del segundo ni del tercer elemento; sin embargo, esos casos se com-

putaron como del no cumplimiento del segundo elemento, tomando en consideración

que se encuentra ubicado de manera precedente al tercero.

RAWILL DE JESÚS GUZMÁN ROSARIO

166

En esa ocasión se argumentó que no se trataba de supuestos com-

parables debido a su naturaleza e implicaciones distintas, pues el

auto de apertura a juicio da inicio formal al proceso penal, y el auto

de no ha lugar conlleva, precisamente, lo contrario.

La otra alternativa en el marco de la no aplicabilidad del test se

refiere al segundo elemento (diferenciación objetiva, proporcional

y razonable). Esta se aplicó en ocasión de una acción directa de

inconstitucionalidad en la que se ponderó una norma legislativa que

establecía el cese temporal de funciones de servidores públicos que

resultaban electos como magistrados constitucionales. El tribunal

estimó que se trataba de supuestos fácticos semejantes, pues se com-

paraba a los jueces del Poder Judicial con otros servidores públicos.

Ahora bien, se argumentó que el segundo de los requisitos no se

aplicaba, en virtud de que entre los servidores judiciales y el resto

de los servidores públicos no existía un trato diferenciado, pues

a ambas categorías les aplicaba el cese temporal de sus funciones

para asumir la magistratura constitucional215.

Con respecto a la superación del test de igualdad, una de las

sentencias que se decantó por esta alternativa fue la que resolvió

una acción directa contra una resolución de la Junta Central

Electoral, que disponía que el elector municipal podía votar por

los candidatos de su municipio, mientras que los electores de los

distritos municipales podían votar tanto por los candidatos de su

distrito como por los del municipio correspondiente. El tribunal

determinó el cumplimiento del primer requisito (supuestos fácti-

cos semejantes), en el entendido de que tanto los electores de los

municipios como los electores de los distritos municipales están

215 TC/0135/22 del 12 de mayo de 2022, P. 17.

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

167

habilitados para votar en las elecciones de autoridades locales.

El segundo elemento (diferenciación objetiva, proporcional y

razonable) también se determinó cumplido, pues la autonomía

de los distritos municipales no es absoluta con respecto a los mu-

nicipios, dado que se trata de un cogobierno en esa demarcación

territorial; en consecuencia, se estimó razonable que el voto de un

ciudadano influya sobre los cargos electivos que gobiernan donde

reside. Finalmente, el tercer elemento (medidas proporcionales

a la finalidad) se estimó cumplido porque se habilitó un medio

adecuado de votación (lista cerrada y bloqueada) para alcanzar la

«legitimación democrática de las autoridades del municipio por

parte de los habitantes del distrito municipal, ya que se trata de

autoridades de su gobierno local, conjuntamente con las de su

junta de distrito»216.

Por último, se analizarán dos casos de no superación del test

de igualdad. Un primer escenario dentro de esta alternativa es el

no cumplimiento del segundo elemento (diferenciación objetiva,

proporcional y razonable). Esto sucedió en el análisis de una acción

directa de inconstitucionalidad contra la norma legislativa que

imponía un impuesto del 50 % a los beneficiarios de sucesiones

domiciliados en el extranjero, el cual fue el primer caso que aplicó

formalmente el test de igualdad. El tribunal determinó que se tra-

taba de supuestos fácticos semejantes, dado que se comparó entre

los sucesores residentes en el país y los sucesores residentes en el

extranjero, considerando que ambos tenían derechos sucesorales.

En todo caso, se argumentó que esta distinción en el cobro de un

impuesto más elevado a los residentes en el extranjero constituía un

216 TC/0145/16 del 29 de abril de 2016, § 9.1.4-9.19.

RAWILL DE JESÚS GUZMÁN ROSARIO

168

trato discriminatorio injustificado entre los dominicanos residentes

en el país y la diáspora217.

El último ejemplo se refiere al caso atípico en el cual el

tribunal determinó que no se cumplía el primer elemento (su-

puestos fácticos semejantes), a diferencia de la decisión tradicio-

nal de determinar no aplicable el test. En esencia, en ese caso

se determinó que la regulación que aplicaba sobre la Sociedad

Dominicana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, limitaba su

libertad de gestionar libremente las ganancias por reproducción

de los fonogramas de los artistas representados, a diferencia de

otras sociedades de gestión colectiva. En consecuencia, el tribunal

estimó que «el primer requisito del test de igualdad se encuentra

insatisfecho», procediendo a aplicar una sentencia interpretativa

reductora218. Siguiendo la tendencia jurisprudencial, lo adecuado

hubiera sido reconocer la aplicación del primer requisito, por

tratarse de supuestos fácticos semejantes (sociedades de gestión

colectiva), para luego explicar una diferenciación injusta entre

ellos, en virtud de los elementos restantes.

6.2. Uso de jurisprudencia constitucional comparada

Las sentencias constitucionales utilizan en ocasiones juris-

prudencia constitucional comparada, a los fines de reforzar los

razonamientos empleados en el cuerpo de las mismas219. Esto

217 TC/0033/12 del 15 de agosto de 2012, § 9.2.4-9.2.6.

218 TC/0411/22 del 8 de diciembre de 2022, § 12.f.

219 En este y en los acápites siguientes se considera que el tribunal ha usado alguna fuente

cuando la menciona en la sección de «Consideraciones y fundamentos del Tribunal

Constitucional» como parte de su argumentación.

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

169

se hace con el objetivo de demostrar cómo otras jurisdicciones

constitucionales han resuelto conflictos jurídicos que tienen

algún punto de similitud (sea este procesal, sustancial o de herra-

mientas de interpretación) con un caso llevado a nivel nacional.

En consecuencia, las decisiones de otros tribunales constitucio-

nales sirven como fuente con contenido que puede llegar a ser

disuasivo, mas no vinculante, pues esta última característica se

ha reservado para las decisiones del Tribunal Constitucional

dominicano y «las interpretaciones que adoptan o hagan los

tribunales internacionales en materia de derechos humanos»

(artículo 7.13 de la Ley núm. 137-11). En todo caso, la propia

legislación reconoce que la práctica constitucional comparada

puede servir de inspiración en la toma de las decisiones a nivel

nacional220.

Cuando los tribunales constitucionales se citan entre sí

crean un «diálogo entre cortes»221, en virtud del cual es posible

identificar razonamientos de sentencias constitucionales de otros

países en decisiones nacionales. Este diálogo puede ser «vertical»

u «horizontal»; el primero se refiere a aquellas interacciones entre

jurisdicciones nacionales y tribunales de carácter supranacional que

pueden abordar temas de relevancia constitucional (como la Corte

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de

Justicia), mientras que el segundo hace alusión de las interacciones

entre tribunales de una misma naturaleza en diferentes países (como

220 El artículo 47, Párrafo III, de la Ley núm. 137-11 dispone que el Tribunal Constitu-

cional: «(…) Adoptará, cuando lo considere necesario, sentencias exhortativas o de

cualquier otra modalidad admitida en la práctica constitucional comparada».

221 MIRANDA (Haideer), «La utilización de jurisprudencia constitucional extranjera por

la Sala Constitucional», Revista Judicial, núm. 120, 2017, p. 260, disponible en línea,

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r38095.pdf [consulta 1 enero 2023]

RAWILL DE JESÚS GUZMÁN ROSARIO

170

la Corte Constitucional de Colombia y el Tribunal Constitucional

de España)222.

En todo caso, el uso de este tipo de fuentes no es una cuestión

pacífica en la doctrina. Esto se debe a que, por un lado, algunos

autores estiman que estos recursos son útiles para entender cómo

otros magistrados constitucionales han resuelto problemas simila-

res; por lo que se empieza a construir una especie de razonamiento

universal en torno al derecho constitucional223 a partir de «valores

constitucionales comunes»224. Por otro lado, hay otros autores que

estiman que el uso de jurisprudencia constitucional comparada

es innecesario, en atención a la nula fuerza vinculante que tienen

esas decisiones en el derecho nacional. En igual sentido, se aduce

que podría asumirse una conducta de «cherry-picking», en virtud

de la cual los magistrados constitucionales elijan antojadizamente

hacer referencia sólo a aquellas sentencias comparadas que les sean

de conveniencia para el razonamiento que deseen sostener.

En todo caso, la posición más razonable invita a hacer un uso

moderado de este recurso. Esta propone que el Tribunal Constitu-

cional pueda estudiar la jurisprudencia constitucional comparada,

e incluso hacer referencia a la misma, sin tener que fundamentar la

legitimidad de su decisión en esa fuente externa. Por el contrario, la

sustentación de la decisión debe ser producto de la interpretación

222 MAUS (Didier), «Le recours aux précédents étrangers et le dialogue des cours consti-

tutionnelles», Revue française de droit constitutionnel, núm. 80, 2009, p. 682, dispo-

nible en línea https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2009-

4-page-675.htm?ref=doi&contenu=article [consulta 1 enero 2023].

223 ARZOZ (Xabier), «La cita de jurisprudencia constitucional comparada por el Tri-

bunal Constitucional español», Revista Española de Derecho Constitucional, núm.

125, 2022, pp. 20-21, disponible en línea, https://www.cepc.gob.es/sites/default/fi-

les/2022-08/39842redc12501arzoz-santisteban.pdf [consulta 1 enero 2023].

224 MAUS (Didier), op. cit., p. 694.

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

171

de la Constitución nacional y de las normas del proceso constitu-

cional, pero esta puede verse nutrida de la práctica constitucional

comparada225.

Después de este abordaje teórico sobre el tema, conviene obser-

var cómo ha evolucionado el uso de jurisprudencia constitucional

comparada en las sentencias en estudio:

14

36

19

31

14

12

14

21

24

29

22

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Cantidaddesentencias

El uso de jurisprudencia constitucional comparada ha estado

presente en todos los años estudiados. Esto demuestra que no se

trata de un recurso que ha sido usado de manera esporádica o aisla-

da, sino que forma parte de las herramientas interpretativas que ha

empleado el tribunal. De hecho, en un 34 % de todas las sentencias

constitucionales nacionales estudiadas fue posible observar la cita

de, al menos, una sentencia constitucional comparada. En otras

225 ARZOZ (Xabier), op. cit., p. 29.

RAWILL DE JESÚS GUZMÁN ROSARIO

172

palabras, el Tribunal Constitucional dominicano ha hecho referen-

cia a los razonamientos de otras jurisdicciones constitucionales en

un tercio de todas las veces que ha resuelto una acción directa de

inconstitucionalidad; una cifra que resulta elevada, considerando

que se trata de una fuente externa y no vinculante.

Es posible observar que el uso de sentencias constitucionales

extranjeras ha variado en el transcurso del tiempo, y que esta fluc-

tuación ha sucedido de manera similar a la cantidad de sentencias

emitidas cada año. Esto significa que el uso de jurisprudencia

constitucional comparada se ha mantenido relativamente estable

entre un cuarto y la mitad del total de las sentencias constitucionales

emitidas cada año. Ahora bien, es importante destacar que en los

dos últimos años se han dictado proporcionalmente más decisiones

que incluyen este tipo de fuente externa, para un 49 % en 2021

(29 de las 59 sentencias constitucionales de ese año) y un 56 % en

2022 (22 de las 39 sentencias constitucionales de ese año); siendo

estas las dos proporciones más altas alcanzadas en todo el período

estudiado. Esto significa que, a partir de la tercera composición,

el tribunal podría estar asumiendo una tendencia a usar, al menos,

una sentencia constitucional comparada en la mitad de los casos

que decide de acción directa.

En lo que respecta al tipo de decisión adoptada, el tribunal ha

sido más tendente a usar jurisprudencia constitucional comparada

cuando rechaza una acción directa; de hecho, la mitad de las veces

que ha usado este recurso ha sido cuando determina un rechazo.

A seguidas se encuentran las inadmisibilidades, que ocupan un

28 % del total de las ocasiones en que se ha acudido a, al menos,

una sentencia constitucional extranjera; y, finalmente, las acogidas,

parciales y totales, ocupan el 22 % restante.

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

173

En una importante cantidad de ocasiones, el tribunal se ha

limitado a hacer una cita directa o indirecta de alguna sentencia

constitucional comparada, como parte de los razonamientos en

los que fundamenta su decisión. Ahora bien, en otras ocasiones

el tribunal utiliza un lenguaje a partir del cual es posible concluir

que se está asumiendo a nivel nacional el criterio de interpretación

que se encuentra contenido en la jurisprudencia extranjera citada.

En esos casos, se incorpora como precedente constitucional esa

interpretación originada fuera de la jurisdicción nacional. Esto

último, sin embargo, ha sucedido en una cantidad muy limitada

de casos, como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

No,solo re fer enciado

33%

No,sinjurisp.comp.

66%

Sí,incorporado

1%

INCORPORACIÓNDECRITERIODEJURISPRUDENCIA

CONSTI TUCI ONAL COMPARA DA

En consecuencia, en un porcentaje minúsculo de un 1 % de

los casos se pudo detectar que el tribunal incorporó expresamen-

te un precedente constitucional extranjero para hacerlo propio,

lo cual ocurrió con herramientas de interpretación (como los

«test») y con conceptos jurídicos. Para determinar si se trata de un

RAWILL DE JESÚS GUZMÁN ROSARIO

174

«criterio incorporado» o un «criterio sólo referenciado» se utilizó

como parámetro: 1) si el tribunal incluyó una redacción en la que

expresamente diera a entender que se incorporó el mismo; o 2) si

el tribunal no utilizó una construcción teórica propia al momento

de decidir alguna acción, haciendo uso del criterio comparado. Es

importante señalar que una vez el criterio fue incorporado, no se

siguieron computando bajo la categoría de «criterio incorporado»

las sentencias subsiguientes, que hicieron referencia a la jurispru-

dencia constitucional comparada que versaba sobre el mismo.

De los casos detectados, existen tres que se refieren a herra-

mientas de interpretación: el test de igualdad226, el test de razo-

nabilidad227 y el test interamericano sobre regulación de derechos

políticos228. Otros dos casos versaron sobre cuestiones teóricas

sustantivas: el alcance del derecho a la libre competencia229 (el

tribunal interpretó «de conformidad con la jurisprudencia cons-

titucional comparada») y la conceptualización de los órganos

constitucionales autónomos230 (el tribunal estableció que «hace

suyas» las consideraciones de la sentencia constitucional com-

parada). Otros dos casos versaron sobre cuestiones procesales:

los criterios sobre la cosa juzgada constitucional231 (el tribunal

citó los criterios asumidos por la jurisprudencia constitucional

comparada y los aplicó a la especie) y la impugnabilidad de un

226 TC/0033/12 del 15 de agosto de 2012, § 9.2.3.

227 TC/0044/12 del 21 de septiembre de 2012, § 9.2.2.

228 TC/0050/13 del 9 de abril de 2013, § 9.1.6.

229 TC/0049/13 del 9 de abril de 2013, § 9.2.3.

230 TC/0001/15 del 28 de enero de 2015, § 9.1.4.

231 TC/0549/20 del 29 de diciembre de 2020, p. 40. Si bien se había hecho referencia

previamente a este criterio de la jurisprudencia constitucional comparada, el lenguaje

usado en esta decisión es bastante persuasivo sobre que se adoptó el criterio.

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

175

texto legal que razonablemente posibilita una interpretación

inconstitucional232 (el tribunal sustentó su razonamiento en una

sentencia constitucional comparada). Un último caso se refiere

al uso de varios razonamientos de una sentencia constitucional

comparada que había resuelto prácticamente la misma impugna-

ción que se presentó ante el Tribunal Constitucional dominicano

en ocasión de la limitación temporal para contraer un segundo

matrimonio después del divorcio233.

De los datos arrojados también es posible observar que

prácticamente la totalidad de las veces que se usó alguna sen-

tencia constitucional extranjera, tanto en los casos en los cuales

el criterio fue incorporado como en los que el mismo fue sólo

referenciado, el tribunal se refirió a la conceptualización de algún

término (como alguno de los derechos fundamentales) o para ha-

cer alusión a alguna herramienta de interpretación constitucional

(como el test de razonabilidad). Lo anterior demuestra que este

recurso es usado para obtener razonamientos constitucionales que

provienen, sobre todo, de una fuente de autoridad calificada, en

virtud de que se trata de órganos jurisdiccionales homólogos en

otros países.

En consecuencia, la jurisprudencia constitucional comparada

ha sido usada primordialmente como un refuerzo de los razona-

mientos desarrollados por el tribunal, por lo que a nivel nacional

no se presenta la situación de que los magistrados constitucionales

delegan recurrentemente su razonamiento en lo expresado en otras

jurisdicciones. Ahora bien, esto invita a cuestionar la utilidad de

232 TC/0024/21 del 20 de enero de 2021, § 9.7.

233 TC/0070/15 del 16 de abril de 2015, § 9.18.

RAWILL DE JESÚS GUZMÁN ROSARIO

176

usar esta fuente externa cuando podría estimarse que no es indispen-

sable para alcanzar la decisión tomada. En igual sentido, también

debería reflexionarse sobre el uso de jurisprudencia constitucional

comparada para fundamentar criterios que ya se encuentran reco-

gidos en la jurisprudencia constitucional nacional, como la cosa

juzgada constitucional234. Se trata, en todo caso, de una cuestión

de preferencia argumentativa: mientras el tribunal pueda resolver

la acción directa con sus argumentos propios, analizando el orde-

namiento jurídico nacional, entonces podría complementar sus

razonamientos con este recurso extranjero, en caso de que el mismo

pueda ser adaptable a nuestra realidad.

Después de haber observado la distribución por categorías

del uso de la jurisprudencia constitucional comparada, con-

viene saber de qué país provienen, para entender cuáles son las

jurisdicciones constitucionales que mayor influencia tienen a

nivel nacional235:

234 TC/0381/22 del 28 de noviembre de 2022, § 10.h.

235 El gráfico fue realizado a partir de la totalidad de sentencias constitucionales extran-

jeras que fueron referenciadas en las decisiones estudiadas. Por demás, es importante

aclarar que en ocasiones, el tribunal hacía referencia a «jurisprudencia constitucional

comparada», sin especificar expresamente el país, pero el mismo se podía sencillamente

deducir por el criterio que estaba siendo citado.

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

177

Existe una notoria predominancia de la Corte Constitucio-

nal de Colombia, cuyas decisiones componen prácticamente dos

tercios del total de las sentencias constitucionales extranjeras que

han sido citadas en el período estudiado. En consecuencia, esta

ha sido la jurisdicción constitucional con mayor influencia en el

Tribunal Constitucional dominicano. Se trata de una corte que

ha tenido más de tres décadas de vigencia y que ha alcanzado

una amplia difusión en América Latina, por la capacidad de los

magistrados que la componen de desarrollar conceptos jurídicos y

herramientas de interpretación constitucional. En algunas ocasio-

nes se hizo referencia a sentencias constitucionales colombianas,

reiterando que se habían tomado conceptos y herramientas de esa

fuente (como el «test de igualdad») a pesar de que los mismos ya

se habían incorporado a nivel nacional.

A seguidas se encuentran el Tribunal Constitucional de Es-

paña, con 13 % y el Tribunal Constitucional de Perú, con 8 %,

PAÍS DE ORIGEN DE JURISPRUDENCIA

CONSTITUCIONAL COMPARADA

Colombia (CC): 68% Perú (TC):

8%

Corte

IDH: 3%

Costa

Rica

(SCJ)

3%

Otros: 5%

España (TC): 13%

RAWILL DE JESÚS GUZMÁN ROSARIO

178

colocándose como la segunda y tercera jurisdicción constitucional

más citadas, respectivamente. Ambos tribunales han servido de

referencia tomando en cuenta su trayectoria jurisprudencial y el

acercamiento que han tenido en distintos momentos con el Tri-

bunal Constitucional dominicano. Estos son seguidos por la Sala

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y

Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambas con 3 %. Si

bien esta última no es una jurisdicción constitucional propiamente

dicha, es una corte de carácter supranacional, que aborda temas de

relevancia constitucional.

El hecho de que los tribunales constitucionales más citados

sean el colombiano, el español y el peruano valida la tesis de que

se le suele dar primacía a aquellas jurisdicciones que son «de países

geográficamente y culturalmente cercanos»236. De hecho, práctica-

mente la totalidad de los tribunales referenciados son de Iberoamé-

rica. A continuación, la lista completa de los tribunales a los cuales

se hizo referencia en el período estudiado: Tribunal Constitucional

Federal de Alemania, Corte Suprema de Justicia de la Nación

Argentina, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte

Internacional de Justicia237, Corte Constitucional de Colombia,

Consejo de Estado de Colombia, Sala Constitucional de la Corte

Suprema de Justicia de Costa Rica, Sala de lo Constitucional de la

Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Tribunal Constitucional

de España, Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, Corte

de Constitucionalidad de Guatemala, Suprema Corte de Justicia

236 MAUS (Didier), op. cit., p. 685.

237 Aplica la misma aclaración respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

no es una jurisdicción constitucional propiamente dicha, es una corte de carácter su-

pranacional que pueden abordar temas de relevancia constitucional.

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

179

de la Nación de México, Tribunal Constitucional de Perú y la Sala

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

6.3. Uso de normas jurídicas del derecho comparado

El tribunal también ha hecho referencia, en ocasiones muy

puntuales, a normas jurídicas, tanto disposiciones constitucionales

como legislativas, provenientes del extranjero. Esta práctica de

usar normas jurídicas del derecho comparado en el marco de los

razonamientos de una sentencia constitucional ha sido objeto de

posiciones encontradas en la doctrina238 e incluso dentro de los

propios magistrados de los tribunales constitucionales. Mientras

que algunos autores alegan que se trata de un recurso cuyo uso es

inofensivo, otros estiman que el mismo conlleva «serias preocupa-

ciones democráticas y metodológicas» por no tratarse de una fuente

vinculante de derecho en la jurisdicción en la que se está citando239.

En general, se suele acudir a este tipo de recursos externos

cuando se desea observar las regulaciones de derecho que en otros

países similares se tiene sobre alguna norma que está siendo so-

metida al examen de constitucionalidad. Esto aplica en un amplio

espectro: desde un uso meramente informativo hasta uno de argu-

mento de autoridad persuasiva. A título de ejemplo, en Sudáfrica

238 SIMON (Stephen), «e Supreme Court’s Use of Foreign Law in Constitutional

Rights Cases: An Empirical Study», Journal of Law and Courts, vol. 1, núm. 2, 2013,

pp. 279, disponible en línea, https://www.jstor.org/stable/10.1086/670746 [consulta

1 enero 2023].

239 SITARAMAN (Ganesh), «e Use and Abuse of Foreign Law in Constitutional Inter-

pretation», Harvard Journal of Law & Public Policy, núm. 32, 2009, p. 693, disponible

en línea, https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1961&-

context=faculty-publications [consulta 1 enero 2023].

RAWILL DE JESÚS GUZMÁN ROSARIO

180

se estimó útil hacer referencia a normas de distintos países para

evaluar la constitucionalidad de la pena de muerte240; mientras

que en Estados Unidos se estudiaron las «normas de la civiliza-

ción occidental» para usarlas como parámetro para determinar la

constitucionalidad de una norma que criminalizaba la realización

de actos íntimos entre personas del mismo sexo241.

A nivel nacional, solamente en un 1.6 % de todas las sen-

tencias estudiadas fue posible observar que el tribunal usó alguna

norma jurídica de otro país en el marco de sus argumentacio-

nes242. En esas ocasiones aisladas, el tribunal se limitó a hacer

referencia a esas normas para observar cómo el tema sometido

a constitucionalidad se encontraba regulado en otros Estados.

Al igual que en el acápite anterior, se debe razonar que esta es

una cuestión de preferencia argumentativa, pues las normas im-

pugnadas en inconstitucionalidad en las sentencias englobadas

en esta categoría no dependían de una fuente extranjera para

valorar su legitimidad.

Lo anterior invita a concluir que este recurso ha sido predo-

minantemente empleado como una validación de la argumen-

tación presentada, pero no como su fundamento esencial. En

otras palabras, se trata de una referencia con interés informativo,

240 República de Sudáfrica. Tribunal Constitucional. Sentencia relativa al caso núm.

CCT/3/94, p. 34, disponible en línea, http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/1995/3.

html [consulta 1 enero 2023].

241 Estados Unidos de América. Suprema Corte de Justicia. Sentencia Lawrence v. Texas,

p. 573, disponible en línea, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/539/558/case.

pdf [consulta 1 enero 2023].

242 No se han contabilizado aquellas sentencias en las cuales es posible identificar una

norma jurídica extranjera siendo citada, a su vez, por una sentencia constitucional

extranjera. Este estudio ha preferido concentrarse en aquellos escenarios en los cuales el

Tribunal Constitucional ha acudido directamente, motu proprio, a una norma externa.

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

181

no así vinculante. Este recurso se usó primordialmente cuando

el tribunal deseaba sustentar su tesis principal demostrando: 1)

cómo otros países no incluían a nivel legislativo alguna regulación

que se declaraba inconstitucional en la decisión del tribunal, y 2)

cómo otros países incluían a nivel legislativo y/o constitucional

alguna regulación que se declaraba conforme a la Constitución en

la decisión del tribunal.

Para poder entender mejor sobre cuáles temas el tribunal

acudió a normas jurídicas comparadas, se analizan a continuación

los escenarios en los que esto sucedió. Así, el tribunal abordó

regulaciones extranjeras sobre los siguientes aspectos (y con res-

pecto a los siguientes países): contenido esencial de los derechos

fundamentales (disposición constitucional alemana)243; variedad

de modalidades de organización de gestión colectiva de derechos

de autor (varias legislaciones en Europa y América)244; derecho

exclusivo del autor a autorizar o prohibir la distribución pública de

ejemplares de su obra (varias legislaciones en América Latina)245;

prohibición temporal de segundo matrimonio luego de divorcio

(legislación costarricense)246; facultad para conceder indulto (varias

disposiciones constitucionales y legislaciones en Europa y América

Latina)247; autogobierno del Poder Judicial (varias normas jurídicas

en Europa y América Latina)248; requisito casacional de cuantía

monetaria (varias legislaciones en Europa y América Latina)249;

243 TC/0031/13 del 15 de marzo de 2013, § 7.2.

244 TC/0244/14 del 6 de octubre de 2014, § 11.4.

245 TC/0334/14 del 22 de diciembre de 2014, § 9.1.6.

246 TC/0070/15 del 16 de abril de 2015, § 9.18.

247 TC/0189/15 del 15 de julio de 2015, § 9.4.

248 TC/0415/15 del 28 de octubre de 2015, § 10.14.

249 TC/0489/15 del 6 de noviembre de 2015, § 8.5.17.

RAWILL DE JESÚS GUZMÁN ROSARIO

182

doble voto simultáneo (varias legislaciones en América)250; impug-

nabilidad del procedimiento de reforma de la Constitución (varias

disposiciones constitucionales en Europa y América Latina)251;

método D’Hondt (varias normas jurídicas de todo el mundo)252;

y limitación de conducir con base en una edad tope (varias legis-

laciones de Iberoamérica)253.

Los casos detectados demuestran la predominancia de países

de Europa y América a la hora de acudir a normas jurídicas del

derecho comparado, considerando la proximidad en cuanto a

familia jurídica y aspectos socioculturales con respecto a nuestro

país. Ahora bien, se ha hecho alusión a una amplia diversidad

de países a lo largo del período estudiado, los cuales se citan a

continuación: Alemania, Albania, Argentina, Austria, Bélgica,

Brasil, Bolivia, Bulgaria, Camboya, Cabo Verde, Chile, Colombia,

Costa Rica, Honduras, Italia, Ecuador, Eslovenia, España, Esta-

dos Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Guatemala, Hungría,

Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Macedonia, México, Moldavia,

Montenegro, Países Bajos, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal,

Reino Unido, Rumanía, República Checa, Timor del Este, Serbia,

Turquía, Uruguay y Venezuela.

Por otro lado, los temas predominantes en los cuales se hace

referencia a disposiciones constitucionales y/o legislaciones extran-

jeras son electoral y partidos políticos, con tres casos254, y propiedad

250 TC/0145/16 del 29 de abril de 2016, § 9.2.5.

251 TC/0224/17 del 2 de mayo de 2017, § 11.1.5.

252 TC/0375/19 del 19 de septiembre de 2019, § 11.1.3.c.

253 TC/0005/20 del 31 de enero de 2020, § 9.16.

254 TC/0031/13 del 15 de marzo de 2013, TC/0145/16 del 29 de abril de 2016, y

TC/0375/19 del 19 de septiembre de 2019.

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

183

intelectual, con dos casos255. El uso de fuentes externas sobre el

primer tema se debe probablemente al interés de la jurisdicción

constitucional, de validar la argumentación de su decisión obser-

vando cómo otros Estados democráticos han regulado cuestiones

de elecciones y de partidos políticos. Más allá de estos temas, no es

posible identificar alguna otra tendencia relevante para este acápite,

sobre todo por el uso aislado de esta fuente externa.

6.4. Uso de jurisprudencia constitucional nacional

Al momento de tomar sus decisiones, el tribunal está obli-

gado a observar sus propios precedentes, en virtud de que los

mismos son vinculantes y con el interés de preservar la seguridad

jurídica. Esto ha generado que las sentencias constitucionales

estudiadas hagan referencia a decisiones previas, tanto de acción

directa como ocasionalmente de otros procesos constitucionales,

para fundamentarse en esta fuente vinculante y así tener una

argumentación mejor sustentada. Se trata de una costumbre en

las distintas jurisdicciones constitucionales, pues de esa manera

refuerzan las líneas jurisprudenciales y dan mayor legitimidad a

las decisiones que toman.

Se puede apreciar en la siguiente gráfica cómo ha evolucio-

nado la cantidad promedio de sentencias constitucionales citadas

por cada una de las decisiones en materia de acción directa de

inconstitucionalidad:

255 TC/0244/14 del 6 de octubre de 2014, y TC/0334/14 del 22 de diciembre de 2014.

RAWILL DE JESÚS GUZMÁN ROSARIO

184

1

4

9

11

8 8 8

15

18 17

21

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Cantidaddesentencias

El Tribunal Constitucional es cada vez más tendente a hacer

referencia a sus propias sentencias a la hora de decidir los nuevos

casos que conoce. Se puede observar cómo en los primeros años la

cantidad promedio de sentencias constitucionales citadas era más

reducida, por la razón lógica de que para ese entonces no había

tantas decisiones a las cuales hacer referencia; mientras que en

los años más recientes, esta cifra se ha prácticamente duplicado.

A una misma conclusión debe llegarse con las composiciones del

tribunal, pues la segunda y la tercera han aumentado la cantidad

de citas realizadas de este tipo de fuente. A manera global, se cita

un promedio de 11 sentencias constitucionales en cada una de las

decisiones emitidas en materia de acción directa de inconstitucio-

nalidad.

Los datos sobre la evolución temporal son los más relevantes

con respecto a este recurso, pues no existe una variación relevante

con respecto a la cantidad promedio de citas de sentencias consti-

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

185

tucionales según el tipo de decisión adoptada. En otras palabras,

el hecho de que una decisión sea una acogida, parcial o total, un

rechazo o una inadmisibilidad no incide de manera importante en

la cantidad de citas jurisprudenciales nacionales.

Para concluir este acápite, es útil presentar dos ejemplos de

este tipo de referencias. Con respecto a precedentes procesales,

el tribunal suele acudir a sus sentencias para demostrar cómo ha

aplicado soluciones ante casos que presentan una casuística similar.

Así lo hizo para explicar su precedente en torno a la declaratoria de

inadmisibilidad por falta de fundamentación constitucional de una

acción, citando varias sentencias al efecto256. Con respecto a crite-

rios sustantivos, el tribunal también vuelve sobre sus explicaciones

anteriores para consolidar las mismas. De esta manera procedió

para reiterar su interpretación en torno a la facultad del legislador

de dictar normas que limitan la posibilidad de recurrir algunas

decisiones jurisdiccionales en el marco de los procesos judiciales257.

6.5. Uso de doctrina

El uso de la doctrina también ha estado presente en la juris-

prudencia constitucional que resuelve acciones directas, pues en

ocasiones se ha estimado necesario acudir a los escritos académicos

que tratan algún tema de interés, en ocasión del conocimiento de la

impugnación de algún acto ante el tribunal. Esta es una conducta

que se encuentra presente en otras jurisdicciones constitucionales,

de manera más usual en las de América Latina, y de manera más

256 TC/0528/22 del 28 de diciembre de 2022, § 9.d y 9.e.

257 TC/0375/22 del 11 de noviembre de 2022, § 11.16-bis.

RAWILL DE JESÚS GUZMÁN ROSARIO

186

reservada en Europa258. En esencia, se acude a la doctrina cuando

se procura ofrecer la visión de algún autor o conjunto de autores

que puede ser de utilidad para decidir algún caso por servir de

interpretación a las normas jurídicas aplicables al mismo.

Al igual que las fuentes explicadas en los acápites anteriores, la

inclusión de este tipo de fuente en las sentencias no es una cuestión

pacífica259. En síntesis, algunos argumentan que se trata de una

fuente no vinculante de derecho, producida por algún doctrinario

que se limita a expresar su visión sobre una cuestión de interés

jurídico. Otros estiman que la doctrina aporta razonamientos

constitucionales interesantes después de haber hecho un estudio

pormenorizado de los temas que aborda el tribunal, por lo que este

último debe tomar ventaja del avance de la ciencia por parte de los

juristas, e incluso de otros autores que tratan temas conexos, como

los politólogos, economistas y sociólogos.

La posición moderada resulta, nueva vez, razonable: acudir

a las citas de autores en aquellos escenarios en los que sea estric-

tamente necesario acoger la interpretación jurídica que ofrece la

doctrina sobre algún en tema concreto. En igual sentido, influen-

ciará en qué medida se usa una cita doctrinal, pues la redacción de

la sentencia constitucional debe aportar su propia argumentación;

258 PEGORARO (Lucio) y FIGUEROA (Giovanni), «Las citas doctrinales en las senten-

cias de los tribunales constitucionales. Especial análisis de aquéllas incorporadas en los

pronunciamientos de acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia

mexicana», Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. 49, núm. 147, 2016, p.

148, disponible en línea, https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi-

d=S0041-86332016000300137 [consulta 1 enero 2023].

259 SCHWARTZ (David) y PETHERBRIDGE (Lee), «e Use of Legal Scholarship by

the Federal Courts of Appeals: An Empirical Study», Cornell Law Review, vol. 96,

2011, p. 1347, disponible en línea https://core.ac.uk/reader/216737430 [consulta 1

enero 2023].

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

187

de tal manera que la doctrina sea un apoyo de la fundamentación y

no su fuente de legitimación. Esto se debe a que, en nuestro orde-

namiento jurídico, y específicamente en el ordenamiento procesal

constitucional, la doctrina no es fuente vinculante de derecho,

incluso cuando todos los ciudadanos están llamados a intervenir

de alguna forma en la interpretación constitucional (como se vio

en el Capítulo III).

En el caso del Tribunal Constitucional dominicano, el mismo

ha utilizado doctrina en un 10 % de los casos que ha decidido en

materia de acción directa. Esto incluye tanto las citas directas, que

extraen la redacción exacta de la fuente consultada, como las citas

indirectas, que parafrasean el contenido del cual toman una idea.

Esto demuestra que la doctrina ha tenido menos presencia que

otras fuentes no vinculantes (como la jurisprudencia constitucional

comparada), pero más que otras de esta misma naturaleza (como

las normas jurídicas extranjeras). Se trata de un recurso académico

al cual el tribunal ha acudido en 1 de cada 10 sentencias que ha

dictado. A seguidas, se puede observar cómo este uso ha evolucio-

nado a través del tiempo:

RAWILL DE JESÚS GUZMÁN ROSARIO

188

5

10

6 6

3

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Cantidaddesentencias

Esto demuestra que el uso de doctrina no ha sido constante,

sino que ha fluctuado en los distintos años y composiciones del

tribunal, sin que se puedan vislumbrar razones que justifiquen estos

cambios. En todo caso, es notable cómo nunca se ha dejado de usar

doctrina, aunque sea en una sola ocasión por año. Por demás, en

2021 hubo un pico importante en el uso de la misma, utilizándose

en prácticamente un cuarto de los casos (14 de las 59 sentencias

constitucionales de ese año).

Conviene ofrecer algunos ejemplos del empleo de doctrina que

demuestran para qué fines la misma ha sido utilizada. En primer

lugar, se ha usado para abordar las conceptualizaciones de figuras

jurídicas, como sucedió con la explicación de la «vacatio legis» ofre-

cida por el doctrinario Félix Tena en La Constitución Comentada, de

la Fundación Institucionalidad y Justicia260. Este primer escenario

260 TC/0399/22 del 30 de noviembre de 2022, § 13.II.b.

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

189

es el predominante. En segundo lugar, se ha implementado para

explicar aspectos científicos de áreas diferentes a la jurídica, como

cuando se citó al Observatorio de la Deuda de la Globalización

de la Cátedra de la UNESCO en la Universidad Politécnica de

Cataluña para la explicación del término «pasivo ambiental»261.

En tercer lugar, se ha empleado para explicar datos estadísticos,

como la vez que se referenció a la Oficina Nacional de Estadística

para aportar la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan262.

La lista de autores que han sido citados por la jurispruden-

cia constitucional estudiada es la siguiente (lista no limitativa,

pues puede incluir otras personas)263: Agustín Gordillo, Allan

Brewer-Carías, Alan Shihadeh, Alberto Palomar, Alberto Spota,

Alejandro Reballo, Alfonso Fernández-Miranda, Alfonzo Trejo (3),

Álvaro Pérez, Asociación Americana del Pulmón, Banco Agrícola,

Banco Mundial (2), Beatriz Fernández, Beatriz Quintero, Bernard

Baertschi, Betiana Daniela, Germán Bidart, Luis Brea, Carlos

Carbone, Caroline Cobb, Celestino Salgado, Centro para el Con-

trol y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, César

Penson, Christian Larroumet, Claus Roxín, Comité de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, Daniel Herrendorf, Domingo

García, Edison Lanza, Eduardo Cienfuente, Eduardo Couture

(2), Eduardo García (3), Efrén Chávez, Elías Díaz, Eliseo Sierra

Noguero, Enrique Fuentes, Escuela Nacional de la Judicatura,

Eugenio María de Hostos, Eugenio Prieto, Jacinto Faya, Felipe

Tena, Félix Tena, Fernando Flores, Fundación Institucionalidad

261 TC/0055/13 del 9 de abril de 2013, § 11.8.

262 TC/0542/20 del 29 de diciembre de 2020, p. 36.

263 Cuando se escribe entre paréntesis un número es porque el autor fue citado, al menos,

esa cantidad de veces; en caso contrario, solo fue posible identificar una cita.

RAWILL DE JESÚS GUZMÁN ROSARIO

190

y Justicia, Flavia Freidenberg, Francesco Galgano, Francisco Be-

ceña, Francisco Eguiruren, Francisco Fernández, Francisco Nitti

(3), Gerardo Eto, Giovani Leone, Giuliani Fonrouge, Gregorio

Badeni, Hans Kelsen, Héctor Villegas (3), Heinz Schäfer, Henri

Mazeaud, Horacio García (3), Horacio Rangel, Humberto No-

gueira, Ignacio Colombo, Javier Corcuera, Javier Fuertes, Javier

Pérez, Javier Rascado, Jean Mazeaud, Jean-Jacques Rousseau,

Joan Pico, Jorge Calafell (2), Jorge Correa, Jorge Fernández, José

de la Mata, José Pérez, Juan Balcácer, Juan Errada, Juan Linares,

Juan Solozábal, Julián Restrepo, Julio Brea Franco, Katia Jiménez,

Kenneth Ward, Leon Mazeaud, Loïc Cadiet, Luis Díez-Picazo (2),

Luis Recasens, Lupo Hernández, Manuel Amiama, Manuel Ara-

gón (2), Manuel García-Pelayo, Manuel Ortells, Marcel Planiol,

Marcel Prelot, María Gutiérrez, María Zambonino, Martín Salgado

(2), Maurice Hauriou, Otto Mayer, Miguel Ángel García, Miguel

Cremades, Miguel Sánchez (2), Ministerio de Salud Pública y

Asistencia Social, Néstor Sagüés (3), Observatorio de la Deuda en

la Globalización, Oficina Nacional de Estadística, Organización

Mundial de la Salud, Oscar Gómez, Pablo Llarena, Paul Rueda,

Pedro Escobar, Piero Calamandrei, Real Academia Española (5),

Richard Posner, Samuel Abad, Santiago Álvarez, Solange Becqué,

omas Eissenberg, Tomás Fernández, Tomás Vives, Universidad

de Salamanca y Wasim Maziak.

Del listado de autores es posible sacar varias conclusiones sobre

a qué tipo de doctrina el tribunal acude. Existe una predominancia

de personas físicas (componen el 90 % del total de las citas), por

sobre las personas jurídicas (10 % restante), considerando que las

autorías en materia jurídica se dan normalmente a título perso-

nal. Dentro de las personas físicas, el tribunal ha citado en mayor

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

191

cantidad de veces a hombres, en comparación con las mujeres,

pues los primeros representan un 93 % de las personas físicas

citadas, mientras que las mujeres sólo un 7 %. En igual sentido,

existe una presencia mayoritaria de citas de autores extranjeros,

mientras que la representación nacional es menor. Por último, es

notoria la diversidad de autores citados, pues en pocas ocasiones

se identificaron repeticiones.

Un último aspecto de interés en este acápite es evaluar la probabi-

lidad de uso de doctrina según el tipo de decisión adoptada. Cuando

ha acudido a doctrina, el tribunal ha fallado en la mitad de las oca-

siones acogiendo total o parcialmente la acción directa interpuesta;

mientras que los rechazos se sitúan en un 35 % de las ocasiones de

uso de esta fuente, y las inadmisibilidades, en el 15 % restante. Esto

demuestra que se suele acudir a la doctrina, sobre todo, cuando el

tribunal entra al fondo, especialmente cuando acoge la acción. Esto

probablemente se deba al interés de fundamentar mejor sus decisio-

nes más relevantes (en cuanto a su impacto) no sólo con argumentos

propios, sino también con la autoridad de fuentes doctrinales.

6.6. Uso de instrumentos internacionales

Una última fuente relevante para este estudio a la cual el tri-

bunal ha acudido, son los instrumentos internacionales. Se trata

de aquellos documentos pactados por al menos dos Estados, y/o

producidos en el seno de una organización internacional. El nivel

de vinculatoriedad de los mismos para el Estado dominicano y para

el Tribunal Constitucional es variable, pues en algunas ocasiones

se trata de meros instrumentos de soft law (ofrecen pautas, pero

RAWILL DE JESÚS GUZMÁN ROSARIO

192

no obligatorias), mientras que en otras son auténticas fuentes de

derecho vinculante, las cuales el Estado está obligado a cumplir, en

virtud del principio de pacta sunt servanda. Independientemente

de su tipología, estos instrumentos han servido, en ocasiones, al

tribunal para fundamentar los razonamientos de sus decisiones,

en el entendido de que las fuentes nacionales e internacionales se

retroalimentan en la interpretación del derecho264.

Ahora bien, el tipo de instrumento internacional y su vin-

culatoriedad afecta en qué sentido puede ser usado por parte del

tribunal. Este tipo de fuente ha sido usada en tres escenarios: 1)

los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados

por el Estado dominicano (como la Convención Americana sobre

Derechos Humanos); 2) los tratados internacionales ratificados por

el Estado dominicano sobre materias diferentes a derechos humanos

(como el DR-CAFTA); y 3) otros instrumentos internacionales que

no llegan a ser tratados y que pueden versar o no sobre derechos

humanos (como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para

la Administración de la Justicia de Menores).

Tanto la Constitución, en su artículo 74.3, como la le-

gislación procesal constitucional265 son cónsonos en otorgar

264 BECA (Juan), «El uso de tratados internacionales por parte del Tribunal Constitucio-

nal al resolver recursos de inaplicabilidad en el período 2011-2012», Revista de Derecho

de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, núm. XLIII, p. 491, disponible en

línea https://www.scielo.cl/pdf/rdpucv/n43/a12.pdf [consulta 1 enero 2023].

265 El artículo 7.10 de la Ley núm. 137-11 dispone: «Los valores, principios y reglas con-

tenidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos

adoptados por los poderes públicos de la República Dominicana, conjuntamente con

los derechos y garantías fundamentales de igual naturaleza a los expresamente conte-

nidos en aquéllos, integran el bloque de constitucionalidad que sirve de parámetro al

control de la constitucionalidad y al cual está sujeto la validez formal y material de las

normas infraconstitucionales».

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

193

rango constitucional sólo a la primera categoría, por lo que los

mismos pasan a ser parte del bloque de constitucionalidad y se

encuentran inmersos en una dinámica de interdependencia con

el resto de las disposiciones de nuestra Carta Magna. La segunda

categoría, a diferencia de la tercera, es vinculante para nuestro

Estado, pero ninguna de ellas se estima parte de nuestro bloque

de constitucionalidad.

De las sentencias estudiadas en materia de acción directa, se

ha utilizado al menos un instrumento internacional en un 12 %

de ellas. Esto incluye tanto los usos que vienen por interés propio

del tribunal como por las invocaciones de las partes procesales que

el tribunal responde. En consecuencia, el tribunal es moderado en

acudir a los instrumentos internacionales, pudiéndose percibir que

normalmente lo hace cuando alguna de las partes presenta algún

argumento fundamentado en los mismos. A seguidas, se puede

observar cómo este uso ha evolucionado a través del tiempo:

5

10

6

7

2

6 6

10

12

15

6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Cantidaddesentencias

RAWILL DE JESÚS GUZMÁN ROSARIO

194

En comparación con la gráfica del acápite anterior sobre

el uso de doctrina, se puede apreciar que existe una similitud

importante con respecto al uso de instrumentos internacionales.

De esto se puede concluir que el tribunal suele incluir referencia

a doctrina y a instrumentos internacionales en medida similar,

sea esta mayor o menor. Por otro lado, el uso de instrumentos

internacionales, si bien ha estado presente en todos los años

estudiados, ha sido bastante aleatorio a lo largo del tiempo y de

las composiciones del tribunal. El único pico importante fue en

2021, cuando se acudió al menos a un instrumento internacio-

nal en un cuarto de los casos decididos (15 de las 59 sentencias

constitucionales de ese año).

Con respecto al uso de instrumentos internacionales, este se

ha dado en cuatro vertientes principales: 1) para el ejercicio de

control de convencionalidad por parte del tribunal; 2) para reafir-

mar o perfilar el contenido de una disposición constitucional; 3)

para explicar la reglamentación de alguna materia en particular; y

4) para juzgar la constitucionalidad de un tratado internacional.

El primer escenario (control de convencionalidad) se dio en el

análisis de la constitucionalidad de una legislación que disponía

que el beneficio de pensión para los trabajadores metalmecánicos,

metalúrgicos y mineros sólo aplicaba para los que estuvieran sin-

dicalizados. En el marco del conocimiento de esta acción directa,

se aplicó un control de convencionalidad en lo que respecta a la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Inter-

nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (todos, tratados

internacionales en materia de derechos humanos ratificados por

el Estado dominicano), para determinar que esa norma legislativa

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

195

era no convencional, pues no se puede constreñir a los trabajadores

a sindicalizarse266.

El segundo escenario (reafirmar contenido de disposición

constitucional) es el más usual, pues se hace referencia a algún

instrumento internacional cuyo contenido aporta una norma

jurídica que ya se encuentra comprendida en el propio texto de la

Constitución. Esto sucedió cuando el tribunal estaba analizando

la dimensión del derecho a la libertad de tránsito, en el marco de

lo cual indicó que el mismo «se encuentra consagrado no sólo en

nuestra Constitución sino, además, en el marco internacional,

pues lo encontramos en el artículo 13 de la Declaración Universal

de los Derechos Humanos, así como en el artículo 12 del Pacto

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos»267.

El tercer escenario (explicación de reglamentación particu-

lar) se presentó cuando el tribunal acudió al Tratado de la Or-

ganización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho

de Autor para explicar el «derecho de distribución». El cuarto

escenario (tratado como objeto de una acción directa) ocurrió

cuando el tribunal estudió una acción directa en la cual uno de

sus objetos fue el DR-CAFTA268. En todo caso, tal como se vio

en el Capítulo V, en el estudio de una acción directa interpuesta

contra el Concordato, el tribunal abandonó su criterio jurispru-

dencial, a los fines de asumir que los tratados internacionales

no son pasibles de ser impugnados a través de este proceso

constitucional269.

266 TC/0190/13 del 21 de octubre de 2013, § 9.3.12 y 9.3.13.

267 TC/0317/21 del 22 de septiembre de 2021, § 10.53.

268 TC/0495/15 del 6 de noviembre de 2015, § 9.7.

269 TC/0526/21 del 22 de diciembre de 2021, § 8.10.

RAWILL DE JESÚS GUZMÁN ROSARIO

196

La lista de instrumentos internacionales que han sido citados

por la jurisprudencia constitucional estudiada es la siguiente (lista

no limitativa, pues puede incluir otros instrumentos): Acta de

Entendimiento mediante la cual se Crea un Comité de Impulso

de Medidas Provisionales para Inmigrantes Haitianos, Acuerdo

de París, Acuerdo de Préstamos de Desarrollo Económico entre

Corea del Sur y República Dominicana, Acuerdo General sobre

Aranceles Aduaneros y Comercio, Acuerdo sobre los Aspectos de los

Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio,

Carta de Derechos de Autor, Carta de las Naciones Unidas, Carta

Iberoamericana de la Función Pública, Código de Derecho Inter-

nacional Privado, Concordato entre la Santa Sede y la República

Dominicana, Convención Americana sobre los Derechos Huma-

nos, Convención contra la Discriminación en la Educación, Con-

vención de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, Convención

de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención de las

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacio-

nal, Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Convención de Viena

sobre el Derecho de los Tratados, Convención Iberoamericana de

los Derechos de los Jóvenes, Convención Interamericana contra la

Corrupción Administrativa, Convención Interamericana para la

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Per-

sonas con Discapacidad, Convención Interamericana para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención

Internacional de Derechos del Niño, Convención Internacional

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de

todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias, Convención

EL COMPORTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

197

relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la

Enseñanza, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas

de Discriminación contra la Mujer, Convención sobre los De-

rechos de las Personas con Discapacidad, Convención sobre los

Derechos del Niño, Convenio 81 de la OIT, sobre la inspección

del trabajo, Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la

protección del derecho de sindicación, Convenio 95 de la OIT

sobre la protección del salario, Convenio 98 de la OIT sobre el

derecho de sindicación y de negociación colectiva, Convenio 111

de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), Convenio

189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos,

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y

Artísticas, Convenio de París para la protección de la propiedad

industrial, Convenio de Viena para la Protección de la Capa de

Ozono, Convenio sobre la Ciberdelincuencia, Convenio sobre la

Diversidad Biológica, Convenio sobre la Protección de los Artistas,

Intérpretes o Ejecutantes y Organismos de Radiodifusión, Declara-

ción Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Declaración

Universal de los Derechos Humanos, Declaración Universal sobre

Bioética y Derechos Humanos, Objetivos de Desarrollo Sostenible,

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Interna-

cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo

Adicional a la Convención en materia de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), Protocolo de

Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el

Cambio Climático, Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias

Agotadoras de la Capa de Ozono, Protocolo de Reformas al Tratado

Constitutivo del Parlamento Centroamericano, Reglas Mínimas

de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de

RAWILL DE JESÚS GUZMÁN ROSARIO

198

Menores, Resolución 162 de la OIT sobre Recomendación sobre

los trabajadores de edad, Tratado de la Organización Mundial de

la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor y Tratado de Li-

bre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República

Dominicana (DR-CAFTA).

En consecuencia, existe una diversa gama de instrumentos

internacionales que varían en vinculatoriedad, temas y forma

de concepción. De estos instrumentos, a los que el tribunal ha

hecho referencia un mayor número de ocasiones son (se coloca

entre paréntesis la cantidad de veces referenciadas): Convención

Americana sobre Derechos Humanos (18), Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos (16), Declaración Universal de

los Derechos Humanos (14), y Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales (6). De ahí que la Convención

Americana sobre Derechos Humanos ha sido el instrumento de

principal consulta, probablemente por su adaptabilidad al contexto

interamericano y la precisión con la que aborda la regulación en

materia dogmática270.

270 Es precio aclarar que en este Capítulo VI no se abordó un tipo de fuente que ha sido un

influjo importante para la jurisprudencia constitucional. Se trata de la jurisprudencia

de la Suprema Corte de Justicia, especialmente la emitida en materia de control con-

centrado de constitucionalidad, cuando ese órgano tenía la potestad para realizarlo.

Este es un aspecto que se planea profundizar en investigaciones futuras, para así poder

desmenuzarlo con la importancia que amerita.