VI. Revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales

• Páginas: 397-421
• Autor: José Alejandro Vargas Guerrero

6.1 Conceptualización general y consagración normativa

Pese a ser tan claramente designado como recurso por el

artículo 53-LOTCPC, de ahí en adelante comienzan algunos

puntos no claros, derivados del hecho de que la revisión cons-

titucional de decisiones jurisdiccionales no se parece a otros

recursos en el sentido de que no constituye una instancia (ni

tercera ni cuarta), ni es un medio de defensa.

Es claramente diferente del recurso de casación encon-

trándose este último […] «concebido como un recurso ex-

traordinario mediante el cual la Suprema Corte de Justicia

examina si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en

última o única instancia pronunciados por los tribunales ordi-

narios», de acuerdo con lo interpretado por el Tribunal Cons-

titucional en su sentencia número TC/0102/14. De acuerdo

con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley núm. 2-23, de

fecha diecisiete (17) de enero de dos mil veintitrés (2023), «el

recurso de casación censura la no conformidad de la sentencia

impugnada con las reglas de derecho».

De esta forma el recurso de casación es el vehículo para la

realización de la nomofilaxis o nomofilaquia (tal como a ella

aludía Calamandrei, es la finalidad de la casación como me-

canismo que mantiene la regularidad en la aplicación correcta

de la ley)303. Mientras, el recurso de revisión constitucional, a

todas luces, se presenta como una potestad extraordinaria de

la jurisdicción constitucional, cuya finalidad es la de propiciar

303 DE LA RÚA (Fernando), El recurso de casación, Buenos Aires, Editorial Víctor P. de

Zavalía, 1968, p. 40.

398 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

la integridad y vigencia de la supremacía constitucional, apli-

cando a decisiones jurisdiccionales definitivas el carácter nor-

mativo de la Constitución.

Doctrinalmente, la revisión se ha presentado como un

choque entre los principios de seguridad jurídica y de justi-

cia en beneficio de este último. En efecto, el llamado recurso

de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, del

que la ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) y de los

Procedimientos Constitucionales núm. 137-11 (LOTCPC)

sólo indica se trata de un procedimiento constitucional tanto

como de una «potestad revisora» del TC, ejercida sobre las de-

cisiones jurisdiccionales definitivas o firmes con el propósito

de que prevalezcan los precedentes constitucionales, los de-

rechos fundamentales y la integridad de sus interpretaciones

frente a todos los poderes públicos y órganos del Estado.

Como tal, el recurso de revisión constitucional de decisio-

nes jurisdiccionales incide muy particularmente sobre la segu-

ridad jurídica, con la que mantiene estrecho vínculo en el sen-

tido de que, como afirma el magistrado Castellanos Khouri en

votos disidentes recurrentes —entre ellas a la TC0656/16—,

este recurso […] «modula el principio de la autoridad de la

cosa irrevocablemente juzgada, en la medida en que permite

al Tribunal Constitucional modificar una decisión que tenga

este atributo, a los fines de cumplir con su función de salva-

guardar los derechos fundamentales que sean violados en el

marco de un proceso jurisdiccional ordinario». 304

304 Sobre la pugna entre seguridad jurídica y justicia han existido muy variados pronun-

ciamientos doctrinales; véase, entre otros, a: HITTERS (Juan Carlos), Revisión de la

cosa juzgada, La Plata, Librería Editora Platense, 2001, pp. 184 y 185; DOVAL DE

MATEO (Juan de Dios), op. cit., nota 1, p. 27; CALVO SÁNCHEZ (María del Car-

men), La revisión civil, Madrid, Montecorvo, 1977, pp. 23—25; LEGAZ LACAM-

BRA (Luis), «El derecho a la justicia y la seguridad», en varios autores, Humanismo,

399

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

6.1.1 Características del recurso de revisión constitucional de

decisiones jurisdiccionales

Como han señalado otros autores, se trata de un recurso:

- Extraordinario: procede únicamente contra las decisio-

nes jurisdiccionales firmes y sólo por los motivos admitidos

por la ley;

- De efecto devolutivo: Es oportuno retener que al descri-

birle como de efecto no devolutivo se tiene claro que este efecto

se concibe cuando existen órganos jurisdiccionales inferiores y

superiores que han decidido una controversia jurisdiccional,

pero el Tribunal Constitucional, al no pertenecer al Poder Ju-

dicial, no está ni por debajo ni por encima de tribunal alguno,

sino que es un órgano constitucional extrapoder y autónomo…

pero el art. 54-2-LOTCPC dispone expresamente que «la deci-

sión del Tribunal Constitucional que acogiere el recurso, anu-

lará la sentencia objeto del mismo y devolverá el expediente a

la secretaría del tribunal que la dictó» precisamente para que

conozca de nuevo el asunto con apego al criterio del TC. Por

tanto, no nos queda sino admitir que, al menos en el sentido

anotado, se trata de un recurso con efecto devolutivo;

- No constitutivo de instancia, orientado, como se ha di-

cho ya, a la prevalencia de la interpretación constitucional, la

Estado y derecho, Barcelona, 1960, pp. 161 y ss.;CARNELUTTI (Francesco), Sistema

del derecho procesal, Buenos Aires, Uthea, 1944, t. I, pp. 350—354. GÓMEZ OR-

BANEJA (Emilio) y QUEMADA (Herce), Derecho procesal civil I, Madrid, 1979,

pp. 460 y 461. FERNÁNDEZ (Miguel Ángel), «Medios de rescisión de la sentencia

firme», en varios autores, Derecho procesal civil II, Madrid, Centro de Estudios Ra-

món Areces, 1995, p. 610; MUÑOZ JIMÉNEZ (Francisco Javier), «De la revisión

de sentencias firmes», en varios autores, Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento

Civil II, Barcelona, Iurgium Editores, 2000, pp. 2416 y 2417; DÍEZ PICAZO (Ig-

nacio), Derecho procesal civil. El proceso de declaración conforme a la Ley 1/2000, de 7

de enero, de Enjuiciamiento Civil, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2000,

p. 527.

400 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

protección de derechos fundamentales y la constitucionalidad

de la aplicación ordinaria del derecho tal como ha sido esta-

blecida o aprobada. Es esta la razón, entendemos, por la que

en ocasión de este recurso se juzga con independencia de los

hechos que dieron lugar al proceso.

- No constitutivo de un derecho, como sí lo son otros re-

cursos (casación, apelación, oposición, etcétera). Contraria-

mente a lo sancionado por la norma nacional e internacional

en cuanto al derecho al recurso, en el caso del recurso de re-

visión constitucional de decisiones jurisdiccionales su admi-

sibilidad es discrecional del TC, sujeta a que este aprecie la

especial trascendencia o relevancia constitucional del caso y a

que entienda justificada la realización de un examen y la emi-

sión de una decisión, como expresamente dispone el párrafo

del art. 53-LOTCPC.

- Excepcionalidad y subsidiariedad. A partir de la sen-

tencia TC/0130/13, de fecha dos (2) de agosto, se habla tam-

bién de excepcionalidad y subsidiariedad del recurso de revi-

sión constitucional de decisiones jurisdiccionales, pues si bien

es cierto que el legislador abrió este recurso, «lo ha hecho de

forma tal que ha dejado clara y taxativamente establecido su

propósito de evitar que el mismo se convierta en un recurso

más y que, con ello, este órgano constitucional se convierta

en una especie de cuarta instancia»; limitando la interposi-

ción del mismo «a los fines de salvaguardar los principios de

seguridad jurídica y de independencia del Poder Judicial. Se

ha dejado claro que los tribunales ordinarios deben tener la

posibilidad de poder remediar cualquier situación o violación

de derechos que pudiese acaecer en un proceso particular».

Por ello, desde la sentencia TC/0053/13, de fecha nueve

(9) de abril de dos mil trece (2013), se dictaminó que este

401

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

recurso «se interpone contra sentencias firmes, que han ad-

quirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, es

decir, que ponen fin a cualquier tipo de acción judicial relativa

al mismo objeto y con las mismas partes, y contra las cuales no

es posible interponer ningún otro recurso ordinario o extraor-

dinario, ya que de lo contrario, es decir, cuando la sentencia

atacada tiene abiertas las vías recursivas por ante los tribunales

ordinarios, el recurso deviene inadmisible».

De manera que la nota distintiva del recurso de revisión

constitucional es que la decisión recurrida haya adquirido la

calidad de la cosa juzgada material, esto es, que la decisión,

además de ser inimpugnable, resulte […] «jurídicamente in-

discutible en cualquier otro procedimiento en que se pretenda

promover exactamente el mismo litigio», tal y como se decidió

en la Sentencia TC/0301/20, de veintiuno (21) de diciembre.

Que tenga la autoridad de la cosa irrevocablemente juz-

gada hace referencia precisa a que la decisión jurisdiccional de

que se trate ya no admita recursos en su contra, sea porque

fue emitida por la Corte de Casación como porque, incluso

cuando fuere emitida por un órgano equivalente a primera

instancia, han transcurrido los plazos de ley en cuyo transcur-

so podía recurrirse. Este estado jurídico se denomina «deci-

sión que constituye cosa materialmente juzgada», o decisión

que ha adquirido la calidad de la cosa juzgada material, lo que

ocurre, en palabras de la sentencia TC/0032/20, «cuando la

decisión, además de ser inimpugnable, resulta jurídicamente

indiscutible en cualquier otro procedimiento».

Semejante estado se opone al denominado «cosa juzgada

formal», entendido como «el carácter de inimpugnabilidad que

en determinado momento adquiere la resolución judicial, en vir-

tud de que con la realización de ciertos actos o con el transcurso

402 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

de los términos se extingue el derecho que pudiera haberse ejercido

para realizar determinados actos procesales. Formal en el sentido

de que la sentencia puede ser objeto de otra sentencia posterior, en

otro juicio, que confirme o invalide la anterior» (como se esta-

bleció en la sentencia TC/0153/17).

A mayor abundamiento, tiene autoridad de cosa juzgada

formal la sentencia de primera instancia después de emitida,

pero antes de ser recurrida; y cosa juzgada material tendría esa

misma sentencia en dos casos: si no fuere recurrida y por el

transcurso del plazo recursivo, ya no fuere posible recurrirla;

o si, en segundo lugar, hubiere sido recurrida en apelación o

casación, tras cuya decisión adquirirá la calidad de cosa juzga-

da material.

De aquí que una decisión jurisdiccional con autoridad

de cosa juzgada material pueda ser recurrida en revisión ante

el TC, pero no una decisión jurisdiccional que solo hubiere

adquirido autoridad de cosa juzgada formal, pues el Poder Ju-

dicial conservaría las atribuciones para decidir el asunto con

exclusión de la competencia del Tribunal Constitucional.

En este sentido, el recurso puede interponerse contra sen-

tencias «definitivas» o «firmes», es decir, «contra sentencias fir-

mes, que han adquirido la autoridad de cosa irrevocablemente

juzgada, es decir, que ponen fin a cualquier tipo de acción

judicial relativa al mismo objeto y con las mismas partes, y

contra las cuales no es posible interponer ningún otro recurso

ordinario o extraordinario, ya que de lo contrario, es decir,

cuando la sentencia atacada tiene abiertas las vías recursivas

por ante los tribunales ordinarios, el recurso deviene inadmi-

sible» (TC/0053/13).

Se considera adquirida la «firmeza» o calidad «definitiva»

de la sentencia cuando:

403

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

(i) Se trata sentencias que resuelven el fondo del asunto

presentado ante la jurisdicción correspondiente y

(ii) Se trata de sentencias incidentales que, en vista de

la decisión tomada, ponen fin definitivo al procedi-

miento o establecen que otra jurisdicción es com-

petente para conocer el caso (por ejemplo, cuando

se acoge un medio de inadmisión, excepción de in-

competencia o excepción de nulidad). Observar que

es admisible el recurso de revisión constitucional de

decisiones jurisdiccionales cuando se trata de senten-

cias incidentales, pero solamente cuando el proceso

hubiere terminado definitivamente (TC/0472/15), si

se recurren con anterioridad, deviene inadmisible el

recurso.

Entonces, puede adquirir la cosa juzgada material la sen-

tencia al fondo de cualquier tribunal, cuando ya no puede re-

currirse sea porque se hubieren agotado los plazos disponibles;

porque el recurso disponible era excepcional (como la revisión

civil o electoral, TC/0604/15, p. 25) o porque era irrecurrible.

En este último grupo caben las sentencias que imponen o re-

visan medidas de coerción (no hacen tránsito a cosa juzgada

material, siendo periódicamente revisables); las sentencias en

materia de referimiento (no juzgan el fondo e imponen so-

luciones provisionales necesarias para salvaguardar derechos);

las sentencias cuyas condenaciones no rebasan la cuantía le-

gal requerida para la válida interposición de un recurso; las

sentencias preparatorias (las que ordenan una medida para la

sustentación de la causa, y para poner el pleito en estado de

recibir fallo definitivo).

No se admite el recurso contra sentencias interlocu-

torias, debido al principio general no ponen fin al proceso

404 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

(TC/0508/15) así como por el hecho de que, siendo deci-

siones pronunciadas antes de establecer derecho, admitir el

recurso de revisión en su contra constituiría una forma de re-

tardación del procedimiento principal (solución válida para la

revisión de amparo defendida en TC/0394/19).

6.1.2 Plazo de interposición

Los recursos de revisión constitucional se interponen en

plazo prefijado de treinta (30) días, que es plazo calendario y

franco de acuerdo con lo establecido por el artículo 54.1-LOT-

CPC. Se ha aplicado este plazo en varias ocasiones, como en la

Sentencia TC/0143/15, según la cual: «Dado el hecho de que

la notificación de la sentencia recurrida fue hecha el quince

(15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), mediante Acto

núm. 764/2016, instrumentado por la ministerial MAVD,

alguacil ordinario del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Ori-

ginal de Montecristi, y la interposición del recurso de revisión

de decisión jurisdiccional se produjo el siete (7) de julio de

dos mil diecisiete (2017),y, por tanto, transcurrieron más de

seis (6) meses, período de tiempo superior al plazo de treinta

(30) días establecido en el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-

11, razón por la cual el presente recurso deviene inadmisible

por extemporáneo (TC/0032/21).

6.1.3 Decisiones revisables y causales previstas

Son «decisiones jurisdiccionales», en resumen, las que

constituyen declaraciones definitivas de autoridad, esto es, las

que implican valoración de normas jurídicas y situaciones o

circunstancias subsumibles (solucionables) mediante ellas, de

405

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

manera que establecen el valor jurídico o solución a una litis

o conflicto entre partes. Por tanto, concordamos en que la

facultad del TC para revisar decisiones jurisdiccionales es una

facultad limitada, dado que es posible solamente en los casos

limitativamente considerados por el citado art. 53-LOTCPC,

es decir, que se interponga contra una decisión jurisdiccional,

que hubiere adquirido la calidad de la cosa irrevocablemente

juzgada y que se hubiere emitido con posterioridad al 26 de

enero de 2010, fecha de promulgación de la Constitución.

De acuerdo con lo previsto por los artículos 53 y siguien-

tes, el Tribunal Constitucional puede revisar las decisiones

jurisdiccionales, siempre que dichas decisiones hubieren ad-

quirido la autoridad de la cosa juzgada, bajo los supuestos si-

guientes:

1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucio-

nal una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza.

2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal

Constitucional.

3) Cuando se haya producido una violación de un derecho

fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos

y cada uno de los siguientes requisitos:

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya in-

vocado formalmente en el proceso, tan pronto quien

invoque la violación haya tomado conocimiento de

la misma.

b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles

dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que

la violación no haya sido subsanada.

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputa-

ble de modo inmediato y directo a una acción u omi-

sión del órgano jurisdiccional, con independencia de

406 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha

violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitu-

cional no podrá revisar.

6.1.4 Orden de invocación de las causales de admisibilidad

En el orden de las causales justificantes de la interposición

del recurso, se tiene que esencialmente la que ha de observarse

primero es la contenida en el 53.3: exceptuando el caso de

sentencias que declaren la inconstitucionalidad, en todos los

demás el recurso de revisión constitucional de decisiones ju-

risdiccionales procederá siempre que se hubiere vulnerado un

derecho fundamental.

Así las cosas, el recurrente debe haber realizado las si-

guientes tres acciones: «invocar formalmente» la vulneración

de que se trata, durante el proceso; «agotar todos los recursos

disponibles» para subsanar dicha vulneración, sin lograrlo (sa-

biendo ya que no es necesario interponer la revisión civil ni

electoral para acceder a la jurisdicción constitucional a través

de recurso de revisión, según el ya referido precedente de la

TC/0604/15), y que la vulneración no se relacione con los

hechos de la causa sino que se trate de una acción u omisión

del órgano jurisdiccional. Todas estas deben configurarse a la

vez, cuando menos verificarse su ocurrencia, particularmente

la vulneración de un derecho fundamental. De lo contrario,

habrá de determinarse la inadmisibilidad del asunto.

De manera que, en el orden lógico de la admisibilidad

del recurso de revisión, se debe verificar si: se alega la vulne-

ración de un derecho fundamental, vulneración que hubiera

debido subsanarse; que se hubieren agotado los recursos dis-

ponibles y que la vulneración permanezca y que el causante de

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EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

la vulneración se encuentre a cargo del órgano del que emana

la decisión jurisdiccional, porque la produjo o porque no la

haya subsanado.

Causal 1: Cuando la decisión declare inaplicable por in-

constitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u or-

denanza.

Causal 2: Cuando la decisión viole un precedente del Tri-

bunal Constitucional.

Causal 3. Cuando se haya producido una violación

de un derecho fundamental, siempre que concurran y se

cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos: a)

Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado

formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la

violación haya tomado conocimiento de la misma. b) Que

se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de

la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no

haya sido subsanada. c) Que la violación al derecho funda-

mental sea imputable de modo inmediato y directo a una

acción u omisión del órgano jurisdiccional, con indepen-

dencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que

dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitu-

cional no podrá revisar.

6.2 Procedimiento: requisitos de interposición

6.2.1 Documentación

Según lo dispuesto por el Reglamento Jurisdiccional

del Tribunal Constitucional, el expediente relativo al recur-

so de revisión constitucional de sentencias se depositará en el

408 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

tribunal que dictó la decisión recurrida, el cual debe realizar

las notificaciones previstas en la ley y remitir el expediente al

Tribunal Constitucional.

El expediente relativo al recurso de revisión solo será re-

cibido por la Secretaría del Tribunal Constitucional cuando

se encuentre completo. Este deberá contener, entre otros, los

siguientes documentos:

a) Copia certificada de la sentencia objeto del recurso, así

como de todas las sentencias dictadas en el proceso de que se

trate.

b) Acto de notificación de la sentencia recurrida.

c) Escrito del recurso de revisión constitucional.

d) Acto de notificación del recurso de revisión.

e) Escrito de defensa de la parte recurrida, si lo hubiere.

f) Documentos probatorios aportados por las partes.

A solicitud de los magistrados o del Pleno, la Secretaría

del Tribunal Constitucional podrá requerir el depósito o remi-

sión de otros documentos adicionales a las partes o al tribunal

de envío del recurso.

6.2.2 Los requisitos deben ser «satisfechos»

Mediante Sentencia TC/0123/18, del cuatro (4) de julio

de dos mil dieciocho (2018), el Tribunal Constitucional uni-

ficó su criterio en relación con los requisitos de admisibilidad

del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccio-

nal, dispuestos en el artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11,

por razones de contenido o lenguaje que pudiesen dar lugar a

precedentes contradictorios, estableciéndose que en este tipo

de recurso de revisión de decisión jurisdiccional debe expre-

sarse si dichos requisitos, exigidos por los literales a), b) y c)

409

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

del numeral 3) del artículo 53.3, se encuentran satisfechos o

no satisfechos».

Antes de la emisión de esa decisión hubo pareceres en-

contrados en el seno del TC, respecto a si dichos criterios se

«satisfacían» o se «cumplían», asunto semántico que, según

se ha explicado, remite a cuestiones de fondo atinentes a la

admisibilidad del recurso.

Después de la decisión… también: en TC/0059/22 pue-

de leerse que «sobre el particular, este colegiado estima que el

requisito en cuestión se cumple…». En TC/0501/21 se sos-

tuvo que «en la especie, se cumple este requisito, en razón de

que…» (interposición del recurso en tiempo hábil).

En TC/0238/19 el voto salvado del magistrado Lino Vás-

quez Sámuel sostiene que: «En ese sentido, a nuestro juicio,

en el caso planteado la «satisfacción» no puede ser un supues-

to válido, pues más bien, dichos requisitos se cumplen». En

TC/0228/20, voto salvado del mismo magistrado, el concep-

to precedente se reafirma y se decanta por el uso del término

inexigibilidad («En ese sentido, a nuestro juicio, la satisfacción

no es un supuesto válido, más bien, estos requisitos devienen

en inexigibles» …) debido a que:

«Como se observa, para determinar el cumplimiento de los re-

quisitos de admisibilidad del recurso de revisión constitucio-

nal dispuesto en los literales a) y b) del artículo 53.3 LOT-

CPC, la decisión objeto del presente voto emplea el término

«satisfecho» en lugar de «inexigible» como dispuso la sentencia

TC/0057/12… Desde esta perspectiva, la semántica de la pa-

labra satisfacción refiere a la acción y efecto de satisfacer o sa-

tisfacerse; razón, acción o modo con que se sosiega y responde

enteramente una queja, mientras que la inexigibilidad alude a

la dificultad o imposibilidad de exigir, obligar, reclamar, reivin-

dicar, exhortar, requerir, demandar, conminar, solicitar o pedir

410 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

algo, supuesto este último que se desprende de la imposibilidad

material de exigir el cumplimiento de esos requisitos de admisi-

bilidad cuando en jurisdicciones anteriores no se ha producido

vulneración a derechos fundamentales».

El recurrente hace bien en explicitar que su recurso se

presenta habiendo satisfecho los requisitos de interposición

y diciendo por qué lo considera, indicando y probando que

ha notificado su recurso al recurrido, que se le ha vulnerado

un derecho fundamental, que la falta es imputable al órgano

jurisdiccional que emitió la decisión recurrida, que ya no hay

recursos disponibles (o recursos útiles disponibles) y que in-

vocó la solución y no la obtuvo. Aunque deberá establecerlo

el tribunal, la claridad y especificidad en torno a estos temas

contribuye positivamente al examen de la admisibilidad.

6.2.3 El recurso debe ser introducido por escrito motivado

Exigible de acuerdo con el artículo 54.1-LOTCPC, según

el cual: «El recurso se interpondrá mediante escrito motivado

depositado en la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia

recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la

notificación de la sentencia».

Tal como ocurre en cuanto a otros procedimientos cons-

titucionales, particularmente la acción de inconstitucionali-

dad, la motivación del recurso de revisión constituye uno de

los requisitos clave en su interposición, tanto que, como es

frecuente, de no ser satisfecho remite a su inadmisibilidad.

En este sentido, se ha interpretado que la motivación es

uno de los «elementos esenciales para la interposición de un

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

411

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

para este ser admitido está contenido en el artículo 54. 1 de la

Ley núm.137-11; es el que se refiere a la motivación del recur-

so. Esto quiere decir que el recurrente debe expresar de forma

clara y precisa todos los elementos por los cuales considera

que la sentencia recurrida le viola sus derechos fundamentales

(TC/0476/20, pp. 14-15).

Desde la Sentencia TC/0092/13 se declaró la inadmi-

sibilidad de un recurso de revisión constitucional porque el

recurrente «se limitó a citar y transcribir numerosos textos

constitucionales y legales», y no invocó la violación de nin-

gún derecho fundamental en su escrito de interposición,

asunto reiterado en la sentencia TC/0486/15, de seis (6) de

noviembre.

En la Sentencia TC/0112/16, de veintidós (22) de abril,

se declaró inadmisible un recurso de revisión constitucional

porque el escrito de interposición había sido redactado de

manera tal que resultaba «incongruente e ilógico», así como

«contradicción entre los fundamentos técnicos y las motiva-

ciones jurídicas, por lo que hace difícil considerar la supuesta

vulneración de sus derechos y que estos puedan ser atribui-

bles, por falta u omisión» a la sentencia recurrida.

En nuestra opinión, sin restar importancia a la norma ni

validez a los precedentes instituidos, sin aludir a caso alguno,

entendemos que para la admisibilidad del recurso de revisión

necesita verificarse la vulneración de un derecho fundamental:

si el recurrente no fue capaz de exponer adecuadamente su

caso, no por ello los jueces constitucionales deben automá-

ticamente adoptar, ni adoptan, una actitud menos activa de

lo que le es exigible según su misión de custodia de la su-

premacía constitucional y la subsanación de las infracciones

constitucionales. Es decir, no solamente el juez constitucional

412 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

conoce el Derecho, sino que a él la norma le exige garantizar la

tutela judicial efectiva adoptando de oficio las medidas reque-

ridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno

goce de los derechos fundamentales, incluso cuando estas «no

hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erró-

neamente», según el principio de oficiosidad consagrado por

el artículo 7.11-LOTCPC.

6.2.4 Notificaciones y plazos

Exigible según lo dispuesto por el artículo 54.2-LOT-

CPC: «El escrito contentivo del recurso se notificará a las par-

tes que participaron en el proceso resuelto mediante la senten-

cia recurrida, en un plazo no mayor de cinco días a partir de

la fecha de su depósito». Es plazo franco y calendario, según

TC/0143/15, reiterado en TC/0041/20, entre otras).

Se ha considerado que la vulneración de este mandato no

remite necesariamente a la inadmisibilidad del asunto, bajo

las siguientes consideraciones:

Primero: cuando el recurso de revisión no es notificado al

recurrido, pero este deposita contestación al recurso. En este

caso se ha decidido que «[…] esta irregularidad procesal care-

ce de relevancia en la especie, en vista de que la parte recurrida

depositó su escrito de defensa, […]» (TC/0096/16, reiterado

en TC/0292/19, entre otras). La razón para la decisión es que

la notificación del recurso tiene por objeto poner en conoci-

miento de la parte recurrida los argumentos y las pretensio-

nes del recurrente, a fin de que pueda exponer los medios de

defensa que estime necesarios. Si esos medios de defensa han

sido interpuestos, según el razonamiento indicado, entonces

la falta de notificación carece de importancia.

413

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Segundo: cuando el recurso de revisión no es notificado

al recurrido y no se deposita escrito de defensa: se ha consi-

derado que esta situación impide al hoy recurrido constitu-

cional ejercer su derecho a la defensa, tal como lo dispone el

artículo 69, numeral 4, de la Constitución de la República.

«Sin embargo, este tribunal ha fijado el criterio de que la re-

ferida notificación resulta innecesaria cuando la decisión que

se vaya a tomar resulte en beneficio del recurrido o deman-

dado… En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional

en sus sentencias TC/0006/12, TC/0038/12, TC/0223/13,

TC/0321/14 ha establecido el siguiente precedente: «Si bien

en el expediente no existe constancia de la notificación de la

demanda en suspensión a los demandados, requisito procesal

indispensable para garantizar el principio de contradicción y

el derecho de defensa de estos últimos, la irregularidad proce-

sal indicada carece de importancia en la especie, en vista de la

decisión que adoptará el Tribunal» (precedentes reiterados en

TC/0146/19, entre otras).

Tercero: por argumento a contrario de las decisiones rese-

ñadas precedentemente, si el escrito de interposición no es no-

tificado y la decisión puede afectar negativamente al recurrido,

entonces hay que decantarse por la inadmisibilidad del asunto.

6.2.5 Unificación de fases recursivas

Siguiendo la LOTCPC, se asume que el procedimien-

to de revisión de decisión jurisdiccional establece dos fases,

una para la admisión y otra para la decisión al fondo, pero a

partir de la sentencia TC/0038/12 se decidió fusionar ambas

decisiones, la de admisibilidad y la de fondo, emitiéndose al

respecto una sentencia y no dos.

414 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

La revisión se llevará a cabo en Cámara de Consejo, sin

necesidad de celebrar audiencia. La decisión del Tribunal

Constitucional que acogiere el recurso anulará la sentencia

objeto de este y devolverá el expediente a la secretaría del tri-

bunal que la dictó.

6.2.6 Imposibilidad de revisión de los hechos por parte del TC

Siguiendo el artículo 53.3.c-LOTCPC el tribunal consi-

derará el recurso «con independencia de los hechos que dieron

lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales

el Tribunal Constitucional no podrá revisar».

La imposibilidad de revisar los hechos es coherente con la

naturaleza del recurso. Se trata de un recurso excepcional y, en

efecto, no ha sido instituido para asegurar la adecuación de las

resoluciones judiciales a la realidad de los hechos o a la idea que

acerca de estos tengan las partes. Hacerlo sería anacrónico pues

conllevaría que «los ámbitos constitucionalmente reservados

al Poder Judicial, de una parte, y al TC, de la otra, quedarían

difuminados».

Como se aprecia, el sentido de la expresión «con indepen-

dencia de los hechos» es que, separadamente de los hechos que

explican el proceso, el Tribunal se limitará a verificar que se ha

producido la violación de un derecho fundamental y que ella

es imputable al órgano judicial del que proviene la sentencia

recurrida, sea porque la generó o sea porque no la subsanó.

Así, «con independencia de los hechos», de ninguna manera

significa que el Tribunal ha de operar de espalda a los hechos,

sino que, de frente a ellos, focaliza su actuación en lo relativo

a la vulneración de derechos fundamentales que se le presenta

en el recurso.

415

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

El quid de la prohibición de revisar los hechos está en

que el Tribunal, en el marco del recurso, tiene que asumir –y

asume— como veraces y válidos «los hechos inequívocamente

declarados» en las sentencias recurridas mediante el recurso.

El Tribunal tiene que partir –y parte— de unos hechos

que le son dados y que no puede revisar, no puede modifi-

car. Sin embargo, una cosa es mirar los hechos y otra, sus-

tancialmente diferente, es revisarlos. Y es esto último lo que

se prohíbe hacer al Tribunal Constitucional. En este sentido,

el Tribunal Constitucional puede mirar los hechos y, desde

esa mirada, realizar las comprobaciones que sean pertinentes

—entre ellas, la fundamental de que se haya producido una

violación de un derecho fundamental—.

6.3 Suspensión de ejecución de decisión jurisdiccional. Casos

admitidos

Se vio cómo la suspensión de sentencias en materia de

amparo es aborrecida por el legislador, puesto que acepta in-

cluso la ejecución sobre minuta (art. 90-LOTCPC). Cuando

se trata de decisiones jurisdiccionales el criterio es, digamos,

más abierto: se acepta, pero siempre bajo limitaciones estrictas

determinadas por la jurisprudencia constitucional, que busca

con ello limitar el impacto de este recurso sobre la seguridad

jurídica tal como resulta de la decisión definitiva del pleito o

litis mediante una sentencia con autoridad de la cosa irrevo-

cablemente juzgada.

En este sentido, se ha propuesto, vía jurisprudencial,

que la procedencia y acogimiento de una demanda en sus-

pensión, siguiendo lo decidido en la sentencia TC/0250/13,

entre otras, se realiza según criterios estrictos en el sentido de

416 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

que requiere ponderación del juez, para determinar si resulta

procedente la declaración de suspensión de ejecución de la

ejecución. Dichos criterios son los siguientes: «(i) que el daño

no sea reparable económicamente; (ii) que exista apariencia

de buen derecho en las pretensiones de quien busca que se

otorgue la medida cautelar, en otras palabras, que no se tra-

te simplemente de una táctica dilatoria en la ejecución de la

decisión o actuación y (iii) que el otorgamiento de la medida

cautelar, en este caso, la suspensión, no afecte intereses de ter-

ceros al proceso».

De esta forma la suspensión de ejecución de decisiones

jurisdiccionales es considerada «una medida de naturaleza ex-

cepcional, en razón a que su otorgamiento afecta la tutela ju-

dicial efectiva de la parte contra la cual se dicta, privándola de

la efectividad inmediata de la sentencia dictada en su favor»

(TC/0046/13).

La demanda en suspensión de ejecución de una senten-

cia, en cualquier caso, ha de ser decidida tomándose en cuenta

la afectación que de ella pueda surtir respecto de la tutela ju-

dicial efectiva de la parte contra la cual se dicta, pues se atenta

contra la firmeza y efectividad inmediata de la sentencia dic-

tada a su favor, toda vez que, como ha establecido este Tribu-

nal Constitucional en la Sentencia TC/0255/13, del diecisiete

(17) de diciembre de dos mil trece (2013):([…]) las decisiones

que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemen-

te juzgada tienen una presunción de validez y romper dicha

presunción –consecuentemente afectando la seguridad jurí-

dica creada por estas– sólo debe responder a situaciones muy

excepcionales. Es decir, según la doctrina más socorrida, la

figura de la suspensión de las decisiones recurridas no puede

ser utilizada como una táctica para pausar, injustificadamente,

417

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

la ejecución de una sentencia que ha servido como conclusión

de un proceso judicial.

Por tanto, es de rigor que el Tribunal Constitucional se

detenga a realizar una evaluación pormenorizada del caso, con

el propósito de verificar si las pretensiones jurídicas de los so-

licitantes se revisten de los méritos suficientes para justificar la

adopción de la medida cautelar requerida, teniendo presente

la necesidad «de evitar que en lugar de proteger un derecho, se

afecte el derecho de una parte a quien ya los tribunales le han

otorgado ganancia de causa con una sentencia con la autori-

dad de la cosa irrevocablemente juzgada, o bien de un tercero

que no fue parte del proceso».

Entre los casos en los que no se admite o rechaza la so-

licitud de suspensión de ejecución de decisión jurisdiccional

pueden listarse los siguientes, a título de ejemplo:

1.— No procede la suspensión de ejecución de decisión juris-

diccional cuando contengan condenaciones puramente económi-

cas. Es en esa sintonía que el Tribunal recuerda su jurispruden-

cia constante, en el sentido de que, en principio, no procede

la suspensión de las decisiones recurridas, cuando las mismas

contengan condenaciones de naturaleza puramente económi-

ca, en el entendido de que el eventual daño que produciría

su ejecución resultaría reparable con la restitución de las can-

tidades ejecutadas. (TC/0040/12, TC/0097/1; TC/0098/13,

TC/0151/13, TC/0207/13, TC/0213/13, TC/0214/13,

TC/0219/13, TC/0221/13, TC/0223/13. TC/0235/13,

TC/0248/13, TC/0263/13, TC/0273/13 y TC/0277/13)

Adicionalmente, el Tribunal Constitucional estableció en

la Sentencia TC/0058/2012 –y reiteró en la TC/0273/13–

que: Aunque nada prohíbe la interposición de una demanda

en suspensión, aun en los casos en los que la decisión judicial

418 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

está revestida de un carácter puramente económico, también

es cierto que el Tribunal Constitucional tiene la responsabili-

dad de velar por la sana y eficaz administración de los procesos

constitucionales, de contribuir a que los mismos sean ocupa-

dos por asuntos afines a la naturaleza que le han definido la

Constitución y la referida Ley No. 137-11, y de evitar que esta

jurisdicción constitucional especializada sea convertida en un

nuevo grado de jurisdicción para ventilar asuntos que no reú-

nen méritos suficientes para serlo

2.— Daños supuestamente irreparables, no probados: recha-

zo. Es preciso reiterar que la figura de la suspensión de las de-

cisiones recurridas no puede convertirse en una herramienta

para impedir que los procesos judiciales lleguen a su conclu-

sión, por lo que es necesario que se demuestre fehacientemen-

te la posibilidad de que ocurra un daño realmente irreparable,

lo cual no sucede en la especie; pues la parte recurrente se

limita a señalar que la eventual ejecución de la decisión le

ocasionaría daños irreparables a sus derechos fundamentales,

más no a probar la dimensión insalvable de esos supuestos

daños que se derivan de la eventual ejecución de la susodicha

decisión jurisdiccional (TC/0234/20).

3.— Suspensión de ejecución de decisión jurisdiccional cuyo

recurso de revisión ha sido rechazado: carece de objeto. El recu-

rrente solicita en las conclusiones de su recurso la suspensión

de la ejecución de la Sentencia núm. 511, dictada por la Pri-

mera Sala de la Suprema Corte de Justicia el tres ( 3 ) de junio;

siendo reiterado criterio del Tribunal que en los casos de de-

claratoria de inadmisibilidad de un recurso de revisión consti-

tucional de decisión jurisdiccional, la solicitud de suspensión

419

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

de ejecución de la sentencia formulada conjuntamente con el

recurso de revisión, deviene inadmisible por falta de objeto.

Este criterio ha sido asentado por el Tribunal en su Sentencia

TC/ 0011/13, de once (11) de febrero; TC/0101/18, de vein-

tisiete (27) de abril.

6.4 Efectos de la sentencia que acoge el recurso de revisión

Por disposición del artículo 54.9-LOTCPC la decisión del

Tribunal Constitucional que acogiere el recurso, anulará la sen-

tencia objeto del mismo y devolverá el expediente a la secretaría

del tribunal que la dictó.

En este caso, el tribunal de envío conocerá nuevamente

del caso, con estricto apego al criterio establecido por el Tribu-

nal Constitucional en relación con la vulneración de derechos

de que se trata.

* * *

SUMARIO

REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE DECISIONES JURISDICCIONALES

La revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales no se

parece a otros recursos en el sentido de que no constituye una

instancia (ni tercera ni cuarta), ni es un medio de defensa.

Incide muy particularmente sobre la seguridad jurídica,

con la que mantiene estrecho vínculo en el sentido de que,

como afirma el magistrado Castellanos Khouri en votos di-

sidentes recurrentes —entre ellas a la TC0656/16—, este

recurso […] «modula el principio de la autoridad de la cosa

420 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

irrevocablemente juzgada, en la medida en que permite al

Tribunal Constitucional modificar una decisión que tenga

este atributo, a los fines de cumplir con su función de salva-

guardar los derechos fundamentales que sean violados en el

marco de un proceso jurisdiccional ordinario».

La nota distintiva del recurso de revisión constitucional es

que la decisión recurrida haya adquirido la calidad de la

cosa juzgada material, esto es, que la decisión, además de ser

inimpugnable, resulte […] «jurídicamente indiscutible en

cualquier otro procedimiento en que se pretenda promover

exactamente el mismo litigio». Semejante estado se opone al

denominado «cosa juzgada formal».

Se considera adquirida la «firmeza» o calidad «definitiva»

de la sentencia cuando:

(i) Se trata sentencias que resuelven el fondo del asunto pre-

sentado ante la jurisdicción correspondiente y

(ii) Se trata de sentencias incidentales que, en vista de la

decisión tomada, ponen fin definitivo al procedimiento o es-

tablecen que otra jurisdicción es competente para conocer el

caso (por ejemplo, cuando se acoge un medio de inadmisión,

excepción de incompetencia o excepción de nulidad). Ob-

servar que es admisible el recurso de revisión constitucional

de decisiones jurisdiccionales cuando se trata de sentencias

incidentales, pero solamente cuando el proceso hubiere ter-

minado definitivamente (TC/0472/15), si se recurren con

anterioridad, deviene inadmisible el recurso.

se interponen en plazo prefijado de treinta (30) días, que es

plazo calendario y franco de acuerdo con lo establecido por el

artículo 54.1-LOTCPC.

Su objeto es conocer «decisiones jurisdiccionales», en resumen,

las que constituyen declaraciones definitivas de autoridad,

421

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

esto es, las que implican valoración de normas jurídicas y

situaciones o circunstancias subsumibles (solucionables) me-

diante ellas, de manera que establecen el valor jurídico o

solución a una litis o conflicto entre partes. Por tanto, con-

cordamos en que la facultad del TC para revisar decisio-

nes jurisdiccionales es una facultad limitada, dado que es

posible solamente en los casos limitativamente considerados

por el citado art. 53-LOTCPC, es decir, que se interponga

contra una decisión jurisdiccional, que hubiere adquirido la

calidad de la cosa irrevocablemente juzgada y que se hubiere

emitido con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de

promulgación de la Constitución.

Siguiendo el artículo 53.3.c-LOTCPC el tribunal conside-

rará el recurso «con independencia de los hechos que dieron

lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales

el Tribunal Constitucional no podrá revisar».