Víctor Ascanio Santana Díaz

• Páginas: 261-294

Nació en la República Dominicana. Motivado a realizar cam-

bios en la sociedad dominicana, a través del debate inte-

lectual de las ciencias sociales, determinó que utilizaría sus

capacidades intelectuales al estudio y desarrollo del derecho. Una de

las vivencias que recuerda con agrado en su experiencia estudiantil es

haber representado a la República Dominicana junto a un equipo de

estudiantes de derecho de la Universidad Iberoamericana (UNIBE)

y haber retornado al país con el 1er. lugar en la Competencia Víctor

Carlos García Moreno de Procedimiento ante la Corte Penal Interna-

cional, en la Ciudad de México. No obstante, aspira a desarrollar su

ejercicio profesional en las áreas de Derecho Administrativo y Arbi-

traje.

Víctor Ascanio Santana Díaz

Pseudónimo: Onix

262

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

“Ha sido una experiencia muy graticante haber podido

ser parte de un concurso nacional donde han reconocido

el talento de jóvenes estudiantes por sus ensayos. Es por

esto que exhorto a los estudiantes a que participen en este

tipo de actividades que les otorgará una buena apertura

a diferentes temas jurídicos, ya que no necesariamente

tenemos la oportunidad de aprender en las aulas, y ser

reconocidos por ello.”

1. Introducción

Es bien sabido que existirán distintos modos de controlar

la aplicación de las leyes y su consecuente compatibilidad

con el campo de aplicación permitido por la norma su-

prema de un país. La Constitución, como norma suprema impe-

rante en la mayoría de los países, habilita a que otras leyes, regla-

mentos, ordenanzas o decretos promuevan su debida y correcta

aplicación, siempre tomando en cuenta los principios y valores

que las reglas constitucionales disponen. Para dar cabida a esta

compatibilidad a que tienen que estar sujetas las leyes para con

la Constitución, es necesaria la existencia de mecanismos que

garanticen esa compatibilidad.

En este ensayo, daremos a conocer los mecanismos supra-

dichos y su ámbito de aplicación en los diferentes sistemas de

justicia constitucional ‒que en sí, son los modos de controlar

la aplicación de las leyes en su correcta compatibilidad con la

Constitución‒. Además de esto, trataremos de exponer la e-

La acción de inconstitucionalidad

en los diversos sistemas de

justicia constitucional

264

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

cacia de cada uno en los diferentes sistemas de justicia consti-

tucional para poder concluir con una idea que nos ilustre sobre

la efectividad de cada mecanismo en su respectivo sistema de

justicia constitucional. Estos mecanismos en sí comprenden las

acciones de inconstitucionalidad.

Para dar entrada al tema especíco de las acciones de incons-

titucionalidad, entendemos necesario exponer los fundamentos

que dan inicio a los sistemas de justicia constitucional. Estos,

especícamente, son el control difuso de constitucionalidad y su

contraparte, el control concentrado de constitucionalidad. Uti-

lizaremos fuentes y corrientes doctrinarias que exponen el tema

de manera inveterada acerca de la evolución de estos modos de

control de constitucionalidad en sus distintos orígenes y así, a

medida que se vaya exponiendo la correcta evolución de cada

modelo de control, podremos entrar a analizar los sistemas de

justicia constitucional y su respectiva acción de inconstitucio-

nalidad.

Este ensayo está comprendido por un método deductivo

de investigación, por lo cual estaremos analizando, en gran es-

cala, los distintos modelos de sistemas de justicia constitucional

existentes alrededor del mundo. Con esto, y sin restar importan-

cia a ello, trataremos de abarcar la mayor cantidad de sistemas

de justicia constitucional que existen, sin tratar de menoscabar

la particularidad que podría existir en algún país. Visto de este

modo, será necesario no sólo hablar del sistema imperante en los

respectivos modelos, sino también de su relación con el control

de constitucionalidad utilizado en los reconocidos sistemas. Nos

apoyaremos en aspectos históricos que han dado cabida a las

acciones de inconstitucionalidad como también en decisiones

judiciales a través del tiempo que han contemplado esta gura

265

Ensayos sobre Temas Constitucionales

jurídica en los sistemas de justicia constitucional correspondien-

tes. Luego, procederemos a analizar el aspecto procesal de dichos

mecanismos garantistas del control de constitucionalidad de las

normas, nalizando con unas conclusiones puntuales vertidas

por el autor sobre el tema en cuestión.

2. Los diversos sistemas de justicia constitucional

Prima facie, tendríamos que iniciar dictando una correcta

denición de qué comprende un sistema de justicia constitucio-

nal. Para esto es necesario devenir del principio de supremacía

constitucional. La Constitución dominicana expresa que todas

las personas y órganos que ejercen potestades públicas están su-

jetos a la misma; de igual modo, expresa que es nulo toda ley,

decreto, resolución, reglamento o acto contrario a esta. En este

principio de supremacía constitucional se encuentra vertida una

idea fundamental para comprender los sistemas de justicia cons-

titucional.

La Constitución, como norma suprema, habilita la capaci-

dad de todas las normas que están sujetas a ella ‒y en sí, todas las

normas del ordenamiento jurídico‒ de poder obrar jurídicamen-

te. Por esto se habla de ‘justicia constitucional’, debido a que,

como expresa el autor Cristóbal Rodríguez, “si la Constitución

es la norma suprema, la fuente del sistema formal y material de

producción del derecho, entonces ha de haber un mecanismo

que garantice ese carácter de supremacía”.1 Para asegurar esta

justicia constitucional, existirán órganos en disposición de velar

1 Rodríguez Gómez, Cristóbal. El control jurisdiccional de constitucionalidad de la ley.

Santo Domingo:

266

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

por la correcta aplicación y capacidad de habilitar que las nor-

mas actúen acorde con la norma suprema.

Los sistemas de justicia constitucional van a derivarse de la

distinción en el ordenamiento jurídico que verica y controla

esta justicia constitucional; será por medio de todo el Poder Ju-

dicial, comprendiendo así un modelo difuso de control constitu-

cional, o por medio de un organismo especializado para llevar a

cabo dicha función, comprendiendo de esta manera un modelo

concentrado de control constitucional. Los sistemas de justicia

responden a cual órgano en especíco, o si es más de uno, vela

por el control de constitucionalidad en el ordenamiento jurídico

de cada país.

En algunos países, que tienen como base un modelo de jus-

ticia constitucional norteamericano, tienen un sistema difuso de

control de constitucionalidad. Este control difuso está caracteri-

zado por la carencia de una entidad centralizada de la cual ema-

nen las decisiones relativas a la constitucionalidad de las leyes.

Al contrario, en este esquema, todo el tribunal, sin importar la

instancia, debe hacer un examen previo al fondo (sea de ocio o

por medio de la excepción de inconstitucionalidad incoada por

las partes) sobre la compatibilidad de la norma de acuerdo con

la aplicación de la normativa constitucional.

Este sistema surge ‒sino más bien se fundamenta‒ en la re-

visión judicial originada en la decisión Marbury v. Madison, en

1803, en la cual el juez Marshall dice lo siguiente:

Si dos leyes entran en conicto entre sí el tribunal debe deci-

dir acerca de la validez y aplicabilidad de cada una. Del mis-

mo modo cuando una ley está en conicto con la Constitu-

ción y ambas son aplicables a un caso, de modo que la Corte

debe decidirlo conforme a la ley desechando la Constitución,

267

Ensayos sobre Temas Constitucionales

o conforme a la Constitución desechando la ley, la Corte debe

determinar cuál de las normas en conicto gobierna el caso.

Esto constituye la esencia misma del deber de administrar jus-

ticia”.2

Aquí, de manera majestuosa, el juez Marshall elabora el

fundamento de este control de constitucionalidad al que ellos se

reeren como revisión judicial (judicial review).

Bajo este esquema de control difuso de constitucionalidad,

el sistema de justicia constitucional imperante es dirigido por to-

dos los tribunales en conjunto. En este sistema, el ordenamien-

to jurídico del Poder Judicial completo tiene la capacidad para

dirimir en las cuestiones que se le presentan relativas a la cons-

titucionalidad de las leyes o normas que tienen de frente. Las

acciones de inconstitucionalidad en este sistema estarán carac-

terizadas, fundamentalmente, por tener un carácter inter partes.

De este modo, las decisiones de los jueces respecto a la aplicación

de una norma de conformidad con la constitución solo surtirán

efecto para las partes en el proceso. En este sentido, es de enten-

dimiento que el control aplicado por el juez en este sistema no

es anular la ley en cuestión, sino que “limita a privarlo de fuerza

legal al no aplicarlo”.3

El modelo que se contrapone al control difuso es el del

control concentrado de constitucionalidad. Este modelo está

caracterizado por contar con un sistema regido por una en-

tidad centralizada que dicta las disposiciones nales e irrevo-

cablemente juzgadas de la constitucionalidad de una norma.

2 Opinión del juez Marshall, caso Marbury v. Madison 1803, Suprema Corte de Justicia

de los Estados Unidos.

3 Jorge Prats, E. (2010). Derecho constitucional. Santo Domingo: Ius Novum.

268

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Este, a diferencia de la vía del control difuso, cuenta con un

carácter erga omnes y de efecto inmediato. Sin embargo, no

surge a través de una cuestión incidental de un juicio, sino

que es invocada como una acción independiente. Con este

control se juzga directamente la norma que produce la ley

analizada de conformidad con lo expresado en la Constitu-

ción. De modo que si se obtiene un resultado inconforme

con lo que predica la Constitución, la norma sería anulada

completamente.

Para esto, nos permitiremos hacer referencia a algunas deci-

siones del Tribunal Constitucional dominicano, en su Sentencia

TC/0032/12:

7.3 Esta subordinación del reglamento a la ley se debe a que

el primero persigue la ejecución de la segunda, desarrollando

y completando en detalle las normas contenidas en ella. Por

tanto, “el reglamento no puede exceder el alcance de la ley ni

tampoco contrariarla, sino que debe respetarla en su letra y

espíritu. El reglamento es a la ley lo que la ley es a la Consti-

tución, por cuanto la validez de aquel debe estimarse según su

conformidad con la ley. El reglamento es la ley en el punto en

que esta ingresa en la zona de lo ejecutivo; es el eslabón entre

la ley y su ejecución, que vincula el mandamiento abstracto

con la realidad concreta”.

…

TERCERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No.

209-Bis, del 6 de diciembre de 2000 de la Secretaría de Esta-

do de Industria y Comercio por los motivos precedentemente

expuestos.4

4 Sentencia TC/0032/12. Expediente No. TC-01-2001-0002, del Tribunal Constitucional

dominicano.

269

Ensayos sobre Temas Constitucionales

En este ejemplo, se puede notar cómo a diferencia del

control difuso, donde solo se limita la aplicación de una norma

por estar contraria a las disposiciones de la Constitución en un

caso en especíco. La Sentencia TC/0032/12 anula comple-

tamente y con carácter erga omnes la Resolución No. 209-Bis,

del 6 de diciembre del 2000, de la Secretaría de Estado de

Industria y Comercio. Aquí radica el aspecto fundamental del

control concentrado de constitucionalidad, su ámbito de pro-

tección es aun mayor, dado que deshabilita el funcionamiento

de una norma por completo por no estar conforme con la

Constitución.

Bajo este modelo de control constitucional, el sistema no

necesariamente tiene que estar regido por un órgano excepcio-

nal, como lo es el Tribunal Constitucional dominicano. El tri-

bunal superior de un país puede actuar como corte constitucio-

nal para dirimir las cuestiones relativas al control concentrado

de constitucionalidad. Hasta el año 2012, la Suprema Corte de

Justicia de República Dominicana, actuando como corte cons-

titucional, era la encargada de conocer las acciones directas de

inconstitucionalidad, y lo hizo así desde que esta gura jurídica

fue habilitada en la nación.

Para conocer más a fondo estos sistemas de control consti-

tucional, consideramos necesario indagar más en tres modelos

de control constitucional en especíco: i) el norteamericano, ii)

el europeo, iii) el francés; y para dar a conocer las disposiciones

de nuestra patria, iv) el dominicano. Así, una vez comprendi-

da la raison d’être de estos modelos de control constitucional,

con sus respectivos sistemas de justicia constitucional, podremos

analizar la ecacia de las acciones de inconstitucionalidad que

existen en cada uno de estos sistemas.

270

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

3. Modelo norteamericano de control de

constitucionalidad

El modelo norteamericano de control de constitucionali-

dad tiene como característica principal la carencia de una enti-

dad centralizada de la cual emanen las decisiones que afectan la

constitucionalidad de las leyes ‒en este aspecto nos referimos a

las leyes en su sentido lato‒ que comprenden el ordenamiento

jurídico. La primera decisión relativa a la inaplicabilidad de una

ley en este modelo se dio con la decisión Rutgers v. Waddington,

en 1784, donde el Tribunal Superior de Nueva York estableció

la invalidez de una ley por no estar conforme a las disposiciones

federales de la nación.5

Luego de esta decisión, en 1803 surge la famosa decisión

del juez Marshall para fallar el caso Marbury vs. Madison. En

esta decisión fue creado lo que se conoce como la revisión judi-

cial (judicial review). El juez Marshall aboga porque todos los

jueces, en el examen de una cuestión ante su presencia, deben

de analizar las normativas que tienen de frente. En sí, deberá

de aplicar la normativa correspondiente siempre acorde a las

disposiciones y principios reguladores de la norma suprema, la

Constitución. Bajo este esquema, y apoyándose en este prece-

dente judicial, el Poder Judicial de Estados Unidos adquirió un

poder de contrapesos frente a las actuaciones del Poder Legisla-

tivo y el Ejecutivo.

Este modelo de control de constitucionalidad es difuso por

excelencia, debido a que, como aboga el juez Marshall, todo juez

deberá de analizar la aplicación conforme a la Constitución de

5 Rodríguez Gómez, Cristóbal. Op cit. pág. 5.

271

Ensayos sobre Temas Constitucionales

las normas que regularán la cuestión que tiene de frente, agre-

gándole a esto el sistema del common law ‒que caracteriza al

sistema judicial de los EEUU‒, donde el juez es quien hace el

derecho conforme al precedente que sienta con cada decisión.

Las decisiones relativas a la constitucionalidad de una ley en es-

pecíco tendrán un valor jurídico para las partes en el proceso,

debido a esta facultad intrínseca del sistema de leyes americano.

Importa poco la necesidad de un órgano centralizado que cum-

pla esta función en el ordenamiento estadounidense, no por su

poca utilidad, sino por las características que le son inherentes al

sistema de aplicación de las leyes en EE.UU.

La Constitución de EEUU establece en su artículo VI, pá-

rrafo 2, lo siguiente:

Esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se

expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o

que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán

la suprema ley del país y los jueces de cada Estado estarán

obligados a observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario

que se encuentre en la Constitución o las leyes de cualquier

Estado.

Aquí queda evidenciado el principio de supremacía; empe-

ro, no otorga expresamente la competencia a los jueces de decla-

rar la inconstitucionalidad de una ley en un caso en especíco.

Sin embargo, la doctrina ha dejado establecer que en el momen-

to de las discusiones que se daba vida y forma a la constitución,

los constituyentes tenían pleno consenso de que los jueces de-

bían de operar de ese modo.6

6 Rodríguez Gómez, Cristóbal. Op cit. pág. 6.

272

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Las acciones de inconstitucionalidad en ese sistema difu-

so del control de constitucionalidad serán llevadas a cabo por

el juez al momento de aplicar las normas correspondientes en

cada caso en especíco. La Constitución misma encomienda

a cada juez actuar conforme a lo establecido en la Constitu-

ción y su jurisprudencia vinculante le ordena obrar por vía

de la revisión judicial para que, en todo momento, las garan-

tías expuestas en la norma suprema queden amparadas. Es en

virtud de esto que Alexander Hamilton expresa en su obra

El Federalista la función del juez en su correcta jurisdicción

constitucional:

A ellos [los jueces] corresponde, por lo tanto, determinar su

signicado, así como el de cualquier ley que provenga del

cuerpo legislativo. Y si ocurriere que entre las dos hay una dis-

crepancia, debe preferirse, como es natural, aquella que posee

fuerza obligatoria y validez superiores; en otras palabras, debe

preferirse la Constitución a la ley ordinaria, la intención del

pueblo a la intención de sus mandatarios.7

La acción de inconstitucionalidad en este modelo, sin em-

bargo, generará cierto tipo de incertidumbre en su uniformidad

a través de los tribunales. Es decir, debido a que ningún juez está

intrínsecamente sujeto a la decisión de otro, la inconstituciona-

lidad de una norma estará presente en alguna instancia, mas no

en otras. Mientras que un juez declara la inconstitucionalidad de

una ley en un sistema de justicia constitucional no especializado

o descentralizado como este modelo norteamericano, siempre

existirá un aire de duda sobre la interpretación real y acertada

acerca de la inconstitucionalidad de una ley. Una norma consi-

7 Hamilton, Alexander. El Federalista. Cap. LXXVIII.

273

Ensayos sobre Temas Constitucionales

derada inaplicable en un caso en concreto seguirá rigiendo en el

ordenamiento jurídico con pleno vigor.

Este control difuso creado por los norteamericanos podría

tener una seguridad imperante en un sistema con el stare deci-

sis, donde las decisiones de los jueces de cualquier instancia son

vinculantes para los otros (sistema del precedente judicial). Sin

embargo, este modelo norteamericano, en países sin el protoco-

lo del precedente judicial, ha vertido dos críticas principales a

su forma de ejercer el control de constitucionalidad frente a las

acciones de inconstitucionalidad que se le presenta: i) el mismo

atenta en contra del principio de igualdad; ii) no garantiza una

seguridad jurídica que fortalezca y permita el funcionamiento de

todo sistema jurídico.8

La primera crítica tiene su fundamento argüido en el

hecho de que las decisiones emanadas de los jueces deberían

de aplicarse de manera igualitaria ante situaciones idénticas.

Iguales supuestos de hecho deberían producir iguales resulta-

dos de derecho. Pero, debido a la falta de protección que tiene

el ciudadano de recibir la misma decisión judicial de un juez

que del otro en lo que se reere a la constitucionalidad de una

norma en especíco, existe un quebrantamiento del principio

de igualdad.

La otra crítica existente se reere a la seguridad jurídica de

las partes en un proceso cualquiera. El principio de seguridad

jurídica habilita a los actores en una sociedad un cierto grado

de certeza ‒que debería ser un máximo grado de certeza‒ sobre

los resultados de sus actuaciones con respecto al derecho. Sin

embargo, debido a que ninguna situación de un juez está sujeta

8 Rodríguez Gómez, Cristóbal. Op cit. pág. 8.

274

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

a la otra, existirá siempre un grado de incertidumbre. Es por

esto que “si la decisión judicial se traduce en norma jurídica -

jadora del alcance de las cláusulas constitucionales, entonces los

ciudadanos tienen sobradas razones para tomar como parámetro

razonable de sus actuaciones, el contenido de aquellas decisio-

nes”.9 Tomando esto en consideración, debido a que las decisio-

nes judiciales sentarán un parámetro de las actuaciones de los

individuos con respecto al ámbito de protección constitucional,

el ciudadano actuará conforme a lo que disponen estas decisio-

nes. No obstante, si esta decisión posteriormente se contradice

con otra decisión judicial de otro ente judicial, ¿cómo estará el

ciudadano en una plena seguridad jurídica de cómo actuar en

las situaciones del día a día protegidas por las normas constitu-

cionales?

Somos partidarios de la corriente que entiende que, aun

cuando la efectividad del control difuso y sus acciones de in-

constitucionalidad se pueden ver viciadas por el hecho de que

la norma está aún vigente sin importar la inaplicación a un caso

concreto, existen fundamentos por los cuales la continuidad de

esa norma resulta beneciosa al ordenamiento jurídico en gene-

ral. Fundamentamos nuestro punto de vista en dos disposiciones

que Cristóbal Rodríguez Gómez expone en su obra citada.

Primero, el vacío legal que resultaría de la nulidad de una

norma en completo, podría resultar peligroso para el ordena-

miento jurídico en general. Esto podría dejar desprotegida una

situación de hecho que imprescindiblemente necesita estar

cubierta por disposiciones legales. Sin embargo, cuando una

norma es inaplicada a un caso concreto en el control difuso,

9 Idem.

275

Ensayos sobre Temas Constitucionales

esta norma aun continúa haciendo su protección en los otros

casos donde no se ha pronunciado la inconstitucionalidad de

la ley. Esto evita lo que ocurre en un sistema de control con-

centrado de constitucionalidad donde “con frecuencia, el vacío

legal que produce la salida del sistema de la norma considerada

inconstitucional resulta más pernicioso que la continuidad de

su vigencia”.10

Segundo, encontramos fundamentado nuestro punto de

vista en la interpretación constitucional que es propia de la ma-

teria constitucional: la interpretación conforme a la Constitu-

ción. Esta interpretación predica que el juez, a la hora de apli-

car un examen a una norma impugnada, debe hacerlo de modo

que encuentre una compatibilidad de la norma conforme a la

constitución. Esto signica que, muchas veces, la interpretación

de un juez no necesariamente es la correcta. La interpretación

conforme a la Constitución en este ámbito de protección consti-

tucional habilita la libertad de interpretación constitucional que

posee cada juez. Hasta tal punto se podría entender que “lo que

es inconstitucional muchas veces es la interpretación especíca

formulada por el juez”.11 Teniendo esto en cuenta, el sistema

donde la decisión de un juez impera sobre la del otro, sería que-

brantar el principio de libertad interpretativa de cada juez. Debi-

do a esto, la interpretación de un juez podría estar imponiéndose

sobre la interpretación del otro.

10 Rodríguez Gómez, Cristóbal. Op cit. pág. 9.

11 Idem. Pág. 9.

276

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

4. El modelo de justicia constitucional europeo

En el continente europeo prima un sistema de justicia cons-

titucional donde las decisiones relativas a la inconstitucionalidad

de una ley son manejadas por una sola jurisdicción. Es decir, a

diferencia del modelo norteamericano de justicia constitucional,

‒donde todos las jurisdicciones tienen la capacidad para dirimir

la aplicación conforme a la constitución de una ley‒, en este sis-

tema existirá un ente jurisdiccional que declarará la inconstitu-

cionalidad ‒¡ojo!, no la inaplicabilidad‒ de una ley y, por ende,

la declarará nula. Este sistema usualmente es controlado por lo

que se denomina un tribunal o sala constitucional. Al existir una

jurisdicción especializada para dirimir los asuntos relativos a la

aplicación de la Constitución, se puede decir que existe un ente

centralizado que dispone lo relativo a esta materia. Por ende,

los resultados que conciernen a la constitucionalidad de una ley

estarán concentrados en ese ente jurisdiccional del país que res-

ponda a ese sistema. Esto se denomina un control concentrado

de constitucionalidad.

Este sistema de justicia constitucional tiene apertura con

el funcionamiento del Tribunal Constitucional de Checoslova-

quia, en 1920, y con el Alto Tribunal de Austria. Es aquí, en

Austria, donde el doctrinario Hans Kelsen provee un sistema de

justicia constitucional que caracteriza al sistema concentrado

de justicia constitucional. La corriente de la doctrina ha en-

contrado una serie de características fundamentales del modelo

kelseniano que, en resumidas cuentas, denen su exposición. La

primera la encontramos en que el control que aplica el modelo

kelseniano tiene como n controlar las funciones del Estado.

Sobre esto, el autor Jorge Prats, expone que la Constitución

277

Ensayos sobre Temas Constitucionales

(según lo explica Kelsen) se limita a ser la norma que regula la

elaboración de las leyes, de las normas generales de las cuales

derivan las acciones de los órganos estatales, de los tribunales y

de las autoridades administrativas. En consecuencia, el control

en el sistema de Kelsen busca vericar la correcta aplicación

del proceso de producción de las normas conforme a lo que

dispone la constitución, existiendo siempre una norma inferior

conforme a las disposiciones de la norma superior.

Aunque parezca que la explicación que Kelsen le brinda a

este control de constitucionalidad se encuentra incompleto al no

contemplar la sustancia de la norma que se examina, realmente

no lo es. Kelsen, al evaluar la función de un juez de administrar

justicia y no de sobrepasar los poderes de los otros entes estatales,

encuentra un argumento ‒válido en todas sus partes‒ para darle

efectividad a su ponencia. Para él, lo que analiza el ente juris-

diccional encargado de declarar la inconstitucionalidad de una

norma, no se pronuncia sobre el fondo de la norma inferior al

cual tiene de frente. Simplemente, al analizar el procedimiento

de producción de la misma, él contempla dentro de este proce-

so ordinario la correcta aplicación de una norma conforme a la

norma superior. Es decir, si una norma no está conforme a una

norma superior, pues nunca adquirió el carácter de norma para

Kelsen. Esto es así, porque los legisladores a la hora de crear la

norma, en su procedimiento de producción ordinario, debieron

de prestar un manejo acucioso a cumplir con los fundamentos

principales de la norma superior que los rige.

El juez, para Kelsen, no crea leyes ni analiza la validez de su

sustancia al aceptar la acción de inconstitucionalidad, sino que,

mediante esto, él estará encargado de guiar al poder legislativo

de la correcta formulación de una norma conforme a la constitu-

278

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

ción.12 El otro punto que plantea Kelsen es sobre la abstracción

del control.13 A diferencia del sistema norteamericano del control

de constitucionalidad, este proceso, en el sistema europeo, no

surge en razón de un litigio entre partes. Esta forma de control

tiene sus fundamentos en cuestiones puras de derecho y de la

fundamentación concreta de una ley. Al presentarse la cuestión,

por vía de una acción directa de inconstitucionalidad, se está dan-

do apertura a una fase de análisis de una norma, alejada de toda

controversia entre partes en especíco. Por esto es que se denomi-

na a este como un sistema de escudo para la Constitución.

La tercera característica responde a la anulación del acto

inconstitucional por la vía de la acción directa de inconstitucio-

nalidad. A diferencia del control difuso, una acción de incons-

titucionalidad que se acoja en este modelo, anula por completo

el acto del que se dispone. Para Kelsen, es inconcebible tener

una ley que sea inconstitucional. Por tanto, en su debida formu-

lación de argumentos, él expone que, al momento de un juez

capacitado de analizar la constitucionalidad de una norma (con-

ferida esta capacidad por las disposiciones propias del sistema

concentrado de constitucionalidad), él tiene que anular la nor-

ma por completo, por ser esta inexistente desde el punto de vista

constitucional. Es decir, como se expuso anteriormente, que una

ley que devenga inconstitucional por su sustancia, nunca existió

desde el momento de su indebida producción.

De este punto es importante analizar la comparación reali-

zada sobre los benecios de la inaplicación realizada en el sistema

difuso. En esa exposición de argumentos hablábamos del bene-

cio que surge al momento de declarar una ley inaplicable, mas

12 Jorge Prats (2010), p. 428.

13 Idem.

279

Ensayos sobre Temas Constitucionales

manteniéndola activa en el ordenamiento jurídico. Esto mante-

nía la materia regulada y protegida por dicha ley, aun así cuando

su contenido podía ser interpretado en su aplicación como no

conforme con la Constitución. Sin embargo, para contrarrestar

esto, Kelsen, al momento de idealizar su sistema de justicia cons-

titucional, creó un método por el cual no se analiza la aplicación

de una norma a un caso concreto, sino analiza el procedimiento

de producción ‒y con esto, de manera implícita, analiza la sus-

tancia de la norma‒ para ver si su contenido es conforme con

la Constitución. Esto, aunque puede resultar contradictorio, es

válido por dos razones: i) es una concepción abstracta de análisis

de constitucionalidad, ii) es un procedimiento generalizado y no

proviene de la aplicación en un caso concreto.

La primera razón se fundamenta en que al ser la acción

directa de inconstitucionalidad, en el sistema de justicia consti-

tucional concentrado, una que surge por una acción impetrada

por una parte para el debido análisis del ente jurisdiccional

competente, no se analiza realmente la aplicación de la norma

a casos concretos. Esto, en su sentido losóco, se podría com-

parar con las ponencias de John Rawls sobre la discusión en

la teoría de la justicia. Para este autor, al momento de discutir

lo relativo a la justicia de una norma, se debe utilizar un velo

de ignorancia que proteja a quienes disponen de su discurso

político de informaciones que puedan devenir en distracciones

para la correcta concreción de un análisis completo relativo a lo

justo de la norma examinada. Es decir, al momento de no con-

templar informaciones externas al mero proceso de creación de

una norma justa, estaríamos creando una norma análoga para

todas las situaciones donde se pueda aplicar. Esto es lo que le

da el carácter de abstracto a las normas jurídicas: la capacidad

280

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

de adaptarse a distintos casos en especíco de la mejor manera

posible.

La segunda razón reposa en el hecho de que la acción di-

recta de inconstitucionalidad se reere a un caso generalizado

donde los impetrantes son agraviados por un derecho vulnerado

por la disposición de la ley, no de una acción de otra persona. Es

en virtud de esto que el acto que resulte inconstitucional debe

ser anulado; toda vez que ese acto esté infringiendo la correcta

aplicación y protección de los derechos humanos de las personas

protegidas por la Constitución, no existe razón de ser para esa

norma. Por esto, a diferencia del control difuso, los actos que de-

vengan inconstitucionales en el sistema de justicia constitucional

centralizado o concentrado, debe de resultar en la completa nuli-

dad de la norma que se examine; de mantenerse ella en pie, sería

una contradicción fehaciente a los principios constitucionales

existentes.

La cuarta característica de la exposición de Kelsen com-

prende la monopolización de las cuestiones que versan sobre

la inconstitucionalidad de una norma hacia una sola juris-

dicción, usualmente, el Tribunal Constitucional. Esto, por

demás de las otras características, es lo que hace a este sistema

de justicia constitucional como uno concentrado o especiali-

zado. El fundamento de esto para Kelsen, es que al existir una

fuerte división sobre las concepciones del derecho público y

el derecho privado en Europa, se toma que las decisiones que

versan sobre temas constitucionales tienen categorías políti-

cas y no deben ser resueltas por el juez ordinario. Para esto,

el sistema crea un tribunal que se especializa en juzgar este

tipo de cuestiones. Sin embargo, esto no limita a las partes

en la vía de un proceso de ejercer una acción de inconstitu-

281

Ensayos sobre Temas Constitucionales

cionalidad. Esta debe de hacerse por vía de una excepción

de constitucionalidad jurisdiccional y la misma produce el

sobreseimiento del proceso.

La acción en este sistema proviene de una parte interesa-

da a la que se le esté vulnerando un derecho adquirido por la

misma.14 Como se expuso anteriormente, el derecho adquirido

estaría siendo infringido por la naturaleza propia de la norma y

no por una acción de otra persona. Sin embargo, no solo las per-

sonas pueden ejercer las acciones de inconstitucionalidad en este

sistema, sino también los poderes del Estado (Poder Ejecutivo

y/o Legislativo).

5. El modelo de justicia constitucional en República

Dominicana

El sistema de justicia constitucional en República Domi-

nicana está comprendido por una fusión de ambos sistemas de

justicia constitucional. Al igual que en Latinoamérica, muchos

países han consagrado este sistema de justicia constitucional

donde no solo operará la función de juez constitucional el que

desempeña el cargo per se en el Tribunal Constitucional, sino

que los jueces ordinarios también darán uso al control difuso

del mismo para dirimir la inaplicabilidad de la ley por no estar

conforme con las disposiciones constitucionales en el caso con-

creto. “Los tribunales de la República conocerán la excepción de

constitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento”

14 Sentencia del Tribunal Constitucional dominicano, TC/0013/12.

282

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

(Artículo 188 de la Constitución dominicana de 2010). Este ar-

tículo expresa lo que será el control difuso a utilizarse en Repú-

blica Dominicana.

El control difuso en República Dominicana tendrá ciertas

características a las que vale hacer mención: i) la constitucionali-

dad en la vía de un proceso es una cuestión previa, ii) la consti-

tucionalidad es incidental, iii) la inconstitucionalidad puede ser

pronunciada de ocio, iv) las decisiones tienen un efecto relati-

vo.15 Ahora pasaremos a analizar cada punto.

La primera característica se reere a la capacidad de sobre-

ponerse la cuestión de constitucionalidad sobre el curso del pro-

ceso. Es decir, al momento de traer a colación la cuestión de in-

constitucionalidad por vía de la acción de inconstitucionalidad

correspondiente (Excepción de constitucionalidad), el juez de-

berá detener el curso del proceso hasta tanto conozca lo relativo

a la cuestión planteada. Esto es establecido así en el artículo 51

de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que lo plantea

al establecer que:

(…) todo juez o tribunal del Poder Judicial apoderado del

fondo de un asunto ante el cual se alegue como medio de de-

fensa la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento

o acto, tiene competencia y está en el deber de examinar, pon-

derar y decidir la excepción planteada como cuestión previa

al resto del caso.

Sin embargo, de existir una denegación por parte del juez

de las cuestiones planteadas, por vía de la excepción de constitu-

cionalidad, solo podrán ser recurridas en conjunto con el fondo.

15 Jorge Prats (2010), p. 447.

283

Ensayos sobre Temas Constitucionales

La segunda característica se reere a que la acción de in-

constitucionalidad en un sistema difuso de justicia constitucio-

nal nunca será conocida por un tribunal por la vía independiente

y principal. Esto, además de que atentaría en contra del artículo

5 del Código Civil, al prohibir a los jueces fallar por disposi-

ción general, estaría en contra de los fundamentos especícos

del control difuso de constitucionalidad. Estos fundamentos a

los que me reero son los supradichos; una acción de inconsti-

tucionalidad en este sistema solo podrá devenir de una cuestión

especíca de un caso (nunca plantearse de manera directa sobre

la ley) para que se analice la inaplicabilidad de la norma al caso

concreto. La Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado sobre

ello al establecer que:

La Suprema Corte de Justicia, ni tribunal alguno, está capaci-

tada por la Constitución para decidir acerca de los alegatos de

inconstitucionalidad de … como la que ha sido elevada en el

presente caso [por medio de la vía de casación];… es condición

indispensable que el alegato [la acción de inconstitucionalidad]

sea presentado como un medio de impugnación o de defensa en el

curso de una controversia entre partes…16

La tercera característica es la capacidad del juez de pronun-

ciar la inconstitucionalidad de aplicación de una ley a un caso

concreto. Esta es otra vía por la cual la acción de inconstitucio-

nalidad podría tomar efecto sin haber sido incoada por alguna

de las partes. Esta idea aquí será la raíz de discusiones existentes

en las distintas corrientes doctrinarias, por lo cual pasaremos a

analizar debidamente ambas consideraciones.

16 S.C.J. 9 de mayo de 1961, B.J. 610

284

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

La primera de las corrientes de las doctrinas (defendida por

Cristóbal Rodríguez Gómez) expone que al apoderarse el juez

de ocio de una cuestión de inconstitucionalidad estaría yendo

en contra de uno de los principios fundamentales de la admi-

nistración de justicia: la imparcialidad.17 El autor explica que al

momento del juez conocer las cuestiones de inconstitucionali-

dad, de manera ociosa, tendrá siempre una valoración previa al

asunto que lo nublará de aplicar la norma correcta sin tener que

quebrantar la imparcialidad. Esto es así, porque el principio en sí

establece que el juez no podrá retrotraer algún razonamiento ba-

sado en cuestiones previas a la demanda en curso; por tanto, de

tener valoraciones existentes sobre el asunto estaría aplicándolas.

La segunda de las corrientes de las doctrinas (defendida por

Eduardo Jorge Prats) establece que el juez no solo tiene la capaci-

dad, sino el deber de aplicar ‒de ocio‒ la inconstitucionalidad

de una norma por disposiciones propias de la Constitución. Un

juez, teniendo de frente una aplicación inconstitucional de una

norma, no puede permitirla por vía de la aquiescencia en el cur-

so de su proceso, debido a que está regido por una disposición

constitucional que prevé la supremacía de la constitución sobre

toda otra norma. El juez así, con el conocimiento de la incons-

titucionalidad de la acción que está aceptando y no dirimiendo,

estaría ignorando las disposiciones de la constitución. La Supre-

ma Corte de Justicia ha establecido que “[el juez] puede y debe

pronunciar su nulidad aunque no la hayan promovido las partes

envueltas en el mismo, esto es de ocio, sin el cumplimiento de

ninguna formalidad…”,18 y, también, por la misma Ley Orgáni-

ca del Tribunal Constitucional, en su artículo 52, que establece:

17 Rodríguez Gómez, Cristóbal. Op. cit. pág. 7.

18 S.C.J. 16 de diciembre 1983. B.J. 877.

285

Ensayos sobre Temas Constitucionales

“El control difuso de la constitucionalidad debe ejercerse por

todo juez o tribunal del Poder Judicial, aun de ocio, en aquellas

causas sometidas a su conocimiento”.

Nosotros apoyamos lo planteado en la segunda argumenta-

ción, porque consideramos que asumir primero que el juez ten-

drá una valoración previa al asunto de la inconstitucionalidad y

que estaría nublado por ella es incorrecto en el sentido de que los

jueces pueden tener conocimientos previos sobre los asuntos que

se les plantean y de todos modos prescindir de su parcialidad.

Así lo será en la mayoría de las materias que se le presenten a un

juez. Al nal, lo que será tomado en consideración será la inter-

pretación propuesta por el juez sobre la aplicación de la norma,

conforme con la Constitución en ese caso concreto.

La cuarta característica se reere a que las decisiones ejer-

cidas por los tribunales ordinarios acerca de la inconstitucionali-

dad de una ley, solo tendrán efecto entre las partes. La norma que

es declarada inconstitucional no se aplica al caso en cuestión; mas

existe aun para los demás.19 Esto va acorde con el fundamento

supradicho de la libertad interpretativa de cada juez y de cada

caso. Es decir, lo que se estatuye en las acciones de inconstitucio-

nalidad en el control difuso, es la inaplicabilidad de la norma al

caso en concreto. Esto va a ser motivado por una interpretación

libre e independiente de un juez en especíco. En sí, lo que se

declara inconstitucional podría ser la interpretación propia de un

juez y no realmente la norma en sí. Este modo le da la libertad a

la acción de inconstitucionalidad de que se pueda aplicar a mu-

chos casos distintos sin necesariamente contar con disposiciones

de cosa juzgada que no tengan mucho parecido en ello.

19 Jorge Prats (2010), p. 448.

286

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

5.1. Aspectos procesales de la acción de

inconstitucionalidad en el sistema difuso de

justicia constitucional

Es imprescindible recalcar que las acciones de inconstitucio-

nalidad en este sistema serán por la vía incidental en medio del

curso de otro proceso. Por esto, para darle inicio a una acción de

inconstitucionalidad es necesario traer a colación una excepción de

inconstitucionalidad en las discusiones del caso concreto. La ex-

cepción de inconstitucionalidad puede ser invocada en cualquier

materia y ante cualquier tribunal de cualquier jerarquía.20 Cada

materia tendrá su particularidad respecto al método a ser utilizado

para dar entrada a una excepción de inconstitucionalidad.

Las partes en el proceso son las únicas que pueden inter-

poner el recurso de excepción de inconstitucionalidad para dar

inicio a la acción. La jurisprudencia ha establecido este criterio

y ha reducido a la consideración de parte en el proceso a lo si-

guiente: “… hay que entender, en sentido estricto, aquella que

gure como tal en una instancia, contestación o controversia de

carácter administrativo o judicial, o contra la cual se realice un

acto por uno de los poderes públicos, basado en una disposición

legal, pretendidamente inconstitucional21.” En este sentido, es

importante recalcar que aquí estará accionando la persona a la

que se le haya vulnerado un derecho adquirido en el curso de

una demanda.

Del mismo modo en que la acción podrá ser incoada ante

cualquier tribunal, es imprescindible determinar que los jueces

20 Jorge Prats (2010), p. 449.

21 S.C.J. No. 2, del 1 de septiembre de 1995. B.J. 1018.

287

Ensayos sobre Temas Constitucionales

de estos tribunales son los que conocerán la acción y no deberán

enviarla a otra instancia. Cada juez tiene la responsabilidad y el

deber de conocer de las excepciones de constitucionalidad que

se les presenten. Por igual, al estar atados a las disposiciones de la

Constitución, los jueces no solo deberán aplicar o no la incons-

titucionalidad de una norma en el caso concreto al momento de

surgir una acción de inconstitucionalidad, sino que lo harán de

ocio si se encuentran frente a una confrontación de derechos.

Los efectos de la sentencia, al analizar estas características,

tendrán un efecto inter partes y declarativo. El primero porque

el campo de aplicación de la sentencia que dicte la inconstitucio-

nalidad de la aplicación de una norma solo afectará a las partes

incursionadas en la cuestión que se le presente. Por otro lado,

será declarativa la sentencia debido a que reconoce, por conside-

ración propia del juez, la nulidad ya existente de una norma que

ha estado infringiendo derechos de una de las partes en el pro-

ceso. No constituye una inconstitucionalidad, sino que el juez la

considera nula de acuerdo con los efectos de actos inconstitucio-

nales que devenían de la propia aplicación de la norma.

5.2. El modelo de justicia constitucional concentrado

El sistema de justicia constitucional centralizado o concen-

trado fue establecido en República Dominicana por un tiempo

efímero, luego de la ocupación americana, en la reforma cons-

titucional de 1924. Esta reforma constitucional creó lo que se

consideró como un sistema dual de justicia constitucional con-

centrada. Es decir, era dual por la manera de incoar la acción de

288

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

inconstitucionalidad: i) en medio de una controversia judicial,

ii) por acción popular (de manera directa). En la primera de

ellas, el proceso se sobreseía hasta tanto la Suprema Corte de

Justicia fallara sobre el asunto de la inconstitucionalidad de la

norma pretendidamente inconstitucional. En el segundo de los

casos, la Suprema Corte de Justicia conocería de los casos por vía

directa, como lo conocemos hoy. Este sistema dual cayó con la

apertura de la nueva constitución del año 1927, que hizo regre-

sar al sistema de justicia constitucional a uno difuso.

En 1994 se instituyen nuevamente las disposiciones de la

Constitución de 1924; sin embargo, eliminando lo referente

a la acción incursionada en medio del curso de la demanda y,

por tanto, sobreseyendo el curso de la demanda. La reforma

constitucional del 2010 retorna parte del sistema de justicia

constitucional concentrado a la hora de crear un organismo

especializado para dirimir las cuestiones directas de inconsti-

tucionalidad. Es importante recalcar que, aunque se crea una

jurisdicción especializada para ejercer la justicia constitucional,

el Tribunal Constitucional no es el único órgano que vela por

el buen funcionamiento del ordenamiento jurídico conforme

a la Constitución, sino que todos los jueces tienen el derecho

de establecer y controlar esta relación. El Tribunal Constitucio-

nal, por otro lado, es el máximo intérprete de la Constitución

y se le ha garantizado el poder de dirimir las cuestiones como

última instancia sobre asuntos constitucionales. De ninguna

manera, esto monopoliza la jurisdicción constitucional, por-

que al igual que el Tribunal Constitucional, existirán todos los

otros jueces con el deber de fallar disposiciones relativas a la

constitucionalidad de una norma por medio de procedimien-

tos conformados por vía de la ley.

289

Ensayos sobre Temas Constitucionales

Las acciones de inconstitucionalidad en este sistema de

justicia constitucional serán directas y abstractas. Esto quiere

decir que atacarán, de manera directa, una norma que infrinja

disposiciones de la Constitución como abstractas, de modo que

surten efectos en lo relativo a la sustancia de la norma conforme

a la Constitución y no en el curso de una demanda. Pellerano

Gómez establece, a la vez, que el control ejercido por este siste-

ma será objetivo en cuanto buscará conseguir el n perseguido,

que es analizar si la concreta disposición textual de la norma

analizada está conforme con la Constitución, desde un punto

formal y material. En estos procesos no existirán ni demandan-

tes ni demandados, debido a que se puede entender el mismo

como una instancia investigativa, toda vez que no se resuelve un

conicto de intereses entre partes, sino que se analiza la com-

patibilidad de la norma con los principios, valores y reglas de la

Constitución.

La acción de inconstitucionalidad en este sistema es impres-

criptible, toda vez que la ley no regula el tiempo de caducidad

de la acción que analiza la constitucionalidad de la norma. Esto

tiene su razón en el hecho de que una norma no dejará de ser

inconstitucional, si su sustancia o forma de creación no fueron

denunciadas en un tiempo debido. Incluso, las sentencias del

Tribunal Constitucional que denieguen la inconstitucionalidad

de una norma, a raíz de una acción directa de inconstitucionali-

dad, no adquieren el estado de la cosa irrevocablemente juzgada

(como lo establece el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal

Constitucional).

Aunque las acciones de inconstitucionalidad pueden surtir

de normas en la que su sustancia devenge en una confrontación

con las disposiciones de la Constitución, podrá existir una in-

290

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

constitucionalidad por la omisión del legislador.22 Este modo de

interpretación solo está consagrado normativamente en Portugal

y Brasil; sin embargo, se puede traer a colación en el sistema de

justicia constitucional dominicano. Esto es así porque resultará

de la omisión de una exigencia de acción por parte de la Consti-

tución. Este es el ejemplo de la violación al Art. 63.3 de la Cons-

titución, en el que se le exige al legislador establecer, por medio

de leyes, la oferta educativa para el nivel inicial.

En lo relativo a las partes, aunque no existan partes en el

proceso, sí se debe considerar la gura del accionante o impe-

trante, quien es que incoa la acción frente al Tribunal Constitu-

cional. El artículo 185.1 de la Constitución le da esta facultad

a tres entes en especíco: al presidente de la República, a una

tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Di-

putados, o bien, a personas con interés legítimo y jurídicamente

protegido.

Las primeras dos se consideran, en sentido lato, como pre-

ventivo, debido a que sería irracional someter una ley por vía de

inconstitucionalidad cuando quienes la someten son las mismas

personas que participaron en su proceso de formación. Sin em-

bargo, existe suciente doctrina y jurisprudencia que categoriza

la acción incoada por estos entes de manera a posteriori. A esta

lógica se le pueden atribuir las ocasiones en que una ley es des-

aprobada por un tercio de los miembros de una de las cámaras

legislativas y, de todos modos, es aprobada; existiría sentido de

que estos accionen en contra de ella.

Por otro lado, la persona con interés legítimo y jurídica-

mente protegido será aquella persona que esté amparada por las

22 Jorge Prats (2010), p. 456.

291

Ensayos sobre Temas Constitucionales

disposiciones de la Constitución. Esto, aunque pueda aparentar

absoluto e irónico, debido a que toda persona en el territorio

está amparada por las disposiciones de la Constitución, tiene un

fundamento lógico. Esto se remonta al hecho de que, si se limita

a un ciudadano a actuar nada más cuando se le ha infringido un

derecho de manera directa, no estaríamos frente a un procedi-

miento abstracto, sino, más bien, a uno contencioso. Por igual,

las personas que accionan en vía de inconstitucionalidad lo ha-

cen así en defensa de la misma Constitución que los ampara. La

Sala Constitucional venezolana se ha pronunciado sobre esto, y

dice: “[se acciona] sin necesidad de un hecho histórico concreto

que lesione la esfera jurídica privada del accionante”.23

Las sentencias que deriven de las acciones directas de in-

constitucionalidad tendrán un efecto erga omnes y serán de apli-

cación vinculante para todos los tribunales de la República. En

ese aspecto, se le concede al Tribunal Constitucional la caracte-

rística de crear precedentes judiciales cuando emiten sus senten-

cias en los temas que conciernen a su jurisdicción. Por igual, las

decisiones que emanen de una acción de inconstitucionalidad no

estarán versadas del principio de congruencia del debido proceso

en el derecho procesal común. Como se establece en el artículo

46 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, todos los

textos conexos a una norma que ha sido declarada inconstitucio-

nal serán declarados inconstitucionales también. Esto se hace así

por la unidad normativa que existe entre normas que disponen

regulaciones análogas, pero en normativas diferentes.

Este principio de congruencia, al igual que muchos otros

principios del debido proceso, no está presente en el derecho

23 Sentencia Núm. 1077, del 22 de septiembre de 2000. Caso Servio Tulio Briceño.

292

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

procesal constitucional. Pero no por esto el derecho procesal

constitucional será irracional. Es un área sui generis que se ca-

racteriza por ser abierta, pública, participativa, transparente y

deliberativa.24 Por ende, tendrá características idóneas y pro-

pias de la materia que no se verán contempladas en el derecho

común.

6. Conclusiones

En vista de lo que se ha expuesto anteriormente, hemos

podido analizar las características y efectos de las acciones de

inconstitucionalidad en los diversos sistemas de justicia consti-

tucional. Se ha visto las diferencias que entablan en las causas y

formas de incoar acciones de inconstitucionalidad en los dife-

rentes sistemas de justicia constitucional. Hemos podido llegar

a concretar que cada sistema tendrá sus particularidades y be-

necios que se sobreponen sobre el otro sistema, tanto así como

también existirán particularidades para el sistema común de jus-

ticia constitucional (ese que reúne a ambos sistemas).

Al hablar de justicia constitucional, tendríamos que sepa-

rarnos de los principios establecidos en el ámbito del derecho

común, porque es una materia que amerita principios que no

concurren con la efectividad propia de la materia. Por esto vere-

mos que en el derecho procesal constitucional del sistema con-

centrado de justicia constitucional no existirá un principio del

proceso contradictorio ni de congruencia de las sentencias. Se

24 Jorge Prats (2010), p. 462.

293

Ensayos sobre Temas Constitucionales

necesita establecer un procedimiento que haga valer la correcta

efectividad de las acciones de inconstitucionalidad para poder

darle una protección merecida a la Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad han ido evolucionan-

do en los sistemas de justicia constitucional. Vemos así como

para Hans Kelsen la inconstitucionalidad no residía, de manera

especíca, en la sustancia de la norma, sino en el procedimiento

de su producción. De manera que para él tenía más sentido el

entendido de que los encargados de crear la norma debieron ha-

ber previsto la inconstitucionalidad de la sustancia de la norma

al momento de crearla y, por tanto, una norma que devenga

inconstitucional por su sustancia nunca fue una norma en reali-

dad. Hoy día, vemos cómo se les provee la facultad de accionar

en inconstitucionalidad hasta a las mismas personas que estuvie-

ron presentes en el procedimiento de creación de dichas normas,

admitiendo así y procurando proteger, ante cualquier circuns-

tancia, la correcta e imprescindible aplicación de la supremacía

constitucional.

En República Dominicana, hemos incorporado un sistema

híbrido que busca proteger los distintos ámbitos del derecho

con la Constitución, de la manera más efectiva. Al establecer,

de manera regulada, el sistema dual de justicia constitucional

(no el dual por la forma de accionar establecido anteriormente),

procuramos que se pueda cubrir los acontecimientos de incons-

titucionalidad de la aplicación o de la sustancia de una norma de

la manera más célebre y efectiva posible. A diferencia del sistema

francés de justicia constitucional, donde nos encontramos con

un Consejo Constitucional y otro para los ocios del Estado, en

República Dominicana le hemos conferido la potestad al Poder

Judicial y al Tribunal Constitucional de ordenar correctamente

294

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

y acorde con la Carta Magna, que protege a nuestra nación de la

manera correcta en cualquier instancia.

Por esto es de nuestra consideración que el sistema estable-

cido y regulado por la actual Constitución de República Domi-

nicana ha podido obtener particularidades de ambos sistemas de

justicia constitucional, para crear uno en el que acoge los bene-

cios de cada uno. Toda vez que el sistema establecido en Repú-

blica Dominicana admite que en medio de un proceso conten-

cioso, se tenga que analizar la constitucionalidad de una norma

por esta devenir en una aplicación inconstitucional, como tam-

bién cuando la ciudadanía protesta por un documento injusto,

como son esas normas que se tornan inconstitucionales por su

sustancia. El sistema híbrido será eciente en la medida en que

sus disposiciones sean reguladas de manera eciente. Es decir,

los procedimientos de ambos sistemas tienen que estar regulados

de manera que no concurra uno del otro. Así, ambas acciones de

inconstitucionalidad podrán resonar en su ecacia de la manera

más reiterada y necesitada en el ámbito jurídico dominicano.