Víctor Manuel López González

• Páginas: 227-258

Nació el día 3 de julio del 1992, en la ciudad de Santo Do-

mingo, República Dominicana. Egresado con los más altos

honores del Colegio Saint George, actualmente, cursa el

décimo cuatrimestre de la carrera de Derecho en la Universidad Ibe-

roamericana, manteniendo un índice acumulado de 4.0. Eligió el De-

recho como carrera profesional, dado que considera el Derecho como

el instrumento idóneo para cumplir con lo que siempre ha anhelado:

generar cambios para lograr un país mejor. Asimismo, se destaca por

presentar un buen manejo de los idiomas inglés, francés, portugués

y mandarín. Desde el año 2007, ha participado de manera activa en

las Conferencias Modelos de las Naciones Unidas, celebradas tanto a

nivel nacional como internacional, en donde tuvo el honor de recibir

premios de Mejor Delegación, Delegación Distinguida y Mención de

Honor, en múltiples ocasiones. Igualmente, formó parte del Equipo

Víctor Manuel López González

Pseudónimo: Juez Marshall

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Tribunal Constitucional de la República Dominicana

que representó a UNIBE en la Inter-American Human Rights Moot

Court Competition 2012 celebrada en Washington D. C., Estados

Unidos. En el año 2012, ingresó al Voluntariado de la Asociación de

Naciones Unidas de la República Dominicana. Se ha destacado como

articulista de la Revista Jurídica del Grupo de Estudiantes de UNI-

BE y, en el período 2012-2013 fungió como Subdirector del Comité

de Investigaciones Jurídicas y Académicas de esta misma universidad.

Recientemente, fue electo Presidente de la Junta Directiva del Grupo

de Estudiantes de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Al cul-

minar sus estudios le gustaría dedicar su ejercicio profesional al Dere-

cho Constitucional y al Derecho Administrativo, sin descuidar otras

ramas igualmente importantes para él como el Derecho Tributario y

el Derecho de los contratos, entre otras.

“La participación en el primer concurso de ensayos

que realizó el Tribunal Constitucional de la República

Dominicana tuvo un gran signicado para mí, debido

a que el mismo me provocó la necesidad y el deseo de

formar parte del proceso de creación de una conciencia

constitucional en la población dominicana, así como de

aportar en la función cívica y didáctica que está ejerciendo

el Tribunal Constitucional, y aanzar, de esta manera,

la cultura de los derechos fundamentales en nuestro país.”

En la actualidad resulta evidente, tanto en el continente

europeo como en los continentes americano, africano y

asiático, la necesidad e importancia de la existencia de

los tribunales constitucionales, la cual se ha incrementado en el

transcurso de los años. Más aun, es inconcebible que ‒hoy día‒

un sistema constitucional no contemple la existencia de dicha

institución, pues tal y como arma Losing (2002), en su obra

La jurisdiccionalidad constitucional en Latinoamérica, las juris-

dicciones constitucionales “se evidencian como presupuesto irre-

nunciable de la conservación, operatividad y desarrollo ulterior

del Estado constitucional y democrático”. En ese sentido, cabe

evocar que carece de Constitución la sociedad en la que no se

garanticen los derechos humanos, ni se aance la separación de

poderes, así como establece el artículo 16 de la Declaración de

los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Sin lugar a

dudas, de lo antes dicho se justica la progresiva consolidación

de los tribunales constitucionales en los Estados sociales y demo-

cráticos de derecho, como el instrumento idóneo para controlar

La importancia del Tribunal Constitucional

para el desarrollo del Estado social y

democrático de derecho

230

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

el poder y garantizar dichos derechos, y así asegurar la democra-

cia y la supremacía de la Constitución.

Es de conocimiento general que un ordenamiento jurídico

no es un sistema de normas yuxtapuestas y coordinadas, sino

un conjunto de normas impositivas que, según Hans Kelsen,

se encuentran jerarquizadas en una pirámide de varios niveles,

situándose la Constitución en su cúspide. Esta supremacía de

la Constitución podemos entenderla, en principio, como coro-

lario del famoso fallo “Marbury v. Madison”, de 1803, en don-

de el presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados

Unidos, John Marshall, erige que “en caso de conicto entre la

Constitución y la ley, el juez debe optar por la aplicación de la

primera”, ya que de no ser así, la Constitución escrita es un pro-

yecto absurdo por parte del pueblo para limitar un poder que

por su propia naturaleza es ilimitable (Acosta, 2010).

En ese mismo sentido, en lo que respecta al origen del con-

trol constitucional, es menester señalar la célebre polémica en-

tre Carl Schmitt, quien publicó en 1931 el libro titulado La

defensa de la Constitución, en el que sostiene que corresponde

al jefe de Estado ‒y no a los jueces‒ defender la Constitución;

y Hans Kelsen, quien contesta con su obra ¿Quién debe ser el

defensor de la Constitución?, armando que la función política

de la Constitución es la de poner límite al ejercicio del poder, y

si algo es incuestionable es que ninguna otra instancia es menos

idónea para tal función que aquella a la que la Constitución

conere el ejercicio total o parcial del poder; contrario ocurre

con el tribunal constitucional, el cual ‒a su juicio‒ debe ser el

garante de la Constitución (Kelsen, 1999). No hay duda de que

los años le han dado la razón a este último, dado a que es hoy

opinión generalizada que la existencia de una Constitución total

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Ensayos sobre Temas Constitucionales

o parcialmente rígida, y de un órgano estatal independiente y

autónomo, es condición sine qua non para que pueda existir un

sistema ecaz de control constitucional.

Aunque el término Constitución es utilizado en el lenguaje

con una pluralidad de signicados, cabe recalcar que siempre se

mantiene el criterio de que es el asiento fundamental del orde-

namiento estatal; es decir, constituye la base indispensable de las

normas jurídicas que regulan la sociedad y el comportamiento

de los órganos del Estado. Así como establece el artículo 6 de la

Constitución de República Dominicana, promulgada el 26 de

enero del año 2010, “Todas las personas y los órganos que ejer-

cen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma

suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado”.

De ello se deriva la noción de la Constitución como norma de

normas, fuente de derecho, el eje central del ordenamiento jurí-

dico, y por ser suprema, toda ley, decreto, resolución, reglamen-

to o acto contrarios a ella son nulos de pleno derecho.

Sin embargo, se puede armar que un Estado constitucio-

nal en donde los actos inconstitucionales y, en particular, las

leyes inconstitucionales se mantienen válidos, sin poderse anu-

lar, tiene una Constitución que equivale, más o menos, desde el

punto de vista jurídico, a un deseo sin fuerza obligatoria (Kel-

sen, 2001). Por lo tanto, para que una Constitución mantenga

la supremacía en el ordenamiento, es necesario el respaldo de

una jurisdicción constitucional que garantice su cumplimiento.

Conforme a lo dicho precedentemente, Tomás y Valiente (1993)

subraya que “la mayor garantía de que la Constitución no es una

mera declaración programática, sino una norma que obligue a

todos los poderes públicos, incluso al poder legislativo, es la exis-

tencia de un órgano jurisdiccional”.

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Tribunal Constitucional de la República Dominicana

En ese mismo orden de ideas, el Estado social y democrá-

tico de derecho del mundo contemporáneo se fundamenta en

cuatro elementos, como lo maniesta Brewer-Carías (2006):

(…) en primer lugar, la existencia de una Constitución como

norma suprema, que sea vinculante para toda persona u órga-

no; en segundo lugar, la democracia como régimen político,

cuyo objeto es garantizar el gobierno del pueblo como titular

de la soberanía; en tercer lugar, el goce y ejercicio de los de-

rechos humanos, como n esencial del orden político; y por

último, el control del poder, cuyo objeto es impedir el abuso

de quienes ejercen el poder estatal.

Colegido de lo anterior, es preciso resaltar que los cuatros

elementos son interdependientes y, por tanto, se encuentran es-

trechamente relacionados. Verbigracia, para que pueda existir la

democracia como régimen político, se pueda garantizar el goce

y ejercicio de los derechos humanos y la supremacía constitucio-

nal, es necesario un marco constitucional que establezca y per-

mita el control del poder.

Es por lo antes señalado que Ricardo Haro (2004) expresa

que un “auténtico Estado de derecho es aquel que establece los

procedimientos jurídicos-institucionales para limitar, pero tam-

bién controlar los posibles excesos tanto del poder estatal como

de los poderes individuales y sociales”. En cambio, si en un Esta-

do no se limitan y controlan dichos poderes, simple y llanamen-

te no reina un régimen constitucional.

No existe otra respuesta a las problemáticas planteadas en

los párrafos anteriores que la creación de un Tribunal Consti-

tucional que controle y limite el poder, y así garantice la su-

premacía de la Constitución, asegure la democracia y proteja

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Ensayos sobre Temas Constitucionales

el efectivo goce y respeto de los derechos humanos. Inclusive,

dicha institución resulta una pieza idónea para el cometido

anteriormente señalado pues, como resalta Jorge R. Vanossi,

no puede darse un efectivo control si quien lo ejerce no es

independiente respecto del órgano controlado (Haro, 2004).

Es por ello que el artículo 184 de nuestra Constitución, ade-

más de establecer que el Tribunal Constitucional garantizará la

supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitu-

cional y la protección de los derechos fundamentales, declara

que “sus decisiones son denitivas e irrevocables y constituyen

precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los

órganos del Estado; y gozará de autonomía administrativa y

presupuestaria”. Además, el artículo 3 de la Ley núm. 137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimien-

tos Constitucionales establece que “en el cumplimiento de sus

funciones como jurisdicción constitucional, el Tribunal Cons-

titucional solo se encuentra sometido a la Constitución, a las

normas que integran el bloque de constitucionalidad, a la pre-

sente ley y a sus reglamentos”.

Según Álvarez Conde, la justicia constitucional es conse-

cuencia del principio de la supremacía de la Constitución (Mon-

roy, 2004). Si la Constitución es la manifestación de la voluntad

del pueblo, entonces se puede armar que sus integrantes tienen

en efecto como primer derecho constitucional en un Estado so-

cial y democrático de derecho, que se les garantice la supremacía

de la Constitución, ya que el derecho a dicha supremacía no es

más que la garantía del mantenimiento de la democracia, de que

se controle el abuso del poder, de que prevalezca la voluntad po-

pular sobre la voluntad de los órganos constituidos, y de que se

protejan sus derechos fundamentales.

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Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Así como establece Haro (2004), este principio de la supre-

macía se erige así en una de las garantías más importantes del

sistema constitucional, “garantía sustancial” que requiere lógica-

mente de otras “garantías formales o procesales” que, en última

instancia, conguran el control que asegure su plena vigencia y

respeto, tanto por parte de los órganos estatales como por los

particulares, ya que todos los actos o normas gravitan en torno

a la Constitución como los astros en torno al sol. La garantía

de esta supremacía garantizará, sin duda alguna, la seguridad, la

paz social, y el desarrollo en todo Estado social y democrático de

derecho, ya que el funcionamiento deviene, tal y como el cons-

tituyente lo creyó, conveniente para el país.

Por su parte, Smend (citado en Monroy, 2004) asigna a los

tribunales constitucionales una triple tarea:

Por una parte, crea orden en el amplio espacio de las cuestio-

nes jurídico-constitucionales, en las que sólo puede crear un

orden auténtico una justicia independiente del más alto ran-

go. En segundo lugar, fortalece las bases de nuestra existencia

política, en la que nos permite a los ciudadanos experimentar

la vivencia de la condición de Estado de derecho de nuestra

comunidad y de la dignidad garantizada de ciudadanos libres.

Finalmente, lucha por el imperio de los derechos y los bienes

al tomar como motivación expresa de sus decisiones estos más

altos valores de la tierra.

Ha quedado dilucidado en las líneas anteriores que la justi-

cia constitucional tiende, por naturaleza, a garantizar y defender

la Constitución. Es completamente correcta la postura de García

Enterría (1982), al armar:

“una Constitución sin Tribunal Constitucional que imponga

su interpretación y la efectividad de la misma en los casos

235

Ensayos sobre Temas Constitucionales

cuestionados [respecto de ella] es una Constitución herida de

muerte”.

Ahora bien, reconozcamos, en cambio, que el control de

constitucionalidad no es el único objeto de la justicia constitu-

cional. En ese sentido, cabe destacar que la justicia constitucional

es uno de los elementos esenciales del Estado social, democrático

de derecho, o bien debe ser considerada como una manifestación

del mismo, dado a que ésta vela por la protección de los derechos

fundamentales de las personas y el sistema democrático.

Si el constitucionalismo social, a través de la Constitución

de Querétaro (1917) y la Constitución de Weimar (1919), viene

a instituir un Estado social positivo que garantice, concretice

y haga exigible los derechos sociales y económicos de sus ciu-

dadanos, entonces podemos abiertamente armar que no existe

un Estado social de derecho sin Tribunal Constitucional, dado

a que, denitivamente, este es el órgano que mejor garantiza el

cumplimiento de estos propósitos. Esto así, porque tal como de-

clara Monroy (2004): “Dentro de un Estado social de derecho,

los tribunales constitucionales no sólo son necesarios, sino que

también son trascendentales para la realización de los objetivos

de una democracia que conlleva la existencia de controles, el más

importante de los cuales es el control constitucional”.

Sobre lo anterior podemos decir también que una de las mi-

siones del Tribunal Constitucional es la defensa de los derechos

fundamentales, por lo cual no solo reconoce el amplio catálogo

de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales,

medioambientales, colectivos y difusos establecidos en la Consti-

tución (artículos 37 y siguientes de la Constitución de República

Dominicana), sino que también regula y conoce los mecanismos

236

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

de protección, como lo son las acciones de amparo, hábeas corpus,

hábeas data, entre otras, destinadas a proteger los derechos funda-

mentales de los seres humanos. Es decir, es a través del Tribunal

Constitucional que las personas aseguran la protección efectiva

de sus derechos, el respeto de su dignidad y la obtención de los

medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equi-

tativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de

justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar gene-

ral y los derechos de todos y todas, así como lo enuncia el artículo

8 de la Constitución de República Dominicana.

Aquí conviene detenerse un momento, a n de dilucidar la

importancia de que sean real y efectivamente garantizados los de-

rechos fundamentales establecidos en toda Carta Magna. Prima

facie, vale resaltar que cada persona posee un catálogo de derechos,

inherentes a ella, fundado en la justicia, que ni siquiera el bienestar

de la sociedad en general pudiera atropellar. De ese modo, Robert

Alexy (citado en Carbonell et al, 2010) señala que:

Sin duda, los derechos fundamentales se orientan, en primer

lugar, a asegurar una esfera de libertad de los particulares frente

a las agresiones del poder público. Son derechos defensivos del

ciudadano frente al Estado. Así resulta tanto del desarrollo in-

telectual de la idea de los derechos fundamentales como de los

procesos históricos que han llevado a que las constituciones de

los distintos Estados recojan los derechos fundamentales. Ese es

también el sentido que tienen los derechos fundamentales en

la Ley Fundamental de Bonn, la cual, al anteponer el capítulo

de los derechos fundamentales, ha querido resaltar la prioridad

de los seres humanos y su dignidad frente al poder del Estado.

Conjuntamente, es importante la protección de los dere-

chos fundamentales por parte del Tribunal Constitucional, ya

237

Ensayos sobre Temas Constitucionales

que estos entrañan bienes jurídicos básicos que resultan necesa-

rios para la consecución de cualquier plan de vida, es decir, que

son indispensables para que el individuo pueda vivir como un

agente moral autónomo.

Dentro de este contexto, es oportuno citar algunos casos

que ilustren, con nitidez, cómo el juez constitucional puede sal-

vaguardar estos derechos fundamentales, y qué trascendencia

tiene dicha defensa para el desarrollo de un Estado social y de-

mocrático de derecho y la concretización de sus propósitos. A

modo de ilustración, tal como expone Carbonell (2010) en su

ensayo El Neoconstitucionalismo: Signicado y niveles de análisis,

son ejemplos del papel central que tienen los jueces constitucio-

nales en la consolidación democrática:

La actuación del Tribunal Constitucional Federal alemán al

ordenar tempranamente en la década de los cincuenta del si-

glo pasado la disolución de los partidos neonazis… las reso-

luciones de la Corte Constitucional colombiana al conocer

los procesos de acción de tutela por medio de los cuales se

mandaron a poner drenajes en barrios marginales, obras en

las que se aseguraba una correcta impartición de justicia den-

tro de las comunidades indígenas de ese país… También la

Sala Constitucional de Costa Rica tiene en su haber varios

precedentes que han demostrado la pertinencia de los jueces

constitucionales. Los jueces brasileños han logrado salvar vi-

das ordenando la entrega de medicamentos esenciales para

personas sin recursos económicos. En Guatemala el Tribunal

Constitucional paró un golpe de Estado que pretendió dar el

entonces presidente Jorge Serrano Elías en 1993.

En otro orden, cabe resaltar que los tribunales constitucio-

nales desempeñan una función de protección de la minoría, ante

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Tribunal Constitucional de la República Dominicana

el atropello que ejerce la mayoría, por lo cual este dominio que

ostenta la mayoría debe estar regulado en los cuerpos legislati-

vos, y de manera especial en la Constitución, por ser esta la ley

suprema. Esto así, porque la Constitución es la manifestación

de la sociedad, por tanto, de todos los ciudadanos, y como tal,

debe asegurar la protección de los derechos de todos, evitando

las exclusiones, que en algunos casos pudieran ser justicadas

jurídicamente. Y de esta situación se han expresado los expertos

de la materia, y es la razón por la cual en gran parte de los sis-

temas democráticos, se exige una mayoría calicada para ciertas

cuestiones, pues esto constituye un medio ecaz para proteger

a la minoría de la imposición de la mayoría; verbigracia, así lo

establece el artículo 112 para la aprobación o modicación de

las leyes orgánicas. En tal dirección, cuando se exige una mayo-

ría calicada, “signica que ciertas cuestiones fundamentales no

pueden ser resueltas más que de acuerdo con la minoría: la ma-

yoría simple no tiene ‒al menos en ciertas materias‒ el derecho

de imponer su voluntad a la minoría” (Kelsen, 2001).

Sobre esto último, podemos decir que los legisladores con

el objetivo de evitar atropellos y mayores menoscabos a los de-

rechos de la minoría, han elevado a rango constitucional el con-

cepto de mayoría calicada para algunas cuestiones fundamenta-

les que afectan el interés general pues, tal como se ha expresado

Kelsen (2001), el dominio de la mayoría “solo es soportable en

la medida que se ejerce jurídicamente”.

Esta protección que se le otorga a la minoría a través del de-

recho que se le reconoce para interponer un recurso ante el Tri-

bunal Constitucional, obedece a la necesidad de proporcionar

garantías por parte del Estado, para salvaguardar los derechos de

todos los ciudadanos, sin distinción, y contribuir de esta forma,

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Ensayos sobre Temas Constitucionales

a la consolidación de un Estado democrático y social de derecho.

En esa misma línea de pensamiento, se ha manifestado Kelsen

(2001) al decir que:

La simple amenaza de interposición del recurso ante el Tri-

bunal Constitucional puede ser, en las manos de la minoría,

un instrumento propicio para impedir que la mayoría viole

inconstitucionalmente sus intereses jurídicamente protegidos

y para oponerse, en última instancia, a la dictadura de la ma-

yoría que no es menos riesgosa para la paz social, que la de la

minoría.

Así como lo entiende Dworkin, los derechos individuales

son cartas de triunfo frente a las mayorías, los cuales son pre-

ponderantes a toda directriz política y objetivo social, por muy

democrático que sea; es decir, ningún poder político o n social

puede sobreponerse a un derecho fundamental, pues hasta bien-

estar general debe ceder al respeto de los derechos fundamentales

de las personas (Carbonell et al, 2010). En otras palabras, los

conceptos de “interés público”, “bien común”, “buenas costum-

bres”, entre otros, no dominan bajo ningún criterio el concepto

de “derecho fundamental”; en todas las confrontaciones entre

ellos, los derechos fundamentales tienen infaliblemente que ven-

cer. Tal como arma Ferrajoli (citado en Carbonell et al, 2010):

Ni siquiera por unanimidad puede un pueblo decidir (o con-

sentir que se decida) que un hombre muera o sea privado sin

culpa de su libertad, que piense o escriba, o no piense o no

escriba, de determinada manera, que no se reúna o no se aso-

cie con otros, que se case o no se case con cierta persona o

permanezca indisolublemente ligado a ella, que tenga o no

tenga hijos, que haga o no haga tal trabajo u otras cosas por

el estilo. La garantía de estos derechos vitales es la condición

indispensable de la convivencia pacíca. Por ello, su lesión

240

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

por parte del Estado justica no simplemente la crítica o el

disenso, como para las cuestiones no vitales en las que vale la

regla de la mayoría, sino la resistencia a la opresión hasta la

guerra civil.

En tal sentido, es función primordial del Tribunal Constitu-

cional aplicar la Constitución, la cual, como se ha dicho anterior-

mente, es una norma que contiene todo aquello que no está sujeto

a votación alguna, ya que “ha sido votado de una vez por todas en

su origen” (G. Zabrebelsky, citado en Carbonell et al, 2010).

De igual modo, debemos señalar que la importancia que re-

visten los tribunales constitucionales se desprende de sus mismas

funciones, en el sentido de que contribuyen a resguardar el equi-

librio de los poderes y las funciones que estos ejercen dentro del

sistema, a la vez que protegen los derechos fundamentales, y ve-

lan por el predominio de la Constitución. Es decir, los tribunales

constitucionales fungen como órganos reguladores, destinados a

limitar el poder que ejercen todos los miembros del sistema, con

el objetivo nal de proteger los derechos constitucionales ante-

riormente citados. Sobre esto, es importante recalcar el carácter

erga omnes que poseen las decisiones emanadas de estos tribu-

nales, ya que la interpretación hecha por los jueces en materia

constitucional tiene una aplicación amplia, llegando incluso a

considerarse dichas interpretaciones como parte integrada a la

Constitución, por lo que las mismas establecen precedentes que

vinculan a todos los miembros de la sociedad, especialmente a

los jueces y las autoridades del Estado.

En adición a ello, otro aspecto que debe mencionarse sobre

el papel de los tribunales constitucionales, es que su misión no se

limita a garantizar la supremacía del texto formal de las normas

241

Ensayos sobre Temas Constitucionales

constitucionales escritas, sino también de los principios y valores

no escritos en la misma. En ese sentido, es de vital importancia

tomar en cuenta que todos los textos normativos, y de forma

especial la Constitución, están impregnados de los valores y cos-

tumbres que caracterizan a la sociedad que los mismos buscan

regular, por lo que al momento de interpretarla se debe acudir a

los valores y principios que se encuentran presentes en la misma,

y que motivaron su creación, aun cuando estos no estén conte-

nidos, de manera expresa, en el texto.

Debemos recordar que otra de las misiones principales de

los jueces en materia constitucional es mantener viva la consti-

tución, que por ser ésta la expresión más pura de la democra-

cia, busca salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos que

integran la sociedad, y por esto, al momento de interpretar las

normas constitucionales, se debe recurrir a los valores de esta, y

su sistema político. De lo anterior se colige el papel interpre-

tativo activo que tienen los jueces en materia constitucional, lo

que responde principalmente a la ambigüedad que usualmente

revisten los conceptos relativos a los derechos fundamentales en

las constituciones contemporáneas, donde la redacción es ‒a ve-

ces‒ vaga e incierta, prestándose a confusiones e interpretaciones

que no necesariamente responden a los principios y valores que

se busca resguardar. Sobre esto se ha manifestado Brewer-Carías

(2006), al expresar que:

(…)estas expresiones vagas e imprecisas de las constitu-

ciones siempre expresan algunos conceptos o valores rela-

cionados con los fundamentos generales de una sociedad

determinada y su sistema político; por tanto, tiene que ser

en relación con estos últimos, que el juez constitucional

debe desempeñar su papel creativo, y determinar el sentido

exacto del concepto.

242

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

La Constitución, argumentó Douglas (citado en Carbonell

et al., 2010), “no es vaga, indenida, otante, sustancial, ni algo

ideal, coloreada conforme al antojo de cualquier persona; ahora

una comadreja, ahora una ballena, y ahora nada”. Más bien se

trata de “un documento claramente escrito, detallado y comple-

to en sí mismo”, que los jueces deben interpretar en función de

expandir los derechos humanos.

Igualmente, debemos destacar que si bien es cierto que

existen aspectos comunes que atañen a todas las constituciones,

no menos cierto es que la justicia constitucional tiene una im-

portancia especial en determinados Estados, y que varía según

los rasgos particulares de la Constitución en cuestión. Y en los

Estados que se autoproclaman como democráticos y sociales de

derecho, la justicia constitucional inviste un carácter de suma

importancia, ya que ‒a través de la misma‒ se puede controlar

de manera ecaz a los órganos e instituciones del Estado, de los

cuales depende su propia existencia.

Además, la justicia constitucional promueve y deende la

democracia, al proporcionar todas las garantías necesarias para

regular y limitar las funciones estatales y, de esta manera, velar

por la protección de los derechos de los ciudadanos, especial-

mente aquellos catalogados por la misma Constitución como

fundamentales. Por lo antes expuesto, se podría armar que la

democracia está estrechamente vinculada con el control que se

ejerce sobre las instituciones del Estado; por lo tanto, mientras

mayor sea el grado de control ejercido, mejor funcionará la de-

mocracia.

En la actualidad, podemos armar que la transición del

liberalismo clásico al neoconstitucionalismo, movimiento que

alude a un Estado constitucional, social, democrático de dere-

243

Ensayos sobre Temas Constitucionales

cho, es un proceso que no ha nalizado. Tal como arma Car-

bonell (2010), la grave carencia de garantías que resguarden los

derechos fundamentales de las personas y las precariedades de-

mocráticas que se viven en muchos países, es elocuente evidencia

de la forma en que los Estados sociales y democráticos de dere-

chos están desconociendo “la adscripción a tal fórmula política

que los constriñe a orientar la atención de las políticas públicas

hacia los sujetos más vulnerables”. Por tanto, corresponde a los

tribunales constitucionales garantizar que las actuaciones del Es-

tado, así como las de los particulares que residen en él, sean lo

más apegadas posible a dicha fórmula.

En principio, las funciones del Estado son de administrar,

legislar y juzgar, funciones que competen al Poder Ejecutivo, Po-

der Legislativo y Poder Judicial, respectivamente. Sin embargo,

producto de las transformaciones socioeconómicas, el dirigismo

estatal y las nuevas tendencias de gobierno, el Poder Ejecutivo

ejerce funciones de otra índole y se involucra en el sector privado

fungiendo como fabricante, proveedor, agricultor, vendedor, y

comprador de bienes y servicios, entre otros. Como todos sabe-

mos, en el ejercicio de estas funciones, el Estado generalmente se

aprovecha de su posición dominante, producto de su gran poder

económico y político, atropellando y violentando los derechos

de los ciudadanos.

Por otro lado, la actividad legislativa requiere de mayor aten-

ción, y de una acción más intensa por parte de los legisladores,

ya que producto de la rápida y constante evolución de la socie-

dad, el Poder Legislativo, en la mayoría de los casos, no resulta

ecaz y, por vía de consecuencia, no responde a las necesidades

de la sociedad. Como corolario de esto, podemos decir que no

son pocas las leyes que se retrasan en promulgarse, al igual que

244

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

son numerosas las leyes que evidencian contradicciones, y no

responden a la realidad y los cambios que se evidencian en la

sociedad y, en muchos otros casos, tenemos leyes que violentan

y contrarían la Constitución.

Además, por su parte, podemos ilustrar un Poder Judicial

sin recursos económicos y humanos, que carece de independen-

cia plena, y acumula una gran cantidad de litigios pendientes.

Ante las situaciones planteadas, no cabe la menor duda de la im-

portancia que tiene el Tribunal Constitucional para el desarrollo

del Estado social y democrático de derecho, al ser este el control

y límite de un Estado poderoso que todo lo administra, a veces

inecientemente y, de tal manera, fungir también como guar-

dián de la Constitución y garante de los derechos fundamentales

de las personas.

Por todo lo anteriormente expresado, considero que, de

manera particular, resulta necesario e importante la justicia

constitucional en un Estado como el nuestro, en vías de desa-

rrollo, con escasos recursos, agobiado por actos de corrupción y

atropellos en contra de los ciudadanos, donde las minorías y los

marginados no tienen voz ni voto en las decisiones del Estado.

En ese sentido, cabe decir que, a lo largo de nuestra historia,

la Constitución de República Dominicana ha experimentado,

sorprendentemente, unas treinta y seis (36) reformas constitu-

cionales, dentro de las cuales no se abarcaron de forma amplia

y concreta los principios fundamentales que contiene la vigente

Constitución. Evidentemente, la República Dominicana, como

Estado social y democrático de derecho, ha dado un importante

y claro avance al conglomerar dentro de su carta magna derechos

de fundamental importancia, como son: el derecho a la vida, la

familia, la libertad, la dignidad humana, la igualdad y equidad

245

Ensayos sobre Temas Constitucionales

de género, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación,

a la salud, derechos económicos, políticos, medioambientales y

culturales, entre otros, que sin lugar a dudas, en su conjunto y

protegidos de manera ecaz, representan la solución a los pro-

blemas de pobreza y marginalidad, así como de otros males que

nos agobian. Igualmente, la inclusión de estos derechos en la

Carta Sustantiva funge como garantía para el desarrollo pleno de

todos los dominicanos, y constituye un elemento determinante

para que estos puedan verdaderamente disfrutar de su libertad y

alcanzar la felicidad.

Así como arma Tomás y Valiente (1993), los derechos fun-

damentales y libertades políticas, dentro de los que se destacan

el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad ideológica,

la libertad de expresión, la libertad de tránsito, los derechos de

carácter procesal, el derecho de reunión o el de asociación, y

tantos otros, obtienen a través de la justicia constitucional una

garantía jurisdiccional ecaz, y los mismos ciudadanos tienen

la facultad y las vías necesarias para exigir la protección de sus

derechos y hacerlos valer frente a cualquier acción u omisión de

los poderes públicos. Por esto podemos armar que la creación

y la implementación de un tribunal constitucional en República

Dominicana maniesta el compromiso del Estado de consolidar

la democracia, y responde al llamamiento de un pueblo que ne-

cesita garantías y respuestas efectivas ante los evidentes menos-

cabos de sus derechos, llevados a cabo, tanto por particulares e

instituciones privadas como por los órganos públicos.

Todo esto maniesta el papel trascendental que juega el Tri-

bunal Constitucional en la defensa del Estado de derecho, y la

consolidación de la democracia, pues tal como lo ha llamado

Mauro Cappelletti, el Tribunal Constitucional constituye la “ju-

246

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

risdicción constitucional de la libertad”, siendo la libertad uno

de los derechos supremos. En ese sentido, el destacado consti-

tucionalista dominicano Cristóbal Rodríguez (Constitución co-

mentada, 2010), ha expresado:

Efectivamente, la casi totalidad de los países que han trillado

el camino de la consolidación democrática y de la vigencia

efectiva del sistema de derechos y libertades fundamentales;

donde las ideas de supremacía constitucional y de razonable

equilibrio entre los poderes ha pasado a formar parte de la co-

tidianidad política, han tenido en el Tribunal Constitucional

una de las principales fuentes de impulso.

Por esto no podemos más que aplaudir la creación de un

tribunal constitucional en nuestro país, y armar que deniti-

vamente este signica un gran avance en materia constitucional,

además de representar la evolución del derecho y responder a las

necesidades de los ciudadanos.

En sentido amplio, subyacen en la Ley núm. 137-11, Or-

gánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Cons-

titucionales, importantes disposiciones que indican con claridad

la ventaja o benecio que representa el Tribunal Constitucional

para el desarrollo del Estado social y democrático de derecho.

Verbigracia, el artículo 7 exalta los principios rectores del sistema

de justicia constitucional, donde resulta de gran importancia re-

saltar la celeridad, el cual garantiza que los derechos no sean vio-

lentados por largo tiempo, ya que justicia que tarda no se debe

considerar justicia; la accesibilidad, gratuidad e informalidad,

por medio del cual se elimina todo obstáculo, impedimento,

formalismo o ritualismo que limite el acceso oportuno a la justi-

cia; la efectividad y la favorabilidad, principios que enarbolan la

247

Ensayos sobre Temas Constitucionales

interpretación y aplicación ecaz e idónea, de modo que se op-

timicen, a su máxima efectividad, la Constitución y los derechos

fundamentales, a los nes de favorecer a los titulares, entre otros.

En virtud de lo que arma Carbonell (2010), el amparo es,

sin duda, uno de los principales mecanismos encargados de velar

por la protección inmediata de los derechos, en caso de amenaza

o violación por parte de cualquier autoridad pública. En cuanto

al amparo se reere, para la aplicación del artículo 100 de la

Ley núm. 137-11, este tribunal jó su posición (TC/0007/12,

del 22 de marzo de 2012, p. 9, con diez votos concurrentes y

tres disidentes), estableciendo que la mencionada condición de

inadmisibilidad:

solo se encuentra congurada, entre otros supuestos,

1. que contemplen conictos sobre derechos fundamentales

respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya

establecido criterios que permitan su esclarecimiento;

2. que propicien, por cambios sociales o normativos que in-

cidan en el contenido de un derecho fundamental, modi-

caciones de principios anteriormente determinados;

3. que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o re-

denir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras

normas legales que vulneren derechos fundamentales;

4. que introduzcan respecto a estos últimos un problema ju-

rídico de trascendencia social, política o económica cuya

solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía

constitucional.

Al adoptar esta decisión, se vislumbra a un tribunal consti-

tucional completamente comprometido con trabajar a favor de

la seguridad jurídica, la supremacía constitucional, la protección

248

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

de los derechos fundamentales y, por vía de consecuencia, en be-

necio de la consolidación y desarrollo de nuestro Estado social

y democrático de derecho.

Es pertinente adelantar ‒lo cual se verá en detalle‒ que

cada vez que el Tribunal Constitucional otorga el amparo so-

licitado ante él por un ciudadano, actúa no solo en defensa de

ese derecho concreto de ese individuo en particular, sino que,

simultáneamente, actúa en defensa de la Constitución, pues lo-

gra que los preceptos de la misma que coneren el derecho en

cuestión, prevalezcan frente a los actos contrarios procedentes de

cualquier poder público. Si el Estado no se adapta a la sociedad,

si no acertamos a crear nuevos y adecuados mecanismos institu-

cionales para realizar la democracia política de nuestro tiempo,

se puede producir la debilitación del Estado (Tomás y Valiente,

1993). En ese sentido, desde sus primeras sentencias, el Tribunal

Constitucional de la República Dominicana tuvo el cuidado de

raticar estas ideas y proclamarlas como norte de su jurispruden-

cia, y así luchar en contra de los escenarios expuestos en párrafos

anteriores.

A modo de ilustración, resulta importante traer a colación

la sentencia del Tribunal Constitucional Núm. TC/0012/12, re-

lativa a la acción de amparo incoada por la señora Lauriana Vi-

llar contra la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, en donde el

Tribunal Constitucional realizó una importante interpretación,

conforme a los preceptos constitucionales, del artículo 252 de la

Ley núm. 823, Orgánica de las Fuerzas Armadas Dominicanas.

La recurrida, Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, interpretó

el antes indicado artículo 252 en el sentido de que él mismo

excluye “la unión de hecho por cuanto exige la existencia de

matrimonio para que se le otorgue derecho de pensión a la viuda

249

Ensayos sobre Temas Constitucionales

del militar fallecido”, vulnerando así el artículo 55.5 de nuestra

Constitución. Por otro lado, según este artículo 252 solo la viu-

da tendría derecho a la pensión de superviviente, mas no así el

viudo, quebrantando el principio de igualdad entre el hombre y

la mujer previsto en el artículo 39.4 de la Constitución, que ex-

presa: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley”. En virtud

de lo antes expuesto, el Tribunal declaró que el artículo 252 de

la Ley núm. 873, sea el siguiente:

Tendrá derecho a pensión el o la sobreviviente de un matri-

monio o de una unión marital de hecho con por lo menos un

año de duración, salvo el caso de que hayan engendrado hijos

o que el fallecimiento hubiere sido causado por un accidente

o por las causales del artículo 247.

Denitivamente, la discriminación en la vida social y jurí-

dica por razones de género crea en la población femenina di-

cultades de acceso a un empleo y condiciones dignas de trabajo.

Por lo tanto, con acciones como estas, el Tribunal busca conse-

guir una participación más activa de las mujeres en la sociedad,

componente indispensable para romper con la cultura machista,

reducir la pobreza, mitigar los efectos de las crisis nancieras

actuales y futuras, y colaborar con el desarrollo del Estado social

y democrático de derecho.

De la misma manera, conviene resaltar la Sentencia núm.

TC/0033/12, que pronuncia inconstitucional el artículo 7 de

la Ley núm. 2529, de 1950, de Impuestos sobre Sucesiones y

Donaciones, por exigir un pago de 50 % adicional al porcentaje

que deben pagar los beneciarios de sucesiones residentes en el

país, solo por la condición de ser residentes en el exterior, consti-

tuyendo esto una violación al principio de igualdad consagrado

250

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

en el artículo 39.1 de la Constitución de la República, así como

al artículo 24 de la Convención Interamericana sobre Derechos

Humanos. Por medio de esta sentencia, el Tribunal Constitucio-

nal busca tomar las medidas necesarias, a los nes de promover

a plenitud una sociedad más justa y en condiciones de igualdad,

erradicando las desigualdades, exclusiones y discriminaciones.

En otro tenor, aunque hubo discrepancias en cuanto al al-

cance de la Sentencia núm. TC/0018/12 del Tribunal Consti-

tucional, es evidente la loable labor realizada por dicha corte, al

disponer ‒a propósito del recurso de revisión constitucional de

amparo incoado por Regis Victorio Reyes‒ que el procurador

general de la República “tome las medidas que considere perti-

nentes para establecer […] en los recintos de detención localiza-

dos en los palacios de justicia y en los establecimientos policiales

donde no exista el protocolo de entrada y salida de los defensores

públicos y abogados en general”. Subyace en la referida senten-

cia la intención del Tribunal Constitucional de garantizar, por

un lado, el derecho de trabajo de los defensores públicos y los

abogados, bajo el entendido de que a nadie puede impedírsele

la realización de un trabajo lícito, ya que este no solo es el me-

dio de subsistencia de toda persona, sino además el mecanismo

de desarrollo y progreso del ser humano, pues en él es donde

este logra su satisfacción personal. Mientras que, por otro lado,

busca reformar nuestro sistema de encarcelamiento preventivo,

a los nes de garantizar el derecho a la defensa de toda persona

privada de su libertad, permitiendo a la mayor brevedad posible

la asesoría legal y protección que, desde el inicio del proceso,

debe tener.

De igual modo, cabe resaltar la Sentencia núm. TC/0042/12,

por medio de la cual el Tribunal Constitucional rechaza, en

251

Ensayos sobre Temas Constitucionales

cuanto al fondo, el recurso de revisión en materia de amparo in-

coado por la Cámara de Diputados de la República Dominicana

y del Estado dominicano, en contra del señor Manuel Muñoz.

A través de esta, el Tribunal exalta la importancia que tiene el

derecho de la información para el desarrollo y consolidación del

Estado social y democrático de derecho, precisando que:

El actuar del Estado debe encontrarse regido por los princi-

pios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo

que hace posible que las personas que se encuentran bajo su

jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones

estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y consi-

derar si se está dando un adecuado cumplimiento de las fun-

ciones públicas.

Es incuestionable que, con esta decisión, el Tribunal Cons-

titucional fomenta una mayor participación de las personas en

los intereses de la sociedad, así como consolida al derecho de

acceso a la información gubernamental como una de las fuentes

de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representati-

va. Por otro lado, al rechazar el recurso de uno de los poderes

del Estado, y del Estado mismo, el Tribunal Constitucional de-

muestra, claramente, que no se encuentra sometido a ellos; todo

lo contrario, que es el órgano encargado de ejercer el control y

límite a las actuaciones estatales que no se encuentren apegadas

a la voluntad del pueblo.

Para mayor ilustración, podemos también mencionar otras

sentencias que revierten cancelaciones injusticadas de la jefatu-

ra de la Policía Nacional, ordenando la restitución inmediata del

recurrente a su cargo, como ‒por ejemplo‒ la Sentencia núm.

TC/0048/12, así como otras que declaran la inconstituciona-

252

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

lidad de resoluciones de órganos descentralizados del Estado,

ayuntamientos, ministerios y direcciones. Con estas sentencias

queda evidenciado cómo las labores iniciales del Tribunal Cons-

titucional han ido contribuyendo con el desarrollo de nuestro

Estado social y democrático de derecho. En tal tenor, se puede

dar fe de que la sociedad, en términos generales, se encuentra

muy satisfecha y esperanzada del arduo trabajo realizado por di-

cho Tribunal en benecio de cada uno de sus integrantes, dado

que los derechos fundamentales resultan, no solo ampliamente

recogidos en nuestra Constitución, sino dotados de la más vasta

y ecaz tutela.

Por otro lado, vale decir que la universalidad es una de las

características intrínsecas de los derechos fundamentales, dado

que es sumamente necesario extenderlos a todos los rincones del

planeta y a todos los seres humanos que viven en él ‒sin impor-

tar raza, nacionalidad, sexo, lengua, religión, condición social

o personal‒ quienes serán sus titulares de manera inalienable e

innegociable. Por ello, en el proceso de garantizar la supremacía

de la Constitución y la efectiva vigencia de los derechos huma-

nos, los tribunales constitucionales de América Latina, incluyen-

do el nuestro, no solo han hecho acopio de lo reconocido en

la Carta Magna, sino que también han tenido que recurrir a

la jurisprudencia internacional y a lo que disponen los tratados

internacionales sobre derechos humanos que, según el artículo

74.3 de nuestra Constitución, “tienen jerarquía constitucional y

son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás

órganos del Estado”. Es preciso hacer la aclaración de que la

enumeración de ciertos derechos en la Constitución no debería

interpretarse, bajo ningún concepto, como la negación o rechazo

de otros que el pueblo conserva.

253

Ensayos sobre Temas Constitucionales

A modo de ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, a través de sus numerosas sentencias, enarbola una

serie de derechos que, sin duda, contribuyen al desarrollo del

Estado social y democrático de derecho. Es preciso mencionar

uno de ellos: el derecho que tiene toda persona a una vida digna,

el cual engloba condiciones básicas que garantizan la subsisten-

cia de la persona, como por ejemplo, la alimentación, el agua, la

salud, la habitación, entre otros. Además, la CIDH ha podido

dilucidar, en una gran cantidad de casos, el derecho y protec-

ción a las minorías, las desapariciones forzadas, las ejecuciones

extrajudiciales, la injerencia en la libertad de expresión y en los

bienes, detención o encarcelamiento arbitrario, derecho a la na-

cionalidad, actos de terrorismo, entre otros, que ayudan a las

cortes constitucionales a unicar y armonizar criterios a favor de

los individuos en contra de las arbitrariedades del Estado. Inclu-

sive, la CIDH constituye una garantía hasta para los jueces del

Tribunal Constitucional, los cuales pueden recurrir a ella en caso

de atropellos y violaciones por parte del Estado. Verbigracia, así

se puede constatar en el Caso del Tribunal Constitucional en

contra de Perú, en donde tres jueces de este Tribunal Supremo

fueron destituidos por haber votado a favor de una decisión que

resultaba directamente perjudicial para el entonces presidente

Alberto Fujimori. Por tales razones, podemos armar que resulta

vital el respaldo que ofrece la justicia internacional a los jueces

constitucionales, dado que otorga a los individuos una mayor

garantía y seguridad de que sus derechos fundamentales no serán

violentados.

Bien pareciera, por todo lo anterior, que es todo luces en

cuanto a la existencia del Tribunal Constitucional en la Repúbli-

ca Dominicana. Sin embargo, no es completamente así, puesto

254

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

que son muchos los retos y desafíos que arropan nuestra justicia

constitucional, así como muchos son los obstáculos que impi-

den su máxima ecacia. En ese sentido, es prudente recalcar la

obligación que tienen los jueces constitucionales de crear una

conciencia constitucional en la población, que forme una inter-

pretación uniforme e íntegra de nuestra Constitución y un co-

nocimiento vasto de esta relevante jurisdicción. De igual modo,

resulta pertinente que estos tengan en cuenta siempre, que los

jueces constitucionales cumplen, además, con una función cívica

y didáctica, función que busca aanzar la cultura de los derechos

fundamentales, así como informar y enseñar a los dominicanos

el signicado y el valor de las disposiciones constitucionales en

materia de derechos fundamentales.

A modo exhortativo, los jueces constitucionales deben tam-

bién tener presente que lo que están interpretando es una Cons-

titución y, como arma Charles Evans Hughes, “la Constitución

es lo que los jueces dicen que es” (citado en Haro, 2004). Es

decir, no se debe interpretar la Constitución, fruto del poder

constituyente, como si se interpretara una ley común, fruto de

los poderes constituidos, pues se estaría, por un lado, descono-

ciendo la voluntad misma del pueblo, que debe en todo tiempo

prevalecer y, por el otro, violentando el principio de supremacía

de la Constitución, el cual es fundamental para la preservación y

el fortalecimiento de la democracia.

A mi juicio, por lo antes expuesto se visualiza un futuro

esperanzador en cuanto al desempeño del Tribunal Constitucio-

nal, y a los frutos que se cosecharán a favor del Estado domini-

cano y de la sociedad, ya que sus jueces han demostrado, a través

de sus sentencias, que la Constitución que reconoce derechos

fundamentales no contiene palabras vacías, sino garantías jurí-

255

Ensayos sobre Temas Constitucionales

dicas que no pueden ser violadas o inobservadas por los poderes

públicos. Además, es importante destacar que el Tribunal Cons-

titucional es lo que son sus jueces, por lo que de estos depen-

de, en gran medida, que este sistema dé los frutos esperados,

y responda a las necesidades de la sociedad. Y por lo que hasta

ahora nos ha demostrado la jurisprudencia de nuestro Tribunal

Constitucional, sus jueces son eminentes y preparados juristas,

que conocen y desempeñan correctamente su función. Además,

es una opinión generalizada que estos honorables magistrados

son también hombres y mujeres de una gran dimensión política,

hombres y mujeres de Estado, que con sus destrezas, talentos y

conocimientos, son conscientes del impacto que tienen sus deci-

siones en la sociedad; y de que los mismos tienen un importante

rol en el constante proceso de desarrollo de la actividad social y

estatal que se está llevando a cabo en nuestro país, sustentado en

el bien general, la justicia social y la cooperación responsable de

todos los miembros de la sociedad.

En conclusión, los jueces constitucionales ejercen un papel

determinante en la modernización y en la democratización del

ordenamiento jurídico, contribuyendo a consolidar los valores y

principios que caracterizan a nuestra sociedad, al igual que a ava-

lar el nuevo sentir constitucional que se ha venido desarrollando

en ella. Sin lugar a dudas, ha quedado demostrado que la justicia

constitucional constituye la respuesta más ecaz y viable para los

Estados democráticos poder cumplir con las exigencias de la so-

ciedad, en el sentido de asegurar una tutela efectiva de los dere-

chos fundamentales consagrados en los textos constitucionales.

Además, tal y como ha quedado demostrado en lo anteriormen-

te expuesto, la justicia constitucional garantizada, a través de los

tribunales constitucionales, es imprescindible para la existencia

256

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

de un Estado social y democrático de derecho, ya que cumplen

con los principios y nes que sustentan la existencia misma del

Estado, igual que funcionan como organismos de control para

los poderes públicos, lo que contribuye a la preservación y forta-

lecimiento de la democracia.

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