VIII. En demanda de leyes complementarias

Páginas453-481
AutorMilton Ray Guevara
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Como el magistrado Ray Guevara ha reiterado en múltiples ocasio-
nes, el Tribunal Constitucional habla a través de sus sentencias, que
son su función primordial. Y lo ha hecho. Ha hablado con claridad; sin
embargo, se enfrenta a un desafío crucial: asegurar que sus decisiones se
ejecuten plenamente, pues en eso radica la verdadera seguridad jurídica
y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
Aunque el artículo 184 de la Constitución establece que las
decisiones de esta corte son definitivas, irrevocables y constituyen
precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del
Estado, la ejecución de estas sentencias no siempre se ha hecho realidad.
Y es que la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y
de los Procedimientos Constitucionales, faculta al TC para resolver las
dificultades relativas a la ejecución de sus decisiones, pero no especifica
de manera concreta los poderes o medidas disponibles para ello, excepto
el astreinte.
Por eso este tribunal creó en 2015 la Unidad de Seguimiento a la
Ejecución de Sentencias (USES) y ha enfatizado que la responsabilidad
primordial de hacer cumplir los fallos recae en las autoridades públicas,
poderes y órganos del Estado, planteando la necesidad de generar
mecanismos de actuación autónoma en la fase de ejecución. Asimismo
ha reiterado con insistencia en la necesidad de que se aprueben leyes
complementarias (o leyes de reserva constitucional) que brinden mayor
protección a los derechos de la ciudadanía, enfatizando en la necesidad
de que el Congreso Nacional asuma su responsabilidad y avance en el
proceso.
Aunque algunas de ellas se han promulgado, como la Ley núm.
396-19, sobre Otorgamiento de Fuerza Pública, que responde a una
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12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
sentencia de 2013, a la fecha de publicación de este libro aún hay más
de noventa leyes complementarias pendientes de aprobación. Aspectos
cruciales, como la regulación de juicios de extinción de dominios
y bienes decomisados, el régimen de adquisición y transferencia de
la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza, los indultos y los
referendos o la proscripción de la corrupción, carecen de un marco legal
específico. También está pendiente de aprobación la ley sobre sistemas
de inteligencia del Estado, entre otras.
Es importante aclarar que según informaciones de Secretaría, las
sentencias desacatadas no llegan al uno por ciento de las sentencias
emitidas, pero es importante insistir en que la eficacia de la justicia
constitucional depende de ciertos presupuestos institucionales que la
legitimen y hagan viable, como dijo el magistrado presidente Milton Ray
Guevara en una conferencia dictada en México en 201621, donde planteó
que si el TC es un órgano de alta jurisdicción, no un órgano consultivo,
debe contar con los medios legales que le permitan hacer cumplir sus
sentencias, y para ello se requiere compromiso político y jurídico de los
poderes y órganos fundamentales del Estado con la Constitución, ya
que el incumplimiento de sus decisiones afectaría el derecho a la tutela
judicial efectiva y la función pacificadora y vinculante de los precedentes
constitucionales.
Es tiempo de que todos los actores involucrados asuman su compro-
miso con la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales. La
aprobación de leyes complementarias es esencial.
El tema salió a relucir en los medios que reseñaron la audiencia
solemne de rendición de cuentas de enero 2022, donde el magistrado
Ray Guevara se lamentaba porque «ha sido imposible lograr la aproba-
ción de las importantes leyes complementarias que servirán para ampliar
su radio de acción y eficacia».
Los artículos presentados a continuación reflejan la opinión de
21 «Ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional», XXII Encuentro de Presidentes y
Magistrados de Tribunales y Salas Constitucionales de América Latina. México, D.F., 17 de junio de
2016.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
juristas y de la prensa sobre este importante tema al cual el Tribunal
Constitucional ha dado respuesta en la resolución 03/2122; considerando
la importancia de asegurar que los fallos sean «respetados, protegidos y
asegurados», y consciente de las dificultades de ejecución que implica
«llevar al terreno de los hechos la decisión expuesta en términos concre-
tos en su fallo», el Pleno determinó una serie de medidas a ser adoptadas
para la efectiva ejecución de las decisiones del Tribunal Constitucional».
Estas incluyen «un procedimiento preliminar de conciliación, por
medio del cual se procurará el acuerdo amigable entre las partes en
conflicto previo a que el Pleno dicte su resolución sobre la solicitud
de ejecución de sentencia»; establecer astreinte, requerir al Ministerio
Público que corresponda o al abogado del Estado ante la Jurisdicción
Inmobiliaria el auxilio de la fuerza pública para ejecutar lo decidido;
denunciar la violación del artículo 114 del Código Penal ante la autori-
dad competente; informar a la autoridad competente el incumplimiento
de la decisión, a fin de que se agote el procedimiento disciplinario
correspondiente de conformidad con la Ley núm. 41-08; comunicar a la
Presidencia de la República y también apoderar al Defensor del Pueblo
los expedientes sobre inejecuciones de sentencias.
Se establece que el Defensor del Pueblo puede ejercer sus facultades
constitucionales y legales en favor de los ciudadanos cuyos derechos
estén siendo afectados y ordenar la publicación del nombre y demás
datos necesarios del o de los responsables del incumplimiento de la
ejecución de la sentencia en el portal del Tribunal Constitucional.
22 https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/24783/tc-0003-21-resoluci%C3%B3n-
uses.pdf
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DESARROLLO E INSTITUCIONALIDAD
Necesaria reforma de la justicia
Carlos Salcedo. Abogado, asesor legal e institucional. Director de la f‌irma Salcedo y Astacio.
El Día / 1 de agosto de 2014
Agotado el Plan Estratégico del Poder
Judicial, se elevan voces destacadas para
que se produzca una transformación en la jus-
ticia dominicana. El presidente del Tribunal
Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara,
planteó la necesidad de elaborar un “Plan
Estratégico Nacional” en el que se establezcan
los principios rectores a regir el quehacer
jurisdiccional.
La preocupación de Ray Guevara provie-
ne del incierto panorama de la justicia domi-
nicana, al resaltar la profunda preocupación
del ciudadano por la delincuencia y el crimen
organizado, y la percepción generalizada de
que ciertas disposiciones del Código Procesal
Penal promueven actos delictivos, indepen-
dientemente de sus aspectos positivos.
El Procurador General de la República, Francisco Domínguez
Brito, concuerda con que se realice una nueva ola de reforma en el
sector justicia, que tenga en cuenta puntos como el de la burocracia que
provoca la mora judicial. De igual forma, entiende que hay que ampliar
la reforma para que incluya la Ley Institucional de la Policía Nacional.
Es cierto, el sistema de justicia no es intocable. Deben producirse
reformas para ajustar el funcionamiento judicial, que va acelerando su
involución, aun cuando son destacables los esfuerzos de la sociedad civil
que propiciaron algunas de las reformas que hoy, con luces y sombras, se
han venido implementado.
Retardada,
congestionada,
inaccesible al
ciudadano, con
abogados dilatando
procesos y ejerciendo
abusivamente acciones
legales y con un gran
déficit presupuestario,
la justicia precisa de
un cambio, expresa
Salcedo. El presidente
del TC y el procurador
general de la República
reconocen esa necesidad
de reforma.
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12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
Pero ojo, el país necesita más una reforma enfocada en las
necesidades del usuario y que responda a la demanda de justicia de
la ciudadanía, de lo contrario podría constituirse en un pretexto para
llevarse de encuentro derechos bajo la excusa de la eficiencia que los
limita, reduce y elimina.
Problemas tan graves como la falta de recursos deben ser abordados
con mayor urgencia, pues la demanda de justicia de los dominicanos
lo amerita. Pero no bastan los actores judiciales o gremiales ligados a la
justicia para producir la reforma. Será necesaria la participación activa
de la ciudadanía, pues de lo contrario se terminará de perder la fe en la
justicia.
Retardada, congestionada, inaccesible al ciudadano, con abogados
dilatando procesos y ejerciendo abusivamente acciones legales y con
un gran déficit presupuestario, la justicia precisa de un cambio. Sin ese
diálogo oficial y ciudadano, para que la reforma responda a necesidades
legítimas, habrá un cuestionado y antidemocrático desbalance.
Cuidado con las reformas que ocultan las raíces profundas del
problema, como la ineficiencia y la falta de compromiso ético de muchos
actores del sistema y con los cambios que atribuyen la causa de la fiebre
a la sábana (las normas) y no al cuerpo.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
El Congreso debe aprobar una ley para
regular uso de fuerza pública
Disposición. El plazo de dos años otorgado por el Tribunal
Constitucional para esos f‌ines al Congreso vence el 2 de agosto.
Wanda Méndez. Abogada y periodista
Listín Diario / 2 de julio de 2015
El plazo de dos años otorgado por el
Tribunal Constitucional al Congreso
Nacional para que apruebe una ley orgánica
que regule el uso de la fuerza pública para la
ejecución de las decisiones judiciales, vence
el próximo 2 de agosto, y todavía no ha sido
aprobada esa legislación.
Si al vencer ese plazo el Congreso no
ha aprobado esa norma legal, la resolución
14379-05 emitida por la Procuraduría para
regular el otorgamiento de la fuerza pública
“devendrá en inconstitucional con todos sus
efectos”, por mandato del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional, en la sentencia 110/13, declaró incons-
titucional esa resolución emitida por la Procuraduría el 11 de noviembre
de 2005, pero difirió los efectos del fallo por un período de dos años,
contados a partir de la notificación. La sentencia del TC tiene fecha
del 4 de julio de 2013, pero fue notificada el 2 de agosto de ese año
al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez; al entonces
presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez; al presidente de la Suprema
Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, y al procurador general,
Francisco Domínguez Brito. A la Asociación Dominicana de Alguaciles
le fue notificada el 10 de agosto.
La Sentencia
TC/110/13 declaró
inconstitucional la
resolución sobre uso de
fuerza pública para
la ejecución de las
decisiones judiciales
y dio un plazo de
dos años al Congreso
para aprobar una ley
orgánica que la regule.
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12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
Someterá proyecto
El diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio
Castillo Semán, depositará hoy un proyecto de ley que regula el
otorgamiento de la Fuerza Pública para la ejecución de sentencias y
títulos ejecutorios, para que se conozca de urgencia antes de concluir la
presente legislatura, ya que el plazo de dos años dado en la Sentencia del
TC 110/13 al Congreso, para legislar en tal sentido, vence el próximo
4 de julio.
“El TC declaró inconstitucional la resolución que regula el otorga-
miento de Fuerza Pública dictada por el Ministerio Público. A partir del
próximo 4 de julio esa normativa jurídica no tendrá efectos ni vigencia”,
dijo.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Piden garantizar el respeto a sentencias
Listín Diario / 18 de junio de 2016
El presidente del Tribunal Constitucional
dominicano, Milton Ray Guevara, dijo
que la principal responsabilidad de garantizar
el cumplimiento de los fallos constitucionales
corresponde a las autoridades públicas, pode-
res y órganos del Estado.
Precisó que “ni la supremacía de la
Constitución, ni la defensa del orden consti-
tucional, ni los derechos fundamentales de los
ciudadanos reconocidos o declarados en una
sentencia, serían efectivos si la administración
no se somete a la Constitución y a la ley”.
“Sin dudas, el pleno cumplimiento de
las sentencias del Tribunal Constitucional
es garantía de seguridad jurídica y de tutela
judicial efectiva”, enfatizó.
La valoración fue expuesta en el
XXII Encuentro Anual de Presidentes y
Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas
Constitucionales de América Latina cele-
brado en la capital mexicana, donde pronunció una conferencia
titulada “Ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional”.
El magistrado Ray Guevara expuso en la tercera sesión del evento, la
cual trató acerca de la “Inejecución de sentencias: mecanismos de los
Tribunales Constitucionales para hacerlas cumplir”.
Manifestó que las sentencias constituyen el acto más importante
del Tribunal Constitucional (TC) y que se le ha otorgado una triple
El tema «Ejecución
de las sentencias
del Tribunal
Constitucional»
fue llevado por el
magistrado Ray
Guevara al XXII
Encuentro Anual
de Presidentes y
Magistrados de
Tribunales, Cortes y
Salas Constitucionales
de América Latina,
donde participó en la
sesión «Inejecución
de sentencias y
mecanismos de
los tribunales
constitucionales para
hacerlas cumplir».
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12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
dimensión, porque son actos procesales, tareas encaminadas a la interpre-
tación creadora del derecho, y tienen dimensión política respondiendo
a los principios de congruencia, motivación, decisión colegial y eficacia.
Destacó el establecimiento del TC en la Constitución Dominicana
de 2010, y su creación el 22 de diciembre de 2011, iniciando sus labores
el 28 de diciembre de ese mismo año, como órgano especializado de
justicia constitucional, para garantizar la supremacía de la Constitución,
la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos
fundamentales, conforme a su artículo 184. Explicó que el TC es un
órgano constitucional autónomo e independiente, situado en el vértice
de la organización política del Estado, en posición de paridad con el
resto de los poderes y órganos primarios establecidos en la Constitución.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
La omisión constitucional
Namphi Rodríguez. Periodista, abogado y catedrático de
Derecho Constitucional y Derecho Administrativo.
El Nacional / 11 de febrero de 2021
En este país existe un “estado de omisión
constitucional” por falta de reformas lega-
les que permitan consolidar el Estado Social y
Democrático de Derecho y compatibilizar el
ordenamiento jurídico con la Constitución.
Hace ya varios años, al participar
en un panel en el Tercer Congreso del
Tribunal Constitucional sobre Derecho y
Justicia Constitucional subrayamos que el
caso más latente es el proyecto de Código
Penal, que alcanza casi 20 años de discu-
sión en las cámaras legislativas, mientras la
sociedad reclama mayor seguridad.
Parecería una cuestión intencional de
los poderes públicos que buscan eludir temas
controversiales como el derecho al aborto o el agravamiento de la
“carga penal”, pero es un error porque mientras se asume una actitud
pasiva frente a la violencia, la delincuencia se entroniza por la falta una
política criminal propiciada por un estado de omisión constitucional.
A ese fenómeno se agrega el incumplimiento de las sentencias
del Tribunal Constitucional por instituciones estatales, un precedente
nefasto que recuerda tiempos institucionalmente brumosos.
Es preocupante ver cómo se desoyen las sentencias del TC, lo cual
representa un serio cuestionamiento a la institucionalidad.
Ha sido el notable jurista italiano Luigi Ferrajoli quien ha insistido
en que un derecho sin garantías es una especie de desiderátum para los
ciudadanos.
En este país existe un
«estado de omisión
constitucional» por
falta de reformas
legales (unas cien
leyes pendientes de
reformas y otras por
crear) que permitan
consolidar el Estado
social y democrático
de derecho y
compatibilizar el
ordenamiento jurídico
con la Constitución.
Namphi Rodríguez
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12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
El artículo 184 de la Constitución establece que las sentencias del
TC constituyen precedentes vinculantes y obligatorios para los poderes
públicos.
En tal sentido, el TC no solo emite sentencias desestimatorias o
estimatorias, sino que también asume el rol de legislador positivo a través
de las denominadas sentencias interpretativas, muchas de las cuales
exhortan al Congreso a legislar para hacer cumplir la Constitución.
En el país existe una omisión de unas cien de leyes pendientes
de reformas y otras por crear para compatibilizar los mandatos de la
Constitución en la protección de los derechos de los ciudadanos.
Entre esas normas se citan además de la legislación penal, los códi-
gos Civil, de Comercio, Procesal Civil, así como la ley que debe crear
la jurisdicción de lo contencioso-administrativo para integrar los jueces
de primer grado y de cortes de apelación como manda la Constitución.
Asimismo, la reforma de la Ley 6132, de Expresión y Difusión
del Pensamiento y una que proteja los derechos a la intimidad y la
privacidad de las personas.
También hay que votar una ley sobre los procedimientos de referen-
dos aprobatorios y consultivos que consagra la Constitución.
Saludamos la iniciativa del Poder Ejecutivo de designar comisiones
de juristas para emprender el camino de las reformas legales, tras ocho
años de ostracismo del tema de las reformas institucionales.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
TC dispone medidas para que
se cumplan sus sentencias
Wanda Méndez. Periodista y abogada
Listín Diario / 31 de marzo de 2021
El Tribunal Constitucional emitió una
resolución en la que dispone medidas
para garantizar una ejecución efectiva de sus
sentencias, entre las que incluye reque rir al
ministerio público o al abogado del Estado
ante la jurisdicción inmobiliaria, el auxilio
de la fuerza pública para que sea ejecutado
lo decidido.
En la resolución TC/0003/21, el ente
decla ra que ante la comproba da falta de
ejecución de una sentencia, podrá también
denunciar la violación del ar tículo 114 del
Código Penal ante la autoridad competen te,
a fin de que instrumente un expediente para
el someti miento ante la jurisdicción pe nal
contra el responsable.
Serán degradados
Ese texto legal sanciona con la degradación cívica “a los funcionarios,
agentes o de legados del Gobierno que hubieren ordenado o co metido
un acto arbitrario o atentatorio a la libertad indi vidual, a los derechos
políti cos de uno o muchos ciuda danos, o a la Constitución”.
El TC establece que co municará el incumplimien to de la deci-
sión a la Presi dencia de la República y a la autoridad competente,
para que se agote un proce dimiento disciplinario y se aplique la
sanción que co rresponda.
También informará el ex pediente al Defensor del Pueblo en el caso de
que las partes no lleguen a un acuer do o que se incumpla con lo pactado.
El Tribunal
Constitucional
emitió la resolución
TC/0003/21 en que
dispone medidas
para garantizar una
ejecución efectiva de
sus sentencias, como
denunciar la violación
del ar tículo 114 del
Código Penal para
el someti miento ante
la jurisdicción pe nal
contra el responsable.
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12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
Más medidas
El Constitucional también ordenará sea publicado, en el portal del
Tribunal Constitucional, el nombre y otros datos necesarios del o de los
responsables del incumplimiento de sus medidas. Declaró que, en los
casos de imposición de astreinte, el TC queda facultado para resolver
todas las cuestiones relativas a su liquidación y ejecución.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Las leyes que le faltan a la Constitución
Wanda Méndez. Periodista y abogada
Listín Diario / 16 de julio de 2021
Luego de más de 11 años de haberse
concretado la reforma constitucional el
26 de enero de 2010, todavía faltan leyes
complementarias que dispone aprobar esa
carta magna.
Entre las legislaciones pendientes figuran
las que regularán los juicios de extinción de
dominios y bienes decomisados; los indultos
y los referendos. Tampoco ha sido regulado
legalmente el delito de proscripción de la
corrupción, lo cual está incluido en el proyec-
to de Código Penal, que contiene sanciones
para ese ilícito penal que fue configurado en
la Carta Sustantiva de 2010.
En 2017, la Cámara de Diputados declaró de alta prioridad el cono-
cimiento de 18 proyectos de leyes complementarias de la Constitución.
Algunos ya fueron aprobados, como ley de partidos, agrupaciones y
movimientos políticos.
En su discurso de rendición de cuentas, en enero de 2018, el
presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, exhortó
al Congreso Nacional a que priorice las reservas de ley que dispone la
Constitución del año 2010.
Extinción de dominio
Los juicios sobre extinción de dominio y la administración de
los bienes incautados fueron contemplados en la Constitución, en el
artículo 51, numeral 6.
Luego de más de
once años de la
Constitución de 2010,
todavía faltan leyes
complementarias
dispuestas en esa
carta magna, como las
relativas a juicios de
extinción de dominios
y bienes decomisados;
indultos, referendos,
la proscripción de la
corrupción…
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12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
Ese texto indica que “la ley establecerá el régimen de administración
y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales
y en los juicos de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento
jurídico”.
Desde el año 2014, en el Congreso Nacional se discute un proyecto
de ley sobre esa materia. Fue aprobado varias veces en la Cámara de
Diputados, donde ha perimido.
Proscripción de corrupción
En el nuevo Código Penal es que se pretende incluir el delito de
corrupción que trajo la Constitución en el artículo 146, que condena
“toda forma de corrupción en los órganos del Estado” con “las penas que
la ley determine”.
En el proyecto de ley se estipula ese ilícito en el artículo 303, que
señala que comete corrupción “Todo funcionario o servidor público que,
prevaliéndose de su posición dentro de los órganos, entres y organismos
del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para
sí o para terceros provechos económicos, mal utilice los bienes públicos
para beneficio privado, ofrezca, prometa o realice actividad inherente a
su cargo”.
Quedarían penalizados los actos de corrupción administrativa con
prisión de 2 a 3 años y la inhabilitación para ocupar funciones públicas
de entre 5 a 10 años.
Los indultos
La concesión de indultos a los privados de libertad es una potestad
del presidente de la República, conferida en el artículo 128, literal j, de
la Constitución.
Ese texto manda a que el presidente otorgue ese perdón a los
presidiarios cada 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre, pero
establece que lo haga de conformidad con la ley y las convenciones
internacionales.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Aún no ha sido adoptada la legislación. Hace seis años el Tribunal
Constitucional exhorto al Congreso Nacional, en una sentencia, a que
sea aprobada.
En la sentencia TC-0189-15, del 15 de julio de 2015, el TC señaló
que el ejercicio de la potestad de indulto atribuida por la Constitución
al presidente de la República no debe ser anulada por la inercia del
legislador
Incluso, ha sido descontinuada la práctica de conceder los indultos
por decreto.
En los últimos años, no ha sido emitido ninguno. En los períodos
de gobierno de Danilo Medina (2012-2020) no hubo indultos. El actual
mandatario, Luis Abinader, tampoco lo hizo en diciembre, ni en febrero,
las dos oportunidades que ha tenido.
La f‌igura del referendo
Ha habido varias propuestas legislativas para regular los referendos.
En marzo, del 2021, el Poder Ejecutivo depositó una.
La Constitución de 2010 estableció, en su artículo 210, que las
consultas populares mediante referendo estarán reguladas por una ley, la
cual aún no ha sido elaborada.
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12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
La inconstitucionalidad por omisión
Chanel Liranzo. Abogado penalista
El Caribe / 6 de julio de 2022
Debe ser una etapa superada el debate
respecto a la posibilidad de control
por parte del Tribunal Constitucional de las
omisiones en las que incurre el Congreso de
la República. El Tribunal Constitucional de la
República Dominicana (TCRD) ha definido
la inconstitucionalidad por omisión como la
abstinencia del legislador durante un tiempo
considerablemente largo, de cumplir con el
mandato de la Constitución de dictar una
norma.
La inconstitucionalidad por omisión se
puede producir de dos formas o modalidades,
omisión absoluta, cuando falta cualquier
norma aplicativa del precepto constitucional
y la omisión relativa que deriva de una actua-
ción parcial que regula solo algunas de las relaciones que se desprenden
del mandato constitucional y se obvia regular otras relaciones análogas.
Las reservas expresas de ley que contiene la Constitución dominicana
superan la centena y diversos artículos de opinión dan cuenta de
que más de la mitad de ellas, 12 años después de la promulgación
de la misma, se encuentran pendientes de elaboración o adecuación.
La tarea sencilla sería identificar todas esas omisiones, sin embargo,
el análisis de la inconstitucionalidad implica examinar, como bien
dijo el TCRD, la razonabilidad o no del tiempo transcurrido y,
como apunta Gozaini, la vinculación del legislador a adoptar medidas
concretizadoras de la Constitución.
Las reservas expresas
de ley que contiene
dominicana superan la
centena. El magistrado
Ray Guevara ha dicho
que hay que considerar
que las omisiones
legislativas constituyen,
a la larga, una lesión
a la supremacía
constitucional tan
perjudicial como la
adopción consciente de
leyes inconstitucionales.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Hace 5 años, en su discurso de rendición de cuentas el Presidente
del TCRD, magistrado Milton Ray Guevara, alzaba la voz para señalar
que las omisiones legislativas constituían, a la larga, una lesión a la
supremacía constitucional tan perjudicial como la adopción consciente
de leyes inconstitucionales: en ambos casos la función dirigente de la
carta magna es quebrada con consecuencias nefastas para la paz social
y el bienestar general de la ciudadanía. 5 años después esa lesión se
acrecienta y sus consecuencias se hacen mayores respecto a los derechos
de los ciudadanos.
Aquí el núcleo del asunto, ya que sin lugar a dudas la inconstitucio-
nalidad por omisión responde, primariamente, a la supremacía consti-
tucional, por tratarse de infracciones que se suscitan por el no hacer de
los poderes públicos que han recibido un mandato constitucional y que,
pasado un tiempo prudente, han omitido cumplir; esto no quita que,
también como efecto de dicha desatención, se estén afectando derechos
fundamentales concretos.
Ignacio Villaverde citado por Carlos Báez Silva apunta que la omisión
legislativa deviene inconstitucional únicamente cuando el órgano legisla-
tivo con su silencio altera el contenido normativo de la Constitución, de
allí que no se trate solo de un asunto de supremacía constitucional, sino
de cómo la inactividad de nuestro Congreso Nacional puede y, de hecho,
está originando situaciones jurídicas contrarias a la norma suprema.
Cuántos derechos fundamentales se encuentran desprotegidos por
la omisión de nuestros legisladores en materia fronteriza, libertad de
expresión y difusión del pensamiento, deporte, religión, inteligencia del
Estado, por citar solo los casos que el TCRD ha señalado expresamente
mediante exhortación al Congreso.
Para muestra un botón, el TCRD mediante la sentencia TC/0113/21
retuvo la inconstitucionalidad por omisión absoluta del Congreso
Nacional respecto de los artículos 203, 210 y 272 de la Constitución,
que mandan a legislar respecto a los referendos, plebiscitos, consultas
populares y referendo aprobatorio, todas estas instituciones que pode-
mos conectar directamente con la violación a derechos de ciudadanía y

12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
participación democrática, entre otros. Se ordenó al Congreso cumplir
con el mandato constitucional en no más de 2 años, aquí nos volveremos
a encontrar, pues recordamos que en el 2015 mediante la sentencia
TC/0189/15 el TCRD exhortó al Congreso a subsanar el vacío norma-
tivo en la regulación del indulto y seguimos esperando.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Ray Guevara pide aprobar ley sobre la
propiedad inmobiliaria en frontera
Ray Guevara advirtió que, según la Constitución, solo dominicanos
pueden comprar terrenos en el área fronteriza
Yanessi Espinal. Periodista
El Caribe / 3 de noviembre de 2022
El presidente del Tribunal Constitucional,
Milton Ray Guevara, instó ayer al
Congreso a aprobar las leyes complementarias
de la Constitución, y de ese paquete resaltó
la que establece que solo los dominicanos
pueden comprar propiedades inmobiliarias
en la zona fronteriza.
El magistrado presidente del Constitucional
expresó que le parece inconcebible que 12 años
después de aprobada la Constitución del 2010,
haya más de 90 leyes complementarias pen-
dientes de aprobación. “Esas leyes son esenciales
porque son las que aumentan las garras de la
Constitución, la Constitución necesita garras”,
comentó.
“Solamente pueden adquirir propiedad
inmobiliaria en la frontera los dominicanos,
no podemos esperar que narcos o los vecinos compren la tierra en la
frontera, qué estamos esperando para esa ley; qué va a pasar el día que
descubramos que toda la zona de la frontera es propiedad de extranjeros,
el que sea, que la puede haber adquirido de buena fe, pero eso para los
fines de la dominicanidad, la zona de la frontera se necesita que sea
propiedad de los dominicanos”, advirtió Ray Guevara.
También citó el caso de la ley de indulto que a pesar que en esencia
no tiene por qué generar contradicción política no se ha avanzado para
El presidente del TC,
Milton Ray Guevara,
instó al Congreso
a aprobar las leyes
complementarias,
«porque aumentan
las garras de la
Constitución.
La Constitución
necesita garras».
Resaltó la ley que
establece que solo los
dominicanos pueden
comprar propiedades
inmobiliarias en la
zona fronteriza.
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12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
aprobarla. “La ley de indulto no choca con nadie, nosotros tenemos
muchos presos en condiciones muy precarias, pero no lo hacen”, comentó.
Otra legislación, cuya aprobación resaltó como importante, es la ley
de referendo que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. Argumentó que
esa ley es fundamental porque es garantía de la democracia participativa
y consideró que temas de debate como el aborto pueden ser decididos
en un referendo.
Resaltó los aportes que han hecho para impulsar la aprobación de
esas iniciativas el actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo
Pacheco y que antes también lo hizo Rubén Maldonado. Sostuvo que
este último conformó una comisión encabezada por Rafael Alburquerque
para conocer 15 leyes complementarias.
“Pero en la agenda legislativa priorizada no las incluyen porque
a los partidos, todos, no les interesa aprobarlas”, comentó durante la
entrevista especial de El Caribe y CDN.
Certif‌icación garantiza transparencia
El presidente del Tribunal Constitucional resaltó la importancia que
ha dado esa institución a la certificación de los procesos administrativos
porque son una garantía de que las acciones institucionales no sean
personalizadas.
Ha sido el primer tribunal constitucional del mundo que se cer-
tificó en la norma ISO 9001. “La certificación de los procesos evita la
personalización de los procesos administrativos en una entidad como
la nuestra, nosotros nos certificamos en el 2018 y nos recertificamos,
y eso ha sido fundamental porque ya todo se decide mediante los
procesos y si uno se sale corre el riesgo de perder la certificación, por
eso digo que es la mejor vacuna contra la personalización”, resaltó.
Explicó que actualmente están trabajando en el proceso de proteger-
se ante posibles sobornos.
“Ese mecanismo funciona permanentemente y es cuantificable, y
funciona mediante mecanismos que detectan el riesgo y es transversal

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
a toda la institución, incluyendo lo jurisdiccional”, sostuvo Ray
Guevara.
El magistrado explicó que todos los años contrata una compañía
auditora a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
“Esa compañía hace la auditoría, nosotros no podemos intervenir,
nosotros damos la información y la auditoría es remitida a la Cámara de
Cuentas, todos los años, eso es transparencia, nadie nos obliga pero lo
hacemos”, comentó.
Jueces no deben opinar sobre temas en debate
El presidente del Tribunal Constitucional dijo que al conformar
esa institución junto al primer pleno, asumieron el compromiso de
no emitir opiniones sobre temas que están en el debate nacional y que
podrían llegar a ese órgano para su decisión definitiva.
“Ningún juez debe opinar sobre algo que puede ir al Tribunal, o
sobre algo que está en el tribunal o sobre algo en que ese juez participó
y falló”, respondió sobre temas que están en el debate como la despena-
lización del aborto en tres circunstancias.
“Hay un deber de prudencia, y si no quieres inhibirte debes hacer
uso de reserva, eso lo he practicado, no he sido un presidente de Tribunal
que anda opinando porque eventualmente pueden llegar y quiero
calidad para poder pronunciarme sobre esas cosas, es una posición que
tengo firme hasta que salga”, argumentó.
Igualmente, dijo que el juez debe tener el deber de la prudencia y la
mesura al no intervenir en los debates sobre los diversos temas.
“Le planteé al primer pleno que los jueces debemos poner las
razones por las que votamos aunque la Constitución dice podrá; eso se
ha respetado, porque eso es transparencia, porque eso le dice al justiciado
qué piensa ese juez, y el control ciudadano puede ver la postura de ese
juez, en ese caso o cualquier otro caso”, explicó el presidente del Tribunal
Constitucional.
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12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
“No podemos llevar a los invitados a sede del TC”
Aunque a más de diez años después de su creación y funcionamiento,
el Tribunal Constitucional no cuenta con un edificio adecuado para sus
operaciones, el presidente del órgano, Milton Ray Guevara, se declaró
optimista de que en diciembre del 2023 podrán tener su propia sede.
Ray Guevara reveló que cuando el país ha sido sede de eventos
internacionales no pudo invitar a los magistrados de los tribunales de
otros países porque no cuenta con espacio adecuado para recibirlos.
El presidente del TC dijo que la realidad es que todavía hacen filas
para ir al baño y que no cuentan con una sala de audiencia, por lo que
han tenido que sesionar por diez años en la sala de la Suprema Corte de
Justicia y otros espacios.
Comentó que el pasado año debido a que la sala de la Suprema
fue sometida a remodelaciones, fue necesario alquilar locales en otros
espacios para realizar las audiencias del TC.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Finjus: Preocupa órganos Estado no
ejecuten sentencias TC
Loyda Peña. Periodista
Hoy / 28 de enero de 2023
La Fundación Institucionalidad y Justicia
(FINJUS) consideró preocupante el incum-
plimiento por órganos del Estado de sentencias
emitidas por el Tribunal Constitucional (TC),
afirmando que eso pone en entredicho uno de
los pilares del ordenamiento jurídico nacional.
Recordó que las decisiones del TC tienen
un carácter definitivo e irrevocable y constitu-
yen precedentes vinculantes para los poderes
públicos y los órganos del Estado.
“La falta de ejecución de las sentencias
del TC plantea un desafío a las bases de
nuestro Estado de Derecho, abre las puertas
a la violación de los derechos fundamentales
y propicia un ambiente de falta de confianza
de la ciudadanía en las instituciones democrá-
ticas”, observó.
La entidad de la sociedad civil habló del
tema luego de que el presidente del TC Milton
Ray Guevara, en su rendición de cuentas en ocasión del XI aniversario
de la alta corte, informara que 92 sentencias de ese organismo no han
sido ejecutadas por órganos del Estado, tanto centralizados, autónomos
y del sector privado.
Exhortó al TC a mantener la vigilancia, denunciar y adoptar
medidas contra los incumplidores.
La falta de ejecución
de las sentencias
del TC plantea
un desafío a las
bases de nuestro
Estado de derecho,
abre las puertas
a la violación
de los derechos
fundamentales
y propicia un
ambiente de falta
de confianza de
la ciudadanía
en las instituciones
democráticas.
Finjus
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12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
SCJ establece TC puede perseguir
ejecución de sus propias sentencias
Hoy / 24 abril de 2023
La Tercera Sala de la Suprema Corte de
Justicia estableció que corresponde al
Tribunal Constitucional la ejecución de sus
propias decisiones, tal y como dispone el
artículo 9 de la Ley núm. 137-11, Orgánica
del Tribunal Constitucional.
En su sentencia número SCJ-TS-23-0047,
de fecha 31 de enero de 2023, la Tercera
Sala de la SCJ señala que el artículo 26
del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal
Constitucional, dispone que “la Unidad de
Seguimiento de la Ejecución de las Sentencias
(USES) persigue la ejecución efectiva de las
sentencias del Tribunal mediante la estructu-
ración de mecanismos de recepción, investi-
gación y trámite de las solicitudes tendentes a
resolver las dificultades o el incumplimiento
de sus decisiones”.
El recurso de casación fue interpuesto por un miembro de la Policía
Nacional que obtuvo en segundo grado, mediante sentencia, ganancia
de causa para su reintegro a la institución del orden, con el mismo grado
que ostentaba al momento de su desvinculación, además de perseguir
el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de su
separación hasta la fecha de su reintegro.
La decisión de la Tercera Sala casa la sentencia núm. 0030-04-2021-
SSEN-00440, de fecha 3 de agosto de 2021, dictada por la Tercera Sala
del Tribunal Superior Administrativo, y envía el asunto ante el Tribunal
Constitucional.
La Unidad de
Seguimiento de la
Ejecución de las
Sentencias (USES)
persigue la ejecución
efectiva de las sentencias
del Tribunal mediante
la estructuración
de mecanismos de
recepción, investigación
y trámite de las
solicitudes tendentes a
resolver las dificultades
o el incumplimiento
de sus decisiones.
SCJ-TS-23-0047.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Para acceder de forma íntegra a la sentencia firmada por los magis-
trados Manuel Alexis Read Ortiz (presidente de la Sala), Manuel R.
Herrera Carbuccia, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez
Goico, acceda al siguiente enlace: https://bit.ly/43Rcsr5
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12 AÑOS DEL TC: UNA MIRADA DESDE LA PRENSA
EDITORIAL
El Tribunal Constitucional burlado
Listín Diario / 7 de agosto de 2023
M
ás de 100 sentencias del Tribunal
Constitucional se encuentran hoy
en estado de desacato.
Según su presidente, Milton Ray Guevara,
de esa cantidad, 92 corresponden a institucio-
nes oficiales.
Demasiado grande se torna, pues, esta
burla.
Dejando de lado las razones que impi-
den o dificultan acatar estas sentencias,
nada justifica que el poder de veredicto
inapelable que estas ostentan sea ignorado o
incumplido.
Estos desacatos ilustran una peligrosa falta
de respeto a la institucionalidad del país y, por
ende, al propio tribunal, garante único de los principios y normas que le
confía la Constitución.
Más desalentador es que sean las instituciones oficiales las que
acumulen el mayor número de desacatos.
Cuando desde el poder mismo se actúa con tal displicencia, se está
dando un imprudente e inaceptable ejemplo al resto de la sociedad.
Y, de paso, se está desconociendo la autoridad y la majestad del
Tribunal Constitucional, la más alta corte del país.
Saludable sería que el Tribunal Constitucional, en pleno derecho,
descubra públicamente a los que desacatan sus sentencias, para que la
sociedad pueda tener una idea de quiénes son, por el momento, los que
asumen la institucionalidad como una mera ficción.
Nada justifica que
el poder de veredicto
inapelable que estas
ostentan, sea ignorado
o incumplido.
Estos desacatos
ilustran una peligrosa
falta de respeto a la
institucionalidad del
país y, por ende, al
propio tribunal, garante
único de los principios y
normas que le confía la
Constitución.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
En cualquier caso, el Tribunal Constitucional debe apelar a sus
mecanismos legales para hacer valer sus decisiones y el gobierno, de su
lado, hacer el mayor esfuerzo para que las instituciones en desacato se
ajusten sin más cortapisas a la legalidad.

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