X. Acceso de las mujeres a la justicia

• Páginas: 303-331
• Autor: Mag. María del Carmen Santana

X.

ACCESO DE LAS MUJERES

A LA JUSTICIA

Mag. María del Carmen Santana

Jueza del Tribunal Constitucional

1. Concepto

El derecho de acceso de las mujeres a la justicia se trata de

un aspecto básico para que estas puedan lograr la concretización

efectiva de todos sus derechos humanos.

En sentido general, la discriminación en contra de la mujer

ha sido sostenida sobre paradigmas y estereotipos de género en

ancestrales normas culturales estigmatizadoras, y en un compor-

tamiento patriarcal cuasi generalizado. La violencia basada en el

género, que afecta particularmente a las mujeres, trae consigo

efectos desfavorables sobre la posibilidad de estas ejercer su dere-

cho a acceder a la justicia en paridad o igualdad con los hombres.

El acceso a la justicia puede enmarcarse en el catálogo de

los “derechos prestacionales”250, como se denomina a aquellos

derechos que, en un Estado Social y Democrático, deben ser

cubiertos y garantizados para asegurar el bienestar de los ciuda-

danos. En tal sentido, la administración de justicia, como parte

del funcionamiento del aparato estatal, tiene la obligación de

250 Al respecto, la CIDH ha remarcado la obligación estatal de proveer la prestación de

servicios legales gratuitos a sectores vulnerables de la sociedad, orientada a facilitar su

acceso a instancias judiciales de protección y a una mayor difusión de información

sobre recursos dentro del sistema de justicia y sobre sus derechos. (Cfr. CIDH, Acceso

a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, 2007, párrafo 215).

306

VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

tramitar soluciones jurídicas a los conflictos de la población. Se

trata de un servicio público, y un mecanismo primordial para la

consecución de una verdadera armonía social.

Es un hecho continuo que en diversos escenarios sociales,

las mujeres confronten una serie de limitaciones y obstáculos en

el ejercicio de su derecho a acceder a la justicia en igualdad de

condiciones que los hombres; es inevitable hablar de “política

de género” en el andamiaje del aparato del poder ejercido por

los jueces, en un sistema en donde las mujeres se encuentran en

indiscutible desventaja, en razón de la vulnerabilidad del grupo

al que pertenecen, ya que su condición de mujer les acarrea un

menoscabo discriminatorio, por lo que se precisa la necesidad de

superar aquellos obstáculos u óbices que imposibiliten, retarden

o dificulten el acceso de las mujeres a la justicia.

Es necesario que el poder público priorice la perspectiva

de género en la esfera de este derecho, para menguar o eliminar

cualquier forma de discriminación, a fin de afianzar su condi-

ción de entes sociales titulares de derechos y prerrogativas, para

así ralentizar y desacelerar el statu quo imperante en nuestra so-

ciedad, enraizado en prototipos de género, sostenido en legisla-

ciones excluyentes y procedimientos y prácticas interseccionales

de segregación.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación con-

tra la Mujer, instituido por la Convención sobre la Elimina-

ción de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

251 (CEDAW, por sus siglas en inglés), en los puntos 26, 27

y 28 de su Recomendación General núm. 33, precisa los si-

guientes criterios:

251 Naciones Unidas, 3 de agosto de 2015, Convención de la cual Estado dominicano

es signatario.

307

Acceso de las mujeres a la justicia

MAG. MARÍA DEL CARMEN SANTANA

26. Los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial

tienen consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los

derechos humanos de las mujeres. Pueden impedir el acceso a la jus-

ticia en todas las esferas de la ley y pueden afectar particularmente a

las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia. Los estereotipos

distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en

creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos. Con frecuencia,

los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un com-

portamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan

a esos estereotipos. El establecimiento de estereotipos afecta también a

la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios

de las mujeres, como partes y como testigos. Esos estereotipos pueden

hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen

en forma defectuosa. Esto tiene consecuencias de gran alcance, por

ejemplo, en el derecho penal, ya que dan por resultado que los per-

petradores no sean considerados jurídicamente responsables de las

violaciones de los derechos de la mujer, manteniendo de esta forma

una cultura de impunidad. En todas las esferas de la ley, los estereo-

tipos comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de

justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia,

incluida la revictimización de las denunciantes.

27. Los jueces, magistrados y árbitros no son los únicos agentes del

sistema de justicia que aplican, refuerzan y perpetúan los estereoti-

pos. Los fiscales, los encargados de hacer cumplir la ley y otros agentes

suelen permitir que los estereotipos influyan en las investigaciones y

los juicios, especialmente en casos de violencia basados en el género,

y dejar que los estereotipos socaven las denuncias de CEDAW/C/

GC/33 15-13094 15/29 las víctimas y los supervivientes y, al mis-

mo tiempo, apoyan las defensas presentadas por el supuesto perpetra-

dor. Por consiguiente, los estereotipos están presentes en todas las fases

de la investigación y del juicio, y por último influyen en la sentencia.

28. Las mujeres tienen que poder confiar en un sistema judicial libre

de mitos y estereotipos y en una judicatura cuya imparcialidad no

se vea comprometida por esos supuestos sesgados. La eliminación de

los estereotipos judiciales en los sistemas de justicia es una medida

esencial para asegurar la igualdad y la justicia para las víctimas y

los supervivientes.

308

VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

2. Alcance y contenido: mecanismos para

garantizar el acceso a la justicia

Para que este acceso a la justica sea realmente práctico y

efectivo debe ir acompañado de varios elementos que garanticen

la viabilidad del mismo. La Recomendación General núm. 33,

sobre el acceso de las mujeres a la justicia, del Comité para la Eli-

minación de la Discriminación contra la Mujer, originado con

la firma de la citada convención, identificó seis componentes

esenciales y relacionados entre sí. Esos elementos son: la justicia-

bilidad, la disponibilidad, la accesibilidad, la buena calidad, el

suministro de recursos y la rendición de cuentas de los sistemas

de justicia. Nos detendremos a analizar cada uno de estos ele-

mentos y las consecuentes recomendaciones dadas en ese sentido

por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra

la Mujer.

a. Justiciabilidad

Demanda que la mujer, como grupo social, tenga un ac-

ceso cabal e irrestricto a la justicia, y además, la capacidad y el

empoderamiento para ejercer sus derechos. Esto se traduce en

la posibilidad de que un problema suyo sea dirimido en foros

judiciales. Contempla que, en caso de que el derecho de acceso

a la justicia sea vulnerado, las titulares del derecho puedan de-

nunciar la violación, y de comprobarse la misma, sea concedida

una reparación.

La justiciabilidad se trata de un concepto en pleno desa-

rrollo, tendente a una recomposición del estándar sociojurídico,

lo cual representa un componente céntrico en la búsqueda del

bienestar social colectivo trasladado al terreno de la justicia y de

los tribunales.

309

Acceso de las mujeres a la justicia

MAG. MARÍA DEL CARMEN SANTANA

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém

do Pará) adoptada el 9 de junio de 1994, y de la cual el país se

hizo signatario el 06 de septiembre de 1994, insta a los Estados

Parte a adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, las

siguientes medidas:

1. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para

la mujer que haya sido sometida a violencia, que in-

cluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio

oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.

2. Instaurar los mecanismos judiciales y administrativos

necesarios para asegurar que la mujer objeto de violen-

cia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del

daño u otros medios de compensación justos y eficaces.

3. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que

sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.

b. Disponibilidad

La disponibilidad exige el establecimiento de tribunales y

otros órganos paralegales, tanto en zonas urbanas como rurales y

remotas, así como su mantenimiento y financiación para garan-

tizar el derecho de la mujer de acceder a la justicia sin discrimi-

nación en todo el territorio del Estado.

En los casos de violencia contra la mujer, debe asegurarse

el acceso a los centros de crisis o casas de acogida, la asisten-

cia financiera, los refugios, las líneas de emergencia, los servicios

médicos, psicosociales y de orientación, y establecer un meca-

nismo de supervisión y seguimiento del proceso que asegure el

funcionamiento apropiado del sistema de justicia.

310

VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

c. Accesibilidad

La accesibilidad demanda que el sistema de justicia sea seguro,

económicamente asequible, fácticamente viable y adaptado a las ne-

cesidades de las mujeres, requiere que se elimine cualquier tipo de

obstáculo al acceso a la justicia, proporcionando asistencia jurídica y

desarrollando actividades sociales de divulgación e información diri-

gidas de manera específica a las mujeres, acerca de los mecanismos y

procedimientos judiciales existentes en la materia. Del mismo modo,

se debe fomentar el establecimiento de centros de atención integral,

que incluyan servicios jurídicos y sociales y proporcionen asesora-

miento y asistencia para iniciar los procesos judiciales, a la vez que

programen los servicios de apoyo para las mujeres en todas las esferas.

d. Calidad

Este componente requiere de un sistema de justicia que se

ajuste a las normas internacionales de competencia, eficiencia,

independencia e imparcialidad que proporcionen recursos apro-

piados para dar solución a las cuestiones de violencia de género.

Es por ello por lo que se aspira a que el sistema jurisdiccional del

país sea dinámico, inclusivo, innovador, práctico, sensible, im-

parcial y que no esté influenciado por prejuicios o estereotipos,

que cuente con la provisión de recursos necesarios para ofrecer

a las mujeres una protección viable y la ulterior reparación de

cualquier daño que se haya producido en su contra.

3. Acceso de las mujeres a la justicia en las

distintas ramas del Derecho

En esta parte del tema que nos ocupa ya hemos precisado, en ca-

pítulos anteriores, lo que significa el acceso de las mujeres a la justicia;

no obstante, no huelga señalar que desde el inicio de la civilización y

311

Acceso de las mujeres a la justicia

MAG. MARÍA DEL CARMEN SANTANA

la convivencia entre los seres humanos se ha hecho necesario el uso

de mecanismos que normen las relaciones del hombre y la mujer.

Esto así por las diferentes características intrínsecas que acompañan

a cada ser humano. En ese sentido, es preciso puntualizar que el eje

principal de un Estado Social y Democrático de Derecho, lo es la ga-

rantía o protección que el Estado como tal le debe a cada individuo

con relación al ejercicio de sus derechos fundamentales. Es decir, que

los derechos que son propios a cada ser humano deben ser respetados

por todos los órganos que componen el Estado.

En el marco de esas garantías, existe el derecho fundamen-

tal a un debido proceso, del cual forma parte esencial el acceso

a la justicia de todo ente que forma parte de la sociedad. En

este contexto nos encontramos con el acceso de las mujeres a

la justicia.

Expuesto lo anterior, nos remitimos al tema en concreto.

En ese sentido, el acceso de las mujeres a la justicia en las diferen-

tes ramas del derecho se puede apreciar desde todos los ámbitos

en el diario vivir. Así, por ejemplo, abordaremos primeramente

la rama del Derecho Constitucional.

i. Acceso de las mujeres a la justicia en cuanto al

Derecho Constitucional:

El Derecho Constitucional es la rama del derecho que rige

las relaciones entre el Estado y las principales reglas que lo or-

ganizan; sus valores y sus principios, de igual forma, garantizan

estos elementos frente al Poder. Esto se extiende al estudio de las

normas que integran el bloque de la constitucionalidad252.

252 Real Academia Española - RAE. (s. f.). Derecho constitucional. Diccionario panhis-

pánico del español jurídico - Real Academia Española. Recuperado 17 de febrero de

2022, de https://dpej.rae.es/lema/derecho-constitucional

312

VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Nuestra Constitución de 2015 es una de las más avanzadas

en cuanto a derechos se refiere. En ella se encuentra un catálogo

amplísimo de los derechos que asiste a cada persona. En virtud

de esto podemos encontrar la protección a derechos como la

vida (art. 37), dignidad e integridad (art. 38), libertad y segu-

ridad personal (art. 40), derecho a la intimidad y al libre desa-

rrollo de la personalidad (art. 43), derechos de familia ( art. 55),

educación (art. 63), a la igualdad (art. 39), la salud (art. 61), al

trabajo (art. 62), seguridad social (art. 60), debido proceso (art.

69), entre muchos más, los cuales serán desarrollados en capítu-

los posteriores.

Es por esta razón que consideramos que el derecho cons-

titucional es el eje central desde donde parten todos y cada

uno de los derechos que le asisten a cada individuo, y es el

encargado de trazar las pautas para que estos sean garantiza-

dos a toda costa.

En este contexto, podemos apreciar que uno de los artí-

culos más relevantes en cuanto a la igualdad entre hombre y

mujer como tales, lo es el artículo 39 Constitucional, cuando

establece el Derecho a la igualdad, que reza: Todas las personas

nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y

trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan

de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna

discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad,

nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión polí-

tica o filosófica, condición social o personal y en los numerales 3 y 4

manda al Estado a promover las condiciones jurídicas y adminis-

trativas para que la igualdad sea real y efectiva y a adoptar medi-

das para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad,

la vulnerabilidad y la exclusión. Al consagrar de forma especial

que La mujer y el hombre son iguales ante la ley, prohíbe cualquier

313

Acceso de las mujeres a la justicia

MAG. MARÍA DEL CARMEN SANTANA

acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular

el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de

los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán

las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las des-

igualdades y la discriminación de género.

Continúa nuestra Carta Sustantiva, en su artículo 42, se-

ñalando lo concerniente al derecho a la integridad personal, en el

numeral 2, y condena la violencia intrafamiliar y de género en

cualquiera de sus formas, y establece que el Estado garantiza-

rá, mediante ley, la adopción de medidas necesarias para preve-

nir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De igual

modo, en su artículo 69, que trata sobre la Tutela judicial efectiva

y el debido proceso, en el numeral 1, establece el derecho a una

justicia accesible, oportuna y gratuita253.

Estos artículos son ejes centrales para la protección de las

mujeres en todos los sentidos, sobre todo en cuanto al debido

proceso, desde donde parte el acceso a la justicia, para hacer valer

sus derechos y exigir que se escuche su voz cuando necesita ac-

ceder a la justicia. No podemos dejar de reseñar lo dispuesto por

el artículo 6 de nuestra Constitución, que impone sobre cual-

quier persona u órgano público el respeto y supremacía consti-

tucional en todo su accionar, cuando prevé que: Supremacía de la

Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades

públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y funda-

mento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno

derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a

esta Constitución.

253 Observatorio de Justicia y Género (s. f.). marco legal. Recuperado 17 de febrero de

2022, de https://observatoriojusticiaygenero.poderjudicial.gob.do/index.aspx

314

VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

ii. Acceso de las mujeres a la justicia en cuanto al

Derecho Civil

A la luz del ejercicio de los derechos civiles, han sido im-

portantes los cambios en el rol que la mujer exhibe hoy en día.

Muchas mujeres poseen lugares de trabajo de igual o mayor je-

rarquía que los hombres, con iguales, o a veces, mejores salarios,

aunque debemos reconocer que todavía falta mucho por reco-

rrer, y el hilo de la diferencia de género sigue siendo un dolor

de cabeza para aquellas mujeres que por su condición de mujer

no obtienen aquellos puestos de trabajo que desean y para los

cuales están debidamente calificadas; pero la lucha sigue, y poco

a poco se obtienen reivindicaciones importantes para ir estre-

chando dicha brecha.

Es por esa razón que la Constitución de la República dis-

pone, en su artículo 39.4, lo siguiente: 4) La mujer y el hombre

son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como

objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o

ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales

de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para

garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación

de género;

Luego de ese vistazo a los derechos civiles que contempla

nuestra Constitución, podemos establecer que tanto el hombre

como la mujer gozan, en condiciones de igualdad, de los mis-

mos, los cuales deben estar bajo la protección de los entes en-

cargados de aplicar, cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la

Constitución.

Al respecto de las conquistas que se han ido obteniendo en

cuanto al derecho civil de las mujeres, podemos establecer lo

que al respecto el Tribunal Constitucional determinó, en el caso

del tiempo que la mujer divorciada tenía que esperar para poder

315

Acceso de las mujeres a la justicia

MAG. MARÍA DEL CARMEN SANTANA

volver a casarse, el cual eran diez (10) meses, mientras que al

hombre no se le aplicaba la misma ley, ya que este podía casarse

tan pronto se divorciaba. En ese sentido, el Tribunal, a través

de la Sentencia TC/0070/15, de fecha dieciséis (16) de abril de

2015, páginas 12-13, y 15 y 17, dispuso que:

9.16. En cuanto al medio empleado, resulta evidente que el mismo

no se justifica en la actualidad, ya que, conforme a lo expuesto ante-

riormente, para evitar dificultades en la determinación de la pater-

nidad de una niña o de un niño existe la referida prueba de ADN,

de manera que no es necesario condicionar un segundo matrimonio

de la mujer a que espere que transcurra el plazo de diez meses previs-

to en la norma cuestionada.

9.23. El valor dignidad humana implica que todas las personas,

por el solo hecho de ser personas, tienen derecho a ser tratadas, si-

guiendo los patrones culturales socialmente validados, con respeto y

consideración. De ahí que prohibir a la mujer que contraiga nuevas

nupcias, antes de que transcurran diez meses de la fecha del divor-

cio, constituye una desconsideración e irrespeto a su condición de

persona, porque dicha prohibición parte de una presunción de dolo

consistente en que la mujer puede ocultar un estado de embarazo al

nuevo esposo.

Efectivamente, en cuanto a los avances que se han ido obte-

niendo paulatinamente, como ya expresáramos, de igual forma

lo percibe la señora Ángela Torralbo Ruiz, al exponer en su tra-

bajo que: No se puede negar el importante e imprescindible avance

que legalmente ha tenido lugar y, gracias al cual se ha puesto fin a

la histórica discriminación de la mujer dentro del matrimonio y la

familia, y se ha establecido un principio de igualdad de derechos

y deberes que alcanza a ambos cónyuges. Por tanto, hoy por hoy

no existe ninguna discriminación legal. Este trabajo constituye una

prueba clara de ello. A través del estudio de la normativa referente al

tema, se ha podido constatar que el texto legal es neutral y proclama

316

VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

la igualdad entre los cónyuges. No obstante, hay que señalar que es

muy difícil comprobar con exactitud que dicha igualdad se cumpla,

pues el núcleo familiar es un espacio íntimo y privado al que a veces

es muy complicado de acceder254.

iii. Acceso de las mujeres a la justicia en cuanto al

Derecho de Familia

Al tenor de lo dispuesto por la Constitución dominicana,

en su Artículo 55, que reza: La familia es el fundamento de la

sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas.

Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre

de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la vo-

luntad responsable de conformarla.1) Toda persona tiene derecho a

constituir una familia, en cuya formación y desarrollo la mujer y el

hombre gozan de iguales derechos y deberes y se deben comprensión

mutua y respeto recíproco…

Así pues, podemos verificar que por su relevancia, este es

otro derecho contemplado en nuestra Constitución, precisamen-

te porque la familia es el órgano en donde se forman los entes

de la sociedad, y como derecho, se encuentra en constante evo-

lución, ya que anteriormente, la figura de la mujer dentro de la

familia se concebía única y exclusivamente para procrear, cuidar

y vigilar el desarrollo de los hijos, se entendía que el papel de la

mujer estaba por debajo del hombre en su papel de proveedor, y

que la mujer debía limitarse a las labores domésticas. Con el paso

254 Torralbo Ruiz, Á. (2011). El rol de la mujer en el Código Civil. Especial referen-

cia a los efectos personales del matrimonio (Coordinación: Esther Torrelles Máster en

Estudios Interdisciplinares de Géneroed.).https://gredos.usal.es/bitstream/hand-

le/10366/101364/TFM_EstudiosInterdisciplinaresGenero_TorralboRuiz_A.pd-

f?sequence=3. P. 92.

317

Acceso de las mujeres a la justicia

MAG. MARÍA DEL CARMEN SANTANA

del tiempo esos parámetros fueron cambiando y se han logrado

conquistas amparadas en la Constitución, las leyes y convenios,

en donde se consagra la paridad de derechos entre hombre -mu-

jer, no debiendo existir ningún tipo de discriminación, ni trato

diferenciado por cuestiones de género.

En ese mismo sentido, la Convención sobre la elimina-

ción de todas las formas de discriminación contra la mujer,

adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la

Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciem-

bre de 1979, entrada en vigor el 3 de septiembre de 1981, dis-

pone, en su artículo 16, lo que a continuación transcribimos:

Artículo 16.1. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas

adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en

todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones

familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad

entre hombres y mujeres

iv. Acceso de las mujeres a la justicia en cuanto al

Derecho Laboral

El Código de Trabajo de la República Dominicana estable-

ce, en sus dos primeros principios, lo siguiente: PRINCIPIO I.

El trabajo es una función social que se ejerce con la protección y asis-

tencia del Estado. Este debe velar porque las normas del derecho de

trabajo se sujeten a sus fines esenciales, que son el bienestar humano

y la justicia social. PRINCIPIO II. Toda persona es libre para dedi-

carse a cualquier profesión u oficio, industria o comercio permitidos

por la ley. Nadie puede impedir el trabajo a los demás, ni obligarlos

a trabajar contra su voluntad.

Esto significa que el derecho laboral está contemplado en

forma igualitaria, tanto para el hombre como para la mujer, así

318

VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

lo dispone el Código de Trabajo en su Art. 18.- La mujer tiene

plena capacidad para celebrar el contrato de trabajo, percibir las

retribuciones convenidas y ejercer todos los derechos y acciones que

la ley acuerda al trabajador. De lo que se puede colegir que, en

cuanto al derecho laboral se refiere se han tomado en cuenta las

disposiciones normativas necesarias para garantizar el desarrollo

profesional progresivo de la mujer, reconociéndole las mismas

prerrogativas que a los hombres, de manera justa y equilibrada.

Esto no quiere decir que en la práctica no puedan escenificarse

situaciones en donde se pretenda limitar este derecho a las muje-

res o que puedan ser víctimas de discriminación.

En el plano internacional, nos encontramos con el enfoque

que plantea la Organización Internacional del Trabajo OIT, den-

tro de sus objetivos estratégicos, que establece entre otras cosas,

lo siguiente: El principal objetivo de la OIT en la actualidad es

promover oportunidades para que hombres y mujeres obtengan un

trabajo decente y productivo, en condiciones de libertad, seguridad,

equidad y dignidad humanas. Promover un trabajo decente es la

finalidad común… La igualdad de género y el desarrollo se han

definido como cuestiones que se plantean en múltiples ámbitos y que

se han de incorporar en todas las estrategias, políticas y programas de

la OIT (transversalidad) 255.

Finalmente, se evidencia que en cuanto al acceso de las mu-

jeres en materia laboral existe coherencia en la Constitución, las

leyes, doctrinas, jurisprudencias y convenios internacionales, con

el objetivo de salvaguardar y garantizar a la mujer los mismos de-

rechos que a los hombres, a pesar de que para ciertos tipos de tra-

255 JIMÉNEZ SANDOVAL y FERNÁNDEZ PACHECO, Rodrigo, Janina (s. f.). DE-

RECHOS LABORALES DE LAS MUJERES. Un análisis comparado para América

Central y Panamá. http://fundacionjyg.org/wp-content/uploads/2018/09/Libro-La-

boral.pdf. p. 8.

319

Acceso de las mujeres a la justicia

MAG. MARÍA DEL CARMEN SANTANA

bajos se prefiera la contratación de hombres por diversas razones,

como pueden ser la fuerza requerida para desempeñar la labor,

embarazo, entre otros aspectos que de igual manera devienen en

discriminación laboral.

v. Acceso de las mujeres a la justicia en cuanto al

Derecho a la Seguridad Social

En torno al derecho a la seguridad social que asiste a toda

mujer en el ejercicio de sus derechos, esta se pone de manifiesto

cuando la Constitución, a través de su artículo 60, la describe

como Derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a

la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de

la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada

protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.

En ese mismo orden de ideas versa el artículo 1 de la Ley

núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad So-

cial; así como en el plano internacional, encontramos este dere-

cho, amparado en el artículo 22 de la Declaración Universal de

los Derechos Humanos, a través de su artículo 22, que señala:

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la segu-

ridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la coopera-

ción internacional, habida cuenta de la organización y los recursos

de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales

y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su

personalidad.

En consonancia con lo anterior “para impulsar el desarrollo

económico, reforzar la capacidad de recuperación económica y

neutralizar los nuevos riesgos sistémicos globales, los sistemas

nacionales de seguridad social basados en la solidaridad deben

ser más sólidos que nunca. Es preciso disponer de un sistema de

320

VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

seguridad social eficaz que permita a las sociedades afrontar los

riesgos que comporta la globalización, aprovechar plenamente

las oportunidades que ofrece y adaptarse a los cambios conti-

nuos. Para ello se requieren marcos generales e integrados nacio-

nales de carácter normativo e institucional, que abarquen polí-

ticas de empleo y seguridad social y otras políticas sociales, a fin

de responder mejor a los cambios estructurales y a las crisis. Un

derecho a la seguridad social que sea coherente, que desempeñe

eficazmente su papel de mejorar la productividad y que actúe

como estabilizador social y económico en un contexto de incer-

tidumbre mundial, debe estar integrado en la legislación y las

estructuras de gobernanza e institucionales nacionales, así como

en mecanismos internacionales que funcionen eficazmente. Solo

una combinación de instrumentos de estas características es ca-

paz de imponer las necesarias restricciones sociales al funciona-

miento de los mercados”256.

En lo atinente al acceso de la mujer a la justicia con relación

al derecho a la seguridad social, el Tribunal Constitucional ha

ido aportando, a través de su jurisprudencia, la protección a la

mujer en este renglón. En esa línea de ideas, dictó una sentencia,

a través de la cual protegió el referido derecho a una señora que

reclamaba la pensión por sobrevivencia que pertenecía a su pa-

reja sentimental, a la cual las autoridades le negaban ese derecho

adquirido, alegando que no poseía los documentos necesarios

para que se le hiciera entrega de dicha pensión. La Sentencia es la

256 Oficina Internacional del Trabajo Ginebra. (2011). Informe VI Seguridad Social

para la justicia social y una globalización equitativa. Discusión recurrente sobre

la protección social (seguridad social) en virtud de la Declaración de la OIT re-

lativa a la justicia social para una globalización equitativa, 2011. https://www.ilo.

org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/

wcms_154235.pdf. p. 29.

321

Acceso de las mujeres a la justicia

MAG. MARÍA DEL CARMEN SANTANA

TC/0760/18, de fecha diez (10) de diciembre de 2018, páginas

25 y 28.

o. En esa tesitura, este tribunal considera que la pensión por so-

brevivencia reclamada por la accionante es derecho adquirido, por

ser la esposa sobreviviente de la persona a la que correspondía la

referida pensión, derecho que debe ser protegido y garantizado, en

consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que los derechos

adquiridos son un conjunto de prerrogativas en favor del trabajador

que nacen en el momento en que se inicia una relación de trabajo,

los cuales deben ser reconocidos y garantizados por el empleador aun

cuando esa relación laboral haya concluido, como es el caso de la

pensión que en caso de fallecimiento del trabajador se traspasa a

sus familiares, viuda (o) conviviente e hijos, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 51, literal a),de la Ley núm. 87-01.

x. Visto el precedente citado anteriormente, este Tribunal considera

que, en el caso en concreto, las autoridades recurridas en amparo de

cumplimiento deben reconocer, proteger y garantizar el derecho a la

pensión por sobrevivencia reclamado por la señora Viergelie Gerrier

Celestin, por tratarse de un derecho adquirido en beneficio de una

persona de la tercera edad que reclama su legítimo derecho a la se-

guridad social.

vi. Acceso de las mujeres a la justicia en cuanto al derecho

penal

En parte de lo que aquí hemos escrito se ha dejado estable-

cido que la mujer siempre ha tenido, si se quiere, una autoridad

especial en el hogar, trabajo, sociedad, aunque no siempre de

manera igualitaria ni en condiciones de paridad.

Con relación al acceso a la justicia, se podría decir que tam-

bién se da una cultura desigual, y de una u otra forma no siempre

es tratada en condiciones similares a la de los hombres, en lo que

tiene que ver como ser humano y por ser mujer; esta es una de

las razones por las que el sistema de justicia no funciona como

322

VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

debiera con relación a las mujeres, ya que un alto porcentaje de

ellas no se atreve a denunciar los abusos a los cuales son someti-

das, para no exponerse a ser objeto de cuestionamientos indelica-

dos. Y si una valiente mujer intentaba denunciar un ilícito penal,

en la mayoría de los casos era aplastada por la censura social.

Por fortuna y por el cambio de los tiempos, así como por las

grandes exigencias de las mujeres, esta situación de desigualdad

ha venido evolucionando poco a poco en el sistema de justicia

penal. Un impulso significativo ocurrió con la modificación que

introdujo la Ley núm. 24-97257, al Código Penal dominicano.

También, una muestra de avance fue la inclusión de los de-

rechos de las víctimas -en particular, las mujeres- en el proceso

penal258, pues ahora, tanto el hombre, pero principalmente la

mujer, puede tener más incidencia en el desarrollo del proceso

penal del cual es parte.

Así podemos citar, por ejemplo, lo que al respecto dispone

el artículo 84 del Código Procesal Penal Dominicano: Art. 84.-

Derechos de la víctima. Sin perjuicio de los que adquiere al consti-

tuirse como querellante, la víctima tiene los derechos siguientes:

1) Recibir un trato digno y respetuoso;

2) Ser respetada en su intimidad;

3) Recibir la protección para su seguridad y la de sus familiares;

Código Procesal Penal de la República Dominicana;

4) Intervenir en el procedimiento, conforme a lo establecido en este

código;

257 Del 27 de enero de 1997, que modifica el Código Penal Dominicano, sanciona la

violencia contra la mujer, doméstica e intrafamiliar.

258 Artículos 27.- Derechos de la víctima. La víctima tiene derecho a intervenir en el

procedimiento penal y a ser informada de sus resultados en la forma prevista por este

Código.

323

Acceso de las mujeres a la justicia

MAG. MARÍA DEL CARMEN SANTANA

5) Recurrir todos los actos que den por terminado el proceso;

6) Ser informada de los resultados del procedimiento;

7) Ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o

suspensión de la acción penal, siempre que ella lo solicite.

A partir de aquí, hemos visto cómo la mujer, como víctima

en el sistema penal, se ha ido empoderando, en la medida en que

ya toma parte activa, distinto a como se hacía en el viejo sistema,

en donde ella solo era tomada en cuenta de forma pasiva y no

pasaba de asistir a las audiencias y sin voz ni voto.

De igual forma, el Código Procesal Penal dominicano, a

través de su artículo 234, dispone que:

Art. 234.- Prisión preventiva. Además de las circunstancias generales

exigibles para la imposición de las medidas de coerción, la prisión pre-

ventiva solo es aplicable cuando no pueda evitarse razonablemente la

fuga del imputado mediante la imposición de una o varias de aquellas

que resulten menos gravosas para su persona. No puede ordenarse la

prisión preventiva de una persona mayor de setenta años, si se estima

que en caso de condena, no le es imponible una pena mayor a cinco

años de privación de libertad. Tampoco procede ordenarla en perjuicio

de mujeres embarazadas, de madres durante la lactancia o de personas

afectadas por una enfermedad grave y terminal259.

Otro logro a destacar en el área de las fiscalías, son: “… los

resultados con relativos éxitos, como es el caso de la apertura de

unidades de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Géne-

ro, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, establecidas en 18 fiscalías

del país, así como la aplicación de protocolos de funcionamiento

de estas entidades260”.

259 Subrayado de quien suscribe.

260 María Jesús «Susi» Pola Zapico, M. J. P. Z. (2016, febrero). Logros legislativos, pro-

mesas incumplidas: Brechas en la implementación de la ley sobre la Violencia contra

Mujeres (República Dominicana ed.), p. 11.

324

VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

En ese sentido se pueden citar las innumerables instancias

de lactancia materna que existen en casi todas las instituciones

del Estado, y el Poder Judicial no escapa a ello. En este aspecto,

permitir a las madres compartir con sus hijos y darles su alimen-

to materno es un aspecto indudablemente muy positivo.

Otro paso de avance en el acceso a la justicia, y de cara a

hacer constitucionalizada la misma con relación al proceso pe-

nal, es el proyecto titulado “Guía de trato digno de acceso a la

justicia”, el cual se enfoca en las personas pertenecientes a grupos

con cierta vulnerabilidad, dentro de los cuales se encuentran las

mujeres que han sido víctimas de abuso o violencia intrafamiliar.

A pesar de que aún nos queda un largo camino por recorrer

para que el acceso a la justicia penal en cuanto a las mujeres

esté en condiciones de igualdad ante la ley, pues siguen sien-

do temas “espinosos”, como la violación dentro de la pareja, la

violencia invisible (económica, psicológica, la re- victimización,

entre otras) como una de las áreas de necesaria mejora en nuestro

sistema penal, estamos en vías de ir consiguiendo, poco a poco

y con constancia en lo que queremos, que estas vías sean iguales

para todos - hombres y mujeres- y solo cuando lleguemos a ese

momento estaremos tranquilas, pues sabremos que tenemos una

justicia igual para todos.

Al hilo de lo anterior, el Ministerio de la Mujer, sostiene que

“en un Estado democrático de derecho, como lo es la República

Dominicana, la legislación penal debe contener una finalidad

garantista y la función de proteger los derechos humanos de las

mujeres, adolescentes y niñas, con una reforma integral del Có-

digo Penal que sancione todos los tipos de violencia que atentan

contra sus derechos”.

“Las diversas reformas que ha tenido la normativa pe-

nal dominicana, y la poca evolución que ha presentado, están

325

Acceso de las mujeres a la justicia

MAG. MARÍA DEL CARMEN SANTANA

históricamente relacionadas con el limitado reconocimiento de

las mujeres como sujetas de derechos, asimismo con el fortale-

cimiento de los marcos legales y normativos, producto de las

ratificaciones de las convenciones internacionales de las cuales es

signatario el Estado dominicano”, recalca el organismo oficial.

En ese tenor, el Ministerio de la Mujer propone reconfi-

gurar la tipificación del feminicidio para que, sin importar la

relación entre la víctima y su agresor, el crimen sea reconocido y

no limitado al ámbito de la relación de pareja, como garantía de

sanción penal ejemplar, evitando con ello la impunidad.

“De igual manera, proponemos la redacción de nuevos tipos

penales relativos a la violencia feminicida, como el feminicidio y

violencia conexa, y suicidio feminicida por inducción o ayuda,

que respondan a sancionar el concurso de delitos que afecten a

terceras personas de manera física, emocional y económica en

el escenario de violencia feminicida de un hombre que intenta

matar o mata una mujer”261.

i. Discriminación contra las mujeres en el trabajo

De modo particular, se entiende por discriminación laboral

la diferencia de trato que existe entre compañeros de labores, por

motivos no relacionados con su desempeño en el trabajo; en este

sentido, se perjudica al trabajador en lo que tiene que ver con

su aspecto profesional, salarios, incentivos y consideraciones.

Hay múltiples razones para que se conforme la discriminación

en el trabajo, la cual puede ser ejercida tanto por los superiores

como por los propios compañeros de labores. Dentro de estas

261 M.M.R.D. (15Enero2021). Ministerio de la Mujer advierte involución en Proyecto

de Código Penal introducido en la Cámara de Diputados: Vol. 15. Enero 2021

(M.M.R.D., Ed.). Artículo del Ministerio de la Mujer.

326

VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

podemos citar la raza, color, religión, origen de la persona, dis-

capacidad o edad.

En consonancia con lo anterior, es prudente señalar que el

acceso de la mujer al ámbito laboral se ha ido dando paulatina-

mente, y en muchos casos esta incorporación ha sido porque en

múltiples ocasiones la mujer cede sus derechos, como, por ejem-

plo, salarios inferiores a igual tipo de trabajo, lo que va confor-

mando la discriminación en la práctica. Debemos reconocer que

hoy en día los avances son palpables, pues se verifica la incorpo-

ración de la mujer cada vez más y más en los diferentes puestos

de trabajo y ocupando posiciones relevantes en los mismos, sin

ceder en cuanto al género, lo que va conformando un trato de

igualdad y respeto de la dignidad de la mujer.

Esto conduce, al pleno reconocimiento de la igualdad ante

la ley, la proclamación de ese derecho y la prohibición de dis-

criminar, establecidos en la Constitución y aplicados por la ju-

risprudencia, ha significado un paso decisivo que era preciso y

demandado por la sociedad, combatiendo cualquier forma de

desigualdad y promoviendo la igualdad real entre hombres y

mujeres. Según explican M. Álvarez de la Rosa y M.C. Palo-

meque López, en el largo camino de la regulación del trabajo

femenino, se distinguen tres vías:

1. Protección de la mujer trabajadora.

2. Consecución del principio de paridad entre trabajo de

hombre y mujer (salarios y promociones)

3. Normas planteadas para corregir la discriminación,

aunque puedan ser de acción positiva, promocionando

a la mujer.

En consecuencia, “existe un programa de mejora de la

empleabilidad de las mujeres, promoción de la igualdad en la

327

Acceso de las mujeres a la justicia

MAG. MARÍA DEL CARMEN SANTANA

negociación colectiva, incluyendo acciones positivas. En la lucha

contra la discriminación en el trabajo, el sexo no puede ser factor

determinante en la definición de categorías y grupos profesiona-

les. En referencia a salarios, deberán quedar fijados sin discrimi-

nación por razón de sexo, y la conciliación de la vida familiar y

laboral debe permitir que se involucre activamente el hombre en

cuanto a jornadas, vacaciones, permisos…”262.

A pesar de lo que ya habíamos expresado, en cuanto a que

las mujeres cada día ganan más espacio de trabajo y logran con-

tribuir con sus salarios al bienestar de la familia, “la tasa de par-

ticipación económica de las mujeres continúa manteniendo una

importante distancia con la de los hombres”. De acuerdo con la

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, se situó en el 47.4% en

2016, a 21 puntos de distancia de la de los hombres.

De manera tal que “el desempleo, condición que afecta más

a las mujeres en cualquier circunstancia, en nuestro país todavía

se encuentran afectadas en mucha mayor medida que los hom-

bres por el desempleo. Con unas tasas que se han mantenido

estables durante los últimos años, el desempleo de las mujeres ha

venido a duplicar el de los hombres de manera constante. Según

el dato más reciente, la tasa de desempleo abierto entre los hom-

bres es del 3.9 % frente al 8.6 % de las mujeres. Casi 155 mil

mujeres se encuentran en situación de desempleo, contra 106

mil hombres (BCRD, 2017)263 .

262 Ull Universidad de La Laguna, Facultad de Derecho, & García Estévez, D. A. (2016,

marzo). LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER EN EL ÁMBITO LABORAL.

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/1958/LA+DISCRIMINACION+-

DE+LA+MUJER+EN+EL+AMBITO+LABORAL.+.pdf;jsessionid=51F20F7ED-

F023B65280559BCEA1. p. 4.

263 Iniciativa de paridad de Género República Dominicana. (s. f.). https://iniciativa-

paridadgenerord.gob.do/wp-content/uploads/2019/07/IPG-RD.-Caracterizaci%-

C3%B3n-del-mercado-laboral.pdf. Recuperado 18 de febrero de 2022, de https://

328

VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

En esa tesitura, seguimos en la lucha, sin dar ni un paso

atrás, siendo parte de las guerreras que día a día lo entregan todo

para lograr la paridad en los diferentes renglones de la vida entre

hombre y mujer, sobre todo en el aspecto laboral, porque la ver-

dad es que muchas mujeres se encuentran igual o más capacita-

das que un gran porcentaje de los hombres, para desempeñar las

labores que ellos llevan a cabo, con mayor facilidad en todos los

aspectos y muchísimo mejor remunerados.

No hemos terminado. Nuestro lema es seguir hacia adelan-

te, hasta que logremos crear la conciencia necesaria en los hom-

bres y muchas mujeres que prefieren elegir a los hombres para

realizar las labores que perfectamente pueden ser desempeñadas

por las mujeres.

5. Sugerencias para implementar medidas

que garanticen el acceso de las mujeres

a la justicia

1. Superar las barreras de género existentes entre mujeres y

hombres.

2. Que hombre y mujer reciban el mismo trato en todos los re-

glones de su vida, sin ninguna limitación por razón de sexo.

3. Que el Estado tenga una participación en la promulgación

de normas y políticas tendentes a erradicación todo tipo de

violencia física, moral, económica, psicológica, laboral en fa-

vor de la mujer.

iniciativaparidadgenerord.gob.do/wp-content/uploads/2019/07/IPG-RD.-Caracte-

rizaci%C3%B3n-del-mercado-laboral.pdf

329

Acceso de las mujeres a la justicia

MAG. MARÍA DEL CARMEN SANTANA

4. Incluir en el curriculum educativo nacional, la formación

respecto de un sano y responsable desarrollo de la sexualidad,

a fin de evitar embarazos no deseados, ser víctimas de vio-

lación y de contagio de enfermedades de trasmisión sexual,

producto del desconocimiento en la materia.

5. Crear organismos especializados para brindar asistencia a las

menores de edad que resulten embarazadas, con el objetivo

de garantizar su permanencia en el sistema educativo y desa-

rrollo profesional.

6. Acelerar el proceso de la tramitación de los asuntos jurisdic-

cionales relacionados con la violencia ejercida en contra de

las mujeres

7. Prestar la debida atención a una mujer víctima de violencia

que acude a cualquier institución del Estado en busca de

ayuda.

8. El sistema sanitario debe diseñar programas que permi-

tan detección temprana de casos de violencia sexual, para

que en aquellas situaciones en las que, por ejemplo, una

menor de edad embarazada llegue a un centro de salud

en busca de asistencia médica, se pueda iniciar una labor

social e investigativa, con miras a determinar las condicio-

nes en que se produjo su embarazo a temprana edad, a los

fines de que puedan crearse mecanismos de orientación

y apoyo educativo para la menor de edad involucrada,

y que el adulto responsable asuma las consecuencias que

establece la norma.

Finalmente, quiero exhortar a todas las mujeres a que conti-

núen rompiendo barreras, ya que el camino siempre estará lleno

de ellas, pero depende de nuestro esfuerzo y aptitud no dejarnos

330

VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

vencer por circunstancias limitantes. Al contrario, que nos enfo-

quemos en capacitarnos en los diferentes reglones, para de esta

manera llegar a alcanzar peldaños que en épocas pasadas solo po-

dían ser alcanzados por hombres. A modo de ejemplo, imitemos

a estas mujeres que rompieron esas barreras:

1- Ángela Merkel, excanciller de Alemania.

2- Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de EE.UU.

3- Kamala Harris, vicepresidenta de EE.UU.

4- Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y actual alta

comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos.

5- Milagros Ortiz Bosch, exvicepresidenta de la República

Dominicana.

6- Raquel Peña, vicepresidenta de la República Dominica-

na.

7- Ruth Bader Ginsburg, exjueza de la Suprema Corte de

EE.UU.

8- Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión

Europea.

Fuentes consultadas

Cartilla sobre el acceso de las mujeres a la justicia (Comisión Estatal de

Derechos Humanos Nuevo León)

https://www.cedhnl.org.mx/bs/secciones/publicaciones/cartillas/Cartil-

la-Acceso-de-las-mujeres-a-la-justicia.pdf

Relatoría Sobre los Derechos de la Mujer (Comisión Interamericana de

los Derechos Humanos. OEA)

331

Acceso de las mujeres a la justicia

MAG. MARÍA DEL CARMEN SANTANA

https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/cap1.htm

Acceso de las mujeres a la justicia (cumbre Judicial)

http://anterior.cumbrejudicial.org/html-cumbres/Referentes_Interna-

cionales_de_Justicia/CJI/Documentos/Anexos_VII_Cumbre_

Cortes_Supremas/Acceso_de_las_Mujeres_a_la_justicia.pdf

-Justicia para las mujeres (Informe del Grupo de Alto Nivel)

https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/Jus-

tice-for-Women_Executive-Summary-Spanish_0.pdf