X. Habeas data

• Páginas: 481-515
• Autor: José Alejandro Vargas Guerrero

10.1 habeas data: conceptualización general y consagración

normativa

El nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la di-

rección postal o la dirección de correo electrónico; el número

de teléfono, el número de identificación fiscal, el número de

matrícula del automóvil, la huella digital, el ADN, una foto-

grafía, el número de seguridad social, todos esos son datos que

identifican a una persona, ya sea directa o indirectamente. Se

denominan, en consecuencia, «datos personales». Entonces,

son datos de carácter personal las informaciones relativas a las

personas físicas o naturales, que se presentan de manera escrita

y de manera «electrónica» o «informática», es decir, a través de

medios electrónicos, telemáticos o informáticos.

10.1.1 Definición de Datos Personales en la Legislación

Dominicana

De conformidad con la definición provista por el artículo

6.9 de la Ley núm. 172-13, que tiene por objeto la protec-

ción integral de los datos personales asentados en archivos,

registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos

de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos

públicos o privados, se entiende como dato personal: «cual-

quier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica,

acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físi-

cas identificadas o identificables».

En ese contexto la legislación dominicana concibe que

los datos personales hacen referencia a cualquier información

482 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

asentada «en archivos, registros públicos, bancos de datos u

otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a

dar informes, sean éstos públicos o privados» cuya garantía

procede a fines de que con su uso o disponibilidad no se lesione

el derecho al honor y a la intimidad de las personas, y también

facilitar el acceso a la información que sobre las mismas se re-

gistre, de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 de la

Constitución de la República Dominicana. Esto, sin desmedro

de la finalidad de la Ley 172—13 consistente en la regulación,

constitución, organización, actividades, funcionamiento y ex-

tinción de las Sociedades de Información Crediticia (SIC), así

como la prestación de los servicios de referencias crediticias y

el suministro de la información en el mercado, garantizando

el respeto a la privacidad y los derechos de los titulares de la

misma, promoviendo la veracidad, la precisión, la actualiza-

ción efectiva, la confidencialidad y el uso apropiado de dicha

información (art. 1, Ley 172—13).

Se dispone en el referido texto legal que es información

crediticia la información de carácter económico, financiero,

bancario o comercial relacionada a un consumidor sobre sus

obligaciones, historial de pago, garantías, clasificación de deu-

dor, de tal modo que permita la correcta e inequívoca identifi-

cación, localización, y descripción del nivel de endeudamiento

del titular en un determinado momento. Por tanto, la infor-

mación que la ley consiente se publique son todos los datos

de naturaleza económica, financiera, bancaria o comercial que

permita la realización de un historial de pago con la finalidad

exclusiva de identificar el nivel de endeudamiento del titular

en un determinado momento». Cualquier otra utilización de

las bases de datos personales en la República Dominicana es,

por consiguiente, ilegal.

483

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Es una garantía constitucional individual, que permite

acceder a cualquier banco de información, registro de datos y

referencias sobre uno mismo, sin necesidad de explicar razo-

nes, sobre el particular ha dicho el Tribunal Constitucional,

(TC/0024/13):

[…] «El hábeas data es una garantía constitucional a disposi-

ción de todo individuo la cual le permite acceder a cualquier

banco de información, registro de datos y referencias sobre sí

mismo, sin necesidad de explicar las razones de su interés, y

le permite, además, solicitar la corrección de las informaciones

que contengan alguna imprecisión o error y que pueden causar-

le algún perjuicio. Es por lo que, nuestra Constitución, en su

artículo 70 dispone: Toda persona tiene derecho a una acción

judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que

de ella consten en registros o bancos de datos públicos o priva-

dos y, en caso de falsedad o discriminación, exigir la suspensión,

rectificación, actualización y confidencialidad de aquellos, con-

forme a la ley. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de

información periodística».

La protección de los datos personales se ha vinculado al

derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, por

normas nacionales y supranacionales de diversas entidades,

como, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de

Datos del Parlamento Europeo y el Consejo, de fecha 27 de

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre

circulación de estos datos. En su artículo 4.1 considera datos

personales «toda información sobre una persona física identi-

ficada o identificable (el interesado)»; considerando «persona

física identificable» a «toda persona cuya identidad pueda de-

terminarse, directa o indirectamente, en particular mediante

484 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

un identificador, como por ejemplo un nombre, un número

de identificación, datos de localización, un identificador en

línea o uno o varios elementos propios de la identidad física,

fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de

dicha persona».

Aunque el artículo 12 de la Declaración Universal de De-

rechos Humanos no contiene referencia a la protección de da-

tos personales, diferentes instancias jurisdiccionales interna-

cionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

ha considerado una vulneración de la intimidad el almacena-

miento y comunicación de datos personales (estrictamente,

de datos relativos a la vida privada, sentencia 26 de marzo de

1987. Asunto Leander contra Suecia).

Una persona facilita sus datos personales cuando abre una

cuenta en el banco, cuando se matricula en un curso de idio-

mas, cuando se apunta al gimnasio, cuando solicita participar

en un concurso, cuando reserva un vuelo o un hotel, cuando

pide hora para una consulta médica, cuando busca trabajo,

cada vez que efectúa un pago con su tarjeta de crédito, cuando

navega por Internet, en fin, son múltiples los rastros de datos

que se dejan a menudo en todas estas gestiones.

En ese sentido se entiende que, para tales actos, el de-

sarrollo y la aplicación de las nuevas tecnologías han intro-

ducido comodidad y rapidez en el intercambio de datos, lo

que ha contribuido también al incremento del número de

tratamientos de datos que se realizan cotidianamente. La

bondad que aportan estas técnicas es indudable respecto

del progreso de las sociedades modernas y de la calidad de

vida de los ciudadanos, pero se hace necesario garantizar el

equilibrio entre modernización y garantía de los derechos

de los ciudadanos.

485

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Esta ponderación entre derecho del ciudadano a preser-

var el control sobre sus datos personales y la aplicación de

las nuevas tecnologías de la Información es el contexto en el

que el Legislador consagra el derecho fundamental a la pro-

tección de datos de carácter personal. El derecho fundamental

a la protección de datos reconoce al ciudadano la facultad de

controlar sus datos personales y la capacidad para disponer y

decidir sobre los mismos.

Como resulta sobradamente conocido –y sin perjuicio

de iniciativas legislativas de muy diversa índole, cuyo obje-

tivo era regular el uso de la informática–, el llamado dere-

cho a la autodeterminación informativa nace en la República

Federal Alemana con la sentencia dictada por el Tribunal

Constitucional Federal Alemán (TCFA) en la sentencia so-

bre la Ley del Censo (HEREDERO Higueras, Manuel). El

TC federal alemán afirma en dicha sentencia que el derecho

general de la personalidad comporta la atribución al indivi-

duo de la capacidad de decidir, en el ejercicio de su autode-

terminación, qué extremos desea revelar de su propia vida.

Así, se interpretó que:

[…] «la autodeterminación del individuo presupone –también

en las condiciones de las técnicas modernas de tratamiento de

la información– que se conceda al individuo la libertad de deci-

sión sobre las acciones que vaya a realizar o, en su caso, a omitir,

incluyendo la posibilidad de obrar de hecho en forma conse-

cuente con la decisión adoptada. Esta libertad de decisión, de

control, supone además que el individuo tenga la posibilidad

de acceder a sus datos personales, que pueda, no sólo tener co-

nocimiento de que otros procesan informaciones relativas a su

persona, sino también someter el uso de éstas a un control, ya

que, de lo contrario, se limitará su libertad de decidir por auto-

determinación».

486 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

La consecuencia de este tipo de razonamientos es el reco-

nocimiento jurisprudencial de un derecho fundamental a la

autodeterminación informativa basado en el derecho general

de la personalidad y que ofrece protección frente a la recogi-

da, almacenamiento, utilización y transmisión ilimitada de los

datos de carácter personal y «garantiza la facultad del indivi-

duo de decidir básicamente por sí mismo sobre la difusión y

la utilización de sus datos personales».

Para la protección de esta prerrogativa la Ley Sustanti-

va prevé la acción de hábeas data (artículo 70, constitucio-

nal) definida como «el derecho que asiste a toda persona,

identificada o identificable, a solicitar judicialmente la exhi-

bición de los registros públicos o privados en los cuales están

incluidos sus datos personales o los de su grupo familiar, para

tomar conocimiento de su exactitud; a requerir la rectifica-

ción, la supresión de datos inexactos u obsoletos o que impli-

quen discriminación».

La Corte Constitucional de Colombia emitió la Sentencia

C-748/11, del seis (6) de octubre de dos mil once (2011), de-

cisión en la que ha interpretado, en resumen, que «el derecho

fundamental al hábeas data, es aquel que otorga la facultad

al titular de datos personales, de exigir a las administradoras

de datos personales el acceso, inclusión, exclusión, corrección,

adición, actualización, y certificación de los datos, así como la

limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o

cesión de los mismos, conforme a los principios que informan

el proceso de administración de base de datos personales».

Para el Tribunal Constitucional dominicano, como ór-

gano de justicia constitucional especializada y partiendo de

la doctrina desarrollada en el derecho comparado latinoa-

mericano y europeo, esta acción constitucional tiene rasgos

487

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

característicos similares al que refiere el derecho de autode-

terminación informativa como bien jurídico tutelado por el

hábeas data: dimensión sustancial como derecho en sí mismo,

e instrumental, es decir, como soporte para la cobertura tu-

telar de otros derechos, inter alias, los de intimidad, honor

dignidad. En este sentido, explica en su primer precedente

jurisprudencial sobre la materia, asentado en la Sentencia

TC/0024/13 que:

[…] «esta garantía está caracterizada por su doble dimensión:

1) una manifestación sustancial, que comporta el derecho a ac-

ceder a la información misma que sobre una persona se maneja;

y 2) una manifestación de carácter instrumental, en tanto per-

mite que la persona, a través de su ejercicio, proteja otros dere-

chos relacionados a la información, tales como: el derecho a la

intimidad, a la defensa de la privacidad, a la dignidad humana,

la información personal, el honor, la propia imagen, la identi-

dad, la autodeterminación informativa, entre otros. Desde esta

óptica, opera como un verdadero mecanismo de protección de

los derechos fundamentales».

El origen del hábeas data se explica en virtud del desa-

rrollo de las sociedades modernas, en las cuales el denomina-

do poder informático es una constante necesaria, traducida en

una exigencia general de disponibilidad de datos de personas

y entidades comerciales.

Ello tiende a producir un choque de intereses distintos y

contrapuestos: de una parte, quienes se ocupan de la informá-

tica (productores, gestores y distribuidores de datos) gozan de

la protección constitucional de sus actividades, al amparo de

clásicas normas de libertad de comercio, de trabajo, el dere-

cho de propiedad y la inviolabilidad de los documentos priva-

dos. De otra parte, aquellos que figuran como registrados en

488 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

los archivos o bancos de datos, por lo general personas físicas

cuyas direcciones, teléfonos, amistades, lugares y formas de

adquisición de bienes, entre otros, se publican en sistemas de

acceso más o menos abierto. La utilización indebida de esos

datos puede producir daños de diversa entidad, no sólo cuan-

do contienen información no actualizada, equivocada, anti-

gua, falsa o discriminatoria, sino incluso pueden ser utilizados

por secuestradores u otros grupos de delincuencia organizada.

El hábeas data, en consecuencia, busca una respuesta que

garantice los derechos de las sociedades registrantes y de las

personas registradas, organizando procedimientos jurídicos

de aseguramiento y permitiendo vías aptas para solventar las

diferencias entre ambas partes, todos ellos parte fundamental

del sistema procesal constitucional.

El derecho fundamental a la protección de datos perso-

nales deriva directamente de la Constitución y atribuye a los

ciudadanos un poder de disposición sobre sus datos, de modo

que, en base a su consentimiento, puedan disponer de los mis-

mos, artículo 44, constitucional, numeral 2: «Toda persona

tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que

sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o pri-

vados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los

mismos, con las limitaciones fijadas por la ley. El tratamiento

de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá

hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad,

seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial

competente la actualización, oposición al tratamiento, rec-

tificación o destrucción de aquellas informaciones que afec-

ten ilegítimamente sus derechos». El cese de la vulneración a

este derecho podrá ser requerido por la persona afectada me-

diante la acción de hábeas data, de la cual ha prescrito la Ley

489

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales se rige por el régimen procesal común del

amparo (artículo 64).

10.1.2 Datos personales e intimidad

La protección de los datos personales se ha vinculado

al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar,

por normas nacionales y supranacionales de diversa entidad,

como, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de

Datos del Parlamento Europeo y el Consejo317, de fecha 27 de

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre

circulación de estos datos. En su artículo 4.1 considera datos

personales «toda información sobre una persona física identi-

ficada o identificable (el interesado)». Considerando «persona

física identificable» a «toda persona cuya identidad pueda de-

terminarse, directa o indirectamente, en particular mediante

un identificador, como por ejemplo un nombre, un número

de identificación, datos de localización, un identificador en

línea o uno o varios elementos propios de la identidad física,

fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de

dicha persona».

Aunque el artículo 12 de la Declaración Universal de De-

rechos Humanos318 no contiene referencia a la protección de

317 Disponible en línea: https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

318 El texto dispone así: «Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada,

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su repu-

tación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o

ataques». Ejemplar disponible en la dirección electrónica oficial de la ONU, https://

www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf

490 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

datos personales, diferentes instancias jurisdiccionales inter-

nacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

ha considerado una vulneración de la intimidad el almacena-

miento y comunicación de datos personales (estrictamente, de

datos relativos a la «vida privada»).319

10.1.3 Relación entre el Estado Social de Derecho y el derecho

fundamental de datos personales.

El concepto de Estado Social de Derecho nació en Eu-

ropa en la segunda mitad del siglo XX, como una forma de

organización estatal encaminada a realizar la justicia social y

la dignidad humana mediante la sujeción de las autoridades a

los principios, derechos y deberes sociales de orden constitu-

cional.320

En esa medida, el presupuesto central sobre el cual se

construye este tipo de organización política es el de una ín-

tima e inescindible interrelación entre las esferas del Estado

y de la sociedad, visualizada no ya como ente compuesto por

sujetos libres e iguales, de manera abstracta y según se percibía

bajo la fórmula clásica del Estado liberal decimonónico.

319 SENTENCIA 26 MARZO 1987. ASUNTO LEANDER CONTRA SUECIA. De-

recho a la privacidad y el tratamiento automatizado de datos. — El afectado había

sido rechazado para ocupar un puesto de trabajo a partir de un informe desfavorable

en el que se le consideraba una persona peligrosa para la seguridad nacional. A pesar

de estimar que las garantías del sistema sueco cumplían los requisitos del párrafo 2

y que por tanto los intereses de la seguridad, advertía con carácter general de que el

almacenamiento y la comunicación de los datos relativos a la vida privada del deman-

dante y la negativa a permitirle refutar tales datos, significaban una injerencia en su

derecho al respeto a la vida privada garantizada por el artículo 8 del Convenio Euro-

peo. Disponible en: https://international.vlex.com/vid/case-of-leander-v-870634170

320 BÖCKENFÖRDE (Ernst Wolfgang), Estudios sobre Estado de Derecho y Democracia,

Madrid, Ed. Trotta, 2000, p. 37.

491

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Actualmente, sin embargo, el Estado Social de Derecho

no se limita a asegurar la vida, la propiedad y la libertad me-

diante funciones típicas o características del Estado gendarme,

sino que, al menos en nuestro caso, se trata de una organiza-

ción estatal fundada «en el respeto de la dignidad humana,

los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y

la separación e independencia de los poderes públicos», regi-

da por «valores supremos» y «principios fundamentales» tales

como la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia,

la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el

equilibrio ecológico, el progreso y la paz entendidos como fac-

tores esenciales para la cohesión social (Preámbulo de la Carta

Sustantiva de 2015).

10.1.4 El derecho fundamental de protección de datos

personales

El nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la di-

rección postal o la dirección de correo electrónico, el número

de teléfono, el número de identificación fiscal, el número de

matrícula del coche, la huella digital, el ADN, una fotografía,

el número de seguridad social son datos que identifican a una

persona, ya sea directa o indirectamente.

El derecho fundamental a la protección de datos perso-

nales deriva directamente de la Constitución y atribuye a los

ciudadanos un poder de disposición sobre sus datos, de modo

que, en base a su consentimiento, puedan disponer de los mis-

mos (artículo 44 numeral 2 de la Carta Sustantiva de 2015).

Una persona facilita sus datos personales cuando abre una

cuenta en el banco, cuando se matricula en un curso de idio-

mas, cuando se apunta al gimnasio, cuando solicita participar

492 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

en un concurso, cuando reserva un vuelo o un hotel, cuando

pide hora para una consulta médica, cuando busca trabajo,

cada vez que efectúa un pago con su tarjeta de crédito, cuando

navega por Internet, en fin, son múltiples los rastros de datos

que se dejan a menudo en todas estas gestiones.

Ello supone que el desarrollo y la aplicación de las nue-

vas tecnologías ha introducido comodidad y rapidez en el

intercambio de datos, lo que ha contribuido también al in-

cremento del número de tratamientos de datos que se reali-

zan cotidianamente. La bondad que aportan estas técnicas es

indudable respecto del progreso de las sociedades modernas y

de la calidad de vida de los ciudadanos, pero se hace necesario

garantizar el equilibrio entre modernización y garantía de los

derechos de los ciudadanos.

Esta ponderación entre derecho del ciudadano a preser-

var el control sobre sus datos personales y la aplicación de las

nuevas tecnologías de la Información es el contexto en el que

el Legislador consagra el derecho fundamental a la protección

de datos de carácter personal.

El derecho fundamental a la protección de datos recono-

ce al ciudadano la facultad de controlar sus datos personales y

la capacidad para disponer y decidir sobre los mismos.

Como resulta sobradamente conocido –y sin perjuicio de

iniciativas legislativas de muy diversa índole, cuyo objetivo

era regular el uso de la informática–, el llamado derecho a la

autodeterminación informativa nace en la República Federal

Alemana con la sentencia dictada por el Tribunal Constitu-

cional Federal Alemán (TCFA) en la sentencia sobre la Ley

del Censo321. El TC federal alemán afirma en la sentencia que

321 HEREDERO HIGUERAS (Manuel), «La sentencia del Tribunal Constitucional de

la República Federal Alemana relativa al censo de población de 1983», No. 198,

493

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

el derecho general de la personalidad comporta la atribución

al individuo de la capacidad de decidir, en el ejercicio de su

autodeterminación, qué extremos desea revelar de su propia

vida. Así, se interpretó que:

[…] «la autodeterminación del individuo presupone –también

en las condiciones de las técnicas modernas de tratamiento de la

información– que se conceda al individuo la libertad de decisión

sobre las acciones que vaya a realizar o, en su caso, a omitir, in-

cluyendo la posibilidad de obrar de hecho en forma consecuente

con la decisión adoptada. Esta libertad de decisión, de control,

supone además que el individuo tenga la posibilidad de acceder

a sus datos personales, que pueda, no sólo tener conocimiento

de que otros procesan informaciones relativas a su persona, sino

también someter el uso de estas a un control, ya que, de lo con-

trario, se limitará su libertad de decidir por autodeterminación».

La consecuencia de este tipo de razonamientos es el reco-

nocimiento jurisprudencial de un derecho fundamental a la

autodeterminación informativa basado en el derecho general

de la personalidad y que ofrece protección frente a la recogi-

da, almacenamiento, utilización y transmisión ilimitada de los

datos de carácter personal y «garantiza la facultad del indivi-

duo de decidir básicamente por sí mismo sobre la difusión y

la utilización de sus datos personales.

10.2 Evolución local del derecho de datos personales

La primera ley al respecto fue la número 288-05, de fecha

dieciocho (18) días de agosto del año dos mil cinco (2005),

1983, pp. 139-158, Revista de la Universidad Abierta de Cataluña, disponible en lí-

nea: https://revistasonline.inap.es/index.php/DA/article/view/4687/4741

494 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

que regula los Burós o Sociedades de Intermediación Credi-

ticia y de Protección al Titular de la Información. Los prime-

ros burós de crédito o sociedades de información crediticia en

realidad comenzaron a operar antes del año 2005, fecha en la

cual se aprobó la Ley 288, con el propósito de:

[…] «regular la constitución, organización, actividades, fun-

cionamiento y extinción de las Sociedades de Información

Crediticia, así como la prestación de los servicios de referen-

cias crediticias y el suministro de la información en el mer-

cado, garantizando el respeto a la privacidad y los derechos

de los titulares de la misma, reconocidos por la Constitución

Política de la República Dominicana y la legislación vigente,

promoviendo la veracidad, la precisión, la actualización efec-

tiva, la confidencialidad y el uso apropiado de dicha informa-

ción, con el fin de minimizar el riesgo y contribuir al correcto

funcionamiento del sistema bancario, financiero, crediticio y

económico del país».

Cuando se aprobó la Ley núm. 288-05, en nuestra opi-

nión, debió aprovecharse para resolver todos los problemas

vinculados a la comercialización de datos personales, o sea,

consagrar la acción especial de «habeas data» en términos

amplios, acción constitucional cuyo objetivo es asegurar el

conocimiento de informaciones relativas a la persona del

solicitante que conste en los registros o bancos de datos de

las entidades del Estado (o de carácter público), así como

positivizó el derecho a la rectificación y actualización de

datos. Este factor es probablemente el único que la legis-

lación dominicana no contempló (el restante aspecto es el

acceso a la información gubernamental, regulado por una

ley especial número 200-04), excepto por la difusión de los

datos judiciales, uno de los problemas más sensibles de la

495

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

publicación de datos personales, representando un aprecia-

ble inconveniente322.

En todo caso, en el texto de la ley se denominan Burós

de Información Crediticia (BIC): a las sociedades comercia-

les que se dedican a recopilar, organizar, almacenar, con-

servar, comunicar, transferir o transmitir Datos sobre los

Consumidores, bienes o servicios relacionados con estos,

así como cualquier otra información suministrada por la

Superintendencia de Bancos, las Entidades Públicas defini-

das en la presente Ley, u otras de carácter y dominio públi-

co, ya sea por su procedencia o por su naturaleza, a través

de procedimientos técnicos, automatizados o no, en for-

ma documental, digital o electrónica. Actualmente rige la

Ley núm. 172-13, ya referida. De acuerdo con esta norma,

lo permitido es la publicidad de «información crediticia»,

esencialmente, que a su vez se define como la información

de carácter económico, financiero, bancario o comercial re-

lacionada a un consumidor sobre sus obligaciones, historial

de pago, garantías, clasificación de deudor, de tal modo

que permita la correcta e inequívoca identificación, locali-

zación, y descripción del nivel de endeudamiento del titu-

lar en un determinado momento.

El uso de información privada ha permitido nuevas for-

mas de servicio. Sin embargo, la necesidad de brindar una

protección adecuada contra el posible mal uso de la infor-

mación es una preocupación válida tanto para los individuos

como para los Estados, por las posibles implicaciones legales

que su uso genere.

322 RODRÍGUEZ (Namphi), Elementos de Derecho de la Información, Santo Domingo,

Búho, 2004, p. 71.

496 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

El habeas data, como se ha dicho antes, es un derecho de

reciente creación, y por lo tanto, es una garantía constitucional

moderna, aunque su denominación sea, mitad en latín y mitad

en inglés. Su nombre se ha tomado parcialmente del antiguo

instituto del habeas corpus, en el cual el primer vocablo signi-

fica «conserva o guarda tus…», y del inglés «data», sustantivo

plural que significa «información o datos». Por lo tanto, en una

traducción literal sería «conserva o guarda tus datos».323

10.3 Acción constitucional de habeas data

La Constitución brasileña de 1988 es la primera en in-

troducir la acción de habeas data, cuya naturaleza es la de una

acción destinada a garantizar el derecho de los ciudadanos al

acceso y la rectificación de sus datos personales en posesión

de terceros. Esta figura brasileña influyó en su entorno geo-

gráfico, de tal manera que se encuentra hoy en países como:

Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú,

Uruguay y Venezuela.

La presencia de esta acción en varios ordenamientos lati-

noamericanos está vinculada a razones de orden geopolítico.

Un instituto de este tipo tenía una especial razón de ser en

sociedades recién salidas de regímenes militares, como era el

caso de diversos países latinoamericanos a partir de la década

de 1980, en los cuales persistía el trauma causado por el uso

autoritario de la información como instrumento de represión

política (por ejemplo, la información contenida en registros

policiales a los que antes no se tenía acceso). Esta herramienta

323 EKMEKDJIAN (Miguel Ángel) y PIZZOLO (Calogero), Habeas data. El derecho a

la intimidad frente a la revolución informática, Buenos Aires, Depalma, 1996, p. 1.

497

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

fue concebida para permitir al ciudadano conocer directa-

mente y, en caso necesario, rectificar las informaciones que

sobre él se almacenan en bases de datos.

La acción de habeas data se define como «el derecho que

asiste a toda persona, identificada o identificable, a solicitar

judicialmente la exhibición de los registros públicos o priva-

dos en los cuales están incluidos sus datos personales o los de

su grupo familiar, para tomar conocimiento de su exactitud;

a requerir la rectificación, la supresión de datos inexactos u

obsoletos o que impliquen discriminación».

Esta herramienta tiende a proteger a la persona contra

calificaciones sospechosas incluidas en registros (especial-

mente estatales, aunque también pueden serlo privados),

que –sin darle derecho de contradecirlas— pueden llegar a

perjudicarle de cualquier modo».324 Es de destacar, nueva-

mente, que la protección de datos no ha sido creada para

proteger a los datos per se, sino a las personas titulares de

estos, para resguardarlas de arbitrariedades por parte del ma-

nejo que de dicha información personal hagan los responsa-

bles de los bancos de datos.

La Corte Constitucional de Colombia emitió la Sen-

tencia C-748/11, del seis (6) de octubre de dos mil once

(2011), decisión en la que ha interpretado, en resumen, que

«el derecho fundamental al habeas data, es aquel que otor-

ga la facultad al titular de datos personales, de exigir a las

administradoras de datos personales el acceso, inclusión,

exclusión, corrección, adición, actualización, y certificación

de los datos, así como la limitación en las posibilidades de

324 EKMEKDJIAN (Miguel Ángel) y PIZZOLO (Calogero), Habeas data. El derecho…,

obra citada, pp. 1—2.

498 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

divulgación, publicación o cesión de los mismos, conforme

a los principios que informan el proceso de administración

de base de datos personales»325.

Para el Tribunal Constitucional dominicano, como ór-

gano de justicia constitucional especializada y partiendo de

la doctrina desarrollada en el derecho comparado latinoa-

mericano y europeo, esta acción constitucional tiene rasgos

característicos similares al que refiere el derecho de autode-

terminación informativa como bien jurídico tutelado por el

habeas data: dimensión sustancial como derecho en sí mismo,

e instrumental, es decir, como soporte para la cobertura tu-

telar de otros derechos, inter alias, los de intimidad, honor

dignidad326.

En este sentido, explica en su primer precedente ju-

risprudencial sobre la materia, asentado en la Sentencia

TC/0024/13 que:

[…] «esta garantía está caracterizada por su doble dimensión:

1) una manifestación sustancial, que comporta el derecho a ac-

ceder a la información misma que sobre una persona se maneja;

y 2) una manifestación de carácter instrumental, en tanto per-

mite que la persona, a través de su ejercicio, proteja otros dere-

chos relacionados a la información, tales como: el derecho a la

intimidad, a la defensa de la privacidad, a la dignidad humana,

la información personal, el honor, la propia imagen, la identi-

dad, la autodeterminación informativa, entre otros. Desde esta

óptica, opera como un verdadero mecanismo de protección de

los derechos fundamentales».

325 Disponible en el sitio oficial de la Sala Constitucional de Colombia: https://www.

corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-748-11.htm

326 Ver también la sentencia TC-0014-16, que define al habeas data como garantía fun-

damental que propende a la concreción, nodalmente, del derecho a la protección de datos

personales.

499

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

10.3.1 Protección de las bases de datos y manejo formal

La responsabilidad por la alteración de las bases de datos

no es responsabilidad de los burós de información crediticia

sino de los aportantes de datos, que deben adoptar las medi-

das y controles técnicos necesarios para evitar la alteración,

pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de los datos sobre

historial de crédito que manejen. En todo caso, las sociedades

de información crediticia deben adoptar medidas tendentes a

la protección de sus Bases de Datos contra los riesgos natura-

les, como la pérdida accidental o la destrucción por siniestro,

y contra los riesgos humanos, como el acceso sin autorización,

la utilización encubierta de datos o la contaminación por vi-

rus informáticos.

No obstante, es responsabilidad mínima de los burós de

información crediticia recolectar información sólo si se obtie-

ne por medios legales, quedando formadas por la información

proporcionada directamente por los Aportantes de Datos so-

bre las operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga

que estos últimos otorgan a sus Consumidores, en la forma y

términos en que se reciba de los Aportantes de Datos, lo que

necesariamente incluye cualquier otra información suminis-

trada por la Superintendencia de Bancos u otras informacio-

nes provenientes de Entidades Públicas, ya sea por su proce-

dencia o por su naturaleza. Asimismo, los datos recolectados

sólo pueden utilizarse para los fines de ley.

La información debe ser exacta y veraz, tanto como

sea posible para reflejar la situación real del titular de la in-

formación. En este sentido, es obligación de los aportantes

de datos suministrar a las sociedades de información cre-

diticia los datos actualizados de sus clientes, por lo menos

una vez al mes.

500 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

En sentido general, ninguna de estas atribuciones y obli-

gaciones puede entenderse derogada. Lo que ocurre, sin lugar

a duda, es que la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Consti-

tucional y de los Procedimientos Constitucionales, ha tras-

tornado seriamente las reglas procesales del habeas data, al

adjudicarles un procedimiento impropio e innecesario, que

ya existía y al que solamente había que designarle un único

recurso contra las decisiones de primera instancia: la revisión

por ante el Tribunal Constitucional.

El origen del habeas data se explica en virtud del desarro-

llo de las sociedades modernas, en las cuales el denominado

poder informático es una constante necesaria, traducida en una

exigencia general de disponibilidad de datos de personas y en-

tidades comerciales.

Ello tiende a producir un choque de intereses distintos y

contrapuestos: de una parte, quienes se ocupan de la informá-

tica (productores, gestores y distribuidores de datos) gozan de

la protección constitucional de sus actividades, al amparo de

clásicas normas de libertad de comercio, de trabajo, el dere-

cho de propiedad y la inviolabilidad de los documentos priva-

dos. De otra parte, aquellos que figuran como registrados en

los archivos o bancos de datos, por lo general personas físicas

cuyas direcciones, teléfonos, amistades, lugares y formas de

adquisición de bienes, entre otros, se publican en sistemas de

acceso más o menos abierto. La utilización indebida de esos

datos puede producir daños de diversa entidad, no sólo cuan-

do contienen información no actualizada, equivocada, anti-

gua, falsa o discriminatoria, sino incluso pueden ser utilizados

por secuestradores u otros grupos de delincuencia organizada.

El habeas data, en consecuencia, busca una respuesta que

garantice los derechos de las sociedades registrantes y de las

501

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

personas registradas, organizando procedimientos jurídicos

de aseguramiento y permitiendo vías aptas para solventar las

diferencias entre ambas partes, todos ellos parte fundamental

del sistema procesal constitucional.

10.3.2 Derecho a la privacidad, a la intimidad y datos

personales

El derecho a la privacidad es aquel que protege física y psi-

cológicamente al individuo de intromisiones no deseadas por

este, provenientes de terceros. La privacidad constituye un ám-

bito de difícil delimitación, por lo que queda sujeta a las dispo-

siciones normativas existentes y al voto de confianza que los ciu-

dadanos hagan a sus tribunales, instancias que al estudiar cada

caso en concreto, habrán de decidir además de lo conducente

por la ley, lo que proceda según las circunstancias particulares.

Se dice que la privacidad y la intimidad, constituyen con-

ceptos que si bien son parecidos, no son idénticos dado su ám-

bito de protección, del cual se deduce que la privacidad sería el

género y la intimidad la especie.327 La Real Academia Española

(RAE) nos dice que la privacidad es el ámbito de la vida privada

que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión; mien-

tras que la intimidad es aquella zona espiritual íntima y reserva-

da de una persona o de un grupo, especialmente de una familia.

Con relación a las definiciones que la RAE proporciona,

la privacidad es constituida –valga la redundancia— por la

vida privada, y es sabido que, esta comprende el desenvol-

vimiento de la actividad de la persona, en sus dos facetas: la

externa y la interna. La primera, se refiere al comportamiento

327 Enciclopedia Jurídica Omeba, versión digital, Argentina, 2005. p. 28.

502 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

del individuo, que ya sea de forma solitaria o grupal, tiene

una proyección física al exterior, por ejemplo, ir al cine solo o

acompañado (por amigos, familia, etc.). La segunda, se puede

situar en el campo del pensamiento, las ideas y los sentimien-

tos, por ejemplo, el que cada uno tenga la ideología política,

religiosa y moral que así desee.

La intimidad es una necesidad humana y un derecho na-

tural del hombre por lo que es independiente y anterior a su

regulación mediante la ley.

El término íntimo viene de intimus, superlativo latino

que significa lo más interior. Según el diccionario de la Real

Academia de la Lengua Española, es la zona espiritual y re-

servada de una persona o un grupo, especialmente una familia.

Como se verá más adelante, es ese el concepto guía de la doc-

trina jurisprudencial sobre el tema328.

El hombre como titular de derechos debe defenderse y

ser defendido por el Estado de las injerencias indebidas de los

poderes públicos, sus órganos, sus agentes y de los ataques a

la intimidad causados por otros individuos. Tan relevante es

la preservación de este derecho, que ha sido consignado en

el artículo 12 en la Declaración Universal de los Derechos

Humanos (ONU) del 10 de diciembre de 1948. De la misma

manera se lo menciona en el artículo 11 del Pacto de San José

de Costa Rica 1984. En la actualidad, el tratamiento de estos

derechos se aborda desde distintas perspectivas:

§ Desde la óptica del Derecho Constitucional (recono-

cimiento como garantías individuales/derechos fun-

damentales);

328 CAMARGO (Pedro Pablo), La problemática mundial de los derechos humanos, Bogo-

tá, Editorial Retina, 1974, p. 6.

503

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

§ Desde la óptica del Derecho Penal (las conductas que

atentan más gravemente contra estos bienes se tipifi-

can como delito)

§ Desde la óptica del Derecho Privado: cuando la le-

sión proviene de particulares.

La intimidad corresponde al ámbito psicológico del in-

dividuo, dando forma a su personalidad, sus valores morales

y religiosos, sus tendencias sexuales y amorosas, sus orienta-

ciones ideológicas. Lo íntimo está más fuera del alcance del

interés público que lo privado. La intimidad es entendida en

términos de derecho fundamental, individual, natural, invio-

lable que debe desarrollarse en una esfera de acción propia,

independiente o autónoma.329

Se trata de un «derecho subjetivo» puesto que le corres-

ponden facultades que se ejercen sobre un objeto interior a la

persona y con pretensión de respeto hacia todos los demás,

quienes son las personas del deber correlativo: facultad, obje-

to, deber y norma que lo reconoce y regula, caracterizado de

la siguiente manera:

- Es innato ya que se configura con el comienzo mismo

de la persona; Es vitalicio por su trayectoria ad vitam;

- Es necesario porque no puede faltarle salvo que se des-

naturalizara a la persona;

- Esencial, al no depender de una adquisición posterior y

exterior; Inherente, en razón de su intransmisibilidad;

- Extrapatrimonial, por la imposibilidad de evaluarlo

en dinero;

329 CÓRDOBA (Francisco), La Carta de Derechos y la Jurisprudencia de la Corte Intera-

mericana, Bogotá, Temis, 1995, p. 22.

504 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

- Relativamente indisponible, puesto que solamente re-

sulta posible consentir temporaria y parcialmente la

disposición dando un nuevo destino al derecho;

- Absoluto, por ser oponible erga omnes;

- Privado, en virtud de que se trata especialmente el

problema de la interferencia entre particulares;

- Autónomo, en orden a que todas las connotaciones

enunciadas lo muestran como un derecho singular,

no identificable más que con los personalísimos,

también llamados derechos de la personalidad, los

cuales participan de igual naturaleza jurídica y ca-

racteres.

También se entiende el derecho de intimidad, sin per-

juicio de lo expuesto, como uno de los contenidos de un

derecho más amplio o abarcador, denominado «derecho a

la dignidad».

Para esta postura se trata de la facultad que tiene cada

persona de disponer de una esfera, ámbito privado o reducto

infranqueable de libertad individual, el cual no puede ser in-

vadido por terceros, ya sean particulares o el propio Estado,

mediante ningún tipo de intromisiones.

Esta postura considera que el derecho a la intimidad no

es autónomo, sino que es parte de otra categoría de derecho

(en el caso a la dignidad) que lo abarca. Disentimos con esta

opinión ya que es posible advertir que su análisis del tema

comienza a partir de evaluar al derecho a la intimidad con un

cierto rango de inferioridad respecto a otro derecho más gené-

rico y, por lo tanto, superior.

A nuestro criterio, ambos derechos, tanto a la dignidad

como a la intimidad, merecen ser tratados separadamente

505

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

ya que protegen zonas intangibles del ser humano que se

relacionan pero que son de naturaleza claramente diferentes.

330

En 1844, cuando se creó la primera Constitución domini-

cana, no había teléfonos, ni televisión, ni computadoras ni ins-

trumentos de alta tecnología de la información y comunicación.

De modo que, históricamente, la protección de la intimidad se

expuso de manera muy limitada en el ámbito constitucional

dominicano, siendo el texto original respetado más o menos

íntegramente, hasta que en 2002 la reforma de ese año dejó la

protección como sigue: Constitución dominicana (2002). Art.

8.9.— La inviolabilidad de la correspondencia y demás documen-

tos privados, los cuales no podrán ser ocupados ni registrados sino

mediante procedimientos legales en la substanciación de asuntos

que se ventilen en la justicia. Es igualmente inviolable el secreto de

la comunicación telegráfica, telefónica y cablegráfica.

Se trata de una protección limitada, tanto por la posibi-

lidad de que un proceso judicial en curso afecte la garantía

como por el tipo de instrumentos cuyo uso se define prote-

gido, que no incluye la comunicación mediante equipos pro-

pios de tecnologías de información y comunicación como las

computadoras.

Estas limitaciones obligaron a reinterpretaciones que hi-

cieron posible la protección no ya de la comunicación en sí

misma, sino de una derivación de la comunicación que lo es la

intimidad de quienes la sostienen, lo que puede hacerse sobre

cualquier medio empleado.

La solución constitucional fue provista por el artículo

10 de texto constitucional, en virtud del cual se establecía

330 MALDONADO (Carlos Eduardo), Hacia una fundamentación filosófica de los dere-

chos humanos, Bogotá, Arango Editores, 1999, p. 43.

506 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

que la enumeración de los derechos descritos por los artí-

culos 8 y 9 constitucionales no era limitativa y, por consi-

guiente, no excluía otros derechos y deberes de igual natura-

leza.

De esa forma, la intimidad y el secreto estaban protegi-

dos en la medida que resultaran ser derechos fundamentales

aceptados por el orden internacional, y tanto, por ese hecho,

como por el reconocimiento de la existencia del Bloque de

Constitucionalidad operado por la Resolución 1920/20003

de la Suprema Corte de Justicia, tenían plena vigencia en el

derecho interno dominicano. La Corte de Casación lo resol-

vió admirablemente en varias decisiones, entre las cuales se

escoge, por la belleza del texto, la que sigue:

(…) Considerando, que cuando la Constitución Dominicana

expone la inviolabilidad del domicilio, al hacer una interpre-

tación estricta de dicho postulado, pretende proteger como

valor o bien jurídico, aquel espacio en el cual la persona vive

sin estar sujeto necesariamente a los usos, costumbres y con-

vencionalismos sociales y ejerce plenamente el valor de la li-

bertad más íntima en forma individual o junto a los suyos

y o particulares para satisfacer sus necesidades, garantizando

de ese modo la intangibilidad formal de dicho espacio y, de

manera indirecta, uno de los postulados más sagrados, la in-

timidad, propio de la naturaleza e inherente al ser humano,

con las solas limitaciones impuestas por la ley, tal y como lo

determina la propia Constitución;331

La definición del bien jurídico protegido marca el conte-

nido del derecho a la intimidad como el respeto de las formas

331 República Dominicana. Suprema Corte de Justicia. B.J. 1146, sentencia No. 91 de

fecha 23 de junio, 2006. www.suprema.gov.do. Ver: artículo 337 de la Ley 24-97,

sobre Violencia Intrafamiliar.

507

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

de vida personales, un ámbito dentro del cual no puede entrar

otra persona.

Es razonable que la Protección de la intimidad y el secreto

de las comunicaciones se realizara, consecuentemente, en forma

de protección a derechos individuales denominados de primera

generación, y que con el paso del tiempo se modificara el contexto

de la protección hasta llegar a su forma actual, que es la siguiente:

Artículo 44. — Derecho a la intimidad y el honor personal. Toda

persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no

injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspon-

dencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nom-

bre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole

está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley.

El citado artículo 44 constitucional prevé dos excepcio-

nes relevantes para esta investigación, a saber:

* En el numeral 44.2 de la carta magna se establece que

toda persona tiene el derecho a acceder a la información y

a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los regis-

tros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso

que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por

la ley. El tratamiento de los datos e informaciones persona-

les o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de

calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar

ante la autoridad judicial competente la actualización, opo-

sición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas

informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos. De

acuerdo con esta disposición, si se creara una base de datos

con registros genéticos, sería permisible constitucionalmente

con la excepción de información al titular y preservación de

los derechos de rectificación e incluso destrucción del registro.

508 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

* En el numeral 4 del citado artículo 44 constitucional

se dispone que el manejo, uso o tratamiento de datos e infor-

maciones de carácter oficial que recaben las autoridades en-

cargadas de la prevención, persecución y castigo del crimen,

sólo podrán ser tratados o comunicados a los registros públi-

cos, a partir de que haya intervenido una apertura a juicio,

de conformidad con la ley. Conforme a este criterio, el uso

de huellas genéticas sería permisible a partir de la apertura a

juicio, respetando el criterio de secreto para los terceros de la

investigación preliminar. No obstante, esa permisión abre la

vía para que se coloquen informaciones particulares antes de

la emisión de la sentencia, la que puede ser de descargo, origi-

nándose con ello un daño más o menos grave a la imagen de

las personas.

10.3.3 Bien jurídico protegido

El derecho a la intimidad normalmente conlleva el poder

jurídico de rechazar intromisiones ilegitimas en la esfera pro-

tegida y, correlativamente, decidir libremente y dentro de ella

la propia conducta, estamos pues frente a un típico derecho

de defensa. Sin embargo, la técnica del derecho a la protección

de datos personales es más compleja y amplia, ya que por un

lado combina poderes del individuo frente a terceros (límites

y prohibiciones) con diversas garantías instrumentales y; por

otro lado, los datos que se protegen no tienen por qué ser

íntimos, basta con que sean personales, aun cuando parezcan

inofensivos.332

332 RUIZ MIGUEL (Alfonzo), «Constitucionalismo y Democracia», en Revista Isonomía

Nº 21, Universidad Autónoma de Madrid, 2004, p. 241.

509

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Por su parte, Ricard Martínez Martínez333 señala que el

bien protegido por el derecho a la vida privada no es otro

que la información personal, es más, cualquier tipo de in-

formación personal susceptible de revelar aspectos privados

del individuo, ya sea por sí sola, o mediante su consideración

conjunta con otras informaciones o gracias a la realización de

algún tipo de tratamiento.

Sin embargo, es importante aclarar que el derecho a la

protección de datos personales no protege a los datos per se,

sino al titular de estos, ya que la información por sí sola no

implica un peligro, sino la asociación de esta con una deter-

minada persona.

10.4 Procedimiento

Toda persona podrá interponer una acción judicial para

conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella cons-

ten en registros o bancos de datos públicos o privados, y en

caso de discriminación, inexactitud o error, exigir la suspen-

sión, rectificación y la actualización de aquellos. Esta acción

se podrá interponer si luego de transcurrido el plazo máximo

de diez (10) días el responsable del banco de datos no obtem-

pera al requerimiento. En los casos de cesión o transferencia

de datos, el responsable o usuario del banco de datos debe

notificar la rectificación o supresión al cesionario dentro de

cinco (05) días hábiles de efectuado el tratamiento del dato.

Por su parte, en cuanto a la supresión, queremos resaltar que

333 MARTÍNEZ (Ricard), Vida privada en Internet. La monitorización informática, Ma-

drid, Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, ISSN-e 1988-

1797, N.º 8, 2004, p. 47.

510 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

la misma no procede cuando pudiese causar perjuicios a de-

rechos o intereses legítimos de terceros o cuando existiera una

obligación contractual o legal de conservar los datos. En el

caso de las personas fallecidas, el ejercicio del derecho que

confiere la ley les corresponderá a sus sucesores. Cabe des-

tacar que el usuario del banco de datos debe proporcionar

la información solicitada por el titular de los datos dentro

de los cinco (05) días hábiles posteriores a haber sido hecha

de manera personal dicha solicitud, o vía acto de alguacil.

Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, el titular de

los datos podrá incoar una acción judicial ante un Juzgado de

Primera Instancia para conocer de la existencia y acceder a los

datos que de él consten en registros o bancos de datos públi-

cos o privados. Los titulares de datos tendrán el derecho de

solicitar a la Sociedad de Información Crediticia su historial

crediticio o reporte de crédito.334 Este derecho será ejercido

en forma gratuita cuatro (4) veces por año, y a intervalos no

inferiores a tres (3) meses, salvo que se demuestre un interés

legítimo al efecto.

En sentido general, todo aquel que como consecuencia

del incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 173—12 sufra

daños y perjuicios, tiene el derecho a ser indemnizado confor-

me al derecho común, no obstante, existen algunos supuestos

que dan lugar a infracciones civiles o penales de las cuales

pueden ser culpables tanto cualquier persona como las SIC,

quedando las últimas sometidas al control administrativo de

la Superintendencia de Bancos

334 Es la información crediticia proporcionada por la SIC a un titular de la informa-

ción, usuario o suscriptor que la haya solicitado, presentada en forma documental,

digital o electrónica, de conformidad con la Ley No. 172-13, de fecha 13 de di-

ciembre de 2013.

511

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

10.5 Competencia

El habeas data es de la competencia del tribunal o juz-

gado de primera instancia del lugar donde se haya manifes-

tado el acto u omisión cuestionada (Art. 72, Ley 137-11).

Sin embargo, por efecto de la Ley 50—00, del año 2000,

en Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago el juz-

gado de primera instancia se divide en salas y no en cáma-

ras, como ocurría anteriormente y sigue ocurriendo en otras

demarcaciones. Esta posibilidad ha sido prevista por el le-

gislador de la 137-11, al disponer en el párrafo del Art. 72

que allí donde el tribunal se divida en salas, se apoderará de

este procedimiento constitucional al juez cuya competencia

tenga mayor afinidad y relación con el derecho violado. En

Santo Domingo, el Distrito Nacional y en Santiago la forma

de apoderamiento es al juez Coordinador del Tribunal, por

instancia escrita. Este juez lo prorratea entre las salas, de ma-

nera aleatorias, sólo que en el Distrito Nacional se apodera

directamente la sala.

10.5.1 Infracciones Civiles

Se considerarán infracciones civiles: 1. Denegar, sin fun-

damento, una solicitud presentada por un titular de datos,

para revisar, corregir o cancelar datos personales. 2. Negarse a

modificar o a cancelar la información de un titular de la infor-

mación, luego de que este haya obtenido un pronunciamiento

favorable en un procedimiento seguido de conformidad con

lo establecido en la presente ley. 3. Infringir de manera grave

o reiterada las disposiciones de las sentencias de los tribunales

civiles con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

512 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

10.5.2 Consagración de infracciones penales en materia de

datos personales

Se considerarán infracciones penales en esta materia:

1. Acceder a los datos personales de un titular sin ha-

ber obtenido de este autorización, siendo esto sancionado

con multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos

vigentes, sin perjuicio de las reparaciones que procedan por

los daños y perjuicios conforme a las normas del derecho

común.

2. Cuando cualquier persona física utilice o facilite un re-

porte de crédito proveniente de una SIC con la finalidad de la

comisión de un delito, se impondrá una sanción equivalente a

prisión correccional de seis meses a dos años.

3. Se considerará una circunstancia agravante del crimen,

el hecho de que un usuario de una SIC haga uso de un reporte

de crédito con la finalidad de la comisión de un crimen.

4. El usuario de una SIC que dé al reporte de crédito un

uso distinto al que se haya consignado en la autorización del

cliente o consumidor, será sancionado con multa que irá de

diez (10) a cien (100) salarios mínimos vigentes, sin perjuicio

de las reparaciones que procedan por los daños y perjuicios

conforme a las normas del derecho común.

5. Cuando una persona física haya accedido de manera

fraudulenta a la base de datos de una SIC para obtener y utili-

zar cualquier tipo de reporte, será sancionada con multa entre

veinte (20) a cien (100) salarios mínimos vigentes, sin perjui-

cio de las reparaciones que procedan por los daños y perjuicios

conforme a las normas del derecho común. En caso de que

el uso indebido de dicho reporte haya tenido como finalidad

la comisión de un delito, se impondrá a la persona física que

haya accedido fraudulentamente al reporte y a quien lo utilice

513

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

o se prevalezca de este, una sanción equivalente a prisión co-

rreccional de seis meses a dos años.

6. Cualquier persona que viole las disposiciones conte-

nidas en la Ley 172—13, será sancionada con prisión correc-

cional de seis (06) meses a dos (02) años, y una multa de

cien (100) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos vigentes.

Igual sanción será impuesta a quien, fuera de los fines estable-

cidos en la ley, divulgue, publique, reproduzca, transmita o

grabe el contenido parcial o total de un reporte de cualquier

tipo proveniente de una SIC, referente a un titular de los da-

tos, en cualquiera de sus manifestaciones y en cualquier me-

dio de comunicación masiva, sea impreso, televisivo, radial o

electrónico.

* * *

SUMARIO

El nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la dirección

postal o la dirección de correo electrónico; el número de telé-

fono, el número de identificación fiscal, el número de matrí-

cula del automóvil, la huella digital, el ADN, una fotogra-

fía, el número de seguridad social, todos esos son datos que

identifican a una persona, ya sea directa o indirectamente.

Se denominan, en consecuencia, «datos personales». Enton-

ces, son datos de carácter personal las informaciones relativas

a las personas físicas o naturales, que se presentan de manera

escrita y de manera «electrónica» o «informática», es decir,

a través de medios electrónicos, telemáticos o informáticos.

Datos personales e intimidad

La protección de los datos personales se ha vinculado al de-

recho fundamental a la intimidad personal y familiar, por

514 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

normas nacionales y supranacionales de diversa entidad,

como, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de

Datos del Parlamento Europeo y el Consejo, de fecha 27 de

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la

libre circulación de estos datos.

El derecho fundamental a la protección de datos personales

deriva directamente de la Constitución y atribuye a los ciu-

dadanos un poder de disposición sobre sus datos, de modo

que, en base a su consentimiento, puedan disponer de los

mismos (artículo 44 numeral 2 de la Carta Sustantiva de

2015).

La primera ley al respecto fue la número 288-05, de fecha

dieciocho (18) días de agosto del año dos mil cinco (2005),

que regula los Burós o Sociedades de Intermediación Credi-

ticia y de Protección al Titular de la Información.

El derecho a la intimidad normalmente conlleva el poder ju-

rídico de rechazar intromisiones ilegitimas en la esfera prote-

gida y, correlativamente, decidir libremente y dentro de ella

la propia conducta, estamos pues frente a un típico derecho

de defensa. Sin embargo, la técnica del derecho a la protec-

ción de datos personales es más compleja y amplia, ya que

por un lado combina poderes del individuo frente a terceros

(límites y prohibiciones) con diversas garantías instrumen-

tales y; por otro lado, los datos que se protegen no tienen por

qué ser íntimos, basta con que sean personales, aun cuando

parezcan inofensivos.

Toda persona podrá interponer una acción judicial para co-

nocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten

en registros o bancos de datos públicos o privados, y en caso

de discriminación, inexactitud o error, exigir la suspensión,

rectificación y la actualización de aquellos. Esta acción se

podrá interponer si luego de transcurrido el plazo máximo

515

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

de diez (10) días el responsable del banco de datos no obtem-

pera al requerimiento. En los casos de cesión o transferencia

de datos, el responsable o usuario del banco de datos debe

notificar la rectificación o supresión al cesionario dentro de

cinco (05) días hábiles de efectuado el tratamiento del dato.

Por su parte, en cuanto a la supresión, queremos resaltar

que la misma no procede cuando pudiese causar perjuicios

a derechos o intereses legítimos de terceros o cuando existiera

una obligación contractual o legal de conservar los datos.

En el caso de las personas fallecidas, el ejercicio del derecho

que confiere la Ley, les corresponderá a sus sucesores. Cabe

destacar que el usuario del banco de datos debe proporcionar

la información solicitada por el titular de los datos dentro

de los cinco (05) días hábiles posteriores a haber sido hecha

de manera personal dicha solicitud, o vía acto de alguacil.

Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, el titular de

los datos podrá incoar una acción judicial ante un Juzgado

de Primera Instancia para conocer de la existencia y acceder

a los datos que de él consten en registros o bancos de datos

públicos o privados. Los titulares de datos tendrán el derecho

de solicitar a la Sociedad de Información Crediticia su histo-

rial crediticio o reporte de crédito. Este derecho será ejercido

en forma gratuita cuatro (4) veces por año, y a intervalos no

inferiores a tres (3) meses, salvo que se demuestre un interés

legítimo al efecto.