XI. Acción constitucional de amparo

11.1 Acción constitucional de amparo: conceptualización general

y consagración normativa

Brewer-Carías, quien ha resumido la visión común de

los países de Latinoamérica sobre el amparo al sostener que,

por lo general, se le visualiza: … «como un medio judicial

extraordinario especialmente establecido para la protección

de los derechos constitucionales, contra los agravios o ame-

nazas inﬂigidos contra los mismos por parte de autoridades y

de particulares, deﬁniéndolo a seguidas como … un proceso

constitucional que normalmente concluye con una orden ju-

dicial de amparo, protección o tutela de los derechos violados

o amenazados de violación»335.

Al deﬁnirlo como «proceso constitucional», el doctrina-

rio venezolano preﬁere no caliﬁcarlo como acción, ni recurso

ni juicio, lo que cita expresamente, haciendo la salvedad de

que se trata no sólo de una de las piezas más importantes del

sistema constitucional latinoamericano, sino quizás la más

«latinoamericana» de todas las que lo conforman.

No por ello puede decirse que exista consenso doc-

trinal acerca del origen del amparo. Se defiende su origen

español, en virtud del Decreto de las Cortes titulado «Re-

curso Sumario» del 28 de noviembre de 1812, que tute-

laba los derechos fundamentales. Otra opinión es que se

remonta a la época de la colonización en América, y que

335 BREWER-CARÍAS (Allan R.), «El amparo a los derechos y libertades constitucio-

nales. Una aproximación comparativa», Cuadernos de la Cátedra de Derecho Público,

N.º 1, Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal, 1993, y la cita expresa de este

punto en: https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2017/03/art.-848.-ac-

ción-amparo.-obra-homenaje-Pegoraro.pdf

520 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

esta se traspasó a México. La doctrina latinoamericana se

inclina más a esta última afirmación, sobre todo por los

estudios que al respecto ha realizado el maestro Héctor

Fix-Zamudio.

11.1.1 Conceptualización estrictamente normativa

En este tipo de conceptualización del amparo prevalece

el señalamiento de las características terminológicas con

las que aparece consagrado en los artículos 72 de la Carta

Sustantiva de 2015 y, en grado inferior, 65 de la Ley Orgánica

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales (LOTCPC), Gaceta Oﬁcial #10622 del

15 de junio de 2011. Como reﬁere Castellanos Khoury,

«en la actualidad, es desde el texto supremo que se aportan

los elementos esenciales que caracterizan al régimen del

amparo»336.

La literalidad normativa permite visualizar los límites del

amparo como una acción preferente, sumaria, oral, pública,

gratuita y no sujeta a formalidades que se presenta ante los

tribunales con pretensiones restringidas a:

Primero: la protección de derechos fundamentales;

Segundo: hacer efectivo el cumplimiento de una ley o

acto administrativo;

Tercero: garantizar los derechos colectivos y difusos.

Estas pretensiones son admisibles siempre que los de-

rechos cuya protección se reclama no se encuentren pro-

tegidos por el habeas corpus, el agresor actual o potencial

336 CASTELLANOS KHOURY (Justo Pedro), Sentencia TC/0804/17, de once (11) de

diciembre. Voto disidente, p. 17.

521

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

sea cualquier autoridad o particular y las partes actúen «de

conformidad con la ley». La remisión a la conﬁguración

legal del amparo supone que este procederá exclusivamente

en casos determinados, de acuerdo con formalidades deter-

minadas, que radican en los artículos 76 y siguientes de la

LOTCPC (para el amparo); en el artículo 82 y siguientes

(para el amparo de extrema urgencia) y en el artículo 94

y siguientes (para el recurso de revisión de sentencia de

amparo).

Se retiene que la conceptualización literal normativa

del amparo remite al hecho, obvio por demás, de que el

ordenamiento jurídico no contempla solamente al amparo

como mecanismo de protección de derechos, sino que tam-

bién se admiten otros mecanismos, entre ellos el recurso

contencioso—administrativo (previsto y sancionado en la

Ley núm. 1494 de 1947 y la Ley núm. 13—07, promulga-

da el 5 de febrero de 2007. De allí se origina un problema

de no menor entidad procesal, cual lo es la determinación

de la «vía eﬁcaz» para la protección de los derechos. Se tra-

tará el tema más adelante.

11.1.2 Conceptualización «doctrinal» del amparo

La conceptualización doctrinal del amparo parte de su

entendimiento como originario del término «amparar», del

latín «anteparare», cuyo signiﬁcado es: prevenir, favorecer o pro-

teger337.

Para Gozaíni el amparo es:

337 Cfr. ARELLANO GARCÍA (Carlos), Derecho Constitucional, Ed. Porrúa, 2008.

522 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

[…] «una institución del Derecho Procesal Constitucional338

con un objetivo genérico: tutelar los derechos fundamentales

de las personas individuales o colectivas, físicas o jurídicas»,

conﬁgurado como «instrumento rápido y expedito que, sin ri-

tualismos estériles, procura restablecer el derecho o la garantía

vulnerados, como también evitar el acto lesivo que se presenta

bajo la forma de amenaza o acto de inminente producción».339

Sabsay, citando a Miguel Ekmekdjian, destacado consti-

tucionalista argentino de ascendencia armenia, deﬁne el am-

paro como:

«[…]una acción judicial breve y sumaria destinada a garantizar

derechos y libertades distintos de la libertad física, que tiene

un ámbito diferente del de los procesos ordinarios, por cuanto

estos no pueden satisfacer la urgencia de la restauración de los

derechos presuntamente conculcados».340

Ignacio Burgoa Orihuela, según cita de Rafael de Pina,

sostiene que el amparo (en México) es «un juicio destinado

a impugnar los actos de autoridad violatorios de los dere-

chos reconocidos por la Constitución Política de los Estados

338 El Derecho Procesal Constitucional se deﬁne como la rama del Derecho Público que

comprende el conjunto de normas procesales orgánicas y funcionales que garantizan

la protección de la supremacía constitucional y los derechos constitucionales, estando

conformado por los diferentes instrumentos, procedimientos y órganos que posibili-

tan la defensa de la integridad constitucional; contempla la estructura, organización

y funciones de los tribunales constitucionales y los mecanismos y pautas que orientan

la solución de los conﬂictos en la jurisdicción constitucional al resolver y conocer los

diferendos sometidos a su consideración. También es concebido como un cuerpo

doctrinal y legal pasivo que se activa ante la transgresión a la integridad de la norma

fundamental, con el claro objetivo de accionar los mecanismos procedimentales a los

ﬁnes de restaurar la vigencia plena de la Constitución.

339 VII Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. El amparo y la

defensa de los derechos colectivos, tomo II, P. 12.

340 SABSAY (Daniel Alberto), Manual de la Constitución argentina, Buenos Aires, De-

palma. En línea: http://www.farn.org.ar/docs/a02/art2.html

523

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Unidos Mexicanos a nacionales y extranjeros y, a mantener

el respeto a la legalidad, mediante la garantía de la exacta

aplicación del derecho»341. También aﬁrma Burgoa que se

trata de «un medio jurídico de tutela directa de la constitu-

ción y de tutela de la ley secundaria preservando, bajo este

último aspecto y de manera extraordinaria y deﬁnitiva, todo

el derecho positivo342.

Para Vallarta el amparo es, siguiendo la redacción origi-

nal del Acta de reformas de 18 de mayo de 1847, artículo 25,

el proceso legal intentado para recuperar sumariamente cual-

quiera de los derechos del hombre consignados en la constitu-

ción y atacados por una autoridad que haya invadido la esfera

local o federal respectivamente343.

Y Fix-Zamudio, en fin, explica el amparo desde una

óptica puramente formal como «el instrumento por me-

dio del cual se resuelven las controversias de carácter cons-

titucional entre los particulares y los órganos del Estado,

por lo que se establece, aun en el amparo judicial, una re-

lación jurídico—procesal de naturaleza autónoma y cons-

titucional»

344

.

El vocablo original parece provenir de la expresión latina

anteparare, con el signiﬁcado de «prevenir», y por ello se le

entiende como … un medio tutelar, protectorio de toda clase

de derechos violados o en riesgo inminente de violación, que

341 De PINA (Rafael), Diccionario de Derecho, México, 2000, Porrúa, p. 79.

342 BURGOA (Ignacio), El juicio de amparo, 18a. edición, México, Porrúa, 1997, p.

169.

343 VALLARTA (Ignacio), El juicio de amparo y Writ of Habeas Corpus: ensayo crítico—

comparativo sobre esos recursos constitucionales, México, imprenta Francisco Díaz de

León, 1881, ejemplar perteneciente a la Colección Digital de la UANL, disponible

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080001919/1080001919_04.pdf, p. 31.

344 FIX-ZAMUDIO (Héctor), Ensayos sobre el derecho de amparo, México, Universidad

Nacional Autónoma de México, 1993, p. 83.

524 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

no puedan aguardar la sustanciación de un proceso ordinario,

y no poseen otro medio más idóneo de hacerlos valer345.

Jorge Prats346 lo deﬁne como la acción mediante la cual

quien sufre o está en peligro inminente de sufrir una violación

de algún derecho fundamental reclama ante los tribunales del

orden judicial la protección de sus derechos. De donde puede

aﬁrmarse que la esencia de la acción de amparo es la protección

de la persona, contra violación de alguno de los derechos fun-

damentales establecidos en la carta magna, por parte de autori-

dad o particulares para garantizar la restitución de esos derechos

conculcados. Mediante un procedimiento, sencillo y rápido.

El reconocimiento de los derechos fundamentales en los

ámbitos nacional e internacional −haciendo abstracción del

signiﬁcado literal y de su diferenciación necesaria con otras

expresiones de similar contenido, como derechos humanos,

por ejemplo− implica la creación de formas jurídicas que per-

miten el ingreso a la jurisdicción de casos relacionados con la

vulneración de esos derechos, por acción u omisión.

A tal efecto, se han creado diversos instrumentos (garan-

tías), con distintos efectos, de diferentes exigencias y a cargo

de diversas instancias.

11.1.3 Conceptualización jurisprudencial del amparo

La sentencia TC/0001/12, párrafo 3, pág. 3 sigue lo

originalmente dispuesto en la sentencia núm. 108-2011,

del 12 de octubre, de la Segunda Sala del Tribunal Superior

345 PEDRAZA (Enrique Ant.), Los principios sin fundamento del juicio de amparo (las

jurisprudencias que deniegan justicia), Colombia, Editora Sur, 2007, p. 9.

346 JORGE PRATS (Eduardo), Derecho Constitucional, Santo Domingo, Editora Gaceta

Judicial, Vol. II, p. 387.

525

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Administrativo, que deﬁnió el amparo como […] «una acción

autónoma que tiene por ﬁnalidad la protección de la violación

o conculcación de un derecho fundamental».

El criterio permaneció hasta la TC/0266/16, del 27 de

junio, párrafo 11.4, pág. 24, en la que se aﬁrma que «la juris-

dicción de juicio originalmente apoderada ya no lo estaba»,

por lo que al proceder como lo hizo (es decir, al admitir el am-

paro), «ha dispuesto de una vía autónoma…». Dicha autono-

mía del amparo fue establecida originalmente por el artículo 4

de la ya derogada Ley núm. 437—06, con el texto siguiente:

«La reclamación de amparo constituye una acción autónoma,

que no podrá suspenderse o sobreseerse para aguardar la deﬁni-

ción de la suerte de otro proceso judicial, de la naturaleza que

fuere; ni tampoco se subordina al cumplimiento de formalida-

des previas, o al agotamiento de otras vías de recurso o impug-

nación establecidas en la ley para combatir el acto u omisión

que pretendidamente ha vulnerado un derecho fundamental».

En México se ha discutido acerca de la naturaleza del am-

paro como recurso o como «juicio». La Suprema Corte de ese

país ha considerado que el amparo «no es un recurso con el

contenido que a tal concepto conﬁere la doctrina procesal;

esto es, una instancia o procedimiento utilizado por las partes

para impugnar una resolución y así obtener su revocación, re-

forma o modiﬁcación; sino que es un procedimiento de jerar-

quía constitucional, tendiente a conservar a los individuos en

el disfrute de sus garantías individuales, incluso las de exacta

aplicación de la ley»347.

347 Estados Unidos Mexicanos. Suprema Corte. Juicio de amparo, no es un recurso. Se-

manario Judicial, Amparo Directo 2468/55. Quinta Época, cuarta sala, 6 de abril de

1956, p. 91.

526 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Para Burgoa, sin embargo, en cuanto se reﬁere a su ob-

jeto el amparo aparece como un recurso de carácter constitu-

cional, pues tiende a corregir los errores en que incurren las

autoridades responsables. Esa postura determinó a Fix-Za-

mudio a decidir que el amparo, cuando menos tal como está

conﬁgurado en el ordenamiento judicial mexicano, proce-

salmente es un «juicio» pero, atendiendo al objeto que per-

sigue, es un recurso348.

En nuestro caso se trata de un procedimiento constitu-

cional, puesto que se encuentra como tal en la ley Orgánica

del Tribunal Constitucional «y de los procedimientos cons-

titucionales», artículo 65, norma en la cual aparece descrito

como «acción» (en el sentido de derecho individual subjetivo)

que puede interponerse contra «cualquier actuación u omi-

sión maniﬁestamente arbitraria o ilegal… que afecte o ame-

nace en forma actual o inminente el goce y disfrute» de los de-

rechos fundamentales, vulneración o amenaza que »legitima,

en principio que los agraviados puedan, por sí o por quien

actúe en su nombre, reclamar ante los tribunales la protección

sumaria que ofrece el amparo» (TC/0064/19, letra g, p. 33).

Asimismo, es «una acción constitucional instaurada por

el constituyente con la ﬁnalidad de reclamar ante los tribu-

nales la protección inmediata de derechos fundamentales, no

protegidos por el habeas corpus», de manera tal que, por su

naturaleza, se limita a restaurar los derechos fundamentales

violados (como en TC/0187/13, reiterado en TC/036/14, le-

tra l, pp. 20—21).

En Colombia, donde se conoce como «acción de tutela» a

lo que aquí conocemos por amparo, se le entiende como: «una

348 BURGOA (Ignacio), El juicio de amparo…, obra citada, pp. 127—129.

527

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

herramienta procesal preferente, informal, sumaria y expedita

que pretende el amparo de los derechos fundamentales de una

persona que se ven vulnerados o amenazados por la acción u

omisión de una autoridad o particular»349.

Para la Corte Constitucional colombiana, en su sentencia

No. C—543/92, el amparo es: «una acción concebida úni-

camente para dar solución eﬁciente a situaciones de hecho

creadas por actos u omisiones que implican la trasgresión o la

amenaza de un derecho fundamental».

11.2 Aspectos históricos del amparo: orígenes y evolución

normativa

Se trata de un mecanismo objeto de amplio tratamiento

doctrinal, prevaliendo la opinión de que se trata de una «ga-

rantía procesal para la protección de derechos fundamentales,

particularmente referidos a las denominadas ´garantías indi-

viduales´, cuando un acto de autoridad, entendido en sentido

amplio, las vulnera o lesiona»350.

Su creación corresponde a la Constitución de Yucatán de

1841, de donde se extendió al ámbito federal mexicano en

1847 junto con otros instrumentos de protección de derechos

tales como el habeas corpus –que a su vez había sido incor-

porado en Brasil desde 1830—. La Constitución yucateca de

349 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-291/16, disponible en https://www.

corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-291-16.htm

350 MARTÍNEZ RAMÍREZ (Fabiola), «El juicio de amparo, su naturaleza jurídica y re-

lación con los tribunales constitucionales», en: GONZÁLEZ OROPEZA (Manuel)

y FERRER MACGREGOR (Eduardo) (coord..), El juicio de amparo, a 160 años de

la primera sentencia, tomo II, México, Universidad Nacional Autónoma de México

2011, pp. 1-26 (7).

528 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

1841351 fue la respuesta libertaria contra el centralismo mexi-

cano, «decretada y sancionada» por Santiago Méndez en cali-

dad de «gobernador del Estado libre y soberano de Yucatán».

En esta aparecen varias garantías y derechos (artículo 7mo.),

entre los que ﬁguraron la libertad individual, el impedimento

de detención sin orden expresa de juez competente; derecho

al juez natural (ordinales cuarto y quinto), el arbitraje (ordinal

sexto), entre otras.

Para proteger los derechos contenidos particularmente en

el artículo 7mo., la referida Constitución consagró en su artí-

culo octavo la garantía siguiente:

«Los jueces de primera instancia ampararán en el goce de los

derechos garantidos en el artículo anterior, a los que les pidan

su protección contra cualesquier funcionarios que no corres-

pondan al orden judicial, decidiendo breve y sumariamente las

cuestiones que se susciten sobre los asuntos indicados».

De acuerdo con el artículo noveno de la citada Consti-

tución, la decisión en amparo era recurrible por ante los «res-

pectivos superiores» del juez a—quo, quienes debían hacerlo

«con la misma preferencia de que se ha hablado en el artículo

precedente».

La primera mención del amparo en la Constitución fe-

deral de México se concretó en los artículos 101 y 102 de

la Carta de 5 de febrero de 1857, desarrollados en las leyes

de amparo de 1861 y posteriores. En todos los casos era un

procedimiento de naturaleza subjetiva, para la defensa de de-

rechos individuales, pudiendo interponerlo exclusivamente la

351 Ejemplar consultado disponible en: https://www.worldstatesmen.org/Yuca-

tan1841.pdf.

529

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

parte agraviada actuando contra la autoridad que vulnerara

sus derechos. Luego, en 1897, el amparo fue incorporado al

Código de Procedimientos Civiles Federales, y en 1908 al de

Procedimientos Civiles.

En República Dominicana el amparo apareció textual-

mente en la Ley núm. 275—97, artículo 111, que disponía

como sigue: «Amparo. Todo elector afectado en sus inmuni-

dades, libertad o seguridad, o privado del ejercicio del sufra-

gio, podrá solicitar amparo por sí o por intermedio de cual-

quier otra persona, por escrito o verbalmente, denunciando

el hecho a cualquier juez o autoridad, y especialmente ante

la Junta Central Electoral o por ante la junta electoral corres-

pondiente».

Con validez para nuestro derecho interno, se había

mencionado el amparo con la ratiﬁcación de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, de

1969, la cual fue publicada en la Gaceta Oﬁcial Núm.9460,

el 11 de febrero de 1978, citada. El artículo 25.1 de la Con-

vención crea a favor de todas las personas, el derecho a un

«recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo

ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare con-

tra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos

por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun

cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en

ejercicio de sus funciones oﬁciales». En este sentido, la Corte

Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido, desde

«Awas Tingni vs. Nicaragua»352, en 2001, que como país de-

mandado, Nicaragua no había adoptado las medidas adecua-

352 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso de la Comunidad Ma-

yagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de

31 de agosto de 2001. Serie C, núm. 79.

530 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

das provistas por su derecho interno para delimitar, demarcar

y titular las tierras pertenecientes a comunidades indígenas; ni

se respetó el plazo razonable para la tramitación de recursos

de amparo interpuestos por los miembros de la Comunidad.

Por tanto, la Corte IDH ordenó que el Estado adoptara, en

su derecho interno, de conformidad con el artículo 2º de la

Convención Americana, «las medidas legislativas, administra-

tivas y de cualquier otro carácter que fueran necesarias para

crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y

titulación de la propiedad de los miembros de la Comunidad

Mayagna Awas Tingni, acorde con el derecho consuetudina-

rio, valores, usos y costumbres de esta» (párr. 138).

Ya antes, sin embargo, la Corte IDH había estatuido so-

bre garantías judiciales (en estados de emergencia), aplicando

los arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos

Humanos, como lo hizo en la Opinión Consultiva OC9/87

de 6 de octubre de 1987, Serie A, núm. 9, estableciéndose

que «el artículo 25.1 de la Convención es una disposición de

carácter general que recoge la institución procesal del amparo,

como procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la

tutela de los derechos fundamentales»353.

En 1999 la Corte de Casación dominicana, actuan-

do en materia laboral, fue apoderada de un recurso que da-

ría lugar a la consagración del amparo dominicano por vía

353 Estatuyendo sobre el hábeas corpus bajo suspensión de garantías, según los artí-

culos 27.2, 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

se produjo la Opinión Consultiva OC—8/87, de fecha 30 de enero de 1987,

Serie A, núm. 8, ocasión en la que se asumió que «Toda persona tiene derecho

a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces

o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,

aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus

funciones oﬁciales».

531

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

jurisprudencial, aunque ya ﬁguraba, desde 1997, en el artícu-

lo 111 de la Ley 275—97354, del veintiuno (21) de diciembre

del año mil novecientos noventa y siete (1997). En este caso

se deﬁnió favorablemente una parte de las pretensiones de los

licenciados Hipólito Herrera Vasallo y Luis Miguel Rivas, que

habían solicitado a la Corte aceptar un «formal recurso de

amparo» contra varias sentencias dictadas por la Sala núm. 2

del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, del 10 de sep-

tiembre y 14 de octubre de 1998, concluyendo la Corte, espe-

cíﬁcamente, como sigue:

[…] «Primero: Que la Suprema Corte de Justicia declare,

en la sentencia a intervenir, que el amparo es una institu-

ción del Derecho Positivo Dominicano; Segundo: Que la

Suprema Corte de Justicia trace el procedimiento a seguir

en materia de amparo de conformidad con las atribuciones

otorgadas a la Suprema Corte de Justicia, por el artículo 29,

inciso 2 de la Ley Núm. 821 de Organización Judicial, que

textualmente prescribe: «Determinar el procedimiento judi-

cial que deberá observarse en los casos ocurrentes, cuando

no esté establecido en la ley, o resolver cualquier punto que

para tal procedimiento sea necesario», reconocido sistemáti-

camente en jurisprudencia constante de la Suprema Corte de

Justicia; Tercero: Que la Suprema Corte de Justicia ordene el

sobreseimiento o suspensión de la demanda laboral en nuli-

dad de desahucio, reintegro de trabajadores y reparación de

daños y perjuicios»…355

354 Todo elector afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad, o privado del ejer-

cicio del sufragio, podrá solicitar amparo por sí o por intermedio de cualquier otra

persona, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho a cualquier juez o auto-

ridad, y especialmente ante la Junta Central Electoral o por ante la junta electoral

correspondiente.

355 República Dominicana. Suprema Corte de Justicia. Sentencia núm. 9, de fecha 24

de febrero, 1999. Disponible en: https://ojd.org.do/wp-content/uploads/2020/12/

Sentencia-núm.-9-24-de-febrero-de-1999-Pleno-de-la-SCJ.pdf

532 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Al fallar el asunto, la Corte expuso su convencimiento

de que, ciertamente, el amparo se hacía constar en el artículo

25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y

que si bien no había procedimiento instituido para conocer-

lo… «ningún juez podría, si a él se recurre por una alegada li-

bertad constitucional vulnerada, negar el amparo pretextando

la inexistencia de ley que reglamente la acción ejercida».

Antes que rechazar la acción por inexistencia de proce-

dimiento, la Corte de Casación ﬁjó su atención en el hecho

justiﬁcante de que … «para la protección de los derechos se

debe tener un medio, un camino especial que los haga efecti-

vos». En ese sentido, estando la Suprema Corte de Justicia fa-

cultada para determinar procedimientos cuando el legislador

no lo hubiera hecho, como lo dispone el inciso 2 del Art. 29

de la Ley 821, de Organización Judicial, entonces se estimó

preferible asumir que… cualquier juez o tribunal del orden

judicial, podría válidamente ser apoderado de un recurso de

amparo, siempre que aparezca, de modo claro y maniﬁesto,

la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los

derechos esenciales de la persona humana.

Sólo para evitar la confusión que podría producirse si no

se determinara el procedimiento a seguir, la Corte decidió:

[…] a) que tiene competencia para conocer de la acción de am-

paro el juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en

que se haya producido el acto u omisión atacado; b) que el pro-

cedimiento que deberá observarse en materia de amparo será

el instituido para el referimiento, regla—mentado por los artí-

culos 101 y siguientes de la Ley 834 de 1978; c) el impetrante

deberá interponer la acción de amparo contra el acto arbitrario

u omisión, dentro de los quince (15) días en que se haya pro-

ducido el acto u omisión de que se trate; d) la audiencia para

el conocimiento de la acción, deberá ser ﬁjada para que tenga

533

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

lugar dentro del tercer día de recibida la instancia correspon-

diente. Sin embargo, cuando la acción fuere ostensiblemente

improcedente a juicio del magistrado apoderado, así lo hará

constar en auto y ordenará el archivo del expediente. Este auto

no será susceptible de ningún recurso; e) el juez deberá dictar su

sentencia dentro de los cinco días que sigan al momento en que

el asunto quede en estado; el recurso de apelación, que cono-

cerá la corte de apelación correspondiente, deberá interponerse

dentro de los tres días hábiles de notiﬁcada la sentencia, el cual

se sustanciará en la misma forma y plazos que se indican para

la primera instancia, incluido el plazo de que se dispone para

dictar sentencia; f) los procedimientos del recurso de amparo se

harán libres de costas.

Bajo este esquema el amparo comenzó a funcionar en Re-

pública Dominicana, hasta que el 30 de diciembre de 2006

se promulga la Ley de Amparo Núm. 437—06, cuyo primer

artículo establece lo que sigue:

«La acción de amparo será admisible contra todo acto u omi-

sión de una autoridad pública, o de cualquier particular, que

en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad

maniﬁesta, lesione, restrinja, altere o amenace los derechos o

garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Consti-

tución de la libertad individual, tutelada por el habeas corpus.

Podrá reclamar amparo, no obstante, cualquier persona a la que

se pretenda conculcar de forma ilegítima su derecho a la liber-

tad, siempre y cuando el hecho de la privación de la libertad, no

se haya consumado».

Además de conceptualizar el amparo y reglamentar el

procedimiento, la Ley 437—06 estatuyó sobre la competen-

cia de los Tribunales de Primera Instancia con jurisdicción

en el lugar donde se hubiera manifestado el acto u omisión

534 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

rechazado mediante este mecanismo protectorio de los de-

rechos individuales. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia

quedó con la facultad de conocer en revisión las sentencias

emanadas de estos tribunales, negándole el principio de la do-

ble jurisdicción sobre la base, entre otros aspectos, de que se

trataba de un asunto urgente.

Luego, en la Ley núm. 15-19, Orgánica de Régimen

Electoral, de fecha dieciocho (18) de febrero de 2019, se hizo

ﬁgurar el amparo electoral en su artículo 216, con el texto

ya establecido en la 275-97, ahora reiterado: «Amparo. Todo

elector afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad, o

privado del ejercicio del sufragio, podrá solicitar amparo por

sí o por intermedio de cualquier otra persona, por escrito o

verbalmente, denunciando el hecho a cualquier juez o auto-

ridad, y especialmente ante el Tribunal Superior Electoral,

notiﬁcándose a la Junta Central Electoral o por ante la junta

electoral correspondiente, cuando haya sido autorizada por la

autoridad competente».

En ﬁn, con validez para el amparo ordinario, la Ley Núm.

437-06 fue derogada y tras la Constitución de 2010 se creó la

Ley Núm. 137-11, LOTCPC, norma que actualmente con-

templa expresamente el amparo, como se ha dicho ya, en sus

artículos 65 y siguientes.

11.2.1 El amparo en la Constitución 2010

Actualmente la Acción de Amparo ﬁgura en el artículo

Núm.72 de la carta magna y el procedimiento a seguir, está

contenido en la LOTCP, artículos 65 y siguientes.

De acuerdo con el texto constitucional, «Toda perso-

na tiene derecho a una acción de amparo para reclamar

535

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

ante los tribunales, por si o por quien actué en su nom-

bre, la protección inmediata de sus derechos fundamen-

tales, no protegidos por el habeas corpus, cuando resul-

ten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión

de todas autoridad públicas o de particulares, para hacer

efectivo el cumplimiento de una ley o acto administra-

tivo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y

difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es

preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a

formalidades».

Los aspectos procesales, de acuerdo con el Art. 65 de la

LOTCPC, incluyen que la acción de amparo será admisible

contra todo acto u omisión de una autoridad pública o de

cualquier particular, que en forma actual o inminente y con

arbitrariedad maniﬁesta lesione, restrinja, altere o amenace los

derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con

excepción de los derechos protegidos por el Hábeas Corpus y

el Hábeas data.

La competencia en razón de la materia y territorial

es ﬁjada por el Art. 72 de la LOTCP, a favor del juez de

primera instancia del lugar donde se haya manifestado el

acto u omisión cuestionado. Siguiendo disposiciones simi-

lares de otras legislaciones de amparo, el párrafo del Art.

72 de la LOTCPC, en los lugares donde el Tribunal de

Primera Instancia esté dividido, sea en cámaras o sea en

salas, corresponderá el asunto al juez más afín con el de-

recho fundamental vulnerado. De acuerdo con ello, si el

asunto se relaciona con el derecho de propiedad inmobi-

liaria, corresponderá el amparo ante el Tribunal de Tierras

de Jurisdicción Original, y si es penal, al correspondiente

tribunal penal.

536 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

11.2.2 Acción de amparo como garantía de los derechos

fundamentales

Son dos las fuentes que dieron origen al reconocimiento

de los derechos fundamentales:

— La Declaración Universal de los Derechos del Hombre

de diciembre de 1948, la cual en su artículo 8 establece: Toda

persona tiene Derecho a un recurso efectivo ante los Tribunales Na-

cionales competentes que la ampare, contra actos que violen sus

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la Ley.

— La Convención Americana de Derechos Humanos o

Pacto de San José, de noviembre 1969, la cual expresa en el

numeral 1 de su artículo 25: Toda persona tiene derecho a un

recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los

jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitu-

ción, la Ley o la Presente Convención.

Ante una violación de derechos fundamentales, sin im-

portar cuál, las autoridades tienen el deber de actuar inme-

diatamente para subsanar el agravio o injusto ocasionado. El

remedio es aperturar garantías para que la justicia constitucio-

nal actúe debidamente, restituyendo la vigencia del derecho

conculcado. Entonces se evidencia el carácter de inmediatez

que requiere el asunto, señalado entre otros por Pedraza356,

quien al respecto puntualiza lo que se resume a seguidas: […]

«el amparo es un medio rápido de solución de conﬂictos,

donde derechos fundamentales están en consideración, y por

esa causa, necesitan una solución rápida, ya que aguardar un

pronunciamiento judicial por las vías normales implicaría un

grave riesgo para quien lo padece».

356 PEDRAZA (Enrique Antonio), Los principios… obra citada, p. 27.

537

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Para ejercer plenamente la mencionada acción, que per-

mite restablecer los derechos conculcados, es necesario contar

con ciertas garantías; es por esto, que el legislador ha previsto

en la Carta Sustantiva, la acción de amparo y los mecanismos

para incoarla, ante todo acto u omisión de desconocimiento,

de uno o varios derechos fundamentales, que ella misma ha

consagrado. En consonancia con ello, Ferrer aﬁrma que: […]

«el proceso de amparo, como institución procesal constitu-

cional, es un fenómeno globalizado…, convirtiéndose en el

mecanismo de mayor amplitud en la protección jurisdicción

de los derechos y libertades fundamentales en los países lati-

noamericanos, expandiéndose de manera progresiva en Euro-

pa, y recientemente en África y Asia, con similares alcances y

efectividad».357.

Sin embargo, algunas voces aﬁrman limitan el amparo

para garantizar derechos fundamentales, como Díez—Pi-

cazo358, para quien no existe un derecho al amparo consti-

tucional, con la salvedad de que, como él dice, cuando la

tutela de los derechos fundamentales ante los tribunales

ordinarios sea inviable, la tutela ante el TC mediante el

recurso de amparo es necesaria.

357 FERRER MACGREGOR (Eduardo), «El amparo iberoamericano», en: Semina-

rio Internacional sobre Jurisdicción Constitucional, Santo Domingo, R.D., 2010,

p. 57.

358 DÍEZ-PICAZO (Ignacio), «Tribunal Constitucional, Jurisdicción ordinaria y dere-

chos fundamentales. Dos ensayos (con Andrés de la Oliva Santos)», Madrid, Mc-

Graw-Hill, 1996, pp. 198-199. Al respecto, ver también a RUBIO LLORENTE

(F.), en Estudios sobre jurisdicción constitucional, pp. 60-61, para quien «el recurso de

amparo es un recurso al que se tiene derecho (aunque no en virtud del derecho funda-

mental a la tutela judicial efectiva) y como tal derecho no puede ser negado, como el

writ of certiorari, sino inadmitido, es decir, rechazado en virtud de causas previamente

establecidas en la ley».

538 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

11.3 Propósito y naturaleza jurídica del amparo

El amparo tiene como propósito permitir a todas las

personas, cuyos derechos hayan sido vulnerados, solicitar y

obtener protección jurisdiccional. Se ha establecido al res-

pecto que:

[…] «Toda persona que advierta que sus derechos fundamenta-

les están lesionados o amenazados tiene en la vía de amparo su

más oportuno aliado, y cuando ejercita esta vía ha de encontrar

la protección inmediata. De ahí que, al prescindir el amparo de

formalidades y su procedimiento ser preferente, deviene como

la alternativa más efectiva» (TC/0027/13. 10.g).

En el orden de la efectividad del amparo frente a la vía

ordinaria de protección, pero en todo clariﬁcante del propó-

sito del amparo, se ha indicado tanto en TC/0027/13 como

en TC/0468/21, letra s, que: «[t]oda persona que advierta que

sus derechos fundamentales están lesionados o amenazados

tiene en la vía de amparo su más oportuno aliado, y cuando

ejercita esta vía ha de encontrar la protección inmediata. De

ahí que, al prescindir el amparo de formalidades y su proce-

dimiento ser preferente, deviene como la alternativa efectiva».

Se ha opinado que la peculiar naturaleza jurídica del am-

paro −no del recurso de revisión ante el TC, sino de la acción

constitucional en primera instancia−: […] «impide suscitar

ante un órgano constitucional cuestiones de legalidad ordi-

naria, cuya interpretación no es función de este Tribunal»

(TC/0017/13).

De donde, el TC restringe su competencia en materia de

amparo al conocimiento de asuntos no solamente ajenos a la

legalidad ordinaria, sino estrictamente derivados de la tutela

de derechos fundamentales, esto es, aceptando que la revisión

539

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

de amparo es una forma de proveer vías jurisdiccionales opor-

tunas (y es un término utilizado textualmente por el TC) que

permite obtener protección preferente.

En ocasión de la sentencia TC/0321/21, en la que se tra-

ta sobre la devolución de cotizaciones a la Seguridad Social

perseguidos por amparo y que fuera considerada inadmisible

por tratarse de asuntos de mera legalidad ordinaria, se reitera

el precedente instituido mediante la Sentencia TC/0031/14,

del catorce (14) de febrero de dos mil catorce (2014), en la

que precisó, sobre el propósito de la acción de amparo, que

se trata de:

[…] «una acción constitucional instaurada por el constituyen-

te con la ﬁnalidad de reclamar ante los tribunales la protección

inmediata de derechos fundamentales, no protegidos por el ha-

beas corpus. De lo aquí establecido se desprende, por ejemplo,

que cuando la acción de amparo se interpone con la ﬁnalidad de

proteger derechos subjetivos –cuya protección se garantiza ade-

cuadamente mediante los procesos comunes por tratarse de un

asunto de legalidad ordinaria– es notoriamente improcedente».

Debe considerarse que, a partir de la creación de los tri-

bunales y salas constitucionales, la potestad jurisdiccional del

Estado se divide en jurisdicción ordinaria y jurisdicción cons-

titucional (esto, a ﬁnes expositivos). Resulta por tanto con-

gruente aﬁrmar que es atribución del Tribunal Constitucional

interpretar la Constitución, como lo es de la jurisdicción co-

mún interpretar el ordenamiento jurídico; o sea, ocuparse de

la legalidad infra-constitucional u ordinaria.

Dada la fuerza expansiva del proceso de constitucio-

nalización, y la aceptación de la Constitución como norma

suprema, a la jurisdicción constitucional le compete, en los

540 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

casos en que la interpretación de la norma ha sido impugnada,

examinar los motivos y argumentos en los que la jurisdicción

ordinaria funda su decisión, destinada a comprobar si los mis-

mos no resultan insuﬁcientes, irracionales o arbitrarios o en

disconformidad con una interpretación conforme a la Cons-

titución; anulando en su caso la decisión, cuando se constate

que la misma no llena el canon de constitucionalidad de la

interpretación.

La labor de interpretación de la norma no se reduce a

supuestos en los que el texto de la norma sea oscuro, ambiguo

o contradictorio, incluso cuando el texto es aparentemente

claro es posible la interpretación, siguiendo el aforismo de Ve-

lásquez, según el cual aquello de que […] «lo que es claro no

necesita ser interpretado’ debe, en realidad, ser visto como una

auténtica falacia»359. Esta labor se realiza no a través del am-

paro sino del recurso de revisión constitucional de decisiones

jurisdiccionales.

Para Castellanos Khoury360, J., en posición útil a los ﬁ-

nes aquí considerados, conviene recordar las diferencias entre

el juez de amparo y el juez ordinario, que juegan «roles ex-

cluyentes», de manera que para salvaguardar la integridad de

sus respectivos ámbitos de actuación, evitar superposiciones

y colisiones, ha de aceptarse que «el juez de amparo no debe

conocer cuestiones que son atinentes a la legalidad ordinaria y

que, como tales, deben ser resueltas por el juez ordinario a tra-

vés de los condignos procedimientos judiciales establecidos al

respecto por la ley». Por tanto, es correcto resumir que, debido

359 VELÁSQUEZ V. (Fernando), Derecho Penal, Par te general, 3ª Ed., Editorial Temis,

Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1997, p. 131.

360 República Dominicana. Tribunal Constitucional. Voto disidente a la sentencia

TC/0042/17, párrafo 84, p. 68.

541

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

a su naturaleza, no ha de admitirse que mediante amparo se

susciten cuestiones atinentes a la legalidad ordinaria, función

que no corresponde al Tribunal Constitucional según lo dis-

puesto por la sentencia TC/0017/13.

11.3.1 Propósito del amparo y Estado Social y Democrático de

Derecho

Sin duda una de las cláusulas más inﬂuyentes del sistema

constitucional dominicano resulte ser la consagración del Es-

tado Social y Democrático de Derecho por el artículo consti-

tucional. Sin embargo, pocos aquí han advertido que la con-

sagración de semejante cláusula o principio en la carta Magna

2010 introduce, sin sangre en las calles, lo que tanto costó a

los Estados Unidos de 1776 y a la Francia de 1789, por poner

dos ejemplos. Se trata de la sujeción del poder al Derecho. Ya

ha utilizado el TC la cláusula de que se trata en varias decisio-

nes. En la TC/0048/12.10. W), por ejemplo, se decidió que:

[…] «en todo caso, la existencia del Estado Social y Democrá-

tico de Derecho contradice la vigencia de prácticas autoritarias,

incluso en instituciones como las militares y policiales en las

que, por su propia naturaleza, prevalece una jerarquía rígida

y una línea de autoridad sin espacios para el cuestionamiento.

Sin embargo, en ellas también han de prevalecer los derechos

fundamentales, a propósito del derecho de defensa como parte

del debido proceso, de aquellos militares y policías a los que se

les impute la comisión de hechos ilegales y que, si estos fueran

probados, deban ser sancionados».

Esta reaﬁrmación del Derecho sobre el poder ha sido

complementada por el TC utilizando conceptualizaciones que

542 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

realzan la inﬂuencia social de derechos individuales como el

trabajo. En TC/0096/12. 10.n se aceptó que:

[…] «en un Estado Social y Democrático de Derecho lo-

grar efectividad constituye una de las funciones esenciales en

el cumplimiento y protección de los derechos y las garantías

fundamentales a favor de sus ciudadanos. En este sentido, al

momento en que el señor BMH no recibe la correspondiente

remuneración por el trabajo realizado, se le restringió su dere-

cho a recibir el salario, situación que entraña violación a otros

derechos y garantías, y una discriminación, puesto que los de-

más concejales, sí reciben sus remuneraciones».

No obstante, otra decisión estableció relación de propor-

cionalidad entre dos derechos fundamentales contrapuestos,

decidiendo a favor del derecho al medio ambiente sano sobre

los derechos a la libre empresa y el trabajo. Se hará al respecto

cita puntual más adelante. Una segunda aplicación trascen-

dente de la cláusula Estado Social y Democrático de Derecho

la hizo el TC en ocasión de decidir que la administración se

encuentra sujeta a los principios de legalidad, eﬁcacia, jerar-

quía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publici-

dad, coordinación.

En (TC/0203/13. 1o. jj) decidió, en efecto, que:

[…] «en un Estado Social y Democrático de Derecho, es fun-

ción esencial la protección efectiva de los derechos de las per-

sonas, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios

que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa

y progresiva dentro de un marco tanto de libertad individual

como de justicia social que sean compatibles con el orden pú-

blico, el bienestar general y los derechos de todos y todas, lo cual

es posible cuando se cuenta con una administración pública

cuya actuación se encuentre sujeta a los principios de legalidad,

543

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

eﬁcacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, econo-

mía, publicidad, coordinación».

En concordancia con esa línea interpretativa el TC ha des-

crito los límites de las autoridades, aﬁrmando en TC/0049/12.

9. c) lo siguiente:

[…] «la especial trascendencia o relevancia constitucional ra-

dica en que el conocimiento del fondo de este recurso per-

mitirá al Tribunal Constitucional establecer el alcance de las

resoluciones objeto del amparo de que se trata y los límites de

las autoridades de la administración, en ocasión de ejercer su

rol de súper—vigilancia y control, y al momento de establecer

sanciones ante determinados incumplimientos».

Dichos límites se relacionan con la exigencia de legalidad

de las actuaciones de la Administración, de acuerdo con lo

dispuesto por el artículo 138 de la Carta Sustantiva, según lo

reconoce la sentencia TC/0468/21, al establecer que «el fun-

damento de la legalidad de las actuaciones de la Administra-

ción nuestra carta magna la contempla en su artículo 138, el

cual propugna por el sometimiento de la Administración al

ordenamiento jurídico del Estado».

La consecuencia directa de ello es que «la Constitución

ha querido excluir la legitimidad de cualquier actuación ad-

ministrativa contra legem y contra ius, en tanto que el Estado

de derecho conlleva el sometimiento de los poderes públicos

al ordenamiento jurídico, norma que claramente incluye a la

Administración. Es por ello por lo que, en ese sentido, debe-

mos concluir que el principio de legalidad de la Administra-

ción resulta consustancial al Estado de derecho, por lo que

resulta ostensible que, sin una atribución legal previa de po-

testades, la administración no puede actuar».

544 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

11.3.2 Derechos protegidos por la acción de amparo

Los derechos fundamentales se han vinculado con el

surgimiento del Estado constitucional. Sin embargo, dicho

término, tal y como hoy se reconoce, no fue utilizado para

deﬁnir los derechos contenidos en las constituciones moder-

nas. No fue, como apuntó Pérez Royo361, «sino hasta muchos

después que vino a acuñarse el término, especíﬁcamente en el

constitucionalismo posterior a la Primera Guerra Mundial y,

sobre todo, con posterioridad a la Segunda». Se trata de una

expresión originaria del alemán, utilizada por primera vez en

la Constitución del 20 de diciembre de 1848, aprobada por la

asamblea nacional de Frankfort.362

La Constitución dominicana incluye un catálogo amplio

de derechos protegidos, divididos en: derechos civiles y polí-

ticos; derechos económicos y sociales; derechos culturales y

deportivos y derechos colectivos y del medio ambiente, entre

otros. El listado incluye derechos humanos de primera y se-

gunda generación (como el derecho a la libertad individual, el

de tránsito, la intimidad y otros similares) pero también dere-

chos de la comunicación física, intelectual y social, incluyen-

do como nuevo derecho el correspondiente a la salud integral

como parte de la protección de la salud.

En su artículo 53 la Carta Sustantiva contempla

derechos culturales, como garantía de libre participación en

la vida cultural de la nación, el pleno disfrute de las artes,

del progreso cientíﬁco y cultural, así como a los beneﬁcios

que generen.

361 PÉREZ ROYO (Javier et al), Curso de derecho constitucional, Madrid, Marcial Pons,

2021, p. 232.

362 Idem.

545

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Ciertos derechos de naturaleza económica se regulan en

el artículo 64 de la Carta de 2010, previéndose el derecho al

ejercicio de la actividad económica, de preferencia individual;

el derecho de competencia libre y leal, la concesión estatal

para la explotación de recursos naturales y la prestación de

servicios públicos diversos.

En cuanto al mejoramiento de la alimentación, los ser-

vicios sanitarios, las condiciones higiénicas y de saneamiento

ambiental, se contemplan en el artículo 61 de la Carta política

dominicana vigente. Los derechos medioambientales, en los

artículos 66 y 67; la protección de derechos e intereses colec-

tivos y difusos, entre ellos varios relacionados con el medio

ambiente, favorecen la preservación del equilibrio ecológico,

del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, ar-

quitectónico, arqueológico paisajístico nacional.

Asimismo, se contemplan el derecho al desarrollo; el de-

recho a la propiedad, la tutela de la salud pública; la correcta

comercialización de mercaderías, la competencia leal y los in-

tereses y derechos del consumidor o usuario de bienes y ser-

vicios. Estos derechos del consumidor o usuario son derechos

de disposición de bienes y servicios de calidad, así como a la

información adecuada y objetiva sobre el contenido y caracte-

rísticas de los productos y servicios de todo tipo.

En cuanto a estos derechos debe aclararse que ocupan

en la actualidad social de varios países lugar preeminente,

como parte de los intereses difusos y colectivos. En nuestro

caso, constan en la Ley núm. 358—05 y en el artículo 53 de

la carta sustantiva.

En cuanto se reﬁere al medio ambiente sano, en térmi-

nos de derecho fundamental, resulta de la combinación de

elementos diferentes, como la Conferencia y el Informe de las

546 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Naciones Unidas sobre el Medio Humano, primera parte,

conferencia celebrada en Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de

junio de 1972; como también de las disposiciones consti-

tucionales dominicanas anteriores a 2010, como por ejem-

plo ocurrió con la Carta de 2002 y anteriores, en las que

el medioambiente quedaba protegido por la interpretación

expansiva de los derechos fundamentales contenida original-

mente en el artículo 10 de 2002 u 8 de 1966, de la cual

se resaltó jurisprudencial y consistentemente su carácter no

limitativo, puesto que el texto hacía referencia a la obligada

protección de otros derechos de igual naturaleza que los expre-

samente mencionados en el texto.

Esta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Humano, en relación con el carácter de derecho fundamen-

tal, consagra que el hombre tiene el derecho fundamental a

la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida

adecuadas en un medio de calidad tal, que le permita llevar

una vida digna y gozar de bienestar. Tiene, a la vez, la solemne

obligación de protegerlo y mejorarlo para disfrute de las gene-

raciones futuras.

Los intereses difusos, íntimamente relacionados con la

cuestión de la protección medioambiental, constituyen aún

un tema complejo, al que cada vez más estudiosos del Dere-

cho y de otras disciplinas investigan a efectos de poder clasiﬁ-

carlos y regularlos conforme a una normativa propia.

Eso se debe, sin duda, a que los intereses difusos o co-

lectivos representan una ruptura con el paradigma tradicio-

nal de la teoría clásica del interés jurídico y, además, a que

se trata de una categoría incipiente, cuya incorporación a los

ordenamientos internos nacionales se vincula e impulsa con el

desarrollo de los derechos humanos de solidaridad o de tercera

547

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

generación, como el derecho a la paz, al patrimonio común de

la humanidad, etcétera.363

Son protegidos, igualmente, derechos de grupos vulne-

rables, como las mujeres y los menores de edad, pero se ha

optado por dejar al derecho penal la judicialización de las

violaciones características de esta materia. Por ello, ordina-

riamente no resultan protegidos por la acción de amparo

sino por otras vías.

11.3.3 Amparo como vía «principal» o «subsidiaria»

En el orden de la naturaleza del amparo se discute si es

«principal» o «subsidiario», incluso si es vía «efectiva» e, inclu-

so, «más» efectiva,

Para el magistrado Víctor Joaquín Castellanos el amparo

tiene naturaleza principal porque «ante la violación de un de-

recho fundamental, la víctima puede incoar inmediatamente

una acción de amparo ante el tribunal competente, es decir,

sin necesidad de satisfacer ninguna otra formalidad o de ago-

tar previamente otra vía judicial».

En otra posición, para el magistrado Wilson Gómez, en

su voto salvado a la sentencia TC/0724/18, de diez (10) de

diciembre, p. 46, el amparo tiene naturaleza subsidiaria o re-

sidual porque el artículo 70.1-LOTCPC dispone que el juez

podrá declarar la inadmisibilidad de la acción cuando existan

otras vías judiciales que permitan de manera efectiva permiten

obtener la protección del derecho fundamental invocado.

363 PELLERANO GÓMEZ (Juan Manuel), La constitucionalización de los tratados, San-

to Domingo, R.D., Revista Estudios Jurídicos, Volumen IV, número 1, enero-abril,

1994, p. 33.

548 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Acosta sostiene que la admisibilidad del amparo depende

de que exista o no otra vía: si existe, procede la inadmisibi-

lidad, de donde, en su opinión, el amparo es subsidiario o

residual. Se abundará al respecto de esta posición, antes de

lo cual debe referirse brevemente que a partir de la senten-

cia TC/0235/21, de dieciocho (18) de agosto, se interpretó

que, en casos atinentes a la desvinculación de miembros de la

Policía Nacional, la jurisdicción contencioso—administrativa

es vía principal (el amparo es subsidiario al contencioso—ad-

ministrativo suscitado en esta materia). De manera que, en

esta materia, se reitera, el amparo es subsidiario o residual. El

núcleo de la disposición precedentemente comentada dispone

como sigue:

«11.12. Sobre la base de las precedentes consideraciones, el Tri-

bunal Constitucional concluye que la jurisdicción contencio-

so-administrativa es la vía más adecuada para conocer de todas

las acciones de amparo de referencia. Ello es cónsono con las

atribuciones que el artículo 165 de la Constitución de la Repú-

blica reconoce a esa jurisdicción, particularmente las contenidas

en el acápite 3) de ese texto, así como con las disposiciones de

la ley 1494, de 2 de agosto de 1947, que instituye la Jurisdic-

ción Contencioso—administrativa para dirimir los conﬂictos

que surjan entre la Administración Pública y sus servidores;

normas completadas, en el plano adjetivo y lo atinente al órga-

no jurisdiccional competente y al procedimiento, por las leyes

13—07, del cinco (5) de febrero de dos mil siete (2007), que

crea el Tribunal Superior Administrativo, y 107—13, del seis (6)

de agosto de dos mil trece (2013), sobre los procedimientos ad-

ministrativos» )TC/’235/21, p. 31. Similar consideración consta

en TC/0023/20).

En reiteración del precedente instituido por TC/0235/21

obra la sentencia TC/0515/21, como sigue:

549

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

11.13. Es pertinente precisar que el criterio jurisprudencial

aquí establecido es válido a partir de la fecha de publicación

de la presente decisión y, por tanto, se aplicará a los casos que

ingresen al tribunal con posterioridad a su publicación. Ello sig-

niﬁca que, por aplicación del artículo 70.1 de la Ley núm. 137-

11, serán declaradas inadmisibles, a partir de la fecha indicada,

las acciones de amparo que (en los casos ya indicados) conozca

el tribunal con ocasión de los recursos de revisión incoados en

esta materia. De ello se concluye, además, que este criterio no

será aplicado a aquellas acciones incoadas con anterioridad a la

referida fecha, razón por la cual no se verán afectadas las conse-

cuencias jurídicas derivadas de estas últimas acciones.

Retomando lo sostenido por Acosta, este asume dos ejem-

plos de amparo subsidiario en el continente, el de Costa Rica

y el de Perú. En cuanto al primero de estos países, sostiene que

el amparo no tiene carácter principal sino subsidiario, pues-

to que la inadmisibilidad no se condiciona a la inexistencia

de otra vía efectiva, excepto el «amparo contra particulares».

Respecto del amparo peruano, aﬁrma Acosta que con él «un

fenómeno parecido al nuestro, en la medida en que el amparo

evolucionó de paralelo o principal a residual o subsidiario».364

Cabe resaltar que la existencia de vía efectiva como carac-

terística deﬁnitoria de la subsidiariedad del amparo encuen-

tra lo que puede interpretarse como limitación ostensible en

nuestro ordenamiento, visto que se origina en la LOTPCP, no

de la Constitución: en el artículo 72 de esta no se limita ni

condiciona el amparo en forma alguna.

364 ACOSTA DE LOS SANTOS (Hermógenes), La naturaleza del amparo latinoame-

ricano. Coherencia con la Constitución y con el resto del ordenamiento jurídico. Especial

referencia al sistema dominicano, México, UNAM, p. 23. Disponible en: https://ar-

chivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4633/3.pdf

550 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

No obstante, las constituciones solamente crean las insti-

tuciones y las leyes las regulan, como aﬁrma Acosta, quien en

este sentido justiﬁca la subsidiariedad del amparo por vía legal

con el criterio de que «el constituyente no previó los requisitos

de admisibilidad de la acción, ni la jurisdicción competente.

En este sentido, el legislador estaba habilitado para incluir en

la ley, como efectivamente lo hizo, los indicados elementos»365.

Claramente, que el legislador se encuentre habilitado a

regular las instituciones creadas por la Carta Sustantiva no su-

pone la construcción de regulaciones contrarias a las previsio-

nes del constituyente. La justiﬁcación de semejante proceder

tendría que ajustarse a la razonabilidad (que se está convir-

tiendo en un criterio bastante maleable para cobijar casi cual-

quier argumento a favor de admitir y fallar algunos asuntos)

y el respeto del contenido esencial del derecho regulado (que

debe explicitarse en el fallo, en relación con los hechos).

Se supondría que si el artículo 72 de la Carta dispone

que el procedimiento de amparo será regulado por ley y ex-

presamente dispone que ese procedimiento es «preferente,

sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades»,

entonces el legislador haría muy mal en crear un procedi-

miento legal «no preferente», que es a ﬁn de cuentas lo que

pareciera signiﬁcar la supeditación del amparo a la no exis-

tencia de otra vía eﬁcaz. Pero, el signiﬁcado de «preferen-

te» no es ése, al menos no según lo propone Acosta366: lo

que indica es que el juez apoderado de amparo debe fallarlo

antes que los restantes expedientes de los que se encuentre

apoderado. En ﬁn, este autor consigna expresamente que el

365 Idem, p. 34.

366 ACOSTA DE LOS SANTOS (Hermógenes), La naturaleza del amparo latinoameri-

cano…, obra citada, p. 40.

551

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

amparo es subsidiario y que, si fuera principal, «implicaría

transformar esta garantía (el amparo) en ordinaria, lo cual

equivale a hacerla desaparecer».

11.3.4 Amparo como proceso constitucional subsidiario

La Constitución española vigente no consagra expresa-

mente el carácter subsidiario del amparo, por lo menos no

como atribución de la jurisdicción ordinaria. Dicho carácter

subsidiario del amparo se colige o deduce, mejor dicho, de

la interpretación del artículo 53.2 constitucional, norma que

establece el derecho ciudadano de reclamar la tutela de liber-

tades y derechos tales como los que reconoce el artículo 14

de la Carta, competencia de la jurisdicción ordinaria y condi-

cionada su actuación a los principios de «preferencia y suma-

riedad», que también aplican para el proceso ante el Tribunal

Constitucional. Dado que el texto utiliza la expresión «y en su

caso» para describir la posibilidad de que el Tribunal Constitu-

cional conozca el amparo, se deduce de ello que la Carta establece

la subsidiariedad del amparo tanto ante la jurisdicción ordina-

ria (que en el caso dominicano sería equivalente al conocimiento

de una acción constitucional de amparo) como ante el Tribunal

Constitucional (que en nuestro caso deﬁne el recurso de revisión

de amparo ante el TC).

La subsidiariedad del amparo ha sido prevista tam-

bién, en el caso español, por los artículos 43 y 44 de la

LOTC (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), cita

doctrinalmente adecuada, pero a la que debe acotarse que

el amparo es una institución americana (de hecho, mexi-

cana) sobre la que abundante doctrina local se ha expuesto

de manera consistente.

552 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

El carácter subsidiario del amparo tiene importancia pro-

cesal decisiva, dado que los litigantes pueden interponerlo

como forma de hacer retardar las decisiones judiciales, pero

también lo tiene frente a la necesidad de agotamiento de la

vía previa más efectiva para la solución de las vulneraciones de

Derechos suscitadas por actos de la Administración.

En otra vertiente, es posible hablar de una «doctrina cons-

titucional consolidada» en materia de amparo como proceso

subsidiario, en cuanto se reﬁere al Tribunal Constitucional

español, como se indica en las decisiones reseñadas a pie de

página en esta nota. 367

Es así como la subsidiariedad del amparo se convierte

en el común denominador de la conﬁguración del sistema

de protección de derechos y libertades, de tal manera que

incluso en términos semánticos, en todos los lugares se ob-

serva una decidida propensión a caliﬁcar siempre el amparo

como de «subsidiario», esto es a disponer que el titular de

derechos y libertades, frente a la vulneración de que pueda

ser objeto, debe primero acudir a las autoridades judiciales

o administrativas para tratar de encontrar una solución a la

vulneración de que se trata, y debe hacerlo «antes» de acu-

dir a la jurisdicción constitucional. Esto es, se debe plan-

tear a la Administración competente la demanda de resta-

blecimiento de derechos vulnerados, y solamente cuando

367 Son ejemplo preciso de esto la STC 185/90, que, al referirse al recurso de amparo,

establece que: «Entre sus características esenciales está efectivamente la del carácter

subsidiario, derivado de que la Constitución no lo contempla como una vía directa,

ni tampoco necesariamente, como general y única, sino especial y extraordinaria pos-

terior a la defensa de aquellos derechos y libertades ante los Tribunales ordinarios…».

En similar sentido, la STC 185/92, de 16 de noviembre, STC 211/92 de 30 de no-

viembre, STC 176/91 de 19 de septiembre. Más recientemente, las STC 89/2001 de

02 de abril, y la STC 90/2001 de 2 de abril.

553

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

no se obtuviere la solución, se habilita la instancia superior

constitucional.

No está claro si en España la subsidiariedad del amparo

fue provista originalmente por la doctrina, e incorporada a la

interpretación del Tribunal Constitucional español sin saberse

actualmente si ocurrió espontáneamente o fue un criterio in-

corporado de la jurisprudencia alemana, de acuerdo con Ru-

bio Llorente368. Lo que sí está claro es que el punto presenta

una notable diferencia entre los sistemas jurídicos español y

dominicano, como se verá en lo que sigue. Pero antes de con-

siderar ese aspecto, para agotar aquí el asunto de la subsidia-

riedad en cuanto al punto en desarrollo, consta que implica

por lo menos dos elementos relevantes:

a) la jurisdicción constitucional de amparo, en lo relacio-

nado con la instrucción de los procesos no puede actuar de

manera «más eﬁcaz» que la jurisdicción ordinaria, si bien es

cierto que puede actuar con «urgencia», que es la nota distin-

tiva del amparo. Asimismo,

b) la subsidiariedad es un límite formal a la posibilidad de

que un Tribunal Constitucional «se avoque» a conocer asuntos

que son atribución de otros componentes del ordenamiento.

Es como decir que el carácter subsidiario del amparo lo

convierte en un medio de reclamo «en defecto» de lo hecho

por la jurisdicción ordinaria o administrativa,369 de manera

tal que sin pronunciamiento de esa jurisdicción no resulta

368 RUBIO LLORENTE (Francisco), «El recurso de amparo constitucional», en La ju-

risdicción constitucional en España: la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 1979-

1994 (coloquio internacional, Madrid, 13 y 14 de octubre de 1994), ISBN 84-259-

0977-5, pp. 125-173 (136).

369 CRUZ VILLALÓN (Pedro), Sobre el amparo, dsz, núm. 41, Madrid, 1994, p. 12. Dis-

ponible en: ﬁle:///C:/Users/s.ortiz/Downloads/Dialnet-SobreElAmparo-79509%20

(2).pdf

554 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

aceptable pedir la intervención constitucional para remediar

el asunto.

En nuestro sistema el carácter subsidiario del amparo es

frecuentemente citado sin plantear, en principio, sustanciales

diferencias con lo ya dicho. Por ejemplo, en la TC/0161/14,

p. 14 se aﬁrma que el amparo es un mecanismo protectivo de

derechos fundamentales «excepcional y subsidiario», en el que

la excepcionalidad radica en su procedencia limitada a «casos

en que se evidencia una grosera y maniﬁesta violación a un

derecho fundamental» y la subsidiaridad, porque el amparo

solamente puede ser admitido «cuando en el sistema jurídi-

co no exista un mecanismo que permita sancionar un com-

portamiento arbitrario cometido por una autoridad pública

o privada y que tenga como consecuencia la violación de un

derecho fundamental».

El TC incluso ha deﬁnido el propósito de la subsidiarie-

dad del amparo, aﬁrmando que utilizar esa vía cuando existan

«otros mecanismos adecuados» simplemente desnaturalizaría

la acción en sí misma considerada, dado que sus soluciones

serían «de menor calidad» debido al tipo de procedimiento

(sumario) de que se trata, que impide a las partes actuar «con

holgura» en el ejercicio de un derecho fundamental como el

de defensa en juicio entre otras razones. A propósito, un voto

disidente del magistrado Lino Vázquez Sámuel, reﬁere que el

carácter subsidiario del amparo impide referirse a esa acción

como vía idónea para cuestionar actos vulneratorios de dere-

chos fundamentales, dado que su admisibilidad está expresa y

legalmente sujeta a la inexistencia de «otra vía eﬁcaz» (como se

estableció en la Sentencia TC/0179/15, p. 18).

En España, el punto de la subsidiariedad del ampa-

ro constitucional presupone el agotamiento de los medios

555

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

impugnatorios de la vía ordinaria y una denuncia formal de

la vulneración de derechos especíﬁcamente citados en el curso

del proceso. La exigencia es incluso mayor que en nuestro sis-

tema, siempre que la jurisprudencia constitucional española,

para considerar la utilización de la vía ordinaria, exige el cri-

terio de agotamiento de esa vía, y elabora cuestiones que en

nuestro caso no se han realizado al respecto.

En efecto, por lo menos desde la STC 177/2007370 se ad-

mite en España que la exigencia de agotamiento previo de vía

ordinaria supone la utilización no de todos los medios dispo-

nibles, sino especíﬁcamente o especialmente de aquellos cuyo

ejercicio estaba disponible y no deja subsistir duda sobre la

posibilidad real de su interposición por el afectado o recla-

mante, ni de lo adecuado que resultarían dichos medios o vías

en cuanto a reparar la vulneración o conculcación de derechos

fundamentales de que trate la demanda de amparo.

El sistema dominicano no ha elaborado en absoluto nin-

gún criterio relativo a la interposición de recursos o vías im-

pugnaticias improcedentes como forma de agotamiento de la

vía ordinaria, en relación con el amparo, o esa elaboración no

pudo ser encontrada.

Debe observarse que en el sistema constitucional español

esta exigencia de agotamiento previo exige que la diligencia

del recurrente se realice mediante procedimientos «pertinen-

tes» y «útiles», tanto en relación con el tiempo (plazo) como

con la forma, o de lo contrario la autoridad competente se ve-

ría imposibilitada de resolver el conﬂicto ni podría ofrecer re-

paraciones a la lesión o vulneración alegada, todo lo contrario

370 Sentencia disponible en: https://vlex.es/vid/ﬁliacion-extramatrimo-

nial-d-ce-27819896

556 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

a lo que aspira y determina la Ley Orgánica 6/2007 respecto

de la tutela de derechos y libertades.

Una de las pocas propuestas jurisprudenciales locales de

atención sobre el punto tratado es la sentencia TC/0182/13,

al considerar la existencia de otras vías «judiciales» cuyo ejer-

cicio hubiera permitido «de manera efectiva obtener la pro-

tección del derecho fundamental invocado», pero ello «… no

signiﬁca en modo alguno que cualquier vía pueda satisfacer el

mandato del legislador, sino que las mismas resulten idóneas a

los ﬁnes de tutelar los derechos fundamentales alegadamente

vulnerado». Esto es, en opinión de nuestro Tribunal Cons-

titucional, una vía más efectiva que el amparo puede serlo

solamente cuando resulta idónea, o «suﬁciente» para tutelar

derechos y libertades. Es criterio muy parecido al criterio es-

pañol, al que precedentemente se ha hecho referencia.

Otras decisiones podrían hacer suponer que la noción de

vía judicial más efectiva se encuentra condicionada a la iden-

tiﬁcación del tribunal idóneo y a la explicación de las razones

por las que es eﬁcaz, de manera que se evite la arbitrariedad, y

por tanto asemejando el sistema al condicionamiento español

de agotamiento de vía apta tal como se analizó de manera pre-

cedente. Si se considerara así, se tendrían a mano diversas pro-

puestas jurisprudenciales en aplicación del artículo 70.1 de la

Ley núm. 137-11, como se estableció al interpretar que «…el

ejercicio de la mencionada facultad de inadmisión se encuen-

tra condicionada a la identiﬁcación de la vía judicial que el tri-

bunal considere idónea, así como de las razones por las cuales

la misma reúne los elementos de eﬁcacia requeridos por el le-

gislador (como se decidió en la Sentencia TC/0182/13.11.h).

Resultaría más o menos desarrollado el criterio. Pero tam-

bién resulta que para el TC dominicano el amparo «es» la vía

557

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

idónea para tutelar derechos fundamentales y, en consecuen-

cia, dado que «este Tribunal Constitucional entiende que la

acción de amparo es la vía más idónea que tiene toda perso-

na para tutelar los derechos «, entonces se relativiza el agota-

miento de vía jurisdiccional ordinaria (como en la Sentencia

TC/0217/13 punto 10.1).

Lo contrario ha sido totalmente cierto también: el TC ha

privilegiado la subsistencia de vía judicial más efectiva cuando

se trata de asuntos penales (ordenando de manera consistente

que todo asunto de la competencia del juez de la Instrucción

debe ser tratado primero por ese juez y no por la jurisdicción

constitucional), o en asuntos civiles, como en TC/0083//12,

sentencia en la que el accionante, a juicio del TC, podía recla-

mar vía referimiento «o ante el juez apoderado del embargo»

la entrega de una suma de dinero dada en depósito.

De manera diferente a lo que ocurre entre nosotros, la

LOTC española prevé, respecto de la subsidiariedad del am-

paro, una excepción de aplicación cuando se trata de «amparo

directo» contra actos emanados de las cortes, asambleas legis-

lativas de comunidades autónomas o sus órganos.En el caso

dominicano no es posible esta vertiente porque no se acepta el

amparo de ninguna forma cuando se interpone contra leyes,

y si es contra resoluciones, autos u otras decisiones de tribu-

nales ordinarios o de la Administración entonces tampoco se

interpone amparo sino «revisión constitucional de decisiones

jurisdiccionales» o un recurso «contencioso administrativo».

11.4 Clases o tipos de amparo

El amparo «ha modiﬁcado su propósito original de tu-

telar exclusivamente los derechos fundamentales de carácter

558 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

constitucional contra leyes o actos de cualquier autoridad,

en un conjunto complejo de procesos que tutela todo el or-

denamiento», comprendiendo, en su opinión, cinco proce-

sos: el habeas corpus, al que caliﬁca de «amparo de la liber-

tad»; el amparo contra leyes («considerado como la vía por

medio del amparo para combatir las disposiciones legisla-

tivas» y compuesto por la acción de inconstitucionalidad y

por el recurso de inconstitucionalidad); el amparo judicial o

amparo casación» (para la impugnación de las resoluciones

judiciales); el proceso contencioso administrativo y el «am-

paro social o agrario».371

Parte de la doctrina constitucional admite cuatro (4) ti-

pos o clases de amparo, a saber: amparo ordinario, de cum-

plimiento, colectivo y electoral. Se suma a los anteriormente

identiﬁcados el amparo «preventivo», que no aparece tex-

tualmente nominado en la ley, pero resulta claro de la posi-

bilidad de interposición de amparo para conjurar la acción u

omisión que en forma inminente amenace los derechos fun-

damentales (que es la letra del art. 65 de la Ley núm. 137-11

al deﬁnir la acción de amparo). Sobre el punto ha dispuesto

el TC en su sentencia TC/0304/16, de veinte (20) de junio

y reitera en TC/0338/20, de veintidós (22) de diciembre, lo

que se resume aquí:

«El amparo preventivo es la vía de la cual se dispone cuando

existe riesgo de que los derechos fundamentales pudiesen resul-

tar conculcados y la utilización de las vías ordinarias tardía, o

371 MARTÍNEZ RAMÍREZ (Fabiola), «El juicio de amparo, su naturaleza jurídica y

relación con los tribunales constitucionales», en El juicio de amparo. A 160 años de la

primera sentencia, Tomo II, pp. 1-26 (18), Universidad Nacional Autónoma de Mé-

xico, Repositorio Universitario, Disponible en línea: http://ru.juridicas.unam.mx/

xmlui/handle/123456789/11972?show=full

559

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

cuando se advierte un daño inminente, motivado por acciones

cometidas por autoridades públicas o por particulares, o más

aún, cuando la legislación no ha previsto vías o recursos para el

reclamo» … (párrafo «l», pág. 20).

En la misma decisión (párrafo «o», pág. 21) el TC explica

que la interposición del amparo preventivo, cuando menos en

atención al caso ocurrente, su interposición «… persigue que

el juez constitucional, más que veriﬁcar la existencia de una

violación a un derecho fundamental, aprecie la amenaza de

violación que se le ha presentado con la intención de que dis-

ponga las medidas correspondientes para que la conculcación

no se concrete».

En TC/0304/16, precedente reiterado en TC/0392/19,

letra o, p. 27, se asumió que el amparo preventivo es: […]

«la vía de la cual se dispone cuando existe riesgo de que los

derechos fundamentales pudiesen resultar conculcados y la

utilización de las vías ordinarias tardía, o cuando se advirtiere

un daño inminente, motivado por acciones cometidas por au-

toridades públicas o por particulares»

Puede también aludirse a «otros amparos», en el sentido

en que son citados por los artículos 69 (el amparo para sal-

vaguardar derechos colectivos y difusos), 74 (el amparo «en

jurisdicciones especializadas»); y artículo 75 (amparo «contra

actos y omisiones administrativas»), todos de la LOTCPC.

Conviene resaltar, respecto de los derechos colectivos y difu-

sos se ha considerado que su garantía «está consagrada en el

artículo 72 de la Constitución, y el párrafo II del artículo 105

de la Ley 137-11», que «otorga legitimación a cualquier per-

sona para incoar amparo de cumplimiento cuando se trate

de la defensa de derechos colectivos y del medio ambiente o

560 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

intereses difusos o colectivos, por lo que los accionantes están

legitimados para interponer la acción de amparo de cumpli-

miento incoada (TC/0071/15).

En el mismo orden, se habla de «amparo electoral» tal

como lo ha deﬁnido la sentencia TC/0068/13. 10. h), para la

que se trata de un:

[…] «mecanismo de protección de derechos fundamentales,

para tutelar efectivamente los derechos políticos—electora-

les de los ciudadanos, así como de los partidos políticos y sus

miembros frente a situaciones concretas de amenazas o lesión a

derechos fundamentales en el plano electoral».

Son defendibles mediante esta garantía […] «derechos

fundamentales como el derecho a obtener una tutela judicial

efectiva, con respecto del debido proceso y sus garantías; los

derechos a la dignidad personal, la igualdad y al salario», se so-

bre entiende que en el proceso electoral, tal como se estableció

en TC/0096/12. Su conocimiento y competencia se reconoce

al Tribunal Superior Electoral desde TC/0068/13.

También existe el amparo «de cumplimiento», entendido

como la garantía prevista por el artículo 104 de la Ley LOT-

CPC, cuya ﬁnalidad es […] obtener del juez de amparo una

decisión mediante la cual ordene a un funcionario o autoridad

pública el cumplimiento de una norma legal, la ejecución o

ﬁrma de un acto administrativo, dictar una resolución o un

reglamento#. (TC/0218/13.11.c).

h. En relación con la procedencia del amparo de cumplimien-

to, este tribunal estableció en su Sentencia TC/0009/14, del

catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), que: […] «el

amparo de cumplimiento es una acción jurídica que tiene como

ﬁnalidad hacer efectiva la materialización de una ley o acto de

561

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

carácter administrativo en interés de vencer la renuencia o resis-

tencia del funcionario o autoridad pública. Con dicha acción,

el juez procura hacer prevalecer la fuerza jurídica y la plena eﬁ-

cacia de la ley».

11.4.1 Amparo de cumplimiento

Se denomina amparo de cumplimiento a la acción que

tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de una nor-

ma, debiendo la misma tener categoría de ley o de acto admi-

nistrativo, con la pretensión esencial de que el juez ordene que

el funcionario o autoridad pública renuente dé cumplimiento

a una norma legal, ejecute un acto administrativo, ﬁrme o se

pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan

emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento,

con las salvedades siguientes:

(a) No es admisible el amparo de cumplimiento contra

normas que no sean leyes o actos administrativos;

(b) No es admisible el amparo de cumplimiento contra

autoridades que no hubieren emitido el acto cuestio-

nado o no tengan a su cargo cumplirlo;

(c) No es admisible cuando se interpone exclusivamente

para impugnar la validez de un acto administrativo;

(d) No es admisible cuando se demanda el ejercicio de

potestades discrecionales caliﬁcadas de tal manera

por la ley:

(e) No es admisible contra el Tribunal Constitucional, ni

contra el Poder Judicial ni el Tribunal Superior Elec-

toral;

(f) No es admisible contra el Congreso para exigirle la

aprobación de una ley;

562 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

(g) No es admisible cuando procede el habeas corpus, el

habeas data u otra acción de amparo, y

(h) No es admisible si antes de interponerlo no se ha exi-

gido previamente a la autoridad concernida el cum-

plimiento de que se trata.

11.4.1.1 Diferencia entre amparo y amparo de cumpli-

miento. En cuanto a la admisibilidad o procedencia, la senten-

cia TC/0360/21 reiteró lo interpretado por la TC/0205/14, en

la que se considera la diferencia entre el amparo ordinario y el

de cumplimiento a los efectos indicados, así como los requisitos

de admisibilidad o procedencia de ambas acciones, como sigue:

«…en el contexto del ordenamiento jurídico procesal consti-

tucional dominicano, el legislador ha establecido un amparo

ordinario de carácter general y un amparo de cumplimiento,

el cual tiene un carácter especial, creando para la interposición

de ambas acciones requisitos de admisibilidad diferentes, por

cuanto se persiguen objetos también distintos».

En este sentido, el amparo de cumplimiento tiene como

fundamento:

«según el artículo 104 de la Ley núm. 137-11, obtener del juez

de amparo una decisión mediante la cual se ordene a un fun-

cionario o autoridad pública renuente, el cumplimiento de una

norma legal, la ejecución o ﬁrma de un acto administrativo,

dictar una resolución o un reglamento».

11.4.2 Amparo colectivo

Se trata de una acción constitucional para la defensa de

los derechos colectivos y del medio ambiente, como también

563

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

de intereses colectivos y difusos. Su objeto es el de impedir o

prevenir un daño grave, actual o inminente, hacer cesar una

turbación de derecho o para exigir la reposición de las cosas

al estado anterior al daño producido o la reparación del ya

ocasionado. En este tipo de amparo puede participar (está le-

gitimada para actuar) cualquier persona, siempre que solicite

intervenir antes de que se dicte la sentencia.

11.4.3 Amparo electoral

En materia electoral, la primera en la que se previó el

amparo como se ha dicho a propósito del artículo 111 de la

Ley 275-97, citada, se protegen derechos tanto directos como

indirectos, dentro de los derechos directamente tutelables se

encuentran los prescritos por el artículo 22 de la carta mag-

na, numerales 1 y 2, que son: derechos de ciudadanía, que se

concretan en el derecho a elegir y ser elegible, y el derecho a

decidir mediante referendo.

En similar sentido, el ejercicio del sufragio según el artí-

culo 208 de la Constitución, y con él la necesidad imperati-

va de que todo voto sea personal, libre, directo y secreto, así

como de la nulidad del voto si el votante es obligado o coac-

cionado para votar o para revelar su voto.

La vulneración de derechos relacionados con inmunida-

des, la libertad o la seguridad del elector, de que hablaba el

artículo 111 de la Ley 275-97 y eventualmente trata el artí-

culo 216 de la Ley núm. 15-19, del 18 de febrero de 2019, se

relaciona directamente tanto con el derecho de sufragio como

con un amplio campo de derechos, que entenderemos como

derechos indirectamente protegidos por el amparo electoral y

que se reﬁeren al libre tránsito del votante (art. 46 de la Carta

564 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Sustantiva); la libertad de reunión (art. 48), ambos en ocasión

del ejercicio del sufragio.

Igualmente cabe considerar como derechos protegidos

por esta garantía la inviolabilidad de la correspondencia y

documentos, registros, papeles y archivos pertenecientes a las

agrupaciones y partidos políticos, que durante la campaña

electoral se encuentren en sus locales, oﬁcinas y dependencias

(art. 210 de la Ley 15-19) y la prohibición de que los locales

de las agrupaciones y partidos políticos reconocidos, sus bie-

nes muebles e inmuebles, y, en general, todo cuanto constitu-

ya su patrimonio, sea objeto de persecución, embargo, secues-

tro, expropiación o desposesión total o parcial, ni por parte de

las autoridades públicas ni de particulares, durante el período

electoral (art. 209 de la ley electoral).

11.5 Sumariedad y preferencia en materia de amparo

Se ha suscitado la cuestión de si el amparo en atribuciones

ordinarias es o no es prioritario sobre las atribuciones del TC,

cuestionándose la característica del amparo como vía sumaria

y preferente372. Se ha decidido al respecto que las atribuciones

ordinarias priman sobre las atribuciones de amparo, en el sen-

tido de que permiten examinar el asunto de manera profunda

y aplicar la legislación adjetiva especiﬁca.

[…] en la especie, la pertinencia de la vía contenciosa admi-

nistrativa, en sus atribuciones ordinarias, y no de amparo, se

justiﬁca en la misma naturaleza de esta última acción, la cual

372 FAIREN GUILLÉN (Víctor), «El procedimiento preferente y sumario» y el recurso

de amparo en el artículo 53-2 de la Constitución», en: Revista de administración pú-

blica, ISSN 0034-7639, N.º 89, 1979, pp. 207-250.

565

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

es sumaria, no pudiéndose examinar de manera profunda casos

como el presente, esto es, que conllevan una interpretación pro-

funda de actos administrativos y una aplicación basada en una

legislación adjetiva especíﬁca. (TC/0191/13.10. k).

El precedente al respecto fue establecido, de acuerdo con

el TC, por la sentencia TC/0030/12.

En la Sentencia TC/0030/12, de fecha tres (3) de agosto de

dos mil doce (2012), como en las subsiguientes TC/0083/12

y TC/0084/12, ambas de fecha 15 de diciembre de 2012, el

TC reiteró que: […] el procedimiento previsto para la acción

de amparo es sumario, lo cual impide que una materia como

la que nos ocupa pueda instruirse de manera más efectiva que

la ordinaria. (TC/0191/13.10. l).

Esto quiere decir que para el TC todo asunto que deba ser

sustanciado amplia y profundamente debe serlo por la juris-

dicción ordinaria, por ser ella la que cuenta con las estructuras

necesarias para cumplir la instrucción del asunto.

TC/0394/19, p. 21.

c. En virtud de lo anterior, colegimos que resulta aplicable a

la especie el criterio ﬁjado por este tribunal en la antes citada

sentencia TC/0204/14. Por tal motivo, el Tribunal Consti-

tucional estima procedente inadmitir el recurso de revisión

interpuesto por el señor Juan Lorenzo Richard, al haberse in-

coado contra un dictamen de naturaleza incidental, que solo

podrá ser revisado juntamente con la sentencia que decida el

fondo de la acción de amparo de cumplimiento originaria.

Esta medida se adopta con el ﬁn de evitar el uso abusivo de

las vías recursivas contra dichas decisiones incidentales para

retardar el procedimiento de la acción de amparo, en procu-

ra de salvaguardar la sumariedad del amparo, que constituye

uno de sus rasgos esenciales, de conformidad con lo previs-

to en los artículos 25.1 de la Convención Americana sobre

566 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Derechos Humanos 15 y 72 de la Constitución dominica-

na (TC/0204/14, TC/0008/15, TC/0452/15, TC/0469/15,

TC/0768/17).

11.5.1 Urgencia del amparo

A propósito de la urgencia del amparo373 se han manejado

dos acepciones: ante primera instancia, se reﬁere a las medidas

de instrucción; ante el TC, pudiera tener lugar únicamente en

cuanto al plazo para fallar.

En TC/0049/12. 10.

«En lo que respecta a que se declare el procedimiento de ex-

trema urgencia, es oportuno aclarar que si bien la referida Ley

137-11 consagra esta facultad para la materia de amparo, su

aplicación está reservada, por lo general, al tribunal que conoce

primariamente de la acción, ya que es en esta instancia donde

se celebran audiencias y se adoptan medidas de instrucción. En

ocasión del conocimiento del recurso que nos ocupa, la cele-

bración de audiencias es facultativa y excepcional, de manera

que la urgencia pudiera tener lugar únicamente en lo relativo al

plazo para fallar».

Es importante retener, en relación con la urgencia en el

amparo, que, como vía regia o directa, en materia administra-

tiva, por ejemplo, no exige el previo recorrido de la instancia

dado que, de ser posible transitarla, entonces eso mismo de-

mostraría que no existe urgencia y, por tanto, que el amparo

es improcedente.

En materia de amparo la urgencia maniﬁesta, en la prác-

tica, patente contradicción entre la formulación teórica o

373 CAIRO ROLDÁN (O.), Justicia constitucional y proceso de amparo. El amparo y los

derechos humanos, Lima, Palestra, 2004, p. 173.

567

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

normativa como vía sumaria, preferente y urgente, cayendo

inerme bajo el peso de reiteradas vistas en las que se instruye

y reinstruye el asunto hasta que, usualmente tras meses de es-

pera, se produce la decisión ﬁnal. Debe recordarse, entonces,

que el objeto de la demanda de amparo es la tutela inmediata

de los derechos acogidos en la Constitución, que no deben

resultar ilusorios o inefectivos.

El amparo procura una protección expedita y rápida que

emana directamente de la Constitución y obliga a los jueces a

examinar las alegaciones de transgresiones maniﬁestas de los

derechos y, en tal caso, expedir las órdenes conducentes a la

cesación del perjuicio denunciado374.

11.6 Actos contra los cuales se interponen amparos

11.6.1 Amparo ordinario: actos contra los que se interpone

De acuerdo con la redacción del artículo 65-LOTCPC,

son actos impugnables mediante amparo «todos» los actos

u omisiones «que en forma actual o inminente y con arbi-

trariedad o ilegalidad maniﬁesta lesionen, restrinjan, alteren

o amenacen los derechos fundamentales consagrados en la

Constitución, con excepción de los derechos protegidos por

el habeas corpus y el habeas data». Es decir, cualquier acto

u omisión de afectación negativa de derechos fundamentales

puede ampararse, excepto la libertad personal (que se protege

mediante el habeas corpus) y los datos personales (que se pro-

tegen por habeas data).

374 ROJAS (J. A.), Sistemas cautelares atípicos, Rubinzal-Culzoni ed., Bs. As., 2009, pp.

485, 491 y ss.

568 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Son actos impugnables en amparo todos aquellos en los

que se compruebe «la existencia de actuación arbitraria algu-

na tendente a vulnerar los derechos fundamentales del accio-

nante» (TC/0542/19). De lo contrario se impondría, según la

decisión de referencia, la notoria improcedencia del amparo.

Se asume que la vulneración actual o la amenaza de vul-

neración de derechos fundamentales resulta incluso obvia,

puesto que, si es necesario instruirla mediante aportación de

prueba más o menos compleja, entonces el amparo, por ser

un procedimiento sumario, puede no constituir la vía efectiva.

Incumbe al juez de amparo, «exclusivamente, el examen

de cualquier actuación de la autoridad pública o de los parti-

culares que lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fun-

damentales consagrados en la Constitución, de acuerdo con la

normativa prevista por el artículo 65 de la Ley núm. 137-11»

(TC/0091/15). Dado que en el caso considerado en esta de-

cisión no se produjeron afectaciones de derechos fundamen-

tales, sino que «consiste en decidir sobre la validez del proce-

dimiento de incautación de un vehículo de motor del señor

PLMG», esa resulta ser una «materia que resulta competencia

de la jurisdicción civil ordinaria, y no de la del juez de ampa-

ro».

En la sentencia TC/0091/15 se decidió que no son actos

impugnables en amparo aquellos para los que se encuentren

disponibles otras vías judiciales, como sigue:

«f. En cuanto al primer argumento, conviene tener presente que

el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11 dispone que la inadmi-

sibilidad de la acción de amparo podrá ser pronunciada cuan-

do «[…] existan otras vías judiciales que permitan de manera

efectiva obtener la protección del derecho fundamental invo-

cado». Este tribunal estima que incumbe al juez de amparo,

569

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

exclusivamente, el examen de cualquier actuación de la autori-

dad pública o de los particulares que «lesione, restrinja, altere o

amenace los derechos fundamentales consagrados en la Cons-

titución», de acuerdo con la normativa prevista por el artículo

65 de la Ley núm. 137-11. En la especie, el aspecto ahora pon-

derado no implica en lo absoluto afectación de derechos funda-

mentales, sino que consiste en decidir sobre la validez del pro-

cedimiento de incautación de un vehículo de motor del señor

Pedro Luis Marcel Grullón, materia que resulta competencia de

la jurisdicción civil ordinaria, y no de la del juez de amparo».

11.7 Aspectos procesales del amparo. El amparo en primera

instancia

De acuerdo con el artículo 65-LOTCPC, el amparo pro-

cede contra una amplia variedad de actos inespecíﬁcos, in-

cluyendo amparo para proteger derechos colectivos y difusos

por parte de «personas físicas o morales». Surgen de ello pro-

blemas procesales considerables. El primero es que en cuanto

al amparo se reﬁere, la LOTCPC no regula lo atinente a la

legitimación de las personas morales.

Cabe suponer, por ejemplo, que deben seguir las reglas

propias de la materia origen del conﬂicto, y por ello, si el asun-

to es penal se actúa bajo la cobertura de los artículos 51, 188

y otros del CPP. Esto es solamente una interpretación posible.

En materia de medioambiente y recursos naturales, don-

de se aplican idóneamente los derechos colectivos y difusos,

resulta evidenciada una colisión de Derecho: la jurisdicción

competente en atribuciones penales es el Juzgado de Primera

Instancia del lugar donde ocurre el delito medioambiental,

pero siguiendo la regla del Art. 178 de la Ley 64.00, «Toda

persona o asociación de ciudadanos tiene legitimidad procesal

570 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

activa para enunciar y querellarse por todo hecho, acción, fac-

tor, proceso, o la omisión u obstaculización de ellos, que haya

causado, esté causando o pueda causar daño, degradación,

menoscabo, contaminación y/o deterioro del medio ambiente

y los recursos naturales». La colisión se fundamenta en que

de acuerdo con el art. 51-CPP está legitimada para actuar la

organización «especializada», mientras la Ley núm. 64-00 per-

mite la acción a «toda persona o asociación».

Podría inferirse que, como ley posterior, el Art. 51-CPP

deroga la disposición del Art. 178 de la Ley Núm. 64-00, de

Medioambiente y Recursos Naturales, en cuanto este último

texto no exige, en principio, que la organización fundamente

su calidad en ser «especializada» con relación al derecho fun-

damental o la materia que se alegue violada. Este criterio, sin

embargo, no es válido: la regla del Art. 67 de la LOTCPC es

que toda persona física o moral, sin distinción de ninguna espe-

cie, tiene derecho a reclamar la protección de sus derechos funda-

mentales mediante el ejercicio de la acción de amparo… lo que

zanja la cuestión no solamente frente a la materia medioam-

biental, sino en todos los casos.

11.7.1 Principios constitucionales aplicables a la acción de

amparo

Ciertos principios constitucionales se aplican a todas las

materias, sea para garantizar el acceso a la justicia como para

regular el transcurso de todos los asuntos mientras se encuen-

tran sometidos a juicio. Algunos de esos principios, de natura-

leza procesal, son incluso tan importantes y guardan tan estre-

cha relación con el amparo, que rigen la forma en que este se

impulsa o desarrolla en cuanto acción constitucional, desde el

571

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

momento en que es introducida al juez de primera instancia,

hasta llegar a la sentencia deﬁnitiva. Esos principios son: el

principio dispositivo, el de impulso procesal, la contradicción

y el de economía procesal.

(a) El principio dispositivo en materia de amparo. El ejerci-

cio de la acción de amparo no deja de ser una acción eminen-

temente privada, en el sentido de que de su propia deﬁnición

se determina que existe una parte, al que se ha identiﬁcado

como «el particular», «gobernado» o «administrado» contra

quien se ha realizado y acto u omisión lesivo de sus derechos.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 67-LOTCPC puede

actuar toda persona a quien se vulneren sus derechos, no los

derechos de otros. La única excepción a esta regla ocurre cuan-

do se trata de salvaguardar el medioambiente o los derechos

colectivos y difusos, dado que en estos casos es posible que

cualquier persona reclame la sanción y restitución de las cosas

al estado previo al hecho que motiva la acción. Ver al respecto

el párrafo del artículo 105.LOTCPC.

Por su carácter privado, en consecuencia, se requiere que

el accionante o particular tenga obligatoriamente que impulsar

la acción, pues ella no podría ser iniciada de oﬁcio por el juez

ni por quienes no hubieren sufrido el acto u omisión de que

se trata, en términos directos o personales. Su fundamento ra-

dica en la esencia privada del derecho subjetivo vulnerado, en

el sentido de que ha sido asignado a alguien en particular, y es,

por tanto, parte de la autonomía de la voluntad lo que pone

en movimiento la solución jurisdiccional deseada. Este princi-

pio dispositivo respeta la libertad individual de las partes, que

pueden querer iniciar el proceso o no iniciarlo, siendo lo que

permite, igualmente, que las partes puedan cesar o desistir de

sus pretensiones. El principio dispositivo queda claramente

572 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

identiﬁcado en materia de amparo, en atención al poder que

tiene toda persona de acudir al magistrado del Tribunal de

Primera Instancia del lugar donde ocurre la vulneración del

derecho o ante el Tribunal Constitucional, en revisión cons-

titucional de decisiones jurisdiccionales, iniciando la acción

o el recurso, identiﬁcando a las partes y el objeto pretendido.

El juez apoderado deberá pronunciarse valorando las pre-

tensiones de las partes, conforme a las conclusiones que hu-

bieren sido expuestas en juicio, deﬁniendo lo que se denomi-

na objeto del proceso, o sea, la esencia de la controversia entre

partes. Como el apoderamiento es lo que da inicio al proceso

de amparo, las partes deben limitarse a las reglas de dirección

procesal del juez o tribunal, quien podrá entonces disponer

cuantas medidas entienda pertinentes para la veriﬁcación de

los hechos y el derecho.

(b) El principio de impulsión procesal. Para las partes, muy

especialmente para el accionante, el impulso procesal implica

la preparación del caso y la determinación de su curso, lo que

comprende la actuación judicial y extrajudicial. Es el interés

maniﬁesto para que el proceso llegue a su ﬁn con la obtención

de la decisión ﬁnal del litigio.

En materia de amparo el juez conserva un rol no sola-

mente activo, puede decirse súper activo: si bien no puede

iniciar de oﬁcio la acción, una vez iniciada puede disponer, le

pidan las partes o no, todas las medidas que entienda proce-

dentes o necesarias.

(c) El principio de contradicción. Referirse al principio de

contradicción es hablar del derecho de defensa. Es la oportu-

nidad a que todas las partes envueltas en el asunto sean de-

bidamente oídas, en igualdad de condiciones o armas, con

respeto y cumplimiento de la lealtad, bajo el principio de la

573

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

buena fe procesal. Con ello se protege el derecho de defen-

sa, garantizando la bilateralidad o la contradicción, que com-

prende la lealtad de los debates en un ejercicio apegado a la

ética, basada en la sinceridad de los hechos y de las pruebas.

Con ello se busca que las partes muestren sus medios a los

demás, con el ánimo de que los conozcan y pueda oportu-

namente contradecirlos, poniendo al juez en condiciones de

veriﬁcar la verdad de los planteamientos vertidos y dictar una

sentencia justa.

(d) El principio de economía y celeridad procesal. La ya cita-

da sentencia del 24 de febrero de 1999, de la Suprema Corte

de Justicia, reconoció el derecho a un recurso rápido, que en

un tiempo razonable permitiera obtener una decisión deﬁniti-

va, en el sentido previsto por el artículo 25.1 de la Convención

Americana de Derechos Humanos. Posición que también aco-

gió el legislador en el artículo 22 de la derogada ley de ampa-

ro, al prescribirse que el juez debía rendir su decisión dentro

de los cinco días que siguieran al momento del cierre de los

debates. Es plazo que se conserva en el artículo 84-LOTCPC.

Si en los procesos ordinarios se plantea la necesidad de la

economía procesal y la celeridad de estos, enarbolando o apli-

cando más bien la máxima de que una justicia tardía equivale

a la negación de justicia, mucho más debe considerarse en el

proceso de amparo, en el que la rapidez es un mandato expre-

so en su fuente constitucional.

Permitir la complicación de la acción, o que se extienda y

genere costos extraordinarios es desconocer la naturaleza pro-

pia de ella, incurriéndose en una negación o desnaturalización

del amparo, pues no se trata de un proceso para la condena-

ción o declaración de un derecho subjetivo, sino que se trata

de la protección de un derecho fundamental.

574 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

11.7.2 Competencia

En principio, el juez de amparo competente es el del tri-

bunal de primera instancia del lugar donde se haya manifes-

tado el acto u omisión cuestionado. En algunos lugares, los

tribunales de primera instancia están divididos en salas, como

en Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago. En otros,

están divididos en cámaras. Debe observarse que en este caso

no rige la Ley 50-00, que por lo mismo debe considerarse de-

rogada a ﬁnes de apoderamiento de amparo: la instancia intro-

ductiva no se deposita por ante el juez presidente del Tribunal,

sino por ante el juez «cuya competencia de atribución guarde

mayor aﬁnidad y relación con el derecho fundamental violado»,

lo que ciertamente algunos han entendido en la práctica como

la libertad de interponer el amparo ante cualquier juez, sin que

necesariamente compartamos esa opinión.

De otro lado, conviene advertir que el Tribunal de Pri-

mera Instancia no es competente para conocer todos los am-

paros, en todas las materias. Antes bien, es competencia de

las jurisdicciones especializadas, tal como lo ordena el Art. 74

de la LOTCPC. En consecuencia, por ejemplo, un amparo

electoral debe ser conocido por el Tribunal Electoral, como

un amparo administrativo debería serlo por el Tribunal Con-

tencioso Administrativo, todo ello siguiendo primero la regla

de que en amparo es competente el juez más afín a la materia.

La determinación de la competencia constituye el primer

presupuesto procesal que todo juez, frente a un determinado

apoderamiento, debe dilucidar, según se ha reconocido en la

Sentencia TC/0512/21:

«6.1. La determinación de la competencia constituye el primer

presupuesto procesal que todo juez, frente a un determinado

apoderamiento debe dilucidar, puesto que sirve para establecer

575

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

si el juez o tribunal al que se le ha planteado la pretensión tiene

las atribuciones suﬁcientes para decidir el conﬂicto, por lo que,

en consecuencia, ella debe ser resuelta previo examen del mérito

o fondo del conﬂicto».

Accionante que invoca al TC como vía correcta para co-

nocer su pretensión, alegando que la misma no puede ser in-

vocada en ninguna de las jurisdicciones ordinarias o extraordi-

narias del Poder Judicial por epidemia COVID—19.

6.2. El accionante… invoca que la vía correcta para conocer

su pretensión es el Tribunal Constitucional, alegando que la

misma no puede ser invocada en ninguna de las jurisdicciones

ordinarias o extraordinarias del Poder Judicial de la República

Dominicana ya que no se encuentran habilitadas como conse-

cuencia de las medidas implementadas en toda la República a

raíz de la pandemia del Coronavirus 19 – COVID 19 —. Sin

embargo, es de rigor enfatizar que a quien corresponde deter-

minar si este Tribunal Constitucional tiene competencia para

conocer de la acción incoada es al propio tribunal, en virtud

de lo que establecen la Constitución y la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales.

En otro sentido, retomando la exposición, es constante

el rechazo del TC cuando la decisión recurrida no es sobre el

fondo. Se ha interpretado que el recurrente no tiene opción

para recurrir una sentencia no deﬁnitiva, bajo el criterio resu-

mido a continuación:

[…] Al momento del legislador establecer que la decisión o sen-

tencia que determina la incompetencia de un tribunal, «podrá»

ser recurrida junto con la decisión rendida sobre el fondo de la

acción de amparo, no dejó a opción del accionante recurrir la

sentencia declinatoria de incompetencia de forma independiente

576 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

o con el fondo, sino que establece de manera imperativa que

las decisiones que determinen la incompetencia de un Tribunal

apoderado de una acción de amparo, sólo podrán ser recurridas

junto con la decisión que pone ﬁn al litigio. (TC/0133/13.9.d).

El asunto había sido decidido en 2012, en ocasión de

sentencia de incompetencia originada en el Tribunal Superior

Administrativo. En efecto, se sostuvo en TC/0002/12. a) que:

[…] la revisión de amparo es inadmisible si el a—quo se limita a

pronunciar su incompetencia, sin conocer el fondo, enviando a

otro tribunal, […] lo que no ocurrió en el caso de la especie, ya

que el Tribunal Superior Administrativo se limitó a declarar su

incompetencia de atribución en razón de la materia, declinán-

dolo por ante la jurisdicción inmobiliaria en virtud del artículo

74 de la referida Ley No.137-11, que dispone lo siguiente […]

La razón por la que las decisiones de inadmisibilidad del

aquo deben recurrirse junto con el fondo, es:

[…] para propiciar el carácter sumario del amparo. Con esta

disposición, el legislador procura evitar el uso de la excepción

de incompetencia para retardar el procedimiento de amparo,

objetivo que se lograría si se permitiera que las decisiones que

se limitan a rechazar o acoger dicha excepción pudieran ser re-

curridas ante el Tribunal Constitucional previo al momento

en que se decida la acción. Se trata de una previsión de gran

importancia, ya que preserva la sumariedad, que es uno de los

caracteres esenciales de la acción de amparo, según establece

el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos y el artículo 72 de la Constitución dominicana.

(TC/0183/13.9.c)

El criterio, según el TC, fue establecido por la sentencia

TC/0002/12, de fecha 6 de julio de 2012 (página 6), de la

manera siguiente:

577

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[…] La sentencia objeto del recurso debió recurrirse junto con

la relativa al fondo, lo que no ocurrió en el caso de la especie,

ya que el Tribunal Superior Administrativo se limitó a declarar

su incompetencia de atribución en razón de la materia, decli-

nándolo por ante la jurisdicción inmobiliaria en virtud del artí-

culo 74 de la referida Ley núm. 137-11 …, tal como se cita en

TC/0183/13.9. d).

El criterio fue reiterado en TC/0133/13, de fecha 2 de

agosto de 2013 (página 13). Igualmente, constante es la de-

cisión de que el juez que declara la incompetencia de la ac-

ción de amparo debe indicar cuál es el juez competente. En

TC/0085/12. e), por ejemplo, se dispuso que ese deber se des-

prende del artículo 72, párrafo III-LOTCPC.

Asimismo, se ha hecho constar (Sentencia TC/0012/13 §

6.f) que ni la Suprema Corte de Justicia ni el Tribunal Cons-

titucional son «jurisdicciones especializadas» a ﬁnes de cono-

cimiento de amparo.

«6.7. Es menester recordar que este tribunal ha planteado que

el artículo 74 de la Ley núm. 137-11extiende la competencia

para conocer de recursos de amparo a ‘los tribunales o jurisdic-

ciones especializadas’, no se puede interpretar como extensiva a

la Suprema Corte de Justicia ni a este Tribunal, por dos razo-

nes: primero, porque es claro que la intención del legislador ha

sido que las acciones de amparo sean conocidas en todo caso

por los tribunales de primera instancia, por lo que cuando es-

tablece que serán competentes tribunales o jurisdicciones es-

pecializadas, se reﬁere a tribunales como el de niñas, niños y

adolescentes o la jurisdicción contenciosa administrativa, no así

a tribunales de grados superiores como son la Suprema Corte

de Justicia y el Tribunal Constitucional; y segundo, porque este

Tribunal tiene competencias limitadas de manera taxativa por

[la Constitución y] la ley».

578 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

En ﬁn, se ha establecido en el orden de la competencia

(Sentencia TC/0089/18, pág. 16, numeral 6.7, reiteración en

TC/0386/21, TC/0018/21, TC/0031/21), que las acciones

de amparo no están comprendidas dentro de las competencias

que reconocen al Tribunal Constitucional la Constitución y

su ley orgánica

«6.8. Las acciones de amparo no están comprendidas dentro de

las competencias que reconocen al Tribunal Constitucional la

Constitución y su ley orgánica. En efecto, el artículo 185 de la

Constitución establece que corresponderá al Tribunal Consti-

tucional conocer en única instancia: 1) de las acciones directas

en inconstitucionalidad, 2) el control preventivo de tratados, 3)

los conﬂictos de competencia entre poderes públicos, así como

4) cualquier otra materia que disponga la ley. De igual forma,

el artículo 277 de la Constitución atribuye al Tribunal Cons-

titucional la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales

ﬁrmes, con arreglo a la ley que rige materia, competencia que es

concretizada por los 53 y 54 de la Ley núm. 137-11».

Sin embargo, se ha hecho reserva (Sentencia TC/0089/18)

de que el TC carece de competencia revisora, que le impide

conocer directamente o per saltum la acción de amparo.

«6.8 Al estudiar las disposiciones legales que regulan los proce-

dimientos constitucionales, encontramos que el artículo 94 de

la Ley núm. 137-11 dispone lo siguiente: «[t]odas las sentencias

emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revi-

sión por ante el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las

condiciones establecidas en esta ley». Se trata de una competen-

cia revisora, lo que impide al Tribunal Constitucional conocer

directamente o per saltum una acción de amparo; por tanto, es

imperativo que la pretensión haya sido conocida previamente

por juez competente. El legislador ha querido conﬁar al Tribu-

nal Constitucional en esta materia un rol subsidiario frente a la

579

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

tutela que corresponde brindar primariamente a los jueces del

Poder Judicial y el Tribunal Superior Electoral en el marco de

sus respectivas competencias».

Se ha decidido, en similar sentido (ver Sentencias

TC/0071/13, TC/0127/14, TC/0596/16, TC&0538/17,

TC/0086/18, y TC/0089/20) que el sistema de justicia cons-

titucional dominicano ni el constituyente ni el legislador le

otorgaron competencia al Tribunal Constitucional para cono-

cer de manera directa las acciones de amparo

«6.10. De lo anteriormente expuesto se colige que en el sistema

de justicia constitucional dominicano, ni el constituyente ni el

legislador le otorgaron competencia al Tribunal Constitucional

para conocer de manera directa las acciones de amparo, sino

de manera indirecta, a través del recurso de revisión de las sen-

tencias dictadas por los jueces que han conocido, en primer

grado, los asuntos de amparo (Sentencias TC/0004/13, § 6.e y

TC/0044/13, § 8.f). Además, cuando el legislador ha querido

atribuir competencia de juez de amparo a una alta corte, como

ocurre por ejemplo con el Tribunal Superior Electoral, lo ha

hecho expresamente, al considerarse una excepción; por tanto,

la misma no puede expandirse por vía interpretativa hacia el

Tribunal Constitucional, máxime cuando este ha sido conﬁgu-

rado como jurisdicción revisora en materia de amparo, circuns-

tancia única en la cual, ante la imprevisión y laguna normati-

va de la Ley núm. 137-11, puede, y de hecho «debe conocer

el fondo de la acción de amparo cuando revoque la sentencia

recurrida» (por todas, Sentencias TC/0071/13, TC/0127/14,

TC/0596/16, TC&0538/17, TC/0086/18, y TC/0089/20).

En razón de esto, debe declararse la incompetencia del Tribunal

Constitucional para conocer de la presente acción de amparo».

En TC/0512/21, se estableció respecto de la oportuni-

dad de considerar la competencia en materia de amparo que

580 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

su determinación «constituye el primer presupuesto procesal

que todo juez, frente a un determinado apoderamiento debe

dilucidar», en los términos siguientes:

«6.1. La determinación de la competencia constituye el primer

presupuesto procesal que todo juez, frente a un determinado

apoderamiento debe dilucidar, puesto que sirve para establecer

si el juez o tribunal al que se le ha planteado la pretensión tiene

las atribuciones suﬁcientes para decidir el conﬂicto, por lo que,

en consecuencia, ella debe ser resuelta previo examen del mérito

o fondo del conﬂicto».

En cuanto a la franca incompetencia, se ha decidido en la

Sentencia TC/0512/21 que cuando un juez o tribunal declara

su incompetencia está en la obligación de establecer cuál es

la jurisdicción competente para conocer la acción de amparo

erróneamente incoada.

«6.12. Es por ello que este tribunal ha reconocido en reiterada

jurisprudencia que cuando declara su incompetencia está en la

obligación de establecer cuál es la jurisdicción competente para

conocer la acción de amparo erróneamente incoada (senten-

cias TC/0044/13 § 8.i, TC/0082/13 § 7.i y TC/0212/13 § 5.e)

… Para poder determinar cuál es la jurisdicción competente

para conocer el caso es necesario que se evalúen someramen-

te las pretensiones del accionante, Enrique L. Pérez (senten-

cias TC/0012/13 § 6.k y TC/0047/13 § 5.d). (Reiterado en

TC/0031/21)

Asimismo, se ha decidido (en TC/0137/22) que la decla-

ratoria de incompetencia para conocer la acción de amparo

ante el TC interrumpe la prescripción civil desde la fecha de

la notiﬁcación que haga el accionante al agraviante para co-

nocer de la acción de amparo y tendrá el efecto de reiniciar el

581

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

cómputo del plazo de prescripción de la acción o del recurso

que constituya la otra vía efectiva.

«6.20. Dentro de este contexto, en relación con el caso que nos

ocupa, el Tribunal Constitucional estima procedente incluir a

la declaratoria de incompetencia para conocer de la acción de

amparo directa ante esta sede constitucional en el catálogo de

causales de interrupción civil de la prescripción previsto en los

artículos 2244 y siguientes del Código Civil.

«6.21. Bajo esta nueva causal de interrupción civil, la interrup-

ción de la prescripción tendrá lugar desde la fecha de la notiﬁ-

cación que haga el accionante al agraviante para conocer de la

acción de amparo y tendrá el efecto de reiniciar el cómputo del

plazo de prescripción de la acción o del recurso que constituya

la otra vía efectiva, de acuerdo con el caso; a partir de la notiﬁ-

cación de la presente decisión.

«6.22. Asimismo, por aplicación supletoria de las disposicio-

nes del artículo 2245 del Código Civil, conviene tomar en

cuenta que la acción de amparo carecerá de efecto interrup-

tor cuando hubiere sido declarada nula, cuando el accionan-

te hubiere desistido de ella o hubiere dejado transcurrir el

plazo para su sometimiento. Debe también precisarse que

este efecto interruptor no se producirá si a la fecha de pre-

sentación de la acción de amparo hubiere prescrito el plazo

de la acción».

11.7.3 Asuntos de amparo que no pueden conocerse ante el TC

Algunos asuntos relacionados con el amparo no pueden

ser conocidos por el TC.

1. El TC es incompetente para conocer la acción de amparo.

Se ha interpretado que el TC no puede conocer la acción

de amparo; lo que conoce es la revisión del amparo, que no es

582 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

una acción sino un recurso. En TC/0085/12. 5. d) se sostuvo

al respecto lo que sigue:

[…] En la especie, el Tribunal Constitucional ha sido apodera-

do para conocer de una acción de amparo, materia esta que ni

el órgano revisor de la Constitución ni el legislador ordinario

incluyeron entre sus competencias. En efecto, la acción de am-

paro es de la competencia de los tribunales de primera instancia

del ámbito judicial. La decisión fue conﬁrmada en TC/0082/13

al decidir el tribunal que 7.3. […] en la especie se trata de una

acción de amparo y, en consecuencia, este tribunal resulta in-

competente para conocerla…

El criterio se sostiene en 20013. TC/0004/12. 6. e)

[…] De lo anterior se colige que ni el constituyente ni el legis-

lador le otorgaron competencia al Tribunal Constitucional para

conocer de manera directa las acciones de amparo, sino de ma-

nera indirecta, a través del recurso de revisión de las sentencias

dictadas por los jueces ordinarios, en atribuciones de jueces de

amparo; en virtud de lo cual, procede que este Tribunal Consti-

tucional se declare incompetente.

Similar en TC/0012/13. 6. i), decisión en la que se sos-

tuvo:

[…] Todo lo anterior evidencia que entre las competencias

otorgadas al Tribunal Constitucional no ﬁgura la de conocer

acciones de amparo, sino la de revisar las decisiones de ampa-

ro que hayan emitido los tribunales competentes. En razón de

esto, debe declararse la incompetencia del Tribunal Constitu-

cional para conocer de acciones de amparo.

En similar sentido se ha entendido que cuando se in-

coa erróneamente una acción de amparo ante el TC, no una

583

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

revisión de amparo, entonces el TC debe remitir el conoci-

miento del asunto al juez competente.

(TC/0088/13. 6. f) El hoy impetrante incoó erróneamente su ac-

ción de amparo al someterla directamente ante este Tribunal, en

vez de haber apoderado al Juzgado de Primera Instancia del Distri-

to Judicial de San Cristóbal, en atención a lo dispuesto por el cita-

do artículo 72. g) Por tanto, respecto al caso, y en virtud del man-

dato del párrafo III, del referido artículo 72, este Tribunal declina

el conocimiento del asunto por ante la Cámara Penal del Juzgado

de Primera Instancia del Distrito Judicial de San —Cristóbal, por

ser este el tribunal competente ratione materiae y ratione loci para

conocer y decidir de la acción de amparo de que se trata.

2. El juez de amparo no puede conocer asuntos correspon-

dientes a la demanda en distracción.

[…] Cuando el asunto se trata de distracción de bienes embar-

gados el juez competente no es el de amparo, puesto que para

determinar si la demanda es procedente debe agotar procedi-

mientos de prueba ajenos a su jurisdicción. En este sentido,

el accionante en amparo debió apoderar a la jurisdicción civil

de una demanda en distracción de bienes embargados, que es

como denomina la doctrina la acción consagrada en el citado

artículo 608. Se trata de una materia que no puede ser decidi-

da por el juez de amparo, en razón de que para determinar la

procedencia de dicha demanda se hace necesario agotar proce-

dimientos de pruebas ajenos a esta jurisdicción, con la ﬁnalidad

de establecer si el demandante es el propietario del bien recla-

mado. (TC/0244/13.10. g).

3. Es notoriamente improcedente la acción de amparo que

pretende la ejecución de una sentencia

Se ha intentado el amparo contra sentencias y ha sido ad-

mitido, si bien resulta notoriamente improcedente la acción

584 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

de amparo que pretende la ejecución de una sentencia, pues

[…] este tipo de acción no está diseñada para procurar una

ejecución de una sentencia dictada en ocasión de un proceso

jurisdiccional, habiendo para esto, procesos particulares dise-

ñados por las leyes que rigen la materia. (TC/147/13.10.2. n).

4. Es notoriamente improcedente el amparo cuando el accio-

nante tuvo la oportunidad de intervenir en un asunto (tercería)

y no lo hizo.

En relación con la tercería otra decisión interesante deﬁ-

ne quiénes son terceros: Condiciones de admisibilidad de la

tercería. No son terceros quienes participan en un proceso.

TC/0061/13 9. h) […] quienes han participado en el proceso

del cual surgió la sentencia carecen de derecho para recurrir

en tercería, en el entendido de que no son terceros […] re-

quisito que es necesario para poder interponer un recurso de

tercería en cualquier materia (Sentencia TC/0015/12, del 31

de mayo).

Otra causa que impide al TC conocer el hecho de que el

accionante tuviera conocimiento y participación en el proceso

de primera instancia en el que se atribuye la propiedad de un

bien mueble a las autoridades, que lo decomisaron de acuerdo

con el procedimiento legal. En ese caso, si el recurrente en

amparo tuvo conocimiento del asunto, no puede presentar-

se ante el TC reclamando amparo, sino debió intervenir de

acuerdo con los procedimientos establecidos en la jurisdicción

correspondiente.

[…] e) En el momento en que la sociedad comercial P. Auto,

S.R.L. acciona en amparo, en fecha veintiocho (28) de noviem-

bre de dos mil doce (2012), estaba en curso el proceso penal

de referencia, si tomamos en cuenta que la acusación contra el

585

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

señor Nelson Toribio Custodio se hizo en fecha diecinueve (19)

de diciembre de dos mil once (2011), de manera que tuvo la

oportunidad de intervenir en el mismo y reclamar la devolu-

ción del vehículo descrito anteriormente. (TC/0241/1310.e).

5. No procede el amparo si se debe actuar ante el juez de

la Instrucción, mediante la solicitud de devolución de peticiones

como vía apta.

«TC/0041/12. e). […] al ponderar stricto sensu, la norma y los

documentos que han sido sometidos a examen, se observa que

la génesis en la cual se fundamenta el amparo, emana del Juez

de la Instrucción y es donde la recurrida debe agotar el proce-

dimiento sobre la devolución de los valores, cuyo retorno pre-

tende, en ese tenor el artículo 292 del Código Procesal Penal

dispone«…»

Es importante recalcar esta interpretación, dada la fre-

cuencia con la que se pasa por alto en la práctica. Es, de he-

cho, una reaﬁrmación del papel del Juez de la Instrucción

como juez de Garantías. Un poco más adelante (7) se reaﬁrma

este criterio mediante la visualización de ese juez como el fun-

cionario judicial que cuenta con mecanismos de protección de

derechos realmente efectivos.

11.8 Amparo y existencia de (otras) vías (más) efectivas, eﬁcaces o

aptas

Dado que se contemplan las vías ordinaria y constitu-

cional en términos de vía «efectiva», a primera vista parecería

que se trata de una formulación excluyente (o de subsidiarie-

dad, como se preﬁera), aunque considerado a fondo el asunto

lo que parece es una formulación de complementariedad, en

586 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

cuya virtud la jurisdicción ordinaria o administrativa serían

competentes para conocer el amparo y otros mecanismos pro-

cesales de protección de derechos y la jurisdicción constitucio-

nal cuando los asuntos a tratar no se relacionen con derechos

fundamentales sino con actos realizados por la Administra-

ción pública o en las que esta intervenga.

Sin embargo, no es tan sencillo ni claro lo que se ha in-

terpretado, para lo que basta ﬁjarse en TC/0350/19, de 16 de

septiembre, letra n, p. 22, en la que se aﬁrma lo que sigue:

«n. Tal ponderación reviste importancia, por cuanto no escapan

de la competencia del proceso de amparo las actuaciones admi-

nistrativas de mero trámite o preparatorias, que están encami-

nadas a procurar la sustanciación de un acto administrativo que

tenga por efecto limitar el ejercicio de derechos fundamentales

de un individuo, cuya adopción se haya realizado de forma irra-

zonable, desproporcionada y al margen de las facultades que le

han sido conferidas en el ordenamiento jurídico».

Opción que, en el texto de la sentencia comentada, se

justiﬁca en la apreciación siguiente:

«No debemos soslayar que la tutela a través del proceso de am-

paro en contra de aquellas actuaciones administrativas arbitra-

rias de tramite o preparatorias limitativas de derechos funda-

mentales, se da como consecuencia de la obligación que tienen

todos los órganos de la administración del Estado de desarrollar

sus actuaciones y decisiones apegadas a la Constitución y a su

ley habilitante» (TC/0350/19, citada, letra o)».

De manera que el amparo procedería, en el contexto tra-

tado, en casos atinentes a limitaciones de derechos fundamen-

tales como resultado de la actividad administrativa. Enton-

ces, para delimitar el campo de admisibilidad entre el amparo

587

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

como acción constitucional y otras formas de protección de

derechos fundamentales, cabe retener la formulación sosteni-

da en TC/0022/19, del primero de abril, letra f, p. 13:

«Este tribunal constitucional considera que el juez de ampa-

ro actuó correctamente al declarar inadmisible la referida ac-

ción, en razón de que en el presente caso existe otra vía eﬁcaz

para resolver la cuestión planteada, la cual se contrae al recurso

contencioso administrativo, es decir, un recurso en contra de

los actos administrativos. Esto así, porque para determinar las

cuestiones planteadas se hacen necesarios procedimientos ordi-

narios y ajenos al proceso sumario del amparo».

En similar sentido, se ha explicado que la jurisdicción

contencioso-administrativa está reservada para resolver casos

atinentes a la administración pública, como sigue:

«La recurrente ante este Tribunal puede, en consecuencia, re-

clamar la rescisión del contrato ante la jurisdicción adminis-

trativa por medio de una demanda contenciosa administrativa;

oportuno es indicar que el recurso contencioso administrativo

está reservado para resolver los casos relativos a la administra-

ción pública, de manera tal que siguiendo el mismo existe la

posibilidad de obtener una solución adecuada en relación con

la violación de un contrato. En este sentido, se trata de una

vía eﬁcaz que satisface el requerimiento del artículo 70.1 de

la Ley No. 137-11» (TC/0081/17, de 9 de febrero, letra i, p.

24, reiteración del precedente establecido por la TC/0097/13,

numeral 10.4).

Se ha sostenido sobre las causales de inadmisibilidad de

la acción de amparo, la relevancia de «… la existencia de otra

vía eﬁcaz. Determinar si existe otra vía supone un análisis del

objeto de la acción de amparo de que se trate» (TC/0403/15,

letra f, p. 13). Vía más efectiva es la que resulta idónea a los

588 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

ﬁnes de tutelar derechos fundamentales, como se establece en

la TC/0182/13.11.g, como sigue:

[…] Si bien la existencia de otras vías judiciales que permitan

de manera efectiva obtener la protección del derecho funda-

mental invocado constituye una de las causales de inadmisibi-

lidad de la acción de amparo, no signiﬁca en modo alguno que

cualquier vía pueda satisfacer el mandato del legislador, sino

que las mismas resulten idóneas a los ﬁnes de tutelar los dere-

chos fundamentales alegadamente vulnerados

La noción de vía judicial más efectiva se encuentra con-

dicionada a la identiﬁcación del tribunal idóneo y a la expli-

cación de las razones por las que es eﬁcaz, de manera que se

evite la arbitrariedad.

¿Por qué se acude a otra vía que se considera efectiva? Se

trata de una noción prevista en el artículo 70.1 LOTCPC, que

«… ha sido precisada en abundante doctrina de este Tribunal

a partir de su Sentencia TC/0021/12,del veintiuno (21) de ju-

nio de dos mil doce (2012), estableciendo que «el ejercicio de

la mencionada facultad de inadmisión se encuentra condicio-

nada a la identiﬁcación de la vía judicial que el tribunal con-

sidere idónea, así como de las razones por las cuales la misma

reúne los elementos de eﬁcacia requeridos por el legislador»

(TC/0377/19).

El amparo frente a cualquier otra vía se justiﬁca «en la

medida que permite ﬁjar su dimensión constitucional y pre-

cisar su característica como procedimiento preferente, suma-

rio, oral y público, así como aquellos aspectos que le perﬁlan

como institución llamada a intervenir en situaciones que de-

mandan respuestas efectivas de los órganos públicos, y que

al mismo tiempo, apuntalan su doble condición de derecho

589

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

fundamental y de garantía de otros derechos de su misma

conﬁguración constitucional, por lo que en la especie, era el

amparo la vía que reúne tales condiciones, procediendo a re-

chazar el planteamiento de la recurrente» (TC/0377/19).

De acuerdo con la sentencia TC/0030/12, de tres (3) de

agosto, la vía eﬁcaz que determina la inadmisibilidad del am-

paro tiene que cumplir dos requerimientos, a saber: que el

juez competente para conocer el amparo pueda dictar medi-

das cautelares y que la naturaleza y complejidad del conﬂicto

requiera el agotamiento de una actividad probatoria, que solo

pueda llevarse a cabo siguiendo un procedimiento ordinario.

Se sostuvo al respecto de esta noción de la otra vía judicial

efectiva, en aplicación del artículo 70.1 de la Ley núm. 137-

11, que ha sido desarrollada por el Tribunal desde su sentencia

TC/0021/12, de fecha 21 de junio, numeral 11, literal «c», p.

10), al establecer que:

[…] Además, el ejercicio de la mencionada facultad de inad-

misión se encuentra condicionada a la identiﬁcación de la vía

judicial que el tribunal considere idónea, así como de las ra-

zones por las cuales la misma reúne los elementos de eﬁcacia

requeridos por el legislador (…). (TC/0182/13.11.h).

A la vez, si bien el asunto de otra vía ha sido desarro-

llado con amplitud, para el TC el amparo es «la vía idó-

nea» para tutelar derechos fundamentales. Por ejemplo, en

TC/0217/13.10.1.h se interpretó que:

[…] De igual manera, este tribunal constitucional entiende que

la acción de amparo es la vía más idónea que tiene toda persona

para tutelar los derechos fundamentales vulnerados, por lo que

no existe otra vía más eﬁcaz para tutelar los derechos funda-

mentales que reclaman los recurrentes.

590 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Se ha propuesto y sostenido de manera recurrente que

el juez que entiende la subsistencia de otra vía efectiva para

obtener la protección del derecho fundamental cuya vulne-

ración se alega, tiene a su cargo el deber de decir cuál es

esa otra vía y por qué lo entiende así, como se sostuvo en

TC/0030/12. B):

[…] El Tribunal Constitucional considera, asimismo, que el

presente recurso de revisión debe ser acogido parcialmente, en

virtud de que en el ordenamiento jurídico dominicano existe

una vía distinta al amparo que permite al accionante satisfacer

de manera efectiva sus pretensiones y, sin embargo, el tribunal

que dictó la sentencia recurrida en lugar de declarar inadmisible

el recurso lo rechazó.

Para el consenso mayoritario de la TC/0468/21, en este

mismo orden, la efectividad del amparo frente a la vía ordi-

naria ha sido precisada desde la Sentencia TC/0027/13, del

seis (6) de marzo, en la que se dispone lo siguiente: «[t]oda

persona que advierta que sus derechos fundamentales están

lesionados o amenazados tiene en la vía de amparo su más

oportuno aliado, y cuando ejercita esta vía ha de encontrar la

protección inmediata. De ahí que, al prescindir el amparo de

formalidades y su procedimiento ser preferente, deviene como

la alternativa efectiva».

Se ha defendido que el procedimiento sumario del ampa-

ro no es apropiado para la instrucción de casos determinados,

defendiéndose que la vía eﬁcaz es la contencioso-administrati-

va, como en la Sentencia TC/0086/20, del veintiocho (28) de

febrero, en la que se precisó lo siguiente:

«Este tribunal constitucional considera que el juez de amparo

actuó correctamente al declarar inadmisible la acción, en razón

591

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

de que en el presente caso existe otra vía eﬁcaz para resolver la

cuestión planteada, como lo es el recurso contencioso admi-

nistrativo; es decir, un recurso instituido para ser ejercido en

contra de las decisiones administrativas. Esto así, porque para

resolver adecuadamente el conﬂicto que nos ocupa, el procedi-

miento sumario del amparo no es eﬁcaz».

En similar sentido, en TC/0423/19 se admitió «la otra

vía» porque «para determinar las cuestiones planteadas se ha-

cen necesarios procedimientos ordinarios y ajenos al proceso

sumario del amparo».

Si el cuestionamiento se dirige contra una decisión admi-

nistrativa, como la consistente en el rechazo de una solicitud

de renovación de pasaporte o la cancelación de una visa de

residencia permanente, que es una decisión tomada por una

autoridad en el ejercicio de sus competencias, la vía efectiva

para cuestionar esa decisión es la contencioso-administrativa

(como en TC/0634/19 y en TC/0581/17).

Este recurso contencioso administrativo es entendido

como «un recurso instituido para ser ejercido en contra de las

decisiones administrativas» 375 y el amparo, en ese contexto,

al caracterizarse por un procedimiento sumario, no es eﬁcaz.

(TC/0086/20).

Otro tanto ocurre en la materia penal, como se consideró

en la sentencia TC/0107/20. En el caso de la especie la par-

te recurrida se encontraba «inserta en una persecución penal,

375 Voto disidente Hermógenes de los Santos. 9. Es importante destacar, que el legislador

no se reﬁere a cualquier otra vía, sino a una que permita resolver la cuestión discutida

de manera adecuada, es decir, en un tiempo razonable y conforme a derecho. Res-

pecto de este elemento, el tribunal ha sido reiterativo, en el sentido de que cuando el

juez considera que existe otra vía debe indicarla y, además, explicar por qué la misma

es eﬁcaz (Véase Sentencia TC/0030/12, del 3 de agosto).

592 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

especíﬁcamente en la etapa preparatoria, por estar presumi-

blemente vinculada al tráﬁco de sustancias ilícitas. Un análisis

sencillo de la casuística permite determinar que la norma por

antonomasia lo constituye la normativa penal y procesal pe-

nal. Por lo que de acuerdo con el plano fáctico del caso que

nos ocupa se impone ponderar las siguientes disposiciones de

la normativa que rige la materia, a saber:

«Art. 73.- Jueces de la Instrucción. Corresponde a los jueces

de la instrucción resolver todas las cuestiones en las que la ley

requiera la intervención de un juez durante el procedimiento

preparatorio, dirigir la audiencia preliminar, dictar las resolu-

ciones pertinentes y dictar sentencia conforme a las reglas del

procedimiento abreviado».

Por su parte, el artículo 292 del Código Procesal Penal

dominicano establece lo siguiente:

«Art. 292.- Resolución de peticiones. Cuando el juez debe re-

solver peticiones, excepciones o incidentes en los que se veriﬁ-

que la necesidad de ofrecer prueba o resolver una controversia,

convocará a una audiencia dentro de los cinco días de su pre-

sentación. En los demás casos resuelve directamente dentro de

los tres días de la presentación de la solicitud».

Por tanto, el TC concluye, en la sentencia aquí conside-

rada, que:

«g) … el juez penal, especíﬁcamente el de la instrucción, es el

competente para dar respuestas frente a peticiones que surjan

en medio de un proceso» penal.

El tribunal debe veriﬁcar la subsistencia de vía más

efectiva, como se defendió en TC/0634/19 (similar en

TC/0581/17):

593

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

«c. El Tribunal procederá a veriﬁcar si la acción de amparo que

nos ocupa es admisible, en lo relativo a la existencia de otra vía

efectiva. En este orden, resulta que la acción de amparo que nos

ocupa estaba dirigida a cuestionar una decisión administrati-

va, consistente en el rechazo de una solicitud de renovación de

pasaporte, es decir, de una decisión tomada por una autoridad

pública en el ejercicio de sus competencias.

«d. En una hipótesis como la descrita en el párrafo anterior, este

tribunal estableció que existía otra vía eﬁcaz para garantizar los

derechos fundamentales reclamados y que, en consecuencia, la

acción de amparo era inadmisible.

«e. Como se advierte, según el indicado precedente, la vía para

cuestionar una decisión tomada por una autoridad administra-

tiva es el recurso contencioso administrativo. En la especie, la

acción de amparo tiene el mismo objeto de la acción a la que se

reﬁere el precedente objeto de análisis, es decir, que su ﬁnalidad

es cuestionar una decisión dictada por una autoridad en el ejer-

cicio de sus competencias. En el caso anterior, se había decidido

cancelar una visa de residencia permanente y en este caso se

rechazó una solicitud de renovación de pasaporte.

«f. La efectividad de la referida vía ha sido reconocida por este

tribunal desde la Sentencia TC/0030/12, del tres (3) de agosto

de dos mil doce (2012), en la cual se indica que el Tribunal

Superior Administrativo, órgano judicial competente para co-

nocer el recurso contencioso administrativo, está facultado para

dictar medidas cautelares orientadas a resolver las cuestiones ur-

gentes que ameriten la situación fáctica del caso».

11.8.1 Amparo como vía efectiva y carácter preferente del

amparo

Como observa el magistrado Víctor José Castellanos, la

lectura de la parte in ﬁne del artículo 72 de la Constitución

594 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

dispone que el amparo es «preferente, sumario, oral, público,

gratuito y no sujeto a formalidades». De esa formulación con-

cluye el magistrado Castellanos que la preferencia se coloca

como la primera de sus características, frente a las restantes, de

donde ha de entenderse que el constituyente quiso otorgarle

preponderancia «y evitar su relegación en favor de otros me-

canismos procesales que ofrezcan una tutela similar al derecho

fundamental cuya protección se persiga».

Todo ello signiﬁca, en opinión del magistrado Castella-

nos, que tanto el constituyente como el legislador ordinario

procuraron otorgar principalía al amparo dentro de la gama

de acciones que el ordenamiento procesal pone a disposición

del justiciable.

El carácter preferente del amparo es habitualmente ci-

tado en las decisiones del tribunal, como en TC/0159/20,

TC/0641/17TC/0041/18, TC/0498/20 entre otras.

11.8.3 Objetivación del amparo

Concurre al punto el tema de la objetivación o subjetiva-

ción del amparo.

Es constante que el amparo es consagrado originalmente

como vía subjetiva (en referencia a su origen mexicano).

Varias decisiones trascendentes del TC se ocupan de ﬁ-

jar el precedente sobre la especial trascendencia o relevancia

constitucional como requisito de admisibilidad del amparo.

Tres jueces sostuvieron disidencia común, argumentando, en

resumen, que no debió aceptarse el sistema español, como de

hecho se aceptó, dado que se estaría aceptando la «objetiva-

ción del amparo», lo que requeriría necesariamente de dos

circunstancias en realidad ausentes por completo en el caso

595

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

dominicano: «que existiese un proceso ante la jurisdicción or-

dinaria para la defensa de los derechos fundamentales o que

el Tribunal Constitucional gozase de una amplia potestad de

rechazo». (TC/0007/12, citada, ver p.16).

Objetivar u objetivar el amparo signiﬁca, entonces, con-

ﬁgurarlo como instrumento orientado a la protección del or-

denamiento jurídico antes que como mecanismo protectivo

de derechos fundamentales (individuales). Esta objetivación

se muestra en la imposición requisitos de admisibilidad ge-

néricos e indeterminados. Se entiende que con ello se resta

a la ﬁnalidad tuitiva de derechos, que se supone caracteriza

el amparo, cuya génesis se vincula notoriamente con la más

amplia protección posible de los derechos de referencia y que

lo convierten en un mecanismo preferente para ello. La obje-

tivación del amparo tendería, según esta opinión, a impedir el

desborde de la jurisdicción constitucional ante el gran núme-

ro de recursos de revisión de amparo que pudieran suscitarse.

Según lo asumido aquí, objetivar el amparo es atender

no tanto la lesión individual (el derecho fundamental cuya

vulneración o amenaza se reclama), «sino el estado general de

adecuada interpretación y observancia de los derechos fun-

damentales en el ordenamiento jurídico en su conjunto por

parte de los poderes públicos y los particulares»376.

Acosta, en su voto disidente de la sentencia TC/0007/12,

p. 14, explica la objetivación del amparo así:

«En los ordenamientos jurídicos anglosajones existe el siste-

ma de write of certiorari, basado en una concepción objetiva

376 LÓPEZ PIETSCH (P.), «Objetivar el recurso de amparo: las recomendaciones de la

Comisión de Benda y el debate español», en Revista Española de Derecho Constitucio-

nal, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, núm. 53, 1998, pp.

115-151.

596 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

del amparo que limita el conocimiento por parte del Tribunal

Constitucional a aquellos casos en que se estime que existe inte-

rés objetivo en él. Con este sistema solo se admitirán los recur-

sos en los que el tribunal (o el órgano de admisión) comprobase

que existe un interés objetivo para la defensa de la Constitución

y la concreción de los derechos fundamentales».

De acuerdo al voto disidente que aquí se considera, …»

«en España se justiﬁca tal sistema al menos en los casos en que

el recurso de amparo constitucional se interpone contra una

sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevoca-

blemente juzgada, ya que en tal hipótesis, en el orden judicial

puede considerarse que hubo una protección subjetiva ade-

cuada de los derechos fundamentales en el ámbito del Poder

Judicial y el Tribunal Constitucional no tiene que volver a

conocer el caso de que se trate». (TC/0007/12, citada, p.16).

El amparo español, sostiene el voto disidente aquí con-

siderado, se conoce contra la sentencia de amparo tanto en

apelación como en casación, conforme se establece en los ar-

tículos 81.2b) y el 86.2.b) de la Ley 29/1998 (p.16, parágrafo

15), reguladora de la jurisdicción contencioso-administrati-

va377. Así las cosas, en un sistema como ese sería aceptable

la objetivización del amparo, esto es, exigir el requisito de la

especial trascendencia o relevancia constitucional del asun-

to como requisito de admisibilidad, pero, no siendo nuestro

caso, […] «no sería razonable ni cónsono con la realidad…

que el TC aplicara tal ﬁgura en sus primeras sentencias, pues

careciéndose de precedente y jurisprudencia… todos los te-

mas vinculados a derechos fundamentales serán relevantes

377 «BOE» núm. 167, de 14/07/1998 (disponible en la dirección siguiente, transcripción

literal: https://www.boe.es/eli/es/l/1998/07/13/29/con).

597

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

durante un tiempo considerable» (TC/0007/12, citada, p.19,

parágrafo 19).

En nuestro sistema, siguiendo el discurrir de lo señalado,

no se justiﬁcaría aplicar el criterio español puesto que tene-

mos «dos amparos», a saber: el «amparo constitucional» (Art.

72 de la carta magna, regulado mediante los artículos 53 y

54-LOTCPC y al efecto descrito como ´revisión constitucio-

nal de decisiones jurisdiccionales´, que a ﬁn de cuentas puede

considerarse como un «amparo contra sentencias» o un «am-

paro judicial».

Al respecto opina el voto disidente que […] «contrario

a lo que ocurre con el amparo constitucional, en el ampa-

ro judicial, el recurso de revisión constitucional se interpo-

ne contra una sentencia dictada por un tribunal de primera

instancia y unipersonal (TC/0007/12, citada, p.19, parágrafo

26). Se estaría en presencia, por tanto, de un caso de «déﬁcit

de protección» que obligaría al TC […] a abordar el tema del

amparo judicial desde la dimensión subjetiva y no desde la

dimensión objetiva… (p.20, parágrafo 30).

En conclusión, para el voto disidente de la TC/0007/12

no se debería aplicar el criterio de la especial trascendencia o

relevancia constitucional en caso de amparo, primero en nin-

guna de sus formas, y con la evolución y ﬁjación de prece-

dentes, aplicarlo solamente al amparo constitucional, no al

judicial. Asimismo, en palabras del voto disidente, […] «exi-

gir la especial trascendencia o relevancia constitucional como

condición de admisibilidad del recurso no es compatible con

el diseño de instancia única estructurado en la referida Ley

No. 137-11, además de que es violatorio de la Convención

Americana sobre los Derechos Humanos y del orden consti-

tucional» (TC/0007/12, citada, p.20, parágrafo 32).

598 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Sin desmedro de lo ya referido, se ha expuesto que los cri-

terios de objetivación del amparo según la TC/0007/12 han de

considerarse «descontinuados» por la sentencia TC/0071/13,

decisión en la que se establece que «la revisión no represen-

ta una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir

conﬂictos interpartes»378. Como se ha visto ya, la TC/0007/12

sostiene algo idéntico.

11.8.4 Subjetivación del amparo

No obstante, lo dicho, parte importante de la doctrina

considera que en España el amparo es de naturaleza subjetiva,

y que su objetivación se origina en la necesidad de salvaguarda

de la función del Tribunal Constitucional, que se vio cues-

tionada por la enorme cantidad de recursos que llegaban a la

institución. Existe acuerdo, asimismo, en que la objetivación

del amparo español tuvo al menos como inspiración el write

of certiorari estadounidense.

Sin embargo, el amparo indudablemente es un meca-

nismo de tutela individual frente a la vulneración actual

o probable de derechos fundamentales, lo que le hace ser,

esencialmente, un instituto especíﬁco, preferente y suma-

rio, para la tutela de derechos subjetivos, aunque en su trá-

mite pueda servir a la protección o defensa de la norma que

consagra esos derechos (lo que le otorgaría al menos una

doble naturaleza, subjetiva en esencia y principio, objetiva

en lo demás).

378 República Dominicana. Tribunal Constitucional. Sentencia TC0560/20, de veinti-

nueve (29) de diciembre. Voto particular de la magistrada Katia Miguelina Jiménez

Martínez, p. 30 y ss.

599

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Siguiendo esas convicciones se ha sugerido que el amparo

ha de conﬁgurarse de la manera más difusa posible, de manera

tal que la tutela subjetiva del juez ordinario se materialice de

manera principal, preferente y sumaria mientras el papel del

TC se limite a suplir las posibles deﬁciencias del procedimiento.

11.9 Procedimiento de amparo

Se interpone por instancia escrita, dentro del plazo de

sesenta días subsiguientes a la fecha en la que el agraviado

tomó conocimiento del acto u omisión que ha conculcado el

derecho de que se trate. (Art. 70-LOTCPC).

La instancia debe contener las menciones citadas por el

Art. 76-LOTCPC, incluyendo: la indicación del órgano de

destino de la instancia, las generales del reclamante, identiﬁ-

cación del responsable, descripción de los actos u omisiones

violatorios de derecho, fecha de redacción, etcétera. Este plazo

de 60 días no rige en lo absoluto para el recurso de revisión de

amparo, que debe ser sometido al TC dentro del plazo de cin-

co (05) días de recibida la notiﬁcación de la sentencia de pri-

mera instancia, de acuerdo con el Art. 95-LOTCPC. Ver, por

ejemplo, Sentencia TC/0015/12, disponible en línea, (www.

tribunalconstitucional.gob.do).

Una vez depositado, el juez dicta auto ordenando la cita-

ción de la contraparte. Debe recordarse que es indispensable

notiﬁcar ese auto, junto al escrito contentivo del amparo y los

documentos y piezas de soporte a la contraparte.

Se supone, por tanto, que el impetrante en amparo ha

dirigido al juez no solamente una acción o procedimiento de

amparo, sino, además, sea como parte de las conclusiones de

su escrito o por instancia separada, la expedición del auto de

600 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

que se trata, para notiﬁcarlo a la contraparte tan pronto se

reciba (tres días).

El auto que ordena la citación no depende de que el asun-

to sea declarado admisible o no: de acuerdo con el texto del

Art. 70.1-LOTCPC, el juez apoderado del amparo instruye

el proceso y luego dicta sentencia declarando inadmisible la

acción, sin pronunciamiento sobre el fondo. Este sistema de

inadmisibilidad es cuestionable: nadie ha explicado para qué

necesita un juez instruir un proceso y luego fallar la inadmisi-

bilidad, siendo como es que «instruir un proceso» consumirá

un tiempo realmente precioso durante el cual la invocación

de un Derecho fundamental alegadamente violado no recibirá

tutela judicial alguna. También trae a colación el problema

referido acerca de la existencia de alternativas procesales a un

mismo hecho (vía contenciosa, amparo, exceso, desviación y

abuso de poder, por ejemplo).

Si el asunto es de extrema urgencia (Art. 82-LOTCPC)

el reclamante actúa por instancia motivada a que se cite al

agraviante a hora ﬁja, incluso en días feriados o de descanso.

Este tipo de procedimientos asemeja extraordinariamente el

amparo al referimiento. En este caso, si se admite la petición,

el juez procede considerando que haya plazo suﬁciente entre

la citación y la audiencia.

Si el asunto es de trámite ordinario procede con las partes

presentes o representadas. Rigen las reglas del juicio oral, públi-

co y contradictorio (Art. 79-LOTCPC), con libertad de prueba

(Art. 80—LOTCC): el juez invita a las partes a producir la prue-

ba oral. Primero depone el agraviante, que también tiene prefe-

rencia para hacer sus observaciones a la prueba del agraviado.

Concluida la audiencia, lo que ocurre cuando el juez se

considera suﬁcientemente ediﬁcado (Art. 83-LOTCPC), se

601

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

falla en dispositivo y en plazo de cinco días para motivación

(Art. 84-LOTCPC).

Es posible que el juez imponga medidas precautorias tales

como las previstas por el Art. 85-LOTCPC. Si el asunto es de-

clarado admisible, la sentencia prescribe las medidas necesarias

para restaurar el derecho conculcado, o para eliminar la amena-

za de que se trate, para lo cual puede prescribir astreinte.

11.9.1 Plazo de interposición e inadmisibilidad

Plazo de interposición. Plazo razonable. El amparo ordina-

rio, de cumplimiento y habeas data la acción debe interponer-

se dentro de los sesenta (60) días que sigan a la fecha en la que

el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le

ha conculcado un derecho fundamental (artículos 70.2, 107,

párrafo y 6 y 64 in ﬁne-LOTCPC). El Código Procesal Penal

no establece plazo para la interposición del habeas corpus.

Se ha interpretado que la necesidad de sujetar las acciones

y recursos a plazos determinados «se fundamenta en la seguri-

dad jurídica, que es uno de los valores del derecho. En virtud

de este valor, los sistemas jurídicos impiden que las persones

físicas y morales, de derecho público y derecho privado, sean

mantenidas, de manera indeﬁnida, bajo el estado de incerti-

dumbre que genera la posibilidad de ser demandados o la po-

sibilidad de que una sentencia favorable sea recurrida», amén

de que la causal de inadmisibilidad prevista por el artículo

70.2 de la Ley 1378—11 «se fundamenta en la naturaleza del

procedimiento de amparo, en razón de que el carácter excep-

cional y urgente de dicho proceso es lo que exige que se re-

curra prontamente ante las violaciones de un derecho funda-

mental» (Sentencia TC/0161/16, párrafo 11, letras «g» y «h»).

602 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Este plazo de 60 días era de treinta (30) días en la Ley

437—06, de treinta (30) de noviembre de 2006, artículo 3

letra b, de modo que el plazo actual ha sido ampliado. Origi-

nalmente, al adoptarse mediante la sentencia núm. 9 del 24

de febrero de 1999, de la Suprema Corte de Justicia, se aceptó

para la tramitación el procedimiento previsto por el artículo

101 de la Ley 834, citada (de los referimientos), cuya interpo-

sición era llevada por vía de citación a audiencia a celebrar el

día y la hora habituales.

Este plazo de interposición ha sido justiﬁcado y sancio-

nado por el TC en variadas decisiones, entre las que pueden

citarse la TC/0199/20 («El legislador ha establecido un plazo

razonable de 60 días, y por tanto el accionante debió ejercer su

acción en amparo dentro de dicho plazo») y TC/0632/18 (este

tribunal constitucional considera correctos los argumentos del

tribunal de amparo, al establecer que la parte recurrente actuó

fuera del plazo establecido en el artículo 70.2 de la Ley núm.

137-11, en razón de que el momento del término para esta-

blecer el plazo de la prescripción de la acción de amparo en la

relación laboral entre el órgano policial y sus servidores es el

punto de partida a tomar en cuenta).

En la Sentencia TC/0090/20 se decidió que el plazo de in-

terposición del recurso de revisión de sentencia de amparo. Hábil

y franco, iniciando con la notiﬁcación de la sentencia íntegra.

«b) En cuanto al plazo para la interposición del recurso, la parte in

ﬁne del artículo 95 de la Ley núm. 137-11 prescribe que este debe

presentarse, a más tardar, dentro de los cinco (5) días contados a

partir de la notiﬁcación de la sentencia recurrida. Sobre el particu-

lar, esta sede constitucional dictaminó, de una parte, que dicho pla-

zo es hábil, o sea, que del mismo se excluyen los días no laborables;

y, de otra parte, que dicho plazo es franco, es decir, que se excluyen

603

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

el día inicial (dies a quo), así como el día ﬁnal o de vencimien-

to (dies a quem), según jurisprudencia reiterada (TC/0061/13,

TC/0071/13, TC/0132/13, TC/0137/14, TC/0199/14,

TC/0097/15, TC/0468/15, TC/0565/15 y TC/0233/17). Este

colegiado también decidió al respecto, en múltiples ocasiones, que

el inicio del cómputo del plazo para recurrir la decisión es la toma

de conocimiento por los recurrentes de la sentencia íntegra en

cuestión (TC/0122/15, TC/0224/16, TC/0109/17, entre otras)».

El plazo de interposición es «razonable», en el sentido es-

tablecido, entre otras, por la Sentencia TC/0199/20, en vir-

tud de la cual:

«El legislador ha establecido un plazo razonable de 60 días, y

por tanto el accionante debió ejercer su acción en amparo den-

tro de dicho plazo, más aún cuando tenía conocimiento de su

cancelación y del procedimiento que se utilizó para la misma;

que plantear ahora dicha violación constitucional, en este tipo

de casos resulta extemporáneo en consecuencia, procede de-

clarar inadmisible por extemporánea la Acción Constitucional

de Amparo interpuesta por el señor Fausto Emilio Roa Jáquez,

conforme a lo establecido en el numeral 2) del artículo 70 de la

Ley Núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de

los Procedimientos Constitucionales».

En la Sentencia TC/0009/20, reiterando la postura de la

Sentencia TC/0036/16, se establece que:

[…] «la acción de amparo deberá ser declarada inadmisible

cuando no exista constancia de que en el aludido plazo de los

sesenta (60) el accionante haya reclamado o producido alguna

comunicación que evidenciara alguna diligencia orientada a re-

clamar la solución de la situación que se generó en su perjuicio,

que la misma produjera la interrupción de cualquier tipo de

prescripción».

604 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

11.9.2 Inadmisibilidad y plazo de interposición

De acuerdo al artículo 44 de la Ley núm. 834 de 1978,

constituye una inadmisibilidad «todo medio que tienda a ha-

cer declarar inadmisible la demanda del adversario sin exami-

nar el fondo, por alta de derecho para actuar, como por ejem-

plo, la falta de calidad, la falta de interés, el cumplimiento de

la prescripción, la del plazo preﬁjado para el cumplimiento de

un acto de procedimiento o comprometer la instancia, o la

cosa juzgada».

Desde su sentencia TC/0006/12, de veintiuno (21) de

marzo, el TC aceptó la aplicación de la disposición precedente

a los procedimientos constitucionales en virtud del principio

de supletoriedad consagrado por el artículo 7.12-LOTCPC.

Claramente el texto aﬁrma que constituye inadmisibili-

dad «todo medio» …, de manera que la cita de medios que

a continuación realiza el texto no es limitativa. No obstante,

algunos medios de inadmisión son de orden público y otros

no lo son, siendo esta la única categorización aparente que

hace de ellos la Ley 834 en su artículo 47, ocasión en la que

dispone expresamente que los de orden público tienen que ser

invocados de oﬁcio, lo que no ocurre con los otros medios de

inadmisión, los que no sean «de orden público».

En este sentido, se consideran tradicionalmente en la

doctrina jurisprudencial como medios de orden público, en

atención a la inadmisibilidad que según la cita expresa del art.

44—834.78 deben ser fallados de oﬁcio: el plazo preﬁjado y

la falta de interés; y dentro de los que «no pueden» ser fallados

de oﬁcio la falta de calidad y la prescripción. El juez puede

suplir de oﬁcio la falta de interés.

Dentro de los no citados expresamente, se consideran de

oﬁcio: la inadmisibilidad del recurso de apelación por vicios

605

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

de forma en materia de embargo inmobiliario; la interposi-

ción de la apelación en lugar de la impugnación (le contredit).

Dentro de los no citados que no se consideran de oﬁcio:

la presentación de demanda nueva en apelación, la falta de

conexidad entre una demanda incidental y otra principal.

Los precedentes medios son reconocidos por la Sentencia

Núm.8, del dieciocho (18) de abril de dos mil siete (2007),

de la Cámara Civil, 1ª., de la Suprema Corte de Justicia y por

la sentencia

TC/0315/19, de quince (15) de agosto, que la cita expre-

samente.

11.9.3 Plazos y Notiﬁcaciones en materia de Amparo

La interpretación del TC sobre los plazos y notiﬁcaciones

reproduce el aserto jurisprudencial de que las formalidades, en

los recursos, están prescritas a pena de inadmisibilidad. Hay

por lo menos tres tipos de plazos de observancia imprescin-

dible: el de interposición del amparo, el de interposición del

recurso de revisión y el de notiﬁcación al recurrido. Ambos

temas han ocupado la jurisprudencia del TC.

Con relación al plazo de interposición del recurso de revi-

sión de amparo se ha decidido que es de cinco días contando

a partir de la notiﬁcación de la sentencia, y que «ese plazo es

franco, es decir, no se le computarán los días no laborales, ni

el primero ni el último día de la notiﬁcación de la sentencia».

Así se decidió en TC/0080/12. 8. e):

«En ese sentido, se puede comprobar que desde la notiﬁcación

de la sentencia, el veinticinco (25) de mayo de dos mil doce

(2012), a la fecha de la interposición del presente recurso, el

seis (6) de junio de dos mil doce (2012), transcurrieron ocho

606 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

(8) días laborables; en consecuencia, es evidente que el presente

recurso de revisión resulta inadmisible, por haberse interpuesto

fuera del plazo de los cinco (5) días previsto en el artículo 95 de

la referida Ley 137-11».

La decisión de que el plazo es franco se tomó en la senten-

cia TC/0080/12, al sostenerse que: … este tribunal aﬁrmó que

el plazo de cinco (5) días establecido en el referido artículo 95

«es franco, es decir, no se le computarán los días no laborales,

ni el primero ni el último día de la notiﬁcación de la senten-

cia, reiterando el criterio en su sentencia TC/0131/13.9.c y

antes en TC/0071/13, al sostener que «este plazo es franco y

sólo serán computables los días hábiles. (TC/0119/13).

El TC ha deﬁnido qué son en su opinión los días hábi-

les (los que excluyen sábado y domingo, según TC/0137/14),

asunto sobre el cual la Corte de Casación se ha expresado en

numerosas ocasiones.

El plazo de cinco días al que se hace referencia comienza a

correr a partir de la fecha de notiﬁcación. Con relación a este

punto de partida del referido plazo, la sentencia TC/0061/13,

aﬁrmó que:

«El plazo de cinco (5) días previsto para recurrir en revisión

la sentencia que resolvió la acción de amparo, así como para

recurrir la sentencia que declaró inadmisible el recurso de terce-

ría comienza a correr a partir de la fecha de notiﬁcación de las

mismas, en aplicación de lo que establece el artículo 95 de la

referida Ley 137-11».

El plazo es hábil y franco.

Son plazos francos:

«d) A los recurrentes les fue notiﬁcada la Sentencia núm. 077-

2011, el jueves siete (7) de julio de dos mil once (2011), día

607

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

no computable por ser el primer día franco, e interpusieron

el recurso de revisión de la misma el día viernes quince (15)

de julio de dos mil once (2011), día no computable por ser

el último del plazo franco, al igual que no se computan los

días sábado nueve (9) y domingo diez (10), por lo que trans-

currieron cinco (5) días, plazo ﬁjado en la Ley Orgánica del

Tribunal, quedando claro que los recurrentes actuaron dentro

del plazo establecido para interponer el recurso de revisión

contra una sentencia de amparo, por lo que procede rechazar

el medio de inadmisión presentado por la parte recurrida, sin

la necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de esta

sentencia». (TC/0217/13.9.1. d).

La violación del plazo de cinco días está sancionada con

la inadmisibilidad, por aplicación del Art. 44 de la Ley 834

de 1978.

«La inobservancia del plazo antes señalado está sancionada con

la inadmisibilidad del recurso, conforme a la norma procesal

constitucional citada y en aplicación supletoria del artículo

44 de la Ley No. 834, del quince (15) de julio de mil nove-

cientos setenta y ocho (1978), que introdujo modiﬁcaciones al

Código de Procedimiento Civil, que señala: «Constituye una

inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al ad-

versario inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por

falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta

de interés, la prescripción, el plazo preﬁjado, la cosa juzgada».

TC/0132/13.

En relación con la fecha en la que se sostuvo conocimien-

to de la vulneración del derecho se ha entendido que debe

haber prueba de que el recurrente tuvo o no conocimiento y

que actuó dentro o fuera del plazo normativo. De acuerdo con

la TC/0083/12. 10. a):

608 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

«El Tribunal que dictó la sentencia recurrida consideró que la

acción de amparo era inadmisible, en razón de que fue inter-

puesta después de haber pasado el plazo de sesenta (60) días

previsto en el artículo 70.1 de la referida Ley 137-11; no obs-

tante, en el expediente no existe pruebas en relación a la fecha

en que la parte accionante tuvo conocimiento de la vulneración

alegada, situación que impide establecer el punto de partida

del referido plazo. En consecuencia, la causa de inadmisibilidad

de la acción no es la invoca en la sentencia objeto del recurso,

sino la existencia de otra vía eﬁcaz, tal y como se expone en los

párrafos que siguen».

Se trata de un «plazo razonable», según la Sentencia

TC/0199/20, en virtud de la cual se considera que:

«El legislador ha establecido un plazo razonable de 60 días, y

por tanto el accionante debió ejercer su acción en amparo den-

tro de dicho plazo, más aún cuando tenía conocimiento de su

cancelación y del procedimiento que se utilizó para la misma;

que plantear ahora dicha violación constitucional, en este tipo

de casos resulta extemporáneo en consecuencia, procede de-

clarar inadmisible por extemporánea la Acción Constitucional

de Amparo interpuesta por el señor Fausto Emilio Roa Jáquez,

conforme a lo establecido en el numeral 2) del artículo 70 de la

Ley Núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de

los Procedimientos Constitucionales».

En la sentencia TC/0199/20 se considera el plazo de in-

terposición de 60 días como «plazo razonable» en los términos

siguientes:

«El legislador ha establecido un plazo razonable de 60 días, y

por tanto el accionante debió ejercer su acción en amparo den-

tro de dicho plazo, más aún cuando tenía conocimiento de su

cancelación y del procedimiento que se utilizó para la misma;

609

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

que plantear ahora dicha violación constitucional, en este tipo

de casos resulta extemporáneo en consecuencia, procede de-

clarar inadmisible por extemporánea la Acción Constitucional

de Amparo interpuesta por el señor Fausto Emilio Roa Jáquez,

conforme a lo establecido en el numeral 2) del artículo 70 de la

Ley Núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de

los Procedimientos Constitucionales».

En todos los casos considerados el evento procesal con-

siderado como punto de partida para el inicio del cómputo

del plazo para recurrir la decisión es la toma de conocimiento

por el recurrente de la sentencia íntegra en cuestión, según

lo establecido en la Sentencia TC/0406/14 (solo las partes

que participaron en la acción de amparo ostentan la calidad

para presentar un recurso de revisión constitucional contra la

sentencia que decidió la acción); TC/0195/15 (el escrito de

interposición del recurso debe hacer constar, de manera clara

y precisa, los agravios que le ha causado la sentencia impugna-

da). Como reiteraciones del precedente se tienen las senten-

cias TC/0219/17, TC/0213/17, TC/0200/17 y TC/0478/21.

El transcurso de este plazo de interposición es extintivo

de la pretensión, según la sentencia TC/0468/21, en virtud

de la cual:

«o. Conforme al precedente instaurado por esta sede consti-

tucional a través de la Sentencia TC/0036/16, la acción de

amparo deberá ser declarada inadmisible cuando no exista

constancia de que en el aludido plazo de los sesenta (60)

días: … el accionante haya reclamado o producido alguna

comunicación que evidenciara alguna diligencia orientada a

reclamar la solución de la situación que se generó en su per-

juicio, que la misma produjera la interrupción de cualquier

tipo de prescripción.

610 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

«p. Así, conviene recordar que en el caso en cuestión procede

aplicar la excepción desarrollada jurisprudencialmente por este

Tribunal en su Sentencia TC/0205/13, en el sentido de que el

plazo en cuestión puede ser interrumpido por la realización de

gestiones y diligencias por parte del afectado en procura del cese

de los efectos de la supuesta conculcación de derecho funda-

mental ejercida en su contra».

En relación con el plazo de interposición del recurso

de revisión de sentencia de amparo se ha considerado en va-

rias ocasiones que se trata de plazo hábil y franco, iniciando

con la entrega de la sentencia íntegra, como en la Sentencia

TC/0090/20.

«b) En cuanto al plazo para la interposición del recurso, la parte

in ﬁne del artículo 95 de la Ley núm. 137-11 prescribe que este

debe presentarse, a más tardar, dentro de los cinco (5) días con-

tados a partir de la notiﬁcación de la sentencia recurrida. Sobre

el particular, esta sede constitucional dictaminó, de una parte,

que dicho plazo es hábil, o sea, que del mismo se excluyen los

días no laborables; y, de otra parte, que dicho plazo es franco, es

decir, que se excluyen el día inicial (dies a quo), así como el día

ﬁnal o de vencimiento (dies a quem), según jurisprudencia reite-

rada (TC/0061/13, TC/0071/13, TC/0132/13, TC/0137/14,

TC/0199/14, TC/0097/15, TC/0468/15, TC/0565/15 y

TC/0233/17). Este colegiado también decidió al respecto,

en múltiples ocasiones, que el inicio del cómputo del plazo

para recurrir la decisión es la toma de conocimiento por los

recurrentes de la sentencia íntegra en cuestión (TC/0122/15,

TC/0224/16, TC/0109/17, entre otras)».

Resulta imprescindible, de acuerdo con el TC, notiﬁcar

al recurrido, a pena de Inadmisibilidad. No existe constan-

cia de notiﬁcación a los recurridos, dado que la notiﬁcación

611

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

es necesaria para preservar el principio de contradicción. En

TC/0080/12. 8. a) se aceptó que:

«Como ha sido establecido anteriormente, en el presente ex-

pediente no existe constancia de la notiﬁcación del recurso de

revisión a los recurridos, requisito procesal necesario para ga-

rantizar el principio de contradicción y el derecho de defensa de

estos últimos, que ha debido cumplir la secretaría del tribunal

de donde emana la decisión recurrida».

Si el recurrido es un ente de derecho público, es válida la

notiﬁcación realizada en las oﬁcinas de la autoridad o del fun-

cionario a quien se imputa la violación de derechos alegada.

Se ha decidido al respecto que:

[…] «cuando se trate de notiﬁcaciones de actos relacionados

con procesos y procedimientos constitucionales, deben tenerse

como válidas y eﬁcaces cuando dichos actos hayan sido noti-

ﬁcados en las oﬁcinas de la autoridad o funcionario al cual se

imputa la violación alegada». (TC/0123/13. 10.4).

Suspensión de ejecución de sentencia en amparo Respec-

to a la suspensión de ejecutoriedad de sentencias de ampa-

ro, el TC ha ﬁjado su criterio a partir de la Sentencia No.

TC/0013/13, de fecha 11 de febrero de 2013, en los términos

siguientes:

«La inexistencia de un texto que de manera expresa faculte al

Tribunal Constitucional a suspender la ejecución de la senten-

cia en la materia que nos ocupa; así como la ejecutoriedad de

pleno derecho de la sentencia que resuelven acciones de amparo

e igualmente la posibilidad de que el juez pueda ordenar la eje-

cución sobre minuta constituyen elementos que permiten a este

Tribunal establecer que en esta materia, como regla general, dicha

demanda es procedente sólo en casos muy excepcionales». (p.8).

612 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Otro criterio relevante fue expuesto en la TC/0166/13,

del 17 de septiembre de 2013, en virtud de la cual se aﬁrma

que existe previsión normativa para la suspensión de ejecu-

ción de sentencias deﬁnitivas, de donde el TC podría even-

tualmente ordenar esa suspensión, como sigue:

«El legislador no previó el otorgamiento de suspensión de ejecu-

toriedad a la sentencia de amparo, pero sí lo hizo con respecto a

las sentencias deﬁnitivas. Por tal motivo concibió los términos

del artículo 54, numeral 8, de la Ley núm. 137-11. Sin embar-

go, en atención a casos muy excepcionales y a una naturaleza

muy especial, bien podría este tribunal considerar y analizar

tal posibilidad bajo los efectos deparados por la interpretación

de los principios rectores de efectividad y supletoriedad, con

el supremo interés de administrar una sana, plena y oportuna

justicia constitucional».

El motivo fundamental justiﬁcante de esa decisión es el

principio de efectividad. En la sentencia precitada, letra dis-

puso el TC lo que sigue:

«El principio de efectividad contenido en el numeral 4 de la

indicada ley, expresa: Todo juez o tribunal debe garantizar la

efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los de-

rechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudo-

res de los mismos, respetando las garantías mínimas del debi-

do proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos

y adecuados a las necesidades concretas de protección frente

a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela ju-

dicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus

peculiaridades».

Un segundo principio justiﬁcante fue el principio de

supletoriedad: el TC puede solventar cualquier imprevisión,

613

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

oscuridad o ambigüedad en la ley, tal como ﬁja criterio en

TC/0231/13. f):

«El principio rector de supletoriedad contenido en el numeral

12 de la precita disposición legal se maniﬁesta en los términos

siguientes: Para la solución de toda imprevisión, oscuridad, in-

suﬁciencia o ambigüedad de esta ley, se aplicarán supletoria-

mente los principios generales del Derecho Procesal Constitu-

cional y sólo subsidiariamente las normas procesales aﬁnes a la

materia discutida, siempre y cuando no contradigan los ﬁnes de

los procesos y procedimientos constitucionales y los ayuden a

su mejor desarrollo».

Como resultado de las circunstancias especiales provo-

cadas por el estado de emergencia debido a la pandemia de

Covid-19, se decidió el sistema del cálculo de la reanudación

de los plazos judiciales (en la Sentencia TC/0498/21), como

sigue:

«d) Conviene precisar que, para la fecha, de la notiﬁcación de

la sentencia recurrida, el país se encontraba en estado de emer-

gencia1, una de las modalidades de los estados de excepción

establecidos en el artículo 262, de la Constitución dominicana,

a causa de la pandemia Covid—19; el estado de emergencia fue

dispuesto mediante el Decreto núm. 134—20, del Poder Eje-

cutivo, el diecinueve (19) de marzo de dos mil veinte (2020),

en virtud de la Resolución 62—20, aprobada por el Congreso

Nacional en esa misma fecha. El diecinueve (19) de marzo de

dos mil veinte (2020), por medio del Acta núm. 02—2020, el

Consejo del Poder Judicial adoptó un plan de medidas ante la

declaratoria del estado de emergencia, entre ellas la suspensión

de los plazos procesales y dispuso que los mismos se reanuda-

rían tres (3) días hábiles después de haber cesado el estado de

emergencia. En tal virtud, la reanudación de los plazos procesa-

les se produjo, el día seis (6) de julio de dos mil veinte (2020).

614 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

«h) Del examen de los documentos depositados por las partes y

que conforman el expediente, se constata que la sentencia recu-

rrida fue notiﬁcada a la parte recurrente, Compañía Luz y Fuer-

za de Las Terrenas, S. A., el veinticinco (25) de marzo de dos

mil veinte (2020), no obstante, al encontrarse en ese momento

suspendidos los plazos procesales, no fue sino hasta el seis (6)

de julio de dos mil veinte (2020) – fecha en que se reanudaron

los plazos procesales – que se acreditó el punto de partida para

computar el mencionado plazo para la interposición del recurso

de revisión constitucional en materia de amparo, pero no fue

sino hasta el dos (2) de septiembre de dos mil veinte (2020),

que la parte recurrente interpuso – de manera virtual, vía el

portal web del Poder Judicial – el recurso de revisión.

i) En ese tenor, al analizar el plazo para la interposición del

recurso, tomando como punto de partida (para el cómpu-

to del plazo procesal del citado artículo 95 de la Ley núm.

137-11), el día seis (6) de julio de dos mil veinte (2020), y

la fecha de la interposición del recurso, es decir, el dos (2)

de septiembre de dos mil veinte (2020), excluyéndose del

cómputo del plazo los días sábado 11 y domingo 12 de julio,

advertimos que iniciando dicho plazo, el día seis (6) de julio

de dos mil veinte (2020), el mismo culminaba el catorce

(14) de julio, último día hábil, por lo que veriﬁcamos que

el recurso fue interpuesto con posterioridad a la fecha de

vencimiento del plazo, motivo por el cual este se encontraba

vencido y, en consecuencia, el presente recurso deviene inad-

misible por extemporáneo».

11.9.3.1 Inicio del cómputo: violaciones continuas y no

continuas

En la sentencia TC/0255/20, por aplicación de lo es-

tatuido en la TC/0205/13, se consideran como violacio-

nes continuas las que conciernen a obligaciones que deben

615

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

cumplirse periódicamente. Así las cosas, prorrogan el plazo

de interposición.

[…] «este tribunal estableció en la Sentencia TC/0205/13, de

trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), que las viola-

ciones que conciernen a obligaciones que deben cumplirse pe-

riódicamente son continuas, característica que está presente en

la especie, en la medida que de lo que se trata es de la reclama-

ción del pago de una pensión, el cual debe producirse todos los

meses. De lo anterior resulta que la violación que nos ocupa se

ha estado cometiendo cada mes, lo cual tiene como consecuen-

cia que el plazo de sesenta (60) días previsto en el mencionado

artículo 70.2 debe contarse tomando como punto de partida,

no la fecha de la puesta en retiro, sino la fecha en que debió

pagarse la última pensión vencida».

En la Sentencia TC/0480/21, también reteniendo diver-

sas posturas anteriores, se enmarcan las violaciones continuas

en la teoría de los actos de efectos únicos o inmediatos y los de

efectos continuos o sucesivos, como sigue:

«e. Ciertamente este tribunal constitucional ha acuñado el

concepto de las violaciones continuas en su jurisprudencia,

fundamentándose en la teoría de los actos de efectos únicos o

inmediatos y de los de efectos continuos o sucesivos. A saber,

en su Sentencia TC/0205/13 deﬁnió las llamadas violaciones

continuas como «aquellas que se renuevan bien sea por el tiem-

po que transcurra sin que la misma sea subsanada o bien por las

actuaciones sucesivas, en este caso por parte de la Administra-

ción Pública, que reiteran la violación». Expresó que dichas vio-

laciones acarrean como consecuencia la interrupción del plazo

con cada actuación realizada por el afectado, en aras de revertir

la situación que le resulta lesiva, sin que el perpetrador de la

vulneración haya obtemperado a su requerimiento, con la cual

se repite la violación, convirtiéndose en continua.

616 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

En este contexto, el Tribunal Constitucional había es-

tablecido en su Sentencia TC/0184/15, entre otras, que los

hechos generadores de afectación de derechos fundamen-

tales pueden ser catalogados como actos lesivos únicos o

actos continuados. Al respecto, dictaminó que «los únicos

tienen su punto de partida desde que se inicia el acto y, a

partir del mismo, se puede establecer la violación; mien-

tras los actos lesivos continuados, se inician y continúan

con sucesivos actos que van renovando la violación y de

igual manera el cómputo del plazo se renueva con cada

acto». Pero en el caso tratado, los actos números 889/2015,

890/2015 y 892/2015 (notiﬁcaciones) no constituían en

«una actuación capaz de generar la interrupción del plazo,

puesto que, para dicha fecha, el lapso de sesenta (60) días

se había agotado». (O sea, en materia de solicitud de acceso

a la información el plazo de 60 días no se renueva con una

notiﬁcación si la misma primero no se ha depositado antes

del vencimiento).

En otras palabras, reiterando lo establecido por la

TC/0426/17: […] «mientras no se veriﬁque la existencia de

un acto realizado por el accionante que interrumpa el plazo

de los sesenta (60) días tipiﬁcado por el mencionado artícu-

lo 70.2, con el cual este pretenda que le sea subsanado el o

los derechos fundamentales que presuntamente le vulneraron,

rige esta norma iniciando el conteo del plazo a partir de la

fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u

omisión». Entonces, «de materializase la interrupción sin ha-

berse agotado el referido plazo, este se renovará a partir de la

fecha del acto interruptor; si existe una multiplicidad de actos

con el mismo carácter y efecto, el cómputo empezará a partir

de la fecha del último acto interruptor».

617

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

11.9.3.2 Escrito de interposición del amparo

Ante el juez ordinario el amparo se interpone mediante

instancia o escrito introductivo, dirigido por el reclamante

al juez apoderado, depositado en la Secretaría del Tribunal

de Primera Instancia del lugar donde se hubiere manifestado

el acto u omisión cuestionario (Arts. 76 y 72-LOTCPC).

Dicho escrito debe necesariamente contener las menciones

siguientes:

1) La indicación del órgano jurisdiccional al que va diri-

gida, en atribuciones de tribunal de amparo.

2) El nombre, profesión, domicilio real y menciones rela-

tivas al documento legal de identiﬁcación del reclamante y del

abogado constituido, si lo hubiere.

3) El señalamiento de la persona física o moral supuesta-

mente agraviante, con la designación de su domicilio o sede

operativa, si fuere del conocimiento del reclamante.

4) La enunciación sucinta y ordenada de los actos y omi-

siones que alegadamente han inﬂigido o procuran producir

una vulneración, restricción o limitación a un derecho funda-

mental del reclamante, con una exposición breve de las razo-

nes que sirven de fundamento a la acción.

5) La indicación clara y precisa del derecho fundamen-

tal conculcado o amenazado y cuyo pleno goce y ejercicio se

pretende garantizar o restituir mediante la acción de amparo.

6) La fecha de la redacción de la instancia y la ﬁrma del

solicitante de protección o la de su mandatario, si la hubiere.

En caso de que el reclamante no sepa o no pueda ﬁrmar, debe-

rá suscribirlo en su nombre una persona que no ocupe cargo

en el tribunal y que a solicitud suya lo haga en presencia del

secretario, lo cual este certiﬁcará. La persona reclamante que

carezca de aptitud para la redacción del escrito de demanda,

618 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

puede utilizar los servicios del tribunal o del empleado que

este indique, quedando sometida la formalidad de la ﬁrma a

lo anteriormente prescrito.

Por ante el Tribunal Constitucional, intentando el recur-

so de revisión de sentencia de amparo, se interpone también

un escrito introductivo motivado, depositado en la secretaría

del tribunal de fallo, contentivo de «las menciones exigidas

para la interposición de la acción» más los agravios causados

por la decisión impugnada», motivos y agravios que deben ex-

plicitarse «de forma clara y precisa» (Arts. 95 y 96-LOTCPC).

Las sentencias TC/0521/21 y TC/0503/21reiteran los

precedentes establecidos sobre las menciones exigibles al es-

crito de interposición del recurso de revisión de decisión juris-

diccional en materia de amparo, a saber: «el recurso contendrá

las menciones exigidas para la interposición de la acción de

amparo» y que en esta se harán «constar además de forma

clara y precisa los agravios causados por la decisión impugna-

da» (precedentes constantes desde TC/0195/15, reiterado en

TC/0670/16).

Es útil retener las condiciones de presentación del escri-

to introductivo de la acción de inconstitucionalidad, respecto

del cual se han deﬁnido claramente y explicado lo que quiere

decir «claridad, certeza, especiﬁcidad y pertinencia» (todas las

cuales, mutatis mutandis, son aplicables al escrito introductivo

del amparo y del recurso de revisión):

Este tribunal ha establecido en su Sentencia TC/0150/1 cuá-

les requisitos debe cumplir toda instancia mediante la que se

impugne una norma a través de la acción directa de inconsti-

tucionalidad. Así, se ha dispuesto que dicho escrito debe tener

claridad, certeza, especiﬁcidad y pertinencia, criterios que fue-

ron deﬁnidos de la forma siguiente:

619

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

• Claridad: Signiﬁca que la infracción constitucional debe ser

identiﬁcada en el escrito en términos claros y precisos (en

cuanto al amparo, el escrito debe identiﬁcar especíﬁcamente

qué ocurrió, cuál derecho vulnera;

• Certeza: La infracción denunciada debe ser imputable a la

norma infra—constitucional objetada (en referencia al ampa-

ro y su recurso de revisión, explicitar cómo, de qué manera,

qué efectos produce la actuación u omisión, identiﬁcar a car-

go de quien se encuentra dicho acto u omisión);

• Especiﬁcidad: Debe argumentarse en qué sentido el acto o

norma cuestionado vulnera la Constitución de la República

(en el caso del amparo, debe argumentarse en qué sentido el

acto u omisión cuestionado vulnera un derecho fundamental,

cómo lo hace, cuándo lo hizo, de qué manera, etcétera);

• Pertinencia: Los argumentos invocados deben ser de na-

turaleza constitucional, y no legales o referidos a situaciones

puramente individuales (en el caso del amparo, los argumen-

tos deben referirse a la naturaleza constitucional del derecho

fundamental vulnerado y de los efectos del acto cuestionado).

11.9.3.2.1 Requisitos del escrito introductivo en amparo de

cumplimiento. la parte recurrente no explica ni desarrolla de

forma precisa las vulneraciones que le causa la sentencia recu-

rrida, a los ﬁnes de ediﬁcar a este colegiado sobre los motivos

de la revisión constitucional que le ha sido planteada; proce-

de, en tal virtud, a declarar la inadmisibilidad del recurso.

Los escritos de interposición deben motivarse de manera

suﬁciente, como establece la Sentencia TC/0369/19:

«s. Además, el Tribunal Constitucional ha ﬁjado posición con

respecto a la motivación del escrito introductorio del recurso de

revisión jurisdiccional, en su Sentencia TC/0605/17,de dos (2)

de noviembre dedos mil diecisiete(2017), en la cual se precisa

lo siguiente: Por todo lo anterior, al estar desprovisto el presente

620 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

recurso de revisión de decisión jurisdiccional de argumentos

que den visos de la supuesta vulneración a la Constitución en

que incurrió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia al

dictar la Sentencia núm. […], resulta evidente que el escrito

introductorio del mismo no cumple con un mínimo de mo-

tivación en cuanto al señalamiento de los argumentos que lo

justiﬁcan, conforme lo prevé el artículo 54.1 de la Ley núm.

137-11, al exigir que el recurso sea interpuesto por medio de un

escrito motivado. En tal sentido, ha lugar a declarar inadmisible

el presente recurso».

La posición es reiterada cuando menos desde la sentencia

TC/0605/17, en la que se precisa que la motivación del recur-

so es requisito de admisibilidad, así:

«i. De ahí que este Tribunal Constitucional, al momento de

analizar la cuestión de la admisibilidad del recurso, se ha per-

catado –de la simple lectura del escrito introductorio– que la

parte recurrente no ha explicado o desarrollado los perjuicios

que le causa la sentencia recurrida, de modo que el Tribunal,

a partir de estos, pueda ediﬁcarse a ﬁn de advertir la causal de

revisión constitucional que le ha sido planteada y los argu-

mentos que la justiﬁcan. j. Por consiguiente, al estar despro-

visto el presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional

de argumentos que den visos de la supuesta vulneración a la

Constitución en que incurrió la Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia al dictar la Sentencia núm. 276, del veinti-

dós (22) de abril dedos mil quince(2015), resulta evidente que

el escrito introductorio del mismo no cumple con un mínimo

de motivación en cuanto al señalamiento de los argumentos

que lo justiﬁcan, conforme lo prevé el artículo 54.1 de la Ley

núm. 137-11, al exigir que el recurso sea interpuesto por me-

dio de un escrito motivado. En tal sentido, ha lugar a declarar

inadmisible el presente recurso».

621

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

11.9.4 Calidad para interponer amparo

La calidad para actuar en justicia ha sido deﬁnida como

«el poder en virtud del cual una persona ejerce una acción en

justica o el título con que una parte ﬁgura en el procedimien-

to», Cas. Civ. 22 junio 1992, B.J 979, páginas 670—676. La

falta de ella determina la inadmisibilidad del asunto, siguien-

do el artículo 44 de la Ley 834 de 1978, aplicado original-

mente por la TC/0268/13, (reiterada en TC/0134/17), que lo

aplica de manera supletoria al procedimiento constitucional y

lo cita textualmente así:

«Constituye una inadmisibilidad todo medio que tienda a ha-

cer declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin exa-

men al fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta

de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo preﬁjado,

la cosa juzgada».

En sentido general la «legitimidad» o «legitimación pro-

cesal» (que en ocasiones ha sido diferenciada de la calidad en

sentencias del TC), es la facultad de poder actuar en un proce-

so, como demandante, demandado o representando a estos379,

distinguiéndose entre la legitimidad activa (la del demandan-

te) y la legitimidad pasiva (la del demandado).

Se entenderá, por tanto, que tiene calidad para interpo-

ner amparo aquel (o «cualquier persona») contra quien un

acto u omisión vulnera o amenaza con vulnerar un derecho

fundamental que le ha sido reconocido por el ordenamiento;

y que la tiene para ser «demandado» (si bien el amparo no su-

pone una relación procesal entre demandante y demandado,

379 PALLARES (Eduardo), Diccionario de Derecho Procesal Civil, México, Porrúa, 1960,

p. 467.

622 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

más bien entre impetrante e impetrado) aquel que suscita la

vulneración de que se trata.

Se ha considerado que dado el carácter subjetivo del

amparo el TC «no resuelve en amparo una cuestión abstrac-

ta, de conformidad de un acto o disposición con la Consti-

tución, sino que su actuación se dirige a tutelar un derecho

fundamental pretendidamente vulnerado por tal acto o dis-

posición». 380

De ello se deduce, necesariamente, que no puedan pre-

tenderse en amparo otras pretensiones diferentes que las ne-

cesarias para preservar los derechos o libertades por las que se

interpuso la acción, quedando así conﬁrmada la legitimación

personal especíﬁca, la relación subjetiva entre el actor y el ob-

jeto de la acción.

Es decir, siguiendo una visualización decididamente sub-

jetiva, que es la que mantiene la Constitución, pueden inter-

poner amparos aquellos a quienes se reconozca un derecho

fundamental, alegadamente vulnerado o amenazado de serlo,

por un acto u omisión público o privado.

El impetrante en amparo tiene o debe tener, un interés

para actuar, esto es, es titular de un derecho fundamental que

le ha sido denegado o amenazado, en defensa de cuyo interés

el ordenamiento le permite actuar en justicia. Ese interés re-

sulta ser, como aﬁrma Sánchez Morón, «un derecho reaccio-

nal e impugnatorio, un derecho a accionar» para conseguir «a

través del proceso, el mantenimiento o el restablecimiento de

su situación jurídica».381

380 SÁNCHEZ MORÓN (Miguel), «La legitimación activa en los procesos constitucio-

nales», disponible en: ﬁle:///C:/Users/USER/Downloads/Dialnet—LaLegitimacion-

ActivaEnLosProcesosConstitucionales—249940.pdf, p. 36.

381 Ibidem., p. 37.

623

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Este interés requiere ser «legítimo» pero no necesaria-

mente directo, al menos no en amparo de cumplimiento,

pues en TC/0692/16 se admite que los terceros tienen cali-

dad para actuar en amparo de cumplimiento y que la falta

de calidad remite no al rechazo de la acción de amparo de

cumplimiento, como ocurrió en el caso, sino a su inadmisi-

bilidad, como sigue:

«s. La legitimación para accionar en amparo de cumplimiento

cuando se persigue el acatamiento de leyes o reglamentos, le

corresponde a cualquier persona que se vea afectada en sus de-

rechos fundamentales, de conformidad con la parte principal

del artículo 105 de la Ley núm. 137-11, mientras que en su

párrafo I establece: «Cuando se trate de un acto administrativo

sólo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió

el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del deber

omitido».

En consecuencia, se interpretó que puede interponer el

amparo de cumplimiento, siguiendo el artículo 105-LOT-

CPC, el tercero «cuyo acto administrativo no fue emitido en

su favor», quien puede accionar en amparo (de cumplimien-

to):

… «invocando un interés en que se le dé cumplimiento al de-

ber omitido, consistiendo este deber en el cumplimiento de la

obligación contenida en el acto emanado de la Administración,

en el supuesto que se plantea no podría atribuírsele a la Direc-

ción General de Bienes Nacionales y a su administrador general

falta de cumplimiento del deber omitido, puesto que se trata

de un mandato especíﬁco que solo alcanza a una persona en

concreto, en este caso a la señora HFG, circunstancias en las

que A.,S.R.L. no puede pretender que se le derive legitimación

para demandar que se ejecute en su favor el acto administrativo

624 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

de referencia; solo podría hacerlo en calidad de tercero para que

se ejecutara en beneﬁcio de la referida señora».

La calidad se ha deﬁnido en TC/0406/14 como «i. … la

capacidad procesal que le da el derecho procesal constitucio-

nal a una persona conforme establezca la Constitución o la

ley, para actuar en procedimientos jurisdiccionales», lo que en

relación con la interposición de recursos de revisión constitu-

cional de sentencias de amparo remite al hecho de que el recu-

rrente necesariamente ha debido ﬁgurar como actor procesal

o como demandante, demandado o interviniente en la ins-

tancia que culminó con la sentencia objeto del recurso, o de

lo contrario su recurso es inadmisible. Esta decisión también

establece como precedente que solo las partes que participa-

ron en la acción de amparo ostentan la calidad para presentar

un recurso de revisión constitucional contra la sentencia que

resolvió la acción.

En TC/0134/17 se decidió que la recurrente carecía de

calidad visto que «f. … la misma no fue parte ante los órganos

judiciales que intervinieron en este proceso, es decir, que no

participó en las diferentes sentencias dictadas en el transcurso

del proceso llevado a cabo por ante el Poder Judicial». Se re-

tiene que en la Sentencia TC/0032/17, del treinta y uno (31)

de enero, se dispuso al respecto lo que se resume a seguidas:

«a. El recurso que nos ocupa fue interpuesto, indistintamente,

según las instancias depositadas en la Secretaría del Tribunal

el día catorce (14) de mayo y nueve (9) de julio de dos mil

trece (2013), ante la Secretaría General de la Suprema Corte

de Justicia, por los señores MS, CRO, AOO y JJGM, alegando

violación al derecho de propiedad y al debido proceso (artículo

69 de la Constitución), respectivamente, personas estas que no

fueron parte en el referido proceso y, en consecuencia, carecían

625

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

de calidad para recurrir» (lo que remite a la inadmisibilidad del

recurso).

En igual sentido se pronuncia, entre otras, la TC/0004/17,

de cuatro (4) de enero, al establecer que:

«La acción de amparo objeto del presente recurso fue interpuesta

por el señor LMLV, en representación del señor JMDRV contra

la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Peravia, de forma

tal que las dos partes precedentemente señaladas fueron las que

participaron en el proceso constitucional de amparo y, por vía de

consecuencia, son las únicas que se encuentran provistas de calidad

para cuestionarla Sentencia núm. 043/2015,dictada por la Cámara

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pe-

ravia el siete (7) de septiembre de dos mil quince (2015)».

11.9.4.1 Calidad para interponer amparo de cumpli-

miento. El precedente de la sentencia TC/0692/16, p. 26 es

claro respecto a que la legitimación para accionar en ampa-

ro de cumplimiento cuando se persigue el acatamiento de

leyes o reglamentos, le corresponde a cualquier persona que

se vea afectada en sus derechos fundamentales, de conformi-

dad con la parte principal del artículo 105 de la Ley núm.

137-11,mientras que en su párrafo I establece: «Cuando se

trate de un acto administrativo sólo podrá ser interpuesto por

la persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque in-

terés para el cumplimiento del deber omitido».

Tiene calidad para interponer amparo de cumplimien-

to la sociedad comercial legalmente constituida y organizada,

cuando lo hace en procura de concretar intereses relacionados

con su objeto social.

El tema es tratado igualmente en la Sentencia TC/0035/18,

p. 35, decisión en la que se veriﬁca que la accionante, V., S.A.

626 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

es una sociedad comercial legalmente constituida y organiza-

da dedicada al reciclaje de baterías de ácido—plomo usadas

(BAPU). Consecuentemente, se decidió que contaba con la

legitimación activa para interponer la acción puesto que el

incumplimiento de las normativas previstas para el manejo

de dichos desechos es un aspecto relacionado con el objetivo

social de la indicada empresa y también en lo que respecta a la

defensa del medio ambiente.

En un caso relativo al cumplimiento de la Ley núm. 158-

01, que establece el Fomento al Desarrollo Turístico para los po-

los de escaso desarrollo y nuevos polos en provincias y localida-

des de gran potencialidad, se decidió en virtud de la sentencia

TC/0123/21, p. 18 que la acción de amparo de cumplimiento sa-

tisface los requisitos previstos en los artículos 104 y 105 de la Ley

núm. 137-11, pues con ella se procura el cumplimiento de una

ley y ha sido impulsada por quien estaba sujeto a los presupuestos

establecidos en la citada ley, lo cual le reviste de la legitimación o

calidad e interés suﬁcientes para exigir su cumplimiento.

11.10 Intervenciones voluntaria y forzosa en amparo

11.10.1 Situación procesal de la intervención según el

Reglamento Jurisdiccional

Lo sancionado por la sentencia TC/0073/17, p. 12 y 13,

es que la demanda en intervención voluntaria se deﬁne como:

«aquella demanda incidental mediante la cual un tercero in-

terviene por iniciativa propia en un proceso judicial a los ﬁnes

de prevenir una afectación o pretender una situación jurídica

favorable a sus intereses y que guarda relación con el objeto de

la demanda principal».

627

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

La Suprema Corte de Justicia ha establecido jurispruden-

cialmente el alcance y consecuencias procesales de la demanda

en intervención voluntaria, según esté orientada a respaldar la

demanda principal (intervención voluntaria accesoria) o bien,

plantear conclusiones diferenciadas y autónomas respecto de

la demanda principal (intervención voluntaria principal).

Concretando la deﬁnición sobre el punto, la Suprema

Corte de Justicia ha señalado que:

[…]«la intervención, que es el acto procesal por el que un ter-

cero entra a participar en un proceso pendiente, puede ser vo-

luntaria o y que la primera, esto es, la intervención voluntaria,

como la que hiciera en su oportunidad la parte hoy recurrida,

puede ser principal o accesoria; que es accesoria la intervención

cuando ella apoya las pretensiones de una de las partes, esto es,

si se limita a sostener y defender la posición de una de ellas;

en cambio, es principal la intervención voluntaria, cuando los

efectos que de ella se derivan están ligados a la idea de que el

interviniente somete al juez una pretensión que le es propia

y por sí misma autónoma con relación a la del demandante

originario, porque a ella no la puede afectar el desistimiento,

la aquiescencia o la transacción a las cuales puede proceder el

demandante originario» (Sentencia del tres (3)de junio de dos

mil nueve (2009); B.J. 1183; Pleno SCJ).

La participación o intervención en procesos jurisdiccio-

nales ya iniciados, por parte de terceros, siempre ha exigido

la demostración de interés (como se retiene en la Sentencia

TC/0473/20, p. 29):

«e. Excepcionalmente los terceros pueden participar o interve-

nir en los procesos jurisdiccionales ya iniciados –siempre que se

demuestre su interés–, mediante una demanda incidental, bien

sea en intervención voluntaria (que es aquella donde un tercero

628 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

voluntariamente decide participar en un proceso jurisdiccional)

o por medio de una demanda en intervención forzosa (que es

cuando una de las partes decide invitar a un tercero a participar

en determinado proceso).

«f. En los procesos contenciosos electorales –como sucede en

el que caso que nos ocupa–, las demandas en intervención vo-

luntaria e intervención forzosa están previstas en el Reglamento

Contencioso del Tribunal Superior Electoral, conforme a sus

artículos 641 y siguientes (intervención voluntaria) y artículos

702 y siguientes (intervención forzosa)».

11.11 Admisibilidad e inadmisibilidad del amparo

Uno de los problemas procesales más importante del

amparo es su admisibilidad, que, en algunos países, por su

cuantía, incluso obstaculiza la labor de los tribunales consti-

tucionales.

En TC/0038/12. 9.a) se decidió que, si bien el TC debe

emitir dos decisiones, una sobre la admisibilidad y otra sobre

el fondo (siguiendo el mandato de los artículos 5 y 7 del Art.

54— LOTCPC), en aplicación de los principios de celeridad

y economía procesal sólo debe dictarse una. (p.6).

El TC justiﬁca su postura en que se trata de un proceso

interno, con el que ni se beneﬁcia ni se perjudica a las partes

y lo esencial es que se deje constancia motivada de la admisi-

bilidad del recurso, de manera que es factible que dicha mo-

tivación se haga en la misma sentencia que decide el fondo.

(p.6). De esa forma, siguiendo los principios de celeridad y

economía procesal:

[…] supone que en la administración de justicia deben apli-

carse las soluciones procesales que sean menos onerosas en

629

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

lo que concierne a la utilización de tiempo y de recursos; de

manera que, si en la especie puede solucionarse la admisibi-

lidad y el fondo del recurso mediante una sola decisión, sin

lesionar los intereses de las partes, el Tribunal no debe dictar

dos sentencias (p.56).

En la sentencia TC/0414/21, al tratar la efectividad y oﬁ-

ciosidad y la economía procesal, se estableció que:

11.12 Es preciso apuntar, asimismo, que, en aplicación de los

principios de efectividad y oﬁciosidad, establecidos en los acá-

pites 4 y 11 del artículo 7 de la Ley núm. 137-11, este tribunal

está facultado para adoptar, de oﬁcio, las medidas necesarias

para garantizar la supremacía de la Constitución y la efecti-

va aplicación de los derechos y garantías fundamentales con

respeto al cumplimiento de las garantías del debido proceso

y la aplicación del principio de economía procesal. Esto ha

sido reconocido en el precedente ﬁjado por este tribunal en la

Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece

(2013), reiterado en las sentencias TC/0185/13, del once (11)

de octubre de dos mil trece (2013); TC/0012/14, del cator-

ce (14) de enero de dos mil catorce (2014) y TC/0127/14,

del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), entre

otras. Es por ello por lo que este órgano procederá a conocer

el fondo de la presente acción de amparo, sobre la base de las

motivaciones precedentes.

El problema procesal radica en que esos principios no ﬁ-

gurarían taxativamente en la LOTCPC… pero es coherente

con el (principio) de efectividad previsto en el Art. 7.4 (p.7,

e) de esa norma.

También se ha relacionado la admisibilidad del amparo

con al principio de favorabilidad y la regla de vía más efecti-

va, a la efectividad de ciertos derechos fundamentales y a la

630 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

armonización (proporcionalidad) entre derechos fundamen-

tales contrapuestos.

En el primer caso, admisibilidad por favorabilidad, se ha

aceptado que, si el juez se declara incompetente y no identi-

ﬁca la vía supuestamente más efectiva para decidir el asunto,

el TC puede conocer el caso incluso por sobre un obstáculo

procesal como el vencimiento del plazo de cinco días para no-

tiﬁcar la revisión al recurrido, por aplicación de la regla de

favorabilidad establecida por el artículo 7 numeral 5 de la Ley

Núm. 137-11 LOTCPC.

[…] si bien el juez de amparo establece en sus motivaciones

que existe otra vía efectiva, no precisa cual es esa vía, hacien-

do el presente recurso admisible, y en efecto, este tribunal se

abocará al conocimiento del fondo del mismo. Contribuye a la

interpretación de admisibilidad el hecho de que g) este tribunal

ha establecido que la facultad de inadmisión se encuentra con-

dicionada a la identiﬁcación de la vía judicial que el Tribunal

considere idónea, así como las razones por las cuales la misma

reúne los elementos de eﬁcacia requeridos por el legislador.

Mediante la TC/0021/12. 11. c), se aﬁrmó que es deber

del juez explicar las razones por las que considera que una vía

alternativa al amparo es más efectiva que este, como sigue:

[…] el ejercicio de la mencionada facultad de inadmisión se

encuentra condicionada a la identiﬁcación de la vía judicial que

el tribunal considere idónea, así como de las razones por las

cuales la misma reúne los elementos de eﬁcacia requeridos por

el legislador.

En el segundo caso, sobre armonización de derechos fun-

damentales, se ha decidido que el TC tiene ese deber de armo-

nización de derechos en conﬂicto por derivación del Art. 74.4

631

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

constitucional. Así, es admisible el amparo contra decisiones

que alegando derecho a la intimidad obstaculizan el derecho

de acceso a la información, porque este último es un mecanis-

mo esencial contra la corrupción (TC/0042/12.11. q) y:

[…] si bien el derecho a la intimidad es un valor fundamental

del sistema democrático, al igual que la protección a los datos

personales, no pueden, de manera general, aunque sí excepcio-

nalmente, restringir el derecho de libre acceso a la información

pública, ya que limitarlo despojaría a la ciudadanía de un meca-

nismo esencial para el control de la corrupción.

El texto normativo de referencia, Art. 74.4-LOTCPC

consagra, a juicio del TC, un Principio de Armonización

Concreta. En efecto, el TC, de conformidad con su sentencia

núm. TC/0042/2012 (página 14), del 21 de septiembre de

2012, tiene la obligación de armonizar derechos fundamen-

tales en conﬂicto. (TC/0167/13. 10.30, mediante el ejercicio

del llamado «principio de armonización concreta»).

Se trata de la denominada prevalencia del derecho colec-

tivo y difuso a la preservación del medio ambiente frente al

derecho individual de libre empresa y trabajo

[…] En ese sentido, al tener los derechos de libre empresa y el

derecho al trabajo componentes individuales frente al derecho

colectivo y difuso que representan las medidas para la preserva-

ción del medio ambiente, el cual, como indicamos antes, tiene

además un alcance supranacional, los dos primeros derechos

deben ceder en su ámbito de protección frente al último siem-

pre y cuando quede evidenciado que una actuación particular

pueda tener o tenga un efecto adverso e irreversible en el mante-

nimiento del equilibrio ecológico, máxime cuando la actuación

a largo plazo de los particulares pudiere arriesgar la seguridad y

la subsistencia de seres humanos. (TC/0167/13. 10.30).

632 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Un caso particular y relevante de amparo fue decidido en

TC/0052/13, relacionado con la corrupción administrativa.

Considera el TC, en relación con la admisibilidad del re-

curso, que las organizaciones de la sociedad civil deben tener

la posibilidad de actuar jurisdiccionalmente contra la corrup-

ción. Al efecto, considera el TC que:

[…] La posibilidad de que las personas y grupos que no per-

tenecen al sector público puedan participar activamente y de

manera eﬁciente depende en gran medida de la existencia de

mecanismos que garanticen el derecho a la información públi-

ca; por esta razón se exige a los Estados Parte en la Convención

(Americana contra la Corrupción) que tomen medidas dirigi-

das a garantizar el acceso eﬁcaz del público a la información,

e igualmente se les impone respetar, promover y proteger la

libertad de buscar, recibir, publicar y difundir informaciones

relativas a la corrupción […](Artículo 13.b y 13.c de la Con-

vención de las Naciones Unidas contra la Corrupción). (p.10,

parágrafo 10.2).

Cuestión de singular importancia es la inadmisibilidad

del amparo, renglón en el que se cuenta con numerosas deci-

siones.

El artículo 70 de la referida ley establece las causas de

inadmisibilidad de la acción de amparo, en los términos si-

guientes:

El juez apoderado de la acción de amparo, luego de ins-

truido el proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisi-

ble la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los siguien-

tes casos: 1) Cuando existan otras vías judiciales que permitan

de manera efectiva obtener la protección del derecho funda-

mental invocado. 2) Cuando la reclamación no hubiese sido

presentada dentro de los sesenta días que sigan a la fecha en

633

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión

que le ha conculcado un derecho fundamental. 3) Cuando la

petición de amparo resulte notoriamente improcedente.

La improcedencia signiﬁca que algo no es procedente. Es

la calidad «de aquello que carece de fundamento jurídico ade-

cuado, o que, por contener errores o contradicciones con la

razón, o haber sido presentado fuera de los plazos oportunos,

no puede ser admitido o tramitado». Se trata de un concepto

que tiene raigambre jurídico— procesal. En la especie, se re-

ﬁere a una causal de inadmisibilidad prevista por la Ley núm.

137-11, en relación con la acción de amparo. La inadmisibili-

dad, por su parte, constituye una «[c]condición que tiene un

trámite, una demanda, una acción u otro procedimiento judi-

cial, que ha sido caliﬁcado como no viable por el funcionario

o juzgador a cargo, por problemas de forma o fallas jurídicas».

En la medida en que ella está destinada a la protección

judicial de derechos fundamentales vulnerados o amenazados,

cuando dicha acción se interpone con la ﬁnalidad de proteger

otros derechos –derechos que no sean fundamentales; derechos

subjetivos, cuya protección se garantiza adecuadamente me-

diante los procesos comunes por tratarse de un asunto de lega-

lidad ordinaria–, es decir, derechos que no son fundamentales,

esa acción ha de resultar, entonces, notoriamente improcedente.

De igual manera, cuando la acción de amparo se inter-

pone con la ﬁnalidad de proteger derechos fundamentales

como el de la libertad –protegido, según la ley, por el habeas

corpus y excluido taxativamente por el referido artículo 72,

constitucional, entre los derechos fundamentales cuya pro-

tección puede ser reclamada a través de la acción de ampa-

ro—, esa acción de amparo ha de resultar, entonces, notoria-

mente improcedente.

634 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Asimismo, cuando la acción se plantea con la ﬁnalidad

de proteger derechos fundamentales como el derecho a la

autodeterminación o libertad informativa – protegido, se-

gún la ley, por el habeas data y excluido taxativamente por

el referido artículo 65 de entre los derechos fundamentales

cuya protección puede ser reclamada a través de la acción de

amparo–, esa acción ha de ser considerada como notoria-

mente improcedente.

Y lo mismo ocurre cuando la acción de amparo procura el

cumplimiento o ejecución de una sentencia, posibilidad esta

que ha sido excluida por el referido artículo 72 pues el mismo

solo se reﬁere a la posibilidad de «hacer efectivo el cumpli-

miento de una ley o acto administrativo», esa acción ha de ser,

también, notoriamente improcedente.

Se trata, como se aprecia, de situaciones procesales que,

sin precisar análisis del fondo de la cuestión principal, esca-

pan del ámbito de atribuciones del juez de amparo, por existir

otros mecanismos legales claramente identiﬁcados por el le-

gislador para la efectiva tutela de los derechos involucrados y

que, entonces, hacen al amparo maniﬁestamente improceden-

te y deben, por tanto, conducir a la inadmisión de la acción.

Sobre el particular, este Tribunal ha dicho previamen-

te en su sentencia TC/0031/14 que «cuando la acción de

amparo se interpone con la ﬁnalidad de proteger derechos

subjetivos –cuya protección se garantiza adecuadamente me-

diante los procesos comunes por tratarse de un asunto de

legalidad ordinaria— es notoriamente improcedente». A lo

que agregó unas líneas que resultan imprescindibles a la hora

de abordar esta cuestión: «Lo anterior evidencia situaciones

procesales que, sin precisar análisis del fondo de la cuestión

principal, escapan del ámbito de atribuciones del juez de

635

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

amparo por existir otros mecanismos legales más idóneos o

claramente identiﬁcados por el legislador para la efectiva tu-

tela de los derechos y que, entonces, hacen al amparo noto-

riamente improcedente».

Muy ligada a la anterior –es decir, al propósito de prote-

ger derechos que no sean fundamentales–, toda acción que se

reﬁera a una cuestión de legalidad ordinaria. Tal fue el conte-

nido de su sentencia citada en el párrafo anterior, pero tam-

bién, y aun antes de esa, de su sentencia TC/0017/13, en la

que decidió:

[…] «desestimar la acción de amparo por tratarse de una

cuestión de legalidad ordinaria, competencia de los jueces

ordinarios. En efecto, tanto la doctrina como la propia juris-

prudencia constitucional comparada han manifestado que la

determinación del hecho, la interpretación y aplicación del

derecho, son competencias que corresponden al juez ordina-

rio por lo que el juez constitucional limita el ámbito de su

actuación a la comprobación de si en la aplicación del derecho

se ha producido una vulneración a un derecho constitucional.

Este Tribunal es de criterio que la naturaleza del recurso de

amparo impide suscitar ante un órgano constitucional cues-

tiones de legalidad ordinaria, cuya interpretación no es fun-

ción de este Tribunal».

Se conocerán ahora dos supuestos interesantes sobre di-

cha inadmisibilidad: cuando existe otra vía más eﬁcaz para

lograr el ﬁn pretendido por el recurrente, y cuando se acciona

dos veces por el mismo caso En cuanto al primer caso, la in-

admisibilidad por subsistencia de vía más efectiva para lograr

el ﬁn pretendido por el recurrente se ha decidido que es pre-

ferente el referimiento al amparo, como vía que satisface la

disposición del artículo 70.1 de la Ley 137-11.

636 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

En TC/0083/12. 10.i). h), por ejemplo, se dispuso como

sigue:

«El accionante en amparo puede, en consecuencia, reclamar

la suma depositada ante el juez de los referimientos o ante el

juez apoderado del embargo. Oportuno es resaltar que el pro-

cedimiento de referimiento está previsto para resolver los casos

urgentes, de manera tal que siguiendo el mismo existe la po-

sibilidad de obtener resultados en un plazo razonable. En este

sentido, se trata de una vía eﬁcaz que satisface el requerimiento

del artículo 70.1 de la referida Ley 137-11».

No obstante, si la anulación de una ordenanza de amparo

y la subsecuente remisión del asunto a la jurisdicción compe-

tente pospone la solución del conﬂicto, entonces el TC, para

consagrar la oportuna y efectiva protección del derecho fun-

damental invocado puede abocarse a conocer el asunto:

[…] «d) De lo anterior se colige que correspondería al Tribu-

nal Constitucional anular en todas sus partes la ordenanza de

amparo recurrida y remitir el conocimiento de la acción a la re-

ferida jurisdicción competente. Sin embargo, esta medida, que

necesariamente pospondría la solución del conﬂicto, atentaría

contra la oportuna y efectiva protección del derecho fundamen-

tal invocado» (TC/0185/13.13. A. d).

En alguna ocasión se ha accionado dos veces en un mis-

mo caso de amparo. En esa situación se ha pronunciado la in-

admisibilidad aﬁrmando que es imposible accionar dos veces

en amparo sobre el mismo caso, TC/0041/12. 10. c).

Conforme el artículo citado, se conﬁgura la imposibilidad

de accionar dos veces en amparo sobre el mismo caso, ante el

mismo o cualquier otro juez o tribunal. Si bien dicha disposi-

ción no reglamenta de manera expresa la sanción que se deriva

637

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

de dicho impedimento, este tribunal estima pertinente la apli-

cación al caso del principio de supletoriedad establecido en el

artículo 7.12 de la referida Ley 137-11; es decir, el criterio de

las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de

la cosa juzgada, toda vez que la señora JBY, tenía abierta la vía

del recurso de revisión de amparo por ante la Suprema Cor-

te de Justicia, actuando como Tribunal Constitucional, en la

forma que ha sido expresado en el párrafo anterior. En conse-

cuencia, la Cámara Penal del Tribunal del Juzgado de Primera

Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís en su

sentencia Núm. 113-2011, debió declarar inadmisible la ac-

ción de amparo interpuesta el 4 de noviembre de 2011.

Aún en caso de improcedencia del amparo, se ha sentado

criterio acerca de que dicha improcedencia no impide que el

TC veriﬁque la vulneración de derechos fundamentales, como

en TC/0017/13. 10. p):

[…] «la declaratoria de la improcedencia de la acción de ampa-

ro no impide que el Tribunal Constitucional veriﬁque si al recu-

rrente se le ha vulnerado su derecho a la propiedad, al privársele

del mismo mediante una sentencia completamente carente de

fundamento jurídico, o mediante actuaciones que distan de lo

que las facultades legales le conﬁeren al Ministerio Público, ra-

zón por la cual procede considerar las cuestiones de fondo del

presente recurso».

En todo caso, vale retener que el amparo no es una vía

eﬁcaz cuando se pretende utilizarlo con ﬁnalidades claramen-

te cautelares, como lo es la obtención de la suspensión de un

acto, o la ejecución de una sentencia, como se ha visto ya.

Tampoco procede el amparo cuando la pretensión tiene

un carácter esencialmente declarativo, apropiado, en conse-

cuencia, para ser ventilado bajo los cánones de la acción que

638 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

corresponda, ni cuando exista una vía procesal especíﬁca para

solucionar el diferendo382.

En cualquier caso, es también posible que el amparo ca-

rezca de objeto. Cuando semejante situación se presenta el TC

hace referencia directa no necesariamente a la acción en sí,

sino a que ya no resulta necesario estatuir respecto del fondo

porque la relación jurídica irregular que motivó la interpo-

sición del amparo en primera instancia no ha permanecido

constante, o continúa dilucidándose en ella. Se ha decidido al

respecto que:

«La instancia abierta con la referida acción de amparo carece

de objeto, en razón de que en la vía ordinaria, especíﬁcamen-

te ante la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, se está

conociendo la misma cuestión discutida en dicha instancia,

jurisdicción en la cual le fue otorgada la guarda de las menores

SS y SB a su madre, señora BK, de manera provisional, me-

diante la Sentencia 00130/2012, de fecha tres (3) de julio, de

manera que no sería congruente que por la vía subsidiaria del

amparo se pretenda continuar conociendo el indicado proce-

so» (TC/0035/13.9b).

El criterio se sostiene en TC/0072/13. 9. b), decisión en

la cual el TC aceptó que […] «la falta de objeto tiene como

característica esencial que el recurso no surtiría ningún efecto,

por haber desaparecido la causa que da origen al mismo, es

decir, carecería de sentido que el Tribunal lo conozca, pues la

norma impugnada ya no existe».

382 CANDA (Fabián Omar), «Requisitos de procedencia de la acción de amparo indivi-

dual», en: BRUNO Dos Santos (Marcelo) y COGLIATI (Natalia). Una mirada desde

el fuero contencioso administrativo federal sobre el derecho procesal administrativo. 1ª.

edición, Buenos Aires, Fundación de Derecho Administrativo, 2012, p. 276. Dispo-

nible en línea: http://www.gordillo.com/pdf_unamirada/00indice.pdf

639

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Una consecuencia resaltable directa de la conceptualización

del recurso de revisión de amparo, tal como ha sido realizada

por el TC radica en que, dentro del régimen normativo, la

revisión constitucional de la decisión del juez de primera

instancia debe sujetarse por lo menos a una condición

necesaria:

[…] «evitar que el recurso de revisión constitucional de amparo

sea utilizado para disminuir la eﬁcacia y la eﬁciencia de las deci-

siones del juez de amparo y, consecuentemente, que la jurisdic-

ción especializada del Tribunal Constitucional sea usada para

tales ﬁnes, contraviniendo, de esa manera, la altísima dignidad

de su destino institucional» (TC/0086/13).

De acuerdo con lo provisto por el TC en la decisión de

referencia, la no —admisibilidad del amparo se justiﬁca (si

bien en realidad no hay justiﬁcación alguna que conste en el

texto) en términos de ´eﬁcacia´ y ´eﬁciencia jurisdiccional´,

porque evita que el uso de la jurisdicción constitucional sea

contraproducente al objetivo de su creación.

La falta de objeto e interés se caracteriza esencialmente,

según la Sentencia TC/0335/21, cuando no se produciría nin-

gún efecto:

«g. La falta de objeto tiene como característica esencial que el

recurso no produciría ningún efecto, toda vez que es un hecho

superado la causa que dio origen al mismo; es decir, no tendría

ningún sentido que el Tribunal lo conozca, pues, el señor David

Mejía ya fue dotado, tanto del acta de nacimiento, como de la

cédula de identidad y electoral.

«h. De lo anterior se colige que estamos ante la carencia fal-

ta de objeto e interés jurídico actual por el hecho superado, y

que esta, como causa de inadmisibilidad, ha sido adoptada por

este tribunal constitucional, de conformidad con sus sentencias

640 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

TC/0011/15, del veinticuatro (24) de febrero de dos mil quin-

ce (2015); TC/0014/15, del veinticuatro (24) de febrero de dos

mil quince (2015), y TC/0031/15, del tres (3) de marzo de dos

mil quince (2015), TC/0822/18, del diez (10) de diciembre de

dos mil dieciocho (2018), y TC/0245/19, del siete (7) de agos-

to de dos mil diecinueve (2019) y TC/0484/20, del veintinueve

(29) de diciembre de dos mil veinte (2020), entre otras.

«i. De conformidad con la Sentencia TC/0072/13, conﬁrmada,

entre otras, por la TC/0183/18, la característica esencial de la

falta de objeto es que el recurso no surtiría ningún efecto, por

haber desaparecido la causa que da origen al mismo, por lo que

carecería de sentido su conocimiento».

* * *

SUMARIO

Medio judicial extraordinario especialmente establecido

para la protección de los derechos constitucionales, contra los

agravios o amenazas inﬂigidos contra los mismos por parte

de autoridades y de particulares o proceso constitucional que

normalmente concluye con una orden judicial de amparo,

protección o tutela de los derechos violados o amenazados de

violación.

La literalidad normativa permite visualizar los límites del

amparo como una acción preferente, sumaria, oral, pública,

gratuita y no sujeta a formalidades que se presenta ante los

tribunales con pretensiones restringidas a:

Primero: la protección de derechos fundamentales;

Segundo: hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto

administrativo;

641

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Tercero: garantizar los derechos colectivos y difusos.

La sentencia TC/0001/12, párrafo 3, pág. 3 sigue lo origi-

nalmente dispuesto en la sentencia núm. 108—2011, del

12 de octubre, de la Segunda Sala del Tribunal Superior

Administrativo, que deﬁnió el amparo como […] «una ac-

ción autónoma que tiene por ﬁnalidad la protección de la

violación o conculcación de un derecho fundamental».

Se trata de un mecanismo objeto de amplio tratamiento doc-

trinal, prevaliendo la opinión de que se trata de una «ga-

rantía procesal para la protección de derechos fundamenta-

les, particularmente referidos a las denominadas ´garantías

individuales´, cuando un acto de autoridad, entendido en

sentido amplio, las vulnera o lesiona»

Su creación corresponde a la Constitución de Yucatán de

1841, de donde se extendió al ámbito federal mexicano

en 1847 junto con otros instrumentos de protección de

derechos tales como el habeas corpus –que a su vez había

sido incorporado en Brasil desde 1830—. La Constitución

yucateca de 1841383 fue la respuesta libertaria contra

el centralismo mexicano, «decretada y sancionada» por

Santiago Méndez en calidad de «gobernador del estado libre

y soberano de Yucatán».

La primera mención del amparo en la Constitución federal

de México se concretó en los artículos 101 y 102 de la Carta

de 5 de febrero de 1857, desarrollados en las leyes de ampa-

ro de 1861 y posteriores. En todos los casos era un procedi-

miento de naturaleza subjetiva, para la defensa de derechos

individuales, pudiendo interponerlo exclusivamente la par-

te agraviada actuando contra la autoridad que vulnerara

sus derechos. Luego, en 1897, el amparo fue incorporado al

383 Ejemplar consultado disponible en: https://www.worldstatesmen.org/Yucatan1841.

pdf.

642 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Código de Procedimientos Civiles Federales, y en 1908 al de

Procedimientos Civiles.

En República Dominicana el amparo apareció textualmente

en la Ley núm. 275—97, artículo 111, que disponía como

sigue: «Amparo. Todo elector afectado en sus inmunidades, li-

bertad o seguridad, o privado del ejercicio del sufragio, podrá

solicitar amparo por sí o por intermedio de cualquier otra per-

sona, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho a cual-

quier juez o autoridad, y especialmente ante la Junta Central

Electoral o por ante la junta electoral correspondiente».

En 1999 la Corte de Casación dominicana, actuando en

materia laboral, fue apoderada de un recurso que daría lu-

gar a la consagración del amparo dominicano por vía juris-

prudencial, aunque ya ﬁguraba, desde 1997, en el artículo

111 de la Ley 275—97384, del veintiuno (21) de diciembre

del año mil novecientos noventa y siete (1997). Actualmente

la Acción de Amparo ﬁgura en el artículo Núm.72 de la

carta magna y el procedimiento a seguir, está contenido en

la LOTCP, artículos 65 y siguientes.

Ante una violación de derechos fundamentales, sin importar

cuál, las autoridades tienen el deber de actuar inmediata-

mente para subsanar el agravio o injusto ocasionado. El re-

medio es aperturar garantías para que la justicia constitucio-

nal actúe debidamente, restituyendo la vigencia del derecho

conculcado.

El amparo tiene como propósito permitir a todas las perso-

nas, cuyos derechos hayan sido vulnerados, solicitar y obtener

protección jurisdiccional.

384 Todo elector afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad, o privado del ejer-

cicio del sufragio, podrá solicitar amparo por sí o por intermedio de cualquier otra

persona, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho a cualquier juez o auto-

ridad, y especialmente ante la Junta Central Electoral o por ante la junta electoral

correspondiente.

643

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

La Constitución dominicana incluye un catálogo amplio de

derechos protegidos por amparo, divididos en: derechos civi-

les y políticos; derechos económicos y sociales; derechos cultu-

rales y deportivos y derechos colectivos y del medio ambiente,

entre otros. El listado incluye derechos humanos de primera

y segunda generación (como el derecho a la libertad indivi-

dual, el de tránsito, la intimidad y otros similares) pero tam-

bién derechos de la comunicación física, intelectual y social,

incluyendo como nuevo derecho el correspondiente a la salud

integral como parte de la protección de la salud.

En su artículo 53 la Carta Sustantiva contempla derechos

culturales, como garantía de libre participación en la vida

cultural de la nación, el pleno disfrute de las artes, del

progreso cientíﬁco y cultural, así como a los beneﬁcios que

generen.

Ciertos derechos de naturaleza económica se regulan en el

artículo 64 de la Carta de 2010, previéndose el derecho al

ejercicio de la actividad económica, de preferencia indivi-

dual; el derecho de competencia libre y leal, la concesión es-

tatal para la explotación de recursos naturales y la prestación

de servicios públicos diversos.

En cuanto al mejoramiento de la alimentación, los servicios

sanitarios, las condiciones higiénicas y de saneamiento am-

biental, se contemplan en el artículo 61 de la Carta política

dominicana vigente. Los derechos medioambientales, en los

artículos 66 y 67; la protección de derechos e intereses colec-

tivos y difusos, entre ellos varios relacionados con el medio

ambiente, favorecen la preservación del equilibrio ecológico,

del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, ar-

quitectónico, arqueológico paisajístico nacional.

Asimismo, se contemplan el derecho al desarrollo; el de-

recho a la propiedad, la tutela de la salud pública; la

correcta comercialización de mercaderías, la competencia

644 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

leal y los intereses y derechos del consumidor o usuario de

bienes y servicios. Estos derechos del consumidor o usuario

son derechos de disposición de bienes y servicios de cali-

dad, así como a la información adecuada y objetiva sobre

el contenido y características de los productos y servicios

de todo tipo.

En cuanto a estos derechos debe aclararse que ocupan en la

actualidad social de varios países lugar preeminente, como

parte de los intereses difusos y colectivos. En nuestro caso,

constan en la Ley núm. 358—05 y en el artículo 53 de la

Carta Sustantiva.

En cuanto se reﬁere al medio ambiente sano, en términos de

derecho fundamental, resulta de la combinación de elemen-

tos diferentes, como la Conferencia y el Informe de las Na-

ciones Unidas sobre el Medio Humano, primera parte, con-

ferencia celebrada en Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de junio

de 1972; como también de las disposiciones constitucionales

dominicanas anteriores a 2010, como por ejemplo ocurrió

con la Carta de 2002 y anteriores, en las que el medioam-

biente quedaba protegido por la interpretación expansiva

de los derechos fundamentales contenida originalmente en

el artículo 10 de 2002 u 8 de 1966, de la cual se resaltó

jurisprudencial y consistentemente su carácter no limitativo,

puesto que el texto hacía referencia a la obligada protección

de otros derechos de igual naturaleza que los expresamente

mencionados en el texto.

En el orden de la naturaleza del amparo se discute si es

«principal» o «subsidiario», incluso si es vía «efectiva» e, in-

cluso, «más» efectiva,

Para el magistrado Víctor Joaquín Castellanos, el amparo

tiene naturaleza principal porque «ante la violación de un

derecho fundamental, la víctima puede incoar inmediata-

mente una acción de amparo ante el tribunal competente, es

645

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

decir, sin necesidad de satisfacer ninguna otra formalidad o

de agotar previamente otra vía judicial».

En otra posición, para el magistrado Wilson Gómez, en su

voto salvado a la sentencia TC/0724/18, de diez (10) de

diciembre, p. 46, el amparo tiene naturaleza subsidiaria o

residual porque el artículo 70.1-LOTCPC dispone que el

juez podrá declarar la inadmisibilidad de la acción cuando

existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva

obtener la protección del derecho fundamental invocado.

Acosta sostiene que la admisibilidad del amparo depende de

que exista o no otra vía: si existe, procede la inadmisibili-

dad, de donde, en su opinión, el amparo es subsidiario o

residual. Se abundará al respecto de esta posición, antes de

lo cual debe referirse brevemente que a partir de la sentencia

TC/0235/21, de dieciocho (18) de agosto, se interpretó que,

en casos atinentes a la desvinculación de miembros de la Po-

licía Nacional, la jurisdicción contencioso—administrativa

es vía principal (el amparo es subsidiario al contencioso—

administrativo suscitado en esta materia).

La subsidiariedad del amparo ha sido prevista también, en

el caso español, por los artículos 43 y 44 de la LOTC (Ley

Orgánica del Tribunal Constitucional). El carácter subsi-

diario del amparo tiene importancia procesal decisiva, dado

que los litigantes pueden interponerlo como forma de hacer

retardar las decisiones judiciales: pero también lo tiene frente

a la necesidad de agotamiento de la vía previa más efectiva

para la solución de las vulneraciones de Derechos suscitadas

por actos de la Administración.

No está claro si en España la subsidiariedad del amparo

fue provista originalmente por la doctrina, e incorporada

a la interpretación del Tribunal Constitucional español,+

sin saberse actualmente si ocurrió espontáneamente o fue un

criterio incorporado de la jurisprudencia alemana. Es como

646 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

decir que el carácter subsidiario del amparo lo convierte en

un medio de reclamo «en defecto» de lo hecho por la juris-

dicción ordinaria o administrativa, de manera tal que sin

pronunciamiento de esa jurisdicción no resulta aceptable pe-

dir la intervención constitucional para remediar el asunto.

Para FIX-ZAMUDIO el amparo «ha modiﬁcado su pro-

pósito original de tutelar exclusivamente los derechos fun-

damentales de carácter constitucional contra leyes o actos de

cualquier autoridad, en un conjunto complejo de procesos

que tutela todo el ordenamiento», comprendiendo, en su

opinión, cinco procesos: el habeas corpus, al que caliﬁca de

«amparo de la libertad»; el amparo contra leyes («considera-

do como la vía por medio del amparo para combatir las dis-

posiciones legislativas» y compuesto por la acción de incons-

titucionalidad y por el recurso de inconstitucionalidad); el

amparo judicial o amparo casación» (para la impugnación

de las resoluciones judiciales); el proceso contencioso admi-

nistrativo y el «amparo social o agrario».

Castellanos Khoury admite cuatro (4) tipos o clases de am-

paro, a saber: amparo ordinario, de cumplimiento, colectivo

y electoral. Se suma a los anteriormente identiﬁcados el am-

paro «preventivo», que no aparece textualmente nominado

en la ley, pero resulta claro de la posibilidad de interposición

de amparo para conjurar la acción u omisión que en forma

inminente amenace los derechos fundamentales (que es la

letra del art. 65 de la Ley núm. 137-11 al deﬁnir la acción

de amparo).

Puede también aludirse a «otros amparos», en el sentido en

que son citados por los artículos 69 (el amparo para salva-

guardar derechos colectivos y difusos), 74 (el amparo «en ju-

risdicciones especializadas»); y artículo 75 (amparo «contra

actos y omisiones administrativas»), todos de la LOTCPC.

Conviene resaltar, respecto de los derechos colectivos y difusos

647

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

se ha considerado que su garantía «está consagrada en el ar-

tículo 72 de la Constitución, y el párrafo II del artículo 105

de la Ley 137-11», que «otorga legitimación a cualquier

persona para incoar amparo de cumplimiento cuando se tra-

te de la defensa de derechos colectivos y del medio ambiente o

intereses difusos o colectivos, por lo que los accionantes están

legitimados para interponer la acción de amparo de cumpli-

miento incoada (TC/0071/15).

Amparo de cumplimiento

Se denomina amparo de cumplimiento a la acción que tiene

por objeto hacer efectivo el cumplimiento de una norma,

debiendo la misma tener categoría de ley o de acto admi-

nistrativo, con la pretensión esencial de que el juez ordene

que el funcionario o autoridad renuente dé cumplimiento

a una norma legal, ejecute un acto administrativo, ﬁrme

o se pronuncie expresamente cuando las normas legales le

ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un

reglamento.

La diferencia entre el amparo ordinario y el de cumplimien-

to, así como los requisitos de admisibilidad o procedencia

de ambas acciones, como sigue: «…en el contexto del or-

denamiento jurídico procesal constitucional dominicano, el

legislador ha establecido un amparo ordinario de carácter

general y un amparo de cumplimiento, el cual tiene un ca-

rácter especial, creando para la interposición de ambas ac-

ciones requisitos de admisibilidad diferentes, por cuanto se

persiguen objetos también distintos».

Páginas	519-647
Autor	José Alejandro Vargas Guerrero

XI. Acción constitucional de amparo

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