XI. Cuota de género, participación política y conformación de las listas electorales

• Páginas: 333-364
• Autor: Mag. Alba Luisa Beard Marcos

XI.

CUOTA DE GÉNERO, PARTICIPACIÓN

POLÍTICA Y CONFORMACIÓN

DE LAS LISTAS ELECTORALES

Mag. Alba Luisa Beard Marcos

Jueza del Tribunal Constitucional

Coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género

de Tribunal Constitucional

Colaboración de:

Carmen L. Ureña

Letrada Coordinadora del

Despacho Mag. Alba Luisa Beard Marcos

I. Marco conceptual: cuota y

participación política

La cuota electoral funge como mecanismo de discrimina-

ción positiva, que se encuentra inserta en diversas normativas

legales cuyo fin es propiciar la equidad en la distribución de los

cargos de elección popular y representación con relación a la

presencia del grupo escogido en los puestos electivos.

Esta herramienta es ampliamente utilizada en países lati-

noamericanos como Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, en-

tre otros, no siendo la República Dominicana la excepción y

cada país presentando variaciones en el porcentaje de cuotas, ya

sea por el sistema electoral adoptado y sus listas electorales, o por

la tasa de desigualdad arrojada por cada uno.

En esa perspectiva, este tipo de cuota de participación busca

aminorar los obstáculos que impiden la integración de las muje-

res a la política y, consecuentemente, su representación en la vida

pública, siendo la cuota entendida como una herramienta o un

canal para otros objetivos que no solo radican en la participación

política, sino que impactan en la lucha contra la discriminación

y violencia contra la mujer.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas

de discriminación contra la mujer, 1979, instrumento jurídico

Nadie nace demócrata. La democracia y su complemento inseparable,

la ciudadanía, con sus valores y sus habilidades, no son una condición

innata a los seres humanos, ni siquiera en quienes han sufrido la

exclusión y la desigualdad. Vivir en democracia, ejercer el poder en

un sentido democrático, ser ciudadana o ciudadano, más que una

vivencia espontánea es un aprendizaje político

Alejandra Massolo

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Tribunal Constitucional de la República Dominicana

internacional de derechos humanos, vinculante a los Estados que

la han ratificado, se ha constituido como una norma trascenden-

tal y referente para los ordenamientos jurídicos a nivel mundial,

pues reconoce y asienta la relevada importancia de la máxima

participación de la mujer en todas las esferas en igualdad de con-

diciones con el hombre, para lograr el desarrollo pleno y com-

pleto de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz264.

Refiriendo en su artículo 4 -de la Convención- que los Esta-

dos parte deberán adoptar medidas especiales de carácter tempo-

ral encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre

y la mujer, sin que esto sea considerado discriminación; cesando

estas medidas cuando se hayan alcanzado los objetivos de igual-

dad de oportunidad y trato.

Contempla en lo adelante, en el artículo 7 de manera

particular, que los referidos Estados deben tomar las medidas

apropiadas en cuanto a la discriminación de la mujer en la vida

política y pública, enfatizando la igualdad de condiciones con

los hombres en el derecho a: 1) Votar en todas las elecciones y

referéndum públicos y ser elegibles para todos los organismos

cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 2) Participar

en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecu-

ción de estas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funcio-

nes públicas en todos los planos gubernamentales; 3) Participar

en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se

ocupen de la vida pública y política del país.

La Constitución dominicana, en igual sentido, puntualiza

en el artículo 39 sobre derecho a la igualdad, en sus numerales 4

y 5, respectivamente, la prohibición de cualquier acto que me-

noscabe o anule los derechos de los hombres y mujeres, debiendo

264 Ver preámbulo de la Convención.

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Cuota de género, participación política y conformación de las listas electorales

MAG. ALBA LUISA BEARD MARCOS

promover las medidas necesarias para garantizar la erradicación

de las desigualdades y discriminación de género; y en lo rela-

tivo a los cargos electivos, se establece el deber del Estado de

promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres

y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular

para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público,

en la administración de justicia y en los organismos de control

del Estado.

Por su parte, la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupacio-

nes y Movimientos Políticos. G. O. No. 10917 del 15 de agos-

to de 2018 contempla, en su artículo 24, numeral 6, dentro

de los deberes y obligaciones de los partidos políticos, instituir

mecanismos que garanticen la democracia interna y la igual-

dad y equidad de género a todos los niveles de sus estructuras

organizativas, estableciendo en sus estatutos internos la cuota

o porcentaje de participación de la mujer en los organismos de

dirección de la organización política en todo el territorio na-

cional y en el exterior, no pudiendo, en ningún caso, ser dicha

cuota menor al porcentaje establecido por ley; y en el artículo

53, un margen de cuota de no menos de un 40 % y no más

del 60 %.

En esa misma línea, la Ley Orgánica de Régimen Electoral

No. 15-19, del 18 de febrero de 2019, en su artículo 136, con-

templa igual porcentaje.

A estas acciones afirmativas también se les ha denominado

medidas de desigualdad compensatoria, las cuales, descritas por

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa

Rica, tienen como objetivo “no solo evitar la desigualdad indivi-

duo versus individuo sino también la desigualdad entre diversos

grupos humanos. Las disposiciones dispares de la ley frente al

régimen común... son medidas compensatorias que favorecen

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VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

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la igualdad real, empleando como herramienta una desigualdad

formal en tanto que no se alcance la primera […]”265.

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, sobre la

cuota como medida compensatoria, ha acotado que:

“… La conjugación de estos aspectos lleva a la convicción de que

la imposición de porcentajes de participación de las mujeres en

el escenario político constituye un medio compensatorio, que

procura una concreción del derecho de igualdad de oportunida-

des. Es una herramienta y no un fin en sí mismo, a través de la

cual se crea una desigualdad formal a favor de las mujeres, con el

firme propósito de lograr una igualdad real en el comportamien-

to de las agrupaciones políticas y del electorado…”266.

José García Añón, en su obra Representación política de las

mujeres y las cuotas, desglosa de manera general los rasgos que, a

su juicio y sin ser excluyente, resultan distintivos en las acciones

afirmativas, a saber:

1) Son garantías, remedios, ventajas, prácticas correctoras, medidas

de apoyo o promoción que suponen el trato diferenciado, pero en

sentido positivo. Se trata de una distinción justa, porque parte de

la relevancia de elementos de diferencia que son permanentes (raza,

sexo, discapacidad…), y que han conducido a una situación de des-

ventaja;

2) Se consideran como garantías o técnicas de protección de los de-

rechos;

3) La diferenciación no se realiza debido a un rasgo, esto es, por el

hecho de ser mujer, sino por la existencia de una determinada situa-

ción de desventaja por tener ese rasgo;

4) No obstante, el tener un determinado rasgo no siempre supone

una situación de desventaja o discriminación. Por tanto, el Estado

265 Resolución No. 321-95, 17/ 1/ 1995, Considerando VIII, Jurisprudencia de la Sala

Constitucional de Costa Rica.

266 Resolución No. 1863, 23/ 9/ 1999), Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.

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MAG. ALBA LUISA BEARD MARCOS

deberá justificar la existencia, verbigracia, de la infrarrepresenta-

ción como requisito para imponer alguna de las medidas de acción

afirmativa;

5) Debe existir una situación anterior, permanente e histórica de

desigualdad o de limitación de oportunidades y;

6) Se trata de medidas que se conceden por formar parte de un grupo

social que se encuentra en esta situación de inferioridad por compa-

ración a otro grupo social267.

La acción afirmativa, traducida en cuotas para el presente

análisis, responde a una desigualdad histórica y estructural que

subyace en mayor o menor medida en los Estados, convergiendo

no solo en la vida política partidaria, sino en diferentes ámbi-

tos de la sociedad en su conjunto. Razón esta que ha motivado

la configuración y constitución de este tipo de herramientas, a

través de cuerpos normativos que vinculen y obliguen al cum-

plimiento de lo que en principio se asemejaba a una recomenda-

ción en provecho de la igualdad de derechos.

Dentro de la política, se destacan, en cuanto a la forma de

aplicación de las cuotas, tres tipos principales: 1) Escaños re-

servados (constitucionales y/o legislativos); 2) Cuotas legales de

candidatos (constitucionales y/o legislativas); y 3) Cuotas de los

partidos políticos (voluntarias). Asimismo, las cuotas pueden

dividirse según el grupo que protegen, ya sea género, minoría

racial, juventud, entre otros grupos cualesquiera se busque am-

parar.

En el caso que nos ocupa, centraremos el estudio en lo

relativo a las cuotas de género que surgen de los procesos de

267 GARCÍA AÑÓN, José. Representación política de las mujeres y las cuotas, en Dere-

chos y libertades: revista del Instituto Bartolomé de las Casas, núm. 11,345-371,

Madrid, 2002. PP.- 351-352. [Versión de Dialnet]. Disponible en http://e-archivo.

uc3m.es/bitstream/handle/10016/1530/DyL-2002-VII-11-Anon.pdf?sequence=1.

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VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

cambio y transición política de regímenes autoritarios a regíme-

nes democráticos, de donde las mujeres buscaban alcanzar la re-

presentación política, que sin ser minoría propiamente, ya que

conforman una en la dimensión tiempo-espacio, lo cual influye

considerablemente en su desarrollo y reconocimiento jurídico

social, que se ve sesgado, a su vez con que, a pesar de gozar de

autonomía política, otros derechos están pendientes, en muchos

países, de aceptación, como lo es el derecho a disponer de los

bienes de la comunidad patrimonial.

Los partidos políticos son los que controlan el acceso y el

avance de las mujeres en las estructuras de poder político. A fin

de alcanzar liderazgo, la mujer debe ascender dentro de los par-

tidos, los cuales tienen la capacidad exclusiva de nominar a los y

las candidatas a cargos públicos.

La actividad política de los individuos pasa ahora obliga-

toriamente a través de los partidos. Estos son el instrumento

necesario de organización de la voluntad popular, «los únicos

órganos en condiciones de organizar al pueblo políticamente y

de hacerlo capaz de actuar268».

Revisten la condición de auxiliares del Estado y son organiza-

ciones de derecho público no estatal, necesarias para el desenvolvi-

miento de la democracia y, por lo tanto, instrumentos de gobierno

cuya institucionalización genera vínculos y efectos jurídicos entre

los miembros de la agrupación y entre estos y la asociación269.

268 COSTA, P. El problema de la representación política: una perspectiva histórica en la

representación en Derecho, coordinado por Rafael del Águila Tejerina, Anuario de

la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 8, 15-61. Madrid:

Universidad Autónoma de Madrid. 2004. P. 57. Disponible en: http://www.uam.es/

otros/afduam/pdf/8/6900844 %20(015_062).pdf

269 Ver cf. Fallos 310:819; 312:2192; 315:380; 316:1673; 319:1645; 326:576 y 1778,

entre otros, de la Cámara Nacional Electoral Argentina

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Cuota de género, participación política y conformación de las listas electorales

MAG. ALBA LUISA BEARD MARCOS

Desafortunadamente, a pesar de su condición, los partidos

políticos históricamente se han caracterizado por ser estructuras

sexistas, que no incorporaban a sus filas a las mujeres en igual-

dad de condiciones que, a los varones, impidiéndoles el acceso a

puestos de dirigencia270.

Otro elemento a acotar con relación a los partidos políticos

es que la inclusión o exclusión de la mujer puede estar ligada

tanto a la ideología del partido como al tamaño de los mismos;

siendo tendencia que la participación de la mujer sea mayor en

los partidos pequeños o de izquierda, que en los mayoritarios.

Es por esto por lo que Jacqueline Peschard señala que la

efectiva aplicación de las cuotas depende, entre otras cosas, de:

“la disposición de los dirigentes partidarios para abrir los espacios de

decisión y candidaturas al género femenino. En este contexto, si la

decisión sobre la ubicación de las candidatas en las listas está sujeta

a la correlación de los grupos dentro de los partidos, las cuotas solo

prosperarán cuando las mujeres hayan logrado penetrar las estructu-

ras de los partidos y colocarse en los niveles de mando intermedio y

superior. Es decir, cuando su presencia en las decisiones internas sea

regular y significativa”271.

Debido a lo expuesto, y siguiendo la línea de pensamien-

to de Sartori, quien valora la igualdad como un componente

fundamental de la ciudadanía y de la democracia, es indudable

que persiste un déficit democrático, ante la ausencia o subre-

presentación de poblaciones históricamente excluidas, entre

ellas, las mujeres, que, a pesar de ser el mayor colectivo, la

270 HTUN, Mala N., Mujeres y poder político en Latinoamérica, en Mujeres en el parla-

mento: más allá de los números, International Institute for Democracy and Electoral

Asístanse [www. idea.int/publications], 2002. pp. 26-27

271 PESCHARD, Jacqueline, El sistema de cuotas en América Latina. Panorama general,

en Mujeres en el parlamento: más allá de los números, International Institute for

Democracy and Electoral Asistance [www.idea.int/publications], 2002.p. 179

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VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

tendencia cultural es la preferencia del género masculino en

posiciones de poder.

La ciudadanía se traduce en derecho de participación y re-

presentación activa de todos los sectores en la construcción y

toma de decisiones que afectan al colectivo, no circunscribién-

dose únicamente con el derecho al voto, sino que se perfila como

un derecho a estar presente y ser reconocido por voz propia y no

relegada al status quo vigente. La esfera privada de la familia sella

un pacto entre democracia y patriarcado que tendrá por efecto la

exclusión de la mitad de la humanidad de la ciudadanía272.

Ciudadanía es pertenencia activa. La noción propone la idea

de pertenencia, vinculación y membresía a una determinada co-

munidad política entre cuyos miembros se establecen relaciones

de interdependencia, responsabilidad, solidaridad y lealtad273.

La exclusión no solo se refleja en el derecho al voto como tal

o en la nominación en las listas electorales, sino que lo concreta-

do es una desigualdad estructural, que se asienta desde las bases

que no admiten ni permiten la formación política de la mujer;

no se reconoce su labor partidaria; no se les otorga el financia-

miento de las candidaturas, o se les obliga a la renuncia una vez

son elegidas por electorado (elusión electoral274).

272 ZÚÑIGA AÑAZCO, Yanira. Ciudadanía y género. Representaciones y conceptualiza-

ciones en el pensamiento moderno y contemporáneo. Revista de Derecho Universidad

Católica del Norte, Año 17 -N° 2, 2010 pp. 133-163. Revista de derecho (Co-

quimbo),versión On-line ISSN 0718-9753. https://www.scielo.cl/scielo.php?scrip-

t=sci_arttext&pid=S0718-97532010000200006

273 HERNÁNDEZ, María del Pilar. Género y construcción de ciudadanía. Conside-

raciones en torno a los derechos políticos. Págs. 195-208. Biblioteca Jurídica Vir-

tual UNAM. p. 199. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/

libros/6/2967/17.pdf

274 Concepto que alude a técnicas que no están sancionadas por la ley, pero que buscan

falsear el fin de la normativa. En este caso, la mujer es elegida a un cargo electivo, al

que posteriormente renuncia y cede su derecho al suplente. Igual ocurre en la con-

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Cuota de género, participación política y conformación de las listas electorales

MAG. ALBA LUISA BEARD MARCOS

La igualdad de oportunidades no nace libremente de la

mera vida en sociedad; la igualdad de oportunidades es un prin-

cipio de justicia social en democracias liberales, donde se prevé

que todos los ciudadanos cuentan con las mismas posibilidades

para acceder a una libre competición. No se hace mención de

iguales recursos, pues en efecto, estos podrán variar por razones

diversas, entre ellos, el régimen económico.

Este principio requiere de la oportuna participación del Estado

para crear o disponer de los medios correctivos o acciones positivas

encaminadas a contrarrestar los factores que afectan la libre com-

petitividad, garantizando un estándar de posibilidades sociales para

todos los ciudadanos, cuya única diferenciación puede darse como

consecuencia de la habilidad, capacidad o idoneidad de la persona.

Los efectos de las acciones afirmativas, en este caso de la

cuota, sobre las estructuras sociales de subordinación, no son

inmediatos ni a corto plazo (…); se basan en la esperanza de que

un aumento en la presencia y visibilidad de los miembros de

grupos minorizados en puestos de los que generalmente estaban

excluidos, tengan un efecto positivo de transformación de la au-

toestima de los individuos de dichos grupos y de la percepción y

los prejuicios que pesan sobre ellos 275.

Para Sartori276, el principio de igualdad no se define a partir

de un criterio de semejanza, sino de justicia; posición apoyada

formación de las listas, cuando se coloca las mujeres en posiciones en que estadística

o porcentualmente no podrían ser elegidas, más, sin embargo, sí se cumple con el

margen legal establecido para la cuota.

275 ARRÈRE, M. A. y MORONDO, D., La difícil adaptación de la igualdad de opor-

tunidades a la discriminación institucional, en BARRÈRE, M. A. (ed.), Igualdad de

oportunidades e igualdad de género: una relación a debate, Dykinson, 2006, p. 149

276 Giovanni Sartori, politólogo italiano destacado por el desarrollo de distintas vertien-

tes de la ciencia política, como la teoría democrática, los sistemas de partidos o la

ingeniería constitucional comparada.

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VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

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por la feminista argentina y doctora en filosofía María Isabel

Santa Cruz, cuando establece que:

“Igualdad es equipotencia o la capacidad de ejercicio del poder, no

solo el de resistir, sino el de contar con la fuerza y los recursos necesa-

rios para la autonomía (que falta que nos hace). Igualdad es equiva-

lencia o “tener el mismo valor en el sentido de no ser considerado ni

por debajo ni por encima del otro”; igualdad es equifonía, o sea, “la

posibilidad de emitir una voz que sea escuchada y considerada como

portadora de significado, goce y credibilidad”277.

Uno de los países precursores de este tipo de acción afirma-

tiva fue Argentina, que en 1991 contempló una ley de cuotas,

que estimaba que no menos de un 30 % de los candidatos de

las listas electorales debían ser mujeres; porcentaje que luego fue

aumentado a un 38 %. En el caso de la República Dominicana,

conforme el artículo 53 de la Ley de Partidos (núm. 33-18) y el

artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral (núm. 15-19), pre-

viamente mencionados, establecen que la Junta Central Electo-

ral (JCE) no admitirá los listados de candidaturas que no respe-

ten la cuota de género o de equidad de género, correspondiente

a no menos del 40 % ni más del 60 % de hombres y mujeres de

la propuesta nacional.

En ese sentido, y para vencer la inercia que propende la

mera igualdad formal, en cuanto a reconocer la presencia de una

cuota obligatoria, se plantean otras técnicas dentro del régimen

de la cuota que coadyuvan a su efectividad. Tales medidas refie-

ren a lo siguiente:

1) que la cuota se presente con un porcentaje mínimo y

máximo por sexo, para evitar el desequilibrio, y la norma

277 SANTA CRUZ, María Isabel, Notas sobre el concepto de igualdad en Isegoría 6:145-

152. 1992, Madrid. P. 147

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Cuota de género, participación política y conformación de las listas electorales

MAG. ALBA LUISA BEARD MARCOS

subyazca en el tiempo, en caso de que exista un cambio de

escenario respecto al sexo hegemónico;

2) la aplicación obligatoria de la cuota, y no como un concep-

to sugerido o recomendación;

3) que la cuota sea aplicable para cargos de titularidad y no así

subsanada por la “suplencia”, que en muchos casos es una

técnica utilizada para burlar el sistema de cuota;

4) que se designen lugares en las listas, esto, así pues, como se

detallará en lo adelante, el tipo de régimen electoral y lista

electoral incide en que la posición en la que sea colocada

la mujer, a pesar de estar enlistada, no salga gananciosa, es

decir, se le coloca en rangos que estadísticamente no son

elegibles; y

5) que exista sanción por el incumplimiento de la cuota; sobre

esto, no refiere per se a una pena económica, considerando

que este factor, en estos casos, no es disuasivo, sino que in-

cida directamente en la elección, como lo es la no recepción

del listado completo de candidatos, por violación al porcen-

taje u ordenación por género.

Otro punto a acotar, y que se menciona al inicio de este

capítulo, es que la cuota será más favorable y efectiva, además

de los supuestos anteriores, atendiendo al sistema electoral en

que sean aplicadas. Los países con sistemas de Representación

Proporcional tienden a elegir a más mujeres que aquellos cuyo

sistema es mayoritario278.

No obstante, el sistema electoral no es el único factor de-

terminante, si bien es un avance para erradicar la disparidad.

En tanto la cuota se hace más eficaz, no es menos cierto que

278 MALA N. Htun, Mujeres y poder político en Latinoamérica, op. cit., p. 30.

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VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

si no existen otros elementos que complementen la cuota, esta

puede verse soslayada por las maniobras que idean los partidos

políticos a la hora de conformar las listas, e incluso, una vez son

elegidas las candidatas.

II. Cuota de género y listas electorales:

Las cuotas guardan mayor eficacia en sistemas de represen-

tación proporcional, con circunscripciones electorales plurino-

minales, en contraposición con los sistemas de mayorías, donde

vencen, como su nombre indica, los partidos de mayor fuerza

política, y en circunscripciones de un solo candidato. Otro pun-

to a observar es la conformación de las listas electorales; si estas

son abiertas, cerradas, bloqueadas, desbloqueadas, entre otras.

Se considera que el sistema mayoritario es injusto con las

mujeres porque [...] el éxito de un partido depende en gran me-

dida del candidato único que seleccione. Este candidato ha te-

nido que ser elegido con base en criterios muy estrictos, como

parte de lo que constituye un candidato “de éxito”; este proceso

de selección ha sido criticado por el énfasis que da a las caracte-

rísticas “masculinas”279.

En los sistemas de representación proporcional con circuns-

cripciones plurinominales existen mayores posibilidades para el

cumplimiento de la cuota, en tanto se cuenta con más escaños o car-

gos electivos disponibles, que serán repartidos porcentualmente, en

función del número de votos obtenidos por el partido. Si la circuns-

cripción es pequeña, se limita el número de escaños, y por ende, la

posibilidad de que los primeros puestos sean para las mujeres.

279 Parlamento Europeo, Impacto diferencial de los sistemas electorales en la representación

política femenina, p. 34.

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Cuota de género, participación política y conformación de las listas electorales

MAG. ALBA LUISA BEARD MARCOS

Sobre este punto, las listas son determinantes. Si la lista es

abierta, existe la posibilidad de que el electorado escoja a la mu-

jer dentro del catálogo de candidatos presentados, siendo esen-

cial, entonces, que la mujer haya tenido una buena interacción

con el electorado, y que esto la haga una candidata de éxito.

Por otro lado, están las listas cerradas, que allí dependería

de la posición que le sea colocada a la mujer dentro de la lista;

posición que es escogida por las cúpulas partidarias, dependien-

do del método de elección que tenga el partido, conforme sus

estatutos, para consignar los candidatos. El tipo de lista más

favorable, en este caso, es si es bloqueada y cerrada, bajo el me-

canismo de cremallera, que obliga a la alternancia entre un can-

didato hombre y uno mujer, además de que impide la alteración

posterior del orden de los candidatos, evitando así que se anule

-en caso de existir- el mandato de posición preestablecido por

la ley de cuotas280.

Las listas abiertas, como las cerradas desbloqueadas, por

tendencia, han sido asumidas como un obstáculo para las cuotas

electorales, particularmente por el voto preferencial que anula

la posición de los candidatos, hecho que fue comentado por

Jiménez, en referencia a las comisiones congresuales de Repúbli-

ca Dominicana de 2002, expresando que:

“El voto preferencial eliminó el efecto de las listas, porque le dio la

opción al electorado de escoger el candidato de su preferencia, inde-

pendientemente de la posición que él o ella ocupara en las listas par-

tidistas. Y, como consecuencia de esto, eliminó el efecto de la cuota.

Favoreció la elección de las candidaturas natas, integradas por per-

sonas que pueden llevar a cabo una campaña personal exitosa, por la

280 ARCHENTI, Nélida y TULA, María Inés, Selección de candidatos y género. Análisis

de las listas partidarias en distritos subnacionales de la República Argentina en los comi-

cios de 2007, ponencia Congreso SOMEE, noviembre, Salamanca, 2009, p. 5.

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VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

rentabilidad que les confiere su pertenencia a los sectores dominantes

en cuanto al género, la preferencia sexual, el origen familiar, étnico o

de clase, la condición social, la trayectoria partidista, la relación con

la cúpula o las facciones dentro de los partidos, los vínculos económi-

cos, el acceso a recursos técnicos y al clientelismo estatal” 281.

Sin embargo, a diferencia de lo referido, la doctrina ha sido

variante bajo el entendido de que no existen estudios conclu-

yentes que determinen la relación directa y fehaciente entre la

sustracción de la mujer a cargos electivos y la mera existencia del

voto preferencial del sistema electoral. Es decir, no se constituye

como una causal inequívoca de infrarrepresentación de la mujer.

Esto así en virtud de que los sistemas electorales, con este

tipo de listas –cerradas desbloqueadas– operan con diferentes

fórmulas que permiten la existencia de la representación feme-

nina. Tula y Archenti, sobre esto, presentan algunos ejemplos:

a) si las normas contemplan un máximo de preferencias

para ser usado por el elector, o bien, no existe restric-

ción al respecto; b) si las leyes prevén un piso electoral

para iniciar el desbloqueo de las listas – ya sea sobre la

base del padrón electoral del distrito, los votos válidos

emitidos de la elección o de acuerdo a los sufragios reci-

bidos individualmente por cada partido político – y c)

el propio diseño de las boletas electorales que incentiva

o desalienta el uso de la preferencia282.

281 JIMÉNEZ J. La representación política de las mujeres en la República Dominicana:

obstáculos y potencialidades. 2004. P. 12 [Versión de CEPAL]. www.cepal.org/mujer/

seminario/jacq.ppt

282 ARCHENTI, Nélida.; TULA, María Inés. Cuotas de género y tipo de lista en América

Latina. Proyecto Representación, reformas institucionales y género, financiado por

la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. OPINIÃO

PÚBLICA, Campinas, vol. 13, nº 1, p.185-218. Argentina- junio, 2007, p. 203

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Cuota de género, participación política y conformación de las listas electorales

MAG. ALBA LUISA BEARD MARCOS

Mientras que otras vertientes afirman que el voto preferen-

cial propicia la elección de la mujer en distritos electorales pe-

queños, en los cuales la burocracia partidaria no permitió que su

candidatura fuere colocada en la primera posición283. Asimismo,

se habla de que el voto preferencial promueve que la participa-

ción política de la mujer sea más activa, en aras de lograr un

espacio en el electorado, forjando así un espacio de libre compe-

tencia basado en el mérito y capacidades de cada contrincante.

Lo expuesto pone en relieve que las acciones afirmativas son

herramientas puestas a disposición de los grupos sesgados para

obligar a que sean equilibradas las fuerzas, teniendo éxito en ma-

yor o menor medida, bajo la coyuntura o contexto social que se

lleve a cabo su implementación. Es decir, no son determinantes

e incluso, su incidencia en la representación femenina podrá va-

riar con relación al momentum, en que son aplicadas, ya sea “en

la primera etapa del proceso (identificación de aspirantes), en

una etapa intermedia (nominación de candidatos) o en la última

(mediante la reserva de un cierto porcentaje de escaños)”284.

De allí que el mismo sistema electoral puede constituir una

barrera u obstáculo para la debida representación de la mujer,

en tanto los partidos políticos como canales de la democracia

tienen en sus manos el deber de hacer cumplir la norma en pro

de la igualdad, pero a la vez, batallan a lo interno y a lo externo

para la atracción de un electorado que elige al candidato más

exitoso, que socialmente no necesariamente será mujer, por

la misma desigualdad estructural existente en el seno de una

283 AA. VV. (2007). Sistemas electorales y representación femenina. Disponible en: http://

old.iknowpolitics.org/les/Dcto%201_1.pdf.

284 CEPAL, El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe, X Con-

ferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Quito, Ecuador, 6

al 9 de agosto, 2007, p. 27.

350

VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

sociedad construida sobre la base de símbolos e instituciones

donde la mujer no ha logrado romper con el ciclo de discrimi-

nación y violencia.

III. Rol de la jurisprudencia en materia

de equidad de género y sistemas

electorales. Experiencia comparada

Las leyes de cuotas han sido apoyadas, definidas y desarro-

lladas por la jurisprudencia constitucional, así como por las re-

soluciones y fallos emitidos por los órganos electorales; quienes,

a partir del estudio e interpretación del espíritu del legislador,

han definido el modo y las condiciones en que debe aplicarse la

cuota, y las sanciones a su incumplimiento.

Luis Antonio Sobrado, juez presidente del Tribunal Supre-

mo de Elecciones de Costa Rica, en cuanto a la labor jurisdiccio-

nal ha afirmado que:

El juez electoral dio efectividad a una normativa que, sin esa volun-

tad jurisdiccional, habría devenido en mera retórica jurídica. De eso

se trata el compromiso del juez electoral en democracia. De propi-

ciar con sus fallos la inclusión política de esos sectores de la

sociedad que, portando cédula, se diluyen sin voz propia en el

debate público, con una ciudadanía de baja intensidad. Hablo

de interpretar el Derecho de forma que se potencie el ejercicio pleno de

los derechos fundamentales de carácter político electoral, tomando en

cuenta, en ese ejercicio hermenéutico, los factores de la realidad social

que desvirtúan u obstaculizan la concreción de los preceptos jurídicos.

Pero, sobre todo, se trata de cumplir y hacer cumplir la ley, que para

eso está, para imponerse de forma heterónoma y coercitiva a las volun-

tades de todos. Sencillamente, si un Estado de Derecho que se precia de

serlo tiene una legislación de cuotas, esta debe aplicarse de verdad 285.

285 SOBRADO, Luis Antonio, El compromiso del juez electoral con la inclusión política de

la mujer como factor clave: su concreción en Costa Rica (1999-2009) p. 201.

351

Cuota de género, participación política y conformación de las listas electorales

MAG. ALBA LUISA BEARD MARCOS

Estos órganos garantizan la eficiencia y eficacia de las cuo-

tas, interpretan los vacíos de ley, fiscalizan el debido cumpli-

miento de la norma y sancionan la inobservancia, para redirigir

las voluntades que buscan constreñir u obstaculizar la con-

creción y desarrollo pleno de derechos que por muchos años

han sido denegados formalmente por la norma. Como señala

Villanueva286, sobre las experiencias costarricense y argentina,

“son un factor clave en el cumplimiento de las leyes de cuotas

electorales y, de esta manera, en el acceso de las mujeres a los

puestos de decisión”.

En la República de Argentina, por ejemplo, la Cámara

Nacional Electoral definió el lugar que deben ocupar las muje-

res en las listas electorales, a fin de lograr el acceso al parlamen-

to, y amplió los actos con posibilidad de impugnar las listas

electorales, permitiendo con esto que el Consejo Nacional de

la Mujer y cualquier ciudadano que se sintiera afectado por

no poder votar por una mujer en las listas electorales, pudiera

accionar cuando se tratase de incumplimiento del porcentaje

de cuota, entendiendo que en muchos de los casos, cuando

accionaban las afectadas, los partidos políticos las sometían a

procesos disciplinarios.

El Observatorio Regional Democracia Paritaria y Vio-

lencia Política Asociación de Magistradas Electorales de las

Américas (AMEA), patrocinado por IDH CAPEL, ONU

Mujeres y la Unión Europea, en un documento país de ju-

lio 2020, sobre la situación de los derechos políticos de las

286 VILLANUEVA, Rocío, La importancia de la justicia constitucional y electoral para

la eficacia de las cuotas electorales. Las experiencias costarricense y argentina en com-

paración con las de otros países de la región, en: Bareiro, Line, e Isabel Torres García

(editoras y coordinadoras académicas), Igualdad para una democracia incluyente.

p. 261.

352

VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

mujeres en Argentina287, destacó, entre otros, los fallos juris-

prudenciales siguientes:

• FALLO N° 1568/93 CAUSA: “Darci Beatriz Sam-

pietro s/impugnación lista de candidatos a Diputados

Nacionales del Partido Justicialista distrito Entre Ríos”.

(Expte. Nº 2267/93 CNE) - Lista de candidatos a Di-

putados Nacionales del Partido Justicialista, Distrito

Entre Ríos, colocando en el último lugar a una mujer,

de los 5 que se elegía, siendo, los 4 primeros, varones.

La Cámara Nacional Electoral resuelve que se reordene

dicha lista, con la inclusión de la afiliada en los prime-

ros tres lugares.

• FALLO N° 1836/95 CAUSA: “Merciadri de Morini,

María Teresa s/presentación, Unión Cívica Radical”

(Expte. Nº 2488/95 CNE) - Afiliada a la Unión Cí-

vica Radical de Córdoba impugna lista de candidatos

a Diputados Nacionales conformada con dos mujeres

en los 3° y 6° lugar. Señala que se renuevan 5 bancas y

concluye que deben ir dos mujeres entre los 5 primeros

candidatos para respetar la proporción del 30 % con

posibilidad de resultar electas (art. 60 CEN). Así fue

resuelto por la Cámara Nacional Electoral.

• FALLO N° 2918/01 CAUSA: “Incidente de oficializa-

ción de candidatos a Diputados y Senadores Naciona-

les del Partido Unión del Centro Democrático – Elec-

ciones 14 de octubre de 2001” (Expte. Observatorio

Regional Democracia Paritaria y Violencia Política

287 Ver p. 18 y siguientes del Informe disponible en: http://amea.iidh.ed.cr/me-

dia/11408/informe-nacional-argentina.pdf

353

Cuota de género, participación política y conformación de las listas electorales

MAG. ALBA LUISA BEARD MARCOS

Asociación de Magistradas Electorales de las Américas

(AMEA) 19 3453/2001 CNE) - La CNE resuelve que

no basta que las listas estén integradas por un mínimo

de 30 % de mujeres; es necesario, también, que tal inte-

gración de la mujer en las listas se efectivice de tal modo

que resulte con un razonable grado de posibilidad su

acceso a la función legislativa, en la proporción mínima

establecida por la ley. Y tal razonable grado de posibi-

lidad solo puede existir si se toma como base para el

cómputo del 30 %, la cantidad de bancas que el partido

renueva.

En México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación (TEPJF), pronunció una sentencia histórica, SUP-

JDC-12624/2011, la cual constituye el precedente eslabón para

lograr un cambio de visión en cuanto al modo de aplicación de

la cuota de género, y el juzgamiento bajo una perspectiva de

género.

El caso que da origen a esta decisión, a grandes rasgos, se

debe a que el Consejo General del Instituto Federal Electoral

(IFE) aprobó, en la sesión del 7 de octubre de 2011, el “Acuer-

do por el que se indican los criterios aplicables para el registro

de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que

presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante

los Consejos del Instituto, para el proceso electoral federal 2011-

2012” (núm. CG327/2011), indicando que quedaban exceptua-

das de la regla de género las candidaturas de mayoría relativa que

sean resultado de un proceso de elección democrático. Es decir

que, si el partido utilizaba métodos de selección de candidatos

que implicaban el voto directo de simpatizantes, de militantes o

de delegados en convenciones, no les era aplicable la cuota.

354

VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

En apretada síntesis, el Tribunal determinó que el Conse-

jo General excedió sus facultades, legislando sobre aspectos que

corresponden indudablemente a otro poder del Estado. Reiteró

que el ordenamiento jurídico del indicado país consagra el prin-

cipio constitucional a la igualdad de género, el cual no puede ser

relegado por otros normales legales, y mucho menos en aplica-

ción de otros principios rectores de elecciones.

Estableció que todos los procesos partidistas de selección

de candidatos a cargos de elección popular, sin distinción, son

considerados procesos democráticos, por lo que no cabe excluir

ningún método de elección del sistema de cuotas; y, de manera

principal, que las candidaturas a diputados y senadores deben

cumplir con la cuota de género, y la fórmula debe incluir que los

titulares y suplentes sean del mismo sexo. Esto, para limitar que

la mujer sea colocada como suplente, y simular el cumplimiento

de la cuota.

Como bien ha sido establecido a lo largo del presente aná-

lisis, los fallos jurisprudenciales han permitido dar letra viva a lo

que la ley contempla, y al mismo tiempo permiten evaluar la ca-

suística particular, cerrar cualquier vía maniobrable que busque

eludir el fin de la cuota.

En República Dominicana no ha sido diferente. En espe-

cie, se evaluará una importante decisión tomada por el Tribunal

Constitucional dominicano con ocasión de un recurso de revi-

sión en materia de amparo de una sentencia dada por el Tribunal

Superior Electoral, precisamente en un tema de aplicación del

porcentaje de cuota, sentencia TSE-091-2019, del primero (1°)

de noviembre de dos mil diecinueve (2019).

La acción fue ejercida por la señora Niurka M. Reyes Guz-

mán, quien pretendía su inclusión en la boleta del Partido Re-

volucionario Moderno (PRM) para el nivel de diputados en la

355

Cuota de género, participación política y conformación de las listas electorales

MAG. ALBA LUISA BEARD MARCOS

provincia El Seibo, para las elecciones de abril de 2020, por es-

timar que ella resultó electa para ocupar dicha candidatura por

la cuota o proporción de género, al haber resultado la mujer más

votada entre las participantes en las primarias simultáneas en

dicha demarcación.

Al respecto, conforme el cómputo de los resultados totales

finales de las primarias simultáneas del Partido Revolucionario

Moderno (PRM), resultó ganador de la candidatura a diputado

el señor Valerio Leonardo Palacio, quedando la accionante Niur-

ka M. Reyes Guzmán en segundo lugar.

La situación se contrae a que en dicha circunscripción elec-

toral solo correspondían dos escaños, de los cuales, uno ya había

sido reservado por el partido, y correspondió a un hombre; no

habiendo, en consecuencia, representación femenina, en viola-

ción a las disposiciones del artículo 53.1 de la Ley núm. 33-18,

sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos en cuanto

al porcentaje de la cuota femenina.

El Tribunal Superior Electoral rechazo la acción, entendien-

do que no había vulneración alguna al derecho fundamental,

pues donde existan inconvenientes en cumplir la cuota, por la

dimensión de la circunscripción electoral, luego de reservar las

plazas, lo correcto es otorgar el espacio reservado a la cuota fe-

menina, por esta -la reserva- ser de libre disposición del partido

político, y no así desproveer al candidato ganador vía elecciones.

En adición a esto, contempló que la cuota de género se cal-

cula por demarcación territorial y no de la propuesta nacional de

candidaturas, entendiendo que de esta manera la mujer lograría

una verdadera representación.

Inconforme con esto, el PRM recurre en revisión ante el

Tribunal Constitucional, estimando que la mencionada deci-

sión causaría grave distorsión en la boleta electoral e implicaría

356

VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

despojar de candidaturas a quienes fueron elegidos libremente

por votos, pues el porcentaje de la cuota fue aplicado a nivel

nacional y no por demarcación.

Como intervinientes voluntarias se presentaron candidatas

de otros partidos, quienes manifestaron su desacuerdo con la

sentencia citada, externando que:

(…) al interpretar la figura de las reservas como mecanismo para

cubrir la proporción del género, el TSE inobservó la efectividad,

progresividad y favorabilidad del derecho a la participación política

equilibrada. Es de extrema importancia alertar sobre el peligro que

corre la cuota de género al ser dejada a libre elección de las cúpulas

partidarias para ser cubiertas con las mujeres que a estas les plazcan.

(…) Igual como ocurriese si se diera la libertad a los partidos de

elegir en cuáles demarcaciones aplicar el porcentaje de candidaturas

femeninas, al darle la potestad al partido de que la mayoría de las

candidaturas femeninas no hayan sido sometidas a procesos de de-

mocracia partidaria interna, se corre el inminente peligro de que los

partidos elijan otorgarle estas candidaturas a las mujeres con menos

posibilidades de ganar, de manera que las candidaturas de sus pares

masculino no se vean amenazadas; o en su defecto, que los partidos le

otorguen esas candidaturas a mujeres que luego obligarían a renun-

ciar. Lo anterior implica que, a la hora de interpretar los métodos de

aplicación de la proporción de género, el TSE estaba en la obligación

no solo de procurar que los partidos cubrieran el 40 % requerido por

la Ley 33-18 (…)

El Tribunal Constitucional, habiendo analizado los alegatos

de la parte recurrente y las intervinientes voluntarias, asentó el

criterio, mediante sentencia TC/0104/2020, del uno de mayo

de 2020, de que obró correctamente el Tribunal Superior Elec-

toral con la decisión de marras, pues la ley electoral es clara en

cuanto a que la representación debe realizarse por demarcación

territorial, y que contrario a lo alegado por las intervinientes,

no se trata de que la reserva en todos los casos sea para suplir el

357

Cuota de género, participación política y conformación de las listas electorales

MAG. ALBA LUISA BEARD MARCOS

espacio de género, sino que operaría en ese sentido en los casos

que exista dificultad para implementar la cuota, como ocurrió en

El Seibo, donde solo se disputaban dos posiciones, habiendo una

reservada a un candidato masculino.

Continúa exponiendo el alto plenario constitucional, ha-

ciendo cita del Informe Anual de 1993 de la Comisión Intera-

mericana de Derechos Humanos, que esa interpretación de la

aplicabilidad de la cuota siempre ha de ser en el sentido más

progresista o avanzado posible, atendiendo al principio de rea-

lización progresiva de los derechos, de donde los gobiernos tie-

nen la obligación de asegurar condiciones que, de acuerdo con

los recursos materiales del Estado, permitan avanzar, gradual y

constantemente, hacia la más plena realización de tales derechos

(…) el desarrollo progresivo de los derechos no se limita a los

económicos, sociales y culturales. El principio de la progresivi-

dad es inherente a todos los instrumentos de derechos humanos

a medida que se elaboran y amplían (TC/0104-2020).

Mas aun cuando la aplicación de la cuota electoral no sería

en la práctica efectiva, si es considerada bajo la propuesta na-

cional, porque las mujeres elegidas no habrían sido postuladas

ni situadas en su demarcación territorial, provocando esto que

no representen los intereses de su zona, y que tampoco puedan

ejercer un verdadero liderazgo político.

Textualmente refiere el TC:

12.26. Es por ello que para este colegiado, la cuota de género apli-

cada por demarcación territorial, contrario a lo que plantean los

accionantes, no se satisface con la fijación de un porcentaje en la ley,

sino ,que por el contrario, esta se hace efectiva cuando las mujeres son

colocadas en puestos competitivos, en donde se puedan concretizar

sus aspiraciones, cosa que no sería posible si el 40 % / 60 % a la

que se refiere la Ley de Partidos y si la Ley Electoral fuera aplicada

desde una propuesta nacional. Justamente, el objetivo de la referida

358

VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

proporción es que la representación del liderazgo femenino sea por

demarcación territorial, de modo que las mujeres puedan ser electas

en el lugar donde se postulen las posiciones, pues si se hiciera por

propuesta nacional, se correría el riesgo de que los partidos políticos

pudieran concentrar la cuota de las mujeres en una sola demarca-

ción o en varias, prescindiéndose del liderazgo femenino en cada

demarcación territorial (boleta electoral).

La cuota no gira únicamente en torno a asentar plazas obli-

gatorias, sino que la representación enmarque el cambio de la

mentalidad de los partidos políticos y del electorado; que se otor-

gue iguales oportunidades y formación política a las mujeres,

para que por sí mismas forjen su liderazgo político. Representar

no es solo la presencia en el puesto electivo; representar implica

tomar decisiones por un electorado que confía que las acciones

de su representante sean para favorecer a su comunidad.

El principio de progresividad de derechos es estructurador

del ordenamiento constitucional e implica que las interpretacio-

nes a la norma deben considerar las previamente realizadas; por

ende, el resultado no puede ser la disminución de parámetros y

derechos ya interpretados favorablemente. Por lo que bien ha

arribado el Tribunal Constitucional en sus decisiones, al legiti-

mar la extensión de las garantías y resguardos que el constitu-

yente ha establecido en pro de una igualdad formal y material.

IV. CONCLUSIONES

Resulta contradictorio y difícil de abordar la realidad a la

que se ven sometidas las mujeres para el reconocimiento ma-

terial de derechos que ya se encuentran consagrados en múl-

tiples normativas internacionales, y que han sido incorporados

en sus normativas internas, como señal de avance en la lucha de

359

Cuota de género, participación política y conformación de las listas electorales

MAG. ALBA LUISA BEARD MARCOS

la mujer por un espacio igualitario, venciendo las pugnas de las

cúpulas partidarias y dotando de cierta estabilidad la presencia

de la mujer en los espacios públicos.

Sin embargo, las cuotas como herramienta de inclusión y

representación política, si bien han logrado garantizar un míni-

mo de presencia de los grupos sesgados, y han propulsado que

los partidos políticos, principales actores de la democracia, hayan

tenido que colocar en su agenda los temas de género, no es menos

cierto que estas fórmulas no son determinantes ni conclusivas;

por ende, no necesariamente se traducen en representación.

Esta afirmación se realiza sobre la base de que no todas las

féminas elegidas para un cargo electivo promueven una agenda

de género; por otro lado, la cantidad de mujeres elegidas a nivel

nacional no supera el porcentaje de cuota, ni en la vida pública

ni en las cúpulas partidarias.

Muchos de los casos se deben a que las cuotas electorales

no estaban lo suficientemente blindadas para poder vencer las

trabas de los sistemas electorales en cuanto a la conformación de

las listas y las posiciones de las mujeres.

Es por esto por lo que no solo se requieren cuotas blindadas,

sino que se hace necesario dotar a las mujeres de conocimientos

sobre la actividad política, es decir, formación política y vida

partidaria, además de suministrarles los recursos financieros ne-

cesarios para promover y sustentar sus campañas, para así captar

su propio núcleo de votantes y participar de las elecciones en

condiciones equiparables con sus competidores masculinos.

Condiciones equiparables que solo pueden ser logradas si

a la hora de promover iniciativas legislativas, estas son analiza-

das desde una perspectiva de género, contemplando, a partir del

análisis de las diferencias, soluciones para los factores que limi-

tan a la mujer del acceso a la vida pública.

360

VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Un ejemplo de estos factores es la dinámica familiar, en vir-

tud de que el rol que ocupa la mujer para sostener la vida del ho-

gar la coacciona de participar en eventos políticos y campañas;

hecho que puede ser subsanado otorgando el mismo tipo de li-

cencias a los hombres para el cuido de los hijos que a las mujeres.

Fomentar la capacitación obligatoria para hombres y mujeres en

sensibilización de género. Incluir mínimos porcentuales en las

agendas políticas para tratar temas de género, entre otras.

Las anteriores medidas, en aras de proporcionar al sistema

electoral no solo cantidad de mujeres en puestos electivos, sino

calidad de las representantes; vislumbrándose una verdadera

dualidad de representación, descriptiva y sustantiva. La dimen-

sión descriptiva, esto es, el número y las características de los

dirigentes políticos que acceden a los cargos, y la dimensión sus-

tantiva, es decir, la introducción de prioridades y de una agenda

legislativa específica por parte de aquellos elegidos para los pues-

tos representativos288.

Recordando, además, que el hecho de que la mujer adquie-

ra representación en las Cámaras Legislativas u otros puestos de

mando no circunscribe su producción y trabajo únicamente a

temas de género, pues esto implica, nueva vez, marginación y

exclusión de la agenda política nacional, que involucra ámbitos

tales como presupuesto, educación, obras públicas, salud, otros.

Se trata de que ambos géneros compartan del proceso de

sensibilización, promoviendo la democratización de la demo-

cracia representativa, que significa reconstruir el concepto de

288 MARTÍNEZ, María Antonia y GARRIDO, Antonio. Representación descripti-

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361

Cuota de género, participación política y conformación de las listas electorales

MAG. ALBA LUISA BEARD MARCOS

democracia como un simple método de elección a traducirlo a

un proceso en el que se adquiere una voz efectiva de gobierno

y de participación en la formulación de las políticas públicas.

Es decir, en el poder de intervenir en la toma de decisiones que

inciden en el bien común.

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Considerando VIII, Jurisprudencia de la Sala Constitucional de

Costa Rica

Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, Resolución No. 1863,

23/ 9/ 1999),

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), México,

sentencia SUP-JDC-12624/2011

Tribunal Superior Electoral, República Dominicana, sentencia TSE-091-

2019, del primero (1°) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).

Tribunal Constitucional República Dominicana, sentencia

TC/0104/2020, del uno del mes de mayo de 2020

Cámara Electoral Argentina, Fallos 310:819; 312:2192; 315:380;

316:1673; 319:1645; 326:576 y 1778. 1568/93 1836/95 y

2918/01: